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Una plataforma pide garantizar el acceso al agua a familias con dificultades

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La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha denunciado a través de un comunicado la fórmula recientemente aprobada por la Comunidad de Madrid para calcular las exenciones de cuota para usuarios sin recursos, la cual, según aseguran, no solventará los problemas que algunos hogares tienen para abonar el recibo del agua.

"En la Orden [la 3556/2013, que aprobó la modificación de las tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y agua reutilizable prestados por Canal de Isabel II Gestión] se mantienen las exenciones sociales para aquellos titulares de contratos que acrediten no poder hacer frente al pago de las tarifas", reconoce la Plataforma. "Pero estas exenciones se refieren únicamente a la parte variable de la tarifa", denuncian, y no incluyen descuentos para la parte fija del recibo, que según aseguran "puede suponer más de la mitad de la tarifa total".

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En este sentido, la organización alerta de que, incluso con la aplicación de la exención social, si se mantiene la obligatoriedad de pagar la parte fija completa es posible "que muchos beneficiarios de la exención social no puedan abonarla por carecer de recursos económicos". En esta línea, la Plataforma alerta de que "la situación de empobrecimiento que sufre una parte importante de la sociedad madrileña ha hecho que se incrementen drásticamente las peticiones de exención social en el último año y que, en muchos casos, las familias se declaren incapaces de asumir el abono de la tarifa en su totalidad".

Por ello, la organización ha exigido que, "en atención a los resultados económicos del Canal de Isabel II Gestión de 2013, y en aras a garantizar una gestión equitativa [...] la exención social de la tarifa afecte a ambas cuotas, a fin de garantizar el acceso al agua para los sectores más vulnerables de la Comunidad de Madrid, en consonancia con el derecho humano al agua".

Asimismo, la Plataforma alerta de que "el acceso a la exención social de la tarifa requiere de trámites burocráticos que hacen que el proceso de concesión se prolongue en el tiempo innecesariamente", y ha pedido que se agilice el procedimiento ante la urgencia de muchas familias, "estableciendo unos criterios objetivos que permitan un reconocimiento prácticamente inmediato de la exención, tal y como sucede con el bono social eléctrico". "El Canal debe garantizar el acceso al agua de los sectores más vulnerables, máxime si atendemos a los 190 millones de euros de beneficios que obtuvo en 2013", remacha el colectivo.

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