La declaración del investigador principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha sido todo un torpedo a la línea de flotación de las defensas del caso Kitchen, que se centra en la supuesta operación parapolicial sobre el entorno de Luis Bárcenas para deshacerse de papeles comprometedores para el PP que pudiera tener el extesorero de la formación conservadora. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el inspector jefe de la Policía Nacional ha asegurado que las vigilancias que se hicieron en el periodo comprendido entre julio de 2013 y febrero de 2014 fueron a espaldas suyas, sin que las mismas puedan circunscribirse a la causa de corrupción que él investigó. De hecho, ha resaltado que cuando a él se le remitió esa información "el procedimiento estaba ya cerrado". "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", ha lanzado.
Desde que arrancó el juicio de la Kitchen, nadie ha negado los seguimientos realizados sobre el entorno del extesorero conservador desde, fundamentalmente, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Fundamentalmente, porque hay constancia documental de los mismos y han sido corroborados por distintos agentes que participaron en ellos. Ahora bien, la estrategia de las defensas ha pasado en todo momento por vestirlo como una operación policial legal orientada a descubrir dónde guardaba el extesorero su dinero en el exterior. En resumen, que los seguimientos estaban orientados a colaborar con la investigación que se realizaba en el marco de la Gürtel. Una tesis que, sin embargo, el agente 81.067, el inspector Morocho, se ha encargado de desmontar durante su comparecencia de este miércoles en la Audiencia Nacional.
Quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, ha explicado que durante la investigación de la causa de corrupción y de una de sus derivadas, la pieza separada de los papeles de Bárcenas, se contó con apoyo de distintas unidades. Ha mencionado, por ejemplo, a la policía científica. O al grupo que ellos mismos tienen a su disposición para hacer tareas de vigilancia y seguimiento. "Fueron demandados distintos servicios, no solo por nosotros, sino por la autoridad judicial", ha señalado. Ahora bien, nunca solicitaron a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) ningún tipo de apoyo o colaboración. Y eso es importante, porque es precisamente esta la que figura como origen de la investigación Kitchen cuando la misma se introduce en el sistema interno policial.
"La DAO no apoya ni colabora, es un organismo central de supervisión y coordinación", ha señalado. De hecho, ha explicado que él tuvo conocimiento de la operación alrededor del entorno del extesorero en agosto de 2015, cuando recibió un correo electrónico en el que se le informaba de una "cesión de información" relativa al extesorero. "Es entonces cuando obtengo la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha lanzado Morocho. El envío de dicha información fue consecuencia de la introducción de la Kitchen en la base de datos de inteligencia policial Gati, algo que se realiza casi dos años después en lo que se interpreta como un intento de legalizar la operación.
El Parte Informativo Investiga, documento normalizado que recoge la información que luego se introduce en el fichero de inteligencia que avisa de coincidencias entre investigaciones policiales, fue emitido el 13 de mayo de 2015, cuando el último seguimiento del que existe constancia documental a los Bárcenas es de febrero de 2014, si bien el grueso de los mismos es de julio a octubre de 2013. Es decir, cuando al investigador principal de la Gürtel le llegó la información recabada en esa operación, la mayor parte "totalmente irrelevante" porque se trataban de datos ya "conocidos" por la "investigación", ya se había dictado auto de apertura de juicio oral en la pieza papeles de Bárcenas.
"Cuando se recibió la información el procedimiento estaba ya cerrado", ha resaltado. El fiscal Anticorrupción, César de Rivas, ha preguntado si es normal introducir con tanto retraso una investigación policial en la base de datos. Y él se ha encargado de negarlo. "El protocolo de 1995 sobre el funcionamiento de Gati dice taxativamente que la fecha de inicio de la investigación es la fecha de apertura del parte Gati. Nosotros la abrimos en 2007 cuando comenzamos a investigar Gürtel. Luego, se va alimentando a efectos de conectarnos con otras investigaciones", ha explicado el inspector policial, quien ha dejado claro una y otra vez que él nunca pidió al juez, ni por escrito ni directamente, la conveniencia de llevar a cabo "vigilancias".
Uno a uno, el fiscal le ha ido mostrando distintos documentos relacionados con Bárcenas. Pero ha negado que se le diera traslado de ninguno de ellos mientras investigaba la Gürtel. Nadie le dijo nada de la existencia de posibles fondos en Antillas Holandesas o Cracovia. Ni se le compartieron anotaciones manuscritas de las que ha tenido conocimiento solo tras la desclasificación de todo lo relativo a la Kitchen. "¿Se le entregó alguna nota informativa de inteligencia procedente de la Dirección Adjunta Operativa?", ha preguntado el representante del Ministerio Público. "A mí, como responsable de la unidad de auxilio judicial, no me llegó nada", ha zanjado.
Del mismo modo, ha dicho que él nunca tuvo constancia de la existencia de un topo en el entorno de la familia Bárcenas –su exchófer, Sergio Ríos–. Y ha negado tajantemente que él solicitase apoyo a Instituciones Penitenciarias en el curso de Gürtel para conocer determinadas actuaciones alrededor del extesorero de la formación conservadora. Esto es importante, dado que hay elementos que apuntan a que los tentáculos de la Kitchen superaron los muros de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba encerrado el extesorero. "Había un control en tiempo real de lo que sucedía en prisión", lanzó en su declaración en el juicio Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado todo lo relativo a esta supuesta operación parapolicial.
Presiones para borrar a Rajoy
Morocho, a lo largo de su extensa comparecencia, también ha relatado las presiones recibidas mientras investigaba la Gürtel. Y, en concreto, en la realización de los informes. Así, por ejemplo, ha confirmado que se le instó a que no apareciera en uno de ellos el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como perceptor de sobresueldos. Una petición que hizo, de forma directa, el entonces comisario general de Policía Judicial, José García Losada. "Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", ha apuntado el agente. Presiones que, dijo, procedían de una "cadena de mando" que describía los famosos papeles de Bárcenas como "una ideación" del extesorero sin "ninguna verosimilitud".
Del mismo modo, ha recordado cuando introdujo el nombre de Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como donante del partido. Al día siguiente, ha explicado, le llamó su jefe de unidad, Manuel Vázquez, diciéndole que había cometido un "grave error" y que lo subsanase, algo a lo que él se negó dado que no podía "omitir a nadie". Tras eso, ha continuado, a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, "se le escapó" que López del Hierro era "amigo" del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ni Vázquez ni Cuevas se sientan en el banquillo de los acusados de Kitchen.
El inspector también ha relatado toda una "problemática" en torno al "visado de informes" por parte de sus superiores que retrasaba durante meses el envío de los mismos al juez instructor de la Gürtel. Así, ha contado, por ejemplo, que uno de ellos estuvo en manos de sus jefes "más de un año, de diciembre de 2011 hasta febrero o marzo de 2013". "Y se presentó porque fue solicitado por el magistrado dado que había una problemática con la prescripción de los delitos", ha señalado. Una demora que, ha relatado, se producía porque los documentos "estaban siendo escrutados desde distintos ángulos". "Se miraba cuántas veces mencionábamos al PP o si aparecía algún cargo de ese partido", ha apuntado.
El investigador también ha asegurado que elementos de la investigación se filtraban a la formación conservadora. Por ejemplo, ha relatado lo que sucedió con un fax intervenido a Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, con el título "L.B." que iba dirigido a Luis Bárcenas. Así, ha relatado que el comisario José Luis Olivera, que también se sienta en el banquillo de los acusados y que fue en su día jefe de la UDEF, se lo pidió y luego le dijo que se había "encargado" de que el mismo lo tuviera Cospedal "en su caja de seguridad". "Yo me quedé estupefacto", ha aseverado.
Morocho ha relatado, en definitiva, una operación para quitarle de enmedio. Primero, ha dicho, a través de una "hostilidad manifiesta" o de un incremento de la "carga de trabajo". Y luego, con el ofrecimiento de puestos bien remunerados. Pero él se negó.
La declaración del investigador principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha sido todo un torpedo a la línea de flotación de las defensas del caso Kitchen, que se centra en la supuesta operación parapolicial sobre el entorno de Luis Bárcenas para deshacerse de papeles comprometedores para el PP que pudiera tener el extesorero de la formación conservadora. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el inspector jefe de la Policía Nacional ha asegurado que las vigilancias que se hicieron en el periodo comprendido entre julio de 2013 y febrero de 2014 fueron a espaldas suyas, sin que las mismas puedan circunscribirse a la causa de corrupción que él investigó. De hecho, ha resaltado que cuando a él se le remitió esa información "el procedimiento estaba ya cerrado". "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", ha lanzado.