'Policías honorarios', el anacrónico club al que pertenece Mauricio Casals y que Franco quiso armar
En aquella época la cloaca policial aún se sentía intocable y hablaba sin tapujos de cualquier cosa. Charlas que ahora, con el chiringuito por los suelos, están saliendo poco a poco a la luz. En una de ellas, desvelada por el podcast La Base de Público, puede escucharse cómo cuatro hombres conversan sobre sus armas, en sentido literal. Alrededor de la mesa se sientan el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exjefe de la UDEF José Luis Olivera y los empresarios Adrián de la Joya y Mauricio Casals. El último, presidente de La Razón, hace una referencia a su pistola. "Pero, ¿es la que te dio el Cuerpo?", pregunta Olivera. "Sí, sí", responde el empresario antes de que Villarejo le ofrezca un arma "sin papeles". Un Cuerpo Nacional de Policía al que Casals está vinculado como miembro honorífico desde hace años.
La distinción que le fue concedida al también consejero del grupo Atresmedia no es reciente. Ni mucho menos. Cuenta con, al menos, un siglo de historia. Esta suerte de premio ya existía durante el reinado de Alfonso XII. El Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa que fue aprobado en noviembre de 1930, unos meses antes de la instauración de la Segunda República, ya recogía en sus artículos 150 y 151 la posibilidad de que fueran nombrados como "personal honorario" del Cuerpo de Vigilancia tanto aquellos miembros jubilados del mismo sin "notas desfavorables" en sus expedientes como quienes mereciesen dicha consideración sin pertenecer al Cuerpo.
Aquel reglamento estuvo vigente durante décadas, si bien es cierto que sufrió algunos cambios a lo largo del franquismo. En 1952 se retocó para que solo pudieran tener dicha distinción los policías que se jubilasen con dos décadas de servicio o para dejar claro que seguirían teniendo la condición de autoridad pero solo pudiendo intervenir "en los casos de delito o falta sorprendidos infraganti". Y en 1969 para incluir a los que cesasen por "causas de inutilidad física" y para cambiar la redacción en la parte de la que se beneficiaban los civiles: "Podrán ser nombrados (...) quienes, no habiendo pertenecido al Cuerpo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos o la labor realizada en favor de la Policía española o de sus servicios".
Esta figura se mantuvo en el posterior Reglamento de la Policía Gubernativa, que se aprobó pocos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco. Y continuó en la actual Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, a la que se dio luz verde en 2015 para sustituir al anterior texto franquista. Pero ninguna de las dos normas desarrollaba un procedimiento reglado para la concesión de dichos reconocimientos ni garantizaba un mínimo de transparencia. De hecho, los nombramientos como miembros honorarios no eran publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ni siquiera los de aquellos que no habían formado parte nunca de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De Álvaro Lapuerta hasta el cura de la Kitchen
Este secretismo, como reconocen algunas fuentes policiales consultadas, ha permitido que en distintas ocasiones se haya primado "el amiguismo" sobre los méritos. En la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, se nombró nada menos que comisario honorario al actual director de La Razón, Francisco Marhuenda. "Se tuvieron en cuenta los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del Cuerpo Nacional de Policía, como director de un medio de comunicación que ha contribuido de un modo destacado a transmitir y divulgar el trabajo de los agentes", fue la justificación que el Gobierno dio a Carles Mulet, senador de Compromís.
Junto al periodista, también recibió dicha distinción Ramón Rodríguez Arribas, quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional a propuesta de la mayoría conservadora que entonces controlaba el Consejo General del Poder Judicial y uno de los magistrados que se pronunció con dureza en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un premio que, dos años antes, durante la primera legislatura de Fernández Díaz, se le concedió también a Silverio Nieto, el cura extremeño que fue uno de los referentes del exministro del Interior en su conversión religiosa y cuyo nombre salió a relucir en el marco de la operación Kitchen por su intermediación entre Fernández Díaz y su exnúmero dos.
Las fuentes consultadas también ponen el foco sobre Álvaro Lapuerta. Tal y como desveló infoLibre, el extesorero del PP a quien una "demencia senil sobrevenida" le libró en el último momento de sentarse en el banquillo del caso Gürtel, fue nombrado comisario honorario en 1974. Un detalle que trascendió en una declaración que hizo en sede judicial el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González: "Lo primero que hizo fue saludarme, sacarme una placa de comisario honorario y enseñarme unas anotaciones de una investigación que había hecho sobre la compra de mi casa". De hecho, el diario El Mundo también publicó que el extesorero habría usado esa placa para evitar los controles en el aeropuerto cuando, supuestamente, viajaba con dinero negro.
Una pistola en el bolsillo
Interior quiso poner fin al secretismo y falta de procedimiento reglado en plena pandemia. Lo hizo a través de un Real Decreto en el que se desarrollan de forma amplia los requisitos necesarios para obtener esta distinción, que en el caso de los civiles ya no es solo la "labor realizada", sino también contar con alguna medalla al mérito policial. Y que establece, entre otras cuestiones, la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombre de todos aquellos externos al Cuerpo a los que se conceda la mención de "miembro honorario" de la Policía.
La aprobación de una norma que profundizase en estos nombramientos también estuvo en la agenda de Juan Ignacio Zoido cuando fue ministro del Interior, si bien no pudo sacarla adelante durante su mandato. De hecho, se llegó a conocer un primer borrador. Aquel texto presentaba una diferencia sustancial respecto al actual: incluía un punto relativo a la "concesión de licencia de armas". Era el artículo 7, en el que se establecía que una vez reconocida la condición de "funcionario honorario" de la Policía Nacional –mención reservada a personas que han pertenecido al Cuerpo– se podía pedir "el otorgamiento de una licencia de armas A", dejando en manos del director general de la Policía, en base a los informes aportados, su concesión o denegación.
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La posibilidad de usar pistolas se ha ligado tradicionalmente a la concesión de estas distinciones. Este beneplácito se incluyó en la reforma de 1952, aunque solo para los policías jubilados que obtuvieran la condición de "funcionario honorario". Sin embargo, fue en 1975 cuando se dio un salto cualitativo y se extendió dicha posibilidad para todos. "Los así nombrados –no diferenciaba entre la categoría reservada a policías o a civiles– tendrán derecho a llevar y ostentar la placa-insignia y el carnet de identidad donde conste su condición de honorario, así como a la licencia de uso de armas", se recogía en el artículo 162 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa que se aprobó ese año.
Esta norma, que vio la luz a pocos meses de la muerte de Franco, estuvo en vigor hasta que en 2015 se aprobó la actual Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que ya no hace mención alguna a dicho privilegio. "La concesión de esta distinción no implica que te den un arma o una licencia de armas, no tiene nada que ver. Si quiere una licencia, se tendrá que solicitar por la vía prevista", aseguran a este diario fuentes de la Policía Nacional. "En los veinte años que llevo en el Cuerpo no he visto que se haga eso", señala, por su parte, Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, quien apunta que los premiados con este tipo de nombramientos no reciben más que un simple "detalle".
La designación como funcionario o miembro honorario, que se puede perder en cuanto los beneficiarios "incurran en conducta contraria a los principios y valores que constituyen el Código Ético de la Policía Nacional" o tengan una "conducta perjudicial para el prestigio de la misma", solo lleva consigo la entrega de un título acreditativo con aspecto de diploma y una especie de carné que confirma la pertenencia al selecto club. Y no trae aparejado ningún beneficio más allá de ocupar un "lugar preferente" en los "actos y ceremonias oficiales", según consta en el decreto que regula tales distinciones.
