El PP de Feijóo se negó a retirar ayudas de la Xunta a medios con anuncios de prostitución

Praza.gal

Los anuncios de prostitución son, desde principios de 2023, legalmente considerados como "publicidad ilícita". Culminó así un veto legal que estuvo a punto de implantarse década y media antes, con el Gobierno de Zapatero, a partir de un informe del Consejo de Estado con amplio aval político. Eso no impidió, no obstante, que en ese mismo año más de cien mil mujeres estuvieran en situación de prostitución por este canal, como acreditó un estudio de la Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género mediante un detallado análisis de anuncios en internet.

Diversos sitios web vienen siendo, precisamente, los principales soportes de unos anuncios de prostitución que hasta hace pocos años suponían un sustancioso negocio para muchas empresas editoras de medios de comunicación, fundamentalmente a través de las secciones de anuncios por palabras de periódicos impresos. Cuando aún lo eran, hace apenas una década, la entonces oposición parlamentaria gallega instó formalmente al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a retirar sus ayudas a los medios que publicasen y el grupo encabezado por el actual líder del PP lo impidió.

Aquellos debates de hace casi diez años resuenan en la actualidad de 2025 a causa de la estrategia lanzada por Feijóo en Madrid en la última semana. La centrada en señalar personalmente como "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Para hacerlo, el extitular de la Xunta se apoya en publicaciones que, como contaron elDiario.es y La Vanguardia, llevan años manejando material de la policía patriótica del Gobierno de Rajoy y del comisario jubilado Villarejo. Se centran en negocios –saunas en Madrid orientadas a hombres homosexuales, según trascendió– del fallecido padre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, para intentar "matarlo políticamente" cuando ganó por primera vez el liderazgo del PSOE.

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Paradójicamente, esas publicaciones se difundían mientras en Galicia se producía dicho debate sobre la retirada de fondos y publicidad pública a medios que publicasen anuncios de negocios, este sí, explícitamente dedicados a la prostitución. Había sido, concretamente, a raíz de una iniciativa presentada por el grupo Alternativa Galega de Esqueda (AGE) que habían apoyado PSdeG y BNG pero que rechazó el PP. Los populares habían reiterado su rechazo a ese tipo de publicidad, pero apostaron por la autorregulación de los propios medios.

Aquella iniciativa intentaba concretar un acuerdo unánime alcanzado por el propio Parlamento años antes, en 2012. Entonces, en un debate de política general los populares se sumaron a la petición de los socialistas –secundada también por el Bloque– para "promover la eliminación de los anuncios de contactos de prostitución en Internet y en los medios de comunicación" publicados en Galicia.

Esa unanimidad iba en la línea de declaraciones públicas de las sucesivas responsables de la Secretaría General de Igualdad, como evidenciar que detrás de esos anuncios estaban "las mafias que trafican con mujeres" y por eso eran "inadmisibles en una sociedad que trabaja por lograr la igualdad real". No obstante, las órdenes de ayudas del Gobierno gallego a la prensa nunca incluyeron una cláusula específica de exclusión para la prensa que publicase unos anuncios de prostitución –sí insertan otros vetos, como a entidades sin ánimo de lucro– que fueron desapareciendo gradualmente de los periódicos. Sea por renuncias expresas de las empresas editoras a publicarlos, en algunos casos, sea por su traslado a otros puntos de internet.

Los anuncios de prostitución son, desde principios de 2023, legalmente considerados como "publicidad ilícita". Culminó así un veto legal que estuvo a punto de implantarse década y media antes, con el Gobierno de Zapatero, a partir de un informe del Consejo de Estado con amplio aval político. Eso no impidió, no obstante, que en ese mismo año más de cien mil mujeres estuvieran en situación de prostitución por este canal, como acreditó un estudio de la Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género mediante un detallado análisis de anuncios en internet.

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