La estrategia del PP

El PP maniobra para que Bruselas avale su estrategia de mantener el bloqueo del Poder Judicial y el TC

Alberto Núñez Feijóo flanqueado por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Partido Popular no se resigna y ya anuncia medidas para mantener a toda costa su control sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) e impedir al mismo tiempo que ambos órganos, en cumplimiento de lo previsto en la Carta Magna, reflejen la mayoría progresista que existe actualmente en el Congreso. Aunque eso pueda poner en peligro, según su propio criterio, la llegada de los fondos europeos en un momento de incertidumbre económica.

Su líder, Alberto Núñez Feijóo, no compareció. Pero a través de Twitter —a pesar de que a menudo ha descalificado a los políticos que utilizan esta red social, que considera una frivolidad— acusó al Gobierno de recrudecer “contrarreloj sus ataques a las instituciones y a nuestro Estado de derecho” y de “asaltar” al TC. “Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez en un final de año en el que todo vale”. 

Todo porque el PSOE y Unidas Podemos han propuesto al Congreso una reforma legal para que los vocales conservadores del CGPJ no puedan seguir boicoteando indefinidamente la elección que este organismo tiene que llevar a cabo de dos magistrados del TC, una actitud que amenaza con bloquear y deslegitimar al tribunal arbitral, que tiene cuatro miembros en funciones desde junio.

Para blindar a los vocales rebeldes, el PP anuncia dos medidas: “los recursos de inconstitucionalidad que procedan” y una denuncia ante las instituciones de la Unión Europea, si bien no ha precisado si planteará una demanda formal ante los tribunales o una simple comunicación a la Comisión o al Parlamento Europeo pidiéndoles que actúen contra España. Y promete otras dos para el caso de que ganen las elecciones de 2023: derogar “todas aquellas medidas que desprotejan al Estado” y volver “a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción”.

Hace meses que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de alentar el boicot del CGPJ a la renovación del Constitucional quedó al descubierto. En los primeros días de septiembre llegó a pedir a los vocales que se rebelasen contra la ley que les conmina a cubrir, como han hecho siempre, dos plazas vacantes del Tribunal Constitucional y a hacerlo antes del 13 de septiembre. 

Y hace también seis semanas desde que el líder del PP cedió a las presiones de la derecha radical, dentro y fuera de su partido, para seguir manteniendo el bloqueo decretado por Pablo Casado a la renovación del Consejo, que acaba de cumplir cuatro años en funciones. Todo con tal de mantener la mayoría conservadora de este órgano, la elegida cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, e impedir que, tal y como hace posible la ley, el TC pase a tener más magistrados progresistas que conservadores.

La estrategia de Feijóo

Feijóo quiere convertir el pulso al Estado de derecho que su partido mantiene desde hace cuatro años —al negarse a cumplir la Constitución y renovar de acuerdo a la legislación vigente la composición del CGPJ— en una denuncia de todo lo contrario, del supuesto incumplimiento del orden constitucional por parte del Gobierno. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, agotó este viernes en rueda de prensa desde el Congreso los calificativos contra la iniciativa del Gobierno, que considera no solamente un “fraude de ley” y “abuso de poder” sino una confirmación de la “deriva autoritaria” del presidente Pedro Sánchez. Tres acusaciones muy graves que incluyen al menos dos delitos, pero que no apoyó en ningún hecho concreto.

El PP no habla de “golpe”, como hace Vox, pero sí de “asalto” al Tribunal Constitucional por querer que el CGPJ cumpla la ley y elija a dos magistrados que, sumados a los dos que le corresponde designar al Gobierno —y que ya ha designado— sustituyan a los que ya han caducado su mandato. Un procedimiento al que el Ejecutivo está obligado por ley y que ya llevaron a cabo gobiernos anteriores tanto del PP como del PSOE. 

Los de Feijóo insisten en tratar de presentar como irregular la intención del Gobierno cuando, más allá de que el CGPJ o el TC tengan una u otra mayoría, no se trata más que de aplicar legalidad vigente derivada de la Constitución y de las normas que regulan ambas instituciones, ya que reservan un cierto grado de influencia al poder político a la hora de determinar su composición. Tanto cuando gobierna la izquierda como cuando lo hace la derecha. Y establecen plazos de renovación diferentes de los que se derivan de las convocatorias electorales para limitar la influencia automática de los ejecutivos. 

Gamarra intentó restar legitimidad a cualquier decisión que adopte el Congreso tachando la negociación entre los partidos representados en él de “mercadeo” y se quejó de la “tramitación exprés” que se va a llevar a cabo, obviando que el CGPJ lleva cuatro años bloqueado y el TC seis meses.

Rebajar las mayorías en el CGPJ en el caso de que no haya acuerdo de tres quintos, que es lo que proponen PSOE y Unidas Podemos para que ningún partido pueda bloquear este organismo, pretende, según el PP, “tomar” el mando del tribunal de garantías y da la razón a Feijóo cuando decidió seguir bloqueando la renovación del Consejo.

Asistimos a “la materialización del asalto al Estado de Derecho y las instituciones del Estado”, declaró Gamarra en tono solemne. “Lo que hay detrás es la ausencia de límites por parte de Pedro Sánchez, no tiene ninguno con tal de permanecer en el poder”, añadió.

La vía Bruselas

Esta no será la primera vez que el PP trata de conseguir en Bruselas lo que no obtiene ni en los tribunales españoles ni en el Congreso de los Diputados, a sabiendas de que las denuncias que traslada contra el Gobierno de España pueden poner en peligro la llegada de fondos europeos. Algo que, de momento, nunca ha conseguido. La Comisión Europea siempre ha rechazado cualquier comparación entre la situación del CGPJ y la invasión del poder judicial que ha tenido lugar en Polonia.

En su última visita a Madrid, a finales de septiembre, el comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, desoyó los cantos de sirena del PP. No solamente rechazó de plano la mediación planteada por los de Alberto Núñez Feijóo en un asunto competencia exclusiva de España, sino que dejó muy claro que aunque es partidario de un cambio en el modelo de elección del Consejo, lo “urgente” en estos momentos es que se lleve a cabo su renovación, que el principal partido de la oposición bloquea desde casi cuatro años. 

En respuesta a los periodistas, el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, se negó este viernes a opinar sobre este asunto porque la Comisión no hace comentarios sobre “anuncios”. La posición oficial de Bruselas no ha cambiado: la prioridad es desbloquear la renovación del CGPJ, lo que señala directamente al PP, y después, y sólo después, reformar el sistema de elección de este órgano, lo que interpela al PSOE y a Unidas Podemos. “Estamos al tanto, pero por ahora es sólo un anuncio del Gobierno y no hacemos comentarios sobre anuncios”, declaró Wigand.

A Vox, el socio de Feijóo en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, le faltó tiempo para ir aún más lejos que el PP, denunciar “un golpe a la separación de poderes” y pedir, de nuevo, la presentación conjunta de una moción de censura. La mera presentación de la propuesta en el Congreso para introducir una cláusula antibloqueo que impida demorar sine die la renovación del TC constituye, en opinión del líder ultra, Santiago Abascal, “la liquidación de los últimos vestigios de la separación de poderes”.

Vox, anunció, “iniciará hoy mismo [por el viernes] conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de Gobierno, que no milite en partido político y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas”, la misma propuesta que Feijóo ya rechazó hace tres semanas en el Senado.

Vox defiende la presentación de la moción a sabiendas de que no saldrá adelante porque, afirma Abascal, “todos los diputados del Congreso deben retratarse ante este nuevo golpe a la Constitución. Y nosotros debemos dejar constancia nacional e internacional de los verdaderos actos y planes del señor Sánchez y de sus cómplices”. En su opinión, Sánchez está “preparando un escenario en el que podría dar el autogolpe que ha dado Pedro Castillo en Perú, y no habría capacidad legal de detenerle o de juzgarle porque los delitos han sido derogados”.

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