Bruselas ahoga la estrategia del PP y recuerda que lo “urgente” es que ponga fin al bloqueo del CGPJ

El comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, desoyó este jueves los cantos de sirena del PP. No sólo rechazó de plano la mediación planteada por los de Alberto Núñez Feijóo en un asunto competencia exclusiva de España sino que dejó muy claro que aunque es partidario de un cambio en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo “urgente” en estos momentos es que se que se lleve a cabo su renovación, que el principal partido de la oposición bloquea desde casi cuatro años. 

Reynders se encuentra de visita en España para conocer de primera mano el grado de cumplimiento de las recomendaciones sobre el Estado de Derecho que periódicamente hace su departamento en relación con todos y cada uno de los 27 países que forman parte de la Unión.

Modificar el sistema de elección, la ley vigente, para que los jueces elijan directamente a doce miembros del CGPJ y no como ahora, que lo hacen indirectamente —el Congreso y el Senado los designan a partir de una lista de 50 nombres propuestos por la judicatura—, es a juicio de Reynders algo deseable pero, lo que tiene categoría de “urgente” es la renovación que el PP está impidiendo desde diciembre de 2018. Modificar el sistema de elección es, al menos de momento, una mera “recomendación” de la Unión Europea, no un mandato.

El eurodiputado Esteban González Pons, al que Feijóo ha encomendado la negociación, intentó a primera hora llevar a Reynders a plantear una mediación de Bruselas entre el Gobierno y el PP que hubiese puesto en entredicho la capacidad de España para resolver este asunto por sus propios medios. 

Pero el comisario europeo no tardó en arruinar la estrategia del principal partido de la oposición al dejar claro que no es tarea suya sentar a una mesa a las dos partes. Reynders subrayó que organizar una reunión, como pedía González Pons, no es tarea suya sino una “cuestión interna de España”.

Este asunto, subrayó, “es una discusión entre las fuerzas políticas” y no algo que deba resolver la Comisión Europea. “No estoy pidiendo” una reunión entre las partes, “sólo estoy intentando ver a todas las fuerzas políticas. Al final es una cuestión interna de España organizar el proceso. No es mi tarea organizar el proceso, es del Gobierno y de los partidos políticos”, insistió tratando de poner distancia con la batalla política de nuestro país.

Preocupación creciente

Reynders confesó estar cada vez “más y más preocupado” por las repercusiones que el bloqueo causado por el PP está teniendo en la situación del Supremo, donde se acumulan las vacantes por cubrir, lo que aboca al alto tribunal al colapso. “He hablado con asociaciones judiciales y he visto que ya hay repercusiones en el funcionamiento de la vida diaria de los jueces y, por supuesto, en el Tribunal Supremo, porque cada vez hay menos miembros y se toman menos decisiones”, destacó.

A media tarde, en una comparecencia en el Congreso, el comisario europeo insistió en la misma idea: pidió que primero se lleve a cabo la renovación y después se aborde una reforma del sistema de elección. “Constato que hay un bloqueo”, aseguró, y que “es necesaria la renovación”. 

No obstante, Reynders también explicó que la Comisión es partidaria de un modelo de representación en el CGPJ con mayoría de vocales elegidos directamente por los jueces tal y como acordaron los estados miembros del Consejo de Europa en 2010. Hay países como Luxemburgo o Italia, recordó, que han modificado o están modificando sus normas para adaptarse a este modelo. 

Pese a que es el PP el que se niega a negociar la renovación del CGPJ en los términos que establece la ley vigente y exige que el Gobierno cumpla sus propias condiciones, González Pons volvió a tratar de desviar la responsabilidad hacia el Gobierno. Y eso que, admitió, la situación actual es “judicialmente insostenible” y “políticamente tóxica”. Y puede dañar más la imagen exterior de España a las puertas de la Presidencia española de la Unión Europea, añadió dando a entender la voluntad de su partido de prolongar el bloqueo hasta el final de la legislatura.

El PP, confirmó, está dispuesto a “renovar inmediatamente” el Consejo, pero siempre que el Gobierno se avenga a hacerlo en sus términos. Especialmente que se negocie “todo a la vez”, lo que significa que no desbloqueará la renovación del CGPJ si el Gobierno no acepta modificar el sistema de elección que rige desde 1986 y que durante décadas y hasta ahora habían aplicado sin problema PSOE y PP.

Por su parte, el Gobierno aprovechó la visita de Reynders para documentar por escrito la tozudez con la que el PP lleva casi cuatro años incumpliendo la legislación española y boicoteando la renovación del Consejo. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, dejó claro al comisario europeo que si el CGPJ no se renueva es porque el PP no quiere.

Bolaños coincidió con Reynders en mostrar su preocupación por el bloqueo al que los de Feijóo están sometiendo al órgano de gobierno de los jueces y le agradeció que durante su visita llame “al diálogo al PP”.

El Consejo, paralizado

Entretanto, la facción de los vocales conservadores del Consejo que se han organizado para negarse a cumplir la ley y designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden mantuvo este jueves su desafío. El único acuerdo que alcanzaron es que los negociadores de los sectores progresista y conservador se vuelvan a reunir el próximo 5 de octubre con la vista puesta en cerrar un acuerdo para al día siguiente o quizá el día 13, un mes después de lo que establece la ley.

El PP lleva semanas alentando esa rebelión. El propio Feijóo pidió hace un mes a los vocales que se rebelen contra la ley que les conmina a cubrir, como han hecho siempre, dos plazas vacantes del Tribunal Constitucional. Deben actuar “en conciencia”, pidió a los vocales rebeldes para impedir que el Consejo cumpla con su obligación legal.

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Detrás de este órdago institucional está el afán de Feijóo de conservar la influencia de la derecha en el Constitucional mientras critica al actual Gobierno por querer “controlar desde el punto de vista numérico el TC para evitar que algunas leyes que están recurridas en el TC puedan tener sentencia de inconstitucionalidad”.

Si el Gobierno nombra, como desea, dos nuevos magistrados progresistas y el CGPJ elige a uno de cada tendencia política, el TC, efectivamente, sufrirá un vuelco en su composición por primera vez en nueve años y pasará a tener siete progresistas y cuatro conservadores. Y aún quedaría pendiente que PSOE y PP pactasen la sustitución de una vacante que corresponde cubrir al Senado.

Sin embargo, el líder del PP trata de presentar como una anomalía que un Gobierno progresista quiera nombrar magistrados afines para el Constitucional y que eso pueda poner fin a la hegemonía conservadora que se inició con los nombramientos llevados a cabo cuando gobernaba Mariano Rajoy.