Feijóo se alía con el caduco CGPJ para torpedear la tramitación de la ley de amnistía en el Senado
El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forzó a comienzos de noviembre un duro pronunciamiento contra una amnistía de la que ni siquiera se conocían los detalles. Lo hizo en forma de declaración institucional. Y ante la "imposibilidad", sostenía entonces el sector mayoritario, de emitir un informe dada la vía de tramitación escogida para esta norma –la proposición de ley–. Pero un mes después, el caduco órgano de gobierno de los jueces ha cambiado de parecer. Ahora, considera que hay margen para elaborar ese estudio detallado. Sobre todo, después de que la derecha, en su estrategia para torpedear la tramitación de la norma, haya decidido pedírselo a través del Senado, cámara que controla.
La Comisión Permanente del Poder Judicial, núcleo duro del órgano, ha designado este miércoles a dos ponentes –ambos magistrados– para un futuro informe cuyo contenido generará división dentro de la institución. La elección de varios vocales suele ser lo habitual cuando se trata de normas complejas, como es el caso. Igual que el hecho de que los mismos pertenezcan a distintas sensibilidades dentro del órgano. Una costumbre que se ha mantenido también en este caso. Wenceslao Olea forma parte del denominado grupo conservador, con el que a comienzos de noviembre se pronunció en contra de cualquier olvido jurídico en el marco del procés. Y la vocal Mar Cabrejas, del llamado sector progresista.
El Consejo General del Poder Judicial asume así el encargo que la pasada semana le hizo el Senado, institución que el PP ha convertido en punta de lanza de su batalla contra la amnistía. El primer paso lo dio a mediados de noviembre, cuando valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta aprobó una reforma exprés del reglamento de la misma que permite a su Mesa, dominada por la derecha, tumbar una tramitación de urgencia que venga del Congreso de los Diputados, lo que le permitiría alargar hasta los dos meses el trámite parlamentario de la proposición de ley de amnistía. Un cambio en las reglas del juego que, sin embargo, los socialistas tienen previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Ahora, casi un mes después de la reforma, el PP ha dado un paso más en su guerra contra la amnistía incorporando al Poder Judicial en la ecuación con la solicitud de un informe que, a priori, no es preceptivo recabar para las proposiciones de ley impulsadas por los grupos políticos, como es el caso de la propuesta de olvido jurídico. Por lo general, estos estudios por parte del órgano de gobierno de los jueces deben ser solicitados para anteproyectos de ley o disposiciones que versen, entre otras cosas, sobre modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estatutos de la judicatura, normas procesales o que afecten al funcionamiento de los tribunales, leyes penales o normas sobre el régimen penitenciario.
Una declaración por no poder emitir informe
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial también establece en su artículo 561.1.9 que también se someterán a informe aquellas "disposiciones generales" que versen sobre "cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas" estimen "oportuna". A este precepto se ha agarrado el PP para solicitar a través de la Cámara Alta el estudio de la norma que ayer comenzó su tramitación en el Congreso. Y el órgano de gobierno de los jueces a la hora de aceptar el encargo. "Nadie ha cuestionado si el informe debe hacerse o no porque el artículo es absolutamente meridiano en este punto", sostienen fuentes del Consejo General del Poder Judicial.
Pero lo cierto es que hace solo un mes la mayoría del órgano de gobierno de los jueces entendía que la vía de la proposición de ley para la aprobación de la amnistía impedía al CGPJ pronunciarse sobre la misma a través de un informe. Por esa razón, el bloque conservador forzó la dura declaración institucional del Pleno en contra de la norma de olvido jurídico. "Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", recogía aquel pronunciamiento.
Y a renglón seguido, los nueve vocales conservadores insistían: "La presente declaración no pretende sustituir el informe que se elude con la vía de tramitación escogida para la iniciativa legislativa, pero se emite ante la imposibilidad de formularlo". En aquel momento, no se conocía aún la literalidad de la amnistía o su alcance. Ni tampoco el Senado había solicitado todavía informe alguno. Una opción que, sin embargo, el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, sí que deslizó en la explicación de su voto en blanco, en el que se desmarcaba –junto al bloque progresista– de un pronunciamiento que consideraba "prematuro". En su escrito, resaltaba que sería "deseable" que las Cámaras, o "alguna de ellas", pudiese recabar dictamen del órgano sobre una futura ley de amnistía.
"Solo el Senado no son Cortes Generales"
La oposición en el Senado no cree que tenga cabida la elaboración de este informe. En un escrito remitido en las últimas horas a la Mesa de la Cámara Alta, en el que le solicitaba reconsiderar la decisión de pedir dicho informe, los socialistas defendían que el artículo al que se agarra el PP y el CGPJ hace "referencia explícita" a los "anteproyectos de ley" y "disposiciones generales", pero no a las "proposiciones de ley". "De ello se deriva una clara voluntad del legislador de vincular estos informes exclusivamente a los anteproyectos de ley elaborados por el Gobierno o a las 'disposiciones generales', dentro de las que no se puede incluir una iniciativa legislativa en tramitación como es la proposición de ley", sostienen en el documento, en el que también recuerdan que la iniciativa en sí ni siquiera ha llegado aún a la Cámara Alta.
Tampoco Esther Seijas, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de León, cree que tenga cabida esta solicitud de informe al no tratarse la amnistía de un "anteproyecto". Ni Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que señala que el término Cortes Generales debe entenderse en su conjunto. "Solo el Senado no son Cortes Generales, como recoge el artículo", argumenta al otro lado del teléfono. Otra cosa diferente sería, en su opinión, que tanto la Cámara Baja como la Alta solicitasen dicho estudio a pesar de tratarse de una proposición de ley. Pero eso es algo que la Mesa del Congreso de los Diputados, donde la izquierda cuenta con mayoría, ha rechazado.
El órgano de gobierno de los jueces no ha fijado plazo para elaborar el dictamen. En principio, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que debe emitirse en treinta días, si bien es cierto que la misma también contempla que "excepcionalmente" se pueda conceder una prórroga "atendiendo a las circunstancias del caso". Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con el anteproyecto de ley del aborto de Alberto Ruíz-Gallardón. Entonces, y ante la importancia y complejidad del asunto, el CGPJ acordó hasta tres extensiones. Arbós, sin embargo, rechaza que con esto se pueda paralizar la tramitación de la amnistía sine die. Al fin y al cabo, proceso en el Senado no puede durar más de dos meses, tal y como fija la Constitución. "El plazo se tiene que cumplir", apunta el catedrático.
Se espera que el contenido del informe genere división dentro del órgano de gobierno de los jueces. Y que el documento final que se apruebe sea especialmente duro con la norma, vistos los pronunciamientos previos del mayoritario bloque conservador, que en la declaración institucional de comienzos de noviembre no dudó en señalar que este olvido jurídico supone una "degradación, cuando no abolición, del Estado de Derecho". Mientras, el PP continuará dando en el Senado la batalla contra la amnistía. Este mismo miércoles, sin ir más lejos, la Mesa de la Cámara Alta ha acordado solicitar un "dictamen urgente" sobre la materia a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional.
