El primer gobierno autonómico decidido por la ultraderecha en democracia lleva al poder en Andalucía a PP y Cs

Partida en tres en las siglas, pero unida en torno a un proyecto liderado por el PP, la derecha española ya se ha puesto de acuerdo para gobernar. Por primera vez en democracia, la ultraderecha decide un gobierno autonómico. El de Andalucía, la autonomía más poblada de España. PP, Ciudadanos –que gobernarán en coalición– y Vox –que apoyará desde fuera– lo lograron con holgura. Tenían hasta el 16 de enero para acordar un candidato y les ha sobrado una semana. Un elemento extremista, Vox, será clave a lo largo de toda la legislatura, la primera con el PSOE en la oposición después de 36 años.

El acuerdo final, dividido en dos –uno del PP con Cs y otro del PP con Vox– incorpora en el texto suscrito por los partidos liderados por Pablo Casado y Santiago Abascal el sesgo inconfundible de este último. Hay un apoyo expreso a la educación segregadora por sexos, que atribuye a niños y niñas distintas capacidades y que está controlada esencialmente por el Opus. Habrá una "Consejería de Familia", que conecta con el cariz nacionalcatólico de Vox. Si se cumple el acuerdo, una Ley de Concordia sustituirá a la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó en 2017 sin votos en contra. Hay un compromiso de combatir el "efecto llamada" y de promover una "inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental", lo cual discrimina a los africanos con respecto a los latinoamericanos. Un toque islamófobo, rasgo distintivo de la ultraderecha en toda Europa. Vox aclaró que no renuncia a lograr sus máximos –que incluyen la derogación de las leyes de género e igualdad, la deportación masiva de inmigrantes y el desmontaje de la autonomía–, pero se mostró pragmático y con mirada a largo plazo.

Aquellos elementos que unen a lo que el PSOE llama "las tres derechas" –educación concertada, impuestos bajos, eliminación de la subasta farmacéutica pública, gestos del agrado de la Iglesia– ha prevalecido sobre los elementos causa de discrepancia. Fue tal la exageración de las medidas anunciadas por Vox el martes que el acuerdo final, pese a configurar un programa ultraconservador en lo social y lo moral y neoliberal en lo económico, casi sonaba suave. Hasta tal punto fue así que el secretario general de Vox, José Ortega Smith, salió a los medios a reivindicar su "responsabilidad", mientras fuentes del PP celebraban las cesiones del partido de Abascal. Es difícil precisar cuánto hubo de tensión negociadora real y cuánto de puesta en escena. Todas las negociaciones tienen vertiente teatral. Lo cierto, leído el documento final PP-Vox, es que las diferencias quedaron superadas con una aproximación de posturas y la anuencia de Ciudadanos, cuya estrategia centrista se enfrentará a un desafío importante en Andalucía. El primer gobierno en el que entra el partido de Albert Rivera estará determinado por la ultraderecha.

Juan Manuel Moreno (PP) será el presidente y Juan Marín (Cs) el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que pondrá en sus manos un presupuesto de alrededor de 35.000 millones de euros. Su gobierno tendrá alrededor de una decena de consejerías. Todo ello gracias a Vox, que este miércoles ha garantizado su apoyo a la investidura de Moreno. Ocurrió tras largas reuniones en Madrid entre Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y Ortega Smith. Las negociaciones fueron rematadas en Sevilla, aunque eso no disipó la impresión de subordinación de las direcciones regionales de los partidos. En Vox ni la disimulan.

"Éxito" pese a las cesiones

El partido de Santiago Abascal, tras presentar el martes un documento de "propuestas" que suponía incumplimientos flagrantes de la Constitución, garantizó este miércoles su apoyo al Gobierno de PP y Cs con una rebaja de su listado de condiciones. La formación ultraderechista apoyará a Moreno en la primera votación. No hay margen para sustos. Todo está por escrito. Vox y el PP llegaron a un acuerdo, negociado en Madrid, en paralelo al alcanzado antes por Ciudadanos y el PP. El pacto PP-Vox es a priori compatible con el pacto PP-Cs. Aunque tienen tonos diferentes, comparten el cogollo: supresión de la "administración paralela", "lucha contra la corrupción", eliminación o rebaja de impuestos –Sucesiones, IRPF, Transmisiones, Hipotecas–, énfasis en el apoyo a los autónomos, auditoría de la Junta, apoyo a la educación concertada, "despolitización" de la administración, subida del sueldo público de los médicos que también tienen consulta privada –ahora sólo los que no la tienen cobran el llamado "complemento de exclusividad"–, políticas de apoyo a "la familia"... Si a eso se le suman los logros con sello Vox –Consejería de Familia, Ley de Concordia, educación segregadora–, el estreno del partido ultra podría considerarse "un éxito", como afirmaron ellos mismos en un comunicado.

El punto de la Consejería de Familia está por desarrollar. Es delicado porque afecta a la conformación del Gobierno PP-Cs, que no la tienen recogida en su acuerdo. Juan Manuel Moreno, que compareció ya con la presidencia garantizada, afirmó que se trabajará en su inclusión en la estructura. José Ortega Smith, secretario general de Vox, lo vendió como un gran logro. Pero lo cierto es que en el acuerdo final hubo cesiones de su parte, hasta el punto de que su acuerdo con el PP, a pesar de un nítido aliento conservador, sonaba a poca cosa comparado con el aluvión de medidas de corte xenófobo, antifeminista y antiautonomista del martes.

Desapareció del acuerdo final la supresión de las leyes de género, igualdad y derechos LGTBI, obsesión de Francisco Serrano, portavoz de Vox en Andalucía, que ni siquiera habló ante los medios, opacado por Ortega Smith. Ha sido uno de los rasgos distintivos de la negociación: el desplazamiento del eje gravitacional de la política andaluza a Madrid. También desapareció del acuerdo la deportación de 52.000 inmigrantes –aunque Ortega Smith dijo que el acuerdo lo garantizaba, contra toda evidencia–. O el fin de las ayudas públicas a las asociaciones islámicas, clamorosamente anticonstitucional.

El 28 de febrero seguirá siendo el Día de Andalucía. La Junta mantendrá sus competencias. Y todo ello lo irá contando Canal Sur, que seguirá abierta. Tras hacer su exhibición de radicalismo, Vox rebajó sus exigencias en los planos morales, simbólicos e identitarios y selló un acuerdo que tiene garantizada su viabilidad en el apartado económico. Si ha sido una maniobra, no ha ido mal. Porque además Vox imprime su sello al acuerdo con el PP. El pacto recoge: combatir el "efecto llamada", promover una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral", "reducir" Canal Sur, "apoyar" el flamenco y la Semana Santa, aprobar una ley de tauromaquia, "reconocer la importancia" de la caza...

Condena de la violencia aún por definir

Vox renunció a su reclamación de que el presidente leyera una declaración condenando los "ataques" sufridos por la formación ultraderechista. Fue sustituida por este acuerdo: "Abogar por un Gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas constitucionalistas. Condenamos todo ataque a cualquier fuerza política democrática". Tanto Ortega Smith como Moreno fueron preguntados sobre si este acuerdo incluía a partidos independentistas, como ERC, o de los que PP y Vox no consideran "constitucionalistas", como Podemos. El número dos de Vox no concretó. Moreno afirmó que el acuerdo se circunscribe a las fuerzas políticas del Parlamento andaluz, aunque tal cosa no viene en el documento.

Dado que Ortega Smith dijo haber arrancado al PP el compromiso de "deportar" 52.000 inmigrantes, sobre lo que no hay nada en el acuerdo, se le preguntó a Moreno si habían alcanzado acuerdos bajo cuerda. Lo negó. Dijo que cada cual era "libre" de interpretar los acuerdos a su manera. El día tuvo mucho de eso: cada partido vendió a los suyos sus logros, minimizando las pérdidas. El acuerdo es especialmente peliagudo para Ciudadanos, que presume de vocación centrista. El referente de Albert Rivera es Emmanuel Macron, que sitúa como adversaria frontal a Marine Le Pen. El aliado de Le Pen en España, Abascal, comparte proyecto en Andalucía con el partido naranja.

Sin foto a tres

Un miembro de la dirección regional se mostraba tranquilo al término de la agotadora jornada, convencido de que todo lo acordado con Vox es compatible con lo acordado con Ciudadanos. El propio Juan Marín reconoció ante los medios que había estado al tanto de la evolución de las negociaciones del PP con Vox, aunque se esforzó en marcar distancias con la formación extremista, repudiada por los socios europeos del partido naranja. El acuerdo se alcanzó sin alharacas. No hubo foto PP-Cs-Vox. Ni siquiera hubo comparecencia conjunta de Juan Manuel Moreno y Juan Marín, que sí se fotografiaron juntos firmando un acuerdo que garantiza que el líder de Ciudadanos le dará los 21 votos de su grupo al presidente del PP andaluz.

Los 33 votos del PP más los 21 de Ciudadanos más los 12 de Vox sumarán 59. La mayoría absoluta está en 55. Salen los números. Así se lo comunicarán este jueves a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que designará a Juan Manuel Moreno como candidato. La derecha se pondrá de acuerdo a la primera en el primer pleno. Susana Díaz logró el apoyo de Ciudadanos a la cuarta, tras más de dos meses. No logró entonces el apoyo de Podemos.

La derecha antes estaba unida en el PP. Ahora, rota en tres, se muestra más proclive a alcanzar acuerdos que la izquierda. Andalucía es el primer ejemplo. Pero el ciclo político acaba de comenzar.