Privatización de servicios públicos: un modelo que le sale caro a los contribuyentes

Entregar a manos privadas la gestión de servicios públicos a través del sistema de concesión administrativa –utilizado en España, por ejemplo, en las autopistas de peaje o en nueve hospitales de Madrid y la Comunitat Valenciana– tiene consecuencias para los contribuyentes, que son los principales damnificados por un modelo en el que la Administración se limita a ofertar la concesión y a pagar a empresas privadas para que construyan la infraestructura necesaria y ofrezcan el servicio.

Al menos, así lo constata un informe elaborado por el profesor de la Universidad de Greenwich (Reino Unido) David Hall en colaboración con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), un conglomerado de organizaciones sindicales de todo el mundo con sede en Francia. El estudio hace un análisis de las consecuencias que este modelo privatizador –con origen en los ochenta en el Reino Unido con el Gobierno de Margaret Thatcher– tiene para los actores implicados: gobiernos, consultoras, empresas concesionarias y contribuyentes. 

El informe subraya que el modelo de concesión resulta, a corto plazo, beneficioso para las administraciones, porque les permite crear nuevas infraestructuras sin endeudarse o gastar más dinero. No obstante, alerta de que "es una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento". Además, la UE favorece esta circunstancia gracias a una norma de Eurostat que especifica que, siempre que el sector privado se encargue de la construcción, la financiación de los proyectos no se considerará como deuda pública.

Sin embargo, los analistas recuerdan que tanto en Portugal como en Chipre, los estudios de la troika han considerado que las que privatizaciones a través de este modelo de concesión administrativa han contribuido a agrandar los "problemas fiscales" de ambos países. De hecho, la Comisión Europea, el FMI y el BCE solicitaron una auditoría y, tras ella, una renegociación de los contratos firmados a través de este modelo en los dos Estados. Este modelo también está en revisión en el Reino Unido –donde se implantó principalmente en el sector sanitario– tras la quiebra de varios centros y lo complejo de la convivencia del personal sanitario público con los gestores privados del hospital.

Negocio 

Pero este sistema también supone un lucrativo negocio para las constructoras, inmobiliarias, empresas gestoras y bancos y fondos de inversión que construyen y luego gestionan las infraestructuras y servicios cobrando un canon a la Administración. A estos entes se les garantiza el monopolio del servicio pactado en la zona determinada con la garantía de que el Estado acudirá al rescate en el caso de que el negocio no evolucione de forma favorable para sus intereses. 

Dicho régimen de monopolio –sostiene el informe– puede ser utilizado como pretexto para cobrar "excesivamente" a los usuarios. En este punto, el informe destaca el ejemplo de la gestión del agua en Francia, donde aproximadamente tres cuartas partes de este servicio es prestado empresas privadas a través del modelo de concesión. Pues bien, un informe de 2004 reveló que, teniendo en cuenta todos los demás factores, el precio del agua regulado por empresas privadas era un 16,6% más elevado que en los lugares donde los municipios eran los encargados de prestar el servicio. 

Asimismo, para las empresas implicadas este tipo de modelo de prestación de servicios es una oportunidad comercial muy atractiva porque les permite asegurarse una fuente de ingresos durante alrededor de 25 años, que es el período mínimo de duración de este tipo de contratos. Además, lo extenso período de vigencia suele hacer habitual la renegociación de los acuerdos suscritos, circunstancia que suele ser utilizada por las empresas para aumentar los cánones que cobran a la Administración. 

En el otro lado, en el de los grandes perjudicados, está el conjunto de los contribuyentes, según los analistas. Por ejemplo, en Europa, este modelo se utiliza para financiar algunas autopistas de pago en rutas congestionadas que resultan lucrativas, pero nunca en la ampliación de otras carreteras sin peaje en zonas rurales o periurbanas. En este punto, el caso español es paradigmático, pues el Ejecutivo central ofreció garantías generales para las autopistas de peaje por valor de hasta 15.000 millones de euros, según el informe. Algunas de ellas, tras su quiebra, han sido rescatadas con altas sumas de dinero público que sufragan todos los ciudadanos con sus impuestos. 

Además, los analistas insisten en que si el servicio a prestar no es lucrativo, las empresas privadas no pujan para quedarse con él. "Esto distorsiona las decisiones políticas, puesto que se seleccionan proyectos que de otro modo no se llevarían a cabo, y otros no se financian porque no parecen comercialmente atractivos", subrayan. Y añaden que esta práctica se extiende a los pormenores de los proyectos, pues las empresas privadas eliminan cualquier elemento de un servicio que "pueda reducir sus potenciales beneficios".

Mitos 

Por otro lado, el documento echa por tierra algunos de los mitos que, tradicionalmente, han servido para justificar una supuesta eficiencia económica de la iniciativa privada frente a la pública en la prestación de servicios. Los analistas aseguran que los costes financieros son mayores en el modelo de concesión porque el riesgo percibido y la incertidumbre económica general hace que las empresas paguen tasas de interés más elevadas que los gobiernos. De hecho señalan que, a mediados de 2009, las empresas tenían que abonar tasas de interés en torno a un 4% superiores a las de los gobiernos como consecuencia de que el riesgo de impago en la Administración es menor.

El informe ilustra esta circunstancia con el caso del Reino Unido, donde un representante de la patronal de las empresas que se dedican a la colaboración público-privada estimó en 2011 que el coste de endeudarse en el sector privado era un 2,2% superior que en el público. El periódico Financial Times calculó que este práctica significa que el contribuyente británico está pagando más de 20.000 millones de libras en costes de préstamos adicionales, el equivalente a la construcción más de 40 nuevos grandes hospitales. Los investigadores también se hacen eco de un informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que reveló que la construcción de carreteras a través de este modelo de concesión resultó para las arcas públicas un 24% más costoso que haberlo hecho por el modelo convencional. 

El informe recuerda, además, que las concesiones administrativas son sufragadas por el sector público de la misma manera que los proyectos se llevan a cabo directamente por las autoridades públicas, es decir, a través de impuestos. Y en caso de que la concesión se financie, al menos parcialmente, por las tarifas de los usuarios, estos siguen pagando las mismas tasas estén bajo una concesión o una provisión pública directa.