Las pruebas documentales y la petición de testigos ya rechazados marcarán el inicio del juicio

El juicio contra la docena de líderes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos arranca este martes en el Tribunal Supremo con una intensa tormenta política de fondo. Se espera que la primera sesión del proceso, uno de los más relevantes de las últimas décadas, se dedique en exclusiva a despachar las denominadas cuestiones previas. Entre otros asuntos, los letrados de los encausados utilizarán sus turnos de palabra para reclamar la nulidad de la causa, insistir en ciertas testificales ya rechazadas por el Alto Tribunal y deslizar de nuevo la necesidad de aplazar el juicio ante la falta de tiempo para estudiar algunas pruebas documentales solicitadas por las defensas y admitidas por el tribunal que todavía no han sido trasladadas a las partes. Las defensas alegan que son necesarias para preparar los interrogatorios. Fuentes del Supremo consultadas por infoLibre, por su parte, señalan que estas pruebas documentales “no se anticipan”, sino que “se ejecutan en el momento procesal oportuno, que es después de las testificales”.

El juicio del procés arrancará en medio de una fuerte tensión, tanto en el Parlamento como en las calles. En el primer plano, las dos primeras sesiones del proceso coincidirán con el debate y votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, que augura un futuro incierto para el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el enrocamiento de ERC y el PDeCAT respecto a las cuentas. En el segundo, el recuerdo de la concentración impulsada este domingo en la madrileña plaza de Colón por la derecha y la ultraderecha y el calendario de movilizaciones que el independentismo está cerrando para protestar contra lo que califican como un proceso “político” sin garantías –en referencia al juicio– que va dirigido “contra el pueblo catalán y contra todos los pueblos del Estado español”. Este mismo martes hay convocado un parón estudiantil y manifestaciones en las cuatro provincias catalanas y en Tortosa (Tarragona). Y para las próximas semanas ya hay planteadas marchas en Barcelona y Madrid y una huelga general.

Está previsto que al menos la primera sesión del juicio se dedique en exclusiva a las cuestiones previas, una fase del proceso en la que las partes podrán poner sobre la mesa del tribunal todos aquellos aspectos que consideren oportunos acerca de la vulneración de algún derecho fundamental, causas de suspensión del juicio oral, nulidad de actuaciones o sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan. Una vez culminada esta fase del proceso, arrancarán los interrogatorios de los acusados, enjuiciados por la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, las protestas frente a la Consellería de Economía, la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament el 27 de octubre de 2017. Todos ellos podrán negarse a responder. De hecho, ya han adelantado que no contestarán a las preguntas de la acusación popular, encarnada por Vox, para que la ultraderecha no tenga opción de usar las vistas como altavoz electoral.

Testificales

Las defensas de los doce líderes independentistas dejan caer que este martes volverán a reclamar la nulidad de la causa. Y no descartan, tal y como ha adelantado La Vanguardia, insistir en la necesidad de que se incorporen al procedimiento algunas pruebas que ya fueron rechazadas la semana pasada por el Supremo en el auto de admisión de prueba. Así, los letrados de los dirigentes soberanistas volverán a poner sobre la mesa del tribunal, por ejemplo, la pertinencia de testificales como la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, procesado en la misma causa pero huido desde hace meses. El que fuera líder del Ejecutivo catalán y principal impulsor del pulso con el Estado durante aquellos meses de otoño de 2017 ya comunicó a finales de enero al Alto Tribunal, a raíz de las peticiones que hicieron algunos abogados de los líderes independentistas que se sentarán en el banquillo, que no tiene “ningún impedimento” en testificar para el juicio por videoconferencia desde Bélgica.

La inmensa mayoría de acusados solicitaron la declaración como testigo de Puigdemont al entender que podía arrojar luz en relación con los acontecimientos previos al 1-O, con el referéndum y con la declaración de independencia. Sin embargo, en el auto de admisión de prueba, el Supremo lo rechazó alegando que “la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber a declarar y la obligación de decir la verdad que asume todo testigo”.  El Alto Tribunal también negó la declaración como testigo del senador del PP Ignacio Cosidó, solicitada por la defensa del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, para aclarar qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “y los pactos políticos llevados a cabo al respecto”. Lo solicitaron con la vista puesta en la vulneración del derecho a un juez imparcial. Este martes se verá si se insiste también en esta testifical.

Las pruebas documentales

Por otro lado, las defensas alegarán ante los siete magistrados encargados del juicio que no han tenido tiempo suficiente para estudiar el conjunto de pruebas documentales que solicitaron en sus escritos y que fueron aceptadas por el Supremo. En este sentido, critican que todos esos archivos –más de un centenar admitidos por el Alto Tribunal– no estén todavía a su disposición. “No pueden comenzarse los interrogatorios sin estas documentales, que son necesarias para preguntar”, señalan fuentes de las defensas, que exigen poder interrogar “con todas las garantías y pruebas” a su disposición. Con estas palabras, los letrados de algunos de los acusados apuntan que “hay motivos” para una suspensión temporal del juicio. Sin embargo, mientras algunos de los abogados solicitarán directamente al tribunal que paralice la vista hasta disponer de las citadas pruebas, otros dejarán a juicio de los magistrados la decisión, aunque afirman que harán hincapié durante las cuestiones previas en la situación de indefensión en la que se encuentran.

Las defensas aprovechan para solicitar nuevos testigos e insistir en la vulneración de derechos

Ver más

Entre las documentales solicitadas por las defensas y aceptadas por el Supremo se encuentran, por ejemplo, dos propuestas de la defensa de Junqueras y el exconseller Raül Romeva consistentes en reclamar al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona y al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investigan hechos relacionados con el 1-O, información que certifique si constan como acusación o han solicitado participar como acusación particular o popular varios sindicatos o asociaciones de la Policía o la Guardia Civil. La defensa señaló el carácter trascendental de estas “para que las defensas puedan articular cuestiones previas relativas a la falta de imparcialidad de los investigadores que puedan haber afectado a sus derechos a la presunción de inocencia, derecho a la defensa y al proceso con las debidas garantías, e incidir sobre la valoración de la prueba que pueda desarrollarse posteriormente en el plenario cuando ésta provenga de la iniciativa investigativa policial”.

Contra lo que alegan las defensas, desde el Tribunal Supremo explican que “las pruebas documentales no se anticipan, se ejecutan en el momento procesal oportuno, que es después de las testificales”. “Estarán a disposición de las defensas en dicho momento”, señalan fuentes del Alto Tribunal, que enmarcan estas críticas de los abogados de los encausados en la estrategia de “suspender” la vista “con un argumento o con otro”. En conversación con este diario, también rechazan tajantemente que las defensas no hayan tenido tiempo para preparar el proceso. “El más breve de los escritos de defensa supera las ochenta páginas, mientras que el más extenso las doscientas, lo que refleja que han tenido muchísimo tiempo para preparar todo. Han pedido en varias ocasiones la suspensión, han recusado hasta siete veces a la Sala… Está claro que no quieren que se celebre el juicio”, aseveran las fuentes pulsadas.

Tras las cuestiones previas y los interrogatorios a los doce dirigentes independentistas encausados, el proceso continuará con las testificales. Hasta el momento se han aceptado cientos de testigos, entre los que destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o el lehendakari Iñigo Urkullu. Todos ellos estarán obligados a responder a las preguntas que les planteen las partes y, además, a decir la verdad. A continuación se desarrollarán las periciales y, por último, llegarán las conclusiones finales. En el Supremo calculan que el juicio se prolongará durante casi tres meses y esperan que esté visto para sentencia antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Las defensas, sin embargo, se muestran escépticas respecto al calendario. Para el fallo habrá que esperar hasta después de los comicios.