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Educación

Los recortes debilitan la escuela pública: 4.906 docentes menos para 218.095 alumnos más

Alumnos en un aula en un colegio público.

El Gobierno central y las comunidades autónomas, que asumen la mayoría de los gastos educativos porque tienen las competencias transferidas, llevan desde 2015 presumiendo de la recuperación del gasto global previsto en educación. Y es parcialmente cierto: los presupuestos se están empezando a reponer tras años de duros de recortes, pero las consecuencias del tiempo de restricciones presupuestarias siguen haciendo mella en el sistema. 

Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación ponen negro sobre blanco una situación que sindicatos, colectivos de padres y asociaciones de alumnos vienen denunciando desde que la recuperación empezó a llegar a los presupuestos educativos: los docentes siguen teniendo que hacer más con menos

No en vano, España es el quinto país de la UE que más ha recortado en educación desde el inicio de la crisis, solo por detrás de Grecia, Chipre y Portugal. En números absolutos son 4.477 millones de euros menos (de 53.895 a 49.418, entre 2009 y 2017). Esta cifra evidencia que, aunque los presupuestos hayan empezado a subir en los últimos años, estos aumentos no han supuesto que se alcancen las cifras de antes de la crisis. 

Así, según el documento Datos y cifras del curso escolar 2017-2018 [consultar, aquí], que incluye las cifras del curso anterior, los centros públicos de enseñanza no universitaria contaron con 4.906 docentes menos que en el curso 2010-2011 cuando la inversión en el sistema educativo alcanzó, de media, sus cotas más altas antes del inicio de la crisis (de 496.800 profesionales a 491.894, un 1% menos). Todo ello a pesar de que el número de alumnos aumentó en 218.095, hasta los 5.494.414, un 4,1% más.  

En la enseñanza privada sostenida con fondos públicos y la 100% privada –el ministerio ofrece estos datos de forma conjunta– el número de docentes, sin embargo, ha aumentado en 16.995 (de 186.709 a 203.704, un 9,1% más) desde antes de la crisis, mientras que el número de alumnos se incrementó en un 5,1%, de 2.505.863 a 2.633.418. En cifras absolutas son 127.555 estudiantes más.  

Una consecuencia deseada de los recortes

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, critica la ausencia de recuperación del gasto público educativo y, particularmente, del destinado a los programas dedicados a compensar las desigualdades. "Siete años después del inicio de la crisis puede afirmarse que la reducción de las partidas más compensadoras y favorecedoras de la equidad no son una mera consecuencia no deseada de los recortes, sino una propuesta premeditada: ha habido dinero para la ampliación de los conciertos y para las desgravaciones, por ejemplo, pero no para becas ni para la atención a la diversidad", asevera. 

Lo cierto es que la enseñanza concertada ha sufrido de manera menos pronunciada los estragos de la crisis. Aunque sus fondos se redujeron durante los años centrales de la recesión, lo hicieron a un ritmo menor que el total del gasto educativo público. Y cuando se empezaron a revertir los recortes, la inversión en estos centros también se recuperó mejor. De hecho, ya ha recuperado los niveles precrisis. 

En 2015, las Administraciones Públicas destinaron a la financiación en forma de conciertos económicos y subvenciones a la enseñanza privada sostenida con fondos públicos un total de 5.916 millones de euros, 24,9 millones de euros más que en 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de inversión educativa antes de la recesión. En porcentaje la subida es del 0,4%.

Precisamente la financiación del sistema está siendo uno de los aspectos clave de la negociación sobre el pacto educativo que está teniendo lugar desde hace meses en el Congreso de los Diputados. El informe Panorama de la Educación 2016: Indicadores de la OCDE [PDF en inglés, aquí] alertó de que el gasto educativo español está por debajo de la media de los 35 países más industrializados.

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La perspectiva de futuro no es mucho mejor. Los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes a 2015, indican que las distintas Administraciones destinaron ese año un 4,32% del conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) a educación. Los expertos coinciden en que un primer paso para demostrar que hay una voluntad real de mejorar el sistema sería constitucionalizar la inversión en educación.

Para la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), el ritmo de recuperación del gasto total es bajo. Su presidente, Carles López, pide que se acerque al 7% del PIB, al menos a medio plazo. A su juicio, el pacto educativo debe incluir una ley de estabilidad presupuestaria con el objetivo de que la inversión no disminuya por debajo de un determinado nivel y asegurar así programas de refuerzo para los alumnos más rezagados, el profesorado suficiente y unas instalaciones escolares decentes. 

Respecto a la partida de becas, el informe del ministerio recoge que el presupuesto se ha incrementado en un 18,1% desde 2011. No obstante, los estudiantes piden modificar el sistema actual para que nadie se quede fuera por motivos económicos y para que los beneficiarios reciban las ayudas en el primer trimestre del curso. 

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