La reforma pendiente de la justicia que Bruselas pide a España una vez el PP desbloquee el CGPJ

El comisario Didier Reynders junto a la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Mucho ruido y pocas nueces. Lejos de lo que se esperaba, el viaje del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, se saldó este viernes sin ningún avance tangible en lo que al desbloqueo de los órganos constitucionales se refiere. La visita, eso sí, ha servido para dejar claros los deberes que España tiene pendientes a nivel judicial. Y para poner negro sobre blanco las prioridades en el cumplimiento de los mismos. Primero toca la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi cuatro años ante el enroque del PP. Luego, el resto de asuntos que preocupan en Bruselas. El comisario asegura que ha visto "compromiso" de todas las partes. Pero eso será de puertas adentro. El PP sigue insistiendo en renovar el órgano al tiempo que se decide sobre un nuevo sistema de elección, mientras desde el Gobierno se insiste en que el único compromiso es el de desbloquear el CGPJ.

Reynders llegó a nuestro país envuelto con un halo de mediador. En parte porque fue él mismo quien puso sobre la mesa la posibilidad propiciar un acercamiento para desatascar la renovación de los órganos constitucionales. Pero en poco tiempo las expectativas se fueron rebajando. "No es mi tarea organizar el proceso", dejó claro en su primera jornada de la visita. Algo en lo que ha insistido este mismo viernes antes de regresar a Bruselas durante un desayuno informativo. "Yo no estoy aquí para negociar nada", ha apuntado el comisario de Justicia al ser preguntado por la posibilidad de una reunión a tres bandas como la que se propuso desde el PP, con los dos principales negociadores de los conservadores y el Gobierno sobre esta materia –el ministro Félix Bolaños y el eurodiputado Esteban González Pons–.

La conformación de un nuevo órgano de gobierno de los jueces en suelo español es la máxima prioridad para el Ejecutivo comunitario. Fundamentalmente, por el impacto que esto tiene en el funcionamiento del sistema judicial: "En el Supremo hay cada vez más vacantes ante la imposibilidad de designar nuevos miembros". No obstante, no es la única preocupación en relación al funcionamiento del Estado de Derecho. España aún tiene deberes que hacer en esta materia, tareas pendientes que deberían abordarse una vez que el PP quite el candado en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Un listado de recomendaciones para perfeccionar un sistema que, y eso sí ha querido dejarlo claro Raynders, es bueno. Por eso, no dudó en marcar una "gran diferencia" del caso español con el polaco y húngaro, donde "hay problemas sistémicos".

Una reforma del sistema de elección

Lo primero que Bruselas pide, "inmediatamente después" de que se renueve el Poder Judicial, es una "reforma" del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. En la actualidad, esta docena es elegida por las Cortes Generales –6 Congreso y 6 Senado– de una lista que remite el presidente del CGPJ a los de ambas Cámaras. Y la Constitución tampoco dice que el procedimiento deba ser diferente: la Ley Fundamental recoge que estos vocales deben elegirse "entre" jueces y magistrados, sin que en ningún momento se establezca que dicha designación deba corresponder a sus homólogos. Bruselas, sin embargo, cree que ha llegado el momento de dar un mayor protagonismo a los integrantes de la carrera judicial en la composición de su órgano de gobierno. Y que sean ellos quienes asuman la responsabilidad de la elección.

Eso no es nuevo. De hecho, la primera Ley del Consejo General del Poder Judicial, la de 1980, contemplaba una elección de esta docena de vocales mediante "voto personal, igual, directo y secreto" de la carrera. Cinco años después, se reformó la norma y se cambió el modelo, dejando en el Parlamento la decisión final. Desde entonces, ningún Ejecutivo, ni a la derecha ni a la izquierda, ha decidido regresar al sistema original. Y eso que los conservadores lo tienen desde hace años en su agenda política. "Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías", rezaba su programa electoral de 2011, el que les llevó a gobernar con una mayoría absoluta que les permitía hacer y deshacer a su antojo.

Otra cosa bien diferente es lo que sucede a la izquierda del tablero político. Los socialistas nunca han llevado en su programa electoral, al menos en lo que va de siglo, una propuesta de reforma para que sean los jueces quienes elijan directamente a sus representantes. Unidas Podemos, por su parte, sí que ha puesto sobre la mesa alguna idea de cambio, pero no en la línea de Bruselas. En 2019, contemplaba en sus programa electorales la posibilidad de fijar "un sistema de elección directa por la ciudadanía": "Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuestas de candidaturas avaladas por la ciudadanía".

El miedo que planea sobre la izquierda es que un cambio termine por consolidar de forma permanente una mayoría conservadora en el CGPJ. En los años ochenta, el Constitucional se pronunció precisamente sobre el pluralismo en la sentencia con la que avaló el actual sistema de elección: "La finalidad de la norma sería [...] la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad".

El colectivo que ahora mismo representa a una mayor proporción de la judicatura es de corte conservador. Según los últimos datos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuenta con más de 1.300 miembros, un cuarto de toda la carrera y tres veces más que la considerada progresista –Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD)–. Y le sigue la Francisco de Vitoria, que trata de colocarse en el centro ideológico. De hecho, esta última asociación, junto a Foro Judicial Independiente, puso sobre la mesa antes del verano un posible sistema de elección directo de los vocales por parte de los jueces que "garantiza la pluralidad". Un modelo en el que cada elector podría votar a un máximo de seis candidatos con avales, dando más puntos al primero que al segundo, y así sucesivamente. Y en el que pueden presentar candidatos las asociaciones judiciales, agrupaciones de electores y jueces a título individual.

Un fiscal general desligado del Gobierno

Otro asunto al que Bruselas pide meter mano tiene que ver con la Fiscalía. En su Informe sobre el Estado de Derecho en 2022, el Ejecutivo comunitario resalta que aunque "se ha establecido un nuevo régimen disciplinario" para los fiscales, "persisten" algunas "dudas" en cuanto a la autonomía de la Ministerio Público con respecto al Gobierno. En este sentido, la Comisión considera que sigue siendo necesario "una reforma más amplia" del estatuto del fiscal general del Estado, especialmente "en lo que respecta a la coincidencia temporal entre su mandato" y el del Ejecutivo de turno. "Si queremos tener una lucha eficiente contra la corrupción es importante contar con una Fiscalía que sea independiente", ha apuntado Reynders. No obstante, ha dejado clara que esa vinculación no es tan estrecha como puede ocurrir en países como Polonia, donde el fiscal general es el propio ministro de Justicia.

Este es un asunto que ya ha pasado alguna vez por el Congreso de los Diputados. A comienzos del verano de 2017, Ciudadanos llevó una proposición de ley para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que incluía, entre otras cosas, la necesidad de que el candidato a fiscal general del Estado obtenga el respaldo de una mayoría cualificada (233 votos) de la Cámara Baja –ahora lo designa directamente el Gobierno– y un aumento de la duración de su mandato de cuatro a seis años, exactamente igual que en Portugal, de forma que no cambiase con la salida de un Ejecutivo. La propuesta entonces fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que Bildu se abstuvo y solo Unidas Podemos y Compromís votaron a favor de la admisión a trámite del texto.

Es un asunto que los naranjas han vuelto a mover esta legislatura. Al fin y al cabo, estaba en su programa. No así en el del resto de formaciones para los últimos comicios generales. No obstante, tanto PP como PSOE han incluido en más de una ocasión entre sus promesas electorales la de reforzar la independencia del fiscal general. Los socialistas, incluso, poniendo el foco en la duración del mandato. "Reformaremos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el Fiscal General del Estado tenga un mandato de cinco años, no renovable, con causas de cesa tasadas y objetivadas", rezaba el de los comicios de 2004, los que metieron a José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa. Pero, al final, no se hizo. Y dicha propuesta desapareció por completo de los programas posteriores.

Otros asuntos pendientes

El Informe sobre el Estado de Derecho también incluía algunas otras recomendaciones. Una de ellas es la necesidad de avanzar sobre un proyecto de ley centrado en los grupos de presión que contribuya a reforzar la transparencia entre los funcionarios de alto nivel y estos lobbies. "En la actualidad, la actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada en España", se lamentaba la Comisión en su análisis, en el que, no obstante, deslizaba que el texto podría estar listo para este mismo año y resaltaba que un "logro esencial" de dicho proyecto sería "el establecimiento de un registro obligatorio público de los grupos de interés".

Otra de las cuestiones que resaltaban como "motivo de preocupación" era la "duración de los procedimientos de investigación y el enjuiciamiento" de los casos de corrupción, especialmente los de "alto nivel". "Esta falta de eficiencia en la resolución de los casos de corrupción de alto nivel se debe en gran medida a la falta de fondos y de conocimientos especializados adecuados, a pesar de los esfuerzos realizados en materia de formación. La falta de comunicación entre los distintos fiscales anticorrupción también se considera una deficiencia. El Gobierno confía en que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contribuya a resolver estas cuestiones", recoge Bruselas en su informe.

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