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Rosa Díez anima al Gobierno a imputar responsabilidad penal a Zapatero por la carta del BCE

Rosa Díez, portavoz de UPyD, durante el desayuno informativo en Madrid el pasado 3 de diciembre.

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El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere saber las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno de Mariano Rajoy contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "por posible retención ilegal" de la carta que le envío el Banco Central Europeo en agosto de 2011 exigiendo recortes a España, e incluso aconseja explorar la posibilidad de achacar responsabilidades penales al político socialista por difundir en su libro un documento que es patrimonio del Estado.

La portavoz nacional de la formación magenta, Rosa Díez, ha registrado una batería de preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que pone de relieve que Zapatero decidiera no divulgar en su día la existencia de esa misiva de Jean Claude Trichet al considerarla confidencial, porque su contenido era "un riesgo para la propia estabilidad de España" según ha alegado el expresidente, y en cambio ahora la adjunta a su libro de memorias.

En este sentido, UPyD denuncia que de forma "absolutamente contradictoria" con el supuesto carácter confidencial de la carta, Zapatero "no haya tenido inconveniente alguno" en reproducirla en el libro de sus memorias titulado El Dilema: 600 días de vértigo.

Original o copia

De hecho, según parece, la carta "obra en su poder, desconociéndose si decidió llevarse el original o una copia de la misma y si dejó, por lo menos, una reproducción del citado documento en el archivo correspondiente a disposición de su sucesor, como establece la ley y sería de todo punto esperable", apunta UPyD.

Ante esto, el partido magenta pregunta al Gobierno si Zapatero entregó al presidente Mariano Rajoy o consta en el archivo pertinente el original o, cuanto menos, una copia de esa carta cuando cesó en sus funciones. En caso negativo, UPyD quiere saber si el Ejecutivo del PP piensa adoptar alguna medida para depurar las correspondientes responsabilidades administrativas, patrimoniales y/o penales si las hubiera.

Y es que, según destaca, el artículo 49.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español establece que forman parte del Patrimonio Documental "los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios".

De uno a cuatro años de cárcel

Además, recalca que "todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados", y a "entregarlos al que les sustituya o remitirlos al Archivo que corresponda".

Por tanto, el incumplimiento de las referidas obligaciones lleva aparejada las correspondientes sanciones administrativas, según la mencionada Ley y el Código Penal: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años".

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