Ruz pregunta a las partes si debe archivar las cinco causas que tiene abiertas por Justicia universal

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía y el resto de partes personadas en cinco procedimientos que abrió en virtud del principio de justicia universal si debe archivarlos tras la limitación de la norma impulsada por el Grupo Popular en el Congreso.

Ruz pregunta si debe archivar las causas que instruye para investigar la creación de la prisión estadounidense de Guantánamo, la muerte del diplomático Carmelo Soria durante la dictadura chilena, el asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel y los genocidios en el Sáhara que se atribuyen Marruecos y el Frente Polisario.

En cinco providencias dictadas este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se dirige a la Fiscalía y el resto de partes para que realicen alegaciones "con carácter previo a resolver lo procedente sobre el mantenimiento del ejercicio de la jurisdicción" en cada uno de los casos.

Ruz, en concreto, investiga a seis miembros de la Administración del expresidente de Estados Unidos George W. Bush por los delitos de tortura y privación del derecho a un juicio imparcial por su participación "activa y decisiva" en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico que permitió el modelo de prisión de Guantánamo.

También se encuentran procesados siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también admitió una denuncia contra el Estado de Israel por el asalto a la III Flotilla de la Libertad, que intentó llegar a las costas de Gaza para entregar un cargamento de ayuda humanitaria en octubre de 2012.

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Por último, el juez instruye dos investigaciones sobre el genocidio en el Sáhara, una de ellas presentada contra exmilitares marroquíes por el supuesto genocidio de cientos de saharauis durante los años 70, 80 y 90; y otra contra 29 oficiales del Ejército de Argelia y dirigentes y miembros de seguridad del Frente Polisario por el genocidio y la desaparición de ciudadanos saharauis y disidentes de esta organización en los campos de refugiados de Tindouf desde 1979.

Al igual que Ruz, Santiago Pedraz, ha preguntado a las partes si debe dictar el archivo de la causa en la que investiga el genocidio contra el pueblo maya en Guatemala y el asalto de la Embajada de España en este país que se produjo en el año 1980.

Por su parte, el magistrado Eloy Velasco planteó el pasado viernes la posibilidad de seguir investigando la muerte del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. Argumenta que están procesados 13 militares salvadoreños por un delito de lesa humanidad, que quedaría afectado por la modificación de la norma, y por los de asesinato terrorista, que permitiría mantener la investigación.