"Lo siento mucho, me he equivocado"... y volvió a ocurrir: una sucesión de escándalos con España como testigo

"La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum". El rey de España, Juan Carlos I, pronunciaba en un mensaje televisado estas palabras para la historia en la noche más turbulenta de la, por entonces, recién nacida democracia española, el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Forjaba así el ahora emérito una leyenda de garante del orden constitucional que ha dilapidado durante años de filtraciones, escándalos, investigaciones judiciales y exclusivas periodísticas. El último episodio ha estallado este lunes con el anuncio de su decisión de abandonar España.

El otrora conocido como el campechano por su peculiar talante y sentido del humor ya no cuenta con el beneplácito y la simpatía de buena parte de sus reinados. Muchos siguen defendiendo a una institución, la casa real, muy tocada por las informaciones: pero ya no se consideran juancarlistas, aunque reconozcan su papel durante los episodios más agitados de nuestra historia. Ya no existe ningún pacto de silencio de las principales cabeceras mediáticas sobre la vida personal del monarca y la Fiscalía, pese a los obstáculos, sigue con sus investigaciones sobre los fondos extranjeros y las supuestas mordidas de sus negocios durante décadas ocultos a la opinión pública. 

Pasó el 23F sin consecuencias para las instituciones del Estado español y, en líneas generales, la democracia entró en una época de estabilización en la que el rey Juan Carlos de Borbón disfrutó de una absoluta falta de escutinio sobre su labor representativa y, por encima de todo, sobre su vida personal. Durante décadas fueron vox populi las entradas, las salidas, las fiestas del monarca en su retiro vacacional favorito: Mallorca. Los periodistas del corazón de la isla sabían, pero callaban. La prensa generalista tampoco alumbró. Pero la primera grieta en el manto de oscuridad la protagonizó un descuido del Gobierno a la hora de informar de la ausencia del ahora emérito en un viaje junto a su por entonces amante Marta Gayá.

Corría junio de 1992. El presidente, Felipe González, respondía en el Congreso a una pregunta de la oposición sobre por qué no relevaba al ministro de Justicia, Francisco Fernández, aquejado de un cáncer terminal. Afirmó que "el rey no está". ¿Y por qué no está? ¿Por qué no se ha hecho público el motivo de su viaje? La versión oficial de la Casa Real fue que se encontraba en una clínica suiza. Motivos de salud. La verdadera razón fue una visita a la mallorquina. Pero el público, y los medios, se hicieron preguntas solo respondidas con indirectas y eufemismos alejados de las primeras planas. 

"Me he equivocado"

El por entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, lograba así eludir no sin dificultades el primer match point y el escrutinio al monarca volvió al perfil bajo durante décadas, exceptuando episodios grotescos como el "¿por qué no te callas?" a Chávez de 2009. Todo cambió 20 años después, en abril de 2012, cuando Juan Carlos de Borbón se rompió la cadera en un accidente nocturno mientras se encontraba en Botsuana participando en una cacería de elefantes. Solo lo sabía el presidente, Mariano Rajoy. Meses antes, en su mensaje navideño del 24 de diciembre, el jefe del Estado insistía en que la "justicia es igual para todos", cuando el mayor problema de la institución era el caso Nóos y los negocios delictivos del yerno, Iñaki Urdangarin. "Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar", afirmaba. Apenas cuatro meses antes de descubrirse que el rey participaba en cacerías a miles de kilómetros de distancia del país, mientras los ciudadanos sufrían las consecuencias devastadoras de la crisis económica. 

Las críticas no solo arreciaron de los grupos animalistas y ecologistas. Buena parte de la izquierda parlamentaria criticó la falta de ejemplaridad del monarca, disfrutando de la matanza de paquidermos mientras el pueblo sufría. PP y PSOE callaron. Fue la primera vez que se publicaba, aunque solo en prensa internacional –que, a día de hoy, sigue jugando a la ofensiva a la hora de desvelar los puntos oscuros de la gestión del Borbón– el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, empresaria y princesa danesa, como vinculado al rey de España. Ella organizó el viaje. Ella era, por entonces, la amante de Juan Carlos, o la "amiga íntima" según los circunloquios de algunas portadas.

Se rompía así, definitivamente, el pacto de silencio mediático sobre la figura del hombre que, según sus acólitos, apuntaló el viraje de España desde la dictadura franquista a la democracia. "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", se disculpaba ante las cámaras Juan Carlos de Borbón al salir del hospital, en un gesto inédito en la historia de España.

Dos años después, el 18 de junio de 2014, el rey decide abdicar en su hijo y sucesor, Felipe VI. Su salud flaqueaba y su imagen ya no estaba impoluta, como años atrás. La decisión, meditada durante meses, fue consultada a los altos cargos del Estado y amarrada por ellos: PP y PSOE, según reconoce Alfredo Pérez Rubalcaba en su última entrevista, con el podcast XRey, maniobraron para que la modificación legal que habilitaba la abdicación no abriera ningún debate sobre la III República. El monarca, así, se convertía en emérito, manteniendo una cuota de representación institucional, viajes y actos oficiales en los que Juan Carlos representaba a la Casa Real y al país. No había, a grandes rasgos, mancha de duda sobre la faceta profesional del ex jefe del Estado, aunque a esas alturas fueran bien conocidos sus affaires extramatrimoniales y su gusto por los viajes lejanos y la caza.

Corinna, el AVE y el dinero en Suiza

Las dudas empezaron a surgir con la publicación de los audios filtrados en mayo de 2018 por el comisario retirado y protagonista de las cloacas del Estado, José Manuel Villarejo. En ellos se escuchaba cómo Corinna Larsen –cuyo nombre ya le sonaba a los más puestos en las andanzas del monarca por el episodio de Botsuana– aseguraba que el rey mantenía cuentas con dinero opaco en Suiza y había recibido mordidas por la adjudicación a una empresa española del AVE a la Meca por parte de Arabia Saudí. La confesión se producía en una conversación de junio de 2015 entre la otrora princesa, el excomisario y el empresario Juan Villalonga. La Audiencia Nacional abrió una pieza y la cerró en cuestión de meses. Por entonces, parecía un carpetazo definitivo. No fue así. 

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A pesar de que la Audiencia Nacional cerró el caso, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abiertas sus diligencias. A principios de marzo de 2020, con el país a las puertas del estado de alarma por la pandemia de covid-19, se conoció que Anticorrupción estaba esperando datos requeridos a sus colegas suizos, que en 2018 abrieron pesquisas paralelas. Se buscaba esclarecer si Juan Carlos de Borbón había recibido, a través de una fundación, 100 millones de dólares (65 millones de euros en 2008) de manos de su homólogo saudí Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Supuestamente, como contraprestación del AVE a la Meca. Y por qué ese dinero había llegado a manos de Corinna Larsen, que, según declaró, lo entendió como una muestra de "gratitud y amor". Fuentes jurídicas aseguraron por entonces que todo lo sucedido a partir de junio de 2014, la abdicación, podía pasarle factura penal. 

Los hechos se precipitaron rápidamente. Poco después, The Telegraph desvelaba que el actual rey, Felipe VI, aparecía como beneficiario de las fundaciones de Juan Carlos I: en una de ellas, la Fundación Lucum, se recibieron los 65 millones de euros saudíes. La Casa Real, aseguró la institución, conoció el hecho desde marzo de 2019 a través de una carta de Larsen, pero nunca comunicó el supuesto descubrimiento. En otro gesto inédito en la historia del país, el 15 de marzo –con el país ya confinado y en shock pandémico–, Felipe VI anunció que retiraba la asignación mensual a su padre y renunciaba a la herencia "que personalmente le pudiera corresponder". "La Corona debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente", rezaba el comunicado. 

La Casa Real, así, intentaba ampliar la distancia entre el actual portador de la corona, Felipe VI, y su padre y antecesor, Juan Carlos I, que hasta hace algo más de cinco años el Jefe del Estado español y sobre el que pesan sospechas de corrupción que podrían llevarle al banquillo si el juez instructor del Supremo recibe las diligencias de Anticorrupción y así lo decide. Ya desde 2019 no ejercía ningún papel de representación. El de este lunes es un capítulo más del cordón sanitario que, por pura supervivencia, ha establecido la institución para aislar al hombre que alguna vez fue el campechano, el dique de contención ante los impulsos reaccionariosel campechano. El hombre de Estado que solo velaba por la patria, nunca por sus bolsillos. No será, a todas luces, el fin de la historia de la caída en desgracia del emérito.