Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.
Una causa que llega de lejos
La investigación no nació en la Audiencia Nacional. Sus raíces están en unas diligencias abiertas en 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que la relanzó fueron dos peticiones de cooperación internacional llegadas en septiembre de 2024: una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y una comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra, en las que aparecía Plus Ultra como presunta cliente de una organización de blanqueo. La magistrada Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado nº 15 de Madrid, envió el caso a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 por su dimensión transnacional.
A eso se sumó el hallazgo, en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero en octubre de 2024, de un chat denominado "Danilo-España" con conversaciones entre el venezolano Danilo Diazgranados y alguien al que la investigación identifica como Zapatero, que acabó de inclinar la balanza hacia la Audiencia Nacional.
Qué tiene el juez contra Zapatero
La acusación de Calama contra Zapatero se apoya en indicios de distinta naturaleza, pero ninguno de ellos procedente de comunicaciones en las que aparezca directamente el expresidente.
Los investigadores le atribuyen haber enviado a su supuesto lugarteniente, Julio Martínez Martínez, dos archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante —la sociedad del entramado que más fondos recibió y que a su vez pagaba a Zapatero y a sus hijas— y haber convocado desde el correo de su oficina —y previa mediación de uno de sus escoltas— la reunión en el restaurante Portonovo donde, según el juez, se impartieron las instrucciones para crear una sociedad en Dubái, cuyo fin, según la investigación, era cobrar el 1% del rescate a Plus Ultra, en virtud de un contrato firmado entre la aerolínea y Julio Martínez. La empresa, como informó infoLibre en exclusiva, fue registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros— bajo uno de los dos nombres recogidos en el auto —el único permitido por la legislación dubaití—. Lo que no puede verificarse, de momento, son los titulares de esta sociedad ni, por tanto, su relación con Martínez ni con Zapatero.
Hay también un mensaje recibido el 31 de julio de 2021 por Martínez Martínez desde un contacto guardado como "Z" en su teléfono: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", enviado tras la aprobación de los vuelos de Plus Ultra por las autoridades venezolanas. La UDEF sí atribuye este mensaje a Zapatero, pero el juez lo recoge en el auto sin asignárselo de forma explícita.
A eso se suman los flujos financieros: los investigadores documentan 490.780 euros transferidos desde Análisis Relevante a una cuenta del matrimonio Zapatero-Espinosa, y otros 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, en cuya cuenta bancaria consta el expresidente como firma autorizada. El resto del cuadro indiciario son referencias a su figura en conversaciones intervenidas a terceros —"nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Julio habló con ZP 11 min"— y la carta de intención de un grupo estatal chino dirigida a su oficina en octubre de 2023, incorporada a los informes policiales.
Lo que el sumario añade
La Fiscalía Anticorrupción, en su informe del 18 de mayo, se muestra favorable a todas las medidas solicitadas por la UDEF salvo al registro del domicilio particular de Zapatero, al que se opone no por falta de indicios sino por razones de eficacia: los meses de cobertura mediática de la investigación y su comparecencia en el Senado, argumenta, habrían generado "la lógica alerta en su entorno más íntimo", restando utilidad a la medida.
Los elementos sobre Zapatero que aparecen en el sumario pero no estaban en el auto de Calama proceden del auto de inhibición de Collazos. La magistrada detalla el contenido del chat "Danilo-España": conversaciones en las que el empresario venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado al régimen chavista, mantiene una relación económica con alguien identificado como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" —Zapatero, según la investigación— con indicios de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios “a lo largo de varios años”. Como hecho separado, Collazos recoge que Zapatero habría influido ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía española en Venezuela, conducta que califica indiciariamente como posible corrupción en los negocios. Ninguno de los dos elementos es desarrollado por Calama cuando el caso llega a la Audiencia Nacional.
Lo que se añade ahora a la causa
El informe de la UDEF en la que se propone al juez autorizar los registros a —entre otros lugares— la oficina y el despacho de Zapatero, recoge que, en el momento de solicitar esas inspecciones, la investigación no había determinado "el modo y la transmisión de las instrucciones" del expresidente, y que estas podrían producirse "mediante comunicaciones electrónicas, telefónicas o a través de otros canales". Esa es la justificación que los investigadores utilizan para que se les permita buscar, entre otras cosas, "los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes". Una circunstancia necesaria para la investigación porque en todo el material que tenían hasta el momento no se habían detectado apenas conversaciones directas entre el expresidente y otros investigados o implicados.
El pasado 19 de mayo los agentes practicaron cuatro registros simultáneos. En la oficina de Ferraz 35, según el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, se descargaron el correo electrónico de Zapatero y los correos de su secretaria Gertrudis Alcázar, que incluían acceso a carpetas compartidas mediante VPN del PSOE. Una segunda empleada, Judith Wells, tenía en su ordenador correos corporativos del partido y acceso a un grupo compartido denominado "Portal Corporativo PSOE".
Los agentes se llevaron también siete agendas físicas de Zapatero correspondientes a los años 2019 a 2025, siete agendas con inicial, carpetas con facturas y documentos de Análisis Relevante, Gate, Thinking Heads, ChinaLink, Kreab y Focus Social Research —empresas que según los informes policiales figuran entre los pagadores del expresidente—, dos pen drives y los teléfonos de ambas empleadas.
El juez Calama acepta la petición de Zapatero y le cita a declarar los días 17 y 18 de junio
En la caja fuerte del despacho del jefe de gabinete se hallaron joyas que Alcázar identificó como pertenecientes a Zapatero y su esposa, cuyo valor se desconoce —a pesar de las especulaciones publicadas en algunos medios—, y que el entorno del expresidente valora entre los 30.000 y los 50.000 euros, situando su origen en “herencias y regalos”. El despacho personal de Zapatero, según el acta, no contenía nada de interés para la investigación.
En la sede de Whathefav, donde se personaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa, los agentes recogieron facturas, contratos, nueve buzones de correo corporativo y, entre otros documentos, un contrato entre Huawei Technologies España y Whathefav fechado en octubre de 2020.
Todo el material está ahora pendiente de análisis. Mientras tanto, Zapatero tendrá ocasión de dar su versión: convocado inicialmente para el 2 de junio, su declaración como investigado ha sido aplazada al 18 de junio para darle tiempo a leer el extenso sumario.
Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.