El Tribunal Constitucional afrontará el próximo lunes una sesión que se espera eléctrica. En el orden del día, la reforma normativa que impide al caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales. Sobre la mesa, dos posturas enfrentadas. Por un lado, la conservadora, que apuesta por declarar la inconstitucionalidad de la medida. Por otro, la progresista, que defiende avalar los cambios legales aprobados hace ahora dos años. Y, de fondo, más de ocho decenas de puestos en la cúpula judicial pendientes de renovación. Una parálisis en lo más alto del sistema que todo parece indicar que continuará. La mayoría del Constitucional, según las fuentes pulsadas por infoLibre, se inclina en estos momentos por avalar la reforma.
El órgano de gobierno de los jueces lleva prácticamente una década funcionando con una mayoría conservadora. Y desde diciembre de 2018, con el mandato caducado. Una situación de interinidad que, sin embargo, no le impidió hacer nombramientos al más alto nivel de la judicatura durante los primeros dos años en funciones. Al fin y al cabo, no había limitación legal en este sentido. Sin embargo, todo cambió en la primavera de 2021. Entonces, y ante el bloqueo del PP a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial, se decidió reformar la ley para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando opere con el mandato caducado. Desde entonces, las designaciones discrecionales quedaron bloqueadas.
La derecha y la ultraderecha no dudaron en llevar aquella modificación normativa ante el Constitucional alegando, entre otras cuestiones, defectos de forma en la tramitación de la reforma o vulneración del principio de independencia judicial. Serán estos recursos del PP y Vox los que se estudien de forma conjunta el próximo lunes en un pleno monográfico. Se ha optado por esta fórmula dada "la complejidad del asunto y el interés general". Y también por la existencia de dos visiones contrapuestas sobre la legalidad de prohibir los nombramientos discrecionales a un CGPJ en funciones. Una de ellas la encarna César Tolosa, magistrado del llamado bloque conservador. La otra, María Luisa Balaguer, a la que se incluye dentro del sector progresista.
El primero de ellos, ponente en el recurso del PP, plantea declarar la inconstitucionalidad de la reforma. En su proyecto de sentencia, adelantado por El Español, Tolosa, expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, defiende que la modificación legal no se puede considerar "respetuosa" con el artículo 122 de la Ley Fundamental, el que hace referencia al órgano de gobierno de los jueces, por cuanto se ha "despojado" al mismo de "sus funciones esenciales". Y, del mismo modo, recuerda los problemas que la reforma está planteando en el funcionamiento normal de los tribunales, lo que "repercute inevitablemente en la función jurisdiccional y en las exigencias de tutela judicial efectiva de los justiciables".
Balaguer, ponente en el recurso de Vox, plantea, sin embargo, rechazar el mismo avalando la reforma. En su ponencia, la magistrada señala que la Constitución "deja al legislador" un margen de actuación "lo suficientemente amplio" como para que sea posible desarrollar el artículo 122 de la Constitución. Por eso, considera que "nada se opone" a que el "legislador orgánico" pueda establecer "el régimen jurídico" para un Consejo en funciones. Es más, señala que la suspensión de determinadas funciones "actúa como garantía de la independencia" del CGPJ frente a las Cámaras, privando a éstas "del interés que podrían llegar a tener en mantener en activo al Consejo cesante".
Las fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que la mayoría del Tribunal Constitucional, de tendencia progresista desde su renovación a comienzos de año, se inclina por esta segunda tesis. p, aseguran esas mismas fuentes. Una decisión que mantendría, por tanto, en "Lo más probable es que se avale la reforma", señalan esas mismas fuentes.
En el debate participarán, en principio, todos los magistrados. También los que formaron parte de algún modo del Ejecutivo durante la pasada legislatura. "Ninguno ha sido recusado ni nadie ha dudado de su imparcialidad", dicen las fuentes jurídicas pulsadas. En este sentido, además, recuerdan que el magistrado y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "se ha abstenido" en aquellos recursos referidos a leyes presentadas por el Gobierno, pero no en aquellas leyes "aprobadas a instancias de los grupos parlamentarios", como ocurre en este caso.
Más de ochenta vacantes
El visto bueno a la reforma mantendría paralizados hasta que se renueve el Consejo General del Poder Judicial –o se vuelva a cambiar de nuevo la ley– decenas de nombramientos que llevan más de dos años pendientes de ser realizados en la cúpula judicial. En concreto, según las cifras facilitadas por el órgano de gobierno de los jueces, en estos momentos hay 83 vacantes a la espera de ser cubiertas.
La situación es delicada, sobre todo, en el Supremo, que tiene un agujero del 30% en su plantilla. En total, el Alto Tribunal está funcionando con 23 magistrados menos: tiene dos puestos por cubrir en la Sala de lo Civil, uno en la de lo Penal, once en la de lo Contencioso-Administrativo, seis en la de lo Social y tres en la de lo Militar. "Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen", señalaba el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín, en la apertura del año judicial.
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Pendiente de cubrir se encuentra, del mismo modo, la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una silla que quedó vacía tras el salto que Concepción Espejel dio al Tribunal Constitucional. En los Tribunales Superiores de Justicia, por su parte, hay otras 35 vacantes pendientes de ser cubiertas, siete de ellas presidencias del órgano judicial –Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y La Rioja– y las restantes presidencias de Sala en los diferentes tribunales. Pendientes de renovar están también los presidentes de 24 Audiencias Provinciales.
Una renovación que no llega
El aval del Constitucional a la reforma, de confirmarse, acabará con cualquier tentación que pudiese existir en la derecha de dejar diseñada la cúpula judicial a su antojo antes de abrirse a cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces. Un Consejo General del Poder Judicial que, desde la jubilación de Rafael Mozo, cuenta con 16 miembros, de los cuales seis pertenecen al llamado sector progresista y diez al conservador. Esta última cifra no es baladí. Equivale, nada menos, a tres quintos del Pleno, que es justamente la mayoría que desde hace años se exige internamente para designar a los altos cargos judiciales –presidentes de Sala y magistrados del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional o máximos responsables de los tribunales superiores de justicia–.
El visto bueno a la reforma, al mismo tiempo, hará más necesaria todavía una renovación del Consejo General del Poder Judicial que ponga fin a una situación que desde los círculos jurídicos califican de "desoladora". Durante el debate de investidura celebrado esta semana, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, planteó la posibilidad de "aprobar la renovación" del órgano de gobierno de los jueces "a la vez que se registra" en la Cámara Baja una propuesta de reforma del modelo de elección "donde los jueces elijan a los jueces y los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales". Mientras, el órgano de gobierno judicial va camino de cumplir cinco años en funciones.
El Tribunal Constitucional afrontará el próximo lunes una sesión que se espera eléctrica. En el orden del día, la reforma normativa que impide al caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales. Sobre la mesa, dos posturas enfrentadas. Por un lado, la conservadora, que apuesta por declarar la inconstitucionalidad de la medida. Por otro, la progresista, que defiende avalar los cambios legales aprobados hace ahora dos años. Y, de fondo, más de ocho decenas de puestos en la cúpula judicial pendientes de renovación. Una parálisis en lo más alto del sistema que todo parece indicar que continuará. La mayoría del Constitucional, según las fuentes pulsadas por infoLibre, se inclina en estos momentos por avalar la reforma.