Más transparencia y menos censura: propuestas de la sociedad civil para combatir la desinformación

La batalla contra la desinformación comienza a librarse a nivel mundial y en buena parte de las instituciones europeas. A pesar de lo que parece un avance evidente, la realidad es que en los últimos años han comenzado a brotar "tendencias fuertemente liberticidas y claramente tecnófobas". Así al menos lo afirma Simona Levi, activista y fundadora de la plataforma Xnet, que este miércoles presentó el informe Fake you, un análisis que pone la mirada sobre el problema de la desinformación, la respuesta global y sus consecuencias. Una situación, describe la activista, "mucho más grave de lo que parece", que sin embargo no está siendo abordada de manera adecuada por los gobiernos.

La organización cree errónea la forma de encarar el problema y critica las cotas a la libertad de expresión que suponen legislaciones como las de Francia o Alemania. Considera que la responsabilidad no debe recaer solamente en las plataformas digitales, sino que se trata de un problema que atañe también a partidos políticos, gobiernos, medios de comunicación y corporaciones de gran alcance, que son, "desde el origen de los tiempos, los grandes productores y viralizadores de fake news y desinformación".

Los autores del informe apuestan por mejorar la transparencia y los sistemas de verificación como herramienta eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Los partidos políticos, sostienen, deben publicar "el origen de la información que se difunde, a quién se dirige, por qué", así como desglosar detalladamente el "coste de sus campañas de comunicación", especialmente en los procesos electorales. Debe existir una "obligación de verificar" siguiendo el modelo del método científico, que ha contado "tradicionalmente con un estricto sistema" al que se suma "el control y la penalización en caso de comprobarse que exista fraude con la información".

En este escenario, se hace igualmente necesario un análisis en torno a la información patrocinada. Para los miembros de la plataforma, resulta fundamental identificar a los "promotores y los amplificadores de comunicaciones de contenido electoral, político o de interés general", pero además sería requisito revelar aspectos relativos al gasto efectuado o los criterios de selección de los destinatarios de la comunicación.

Frente a la legislación que han comenzado a gestar gobiernos de todo el mundo, la plataforma propone la construcción de un "marco normativo que desmantele el negocio de la desinformación, para acabar con la impunidad de los grandes fabricantes" de noticias falsas, en lugar de "acallar las voces críticas y aumentar el control sobre la población", tal y como pretenden los gobiernos mediante los modelos que plantean. Las medidas esbozadas por Xnet son el primer paso de todo un camino que empiezan a recorrer ahora y que, aspiran, tomará forma de proposición de ley para entrar en el Congreso durante la próxima legislatura.

¿Qué es la desinformación?

Y para legislar al respecto, los autores del análisis parten de un debate: la definición de fake news y desinformación. "La desinformación no sólo comprende información falsa, sino que también incluye la elaboración de información inventada que se combina con hechos y prácticas que van mucho más allá de cualquier cosa que se parezca a noticias", explican.

Entre las muchas definiciones que investigadores y expertos han realizado en torno al fenómeno de las noticias falsas, resulta fundamental señalar que muchas de ellas "comparten que debe existir intencionalidad en provocar un daño o sacar un rédito político o económico". No obstante, los autores advierten de la complejidad que entraña medir ese beneficio político o económico. Además, dicen, "los casos de mala praxis sistemática y sistémica no intencionada deben tener un tratamiento correctivo del mismo tipo que el de las noticias intencionadamente falsas, puesto que tienen un impacto similar o superior".

Producto de una profunda reflexión y el análisis de la situación, los investigadores de Xnet entienden que la desinformación incluye información falsa e inexacta o engañosa. "Podemos considerarla una parte mejorable, aunque inherente a la naturaleza humana en su uso de la libertad de expresión que no produce daños públicos masivos y significativos", afirman, para enseguida añadir que éstos "sí se producen cuando los grandes monopolios informativos, políticos y económicos invierten recursos en la creación y viralización de desinformación, tanto offline como online". En este caso, rematan, "se deben combatir proactivamente para salvaguardar los derechos y libertades democráticas comunes".

Y ese combate pasa por "penalizar los pagos y cobros por la emisión y viralización de información sin las debidas garantías de veracidad". Las fake news, relatan, "hacen daño no en comparación con otras informaciones más o menos ciertas, sino cuando tienen un impacto masivo".

El impacto masivo

Aunque con matices y teniendo en cuenta lo voluble del concepto, las noticias falsas no suelen ser inocentes ni brotar de la nada. Al contrario. Aquellos actores categorizados como productores de noticias falsas y desinformación no son sino gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación y corporaciones de gran alcance.

Hablan, los autores del estudio, de casos prácticos de desinformación en el marco de campañas políticas, como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Pero también menciona otro ejemplo mucho más cercano: las campañas de los partidos políticos españoles ante un escenario electoral.

"Nos interesa saber cuánto dinero se invirtió en comunicación en tanto que mecanismo para influir en el debate público y como posible vehículo de información sesgada", explican en el informe, en referencia a las elecciones de 2016. Sin embargo, el gasto de los partidos en las campañas de comunicación incluye únicamente "ítems generales", siendo imposible "saber a qué empresa y servicios van vinculadas las cantidades gastadas". Es imprescindible por ello exigir transparencia real a las formaciones políticas, de manera que sea posible conocer detalladamente a qué va dirigido el gasto en comunicación, especialmente en el marco de un proceso electoral.

En su análisis, los investigadores percibieron que los principales partidos –PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos– experimentaron una importante inyección de seguidores en redes sociales, entre un 10% y un 25% de ellos falsos, con el propósito de generar una "falsa popularidad". La función de estos perfiles, agregan, tiene que ver con la propagación de mensajes manipulados o contribuir a la crispación, es decir, "destruir un ambiente de debate sano".

Legislación europea

¿Y cómo se está respondiendo? Para los autores, "en la casi totalidad de los primeros esbozos de legislación en este sentido, nos encontramos con modelos paternalistas y que abren la puerta a formas complejas de censura". Ponen como ejemplo la legislación francesa, un paquete normativo que habla de propaganda pero "no hace mención alguna a obligaciones de otros agentes más tradicionales de la propaganda", limitándose a difundir "una visión tecnofóbica de la situación". En ese sentido, critican, las principales obligaciones de la norma gala "se dirigen a las plataformas en línea durante los períodos electorales", ignorando así "el hecho de que las plataformas en línea no deben asumir íntegramente el peso de la lucha contra la desinformación, pues esto revierte en dañinas consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión de la ciudadanía".

La ley francesa, censuran, "no presenta un enfoque globalizante que toque a los grandes negociantes de la desinformación", sino que éstos "quedan incólumes y siguen lucrándose a pesar de la censura proteccionista que implementan las plataformas en línea impulsadas por la propia normativa".

Respecto a las iniciativas a nivel europeo, el Gobierno de España ha anunciado recientemente la creación de una Comisión Permanente contra la Desinformación y su participación en el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea, una herramienta contenida en el Plan de Acción contra la Desinformación que la Comisión Europea anunció el diciembre pasado. Para Simona Levi la conclusión es clara: "Hay que hacer movimientos mucho más sencillos sin darle esa narrativa apocalíptica del enemigo externo para recortar libertades", dice en referencia a la amenaza rusa permanentemente en boca de las instituciones europeas. Hay, agrega, que "trabajar en donde está el problema. Y el problema son ellos y los partidos".

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Frente a los modelos propuestos por las instituciones, la plataforma sugiere "más democracia". Si bien el diagnóstico de Xnet es global, la vocación de transformar sus reflexiones en una proposición de ley obliga a la confección de propuestas concretas. La plataforma elabora de esta manera una serie de recomendaciones normativas específicas para el territorio español, atravesadas por dos pilares: la definición de los sujetos implicados en la desinformación y la mejora del régimen de verificación, veracidad y transparencia.

Para los investigadores y activistas, "toda persona física o jurídica –incluidos gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones y marcas– que tenga un poder de alcance de difusión considerable e imperativa" debe estar sometida a un sistema de verificación. Asimismo, escriben, debería ser "fuertemente penalizada la falta de aplicación de protocolos de verificación en los ámbitos profesionales de la comunicación". Además, y para lograr "una mejor información de la ciudadanía, se introducirían una serie de obligaciones de transparencia en línea".

En el terreno de la transparencia quedaría englobada la anterioemente citada obligación de los partidos a la hora de hacer público, de manera detallada, su gasto en campañas de comunicación. Los autores prevén la incorporación de este imperativo en la Ley de Transparencia y no en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, con el fin de esquivar así "la dificultad de la mayoría reforzada que exigen las leyes orgánicas".