Tratado de Libre Comercio

El Tratado de Libre Comercio facilitará la presión de 'lobbies' sobre los Parlamentos de la UE

El TTIP permitirá a las empresas presionar para cambiar leyes nacionales

Las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (TTIP, en sus siglas en inglés) siguen su marcha a paso firme. El pasado mes de febrero se llevó a cabo la octava ronda de negociaciones entre el norteamericano Dan Mullaney y el español Ignacio García Becerro –que representa a la institución comunitaria–, unas conversaciones que siguen provocando polémica por la densa niebla que rodea todo lo relacionado con un acuerdo que, de firmarse, afectaría a casi la mitad del comercio mundial.

"El TTIP es la prioridad número uno de la política comercial de la UE", aseguró el pasado 6 de marzo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Mälmstrom, que no obstante admitió que el acuerdo "ha generado un debate público, primero sobre la falta de transparencia de las negociaciones". No le falta razón: un estricto secreto ha rodeado las conversaciones, hasta el punto de que casi un año después del inicio de las negociaciones –que se iniciaron en julio de 2013– la UE solo había hecho público el mandato con sus objetivos principales para el tratado.

Por ello, la Comisión Europea publicó el pasado mes de febrero varios documentos que recogen su postura sobre temas tan variados como la armonización entre las legislaciones europea y estadounidense –que afecta a sectores como el de los alimentos transgénicos o los productos cosméticos–, la supresión de aranceles comerciales o el polémico "mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados" –ISDS, en sus siglas en inglés–, que plantea la creación de un tribunal en el cual las empresas podrían denunciar a un Estado argumentando que un cambio legislativo es contrario a sus intereses comerciales.

No obstante, los críticos con el TTIP denuncian que esta pretendida transparencia no es sino una capa de maquillaje que pretende aplacar las protestas contra un acuerdo que, consideran, dará un inmenso poder a las multinacionales. "Lo que hay colgado en la web de la Comisión es mera propaganda", asegura Lola Sánchez, diputada de Podemos en el Parlamento Europeo. Y alerta de que, más allá de la polvareda que ha suscitado la posible inclusión del ISDS en el tratado, la última ronda de negociaciones ha estado protagonizada por la irrupción de un mecanismo por el cual las empresas tendrían la capacidad de influir en las legislaciones que les afecten incluso antes de que estas sean aprobadas: el llamado Consejo de Cooperación Regulatoria.

Las empresas podrán influir en las leyes "a priori"

"El ISDS parece que va cayendo por su propio peso", explica la parlamentaria de forma gráfica. Y es que una encuesta pública realizada por la Comisión Europea entre el 27 de marzo y el 13 de julio de 2014, cuyos resultados fueron presentados en enero de este año, reflejó que el 97% de los casi 150.000 ciudadanos que participaron eran contrarios a la inclusión de este tribunal en el TTIP. A ese rechazo se une el que ya han expresado Gobiernos como el alemán, cuya ministra de Medio Ambiente consideró "innecesario" el ISDS, o el francés, que junto al vicecanciller alemán Sigmar Gabriel pidió "examinar todas las opciones de modificación" de este mecanismo una vez conocido el rechazo de la ciudadanía.

Según recogía el informe de la Comisión Europea, buena parte de los votantes en esta encuesta consideraban que el ISDS era "antidemocrático" y, según cuenta Sánchez, la polémica que lo rodea ha provocado que los negociadores se planteen retirarlo del texto, aunque es una decisión que aún no está tomada. "Lo que nos tememos es que sólo haya sido un señuelo", lamenta la eurodiputada. Un cebo que, señala, podría haber servido para ocultar "lo verdaderamente peligroso": el Consejo de Cooperación Regulatoria, un mecanismo que en lugar de permitir a las empresas presentar reclamaciones a posteriori contra una legislación, les posibilitaría influir en las mismas "a priori".

La creación de este mecanismo lleva planteada desde el inicio de las negociaciones, pero no ha sido hasta la publicación de las posiciones defendidas por la UE en la octava ronda de negociaciones cuando se han ofrecido más detalles sobre él. Uno de los documentos publicados por la Comisión Europea hace unas semanas muestra cómo la UE planteó a los EEUU una serie de funciones que, a su juicio, debería tener este Consejo. Y entre ellas se encuentra una no concretada pero que sí se esboza: la que hace referencia a la "preparación técnica de propuestas para la actualización, modificación o adición de medidas sectoriales".

El Consejo expresará su parecer a los Parlamentos

El documento donde se recoge esta postura deja claro que el Consejo de Cooperación Regulatoria "no tendrá el poder de adoptar leyes". Pero Sánchez alerta de que esta restricción tendrá poco valor, ya que el verdadero poder del mecanismo será el de permitir que las multinacionales puedan ejercer presión sobre los órganos legislativos democráticamente elegidos a la hora de redactar y aprobar normas. "El Consejo va a revisar las propuestas legislativas que se hagan en cualquier nivel de Gobierno", y cuando considere que van contra las directrices desreguladoras del TTIP estará facultado para dirigirse al órgano legislativo y proponer modificaciones, señala la eurodiputada.

De la misma opinión es Cuca Hernández, miembro de Attac España y portavoz de la campaña "No al TTIP" que está llevando a cabo esta organización, que señala que este órgano "en principio no podrá modificar leyes, pero va a aconsejar a los Parlamentos a la hora de hacerlas". "Lo mismo que hicieron los mercados con nuestro parlamento cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución", apunta, para posteriormente hacer hincapié en que el coste que tendría la implantación de un mecanismo de estas características sería sufragado por los contribuyentes europeos y estadounidenses.

La UE, según se recoge en el borrador propuesto a los EEUU, plantea que este Consejo esté compuesto por altos funcionarios de ambas partes, si bien junto a ellos podrían sentarse representantes de los grupos de presión, según explica Sánchez, quien asegura que un documento filtrado con anterioridad a la publicación del oficial sí recogía explícitamente la participación de estos colectivos. "En este órgano van a estar funcionarios de lo que ellos llaman 'organismos reguladores', que son la UE y EEUU, y se 'consultará' a las partes interesadas, que es un sinónimo de los lobbies", asegura por su parte Hernández.

En este sentido, la propuesta de la UE plantea que las reuniones anuales de este Consejo –que también tendrá comisiones sectoriales que trabajarán de continuo– contarán con la participación de "una representación equilibrada de empresarios, consumidores, sindicatos, grupos medioambientales y otras asociaciones relevantes de interés público". Por contra, Hernández afirma que la práctica demuestra que las instituciones europeas sólo se reúnen con sindicatos y asociaciones sociales "en el 1% de las ocasiones".

Posiciones divergentes en varios puntos

En cualquier caso, tan sólo es posible conocer la postura negociadora de la UE, y no sólo con respecto a este tema, sino también acerca del resto de puntos que se han abordado en las conversaciones hasta el momento. Sánchez explica que EEUU ha prohibido que su posición se haga pública, por lo que sólo los eurodiputados pueden acceder a los documentos con sus propuestas bajo un compromiso estricto de confidencialidad y durante un tiempo máximo de dos horas; lo que tienen vetado es consultar los acuerdos alcanzados entre ambas partes. Pero sí que afirma que "en algunos puntos la UE tiene una posición mucho más agresiva que los EEUU, y ahí es donde está el juego de póker de las negociaciones".

"En la desregulación de los servicios financieros somos mucho más agresivos nosotros que ellos", abunda la parlamentaria, que señala que las conversaciones sobre la liberalización de la banca se encuentran encalladas porque EEUU es reacio a liberalizar un sector que reguló parcialmente tras el estallido de la crisis en 2008. Ocurre lo contrario con materias como el fracking, donde la legislación europea establece que la empresa interesada en utilizar esta técnica debe demostrar que es inocua para el medio ambiente o para la salud, mientras que la norteamericana apunta que es la Administración quién debe demostrar lo perjudicial de una técnica para vetarla.

Por su parte, Hernández pone como ejemplo de estas diferencias regulatorias la legislación sobre cosméticos, ya que en EEUU "estos productos sólo tienen 10 sustancias prohibidas, y en Europa son 1.372", lo que para la dirigente de Attac podría provocar que los artículos producidos con menos restricciones "invadan el mercado, porque son más baratos". No obstante, la propuesta de la Comisión Europea en este punto aseguraba que "los cosméticos, como cualquier otro producto vendido en la UE, tendrá que cumplir con la ley comunitaria" y era taxativa al aclarar que "ningún acuerdo comercial podrá cambiar eso".

Se podrían perder 600.000 empleos

Los críticos también ponen en duda que el acuerdo vaya a tener efectos beneficiosos en el empleo, como defiende la Comisión Europea, que cifra en diez millones el número de puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente de las exportaciones a EEUU y asegura que el tratado potenciará el comercio con ese país. Sánchez señala que el informe en el que basa la UE estas expectativas parte de una situación económica boyante y no contempla la crisis económica actual, y contrapone a este documento un estudio realizado por Jeronim Capaldo, profesor de la Universidad Tufts, que asegura que la aprobación del TTIP provocaría la destrucción de 600.000 empleos sólo en la UE.

Hernández también cita el estudio de Capaldo, que se basa en el Modelo de Política Global de la ONU, una herramienta para investigar los efectos de determinadas políticas en la economía que la organización pone a disposición de los investigadores. El politólogo critica que los estudios promovidos por la Comisión Europea “se sustentan en gran medida sobre un modelo económico inadecuado”, y señala que el modelo de la ONU le permite “simular el impacto que tendría el TTIP en la economía global en un contexto de prolongada austeridad y bajo crecimiento especialmente en EEUU y la UE”. Su análisis concluye que la firma del tratado en las condiciones que se plantean “llevaría a la desintegración económica de la Unión Europea”.

Y ofrece datos al respecto. Según sus cálculos, el mercado laboral no sólo se vería afectado por la destrucción de 600.000 puestos de trabajo –223.000 en los países del Norte, otros 134.000 en Alemania, 130.000 en Francia y 90.000 en los países del Sur–, sino que los trabajadores también verían reducida sustancialmente su renta: “Francia sería la más perjudicada, con pérdidas de 5.500 euros por trabajador, seguida de los países de Europa del Norte (4.800 euros por trabajador), Reino Unido (4.200 euros por trabajador) y Alemania (3.400 euros por trabajador)”, asegura Capaldo en el resumen ejecutivo de su estudio. Estos descensos redundarían en el aumento del déficit público de los Estados, “empujando a las finanzas públicas cerca, o más allá, de los límites impuestos por el Tratado de Maastricht”, pronostica el investigador.

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