Transparencia

El Congreso se acerca a una regulación de los 'lobbies' tras múltiples intentos fallidos en 39 años

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, junto a sus compañeras Alicia Sánchez-Camacho y Rosa Romero.

La aprobación de la ley de transparencia en la X Legislatura (2011-2015) se saldó sin solventar una de las grandes asignaturas pendientes de los grupos parlamentarios desde 1978: la regulación de los lobbies o grupos de presión. Ahora, con el Partido Popular en minoría, los conservadores han dado el primer paso de la XII Legislatura para la creación de un registro de grupos de interés a través de una breve reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.

La esencia del cambio del régimen de funcionamiento interno de la Cámara baja registrada por el partido que preside Mariano Rajoy es definir a quiénes afecta y la creación de un registro público de carácter obligatorio en el que deben estar inscritos los representantes de estos grupos que quieren tener acceso a los diputados

El compromiso con Ciudadanos

"Aprobar un proyecto de Ley sobre la actuación de los grupos de interés en la Administración española que, entre otros aspectos, incluya la creación de un registro público de lobbies en el que tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir sobre cargos o representantes públicos respecto de la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Impulsar la reforma de los Reglamentos del Congreso y del Senado para regular la relación de los grupos de interés con el Parlamento". Este es el punto 114 de los 150 que integran el pacto de investidura que firmaron el pasado agosto PP y Ciudadanos. 

La iniciativa del PP viene a cumplir el impulso de la reforma en el reglamento del Congreso. Hace unas semanas, el partido de Albert Rivera ya dio pasos en esta dirección incorporando una regulación del lobby que va mucho más allá del ámbito parlamentario. Lo hizo a través de una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que recibió luz verde del Pleno.

La relación entre PP y Ciudadanos no atraviesa ahora su mejor momento, después de que los conservadores admitieran sin reparo que algunos puntos del pacto tenían difícil cumplimiento porque no basta con la suma de los votos de ambos partidos. Respecto a esta iniciativa concreta, los conservadores confían en obtener un amplio apoyo de la Cámara, pese a las reservas iniciales que ven el texto poco ambicioso. Por su parte, la formación liderada por Albert Rivera no tenía, al cierre de esta edición, decidido el sentido del voto, según fuentes del partido consultadas por infoLibre. 

"Vemos la reforma del reglamento positivamente, aunque nuestra ley integral es más amplia y abarca todas las instituciones", señalan desde Ciudadanos.

De salir adelante esta reforma del reglamento, esta sentaría la bases para que el Parlamento se dotase de un instrumento demandado por la práctica totalidad del arco parlamentario desde la I Legislatura. En el registro del Congreso de los Diputados hay rastro de más de una decena de iniciativas –desde reformas del Reglamento a proposiciones de ley pasando por las proposiciones no de ley– encaminadas a dotar de un respaldo legal la actividad de los lobbies.

Enmienda al articulado de la Constitución

El intento más antiguo data de la etapa en la que se estaba redactando la Constitución. El Grupo Popular presentó una enmienda al artículo 77 de la Carta Magna en la que se señalaba que las comisiones parlamentarias podrían recibir delegaciones de grupos de interés siempre y cuando las sesiones tuviesen "carácter público". Además, se abogaba por que fuese una ley orgánica la que regulase a los lobbies. La iniciativa no reunió los apoyos suficientes.

En 1990 fue el Grupo Parlamentario Popular el que lo intentaba de nuevo a través de una proposición no de ley "relativa a la regulación de los despachos que gestionen intereses particulares confluyentes con intereses públicos". Fue aprobada. Pero no pasó de ahí. Las proposiciones no de ley no tienen efecto vinculante.

Dos años después las iniciativas partieron del Centro Democrático y Social (CDS). Corría la IV Legislatura y en el registro del Congreso hay rastro de una proposición de ley [enero de 1993], dos proposiciones no de ley –una en diciembre de 1992 y otra en enero de 1993– y una solicitud de creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Reglamento "para debatir el establecimiento de un registro público de grupos de interés y sus normas de funcionamiento" [enero de 1993]. De todas estas iniciativas, sólo se aprobó "con modificaciones" una de las dos proposiciones no de ley, concretamente la que aludía de forma escueta a la "regulación de los grupos de interés". Veinticuatro años después, sigue siendo una asignatura pendiente.

En abril de 2008, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds retomaba la iniciativa y presentaba dos proposiciones no de Ley, una ante el pleno y otra en Comisión, sobre la "creación de un registro de lobbies o grupos de intereses". Ambas caducaron al término de la IX Legislatura.

La X Legislatura fue muy fructífera en lo que a iniciativas de este tipo se refiere. Pero el éxito de las mismas fue el mismo de siempre: nulo. Se presentaron dos proposiciones no de ley en pleno para la creación de un registro general de grupos de presión, una de CiU y otra de la Izquierda Plural; una proposición no de ley en comisión con el mismo fin, también de la Izquierda Plural. Y dos proposiciones de reforma del Reglamento, firmadas por CiU, sobre la regulación de la actividad de los lobbies.                                                                                                                                               

El texto del PP

Será Alicia Sánchez-Camacho, secretaria primera del Congreso de los Diputados, la que defienda en nombre del PP la propuesta de reforma del reglamento para la regulación de los grupos de interés.

El texto fija que el Congreso dispone de un registro público obligatorio en el que deben inscribirse los representantes de los grupos de interés que mantengan reuniones con diputados "y el personal adscrito a su labor parlamentaria" con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas.  

A estos efectos, la propuesta de reforma de las normas de funcionamiento interno de la Cámara considera "grupo de interés" a "aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros".

De recibir luz verde esta iniciativa, el registro estaría adscrito a la Secretaría General del Congreso de los Diputados y sería este órgano el que apoyaría a la Presidencia de la Cámara en la supervisión de la aplicación de la normativa, la verificación de los datos y, en su caso, la imposición de sanciones.

En el texto, dirigido a la Mesa del Congreso el 24 de febrero, se justifica la medida como una vía para profundizar en la transparencia

Además de aportar su identidad y sus datos de contacto, los interesados en poder acceder al Congreso en representación de determinados intereses deberán cumplir una serie de "normas de conducta" como declarar "los fines que persiguen", no tratar de obtener "información o decisiones de forma deshonesta", no comercializar la documentación que obtengan de sus relaciones con los parlamentarios  o no incitar a los diputados a incumplir el reglamento.

Entre las llamadas "normas de conducta" hay un par de preceptos que afectan al fenómeno de las llamadas "puertas giratorias". Concretamente, los lobbies están obligados a respetar, "cuando empleen a personas que hayan sido cargos públicos o su personal, la obligación que tienen dichas personas de cumplir las normas y las exigencias en materia de confidencialidad e incompatibilidad que les son aplicables". Asimismo, "respetarán toda norma establecida sobre los derechos y las responsabilidades de los antiguos diputados".

Esta iniciativa de los conservadores es bastante similar a una de la brevísima XI Legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y que salió adelante con 329 votos a favor y que caducó con la convocatoria de las elecciones del 26 de junio.

En todo caso, había un elemento que obvia el texto que se someterá al criterio del pleno este martes: "La norma de funcionamiento de los grupos de interés o lobbies –podía leerse en esta iniciativa– regulará también la incorporación de la "huella legislativa" que aporte cada grupo parlamentario a la actividad legislativa". En definitiva, esto permitiría a la opinión pública hacerse una idea de qué actores han intervenido, además de los partidos políticos, en el proceso de la elaboración de las leyes.

El primer registro oficial, el de la CNMC

En las instituciones, la tendencia a la opacidad, a que empiece a conocerse quiénes y por qué intervienen en las decisiones que al final acaban afectando a los ciudadanos la rompió hace un año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la creación de un registro de grupos de interés. A día de hoy, son 358 los inscritos.

En el listado destacan las consultoras, asociaciones de empresarios de múltiples sectores, representantes de los consumidores y también de las industrias farmacéutica y de la construcción. De las grandes del IBEX 35 sólo están presentes Telefónica, Cellnex Telecom y Red Eléctrica de España pese a que el grueso de ellas mantiene una relación constante con el superregulador.

El registro es de carácter voluntario, público y gratuito.

Sólo tres empresas del IBEX figuran en el registro de 'lobbies' de la CNMC un año y medio después de su creación

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