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Corrupción

El Tribunal Supremo anticipa un futuro negro para la trama 'Gürtel' y los procesados del PP

Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa

La sentencia por la que el Tribunal Supremo confirmó este 8 de mayo en su integridad las severas condenas a prisión dictadas por el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) en el primer juicio de la serie Gürtel –el de los contratos valencianos de Fitur y en el que los acusados se negaron a cooperar con la Fiscalía– anticipa un futuro negro para los integrantes de la trama que dirigía Francisco Correa pero también para los imputados del PP en las restantes piezas del caso pendientes de juicio. La sentencia, que obliga en la práctica al ingreso en prisión de la exconsellera valenciana Milagrosa Martínez, confirma la validez de las grabaciones hechas por el exconcejal del PP José Luis Peñas y tumba las esperanzas de las defensas de que las escuchas efectuadas al inicio del caso en prisión por orden de Baltasar Garzón provocasen la nulidad total de la causa.

La difusión de la sentencia coincidió con la última sesión del tercer juicio derivado del caso, el de la financiación del PP valenciano, en el que 13 de los 19 acusados –los tres miembros de la cúpula de Gürtel, nueve empresarios y el antiguo número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa– han admitido que el partido se financió con dinero negro y con facturas falsas. Todos ellos, especialmente los empresarios, para los que está garantizado que pagarán solo una multa sin riesgo de cárcel, han obtenido así una rebaja en la petición de penas de la Fiscalía.

Juristas que representan intereses distintos en la causa coinciden en que al validar los medios de prueba utilizados –que son los mismos en todas las piezas– y derrumbar las esperanzas de nulidad que albergaban las defensas, la resolución del Tribunal Supremo prepara el terreno para nuevas condenas firmes en las siete ramas del tronco común pendientes de juicio, así como en las dos ya juzgadas –la de la llamada Época 1 y la finalizada ayer, ambas en espera de sentencia–. Y prepara el terreno, conceden las fuentes, para presumibles nuevas confesiones. El mayor interrogante en ese capítulo es el de si Correa accederá ahora a cooperar en la pieza de mayor calado político –la de los papeles de Bárcenas o caja B del PP–, cuya instrucción quedó parcialmente reabierta justo después de que él mismo declarase en el juicio de la llamada Época 1 que los interesados en adjudicaciones públicas pagaban mordidas al PP. 

Fuentes consultadas por infoLibre dieron por hecho que Correa "seguirá cooperando" como ya anunció hace un año, justo después de que el TSJ valenciano dictara la sentencia ahora ratificada por el Supremo. Pero no ofrecieron más detalles.

Es una incógnita qué hará su antiguo lugarteniente, Pablo Crespo, cuya defensa no ha adoptado aún una decisión a ese respecto pero que ya ha anunciado que recurrirá de inmediato al Tribunal Constitucional al tiempo que se declara dispuesta a llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En cuanto a Álvaro Pérez, personas que conocen en profundidad al acusado creen que su promesa de no cooperar nunca más con la justicia, promesa con la que cerró este martes el juicio tras hacer uso del turno de última palabra, es fruto de "un calentón" por el mazazo del Supremo.

Conocido popularmente como El Bigotes, Pérez pronunció un desgarrado y enfurecido alegato que en sí mismo constituyó un exponente de la relevancia del fallo dictado por el Supremo. "Estoy triste, tremendamente afectado porque he dejado de creer en la justicia, estoy profundamente dolido y mirando a la fiscal he decidido no volver a colaborar", dijo entre exabruptos. Desolado, Francisco Correa le escuchó sin levantar cabeza salvo para secarse las lágrimas.

Los tres hombres que durante años dirigieron una red de cuya simbiosis con el PP habla un sinfín de pruebas desplegadas en los tres juicios que ya se han celebrado creen que la Fiscalía les ha aplicado una vara de medir distinta, por ejemplo, a la de los empresarios valencianos que han confesado la financiación. Pero por la mañana, la fiscal Miriam Segura, que llevó desde el inicio el caso de la financiación del PP valenciano había lanzado un mensaje que no necesita traducción: "Habría sido muy de agradecer que algunas cosas se contaran en 2010". ¿Habrían sido diferentes las cosas para Correa, Crespo y Pérez si hubiesen cooperado con Anticorrupción desde el inicio? Todo indica que sí. 

¿Y qué ocurrirá con el PP, que se ha salvado de ser procesado porque el Código Penal no preveía la imputación de partidos ni de ninguna persona jurídica durante toda la época en que se localizan los delitos y presuntos delitos examinados ahora por la justicia? Además de en la llamada pieza Época 1, el partido ocupa el papel de partícipe a título lucrativo también en la de los papeles de Bárcenas y en la de los contratos del municipio madrileño de Boadilla.

La incógnita de Bárcenas si su mujer es condenada a prisión

¿Empeorará su situación, aun si es solo en el plano del desprestigio político tras el aviso a navegantes lanzado por el Supremo? Nadie lo sabe aún pero en el horizonte cercano emerge ya un nuevo motivo de preocupación: fuentes conocedoras de cómo funciona la sala de máquinas de la Audiencia Nacional aseguran que la discrepancia entre los jueces que juzgaron la llamada Época 1 de Gürtel afecta directamente a los intereses del extesorero Luis Bárcenas. Y que dos de los tres magistrados –Julio de Diego y José Ricardo de Prada– no solo suman mayoría en cuanto a que el PP sea declarado beneficiario económico de los delitos sino, sobre todo, en lo que concierne a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas.

Ambos, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, abogan por imponerle una pena que implicaría su ingreso en prisión. Para Bárcenas, y en eso coinciden casi todos los juristas involucrados en el caso, salvar a su esposa ha sido siempre la máxima prioridad. Y que por salvarla está dispuesto a lo que resulte necesario. Pero si ninguna renuncia surte efecto, su reacción podría ser imprevisible.

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De momento, la sentencia del Supremo tendrá un efecto práctico casi inmediato: asegurar en la práctica el ingreso en prisión de los 11 condenados, cuyas penas oscilan entre 13 y tres años. 

Francisco Correa (13 años), Pablo Crespo (13 años y tres meses)y Álvaro Pérez (12 años y tres meses) ya estaban encarcelados porque el TSJ valenciano apreció riesgo de fuga y ordenó hace un año la inmediata ejecución de sentencia sin esperar el pronunciamiento del alto tribunal.

Fuera continúan cargos públicos como la exconsejera Milagrosa Martínez, sentenciada a nueve años, o su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, que deberá cumplir seis años. En teoría, les queda una baza para evitar o demorar su encarcelamiento en cuanto el Supremo notifique oficialmente al TSJ valenciano la sentencia: solicitar el indulto y pedir que en tanto se tramita oficialmente quede suspendido su ingreso en prisión. Pero en 2015 e invocando la "repulsa social", el TSJCV ya denegó una solicitud de ese tenor a dos antiguos cargos del PP condenados junto con el exconseller Rafael Blasco.

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