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Bloqueo en el Poder Judicial

Último aviso al PP: el Gobierno lanza su reforma exprés del CGPJ como advertencia ante futuros bloqueos

Los portavoces de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y del PSOE, Adriana Lastra, en rueda de prensa en el Congreso.

Ana Moreno | Yolanda González

Hace poco más de dos semanas que el presidente del Gobierno, desde Bruselas, confirmaba que el Ejecutivo estaba estudiando la fórmula legal para desbloquear la renovación de los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la vista de que el Partido Popular no se movía de su rechazo frontal. En sectores políticos y judiciales, el mensaje de Pedro Sánchez fue interpretado como un ultimátum a Pablo Casado para que diese marcha atrás en su negativa. La confirmación de que el jefe del Ejecutivo iba en serio cuando puso sobre la mesa la posibilidad de un cambio legal para la renovación del órgano de gobierno de los jueces llegó este martes, cuando el PSOE y Unidas Podemos, los dos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, registraron en el Congreso una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial y, además, limita las acciones de este órgano cuando sus miembros se encuentren en funciones.

Los partidos de la derecha han recibido con muchas reservas la iniciativa, igual que la mayoría de asociaciones de jueces. Partido Popular, Vox y Ciudadanos apuestan por recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Mientras, los partidos que integran el Gobierno de coalición confían en lograr la mayoría absoluta necesaria para que esta reforma sea una realidad y se basan en un manifiesto hecho público hace unos días en el que PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canaria, que suman un total de 187 escaños, exigían la renovación de este Poder Judicial en funciones.

La esencia de la reforma del Poder Judicial parte de una interpretación del artículo 122 de la Constitución, que fija lo siguiente: "El CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión". La proposición de ley pretende mantener la exigencia de los tres quintos de las Cámaras para la elección los ocho juristas de reconocido prestigio, y que la elección de los otros doce pueda hacerse por mayoría absoluta.

"Cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial de entre aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título", puede leerse en la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos [aquí, en PDF]. Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".

¿Es esta la única iniciativa que tienen en mente los partidos del Gobierno de coalición para romper con el bloqueo institucional? No. Hace una semana, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, no descartó nuevas modificaciones legislativas para renovar otros órganos como RTVE, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. "Veremos cómo el Partido Popular se va posicionando respecto al resto de instituciones. Pero no descartamos que en caso de que se produzca ese bloqueo activo, ese veto por parte del Partido Popular, trabajemos con los diferentes grupos [políticos]" para acabar con una situación "que está impidiendo el normal funcionamiento de los órganos constitucionales", destacó la también ministra de Hacienda.

Dos años con el mandato caducado

Bajo control conservador, el órgano de gobierno de los jueces lleva desde diciembre de 2018 con un mandato caducado. El proceso naufragó un mes antes, en noviembre de ese mismo año, después de que el candidato del Gobierno socialista y del Partido Popular a presidir el Supremo y el CGPJ, Manuel Marchena, diese un paso atrás al difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo.

Además de este episodio ha habido otro, más reciente en el tiempo, tras el que parecía vislumbrarse un pacto entre los dos partidos con mayor presencia en las Cámaras. A finales de julio, el CGPJ informaba de que había frenado la asignación de cinco plazas tras la "confirmación" de que PSOE y PP habían retomado las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. La buena relación que mantienen el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López, máximo responsable de Justicia en el PP y consejero de este área en la Comunidad de Madrid, hacía pensar en círculos políticos que ambos iban a poder limar asperezas y cerrar un principio de acuerdo. Pero todo fue un espejismo. Desde bien avanzado, el verano la dirección nacional de los conservadores no deja hueco para los matices: no habrá ningún entendimiento con el PSOE en esta materia mientras en el Consejo de Ministros se sienten miembros de Unidas Podemos.

La semana pasada, en una entrevista concedida a EsRadio, el líder del PP admitió que este verano había acuerdo con el Gobierno porqueSánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.

Vista la paralización de las negociaciones y que no parecen cerca de retomarse por la negativa del PP mientras Unidas Podemos esté en el Gobierno, los vocales del CGPJ dieron un golpe sobre la mesa casi sin precedentes y decidieron renovar hace dos semanas, con un amplio consenso pocas veces visto y a pesar de la oposición del ministro Campo, seis plazas clave en el Tribunal Supremo que incluían tres magistrados para lo Penal y tres presidencias de Sala. Esta fue "la gota que colma el vaso" para los socialistas, que anunciaron entonces la propuesta de reforma, aunque entonces no se sabía que su registro en el Congreso se haría tan a corto plazo.

Tramitación rápida: sin informes de los órganos consultivos

La vía escogida por PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley permite una tramitación más rápida que si la iniciativa hubiera partido del Ejecutivo en tanto en cuanto no se requieren los informes previos de los órganos consultivos. "Ambas cuestiones son igualmente legítimas", justificó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si bien, no negó que con esta vía el proceso puede ser más ágil. La idea de los dos partidos es que la reforma pueda estar lista en un par de meses.

En la esfera política, además del rechazo frontal de PP, Vox y Ciudadanos, destacó la advertencia de Íñigo Errejón. En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Más País recordó al Gobierno que se encuentra en "minoría" y remarcó que si pretende sacar adelante una reforma de este tipo debe "negociar" y "cuidar" a las formaciones que le dieron respaldo en la investidura, dado que las mayorías no se activan "solo tocar el silbato". "Los contrapesos en el Estado limitan cuando gobiernas, pero también dan garantías cuando estás en la oposición. Hay que gobernar pensando en que se está de paso. Lo estudiaremos, pero ojo que no sea peor el remedio que la enfermedad", advirtió en su cuenta de Twitter.

Desde el Gobierno insisten en que en las últimas semanas ha habido "contactos discretos" con los grupos parlamentarios y en que los apoyos logrados por el manifiesto les permiten ser optimistas.

La opinión de los jueces

Una "mala" o "imprecisa" redacción de la Constitución, que no deja clara la mayoría para nombrar a los doce vocales judiciales, es lo que juristas consultados por infoLibre consideran que ha facilitado a PSOE y Unidas Podemos a proponer esta reforma como alternativa al bloqueo en el que el PP mantiene la renovación del Poder Judicial. Sin embargo, la mayoría no puede estar más en desacuerdo con la nueva redacción, pues opinan que se corre el riesgo de convertir al CGPJ en correa de transmisión de uno o dos partidos, los que ostenten la mayoría de gobierno en cada momento. La reforma, que había sido planteada por socialistas y morados hace casi dos semanas, ya había generado los primeros resquemores por parte de la mayoría de asociaciones de jueces, pero también de los grupos de la oposición, pero ha sido ahora, cuando se ha registrado vía proposición de ley, cuando las críticas han sido inevitables.

"Inconstitucional", "despropósito" o "contrario a las recomendaciones" que se hacen desde Europa son algunas de las valoraciones que han hecho desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) para definir la reforma propuesta por los partidos que sostienen el Gobierno de coalición. Desde el colectivo mayoritario, afirman que infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta Magna aunque este precepto no sea del todo claro con la mayoría que se requiere para renovar a los doce vocales que plantean PSOE y Unidas Podemos.

Desde la Asociación Europea de Jueces se equipara el texto propuesto por PSOE y Unidas Podemos con la reforma judicial de Polonia, la cual ha llevado a este país a enfrentar sanciones y bloqueos por parte de la UE. Tras mostrar su preocupación por lo que considera un "paso atrás" en España, la organización cree que se ha perdido una oportunidad para reforzar las garantías de independencia de jueces y magistrados.

Fue la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 la que estableció que estos doce vocales, que son elegidos entre los jueces y magistrados españoles, también fueran elegidos por Congreso y Senado, igualmente con mayoría de tres quintos como la Carta Magna dispone para la elección de los ocho vocales salidos de entre juristas de reconocido prestigio y un mínimo de quince años de experiencia. La norma fue recurrida entonces por Alianza Popular, pero el Tribunal Constitucional dio el visto bueno al texto puesto que mantenía la filosofía de la Carta Magna de una mayoría cualificada para la elección de los vocales.

Así, expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre no están seguros de que el nuevo texto que han presentado PSOE y Unidas Podemos pueda considerarse estrictamente inconstitucional, si bien remarcan que cambiar los tres quintos por mayoría absoluta corrompe de alguna manera el espíritu con el que se redactó la Constitución, la cual, según explican, se hizo pensando en que fuesen los propios jueces los que eligieran a sus doce vocales.

Fuese cual fuese el sentido con el que los constitucionalistas de 1978 redactaron la Carta Magna, juristas subrayan que lo que sí que no es constitucional es mantener bloqueada la renovación de un órgano como el CGPJ durante casi dos años. Así, aunque no ven muy "saludable" para el Estado de Derecho rebajar las mayorías para la independencia del Poder Judicial, tampoco lo es lo que está haciendo el PP de bloquear la renovación.

No todo son críticas a la reforma del PSOE y Unidas Podemos. Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la asociación progresista, son de la opinión de que lo más adecuado sería que el Poder Judicial se renovara con la ley actual, pero ven "lógico" que el Gobierno quiera tener un plan alternativo dada la nula intención del PP de desbloquear la situación.

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Algunos juristas ven en el texto del PSOE y Unidas Podemos una estrategia de presión –más por la parte socialista– para que los conservadores acepten de una vez sentarse a negociar y pactar una nueva composición del CGPJ que sustituya a la actual, que fue elegida en 2013, esto es, con un Congreso y un Senado muy distintos a los actuales, pues en ambas Cámaras se imponía la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. Ahora, el Parlamento es bien distinto y el reparto de escaños, mucho más plural.

De ahí que los últimos nombramientos realizados por el Poder Judicial que todavía preside Carlos Lesmes hayan sido tan criticados desde ciertos sectores políticos, que no ven al órgano de gobierno legitimado para nombrar a magistrados en plazas tan clave como las renovadas hace dos semanas en el Tribunal Supremo. El CGPJ tiene pendientes otros 25 nombramientos, entre ellos diez presidencias de audiencias provinciales, otras cuatro de tribunales superiores de justicia, así como un buen número de presidencias de sala en distintos órganos judiciales repartidos por toda España.

Algunos de estos procesos están en fase de calificación, aunque la mayoría se encuentran muy avanzados, de modo que desde el órgano de gobierno de los jueces no se descarta que algunos sean llevados al próximo Pleno, a finales de octubre, para su designación definitiva. Son estos nombramientos por una institución en funciones lo que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos quiere evitar facilitando que la mayoría de la investidura lleve adelante la renovación del CGPJ que está pendiente desde hace dos años.

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