Carlos Lesmes

Demasiado honor para los numantinos que prefirieron morir matándose antes que entregarse a los imperiales romanos, y demasiada desvergüenza para quienes juran y perjuran en nombre de una Constitución que sus mayores no apoyaron.

"La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico", ha reivindicado.

El vicesecretario de Comunicación conservador, Pablo Montesinos, afirma que "las cartas están encima de la mesa y boca arriba" y ha añadido que el Ejecutivo no puede dedicarse a "acusar al PP de bloqueo".

Lesmes ha explicado que se trata de una "prerrogativa del poder político", a su juicio "libérrima en cuanto a su concesión, si bien controlable judicialmente aunque de forma limitada".

Sólo los ocho vocales que lo proponían han votado a favor, mientras que los trece restantes se han opuesto. El Pleno también rechaza acudir al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad.

Lesmes se muestra en contra de acudir al Constitucional y así lo ha transmitido a todos los vocales. La mayoría de miembros del órgano de gobierno de los jueces tiene serias dudas sobre esta iniciativa o se muestra en contra.

La reforma impulsada por el Gobierno impide que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

Los vocales han sacado adelante en más de dos años de interinidad 86 designaaciones, entre ellas veinticinco presidencias de audiencias provinciales, diez de tribunales superiores de justicia y en la Audiencia Nacional, además de presidencias de sala y plazas en tribunales militares. 

De las ocho plazas que había en agenda, el órgano de gobierno de los jueces ha optado por retirar dos del orden del día que tratarán de retomar en el Pleno de marzo. Los seis nombramientos realizados no han reunido el consenso visto en los últimos meses.

La mayoría de vocales descarta dimitir ante el nuevo fracaso de las negociaciones para su renovación y seguirán adelante con su agenda. El órgano de gobierno de los jueces asignará este jueves ocho plazas de forma discrecional antes de que entre en vigor la norma que se lo limitará.

En pocos días, el Consejo ha pasado de apartarse como gesto a los avances para desbloquear su renovación, a la posibilidad de seguir con su agenda al margen del nuevo clima político. Los vocales tienen un Pleno esta semana que no saben cómo terminará, a la espera de que se concrete un posible acuerdo entre el Gobierno y el PP.

El presidente Lesmes estaba obligado a rectificar al habérselo solicitado por escrito cinco o más miembros del Consejo. Se trata de tres plazas del Supremo, dos de presidencias de TSJ y dos de audiencias provinciales.

Los nombramientos previstos no se realizarán por coherencia a las decisiones adoptadas ya en enero y julio del año pasado cuando también parecía que habría de forma inminente un acuerdo para renovar a los vocales de la institución.

Al ser ocho los vocales que lo solicitan, consideran que el presidente está obligado a recuperar el debate de la asignación de estas plazas. Defienden que ha de ser el Consejo en sesión plenaria, y no el presidente, el que debe decidir si es el momento oportuno de votar o no la designación de estos puestos en órganos judiciales. Lesmes no ha agendado los nombramientos por coherencia con las decisiones de enero y julio de 2020, cuando también parecía que habría acuerdo para la renovación.

En el órgano de gobierno de los jueces no tienen claro que las plazas se vayan a asignar ante la posibilidad de un acuerdo para la renovación después de los mensajes lanzados desde La Moncloa, donde advierten un cambio en el líder del PP. Carmen Calvo confía en que el desbloqueo sea "inminente", pese a que las condiciones de los conservadores siguen siendo las mismas que el primer día.

En un escrito, recuerda al presidente del CGPJ que José Luis Concepción que existe un sistema de sanciones previstas en la ley. A su juicio, el magistrado ha rebasado en "numerosas" ocasiones sus competencias y se ha extralimitado en sus deberes como presidente del TSJ.

Una vocal del CGPJ designada a propuesta de IU va a pedir a Lesmes la apertura de un expediente disciplinario por decir que "la democracia se pone en solfa cuando el Partido Comunista está en el Gobierno". El CGPJ ya le exigió "moderación, prudencia y mesura" en 2020.

Tres plazas en el Supremo, otras tres en TSJ y dos en audiencias provinciales podrían ser renovadas a finales de febrero. La reforma de la Ley del Poder Judicial verá previsiblemente la luz en marzo, imposibilitando al órgano de gobierno de los jueces a llevar al Pleno de ese mes más designaciones discrecionales. Los vocales han llevado a cabo 71 nombramientos de este tipo desde que caducó su mandato a finales de 2018.

Cinco vocales progresistas recuerdan que en los últimos años ha habido varias reformas que afectaban al órgano o al trabajo de los jueces sobre las que no emitieron informe. Destacan la modificación de la ley Gallardón, que cambiaba el estatuto de los vocales o el régimen de mayorías del Consejo.

El órgano aprobó el jueves una resolución, con el apoyo de 16 de sus 21 vocales, en la que instaba al Congreso de los Diputados a pedir opinión al Consejo de Europa sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) planteada por PSOE y Podemos.

La decisión ha sido respaldada por dieciséis de los veintiún miembros del órgano de gobierno de los jueces, tanto conservadores como progresistas. Instan también a la Cámara Baja a recabar la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y a oír a asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas. Cinco miembros del organismo habían planteado la dimisión de todos los vocales, pero esta opción no ha salido adelante.

Argumentan que la ley no les impide seguir ejerciendo sus funciones aunque su mandato esté caducado. Reivindican la legitimidad de las últimas 14 plazas asignadas, aunque los hay que plantean reformas para limitar los poderes de un Consejo en interinidad. 

Una declaración institucional, un informe sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial y hasta un conflicto de atribuciones son fórmulas que plantean algunos vocales.

PSOE y Unidas Podemos registran una proposición de ley que permite sortear la negativa de Pablo Casado a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Los socios de gobierno creen que podría estar en vigor en dos meses. Las tres derechas apuestan por recurrir ante el Constitucional una iniciativa que ha generado el rechazo frontal de la mayoría del sector judicial.