Carlos Lesmes

El presidente del Supremo y del CGPJ ultima una respuesta al Congreso sobre las propuestas de resolución a la memoria de las actividades de este organismo correspondiente a 2016. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzga a 12 líderes políticos independentistas por el procés catalán.

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid debate este lunes una iniciativa para que los ocho juzgados de refuerzo de lo Social resuelvan a partir de enero sólo demandas de despido, 75 al mes, en menos de 90 días cada una.

De los 79 magistrados que componen actualmente el alto tribunal, 15 son mujeres.

La resolución tilda de "inopinado y radical" el criterio de aquellos magistrados que fallaron en favor de los clientes. Once de los 28 jueces emiten o avalan duros votos discrepantes.

El mensaje del portavoz del PP presumiendo de que el partido controlaría a través de Marchena el juicio del 'procés' y la renuncia del magistrado reavivan la indignación en el ámbito jurídico.

El nombramiento de los magistrados del alto tribunal, así como el de los presidentes de los TSJ autonómicos y de las Audiencias Provinciales tiene carácter discrecional. Y lo realiza el Consejo General del Poder Judicial, cuyos integrantes acceden al cargo en aplicación de cuotas políticas.

Juristas que estuvieron destinados en el alto tribunal subrayan lo inédito del comportamiento del presidente de la Sala de lo Contencioso, que ha sumido a la institución en una grave crisis. El presidente del Supremo también elude asumir responsabilidades.

Una parte de la judicatura exige la renuncia del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y del magistrado Luis Díez-Picazo, por su gestión en el tema del impuesto hipotecario. 

Aseguran que la sentencia arroja "dudas razonables" sobre la independencia del Alto Tribuna. Se quejan de la politización en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

En su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras". Asegura que la postura de los magistrados que fallaron a favor de los bancos "es plenamente legítima".

El pleno de la Sala de lo Contencioso, completamente dividido, adopta la decisión por 15 votos a 13.

Faltan tres jueces de lo Contencioso. Uno tiene familia en Rivas, cuyos litigios analiza el pleno. Otro, ausente "por viaje", da clases en el centro universitario de la banca al igual que hizo el presidente de la sala, que sí participa en la sesión. El tercero, que pertenece a la Junta Electoral, está centrado en los comicios andaluces.

La carta fue remitida dos días antes de que Sunyer falleciese. Lesmes le transmite su admiración por la labor del magistrado investigando el referéndum del 1-O.

El Tribunal respalda de forma rotunda la decisión de Díez-Picazo y afirma que no existe prevaricación porque "no cabe duda alguna" de su competencia para elevar como hizo el asunto al Pleno.

El máximo responsable del Supremo trata de desactivar la grave crisis de confianza en el tribunal desatada por Luis María Díez-Picazo, de quien hasta ahora era su gran valedor. 

El presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Luis María Díez-Picazo, tenía compatibilidad desde 2011 para impartir clases en Cunef. Mantuvo su actividad docente hasta junio de 2017, dos años después de verse aupado con el voto de los vocales del CGPJ afines al PP en una decisión rodeada de polémica.

El presidente del alto tribunal ha hecho pública una nota para aclarar que la sentencia dictada "es firme y no susceptible de revisión", aunque los 31 magistrados que componen el pleno de lo Contencioso decidirán sobre si es el banco o el cliente quien debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La Junta Electoral de la judicatura y el CGPJ, ambos controlados por el sector conservador, aplican una interpretación de la ley contraria a José Ricardo de Prada para excluirle como aspirante a una vocalía.