Los nombramientos de Lesmes aceleran una reforma de la renovación del Poder Judicial: "Son la gota que colma el vaso"

"Son la gota que colma el vaso". Así se referían este jueves, en conversación con infoLibre, fuentes del Partido Socialista preguntadas por el hecho de que el día anterior el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mandato caducado, hubiese renovado seis puestos clave en el Supremo. Un movimiento que hace caso omiso a los mensajes del Gobierno y de los partidos que lo apoyan en el Congreso. Unos nombramientos que aceleran una reforma del Poder Judicial para que doce de sus miembros puedan ser elegidos por mayoría absoluta y no de tres quintos, y que podría incluso tener unos efectos retroactivos que conllevarían que estos nombramientos en el órgano que preside Carlos Lesmes no fuesen confirmados. Según ha podido saber este diario de fuentes de la parte negociadora de Unidas Podemos, el de la retroactividad está siendo uno de los aspectos más complejos y discutidos de esta reforma cuyo principal objetivo es superar el bloqueo del Partido Popular de Pablo Casado a la renovación del CGPJ.

Los partidos integrantes de la coalición de Gobierno llevan meses hablando de cambios legales que permitan renovar el Poder Judicial sin los conservadores. En un principio, la buena relación que mantienen el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López, máximo responsable de Justicia en el PP y consejero de este área en la Comunidad de Madrid, hacían pensar que ambos iban a poder limar asperezas y cerrar un principio de acuerdo. Pero desde bien avanzado el verano la dirección nacional de los conservadores no deja hueco para los matices: no habrá ningún entendimiento con el PSOE en esta materia mientras en el Consejo de Ministros se sienten miembros de Unidas Podemos.

Desde Unidas Podemos han venido proponiendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la que se precisa mayoría absoluta. La esencia de esta reforma sería hacer una nueva interpretación del artículo 122 de la Constitución. 

"El CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión", reza el citado artículo.

La idea sería mantener la exigencia de los tres quintos de las Cámaras para la elección los ocho juristas de reconocido prestigio, y que la elección de los otros doce pudiera hacerse por mayoría absoluta.

Las reservas iniciales del PSOE

Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones consultadas por este diario mantienen que, en principio, el sector socialista del Gobierno era reacio a abordar esa posible reforma por lo brusco del cambio tras décadas del funcionamiento vigente. Estas dudas coincidían, cuentan en Unidas Podemos, con un momento en el que en el PSOE se había extendido la tesis de que habría acuerdo con el principal partido de la oposición. Esta tesis se veía reforzada por el hecho de que el CGPJ hubiese paralizado, a finales de julio, la asignación de cinco plazas tras la "confirmación" de que PSOE y PP habían las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

En sectores del partido morado existe el convencimiento de que Carlos Lesmes había filtrado los avances en las negociaciones para frustrarlas. Tampoco sumó a favor del acuerdo la situación interna del Partido Popular. De hecho, una de las razones que esgrimió la ya exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados para su destitución fue su oposición a un entendimiento entre PP y PSOE para la renovación del poder judicial. Unas negociaciones que desde Génova desmintieron tajantemente. Esto nos sitúa ya a finales de agosto, cuando el equipo negociador de Podemos ubican como "línea roja" los nombramientos, inicialmente previstos para el 23 de septiembre y que Lesmes retrasó hasta este miércoles después de las tensiones de la semana pasada por la ausencia del rey en la entrega de despachos de nuevos jueces en Barcelona.

Si había dudas de que Lesmes fuese a atreverse a efectuar nombramientos con un CGPJ caducado estas se han disipado esta semana. Las advertencias del ministro de Justicia cayeron en saco roto: "Rabiosamente no: el órgano de gobierno de los jueces no debe hacer nombramientos antes de ser renovado". Este era el titular de la entrevista que Campo concedió a infoLibre y que fue publicada el 5 de julio. Este es el contexto en el que el PSOE y la Moncloa han acelerado las negociaciones para estudiar la citada posible reforma. Se articularía vía proposición de ley.

De momento, el bloque de la investidura está unido a la hora de urgir la renovación de este órgano en funciones. El pasado domingo, 27 de septiembre, fuerzas parlamentarias que suman 187 escaños suscribieron un comunicado en el que reclamaban al resto de grupos que cesasen "en su actitud de bloqueo". El documento llevaba la firma de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canaria. Los grupos que apoyaron la investidura, salvo EH Bildu, ya han sido sondeados sobre esta reforma y, en principio, la acogida es favorable según las fuentes consultadas. 

La ambición "máxima" y la retroactividad

En el partido morado reconocen que su ambición "máxima", además de la elección de esos 12 jueces por mayoría absoluta y no de tres quintos, es que el CGPJ cese desde el mismo momento en el que se cumple su mandato, como ocurre en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto implicaría que mientras sus miembros estén en funciones, es decir, mientras no sean relevados, su actuación sólo podría circunscribirse a cuestiones burocráticas o de expedientes de la inspección judicial. Cualquier otro asunto urgente o de mayor relevancia sería trasladado al Ministerio de Justicia.

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"Tenemos que estudiar bien las opciones y límites que tenemos", valoran por su parte fuentes socialistas.

El de la retroactividad es uno de los elementos más complejos y discutidos en la comisión de negociación de PSOE y Unidas Podemos que tiene entre manos este asunto. Se están estudiando las posibilidades legales de que el CGPJ elegido ya con la reforma en la que se trabaja tenga en sus manos la posibilidad de tomar algunas decisiones de carácter retroactivo. Sobre todo, las relacionadas con los nombramientos realizados por el CGPJ ya caducado. En la práctica, que el nuevo órgano de gobierno de los jueces tuviese en sus manos no ratificar las designaciones de Lesmes. Eso sí, las sentencias dictadas por la nueva Sala Segunda del Tribunal Supremo serían inamovibles. 

Unidas Podemos ha propuesto llevar los últimos nombramientos del CGPJ caducado al Tribunal Constitucional planteando un conflicto competencial. Pero los socialistas no se han pronunciado y los morados, por sí solos, carecen de suficientes escaños para hacerlo.