El último choque entre ERC y el Gobierno por Netflix deja en el aire los Presupuestos

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en una rueda de prensa. en el Congreso.

A falta de los últimos trámites parlamentarios, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado parecía, hasta hace unas pocas horas, pantalla pasada. Pero este miércoles uno de los socios parlamentarios clave del Gobierno ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa. ERC amenaza ahora con tumbar las cuentas después de que el ministerio de Economía informase de que el acuerdo para blindar la producción en lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera tendrá un impacto mucho menor al esperado. 

Desde el gabinete de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se había trasladado en las últimas horas que la cuota del 6% de producción en lenguas cooficiales pactada con ERC no tendría validez en el caso de plataformas como Netflix, HBO o Amazon por tener su sede social fuera de España. “Hay directivas europeas que así lo regulan”, explican desde el equipo de Calviño. Para los republicanos los términos de la nueva ley audiovisual y la promoción de la lengua catalana habían supuesto “una línea roja” durante toda la negociación presupuestaria y uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Acuerdo que finalmente se alcanzó fijando esa cuota mínima del 6% de la producción en lenguas cooficiales tal y como proponía ERC, descartando la vía preferida por el PSOE de incentivar económica o fiscalmente a esas empresas. 

Ahora, los republicanos se toman las matizaciones de Economía como una “tomadura de pelo” que no están dispuestos a tragarse. El incendio ha ido creciendo a tal nivel con el paso de las horas que el Gobierno se ha visto obligado a convocar una reunión de urgencia y al máximo nivel a última hora de este miércoles. En ese encuentro, celebrado en el Congreso y con algunas intervenciones desde Cataluña por vía telemática, participaron figuras como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el portavoz socialista, Héctor Gómez, el portavoz de ERC, Gabriel Rufían y otros dirigentes republicanos como Marta Vilalta o Josep María Jové. 

Según fuentes conocedoras de ese encuentro, esa reunión se ha desarrollado en "términos muy constructivos y en tono conciliador". Ambas partes, según esas mismas fuentes, han podido constatar que existen "diferencias en la interpretación de los textos pactados". La principal diferencia está "en el alcance de lo acordado, en si plataformas que no tienen su sede en España como Netflix, HBO o Amazon también se ven afectadas por las cuotas pactadas", explican en el Gobierno. A partir de ahora, PSOE y ERC se han emplazado a seguir reuniéndose a partir de este jueves para "encontrar una solución lo antes posible, cuanto antes mejor". Esa negociación será "de carácter político y técnico", y se encargarán informes jurídicos que acrediten si, tal y como exige ERC, toda plataforma que lleve a cabo producciones en España está obligada a cubrir esa cuota el 6% o, como sostiene el Gobierno, la nueva ley audiovisual solo tendría alcance para las empresa españolas, como Movistar o Filmin. En la Moncloa confían, a pesar de todo, en que este choque con sus socios catalanes no implique complicación alguna para la aprobación de los Presupuestos: "La idea es que no vuelvan del Senado y que esto quede resuelto cuanto antes", explican desde el Ejecutivo.

El futuro de las cuentas

Hay quien en el Gobierno se toma las amenazas de ERC como una “mera gesticulación de cara a los suyos”, aunque la preocupación ha ido en aumento respecto a la posibilidad de que este enfrentamiento suponga entorpecer la aprobación de los Presupuestos. Fuentes parlamentarias de Esquerra admitían este miércoles que aunque “no se descarta el veto a los Presupuestos” la intención es poder reconducir la situación. Eso sí, esas mismas fuentes señalaban la posibilidad de poner trabas a la tramitación en el Senado para provocar que las cuentas vuelvan al Congreso para introducir nuevas enmiendas. Los republicanos han mantenido reuniones “técnicas” en las últimas horas con representantes del Gobierno con la idea de apagar el incendio en público. “Lo mejor es que algunas voces se callen”, aseguran fuentes de ERC que no ocultan su profundo malestar por la información procedente del ministerio de Economía. 

Mientras, en Unidas Podemos también se muestran críticos. No entienden que un asunto tan sensible para ERC se haya abordado en plena tramitación de los Presupuestos y, además, arremeten duramente que el PSOE no les haya tenido en cuenta en la negociación: “Sorprende que el PSOE haya decidido negociar la ley audiovisual con ERC, que es un partido de la oposición, pero aún no lo haya hecho con nosotros, que somos socios de Gobierno”, decía Jaume Asens desde el Congreso visiblemente molesto. Asens ha asegurado incluso que su grupo está “más cerca del no que del sí” en la votación de la nueva ley audiovisual.

Hay quien interpreta una intencionalidad política por parte de Nadia Calviño en el intento de matización del acuerdo alcanzado con ERC. La vicepresidenta económica ya ha expuesto en varias ocasiones que la intención del Gobierno es la de consolidar un “hub audiovisual” en España de la mano de las grandes productoras audiovisuales a nivel nacional e internacional. Desde ese punto de vista, el aviso de que plataformas como Netflix, HBO o Amazon estarían exentas de cumplir con la cuota de producción en lenguas cooficiales podría ser interpretado como un gesto del Ejecutivo a estas empresas para poder contar con ellas en ese proyecto. 

En cualquier caso, nadie oculta que esa postura del Ministerio de Economía ha provocado un incendio político con ERC en un momento muy delicado, con los Presupuestos Generales del Estado apalabrados pero aún pendientes de su tramitación en Senado y, llegado el caso, en segunda vuelta en el Congreso. La intención tanto del Gobierno como de ERC es la de “acercar posturas” en su reunión de este miércoles y seguir negociando en los próximos días el alcance de un acuerdo que, en principio, obligaba a las plataformas audiovisuales a producir el 6% de sus contenidos en lenguas como la catalana, el euskera o el gallego. 

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