Valerio recurre la nulidad de su nombramiento al frente del Consejo de Estado como paso previo a la batalla en el TC
Magdalena Valerio da la batalla en los tribunales. Los abogados de la presidenta del Consejo de Estado han planteado ya un recurso de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que a finales de noviembre anuló su designación como máxima responsable del órgano consultivo a instancias de la Fundación Hay Derecho. En el escrito, presentado a título particular por Valerio y no como presidenta del Consejo de Estado, sus letrados consideran que el fallo ha vulnerado hasta cinco derechos fundamentales, entre ellos el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Y cuestionan la legitimación de la citada institución para impugnar el nombramiento. Este movimiento, que también ha llevado a cabo la propia Abogacía del Estado, tal y como desveló infoLibre, es el paso previo a una más que previsible batalla en el Constitucional.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal tumbó su designación como presidenta del Consejo de Estado al considerar que Valerio no cumplía con uno de los dos requisitos que exige la ley para acceder al cargo: ser jurista de reconocido prestigio. "La notoria y sobresaliente trayectoria [...] sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio", consideraron los magistrados. En este sentido, resaltaron que del "curriculum" de la exministra no se podía deducir "la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido". Y poco importa, en este sentido, que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se pronunciase a favor del nombramiento de Valerio.
Ahora, mes y medio después, la dirigente socialista ha planteado un recurso de nulidad de actuaciones contra ese fallo. En su escrito, señalan que el mismo vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, al honor, al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, a la tutela judicial efectiva y a un proceso judicial con todas las garantías. Además, se cuestiona la legitimación de la Fundación Hay Derecho para impugnar la designación. Así, recuerdan que en el Supremo son "mucho más numerosos" los ejemplos de inadmisión que los de admisión de este tipo de recursos y que las inadmisiones de legitimación suelen afectar, precisamente, a actos de nombramiento discrecional impugnados por fundaciones o asociaciones "de fines genéricos y difusos".
En este sentido, señalan que la Audiencia Nacional ya rechazó en noviembre de 2022, apoyándose sobre varios autos y un par de sentencias del Alto Tribunal, la legitimación de la citada fundación en un caso relativo a la impugnación del nombramiento de un consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El recurso, además, discute el pronunciamiento del Supremo sobre la ausencia de reconocido prestigio señalando que los magistrados no han concretado las razones por las que se llega a la citada conclusión.
El recurso de nulidad de actuaciones presentado a título personal por la exministra se suma al que ya planteó a mediados de diciembre la Abogacía del Estado. Aquel escrito, desvelado por este diario, exigía a la Sala de lo Contencioso que dictara una nueva sentencia en la que "con reparación y restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados" se declare "la inadmisión" de la impugnación de Hay Derecho. Y acusaba al Alto Tribunal de haber vulnerado con su decisión el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque la fundación no estaba legitimada para interponer recurso, ya que ni la Ley de Fundaciones ni la que regula el territorio contencioso-administrativo permiten que alguien pueda interponer recurso contra una decisión que no le afecte, beneficie o perjudique de forma directa.
Tras la notificación de la sentencia del Supremo, el Gobierno disponía de dos meses para ejecutar el fallo. El plazo concluye a finales de este mes. Y, por el momento, no ha habido ningún movimiento más allá de los pasos dados por los servicios jurídicos del Estado y la exministra en los tribunales. Unos recursos de nulidad de actuaciones que en el entorno de Valerio sitúan como el paso previo antes de dar la batalla en el Tribunal Constitucional.
