Justicia

Víctimas del robo de bebés confían en que el primer juicio abra una vía para impedir que se archiven otros casos

Víctimas del robo de bebés se manifiestan en Andalucía.

Inés Madrigal es la primera persona que ha conseguido llevar a juicio un supuesto caso de robo de bebés en España. Este martes se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el ginecólogo Eduardo Vela, de 85 años, para quien la Fiscalía pide once años de prisión por supuestamente haber participado en la sustracción a su madre biológica de una niña nacida en 1969 en la Clínica San Ramón de Madrid y de haberla entregado a una mujer estéril de 46 años, a quien recomendó fingir un embarazo con cojines. Vela fue la mano derecha de la fallecida Sor María, la monja que murió en 2013 cuatro días después de ser citada a declarar por otro caso similar. 

Esa niña es Madrigal, que en 2010 comenzó a investigar su pasado tras leer un artículo sobre robo de menores en el mismo centro sanitario en el que ella había nacido. El proceso que ha derivado en la apertura de juicio se inició en 2011, con la presentación ante la Fiscalía General del Estado de una denuncia para la que fue clave la generosidad de la mujer que acabó reconociendo que no era su madre biológica y que le contó lo que le había dicho el doctor Vela para darle una niña. 

El caso de Madrigal no es relevante sólo por el hecho de haber sido el primero que ha prosperado en los tribunales. Lo es porque la Audiencia Provincial de Madrid ha marcado un criterio distinto del expresado por otros juzgados respecto a un hecho clave para la investigación de estos sucesos: la prescripción de los supuestos delitos cometidos, que es una de las principales causas de archivo de los centenares de denuncias presentadas, según explica a infoLibre Enrique Vila, abogado especializado en robo de bebés.

La mayoría de denuncias se basan en la supuesta comisión de los delitos de suposición de parto, falsedad en documento público, sustracción de menores y alteración de estado civil. Pues bien, los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid rechazaron una solicitud de archivo presentada por el doctor Vela por caducidad del delito bajo el argumento de que cuando existe falsificación en la alteración de estado civil, por ejemplo, a través de una partida de nacimiento falsificada, ese delito no prescribe porque "con independencia del momento en que se consuma, se realiza durante todo el tiempo en que la conducta delictiva se mantiene", según el contenido textual del auto que avanzó la Cadena Ser.  

Eso sí, para ello esta doctrina tendría que consolidarse en el Tribunal Supremo, lo que sí daría pie a la reapertura de los centenares de casos que han sido archivados por prescripción de los hechos denunciados, según detalla el abogado Vila. En varias entrevistas que ha dado en los últimos días, Madrigal también se ha mostrado esperanzada en que este juicio sirva para sentar una jurisprudencia que "pase por encima de la prescripción" y consiga que "muchas denuncias congeladas salgan adelante".

Precedente

Este enfoque podría sentar un precedente esperanzador para las víctimas del robo de bebés, que se enfrentan a procesos arduos y anómalos, dado que algunos de los centros denunciados ni siquiera existen y muchos de los profesionales implicados han fallecido. Se han denunciado centenares de supuestos casos que datan desde los años cuarenta hasta casi el siglo XXI y las denuncias archivadas rondan las 2.000, según datos de los colectivos de afectados.

Las víctimas insisten en que su objetivo no es ver a los responsables en la cárcel o que les indemnicen, sino saber la verdad y lo que ocurrió con sus seres queridos. "No hay dinero en el mundo para pagar lo que nos han hecho", dice Adelina Ruiz, que busca a sus hijas gemelas nacidas el 11 de diciembre de 1980 en la Maternidad de Barcelona. Ella presentó una denuncia que fue archivada por falta de pruebas y porque el médico denunciado había fallecido. Ahora preside la asociación SOS Bebés Robados Catalunya.

"Las vi nacer y me durmieron. Al despertar, me dijeron que ambas habían fallecido, que las habían llevado a Madrid para investigar qué había ocurrido y que recibiríamos un informe médico que nunca llegó. Tampoco vimos sus cuerpos. Me dijeron que una está enterrada en una fosa común en el cementerio de Montjuïc. De la otra, nada. Pero no hay quién se crea esa versión", señala en conversación telefónica con este diario. 

En una situación similar está Luna García, que busca a su hermana, que nació en 1972 en el Hospital General de Castellón a los ocho meses de gestación. Asegura que pocas horas después del parto una monja le dijo a su madre que la pequeña había fallecido. En 2012, cuando sospechó que podría tratarse de un caso de bebé robado, pidió su historial en el centro sanitario, pero no constaba como registrada. Su sospecha es que ya fue dada de alta con la identidad de su familia falsa. Además, ningún miembro de la familia vio el cadáver a pesar de que tenían un seguro de enterramiento que no pudieron utilizar porque el hospital, supuestamente, se encargó de todo. 

Reivindicaciones 

El movimiento cívico a favor de la investigación del robo de bebés lleva más de diez años intentando arrojar luz sobre estos casos. En septiembre de 2011 la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) pidió a los grupos parlamentarios la creación de una comisión que contribuyera a esclarecer las adopciones irregulares de niños robados en España entre los años cuarenta y noventa. Esa comisión nunca se llegó a formar, aunque por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso sí han pasado en los últimos años de este supuesto comercio de seres humanos que se dio en las maternidades españolas desde los años cuarenta hasta casi el siglo XXI.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy dio un paso para facilitar las investigaciones a través de la creación de una oficinaque tiene como principal herramienta una base de datos que permite a los afectados que se apunten a solicitar la documentación registral a disposición de la Administración (expedientes sanitarios, datos registrales, etc...) que pueda ayudar a aclarar sus casos. Al acceder a este servicio, los interesados prestan el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto y que así se pueda proceder a un cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios.

No obstante, las víctimas denuncian que ha tenido muy poco recorrido. "Esa oficina es un paripé. Nos estamos encontrando con que, en la mayoría de las ocasiones nos dicen que los documentos no existen o no los encuentran. Hace falta una ley que propicie que policías y jueces investiguen y que se crucen los datos", dice Ruiz. García, por su parte, añade que también es necesario un banco de datos gratuito de toxicología en donde se hagan pruebas fiables de ADN. 

Por otro lado, insisten en que cinco años después de la puesta en marcha de la oficina del Ministerio de Justicia sigue sin darse cumplimiento a otra de sus principales reivindicaciones: poder "chequear" los libros de nacimientos y de defunciones de los hospitales sin necesidad de que haya una denuncia por la vía penal.

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