Victoria Rosell: "El ingreso mínimo vital permite salir de la pobreza, pero también que las mujeres salgan de la violencia"

A principios de enero, su nombre saltaba a la noticia: Victoria Rosell, nueva delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Tomaba las riendas del organismo con no pocos retos por delante: abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, dar cumplimiento a las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, en esencia, desarrollar políticas públicas que no dejasen a ninguna víctima atrás. Estar a la altura de lo que un movimiento feminista especialmente fortalecido llevaba tiempo reclamando en las calles.

El desafío se ha visto atravesado por la excepcionalidad de una pandemia global que afecta a toda la población en su conjunto, pero que de hecho se ensaña con especial fiereza con las víctimas de violencia machista. En los últimos meses, la delegada ha trabajado en un escenario inédito para dar respuesta a las mujeres en situación de riesgo y hacer de sus vidas un espacio libre de violencia. Sobre los detalles del trayecto y sobre las perspectivas de futuro habla, al otro lado de la pantalla, en esta entrevista con infoLibre, que se realizó este viernes, antes del presunto asesinato machista ocurrido el sábado en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

PREGUNTA: En noviembre de 2019 la ONU determinó, a través de un informe, que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. ¿Qué implica esto en una situación de confinamiento?

RESPUESTA: La propia OMS denominó pandemia a la violencia contra las mujeres en el caso de las víctimas de violencia de género, es una pandemia sobre otra pandemia y hay que adoptar medidas adicionales para que esta norma general de confinamiento, que es segura para otros sectores de población, lo sea también para las mujeres por este plus de riesgo que supone estar encerradas 24 horas al día con su victimario en un mismo espacio. Con ese diagnóstico compartido realizamos desde el primer día las modificaciones que nos han llevado al plan de contingencia.

P: ¿Qué dimensión ha cobrado la violencia psicológica o de control?

R: Tenemos datos relativos al incremento de llamadas de ayuda, pero sobre todo respecto a los medios de consulta silenciosos. Son 1.061 llamadas en abril y un incremento de hasta el 586% en el chat del propio 016. Todo ello indica un incremento en esa violencia psicológica y de control. Por otro lado, aunque ahora empiece a descender el nivel de consulta, que sería lógico con las fases de desescalada, esto no nos puede llevar a bajar la guardia. La violencia de control puede tener un riesgo de repunte grande en el momento en que las mujeres recuperen un poco de libertad, porque la percepción del agresor de pérdida de control puede ser mayor o incluso desproporcionada.

P: Precisamente los expertos advierten de las consecuencias que puede traer la vuelta a la normalidad para las víctimas de violencia machista. ¿Hay alguna medida prevista para evitar este posible brote?

R: Tenemos en marcha una nueva campaña que se está difundiendo en medios de comunicación y algunos supermercados. Esta campaña de sensibilización y concienciación es una de las medidas que se va a estar difundiendo hasta la primera semana de junio. Aparte de esto, para la desescalada tenemos planes no sólo propios sino también propuestas a otros departamentos ministeriales. Estoy convencida de que hay que preparar en justicia unos espacios seguros para blindar las garantías de las víctimas, como estar acompañadas, respetando las medidas de distancia social. Mi propuesta sería poder declarar desde otros espacios, sean las oficinas de atención a las víctimas o espacios de servicios sociales, donde las mujeres estén acompañadas y asistidas por personas especializada. Esta propuesta tiene que ver con la presentación de denuncias y el proceso judicial, pero también hay que tener en cuenta que en nuestro país, donde acuden a denunciar menos de un 30% de las víctimas, es importante adoptar medidas proactivas desde administraciones que no son la nuestra, como la sanitaria o los servicios sociales. Mi propuesta es que tanto desde atención primaria como desde urgencias u obstetricia se incluya la detección de la violencia con preguntas adecuadas. Y sugiero a las demás administraciones esta proactividad, también desde Educación, desde Trabajo y las demás administraciones. Mi obligación es proponer políticas públicas contra la violencia de género que sean transversales.

"Tres millones de mujeres no verbalizan la violencia. Ahí es donde queremos hacer incidencia".

La verdad es que, por deformación profesional, pensé enseguida en Justicia para proponer herramientas de buen trato a las víctimas. Pero en este país de las cinco millones de mujeres que han sufrido violencia de género a lo largo de su vida, 893.000 han denunciado en policía o juzgado, mientras que 1.165.000 han acudido a su servicio de salud y 400.000 a servicios sociales. El resultado es que unas tres millones no lo verbalizan a nadie. Ahí es donde queremos hacer incidencia con nuestras campañas, en la importancia de las terceras personas, en todo aquel que sospeche o conozca un caso de violencia de género. Tenemos que romper con la dinámica de que se trata de algo privado, cuando ya hace quince años que decidimos que era un problema público con la ley de 2004. Que sea algo público quiere decir que podemos denunciar y que hacerlo es un deber ciudadano.

P: Un estudio refleja que las mujeres con hijos tardan más años en denunciar porque el miedo por su seguridad las paraliza. ¿Qué medidas convendría poner en marcha para mitigar ese miedo?estudio

R: Efectivamente las mujeres con hijos mayores tienen una media de verbalización de su violencia de quince años y medio. Con todo, aún así tenemos que aguantar los bulos de las denuncias falsas, cuando la media es quince años y medio soportando maltrato. La solución pasa por las denuncias de terceros. Cuando sepas o sospeches que hay un delito tienes obligación de denunciar, lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, para nosotras lo que puede romper ese círculo de violencia por el cual no se denuncia, y menos cuando se tienen cargas familiares, es la autonomía económica y la alternativa habitacional. De ahí la importancia del ingreso mínimo vital, que es histórico. Porque no se trata sólo de salir de la pobreza, sino también de salir de la violencia. Las víctimas tienen un plus de vulnerabilidad que no se puede dejar de atender. En mis 22 años en la jurisdicción penal he visto que la mujer lo que más repite en un juzgado es: he venido porque no podía aguantar más. Para que no tengan que aguantar es esencial la independencia económica.

P: El Ministerio de Igualdad ha desarrollado un paquete de medidas dirigido a las víctimas de trata y mujeres en contexto de prostitución. ¿Es la prostitución una forma de violencia de género?

R: Sin entrar en debates teóricos, lo que hemos hecho ha sido abordar este asunto acudiendo a la práctica y a la enorme experiencia que nos dan las entidades especializadas. Tanto en lo que respecta a la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, como dándonos cuenta también de que había mujeres en situación de prostitución en máxima vulnerabilidad por el confinamiento. Nos encontramos un día con una orden del Ministerio de Sanidad que ordenaba el cierre de hostales, hoteles y clubes, entonces nos saltan las alarmas respecto a las mujeres que pierden su medio de vida y su residencia. Nos ponemos inmediatamente en contacto con la policía, con el Ministerio de Interior, y una de las medidas inmediatas es que esa policía que acuerda el cierre si se encuentra con mujeres contacte con las entidades especializadas para que les den atención y protección. Después, en el Foro Social contra la Trata consensuamos un modelo de certificación, por lo que como víctimas de violencia de género tendrán acceso a las ayudas de vivienda y al ingreso mínimo vital.

P: El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre de 2017, pero una de las críticas habituales desde las organizaciones feministas es que ha podido ser un brindis al sol. ¿Comparte esa opinión?

R: El Pacto de Estado nace en 2017, pero inmediatamente después de nacer se le pone a dormir en un cajón, hasta el Gobierno que surge de la moción de censura. Se adoptan las primeras medidas en verano de 2018. Doy la razón a quienes dicen que no debe quedarse en papel mojado y por eso es cierto que hay que institucionalizar el pacto. Hay que hacer que todas las políticas contra la violencia de género atraviesen a todo lo demás. Son políticas prioritarias, pero el pacto tiene que ser un compromiso global y permanente de todas las administraciones, tiene que impregnar todos los ámbitos institucionales, gobierne quien gobierne. Eso es lo que significa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, en la Delegación ha habido un control del seguimiento muy artesanal. Ahora estamos muy avanzadas en una aplicación informática que permita el seguimiento del pacto, que sea obligatorio para todas las entidades y nos sirva para sacar adelante la información y el control del pacto.

P: Recientemente se han incluido a las espadísticas oficiales aquellas víctimas de violencia de género fuera de la pareja o expareja. El Pacto de Estado insta también a un seguimiento de víctimas colaterales, ¿se ha avanzado en ese sentido?víctimas colaterales

R: Aún no te puedo dar cifras, pero estamos incluyendo en las estadísticas los femicidios y feminicidios, víctimas relacionadas, otro tipo de violencia, pero también no sólo las víctimas asesinadas, sino las heridas graves que han pasado 24 horas o más en atención hospitalaria. Esto lo inició ya el equipo anterior, pero son unos números muy importantes y es un cumplimiento normativo: hay que atender a todas las formas de violencias machistas. Es muy importante trabajar con cifras y estudios reales, muy rigurosos, y estamos recabando cifras muy importantes más allá de la pareja o expareja.

P: La igualdad continúa siendo una asignatura pendiente en la esfera judicial. ¿Qué valor tiene para usted la especialización de los operadores jurídicos?

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R: Sin duda la formación especializada en género es esencial para terminar con este enorme problema. Yo estoy empeñada en coordinar formación estratégica no sólo en judicatura, fiscalía y abogacía, sino también, permitiéndome soñar, en toda la función pública y el ámbito privado. La única vacuna es la educación y la formación, debería abarcar a todos los espacios.

P: En las últimas semanas se han intensificado los ataques al 8M por parte de ciertos sectores. El movimiento feminista de base ha respondido, pero ¿cuál debería ser la respuesta por parte del feminismo institucional?

R: Desde el feminismo se ha respondido. El 8M es la verdadera base y fuerza de esa manifestación, que no es una manifestación institucional, ni está convocada ni autorizada por el Estado. Las mismas derechas retrógradas que reclaman para sí mismas el derecho a la manifestación, a la cacerolada, en tiempo de pandemia declarada, reclaman sin embargo que se hubiera denegado el derecho constitucional de manifestación sin estado de alarma y sin pandemia declarada. Hasta este punto llega su incoherencia y su persecución al feminismo. Desde el punto de vista jurídico creo que habría sido bastante más dudoso jurídicamente la actuación de algún delegado del Gobierno que hubiera denegado la posibilidad de cualquiera de los actos masivos a puerta cerrada o al aire libre que se desarrollaron durante aquel fin de semana. Pensar que con los datos que tenemos ahora hubiéramos alentado la participación en una manifestación feminista es inhumano. Es poner en primer plano argumentos de absoluto bulo. Nos hace daño, pero no resiste un mínimo análisis racional.