La sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares se ha convertido esta semana en un plató de televisión. Un ir y venir de cámaras y micrófonos que respondía al enorme interés mediático –y también político– del caso Kitchen, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas y que pudiera comprometer aún más al partido en la causa Gürtel. Es solo una de las múltiples derivadas del llamado caso Tándem. Una hidra judicial que, casi nueve años después de su arranque, no ha tenido el impacto que se esperaba. El principal investigado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, no ha sido castigado con la severidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba. Y los mandamases del Ibex han sido capaces, al menos por ahora, de salir indemnes.
El estallido del caso, que arrancó a finales de 2017 con la detención de quien ha sido cara visible de las cloacas, provocó un auténtico terremoto en las altas esferas del Estado. En el registro de su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y en las oficinas de su empresa Cenyt en la Torre Picasso de Madrid, los investigadores se toparon con cantidades ingentes de material. Grabaciones y documentos que, casi una década después, han terminado por conformar una macrocausa con cerca de medio centenar de piezas separadas. En la mayoría de casos, cada carpeta se centra en un encargo privado al comisario relacionado con el espionaje o la inteligencia. Sin embargo, hay también otras instrumentales, una suerte de cajones de sastre donde se acumulan, por ejemplo, los audios que se van filtrando a los medios.
Una docena de piezas ya han sido o están siendo enjuiciadas. La última que quedó vista para sentencia fue Dina, que versaba sobre la filtración a periodistas de información contenida en un teléfono móvil robado a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. Y en junio se pondrá punto y final a Kitchen, cuya vista oral arrancó el pasado lunes. Sin embargo, solo se ha emitido sentencia en diez de esas carpetas: Iron, Land, Pintor, Joly, Wine, Saving, Marbella, Grass, Pinto y King. Salvo en la última, en todas las demás se sentaba en el banquillo de los acusados el comisario jubilado. Y aunque las acusaciones pedían para él un total de 180 años de prisión, Villarejo ha salido con condenas que, a día de hoy y con recursos aún pendientes de resolver, suman 16 años y un día.
Rebajas de condena en 'Iron', 'Land' o 'July'
Las tres primeras piezas se enjuiciaron juntas. La primera se centraba en la contratación del comisario retirado por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para obtener información de un despacho de la competencia. La segunda trataba sobre la guerra familiar de los herederos del promotor inmobiliario que levantó la urbanización de lujo La Finca. Y la tercera giraba alrededor del mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, para recabar información de un antiguo socio y su abogado que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción pidió al finalizar el juicio algo más de ochenta años para el comisario jubilado. Pero el tribunal le acabó imponiendo una pena de 19 años. Los magistrados le absolvieron del delito de cohecho al entender que aunque quien le contrataba conocía que era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, "no fue esa en ningún caso la razón del porqué se le contrató". Y le condenaron por revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Una pena que, sin embargo, luego sería rebajada en apelación hasta los 13 años al tumbarse también el delito de falsedad documental que se le había atribuido.
A esta condena se le suma la de la pieza July, centrada en la investigación por encargo del grupo Planeta a uno de los árbitros del laudo que tenía con Kiss FM. El Ministerio Público solicitaba para el comisario jubilado seis años y medio de cárcel por cohecho y falsedad en documento mercantil. Pero, al final, la pena se quedó en tres años y un día por el primero de los delitos. Junto a él, fue condenado el policía Antonio Giménez Raso. Villarejo trató en apelación de tumbar el cohecho alegando que no estaba probado que se sirviera de su condición de policía en activo para ejecutar los hechos. Pero la Sala lo mantuvo al entender que el comisario consumó el delito en el momento en que ofreció sus labores policiales de forma extraoficial, "prometiendo incluso métodos ilícitos", como consulta de bases de datos oficiales.
Absuelto en otros cinco juicios
Son las únicas penas de Tándem que, en este momento, penden sobre su cabeza. En el resto ha logrado la absolución. Ocurrió con el supuesto encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto, en el que Anticorrupción había decidido no acusar al apreciar falta de indicios. O con Grass, centrada en el supuesto encargo que le hizo un empresario para obtener información de su exsuegro en un proceso concursal, y Saving, que giraba en torno a un empresario que quería recuperar 100 millones invertidos en Martinsa. Libre de polvo y paja salió, también, de la pieza sobre el encargo de una vecina de Marbella que mantenía un conflicto urbanístico con un empresario. O del proyecto Wine.
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Esta última pieza versaba sobre los trabajos realizados para Repsol y Caixabank a fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero. En un primer momento, Villarejo fue condenado a ocho años por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, fue absuelto en apelación por prescripción. La Sala reconocía que el plazo de caducidad para este tipo penal sería de diez años si el mismo estuviera conectado con el de cohecho. Sin embargo, al haber sido absuelto el comisario jubilado de este último delito, habría que regresar a la prescripción original de cinco años del descubrimiento y revelación de secretos, que en este caso ya se habría cumplido cuando arrancó la investigación.
Ni Brufau, ni Fainé, ni Sánchez-Galán
En el banquillo se sentaron también tres exresponsables de Seguridad de las compañías. Sin embargo, ninguno fue condenado a pesar de los intentos de Anticorrupción. E indemnes salieron también el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, para quienes se archivó el caso antes de llegar a juicio. Unas absoluciones que también se produjeron en el caso que salpicaba a Planeta, del que salieron libres de polvo y paja el responsable jurídico y el jefe de Seguridad del grupo. Ambos se libraron del cohecho porque el tribunal entendió que aunque debían conocer la condición de policía de Villarejo, no había quedado probado que supieran que estaba en activo.
Durante estos casi nueve años también se han archivado las piezas que salpicaban a Mutua Madrileña o al Grupo San José por falta de pruebas o por ausencia de hechos que pudieran considerarse delictivos. Sí que irán a juicio, sin embargo, los encargos al excomisario realizados desde Iberdrola, si bien este caso solo afecta a su exdirector de Seguridad –la investigación contra su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, se archivó igualmente por prescripción–. Y también los del BBVA. En este caso, sí se sentará en el banquillo todo un peso pesado de la compañía: su expresidente Francisco González, para quien Anticorrupción solicita 173 años de cárcel –y más de 180 millones de multa para el banco–.
La sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares se ha convertido esta semana en un plató de televisión. Un ir y venir de cámaras y micrófonos que respondía al enorme interés mediático –y también político– del caso Kitchen, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas y que pudiera comprometer aún más al partido en la causa Gürtel. Es solo una de las múltiples derivadas del llamado caso Tándem. Una hidra judicial que, casi nueve años después de su arranque, no ha tenido el impacto que se esperaba. El principal investigado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, no ha sido castigado con la severidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba. Y los mandamases del Ibex han sido capaces, al menos por ahora, de salir indemnes.