Vox copa un tercio de las donaciones privadas a los partidos pero no permite identificar a los donantes

La fiscalización de las cuentas de los partidos políticos en los ejercicios 2018 y 2019 ha colocado a Vox en la diana de las sospechas. En su informe [pincha aquí para acceder al documento], el Tribunal de Cuentas (TCU) dibuja un escenario contable opaco que, esquivando la Ley de Financiación de Partidos, no permite conocer el origen de los elevados ingresos privados obtenidos por la formación ultraderechista al margen de las subvenciones públicas y donde ocupan un lugar relevante las entradas de dinero en metálico.

A tenor de los balances de los 32 partidos fiscalizados y cuyos datos esenciales reproduce el informe a lo largo de sus 946 páginas, Vox recibió en 2019 un tercio (el 33,017%) del total de donaciones de personas ajenas a cada organización: 4.739.263,54 euros en total. Lo que el partido de la extrema derecha contabilizó como entregado por personas físicas se cifra en 1.564.800,21 euros. Eso significa más de cuatro veces de lo que por esa vía –donaciones privadas distintas por completo a las cuotas de afiliados y las aportaciones de cargos públicos– ingresaron los dos grandes partidos: PP (282.676 euros) y PSOE (275.616,67).

En buena parte y tal como subraya el TCU, las entradas de fondos en efectivo se introducen bajo la membrana del partido a través de cajeros automáticos y mediante importes inferiores a 300 euros, “umbral de identificación obligatoria” de quien efectúa el ingreso, recuerda el informe. No es la primera vez que las cuentas de Vox aparecen envueltas en sombras: en 2019, el diario El País accedió a las donaciones secretas que había recibido el partido desde su creación hasta las elecciones europeas de 2014. Según aquella información, fue el exilio iraní el que proporcionó un millón de euros al nuevo partido.

Ahora, el TCU avisa en su informe de que el partido que lidera Santiago Abascal ha podido incurrir en infracciones susceptibles de sanción, lo que ahora estudiará en un proceso donde se investigarán en profundidad todos los episodios sujetos a duda y en el que Vox deberá exponer números y argumentos.

La exhaustividad de la auditoría pública sobre las cuentas de Vox en los dos ejercicios citados contrasta con el corto alcance de la investigación del tribunal sobre Disenso, fundación oficial del partido, presidida también por Santiago Abascal y a la que, como publicó infoLibre en enero, el partido engrasa cada año con dos millones de euros que una vez conocidas las cuentas de 2022 suman ya siete millones. Fuentes del TCU confirmaron este lunes que a diferencia de lo que sucede con los partidos, la ley no permite examinar el listado de proveedores privados –el llamado modelo 347– con los que contratan servicios, material, arrendamientos o cualquier otro trabajo las fundaciones partidarias. Esa limitación conduce a una situación contradictoria: porque bajo ese prisma, no puede ser en la práctica objeto de auditoría pública la misma Disenso a la que de forma inédita en la política española Vox ya ha derivado siete millones en su mayoría procedentes de subvenciones públicas.

La ausencia de la relación de donaciones privadas

Disenso pasa de largo junto a la lupa de un examen donde se afianza una afirmación grave para Vox: en el informe del TCU –y respecto a la información específica que preceptúa como obligatoria la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP)–, las memorias de las cuentas anuales de Vox “no incluyen la relación de donaciones privadas prevista”. El artículo de la LOFPP que cita el Tribunal de Cuentas es el 14.3. Y lo que ese punto dice resulta inequívoco: la memoria anual de un partido debe incluir las donaciones de cualquier tipo –dinero o inmuebles o servicios– “recibidas de personas físicas con referencia concreta, en cada una de ellas, de los elementos que permitan identificar al donante y señalar el importe del capital recibido”.

En 2018 y 2019, relata en otro párrafo el TCU, se han apreciado ingresos en cajeros automáticos, por importes de 20.601,04 euros y 311.947,05 euros respecto de los que, "si bien han sido registrados como actividades promocionales, existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”. "La formación –abunda el informe en otro momento– no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales ni las de participaciones de lotería, por lo que existe una limitación al alcance ya que no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos".

En sus alegaciones, Vox sostiene que la relación de donaciones ya figura en uno de los formularios tributarios que debe entregarse a Hacienda, el 182. Pero el tribunal entiende que es en la memoria anual donde la confusión y, por ejemplo, los “importes agrupados” para cada mes dificultan identificar la procedencia de ciertas entradas de dinero. En nota a pie de página, el Tribunal asesta un golpe a Vox cuando, tras recordar que Vox aduce que dispone del detalle de tales importes agregados, afirma que “dichos registros no han sido aportados al tribunal ni durante la fiscalización ni en el trámite de las alegaciones”.

"Cajas no registradas en contabilidad"

De la lectura completa del informe se infiere que el máximo organismo fiscalizador pone el foco en los ingresos en metálico que Vox asegura tener por la venta de productos con el sello del partido en las llamadas “mesas informativas”. “Se deduce –avisa el TCU– la existencia de cajas no registradas en contabilidad correspondientes a las entradas en efectivo que se producen en las denominadas ‘mesas informativas’ de la formación, sin que este tribunal tenga constancia de que dicho efectivo corresponda a la venta de artículos promocionales”. Según Vox –lo dice en sus alegaciones– “al no existir cajas provinciales, los organizadores que recaudan el efectivo de las mesas informativas meramente custodian el dinero hasta el ingreso en efectivo en el banco”.

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El informe destaca “la ausencia de controles en la venta de productos promocionales, al no disponer la formación de registros auxiliares que aporten información precisa acerca del número de productos vendidos en cada punto de venta, del coste de los mismos, del precio de venta aplicado y del beneficio procedente de las ventas realizadas”.

En sus alegaciones, donde firma como gerente el histórico Juan José Aizcorbe, diputado al Congreso, Vox replica que “se ha aportado información sobre los artículos vendidos, precios,  ingresos” y que en fase de “auditoría se presentó el detalle, producto a producto y provincia a provincia, de los ingresos por material promociona registrados durante el ejercicio 2019”.