Vox se prepara para tomar el relevo a Ciudadanos como socio del PP en municipios y comunidades

El espacio político a la derecha del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, disputado por PP, Ciudadanos y Vox, estaba más poblado que el actual. Y las expectativas de unos y de otros eran bien diferentes de las que tienen ahora, a un año de volver a las urnas para renovar las corporaciones locales y actualizar la composición de doce parlamentos autonómicos (todos menos los de Galicia, Euskadi, Cataluña, Castilla y León y Andalucía).

Entonces la estrella emergente era Ciudadanos. De la mano de su líder, Albert Rivera, habían obtenido en las generales celebradas un mes antes un espectacular 15,86%, apenas 0,8 puntos menos que el PP. En votos, los naranjas se quedaron a 219.000 de los conservadores.

Con un Casado cuestionado desde dentro y desde fuera —el PP pasó en aquellas elecciones de 137 a 66 escaños—, Rivera se permitió el lujo de autoproclamarse líder de hecho de la posición. Y desde ese puesto confirmó su decisión de no llegar a acuerdo alguno con Pedro Sánchez. Ni en la investidura, lo que a la postre contribuyó a forzar la repetición electoral de noviembre de ese 2019, ni en las formación de mayorías de gobierno en muchos ayuntamientos y sobre todo en las Comunidades Autónomas donde el PSOE fue la fuerza más votada y estaba en riesgo la continuidad del PP al frente de gobiernos que llevaba ocupando décadas.

Ciudadanos entregó al PP, a cambio de asumir por primera vez responsabilidades de gobierno, las presidencias de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Murcia (Fernando López Miras) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), confirmando así su preferencia por la derecha que unos meses antes había revelado al pactar en la Junta de Andalucía. Lo mismo sucedió en el emblemático Ayuntamiento de Madrid.

En 2019 consiguieron 2.786 concejales. Cuatro años antes, en los comicios celebrados en 2015, cuando el partido comenzaba a tejer su estructura municipal, habían sido solamente 1.516. No lograron superar al PP en ninguna autonomía y sólo lo consiguieron, de entre todas las grandes ciudades, en Gijón.

La estrategia de Rivera se convirtió en un estrepitoso fracaso. Los electores le abandonaron en las elecciones generales de noviembre de 2019 (cayó de 57 a 13 escaños) y el PP diseñó una operación de desestabilización interna de Ciudadanos para quedarse con su espacio político que culminó, tras el fallido intento de los naranjas de sacar adelante una moción de censura con ayuda del PSOE en la Región de Murcia, con la ruptura de ese gobierno y de los de Madrid y Castilla y León. 

Vox releva a Ciudadanos

Ciudadanos es hoy una formación agonizante. Las encuestas sólo dudan sobre el escenario final: si el año que viene tendrá lugar su desaparición definitiva o su transformación en una fuerza política testimonial. Y su lugar como socio preferente del PP lo ocupa Vox.

La extrema derecha, que en 2018 y 2019 se quedó fuera de los gobiernos locales y autonómicos del PP en parte por empeño de Ciudadanos, cambió de estrategia el pasado otoño. Con encuestas que les sitúan en torno al 15% de los votos —en las horas más bajas del PP han llegado a rozar el 20%— son ellos quienes como hacía Rivera se autoproclaman la verdadera oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Quieren gobernar. Han comenzado a hacerlo en Castilla y León, donde el PP ha cedido a todas su exigencias con tal de evitar una repetición electoral en pleno enfrentamiento interno a cuenta de las comisiones cobradas de la Comunidad de Madrid por el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y se preparan para hacerlo en Andalucía.

La hoja de ruta trazada por los de Santiago Abascal pasa por seguir creciendo de aquí a las elecciones del 28 de mayo de 2023. Y eso, especialmente en lo que a las municipales se refiere, les obliga a dedicar los próximos doce meses a construir una mínima infrastructura en el mayor número de ayuntamientos posible.

El empeño de la extrema derecha es utilizar Castilla y León y Andalucía como laboratorios en las que demostrar dos cosas. Primero, que la colaboración con el PP es viable y que los elementos más radicales de su programa no son un obstáculo. Segundo, para probar a sus electores que son capaces de defender desde posiciones de gobierno, no solamente desde la oposición, las ideas con las que han sido capaces de atraer casi cuatro millones de votos. 

Pero sin olvidar sus prioridades, que siempre son el núcleo de sus campañas electorales. Porque Abascal no oculta que, en todo caso, municipales y autonómicas son sólo una meta volante en su camino hacia un premio mayor: alcanzar la Moncloa con ayuda del PP.

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Hace tres años consiguieron colocar su discurso reaccionario en siete cámaras autonómicas (Madrid, Murcia, Aragón, Cantabria, Asturias, Baleares y Castilla y León) y estar presentes en más de tres centenares de ayuntamientos a lo largo y ancho de España gracias a 834.000 papeletas , 770.000 más que en 2015.

Y eso que entonces sólo se presentaron en 726 de los 8.131 municipios españoles, una cifra que el año que viene será mucho mayor. La mayor parte de los concejales que lograron en 2019 eran de ayuntamientos de Madrid y Andalucía, las dos comunidades autónomas en las que el partido ultra había presentado más listas. Pero en su peso municipal también jugaron entonces un papel relevante Castilla-La Mancha y Castilla y León. Sólo en estas cuatro regiones los de Abascal sumaron 380 ediles, es decir, casi el 70% de su representación local. En el extremo contrario se situaban Cataluña, donde sólo logró tres representantes en un municipio, y Canarias, Galicia, Euskadi, Extremadura y Navarra, donde no consiguió ninguno. 

Las expectativas de Vox para dentro de un año son mucho mejores, a la vista de la mayoría de las encuestas. Su potencia económica, mediática e institucional es incomparable. En 2019 eran un partido emergente con representación en Andalucía y 24 escaños en el Congreso. Ahora son el tercer partido del país con 52 diputados, gobiernan Castilla y León y tienen representación en todos los parlamentos autonómicos de España con la única excepción de Navarra y Galicia.