Año nuevo, viejas estrategias. Tras el resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura, en las que Vox fue el partido que más creció al pasar de cinco a once escaños, lo que a su vez imposibilitó la ansiada mayoría absoluta a la presidenta extremeña María Guardiola (PP), los ultraderechistas quieren demostrar que son "un partido de gobierno", en palabras de su portavoz, José Antonio Fúster. La formación de Santiago Abascal enmienda así su estrategia del último año y medio, cuando en verano del 2024 decidió romper las coaliciones autonómicas con el Partido Popular por la reubicación de menores migrantes. Una estrategia —la de presionar desde fuera— que ha dado a Vox un importante impulso electoral, pero que la ultraderecha no quiere seguir en Extremadura.
En una rueda de prensa celebrada este lunes desde la sede nacional del partido, Fúster insistió en que Vox es un partido que quiere gobernar porque no se fía de un PP en solitario: "Qué difícil sería pactar algo para que al día siguiente traicionen el pacto sin estar ahí", arguyó. Sin embargo, los de Abascal no exigieron lo mismo en la investidura del presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, el pasado noviembre. Entonces, aceptaron dar su apoyo al sustituto de Carlos Mazón a cambio de que él asumiera sus postulados en diversas materias, como así hizo.
Un modelo que ahora no quieren replicar porque, según Fúster, de los "errores" se "aprende". "Nos han engañado muchas veces y no volverá a ocurrir", subrayó ante la prensa. El ultraderechista también concretó qué áreas interesan más a Vox de cara a la negociación, pero lo desvinculó de las futuras consejerías. "El campo es fundamental", señaló el portavoz de Vox, que también citó la "industria, seguridad e inmigración", aunque en esta materia reconoció que "la influencia" de la inmigración ilegal en Extremadura es "menor" que en otros lugares. También enumeró la educación, para atajar, dijo, el "adoctrinamiento" ideológico. Se trata de un área que el PP nunca ha cedido a Vox.
La entrada en un eventual gobierno con el PP contrasta con la línea marcada por la dirección hasta ahora, que insistía en que ejercer presión desde fuera era más beneficioso que sufrir el desgaste de gobernar, al menos hasta las generales. Preguntado por el cambio de postura, Fúster lo justificó señalando que "ha cambiado el reparto de fuerzas en Extremadura". En privado, fuentes del partido explicaban que no pedirán entrar per se en todos los gobiernos autonómicos si son la llave, sino que decidirán "en función de si hay un PP echado al monte o no".
Un Vox que sigue al alza y que quiere gobernar con la "Irene Montero de Extremadura"
En el pacto anterior, de 2023, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace dos años y medio, en línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores".
María Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI". Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta a que los ultras entren en el Ejecutivo "para que puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas". Según la tesis del PP, de esa manera Vox tendrá que asumir un "coste" por gobernar y bajará en las encuestas, como pasó hasta su ruptura.
Según el barómetro del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER publicado este lunes, Vox alcanzaría una estimación de voto de casi el 18% a nivel nacional, es decir, 5,5 puntos más que en las últimas generales. Por su parte, el PP se situaría en el 31,5%, casi dos puntos por debajo de su resultado en las urnas en 2023, aunque medio punto más que en la anterior encuesta. La izquierda se desplomaría, como ocurrió en Extremadura: el PSOE obtendría un 27,1%, lo que supondría casi cinco puntos porcentuales menos de lo que obtuvieron en las urnas en julio de 2023 mientras que Sumar perdería 6,4 puntos y Podemos, que entonces formaba parte de la coalición, se quedaría en el 3,5%.
Se trata de un escenario favorable para el bloque de la derecha, aunque lo cierto es que al propio PP, como recalcan desde el equipo de Guardiola, le resulta llamativo que Abascal quiera compartir gobierno con la "Irene Montero de Extremadura". Así es como se refirió Abascal a la candidata del PP durante la campaña, en la que ambas formaciones protagonizaron múltiples reproches cruzados y acusaciones de machismo por parte de la baronesa conservadora después de que Abascal sugiriera al PP que la sustituyera. Según Fúster, será Vox Extremadura quien lidere las conversaciones con el PP de Guardiola, aunque habrá "apoyo" de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís.
Los barones del PP quieren que Vox gobierne para que se desgaste
Feijóo cierra un año marcado por Mazón, el auge de Vox y sin los apoyos para una moción de censura
El hecho de que Abascal reclame una vicepresidencia y varias consejerías acorde al resultado electoral ha dejado descolocado a un PP que creía que Vox rechazaría el ofrecimiento. "¿Le ha ido a Vox bien salir de los Gobiernos? Sí, hay que aceptarlo, porque gobernar es complejo; es decidir, es ser responsable de lo que haces", admitía el propio Feijóo en su primera entrevista del año concedida a Servimedia. "Tú te puedes presentar a las elecciones con el interés de no gobernar, aunque es un poco sorprendente pedir el voto para no gobernar", añadía.
Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. Es más, Feijóo volvió a insistir durante el balance realizado el pasado 29 de diciembre en la sede de Génova en que se comprometía a gobernar en solitario, como ya dijo en el congreso del PP en julio. Un compromiso que afecta al Gobierno central pero no a las autonomías, según explican desde Génova.
Sí se mostró preocupado, en cambio, el presidente andaluz, Juanma Moreno, que señaló a la prensa antes de la última Junta Directiva Nacional celebrada tras las elecciones extremeñas que le "preocupaba" el auge de Vox —él mismo deberá enfrentarse a las urnas en el primer semestre de este año, lo que podría complicar su mayoría absoluta— y sostuvo que "así es muy difícil tener una mayoría absoluta en cualquier territorio". "Vox solo empezará a bajar cuando entre en los Gobiernos y asuma responsabilidades", fue el análisis del barón del PP ante los medios, que añadió que así se podrán "desmontar sus políticas, que no son viables en muchas ocasiones".
Año nuevo, viejas estrategias. Tras el resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura, en las que Vox fue el partido que más creció al pasar de cinco a once escaños, lo que a su vez imposibilitó la ansiada mayoría absoluta a la presidenta extremeña María Guardiola (PP), los ultraderechistas quieren demostrar que son "un partido de gobierno", en palabras de su portavoz, José Antonio Fúster. La formación de Santiago Abascal enmienda así su estrategia del último año y medio, cuando en verano del 2024 decidió romper las coaliciones autonómicas con el Partido Popular por la reubicación de menores migrantes. Una estrategia —la de presionar desde fuera— que ha dado a Vox un importante impulso electoral, pero que la ultraderecha no quiere seguir en Extremadura.