La histórica y contundente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (STXG) que ha dado la razón a entidades vecinales y ecologistas en su lucha contra la contaminación en las aguas en A Limia provocada por las macrogranjas es, sobre todo, un retrato de incumplimientos de las dos Administraciones condenadas por su "inactividad" al respecto, la Xunta y el Gobierno de España. Para asentar su dictamen, la sección segunda de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG realiza todo un relato de lo que los dos gobiernos debieron hacer y no hicieron para combatir una contaminación que, resalta, conocían pero sin admitir "responsabilidad propia" sobre ella.
El tribunal partió del análisis de una "situación compleja" en la que confluyen "cuatro factores", el primero la "existencia de múltiples macrogranjas" en A Limia, "más de 300", que "producen una cantidad ingente de desechos animales" por los excrementos de gallinas, cerdos y vacas. En esas explotaciones se realiza, subraya, una "gestión de residuos aplicada al campo" de "forma no controlada" al no analizar, por ejemplo, su contenido de "medicamentos" u "hormonas", "en desarrollo de una agricultura extensiva".
Estas causas dan lugar a dos consecuencias. Una, la filtración de esos excrementos y sus componentes "a las aguas subterráneas, provocando la contaminación por nitratos. Derivado de esto, "las aguas subterráneas contaminadas llegan al río" y este, al embalse de As Conchas, "donde aparece de forma regular" el denominado "bloom de cianobacterias", esto es, las recurrentes crisis de contaminación que son obvias por el mal olor y por las aguas teñidas de verde.
La sentencia deja claro que "existen dos responsables" de esta situación. Uno, la Xunta "a través de la Consellería correspondiente" por "infringir" los preceptos del Estatuto de Autonomía que encomiendan al Gobierno gallego a la "salvaguarda de la calidad de las aguas subterráneas", la "protección del medio ambiente" y la política sanitaria. Ese incumplimiento se produjo al "permitir un incremento excesivo de macrogranjas" en A Limia "sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio".
Los incumplimientos ambientales del Gobierno gallego en A Limia, advierte, "aumentan" por la "ineficaz gestión de los residuos que terminaban en lugares no controlados" y sin supervisión de la "presencia de antibióticos" o "químicos derivados de medicamentos" hasta "provocar una saturación del medio que el terreno era incapaz de asumir". De ahí "el prejuicio al medio ambiente la existencia de bacterias resistentes" en una zona que, censura, llegó a vivir la "paralización de una planta de tratamiento" de estos desechos.
"Esta situación está presente desde el año 2011" y "se traslada sin descanso del terreno hasta el presente", lo cual provoca "un estado de la masa de agua subterránea muy deficiente y contaminada por exceso de nitratos". Basta, dice la sentencia, con "revisar el nivel de nitratos en los pozos" o revisar fotografías como las aportadas por la "Sociedade Galega de Historia Natural al proceso judicial, con "masas ingentes de estiércol acumuladas sobre el terreno".
Pero la Xunta, que ya anunció que va a recurrir la sentencia, no es la única culpable para el TSXG, que también encuentra "responsabilidad en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil", entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, "por su obligación derivada del control de la calidad de las aguas". En su caso, ve clara la "inacción" ante el "constatable empeoramiento de la calidad de las aguas desde el año 2011", ante el cual "debió realizar las actuaciones pertinentes" contra "la proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas".
La Confederación, especifica el tribunal, podía frenar estas explotaciones porque tiene que informar a favor o en contra "de las declaraciones ambientales" de las mismas justamente "en relación a la calidad del agua". Y "era evidente el deterioro paulatino y crónico" y su "origen". "Aunque no se reconociese expresamente", que las granjas son las que contaminan las aguas de A Limia resulta "palmario" porque "la población es escasa" y la "cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de los residuos".
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La entidad estatal, reiteran los magistrados, "era conocedora" de esta situación porque "interviene en los procesos de autorización" de proyectos de granjas que "advierten de toneladas de residuos y su posterior uso". La Xunta se escuda precisamente en estas responsabilidades del Gobierno de España para intentar restar relevancia a la suya propia.
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La histórica y contundente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (STXG) que ha dado la razón a entidades vecinales y ecologistas en su lucha contra la contaminación en las aguas en A Limia provocada por las macrogranjas es, sobre todo, un retrato de incumplimientos de las dos Administraciones condenadas por su "inactividad" al respecto, la Xunta y el Gobierno de España. Para asentar su dictamen, la sección segunda de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG realiza todo un relato de lo que los dos gobiernos debieron hacer y no hicieron para combatir una contaminación que, resalta, conocían pero sin admitir "responsabilidad propia" sobre ella.