El promedio de encuestas para las próximas elecciones generales apunta a una victoria del bloque de la derecha, pero la mayoría absoluta en el Congreso no la tienen garantizada.

El PP sería la primera fuerza con el 34% de los votos, seguido del PSOE, que repetiría los resultados de 2019 con aproximadamente el 28% de los sufragios. Como todo indica, salvo la reciente publicación del CIS, la distancia que separa al PSOE del PP es suficientemente amplia para que un error normal de las encuestas no pueda prevenir, por lo que la lucha por la tercera posición adquiere vital importancia en esta ocasión.

Y es que, según un promedio de encuestas propio —que asigna mayor peso a las encuestas más recientes, con mayor calidad y con muestras más grandes— Vox y Sumar estarían cerca del 13% de los votos, siendo la formación de ultraderecha quién ostenta, en estos instantes, la tercera posición.

La relevancia que adquiere la tercera posición no se trata, especialmente, en aprovechar el espacio que los dos grandes partidos ceden, por decirlo de alguna manera, a partidos medianos de corte estatal en provincias poco pobladas. Ya se ha analizado este fenómeno recientemente en lo que denominamos ‘la lucha por el último escaño’, y la disputa directa entre Vox y Sumar no parece que se esté dando con especial intensidad —sí entre otros partidos—, ya que en los territorios donde uno es fuerte el otro no lo es.

La tercera posición, por tanto, es importante porque sortea los defectos de desproporcionalidad del sistema electoral. No solo por el duelo que libran estos dos partidos sino porque hay muchas disputas abiertas con otros partidos estatales y regionales en la mayoría de los territorios.

Desde principios de junio de este año, tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo y la nueva convocatoria electoral precipitada por Pedro Sánchez, el escenario ha variado muy poco. Tanto el PP como el PSOE han mejorado aproximadamente un punto porcentual su estimación de voto. Probablemente, el primero gracias a los movimientos y la narrativa que se ha generado tras el debate cara a cara entre sus candidatos, y el segundo por su desempeño en esta campaña electoral, a la vista de los movimientos que han registrado los trackings en los últimos días.

Por otro lado, tanto Vox como Sumar tienen tendencias descendentes, con pérdidas de hasta 1-2 puntos para la formación de ultraderecha y aproximadamente de un punto para los de Yolanda Díaz. Esto se explica con las tendencias de las últimas semanas. Parece haber surtido efecto la llamada al voto útil por parte de los dos principales partidos, confirman otras encuestas en territorios como Euskadi: el PSOE pasa de caer ligeramente en el voto municipal a mejorar sus registros de cara a las generales.

Teniendo en cuenta el promedio de encuestas, se extrapola el voto a cada circunscripción siguiendo dos pautas: primero, mediante un modelo que mide la fortaleza de un partido en un determinado territorio basado en los resultados históricos; segundo, usando los microdatos de la encuesta preelectoral del CIS, que nos da pistas de cómo el comportamiento histórico se plasma en estas fechas.

Con esto, el modelo simula las elecciones hasta 10.000 veces en cada provincia, contando con el promedio de encuestas y el error histórico de los sondeos, para ofrecer resultados probabilísticos. No solo se ofrece cuántos escaños conseguiría cada partido sino con qué frecuencia se daría ese reparto concreto. Por este motivo, el gráfico que continua expone los datos con decimales y rangos de incertidumbre.

Dicho esto, el escenario que se dibuja, en términos de escaños, colocaría al PP como principal fuerza en la composición del nuevo Congreso con aproximadamente 143 escaños (entre 135 y 151, con una confianza del 95%): una ganancia neta de medio centenar de diputados.

En segunda posición estaría el PSOE con 109 escaños (101-117), seguido de Vox con cerca de 36 (29-43) y Sumar con 33-34 (27-40). Los partidos nacionalistas y regionalistas sumarían 28-29 escaños.

Con estos datos, el escenario principal es la posible mayoría absoluta de PP y Vox. La suma supera por un par de escaños (178) el umbral que determina la absoluta en el Congreso (176), lo que apunta a una contienda muy apretada, que se decidirá a partir de los próximos días. En frente, se encuentra el bloque progresista, conformado por PSOE y Sumar, que estarían aproximadamente en torno a 142 escaños, lo que les complicaría la reedición de Gobierno de coalición las próxima legislatura.

Más allá de quedarnos con la foto fija del escenario más probable, el modelo asigna las probabilidades de que cualquiera de los bloques alcance la mayoría en el parlamento, ofreciendo mayor perspectiva a la hora de analizar las opciones de cada uno.

La derecha conseguiría la mayoría absoluta en 3 de cada 4 ocasiones, mientras que las opciones del bloque de investidura se reducen a 1 de cada 10. De todas formas, si la derecha no consigue la mayoría absoluta —que podría pasar con la misma probabilidad que tenía Trump de ganar en las elecciones presidenciales de 2016— la izquierda tendría un escenario muy complicado para investir a Pedro Sánchez, ya que necesitaría más socios que con el equilibrio actual. Pero eso va más allá de los números.

Las elecciones del domingo se decidirán en la pelea por el último escaño de cada provincia. Si bien esto no es ninguna novedad, adquiere una especial importancia en esta ocasión, ya que, como el consenso de las encuestas indica, la contienda electoral está muy apretada. La pugna entre Vox y Sumar por la tercera posición en porcentaje de voto ha suscitado un amplio debate en sectores progresistas sobre la necesidad de sorpasar a la formación de ultraderecha en aquellas provincias medianas y pequeñas donde la tercera fuerza tiene la posibilidad de competir por el último escaño de la circunscripción. Todo ello en un contexto como el actual, donde la derecha parte como favorita para sumar mayoría en el Congreso pero los equilibrios son ciertamente delicados.

Por tanto, adquiere especial relevancia —aunque no toda— observar lo que ocurre con el último escaño en disputa de cada circunscripción. Para ello, he calculado un promedio de encuestas que asigna mayor peso a los sondeos con más calidad, más recientes y con mayor muestra, además de penalizar los trackings diarios para que no dominen la serie. Después, extrapolo el voto a las provincias en base a las tendencias históricas de cada región y los microdatos del CIS recalculados con PrecisaDB.

Con esto podemos estimar la diferencia del porcentaje de voto de la formación política que consigue arañar el último escaño en la circunscripción y ver qué diferencia la separa del partido que la sigue. Las áreas más oscuras del siguiente mapa indican que el último escaño se dirimirá con unos márgenes más ajustados, esto es, con pocos votos de diferencia. 

Pero esta lucha no es, necesariamente, una disputa entre Vox y Sumar, o no solo. De hecho, según este modelo, Sumar conseguiría seis últimos escaños, en Barcelona, Castellón, Girona, Granada, Murcia y Zaragoza, y estaría en disposición de pelear por cuatro más, en Sevilla, Córdoba, Alicante o Álava. Vox, en cambio, conseguiría ocho últimos escaños –Albacete, Badajoz, Guadalajara, Huelva, Málaga, Tenerife y Valladolid– y podría pelear otros 11, dos de ellos a Sumar: Murcia y Castellón.

En la mayoría de las provincias, la lucha por el último escaño está dentro del margen de error de las encuestas, aunque no parece que esa batalla se esté librando entre la izquierda alternativa y la ultraderecha. Probablemente, esto se explica con la distribución de las fortalezas y debilidades que tienen estos partidos a lo largo de todo el territorio. En el gráfico que sigue, se muestran los ratios que relacionan el voto en una provincia con el voto estatal. De esta forma, los valores por encima de la unidad en un determinado territorio significan que ahí las formaciones mejoran su resultado estatal. Cuando los valores están por debajo de la unidad, ocurre lo contrario.

Al cruzar los ratios de Vox y de Sumar para cada circunscripción, se observa una correlación negativa, es decir, que en los territorios fortaleza de Vox, Sumar tiende a tener muchas debilidades, y viceversa. Esto explica que la pelea por el último escaño no sea especialmente intensa entre estos dos partidos, porque donde uno es fuerte, el otro no lo es tanto.

Hay algunos lugares más neutros, donde ambos tienen resultados similares a su media estatal, como La Rioja o Burgos, pero hay una diferenciación muy evidente entre los territorios periféricos (más favorables a Sumar) y el interior y levante español (más proclive a Vox).

Para ofrecer más contexto de cómo se está librando la carrera electoral para Sumar y Vox, he calculado las probabilidades de cada uno de conseguir representación en cada circunscripción electoral. Esto permite, más allá de ver quién pelea por el último escaño, observar cuántas veces ese escenario se repite tras simular las elecciones 10.000 veces en cada provincia. 

Por ejemplo, en Almería, Vox tiene representación garantizada —al menos si las encuestas no fallan por encima de lo previsto—, aunque conseguiría uno de los seis que se reparten. En cambio, Sumar apenas tiene 1 de cada 10 opciones de obtener representación. Ocurre algo similar en Jaén, Huesca o Toledo, con sus matices. Por el contrario, Sumar estaría en condiciones de conseguir escaño por Pontevedra —donde Vox no tienen fuerza—, así como por Bizkaia y Navarra.

La pelea por ser la tercera fuerza estatal es significativa por los efectos que produce el sistema electoral, como hemos contado en otras ocasiones, y el efecto multiplicador es mucho mayor que lo que ofrece la disputa por el último escaño.

Siempre he defendido que las encuestas son herramientas necesarias para conocer el estado de una carrera electoral y que permiten a la población mantenerse informado antes de acudir a las urnas.

Las encuestas de intención de voto han adquirido una gran popularidad en los últimos años. En todo 2008 –un año electoral–, se publicaron más de 250 sondeos y, en 2019 –con la celebración de dos elecciones generales–, la cifra ascendió por encima de 1.200, según una base de datos propia.

Esto ha acarreado, inevitablemente, un análisis cada vez más cuantitativo de la opinión pública, no solo destacando algunas claves interesantes para interpretar la situación política actual, también ayudan a concretar los equilibrios existentes.

Por ejemplo, sabemos –con otras fuentes de datos– que los jóvenes tienden a votar menos que otros segmentos de la población, o que la participación en barrios progresistas ha sido menor que en los barrios conservadores. Con las encuestas en la mano, podemos conocer el detalle, que entre los abstencionistas el 56% son mujeres (5 puntos más de lo que representan en el conjunto de la población) y que la izquierda está menos movilizada que la derecha: el 61% de los votantes del PSOE en 2019 dicen que seguro que votarán en las elecciones de julio, 14 puntos menos (75%) que los votantes del PP.

Los sondeos han mejorado el análisis político, y por eso hoy hablamos de abstención diferencial, pero las encuestas de intención de voto –aquellas que se realizan exclusivamente para estimar el voto y no incorporan mucha información más allá– tienen, todavía, una tarea por delante: publicar estimaciones de participación.

En los últimos cien días antes del 23 de abril, se han publicado en torno a 80 encuestas de 21 empresas distintas, aunque solo 7 de ellas han publicado la estimación de la participación (lo colocan entre el 62-72%), lo que supone aproximadamente el 20% de todas las publicadas.

Entre las que sí publican, se encuentran GAD3/Vocento, Simple Lógica/elDiario.es o NC Report/La Razón. Las dos primeras colocan la participación por encima del 70%, en los mismos términos que se pronunció Pedro Sánchez, lo que supondría una participación cercana a la media histórica, a pesar de que en las últimas elecciones cayera hasta el 66%.

La encuesta realizada por NC Report, en cambio, apunta a una participación incluso por debajo de las generales de noviembre de 2019, cerca del 65%, que supondría la tasa de participación más baja de la historia reciente.

Además, en los registros históricos que he podido recabar –con encuestas publicadas en los últimos cien días antes de las elecciones desde 2008– colocan la desviación entre la estimación de la participación de la encuesta y el resultado final en 2,9 puntos, de media. En las generales de 2015, por ejemplo, la desviación fue de casi 5 puntos, sobreestimando la participación por encima del 70%.

En las últimas elecciones de noviembre de 2019, las encuestas fallaron tan solo 1,6 puntos en la participación, en este caso, infraestimando el resultado. También hay casos flagrantes, como se puede apreciar en el interactivo que sigue a continuación, donde se pueden consultar el error que cometió cada encuesta intentando estimar la participación.

Las diferencias y las ausencias en la estimación de la participación complican el análisis y distorsionan las interpretaciones políticas, sobre todo las que se hacen hablando en términos absolutos: ¿cómo vamos a conocer cuántas personas se abstendrán, o cuántas de ellas están cambiado de partido, si no estamos estimando la participación (o lo hacemos regular)?

Las encuestas han cobrado mucho protagonismo en el debate público, pero la interpretación y comunicación que hacemos de ella no es siempre la mejor, sobre todo en lo que atañe a datos de participación. Es uno de los retos patentes que tiene el sector de las encuestas y modelos basados en ellas, pero ser consciente de ello también permite distinguir la señal del ruido.

Existe la creencia clásica de que una mayor participación en unas elecciones favorece a las fuerzas progresistas. Es una premisa interesante, ya que la posición ideológica de la población española en su conjunto tiende a estar, de media, ligeramente escorada hacia la izquierda. Esto significa que, con mayores tasas de participación, sería más probable que votantes de izquierdas acudiesen a las urnas. Pero, en realidad, existe un fenómeno que lo vertebra todo: la abstención diferencial.

Lo cierto es que no acudimos a votar de forma equitativa. Esto es, de una elección a otra, las motivaciones personales para ir a votar cambian, también las tendencias globales, lo que empuja a desequilibrios en la participación electoral.

Pongamos un ejemplo. En el barómetro de junio de 40dB/El País ya se destaca que la derecha está más movilizada que la izquierda, con 80% y 75% de los exvotantes de Vox y PP asegurando que, en esta ocasión, volverían a ir a votar con total seguridad, mientras en el espacio progresista no se respira tanto entusiasmo (UP 74% y PSOE 61%).

Según el barómetro preelectoral del CIS de abril de 2019, casi 9 de cada 10 votantes de ambos bloques aseguraban con toda seguridad que acudirían a votar, y, en la repetición electoral de noviembre del mismo año, aunque con las expectativas más bajas en esta ocasión, la izquierda estaba ligeramente más movilizada que la derecha. Estos desequilibrios facilitan el cambio de mayorías.

Si bien es complejo anticipar la participación en unas elecciones generales, existen algunas señales que pueden anticipar la abstención diferencial. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la fidelidad de voto del PP ha crecido notablemente desde el inicio de la pandemia, acentuado con la llegada de Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2021.

En cambio, tanto en el PSOE como en los exvotantes de UP, por motivos diferentes —los primeros quizá por desgaste y los segundos, además, por reestructuración del espacio—, las tasas de fidelidad son significativamente menores que el PP. En un escenario incierto de participación, independientemente de si termina bajando o subiendo, tener el electorado más fidelizado te asegura un suelo de votos mayor.

Para observar con mayor nitidez cómo se configuran los perfiles de los partidos, se ha utilizado el modelo PRECISA, que procesa los datos brutos del CIS y realiza una estimación propia equilibrando la muestra por sexo, grupos de edad y territorio, ponderando por recuerdo de voto y utilizando un algoritmo de aprendizaje automático para estimar el comportamiento electoral de los indecisos.

Hay que guardar cautelas con Sumar por ser un partido de nueva creación con una una muestra menor que las demás formaciones, además de que parte del trabajo de campo realizado por la encuesta es previo al anuncio oficial del movimiento encabezado por Yolanda Díaz.

Dicho esto, el primer punto a destacar es que la mayoría del electorado que se va a abstener son mujeres. Son la mitad de la población, pero configuran el 56% de todos los que dicen que no votarían en las próximas elecciones. Una diferencia de seis puntos porcentuales con su sexo contrario. 

Por edad, los abstencionistas y el electorado en general tienen una distribución similar, aunque no por nivel de estudios. En este caso, las personas con estudios superiores tienen 10 puntos menos de peso entre los abstencionistas que en el electorado en su conjunto. Es decir, son el 47% de la muestra, aunque solo el 37% entre los que dicen que  no votarán en julio, lo que muestra un movilización superior entre los votantes con estudios universitarios que el resto. 

El fenómeno contrario ocurre con los votantes con estudios primarios, son el 5% de la población y el 8% de los abstencionistas. Ocurre algo similar entre los parados (9% vs. 13%) y, especialmente, entre el electorado que se considera de clase baja (12% vs. 19%), con 7 puntos más de presencia entre los que no votan comparando con el peso electoral que tienen.

Cuando se pregunta por cuestiones de confianza institucional, así como de la valoración de la situación económica, los perfiles de los partidos se polarizan en función de qué bloque ostenta el poder. En estos momentos, con un gobierno de coalición progresista, las valoraciones positivas a su gestión y percepción ante la opinión pública provienen de partidos que forman parte del mismo bloque o sustentas sus políticas.

Ya lo hemos contado anteriormente: las diferencias de opinión entre el electorado no son relevantes cuando hablamos de políticas públicas concretas, pero sí sobre las percepciones generales, que pasan el filtro de afinidad ideológica. 

Por ejemplo, el 74% del electorado socialista tiene mucha o bastante confianza en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También en el entorno de Sumar, con una tasa del 55%. En cambio, más del 90% del electorado del bloque de la derecha tiene poca o ninguna confianza en él. 

Entre el electorado en su conjunto y los abstencionistas la confianza que genera el presidente no son muchas. Aproximadamente la mitad del electorado y 8 de cada 10 abstencionistas confían poco o nada en Sánchez, lo que supone una traba a la hora de tratar de convencerles de cara a las próximas elecciones. 

El líder de la oposición, Feijóo, tampoco transmite excesiva confianza más allá de sus filas, ni siquiera entre los votantes de Vox, donde 2 de cada 3 dicen confiar poco o nada; o entre los abstencionistas (34 y 42% respectivamente). Además, si comparamos los votantes que se abstendrán con el electorado en su totalidad, vemos que los que no tienen ninguna confianza en el líder de la oposición son 10 puntos más entre los primeros, lo que denota que la población que deja de confiar en sus representantes públicos tiende a dejar de participar de la política.

Es cierto que una buena parte de los que no tienden a votar son escépticos con la política en general, y muchos de ellos volverán a abstenerse de nuevo, aunque entre estos, hay más desconfiados con el presidente (86%) que con su alternativa (76%).

Dos de cada tres votantes valoran la situación de la economía española como mala o muy mala. De nuevo, los votantes de partidos progresistas son más optimistas que el bloque conservador, aunque la mayoría de ellos se ponen de acuerdo para calificar su economía personal como buena.

Es complicado determinar cómo será la participación en la cita electoral de dentro de un mes, más difícil aun convencer a un abstencionista para atraer a tus filas, aunque conocer los perfiles ayuda a esclarecer qué colectivos y posiciones ideológicas están más o menos movilizadas, y el papel que eso puede jugar a corto plazo.

Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo se han abierto varias líneas de interpretación de los resultados. La principal se centra en la pérdida o ganancia de representación institucional, con una lectura clara: la coalición del gobierno central se desgasta, pierden escaños en muchos territorios y Podemos queda fuera de algunas asambleas regionales y locales.

Existe una segunda lectura, algo más amable para los partidos que conforman el gobierno de coalición: el PSOE solo cae un punto en voto respecto a 2019, las alianzas de Sumar (Más Madrid, En Comú o Compromís) se debilitan pero siguen siendo fuertes en sus territorios y Podemos —el que más sufre— consigue entre el 3 y 6% en Madrid, Comunitat Valenciana, País Vasco o Navarra.

Con estos resultados como punto de partida y con las elecciones generales convocadas para dentro de mes y medio, muchos medios han hecho el ejercicio de extrapolar los resultados municipales para ver qué escenarios se abren de cara a las próximas elecciones generales.

Todos ellos advierten, con razón, que el escenario que se vislumbra tras el cálculo no tiene por qué suceder de la misma forma en la realidad, ya que son formatos electorales distintos con claves propias.

Aquí van 5 que considero las más relevantes:

1. Las motivaciones a la hora de votar cambian de unas elecciones municipales a unas generales. Las preocupaciones ciudadanas a nivel local responden a la idisosincrasia de la circunscripción, donde la popularidad de los liderazgos juega un papel fundamental en la composición del voto.

De hecho, esto ya ha podido pasar factura a la izquierda en las pasadas elecciones. Como comentaba Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III, en una intervención en la radio, competir las elecciones municipales en clave estatal ha podido ser un estrategia poco favorable para el PSOE, porque emplaza el debate a los dos grandes líderes estatales (Sánchez y Feijóo) cuando los socialistas partían con ventaja en más municipios y autonomías: los gobernantes locales y regionales son más conocidos que sus adversarios.

Además, cabe la posibilidad de que la izquierda y la derecha hayan votado en claves distintas en estas elecciones, aunque conoceremos mejor este comportamiento con la publicación de los sondeos postelectorales. Pero hay indicios para pensar que la izquierda podría haber votado poniendo más énfasis en cuestiones de ámbito local, mientras que la derecha haya acudido a votar en clave nacional, planteando un plesbiscito contra Sánchez.

La encuesta preelectoral del CIS para las municipales de mayo ya apuntaba en esta dirección: los votantes otorgan mayor importancia a unas elecciones generales (según el 58%) que a las municipales (15,5%). Aunque existen diferencias notables por partidos: el 60 y 65% de los votantes de PSOE y UP en 2019 consideran las generales los comicios más importantes, mientras que para votantes de PP y Vox esos registros ascienden al 67 y 77% respectivamente.

2. Otra razón obvia es la siguiente: la ausencia de cuadros en formaciones medianas y pequeñas arrastran a algunos partidos (Podemos, Vox) a no presentarse en determinados municipios, sobre todo en los más pequeños, dejando el espacio libre para la optimización electoral de los partidos mayoritarios.

En la línea de lo anterior, formaciones de carácter local, a menudo, no se presentan a las elecciones generales, por lo que la oferta de partidos se reduce significativamente. Además, el electorado de muchos territorios ejerce su voto de forma dual, cambiando la papeleta en función del tipo de elección.

El ejemplo más claro se da en la periferia, en territorios con partidos nacionalistas fuertes. Sin ir más lejos, en las elecciones generales de junio de 2016 Unidas Podemos fue la primera fuerza en el País Vasco, con el 29% de los votos entre las tres provincias. Unos meses más tarde, en septiembre del mismo año, se celebraron las elecciones autonómicas en Euskadi, y, en esa ocasión, UP quedo tercera, con la mitad (14,9%) de los sufragios que cuatro meses antes.

3. La matemática provincial cambia. Primero, en las generales se relaja el umbral mínimo necesario para conseguir representación en las cortes, de un 5% a 3%, lo que permitiría al ala izquierda del Gobierno capturar algún que otro escaño en lugares donde el 28M no lo consiguieron.

Segundo, las concejalías que se disputan en las elecciones locales no representan con exactitud la distribución provincial que se estable para unas generales.

Es decir, el reparto de concejales por provincia en las municipales tiene desajuste con el reparto de los escaños, en la misma provincia, en las elecciones generales.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se reparten 2.355 concejalías, lo que supone el 3,5% del total de toda España. En cambio, en las elecciones generales, Madrid reparte 37 escaños, el 10,6% del total del Congreso, dejando un diferencial de 7 puntos.

Algo similar ocurre en la provincia de Barcelona. En las municipales, todos los concejales de este territorio suman 5,7% del total, en cambio, en las elecciones generales, el peso de esta provincia asciende hasta el 9,1% (+3,4 puntos).

¿Qué significa esto? Pues que el peso territorial de cada provincia varía de las elecciones municipales a las generales, y circunscripciones como Madrid o Barcelona, comunidades como Galicia o País Vasco, así como la zona sur y levante recobrarán mayor importancia las próximas elecciones de julio. En contraposición, la España interior y el resto de Cataluña pierden peso electoral.

4. Las elecciones generales se distinguen por tener tasas de participación superiores a otras convocatorias electorales. Lo números bailan de elección a elección, pero son aproximadamente 10 puntos de diferencia en la tendencia histórica, aunque los primeros indicios apuntan a que esa diferencia podría terminar estrechándose notablemente en los comicios de julio.

5. Por último, destaco el estado de ánimo de la opinión pública, que va cambiando con el tiempo. En los próximos días se irán publicando más encuestas de cara a las próximas elecciones generales y los datos no serán nada halagüeños para la izquierda. No lo eran desde hace meses, con la derecha liderando los sondeos con una ventaja de 7 puntos sobre el bloque progresista (cuando en las cuatro últimas generales se había producido un empate a 43%). Y no lo serán a partir de ahora, porque el efecto ‘luna de miel’ beneficiará a los conservadores a la espera de ver cómo se reconfigura el ala izquierda del gobierno.

Si este espacio se articula en torno a una estrategia política y comunicativa común, la unión optimizaría las expectativas electorales de este nuevo actor político y se abrirán algunos escenarios donde la izquierda pueda tener alguna opción más para volver a gobernar.

En caso contrario, y asumiendo cómo ha quedado coloreado el mapa municipal del 28M, que no es más que el punto de partida para el 23J, las opciones de la derecha de llegar a La Moncloa son demasiado altas.

Las próximas elecciones autonómicas y municipales se juegan en términos de bloques: o gana la izquierda junto con sus aliados territoriales o hace lo propio la derecha. Hay poco espacio para los grises.

La narrativa desde la llegada de Feijóo a la secretaría general del PP hace un año ha sido positiva para los populares. Lideran con estabilidad las encuestas para las próximas elecciones generales sobre un PSOE algo mermado y el espacio a su izquierda debilitado. 

Lo cierto es que a medida que se acercan las elecciones esa narrativa se va desdibujando y las encuestas muestran un panorama electoral más competitivo de lo que cabría esperar a priori.

Para verlo con más nitidez, he analizado cientos de encuestas para 13 comunidades y ciudades autónomas (todas excepto Canarias, por la idiosincrasia de sus sistema electoral) y las 5 capitales más pobladas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza). 

He diseñado un modelo probabilístico basado en encuestas —leer la metodología al final del artículo— que tiene en cuenta sus errores históricos para simular miles de elecciones, que sirve para ver cuál es la fotografía actual y qué probabilidad tienen los bloques izquierda y derecha para sumar mayorías.

La derecha parte como gran favorita en la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y en la ciudad autónoma de Ceuta, y es probable que mantengan la ciudad de Madrid, Melilla —si no hay alteración del proceso electoral— y la alcaldía de Zaragoza. Además, podrían hacerse con La Rioja y Baleares, porque aunque no tengan la mayoría garantizada, parten con una ligera ventaja. La izquierda, en cambio, tiene garantizada la mayoría absoluta en el parlamento en Navarra y parten con más opciones en Asturias, Extremadura o Cantabria.

Entre medias se encuentran las demás: Comunitat Valenciana, Castilla–La Mancha y las alcaldías de la ciudad de Valencia y Sevilla se decidirán con la misma probabilidad de lanzar una moneda al aire. También la alcaldía de Barcelona, donde la izquierda parte como favorita pero no es suficiente para alcanzar la mayoría, que requiere de tripartitos que desconfiguran los ejes ideológicos e identitarios.

Si bien la derecha parte con ventaja en estas elecciones, la gestión de las expectativas es importante a la hora de evaluar éxitos y fracasos. Sirva como ejemplo la Comunidad de Madrid.

Según este modelo, la derecha sumaría la mayoría absoluta el 98% de las ocasiones, consiguiendo aproximadamente 80 escaños de media contra los 55 escaños que podría conseguir la izquierda. Eso sí, contando con la colaboración de todos los partidos que conforman el bloque. Esto es, la mayoría absoluta del Ayuso en solitario está en juego y podría darse en 1 de cada 2 ocasiones, las mismas probabilidades que tiene Podemos de superar el umbral mínimo (5%) y conseguir representación en la asamblea madrileña. Dicha entrada obligaría a Ayuso a buscar apoyos en Vox.

Que Podemos consiga estar en el parlamento autonómico de la Comunitat Valenciana también es una incógnita. El escenario central del promedio de encuestas indica que Podemos superaría el 5% necesario también en la Comunitat, aunque por unas décimas, lo que significa, en términos probabilísticos, que aproximadamente la mitad de las veces podría terminar saliendo de la cámara regional. Es diferencial, ya que la suma de PSOE y Compromís no dista mucho de la suma ligeramente superior de PP y Vox. La división de la izquierda en tres partidos con la formación morada en un limbo donde las encuestas no pueden afinar mejor significa que la derecha podría hacerse con la Comunitat aproximadamente 2 de cada 3 ocasiones, dejando un tercio de las opciones a la reedición del pacto del Botànic.

En Barcelona, el partido más votado según el promedio de encuestas sería el PSC con el 21% de voto, seguido muy cerca de Junts y En Comú en el 20%. Es un escenario muy abierto, donde la izquierda (sin contar con ERC) logra cerca de 20 ediles mientras que los independentistas se alzarían con 4-5 menos, permitiendo a la izquierda revalidar el consistorio en 1 de cada 3 veces. Es decir, hacen falta terceros actores, los grises.

La disputa por la alcaldía de la ciudad de València está todavía más abierta. La derecha algo más de la mitad de las probabilidades de sumar mayoría en el consistorio, por el 40% de la izquierda. De media, después de simular miles de escenarios hipotéticos, el modelo otorga a la derecha 8,7 escaños y 8,3 a la izquierda de entre los 17 escaños que se reparten en el ayuntamiento.

También hay otros territorios disputados, como Castilla–La Mancha o la ciudad de Sevilla, ambos con 50 por ciento de probabilidades para la izquierda y la derecha. 

Esta es la imagen que trasladan las encuestas teniendo en cuenta las desviaciones justo antes de entrar en vigor la LOREG, que prohíbe la publicación y difusión de los sondeos en los seis últimos días de la campaña. El escenario central es difuso, con varios territorios y ciudades importantes en juego y a la vista de si se cumplen las expectativas electorales de la derecha, que ha exteriorizado cierto entusiasmo que está por ver si se cumple, porque, que lo haga o no, determinará el escenario electoral a partir de junio hasta las próximas generales.

El modelo estadístico se basa, principalmente, en encuestas. Primero, recoge cientos de sondeos, los ajusta y los promedia, extrapola los datos a cada circunscripción electoral y termina añadiendo incertidumbre para simular 10.000 veces las elecciones.

Simular las elecciones: Una vez se tengan la estimación voto de y su incertidumbre por provincias, se simulan las elecciones 1.000 veces. Cada simulación significa la celebración de elecciones en una ocasión y arroja los resultados en escaños que conseguiría cada partido en cada iteración. De ahí, se calculan las probabilidades de conseguir mayorías absolutas.

La semana que viene muchos ciudadanos acudirán a las urnas. Como casi siempre, lo harán de forma desigual en muchos aspectos pero en uno muy concreto: el salto o gap generacional a la hora de participar en las elecciones.

Según el barómetro preelectoral del CIS para las elecciones del 28 de mayo, aproximadamente el 60% de los jóvenes de entre 18 y 24 años asegura que, con toda probabilidad, depositará su papeleta en la urna municipal. Es una diferencia notable si se compara con otros grupos de edad: por ejemplo, 8 de cada 10 mayores de 75 años muestra la misma convicción, una diferencia de 20 puntos porcentuales.

No es un fenómeno novedoso, pero sí llamativo. La franja de edad más joven (18-24 años), constituye aproximadamente el 8% de la población en España y así se refleja en la muestra de la encuesta del CIS previo a la cocina electoral. En cambio, si ajustamos el peso que cada grupo de edad tiene con la probabilidad que declaran de ir votar, la distribución cambia sustancialmente.

De hecho, es el único grupo de edad que empeora su registro una vez se hace el ajuste matemático, lo que se traduce como una pérdida del peso electoral de la generación Z sobre el total de la población. En el caso de los más mayores ocurre lo contrario. Pasan de ser el 11-12% de la población a ser casi el 14% de todo el electorado que se espera que vaya a votar.

No es ninguna predicción de lo que pueda suceder dentro de diez días, sino una aproximación a cómo se reconfiguran los equilibrios de los grupos de edad en función del entusiasmo que muestran cuando responden a las encuestas. Esto es: no se trata de que los más jóvenes terminen siendo el 1-2% de todos los votantes, pero sí hay indicios para pensar que los jóvenes tendrán menos influencia del que proporcionalmente deberían.

Esto es especialmente perjudicial para la izquierda a la izquierda del PSOE, que tiene mayor impregnación entre los más jóvenes. Ahí es donde mejoran sus expectativas de voto alrededor de un 20%. Además, dada la coyuntura actual y la correlación de fuerzas entre el bloque progresista y el conservador en muchos ayuntamientos y parlamentos autonómicos, donde las mayorías penden de un hilo —de si Podemos consigue o no superar el umbral mínimo—, una mayor o menor participación de los jóvenes podría ser diferencial.

Aquí es donde entra en juego una nueva variable: el momento de decisión del voto. Según el mismo sondeo, el 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años han decidido su voto mucho antes del inicio de la campaña electoral, y los porcentajes van incrementando gradualmente con la edad. Por ejemplo, entre los votantes de 44 a 55 años la cifra asciende al 60% y los más mayores alcanzan el 70%.

Por contra, cerca de casi el 40% de los centennials deciden su voto en la última semana previa a la cita con las urnas y el 14% en los dos últimos días. 

Aquí se pueden hacer varias lecturas. Por un lado, hay motivos para pensar que los partidos políticos podrían ver una buena oportunidad para orientar la campaña electoral hacia esos jóvenes indecisos que deciden en los últimos compases de la campaña la orientación de su voto y tratar de convencerlos.

Pero, por otro lado, también cabe una interpretación más retorcida: ¿por qué los partidos segmentan los mensajes en campaña dirigidos a los jóvenes que, en términos absolutos, tienen un peso electoral tan reducido?

Si algo no falta en este nuevo ciclo electoral que se abre paso son las encuestas de intención de voto. Es una buena noticia. Los sondeos son imprescindibles para conocer la opinión pública, pero también la mejor herramienta que disponemos para medir las expectativas electorales de los partidos políticos. Pero tienen sus limitaciones.

Para analizar una encuesta —no hablo de interpretarla— primero hay que examinar diferentes aspectos metodológicos (la ficha técnica, el cuestionario, etc.) que nos permitirán tener la información necesaria para interpretar correctamente sus resultados, en definitiva, para distinguir la señal del ruido.

Este jueves, el CIS ha publicado un barómetro preelectoral con una muestra de casi 22 mil entrevistas, lo que significa, tal y como se puede leer en la propia metodología del instituto público, que el margen de error es de 0,7 puntos porcentuales. Esto es, aproximadamente el 95% de las ocasiones, los resultados que ofrece la encuesta reflejarán las opiniones de la población general con la oscilación indicada. Para una encuesta estándar, con una muestra de alrededor de 1.000 entrevistas, el margen de error sería de alrededor de 3 puntos.

Pero el margen de error no es la desviación que puede tener la encuesta en su estimación sino el peaje estadístico (variación de muestreo) a pagar por querer conocer la opinión de muchas personas preguntado a unas pocas. La desviación de las encuestas puede tener orígenes distintos: el diseño de la muestra, la calidad de los datos, la formulación de las preguntas, la cocina electoral…

Según una base de datos propia con más de 8.000 encuestas para elecciones municipales, autonómicas y generales desde 1977, la mitad de los sondeos de estimación de voto tienen mayores desviaciones que el margen de error asociado a su tamaño muestral, aunque eso no invalida el estudio, ni siquiera se tiene que considerar necesariamente una mala estimación.

En este caso, es importante la gestión de las expectativas. Adquiere vital importancia la forma en la que comunicamos las interpretaciones, análisis y resultados que arrojan los distintos sondeos. Tenemos una falsa percepción sobre las encuestas como herramientas precisas, a menudo reportando sus resultados con decimales, como si fuera a ser relevante cuando las desviaciones esperadas son superiores a 2, 3 o 4 puntos porcentuales.

Es más: una encuesta con desviaciones como las que he mencionado es igual de buena como las que se desvían por debajo de un punto porcentual.

De hecho, la desviación media de una encuesta —o el error absoluto medio por partido— en los últimos cien días antes de unas elecciones generales o autonómicas es superior a 2 puntos y se duplican para las municipales.

Hay diferencias notables entre ciclos electorales. Por ejemplo, cuando irrumpieron los nuevos partidos en 2015 y 2016, la desviación media de los sondeos ascendió a casi 3 puntos por partido debido a la dificultad que supone estimar nuevas corrientes políticas ante la ausencia de un registro histórico que los respalde.

Otro ejemplo: cuando José Luis Rodríguez Zapatero consiguió llegar a La Moncloa por primera vez, tras las elecciones de marzo de 2004, la mayoría de los sondeos apuntaban a una nueva victoria del PP. Tras los atentados del 11M, a tres días de la cita con las urnas, las tendencias se invirtieron, pero pocos lo pudieron saber. La mayoría de las encuestas reflejaban un escenario de estabilidad a lo largo del último año, con el PP por encima del 40% en intención de voto y el PSOE a una distancia de entre 4 y 6 puntos.

Sin embargo, las encuestas a pie de urna —las que se hacen en los propios colegios electorales el mismo día de la votación— consiguieron ver el cambio de tendencia a pesar del ‘cisne negro’, anticipando la victoria de los socialistas.

Son muchos los factores que influyen en la desviación de las encuestas: los días que quedan para la celebración de las elecciones desde que se hace la encuesta, el tamaño de la muestra, la calidad de la casa encuestadora, el ámbito territorial o la tasa de indecisión del electorado son algunas de ellas. Por eso creo importante aproximarse a las encuestas desde otro punto de vista, sobre todo cuando se trata de anticipar tendencias electorales.

Primero, mediante los promedios de encuestas, que permiten llegar a ‘soluciones de consenso’ entre sondeos que estiman resultados dispares para la misma carrera electoral, reduciendo el ruido (variaciones) notablemente y mitigando desviaciones relacionadas con el azar o el diseño muestral.

Segundo, adquiriendo un punto de vista probabilístico y no determinístico. Se trata de no proyectar únicamente una estimación concreta, una foto fija, sino ofrecer un abanico de posibilidades en el que, con más o menos certidumbre, seamos capaces de identificar escenarios más y menos probables.

Un ejemplo claro son las próximas elecciones autonómicas en Madrid o en la Comunitat Valenciana. En ambos casos, la entrada o no de Podemos a los parlamentos regionales dirimirá el éxito de la izquierda o la derecha. Según el sondeo que se consulte, Podemos estaría rozando el umbral mínimo necesario para conseguir representación —a veces un poco por encima, otras por debajo— y permitir a reeditar el pacto del Botànic en Valencia o impedir la mayoría absoluta de Ayuso en Madrid.

¿Qué significa esto? Pues, por cuestión de décimas, podría cambiar el devenir de un gobierno autonómico y, en consecuencia, las expectativas electorales de los partidos políticos. Ahí es cuando adquiere especial importancia la visión probabilística, porque permite saber cuál es el escenario central de una carrera electoral (la fotografía), pero también conocer cuán probables son otros escenarios.

Desde que Yolanda Díaz anunciara dar "un paso adelante" y aspirar a ser la “primera mujer presidenta de España” en el polideportivo Magariños de Madrid a principios de este mes, la tensión entre los socios llamados a conformar una candidatura unitaria a la izquierda del partido socialista no ha hecho más que crecer.

El último movimiento ha sido la renuncia de Podemos a participar en las candidaturas unitarias que se negociaban en Cádiz o Rivas Vaciamadrid, ciudades medianas gobernadas por la izquierda que, con tres papeletas distintas de fuerzas progresistas el próximo 28 de mayo, podrían sufrir cambios de gobierno importantes.

No parece haber intención sincera de las partes para acordar la unión en todos los lugares donde sea posible —o, al menos, en aquellos donde la unidad optimiza las expectativas electorales de la izquierda alternativa—. Más bien, tratan de convencer a los “suyos” de que la culpa de la división es de los demás.

Pero cada parte tiene expectativas distintas. Muchos de los actores que están llamados a formar Sumar son fuertes en territorios concretos (Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Compromís en la Comunitat Valenciana o En Comú Podem en Barcelona).

En cambio, Podemos tiene una base de votantes sólida a lo largo de todo el territorio estatal, lo cual le permite ser competitivo en elecciones generales, pero pierde fuelle en autonómicas y municipales por falta de músculo en los territorios.

Por este motivo creo que la formación morada está en clave de repliegue electoral: endurecer el discurso para tensionar a sus votantes y tratar de mantener lo máximo posible sus resultados esperados, posiblemente peores de las que tuvieron hace cuatro años.

Los resultados de mayo serán clave, porque reajustarán el equilibrio de fuerzas dentro de la izquierda alternativa de cara a una posible negociación para las próximas generales, donde la ley electoral juega un papel mucho más determinante, siempre y cuando el deterioro de las relaciones personales no sea definitivo.

 Desde el inicio de la legislatura, la fuerza de Podemos dentro del espacio confederal de Unidas Podemos ha ido disminuyendo. Los morados iniciaban la legislatura acaparando casi la mitad de los votantes que votarían a algún partido de este espacio político.

Es decir, del conjunto del electorado que indicaba su intención de votar a alguna de las formaciones políticas integradas en Unidas Podemos —incluyendo a Más País, que participaría en Sumar—, casi el 50% apostaba por Podemos, 27% por UP y otros tantos se repartían entre MP, Izquierda Unida y confluencias.

Desde la irrupción de Sumar en las encuestas, Podemos ha ido perdiendo peso dentro del bloque de la izquierda alternativa hasta situarse en el 35% —UP también se ha deshinchado (20%)—, y ha emergido el proyecto encabezado por la ministra de Trabajo, acaparando el 20% de los votos antes incluso del anuncio oficial de la candidatura de Díaz para las generales.

Este, desde luego, es un escenario distinto al de inicios de legislatura, donde Podemos era la fuerza mayoritaria del espacio. Todavía lo sigue siendo, aunque debilitado, a falta de ver cómo se distribuyen el 20% de los votantes que siguen apostando por UP y que, en las próximas elecciones, no tendrán esa papeleta para escoger.

Resulta ciertamente llamativa, aunque seamos cautos con esto, la existencia de cierta recomposición de Podemos desde que Sumar empezara a figurar en las respuestas espontáneas de los entrevistados del CIS: desde el mes de julio del año pasado hasta hoy, existe una tendencia positiva en los equilibrios dentro del espacio en favor de los morados, lo que podría ser indicativo del repliegue que he comentado anteriormente.

La configuración del espacio es, sin duda, un elemento muy importante. Pero tensar tanto la cuerda, incluso “sacrificando” opciones de gobernar en algunas comunidades y municipios por el control interno del espacio puede ser contraproducente.

Podemos está cerca del umbral mínimo en Madrid y Valencia, tanto en la comunidad como en la capital. Es más, están a un error normal de las encuestas (es decir, un error sin sorpresas) de quedarse fuera o terminar entrando en las asambleas regionales y municipales.

Es un riesgo alto para la izquierda y sus opciones de gobierno, que, sin duda, servirá para establecer las narrativas ganadoras (o perdedoras) en el camino hasta las próximas generales, donde el sistema electoral perjudica ir por separado en circunscripciones medianas y pequeñas.

Lo cierto es que esto no es ninguna novedad; ya lo anticipaba el sondeo de 40dB/El País de noviembre del año pasado: una hipotética división podría traducirse en la pérdida de buena parte de los escaños que podrían obtener si se presentaran como una única candidatura.

Si Podemos y Sumar se presentan divididos a las elecciones, según un puñado de encuestas recientes, podrían obtener, de media, un 6% y un 9% de votos respectivamente. Esto se traduciría en una decena de escaños para Podemos y más de 20 para Sumar, dejando un balance inferior a los resultados obtenidos por Unidas Podemos en noviembre de 2019, aun contando con la participación de otros actores que dejaron el espacio años atrás y que ahora pretenden volver.

Los resultados que estas mismas encuestas estiman para una hipotética candidatura unitaria son similares en términos de votos (cerca del 16% de media) pero con un salto cualitativo en escaños: pasarían de alrededor de 30 escaños a 50 y las probabilidades de reeditar el gobierno de coalición actual incrementarían notablemente.

Como ya decía Belén Barreiro hace medio año, “los líderes deberían tomar buena nota: lo que hagan a partir de este momento no solo determinará el futuro de estos partidos, sino el del conjunto del país”.

En las próximas elecciones la participación de la mujer será decisiva. No solo porque las mujeres son la mayoría del electorado, sino porque declaran una intención de participar mayor.

Esto tiene implicaciones directas en la intención de voto a los partidos. Hablando en términos absolutos, la principal preferencia política de las mujeres pasa por el PSOE y el PP (en ambos casos por encima del 30% de los votos). De todos modos, si tenemos en cuenta este factor y contraponemos al tamaño del partido —es decir, ponemos el foco en cuánto porcentaje de voto ganarían o perderían los partidos si solo votaran ellas—, veremos que el PSOE y Unidas Podemos son las dos formaciones políticas que están ganando espacio entre las mujeres en los últimos años.

Son dos casos opuestos. El PSOE es un partido que históricamente ha mejorado sus resultados electorales entre las mujeres, según un análisis propio a partir de los microdatos del CIS. Actualmente, consigue un 20% más de votos en este colectivo, manteniendo una tendencia alcista desde el inicio de esta legislatura y duplicando su peso electoral desde la llegada de las nuevas formaciones políticas en 2015.

En el espacio electoral de Unidas Podemos, en cambio, las mujeres han constituido una minoría desde 2014 hasta la llegada del ciclo político que se inició en 2019. En esa primera etapa, UP —con todas sus variantes— conseguía aproximadamente un 10% menos de votos entre las mujeres que entre toda la población en su conjunto. Ahora, esas pérdidas están neutralizadas y parece que con los nuevos liderazgos del espacio las tendencias se consolidan.

En el bloque de la derecha ocurren otros dos fenómenos. Por un lado, el PP está inmerso en una pérdida paulatina de votos entre las mujeres que podría causarle algún que otro estrago si no consigue revertir esta situación, ya que ha pasado de un 12% de votos más entre estas a principios de legislatura a un 0% en febrero. Se trata de un partido que históricamente, al igual que el PSOE, se ha caracterizado por tener una amplia base de votantes mujeres. Por otro lado, la formación de ultraderecha, Vox, desde sus inicios ha sido un partido que genera mucho rechazo. Son el partido estatal con menos mujeres en su electorado, aproximadamente 1 de cada 3 de sus votantes, y salvo algunas fluctuaciones en el tiempo, siempre han conseguido entre 20 y 40% veces menos de votos en este grupo demográfico.

Conociendo las preferencias de las mujeres y los cambios de tendencias que se han producido a lo largo de estos últimos años, es necesario mirar atrás para ver de dónde provienen y qué fidelidad mantienen con las distintas formaciones políticas.

Una de las principales claves es que el PP tiene una base electoral de mujeres más fiel, con 8 de cada 10 anticipando que les volvería a votar si mañana se celebraran nuevas elecciones. La pérdida de votos entre mujeres que comentábamos un poco antes convive con esta otra realidad. El PP crece en intención de voto notablemente desde el cambio de liderazgo de su partido y consigue ampliar su electorado en más de 7 puntos en un año. Pero las mujeres pasan a tener menor peso que antes, dejando de ser un sector demográfico que mejoraba las expectativas de voto del partido conservador.

Existen otras transferencias de voto relevantes. En el mismo bloque ideológico, 1 de cada 5 exvotantes mujeres de Vox —pocas ya de mano— están apostando por la filas populares, mientras que en dirección contraria los flujos son residuales.

Entre los partidos progresistas también se están midiendo las fuerzas entre las mujeres. El PSOE parece que tiene cierta capacidad de atraer a mujeres del espacio confederal, con el 13% cambiando su intención de voto de hace cuatro años. Es un dinámica que habrá que ver cómo evoluciona en medio de la polémica con la reforma de la ley solo sí es sí, donde las discrepancias y la tensión entre los socios de gobierno son notables al calor del 8M.

La evolución del debate público en esta cuestión no parece que les ayude a solventar el principal problema que tiene la izquierda de cara a estas elecciones: la movilización. Fijémonos en un aspecto concreto: mujeres progresistas que tantean con la abstención. Aproximadamente, el 18 y 14% de las mujeres que votaron al PSOE y UP en las pasadas elecciones, respectivamente, dicen ahora que no acudirán a las urnas.

La mitad de las mujeres consideran que entre los tres principales problemas de España en la actualidad están los partidos, el gobierno y la clase política; la política en definitiva. Esta es una preocupación menor que la que expresa el sexo opuesto, pero la tendencia creciente se afianza como la principal preocupación de las mujeres, expresada espontáneamente en las encuestas.

Se consolida, por tanto, en primera posición por encima de uno de los mayores problemas estructurales que ha tenido España a lo largo de los últimos cuarenta años, y que hoy está en declive: el paro. Después de muchos años de caída pronunciada en la preocupación por el desempleo —a partir de la recuperación económica tras la crisis de 2008 que el electorado empezó a percibir tiempo más tarde— y después de un ligero repunte con la llegada de la pandemia en 2020, el mes de febrero menos de un tercio de las mujeres lo consideran uno de sus principales preocupaciones.

En cambio, los problemas de índole económico han seguido creciendo (por encima del 40%) desde la llegada de la pandemia y no han dado tregua en los años consiguientes con el encarecimiento de los precios y el aumento del coste de la vida en general, primero producidos por la crisis de cadenas de suministro y agravado con la guerra en Ucrania.

Más allá de esas tres grandes preocupaciones generales, que son compartidas por las mujeres, también destacan otras que han ido creciendo en los últimos años en este grupo demográfico: la preocupación por los asuntos relacionados con la salud pública (20%); desligada de problemas directamente relacionados por la pandemia, pero que sirvió para visibilizar las costuras del sistema sanitario; la violencia de género (15%), un problema creciente que sucumbe ante el debate de las tramitaciones parlamentarias de dos leyes fundamentales del Gobierno, la ley del solo sí es sí y la ley trans; y la educación (15%), fluctuante y ciertamente estable en los últimos años pero con una nueva ley educativa, la ley Celáa, que el Constitucional resolverá antes del verano y podría terminar entrando en campaña electoral en algún momento.

Vox ha presentado oficialmente su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez en lo que llevamos de legislatura.

La primera vez que plantearon la moción, en octubre de 2020, solo consiguió el apoyo de los 52 diputados (15% de los escaños totales) de su grupo parlamentario. En esta ocasión, dos años y medio más tarde, es probable que repitan un resultado similar: la peor tasa de apoyos de los últimos cuarenta años.

Presentar una segunda moción de censura en un periodo corto de tiempo y con los mismos apoyos (insuficientes) que antes es sinónimo de que se trata más de una estrategia electoral —en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de mayo— más que un intento real de querer echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Y bueno, también un intento de medir fuerzas con su principal rival en el espacio de la derecha, el PP.

Lo cierto es que la utilización de un procedimiento parlamentario de esta naturaleza desde una perspectiva puramente electoral ha generado mucha controversia en la opinión pública y me ha suscitado, al menos, dos preguntas: ¿se utilizan las mociones de censura con una ambición real de forzar la dimisión del presidente en el cargo o, más bien, como un arma electoral más? ¿pueden las mociones alterar la intención de voto de las formaciones protagonistas en un corto periodo de tiempo?

Para responder a la primera pregunta, es interesante observar qué porcentaje de apoyos han tenido los partidos que han presentado una moción de censura en un parlamento autonómico o estatal a lo largo de los últimos cuarenta años y que no ha conseguido prosperar en las votaciones. En total, más de veinte han sido rechazadas y los impulsores de la moción han sumado cada vez menos apoyos parlamentarios.

Existen casos de todo tipo, como las mociones rechazadas con más del 40% de apoyos positivos en la votación, como la moción en el Parlament de Pasqual Maragall (PSC) contra Jordi Pujol (CDC) en 2001, con 55 de 135 (41%) síes para el candidato socialista; casos flagrantes como cuando Alberto Ruiz-Gallardón (PP) perdió la votación en la Asamblea de Madrid contra Joaquín Leguina (PSOE) en el ‘89 por un diputado tránsfuga que se termino absteniendo; o el caso de Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular), que ni siquiera llegó al 20% de los apoyos intentando cesar a Felipe González (PSOE) en 1987.

Si bien hay casos dispares, desde la irrupción de nuevos partidos en 2015, hace 8 años, se han presentado 12 mociones de censura de las cuales dos no se llegaron a votar por la dimisión anticipada de su presidente (Madrid y Murcia en 2017), una se aprobó y llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa por primera vez y el resto fueron rechazadas. Entre todas las que fueron sometidas a votación, de media, el apoyo conseguido para echar al presidente fue menor del 30% sobre el total de la cámara. En ningún periodo de tiempo anterior con una duración similar a la indicada los apoyos cosechados cayeron por debajo del 40% de los votos.

Se puede decir, por tanto, que es más habitual en estos últimos años presentar una moción de censura sin tener garantizados apoyos ni siquiera del mismo bloque ideológico y que se rechace su tramitación en las cortes. Por lo que hay que atajar la segunda pregunta. Esto es, si este procedimiento parlamentario se utiliza de tal forma que no sirve para su cometido principal, la de destituir al presidente en el cargo, ¿por qué este incremento de su utilización en los últimos años? ¿Acaso tiene un impacto directo en la previsiones de voto de los partidos protagonistas?

Para responder la segunda pregunta he analizado el promedio de encuestas en una veintena de legislaturas autonómicas y generales. Para ello, he recopilado al menos cuatro encuestas de cien días antes y después de la moción de censura para ver cómo ha evolucionado la intención de voto del partido en el Gobierno y de su alternativa.

De promedio, el partido del presidente enmendado ha perdido 0,7 puntos, mientras que la candidatura alternativa se ha mantenido más o menos igual. Es un impacto menor en ambos casos, sobre todo teniendo en cuenta la idiosincrasia de los sondeos: es normal que cometan errores de 2 y 3 puntos porcentuales de media por partido.

Si repasamos los casos más recientes, las mociones de 2021 a los gobiernos autonómicos de Murcia y Castilla y León —ambas del PP— terminaron reforzando la posición de los populares en las encuestas, mientras que la alternativa caía en votos. En otros casos, como la moción de Vox de 2020 o la que presentó Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980, el partido de gobierno sufrió un enfriamiento de sus expectativas mientras que la alternativa mejoró ligeramente.

En la mayoría de los casos, en cambio, los efectos de la moción han sido escasos, incluso cuando Sánchez consiguió sumar los apoyos necesarios en 2018.

No es un evento político menor, con toda la atención mediática que ha recibido desde hace unas cuantas semanas, por lo que no se trata de minimizar el impacto político que pueda tener un evento de estas características en la narrativa electoral de los próximos meses, sino de destacar que no hay evidencias sólidas para pensar que esto pueda mejorar las expectativas de voto de ningún partido, ni del presidente ni del candidato alternativo. 

Uno de los grandes desafíos de los partidos políticos en año electoral es fidelizar a los votantes que te han dado el apoyo previamente y atraer a potenciales votantes desde otras formaciones. Esto es: transferencias de voto.

En esta línea, hace unos días el Partido Popular publicó una fotografía de la reunión del Comité de Dirección donde Elías Bendodo, coordinador general de la formación, mostraba una diapositiva titulada "¿Dónde irían hoy los votos del PSOE?". 

La estrategia del PP en este año electoral pasa por “hacerse un Moreno”, como apunta Esther Palomera en su crónica. Traducido al lenguaje común: convencer a votantes moderados del PSOE y poder aspirar a La Moncloa en las próximas elecciones generales, previstas para finales de este mismo año.

La mayor parte de las encuestas recientes apuntan que, en estos momentos, una mayoría de la derecha podría ser la opción más probable de todas, pero este escenario no está garantizado y la geometría variable del Congreso favorece al bloque progresista. De modo que atraer a votantes descontentos con el PSOE —y el Gobierno— puede ser la llave para que Feijóo cumpla su objetivo. ¿Lo están consiguiendo?

En estos momentos, según un análisis propio a partir de los microdatos de los tres últimos barómetros del CIS, del pasado noviembre a enero, el PP podría atraer aproximadamente un 7% de los exvotantes socialistas en noviembre de 2019, en una tesitura (según cálculos propios) donde el PP aventaja 4 puntos al PSOE en la estimación de voto (30% vs. 26%).

De hecho, si nos fijamos en los datos provisionales que publica el CIS en el mes de febrero, los trasvases de votos mencionados podrían seguir en aumento.

Estas transferencias, si bien pueden parecer menores, son muy relevantes por dos motivos: primero, porque es el único trasvase de votos visible entre los bloques izquierda y derecha, lo que significa que podría romper los equilibrios que se han mantenido desde 2015. Segundo, porque es el tercer mejor dato desde 1990.

Si atendemos a estas transferencias —votantes que recuerdan haber votado al PSOE pero que en un determinado momento votarían al PP— y lo analizamos a lo largo de las últimas décadas, podemos ver que solo existen dos fechas con mejores registros para el partido conservador: la victoria de Aznar en 1996 y la mayoría absoluta de Rajoy en 2011.

Estas dos victorias del PP en las generales tienen varios puntos en común. Por un lado, ambos consiguen atraer cerca del 10% de los exvotantes socialistas, Aznar alcanzando su pico (12%) un año antes de la cita con las urnas y Rajoy haciendo lo propio (11,5%) dos meses antes. Por otro lado, ambos consiguieron ganar la partida al PSOE y llegar a La Moncloa. 

Hoy, a menos de un año para la celebración de las próximas elecciones generales, Feijóo promedia cerca del 7%, tres puntos más que cuando llegó a la presidencia del partido. ¿Efecto Feijóo? Posiblemente.

Tanto es así que el Partido Popular confía en que la ruptura de la dinámica de bloques con exvotantes de izquierdas pasándose a la derecha les empuje a una victoria electoral que no les haga dependientes de la ultraderecha para conformar el Gobierno. Pero incluso las encuestas más optimistas con la derecha (con trasferencias entre PSOE y PP por encima del 11%) auguran hoy, con muchos meses aún para la cita con las urnas, una diferencia menor de 10 escaños sobre el bloque progresista; una mayoría que necesariamente pasa por Vox.

Ya he mencionado antes que el PP confía su estrategia de campaña a convencer a exvotantes socialistas que le permitan, al igual que a Juanma Moreno en las elecciones de junio de 2022, llegar a posiciones de gobierno. Es la estrategia que van a tratar de explotar, en primera instancia, en los comicios autonómicos y municipales de mayo, y si los resultados certifican esta maniobra, apuntalarla en la campaña para las generales.

Lo que ocurre es que lo conseguido por Moreno parece una anomalía, al menos desde la irrupción de nuevos partidos en 2015. Según los barómetros preelectorales publicados por el CIS en los últimos ocho años, Moreno consiguió el 10,9% de los votantes socialistas en las autonómicas de 2018.

Los dos casos más cercanos los protagoniza el propio Feijóo, aunque con la mitad de impacto que el barón andaluz: el PP gallego pudo atraer entre el 6 y el 7% de los votantes de PSOE en las autonómicas gallegas de 2016 y 2020. Cierra el pódium Ayuso, en las autonómicas de 2021, con el 5% de las transferencias a su favor. A partir de ahí, las transferencias en otras comunidades autónomas son, de alguna forma, residuales.

Por lo tanto, a mi juicio, hay que destacar dos escenarios. En el escenario autonómico, conseguir el efecto de Moreno en Andalucía puede ser complicado porque en las comunidades autónomas que celebran elecciones el PP no es tan fuerte como lo ha sido recientemente en el sur de España, y los comicios están más competidos (con algunas excepciones), por lo que la estrategia actual de campaña podría diluirse en los próximos meses.

Si eso no ocurre, y, digamos, Feijóo sigue manteniendo tasas de transferencias similares a las que tiene actualmente, eso podría colocarle como máximo favorito a próximo presidente del Gobierno, aunque viendo la correlación de fuerzas que marcan las encuestas en estos momentos, es bastante complicado que lo pueda conseguir sin el apoyo de Vox.

Una frase muy popular entre los líderes políticos es decir que el partido al que pertenecen "es el que más se parece a España". Esta vez lo dijo Alberto Núñez Feijóo en la clausura de la XXVI Intermunicipal del Partido Popular, rodeado de barones territoriales y arropado por los dos expresidentes populares.

Lo cierto es que para conocer si una formación política se parece más o menos a España, primero, hay que definir qué es España. Y eso es muy complejo. Por escapar de debates filosóficos e históricos y aplicando el principio de parsimonia —aquella que dice que entre diferentes explicaciones posibles para un fenómeno dado, la más simple suele ser la más probable—, compararé en qué medida se parecen los votantes del PP con el electorado en su conjunto.

Es decir, analizaré —a partir de los microdatos del CIS de enero— cómo se configuran estos dos espacios a lo largo de tres ejes: el demográfico, ideológico y las actitudes hacia la política.

Si observamos por sexo, el 51% del electorado es mujer, en cambio, son el 48% de los votantes del PP (-2 puntos netos, debido a efectos de redondeo), una diferencia pequeña pero significativa en un grupo poblacional muy amplio, aunque consigue corregir este déficit con el sexo opuesto (+2).

Por grupos de edad el efecto es más palpable. Los populares empeoran notablemente entre los más jóvenes (9% vs. 16% del electorado, una tasa neta de -7 puntos) aunque compensan con los mayores de 45 años (+8). Puede incluso resultar paradójico, ya que hay más votantes del PP con estudios superiores que con estudios de primer o de segundo grado —más habitual entre las personas mayores.

En cambio, hay bastantes similitudes entre la composición de los votantes del PP y la de los electores en cuanto a su situación laboral. Por ejemplo, 6 de cada 10 votantes de la formación de derecha y del electorado están en situación de trabajar, 1 de 4 son jubilados o pensionistas y 1 de 10 está desempleado.

Aunque, en este primer eje, las diferencias más importantes en la composición de los espacios se da en el estado civil o la religiosidad de los votantes. Esto es, el PP es un partido mayoritariamente de gente casada (56% de su base de votantes, +8 si comparamos con el electorado), pero sobre todo son católicos: 8 de cada 10 votantes definen así su religiosidad, 25 puntos más que entre todos los votantes (54%), lo que significa que los ateos, agnósticos o los indiferentes no tienen tanta cabida en el espacio conservador.

En el segundo eje se comprueba que las diferencias entre ambos grupos de votantes son mayores si añadimos la perspectiva subjetiva del electorado a la hora de definir su posición ideológica y de clase.

Aproximadamente el 40% del electorado se ubica en posiciones de izquierda y centro-izquierda (entre 1 y 4) en la escala ideológica de 1 a 10, un 34% en las posiciones centrales (5 y 6) y un 24% en las posiciones más a la derecha (entre 7 y 10).

Entre los votantes del PP, en cambio, el 40% se coloca en posiciones de derecha y centro-derecha (7-10), 15 puntos más que el electorado en su conjunto. También hay diferencias sustanciales entre votantes de centro: 1 de cada 2 del PP considera ocupar ese espacio ideológico, por tan solo 1 de cada 3 entre todos los votantes.

Las diferencias son más sutiles —pero significativas— en la clase social subjetiva de los entrevistados. Casi la mitad se considera de clase media —aunque la renta que declaran esté lejos de esa definición— y esa cifra incrementa 8 puntos netos si votan al PP.

El fenómeno inverso ocurre con el electorado de clase baja o media-baja. Los votantes populares se definen 6 puntos menos de esta clase que el electorado en su totalidad.

En el tercer eje identifico actitudes hacia la política. Concretamente, cómo valoran los ciudadanos la situación económica en España —en este contexto donde 9 de cada 10 están preocupados por la inflación— y la confianza en el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

La economía no va bien, o eso es lo que creen 2 de cada 3 ciudadanos y 8 de cada 10 votantes del PP, una diferencia neta de 20 puntos. Además, los problemas de índole económico son la primera preocupación para 1 de cada 5 votantes, tanto populares como los demás.

La confianza del electorado en el presidente del Gobierno (Sánchez) y líder de la oposición (Feijóo) es especialmente baja, algo más acusado en el caso de líder del PSOE, aunque por encima del 65% en ambos casos. Sin embargo, los votantes del PP tienen opiniones más polarizadas al respecto: no confían en Sánchez (98%) pero están entusiasmados con Feijóo (solo el 24% del PP desconfía de él).

Estos datos me sugieren que el Partido Popular —como uno de los dos partidos grandes a nivel estatal— tiene muchos puntos de unión con el electorado, sobre todo en cuestiones demográficas básicas (sexo, estudios, situación laboral). Y, ciertamente, es normal en partidos con expectativas de voto por encima del 30%, que consiguen atraer a grandes grupos poblacionales

Pero las divergencias también están ahí y son muy nítidas, sobre todo en los aspectos más subjetivos —como sentirse de derechas o de clase media y las actitudes hacia la política—, pero también vinculados a valores más conservadores en lo religioso.

En la izquierda existe un deseo común: acudir en una coalición electoral a las próximas elecciones generales. Al menos, es lo que apuntan las partes. Según la reciente información publicada por Marta Monforte en infoLibre, el plan A de Podemos —el principal partido de UP— pasa por un “acuerdo justo” entre los distintos actores que configuran el espacio —con “prioridad” para los morados— encabezado por el mayor activo político que tiene actualmente la izquierda alternativa: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

Pero todo plan A tiene un plan B de resguardo. Si ese acuerdo no se produce, entonces, Irene Montero —ministra de Igualdad— podría perfilarse como candidata de Podemos y existe una posibilidad real de que el espacio a la izquierda del PSOE acuda dividido —al menos en tres candidaturas— a las generales previstas para finales de este mismo año.

En esta sección se ha escrito mucho sobre estos escenarios: desde la decisión que los partidos de la izquierda tendrían que tomar para optimizar el resultado de las elecciones y sortear las dificultades del sistema electoral; de la capacidad de Díaz de llegar a capas de la población a las que UP no ha conseguido mantener; o la ‘presidencialidad’ de la vicepresidenta segunda.

En esta ocasión, analizaremos el perfil de ambas ministras: cómo son valoradas por la ciudadanía y qué grupos poblacionales podrían apoyarlos más. Así, podremos conocer las debilidades y fortalezas de cada líder y su posible despempeño en las próximas elecciones generales.

En un primer vistazo se constata que Díaz, al frente de la cartera de Trabajo, es una de las ministras mejor valoradas del Ejecutivo. Goza de una valoración por encima de 4,5 puntos de media (en una escala de 1 a 10) —según cálculos propios a partir de los microdatos del CIS—, una popularidad que está al alcance de unos pocos, ya que los votantes no alineados ideológicamente con el partido que representa un líder político tienden a asignar malas valoraciones. De hecho, solo Margarita Robles (Defensa) y Nadia Calviño (Economía) tienen puntuaciones similares a Yolanda Díaz, principalmente, por el poco rechazo que generan entre los partidos de derecha.

Irene Montero, en cambio, es de las ministras con peor valoración, ligeramente por encima de los 3 puntos de media. Es una figura que polariza el electorado: más del 60% de los votantes de UP en noviembre de 2019 lo valoran con 5 o más puntos, mientras que por encima del 70% de votantes de PP y Vox le colocan en el 1.

Esto no tiene que ser necesariamente negativo para Montero en términos electorales y, en buena medida, ha quedado patente con la aprobación de la llamada ley de solo sí es sí. Como apunta una reciente encuesta de NC Report/La Razón, la mayoría de votantes de la derecha la consideran una ley perjudicial para las mujeres; en cambio, 7 de cada 10 votantes de Podemos opinan lo contrario. Es decir, en un contexto tan polarizado, consolidar tu base de votantes puede ser considerado un buen resultado electoral: es cuestión de expectativas.

Pero las expectativas ya están fijadas. Esto es, en las próximas elecciones se dirimirá si el bloque de investidura está en condiciones de revalidar el Gobierno, o, por el contrario y sin terceras opciones, la derecha consigue sumar la mayoría absoluta.

La impresión que da es que Podemos, de la mano de Montero, tiene la capacidad de garantizar un determinado suelo electoral, por las bases afianzadas a lo largo de los últimos años, pero que Sumar, de la mano de Díaz, tiene el potencial de superar las expectativas actuales del espacio confederal, estancadas lejos de sus mejores resultados.

Esta reflexión se sustenta en el siguiente gráfico, que muestra el porcentaje de la ciudadanía que aprueba a Montero o Díaz (con una nota de 5 o más) respecto a la población en su conjunto. La referencia, según mis cálculos, es que cerca de 1 de cada 2 ciudadanos aprueba a la ministra de Trabajo, mientras que menos de 1 de cada 3 hace lo propio con la titular de Igualdad.  

La primera impresión es que en los grupos poblacionales principales (sexo, edad, estudios, situación laboral etc.) Yolanda Díaz es más transversal que Irene Montero, ya que tiene polos menos dispares entre los distintos demográficos, empezando por el sexo.

Montero consigue mejores valoraciones entre las mujeres, cerca del 9% más que entre la población en su conjunto, que Díaz (2%), aunque se contrarrestan con el apoyo del sexo opuesto.

Por grupos de edad la diferencia es aún más notoria. La titular de Igualdad consigue hasta un 30% más de valoraciones positivas entre los jóvenes de 18 a 29 años, mientras que Díaz mantiene su media global. En cambio, Montero empeora entre los demás grupos, consiguiendo peores registros en edades más avanzadas, mientras que la líder de Sumar solo se descuelga entre los más mayores (65+ años).

Una diferencia aún más notable se puede apreciar en el estado civil de los votantes. Ambas líderes mejoran entre los solteros y empeoran entre los casados. De nuevo, Díaz se mantiene más cerca de su media y Montero consigue resultados más dispares.

Este fenómeno se repite en la mayoría de los grupos poblacionales analizados (también en situación laboral o en la religiosidad), quizá con la excepción del nivel de estudios, donde este efecto de revierte.

En líneas generales, se puede afirmar que los números de Yolanda Díaz son mejores que las de Irene Montero por cierta tendencia hacia la transversalidad, porque genera menos rechazo entre los votantes y, una clave importante, porque es capaz de atraer a grupos poblacionales más numerosos: como personas con estudios de tercer grado (1 de cada 3 de la muestra analizada), los católicos (6 de 10) o las personas con trabajo (5,5 de 10). Mientras que la ministra de Igualdad destaca entre grupos más reducidos: ateos (3 de 20), estudiantes (1 de 20) o parados (1 de 10).

Por tanto, la capacidad competitiviva —en términos electorales— de ambas ministras es notable. Montero podría ser capaz de asegurar a ‘los suyos’ y obtener un resultado electoral sólido, empujado por los fieles a la marca y confrontando directamente con la derecha, aunque probablemente por debajo del 10% de los votos si encabezara una candidatura en solitario. Y Díaz por su capacidad de penetrar en grupos poblacionales más amplios, sin generar tanto rechazo con su figura y tono, aunque con una marca aún desconocida para muchos.

El 2022 ha sido un año político muy intenso. Una guerra a las puertas de Europa ha desatado consecuencias económicas y sociales que no se veían desde décadas atrás. Buena parte de la vida política a lo largo de todo el año ha pivotado sobre este asunto, pero no solo.

A continuación, algunos de los datos más relevantes que nos ha dejado la política a lo largo del 2022.

1.   La derecha se fortalece en el cierre del año. El bloque de investidura —con los partidos que conforman el actual Gobierno y sus socios parlamentarios— ha liderado las encuestas durante casi la totalidad de la legislatura, hasta la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la secretaría general del PP en abril de 2022. A partir de mayo, el bloque de la derecha —con PP, Vox, Cs y UPN— se pone por delante del bloque de investidura y consigue alcanzar su máxima diferencia a finales de verano, con 5 puntos de ventaja (49% vs. 44%). Pero tras el giro a la izquierda por parte de Pedro Sánchez el pasado julio, y con la llegada de nuevas encuestas a partir de septiembre (después de un agosto seco), los bloques vuelven al empate técnico. 

En las últimas semanas, con las polémicas suscitadas por la ley del ‘Solo sí es sí’ o las reformas del código penal, la derecha ha dado síntomas de crecimiento y cierra el año con una ventaja neta de 2 puntos sobre el bloque de investidura.

2.   🏳️‍⚧️ El Congreso aprueba la Ley Trans. La medida, que ha sido protagonista de un debate de altísimo voltaje a lo largo de los últimos meses, no supone una amenaza para los derechos de las mujeres para 1 de cada 2 entrevistados por Sigma Dos/El Mundo. Además, más del 60% apoya la autodeterminación de género sin tener en cuenta el sexo biológico de la persona.

3.   💸 La inflación empieza a dar tregua. El IPC ha caído 4 puntos después de alcanzar su máximo valor el pasado julio, con la tasa más alta de este siglo (10,7%). Aunque esta caída de precios no ha hecho cambiar a la opinión pública. Según dos encuestas de 40dB, de julio y diciembre, la preocupación por la carestía de la vida sigue por encima del 90%.

4.   🦠 El coronavirus ha dejado de ser una preocupación. Durante los primeros meses de 2021 más de la mitad de la población consideraba la Covid-19 como uno de los principales problemas de España. Un año después esta cifra había caído por debajo del 20%, para repuntar a inicios de 2022 con la llegada de decenas de miles de nuevos contagios. A finales de este mismo año, la tasa de preocupación se sitúa por debajo del 3%, según datos PRECISA.

5.   ⚖️ Solo el 10% de la población está de acuerdo con la reforma del delito de malversación. Según una encuesta reciente de Instituto DYM, más del 71% de la ciudadanía está poco o nada de acuerdo con la reforma del Código Penal que deroga el delito de malversación. Entre los votantes del bloque de la derecha el desacuerdo alcanza el 90%, 20 puntos más que entre los votantes de los partidos del Gobierno.

6.   📈 La ciudadanía desconfía más de Alberto Núñez Feijóo que de Pedro Sánchez. En el mes de abril, cuando Feijóo asumió el liderazgo del PP, 5 de cada 10 votantes desconfiaba de él. En diciembre la desconfianza hacia el líder de la oposición se amplía hasta 7 de 10 personas, ligeramente por encima de Pedro Sánchez, que se mantiene estable desde mayo, según el último barómetro del CIS.

7.   🇺🇦 La mayoría de la población sigue con preocupación la invasión de Rusia a Ucrania. En marzo, casi el 90% de la población española aseguraba estar bastante o muy preocupado por la invasión de Rusia a Ucrania. En todos estos meses, la preocupación ha ido cayendo poco a poco, aunque sigue siendo bastante alta: del 75%. El interés informativo ha decaído sustancialmente. Con el inicio de la invasión rusa a finales de febrero, el telediario de TVE llegó a mencionar hasta 868 veces palabras como Ucrania, Rusia, Putin o Zelensky. A finales de marzo, las menciones se habían reducido por debajo de 200, una cifra que no se ha superado desde septiembre, según Verba de Civio.

8.   🗳️ La mayoría de los votantes rechaza la reforma legal propuesta por ERC para poder convocar un referéndum en Cataluña. Dos tercios de la población rechaza la reforma, que es transversal para la mayoría de los partidos de carácter estatal, excepto entre votantes de Unidas Podemos, donde el 47% apoya el cambio legal.

9.   🛑 El PSOE consigue frenar las fugas hacia el PP. El pasado mes de julio entre 8 y el 10% de los votantes socialistas de 2019 decían que en las próximas elecciones votarían al PP. Ahora, esa cifra ronda el 6-7%.

10.   🙅‍♀️ Vox consigue 30% menos de votos entre las mujeres. Este dato se ha duplicado paulatinamente entre las mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años a lo largo de este último año hasta llegar al 60% de déficit entre estas.

11.   📊 Primera encuesta con Sumar. Este mismo mes de diciembre, 40dB/El País ha publicado el primer sondeo considerando distintos escenarios de la izquierda alternativa. ¿El más optimista? Una izquierda unida con Yolanda Díaz como candidata. De esta forma, el espacio confederal podría conseguir más de 50 diputados en el Congreso, superando claramente a la treintena que conseguiría el espacio si no fueran en coalición.

12.   🏆 El PP ha vencido las dos elecciones celebradas este año. Tanto en Castilla y León como en Andalucía, el PP ha conseguido salir victorioso y gobernar, con el apoyo de la ultraderecha y mayoría absoluta, respectivamente. Las dos victorias han estado por encima de las expectativas históricas (lo que podría esperarse con los resultados pasados), pero ambos territorios tienden al conservadurismo. Según la media ponderada de las últimas tres elecciones en cada comunidad exceptuando 2022 –asignando un peso mayor a las más recientes—, la derecha superaba a la izquierda en 15 puntos porcentuales en Castilla y León y por 6 puntos en Andalucía.

Los partidos a la izquierda del PSOE tienen que tomar una decisión trascendental más pronto que tarde: concurrir a las próximas elecciones generales en una candidatura de unión o ir dividida o en coaliciones parciales.

Recientemente se ha publicado una nueva encuesta de 40dB para El País que incorpora algunos escenarios hipotéticos en torno a la izquierda alternativa y sus opciones electorales. Es cierto que es más complejo de medir la opinión pública en circunstancias como estas, pero un primer análisis de los datos nos permite extraer algunas conclusiones interesantes, unas más rotundas que otras, y nos da algunas pistas novedosas de la posible reconformación del espacio.

La primera y más obvia es que la unión de las izquierdas en torno a la candidatura de Sumar podría conseguir cerca de dos decenas de escaños más que los que consiguió Unidas Podemos en noviembre de 2019. Buena parte de este crecimiento se debe a los defectos del sistema electoral y cómo eso perjudica a partidos por debajo del 15% de votos a nivel general. 

En este caso, Sumar podría conseguir por encima del 18% de los votos y en torno al 16% de los escaños en la cámara (en torno a 57 de 350). Un déficit de proporcionalidad de entre 2 y 3 puntos, aunque un escenario más amable que el de las pasadas elecciones, cuando la infrarrepresentación casi alcanzó los 5 puntos netos.

Pero lo que realmente parece es que, tal y como vimos cuando analizamos la ‘presidencialidad’ de Yolanda Díaz, Sumar podría atraer a nuevos y/o viejos votantes del espacio confederal, ya que es la opción favorita de muchos votantes progresistas.

Como bien sintetiza Belén Barreiro, CEO de 40dB, en su artículo en El País, los votantes “creen que el espacio a la izquierda del PSOE debe estar representado por una sola candidatura” y quieren que Díaz lidere el proyecto. Es más, el rechazo que genera la vicepresidenta y su nueva marca es menor del que genera UP: el 28% de los encuestados afirma que nunca votaría a Sumar, mientras que la cifra asciende hasta el 44% en el caso de la coalición morada.

Para saber qué perfil sociodemográfico tienen estos votantes, he explorado los diferentes escenarios planteados por la encuesta donde los entrevistados responden a qué partido o coalición votarían en la actualidad y en un hipotético caso de unión de las formaciones de la izquierda alternativa (donde Sumar aglutine a UP, MP y las confluencias territoriales).

La primera constatación es que tanto Unidas Podemos como Sumar tendrían un perfil de votantes bastante similar. Si observamos los cruces más significativos, vemos que ambas opciones tienen ligeramente más apoyos entre hombres que entre las mujeres, una tendencia que se estrecha desde 2018, o que los votantes de entre 45 y 64 años asumen el mismo peso en cada uno de los dos casos.

También son similares los posicionamientos en los diferentes asuntos de actualidad como el cambio climático, la dependencia energética, la crisis de la inflación o las desigualdades sociales, donde la preocupación de los votantes es muy elevada y no distingue entre Sumar y UP.

Hay diferencias sutiles, en cambio, en el nivel educativo. UP siempre ha tenido mejores registros entre los votantes con estudios universitarios o de tercer grado que entre aquellos con menor rango educativo, y hay indicios de que Sumar podría acentuar este nicho de electores, que empieza a ser mayoritaria en España.

También en la clase social, donde tiende a haber más personas que se consideran de clases altas o medias altas en Sumar (43%), en comparación con las clases medias bajas o bajas (28%), lo que imprime una diferencia de 15 puntos cuando en UP la diferencia es menos pronunciada, de 4 puntos.

Pero donde de verdad se aprecia un cambio relevante es entre los trabajadores. Hasta el 62% de ellos dicen que votarían por Sumar si tuviesen la opción de coger esa papeleta, la mayor cifra de entre todos los principales partidos, 7 puntos más que en Unidas Podemos y por encima de los 10 puntos si comparamos con el PSOE.

Desde la irrupción de los nuevos partidos en las generales de 2015, el espacio confederal se ha desempeñado bien entre los trabajadores, lo que en los últimos años se ha traducido como un crecimiento del 10-15% en intención de voto respecto a la población en su conjunto, según un análisis propio de los microdatos del CIS.

Según los datos de la encuesta de 40dB y asumiendo todas las cautelas necesarias, Sumar podría mejorar este registro hasta el 20%, lo que supondría volver a los números de Podemos del periodo 2015-16, su mejor etapa en intención de voto.

Es verdad que el contexto económico es incierto y casi la totalidad de los votantes de la izquierda alternativa están bastante o muy preocupados por la situación actual, desde la guerra en Ucrania hasta el desempleo. Aunque la cifra total de parados en un mes de noviembre es la más baja desde 2007 y la popularidad de las políticas públicas desplegadas por el Gobierno a lo largo de la toda la legislatura, muchas de ellas encabezadas por la propia Díaz al frente de la cartera de Trabajo —como los ERTE o la subida del SMI— fortalecen la idea de que el ensanchamiento de Sumar viene también desde ese vértice.

Existe cierto temor en buena parte de la izquierda española a que los distintos espacios que en algún momento de los últimos años confluyeron en formaciones equivalentes a lo que hoy conocemos como Unidas Podemos no se pongan de acuerdo para concurrir en una candidatura unitaria a las próximas elecciones generales, que se prevén para finales del año que viene.

Pero antes, en mayo, se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, donde Yolanda Díaz ya ha anunciado que Sumar no presentará candidatura. En esta tesitura, Podemos e IU están negociando sus alianzas territoriales y han cerrado acuerdos en algunas comunidades autónomas, pero en otras las cosas se complican.

Las tensiones dentro del espacio confederal son patentes y las elecciones de mayo juegan un papel fundamental: el resultado determinará el equilibrio de fuerzas a la hora de negociar la configuración de las listas electorales para las próximas generales.

Estas pulsiones pueden empujar a que se presenten varias candidaturas de la izquierda alternativa en los comicios generales, pero también de forma parcial en las elecciones autonómicas y municipales. La pregunta es: ¿Qué expectativas tiene la izquierda alternativa en las próximas elecciones? Y ¿cómo le puede afectar la división del espacio a su rendimiento electoral?

Actualmente, el promedio de encuestas para las elecciones generales otorga a Unidas Podemos el 11% de los votos, con tendencias muy estables desde primavera de 2021 y entre 2 y 3 puntos por debajo de su máximo (13-14%) a principios de legislatura.

En las autonómicas, las encuestas apuntan a una situación aún más complicada. Más Madrid y Compromís —aliados de Podemos hasta 2019 y potenciales aliados de Sumar— pueden hacerlo relativamente bien en sus respectivas comunidades autónomas y capitales. También En Comú de Ada Colau en Barcelona. Pero Podemos —en coalición con IU en algunos territorios— está por debajo del 10% de voto en Canarias, Baleares, Aragón o Comunitat Valenciana, entre tantos.

Y esto supone un riesgo para la izquierda porque reduce su capacidad competitiva en muchas carreras electorales, ya que el sistema en España perjudica a los partidos que estén por debajo del 15% de los votos, justo lo que el espacio confederal está viviendo en estos mismos instantes en muchos territorios ante la disyuntiva de ensanchamiento o ruptura.

En términos históricos, los partidos que consiguen menos del 15% de voto en las elecciones generales o autonómicas terminan siendo infrarrepresentados en escaños. Por ejemplo, un partido de entre 10 y 14% de los votos en toda España en unas elecciones generales tiende a tener, de media, 2,8 puntos menos de escaños de los que le corresponderían si el sistema electoral fuera 100% proporcional. Esto es, la media del porcentaje de voto que consigue cada partido que se coloca en esta franja de voto es del 12,1% y, en cambio, solo conseguiría el 9,3% de los escaños.

Este efecto se agrava en la franja inferior, con los partidos que tienen entre 5 y 9% de los votos. En esta ocasión, conseguirían cerca del 7% de los votos y el 4% de los escaños, un diferencial neto negativo de 3 puntos porcentuales.

En cambio, los partidos que superan el 15% de los votos tienen una sobreestimación en escaños que opera de forma gradual, incrementándose con más énfasis en las franjas más altas. Así, un partido con entre 25 y 29% de los votos —el caso actual del PSOE, por ejemplo— tiene un aumento neto de 5 puntos.

Estas diferencias varían de una elección a otra, en función de características como el número de partidos que se presentan a dichas elecciones, pero el sesgo existente es estructural. Y este patrón se repite en las elecciones autonómicas, aunque las diferencias se diluyen ligeramente. Siguiendo los mismos ejemplos, para partidos de entre 5 y 9% de los votos la infraestimación en escaños es mayor de un punto porcentual, y en caso de partidos grandes (25-29%) la sobreestimación sube por encima de los 2 puntos.

Hay situaciones particulares —elecciones en territorios o lugares concretos— que pueden confundir a la hora de interpretar la proporcionalidad del sistema electoral. En las circunscripciones donde se reparten muchos escaños —normalmente en territorios muy poblados o provincias donde se reparten tantos escaños como partidos que superan el umbral mínimo de votos necesarios para conseguirlos— la distribución de escaños tiende a ser altamente proporcional.

Es el caso de las elecciones de Madrid en 2021. En esa ocasión, la izquierda alternativa presentaba dos candidaturas —Más Madrid y Podemos— y existía cierto riesgo de que los no superaran el mínimo necesario (5%) para conseguir representación, aunque finalmente la apuesta por Pablo Iglesias los relanzó y la distribución final de escaños es proporcional a los votos que consiguieron.

También existen casos antagónicos, normalmente en territorios poco poblados. Un ejemplo claro son Ceuta y Melilla en las elecciones generales. Ambas ciudades autónomas tienen un escaño en el Congreso y los partidos que compiten por él son numerosos. Es decir, el que más votos tenga se lleva el 100% de los escaños que se reparten. En las pasadas elecciones, el escaño de Melilla lo consiguió el PP, con menos del 30% de los votos. Este fenómeno se da, sobre todo, en provincias que reparten menos escaños que partidos que consiguen superar el umbral mínimo necesario. Como el caso de Ceuta y Melilla es paradigmático, se han excluido del análisis previo.

Actualmente, las dinámicas descritas y la idiosincrasia del sistema electoral pueden perjudicar al espacio a la izquierda del PSOE. Si de cara a las próximas elecciones generales se da una ruptura y eso termina dividiendo el voto que se estima ahora —hay que recordar que en política uno más uno no son dos pero tampoco uno entre dos es la mitad— podría terminar infraestimando notablemente a cada uno de los partidos del espacio y a sus posibilidades de participar en el Gobierno de la próxima legislatura.

Hay muchos ejemplos de partidos que actualmente están inmersos en esta coyuntura y que en el pasado han tenido problemas similares debido al sistema electoral. En 1996, Julio Anguita consiguió el mejor resultado electoral de IU con más del 10% de los votos, pero se hizo con 21 de los 350 escaños que se reparten en el Congreso, el 6%.

Sin ir más lejos, en las generales de 2015, Podemos e IU no se coaligaron en una alianza electoral y eso pasó factura, sobre todo, al hermano pequeño de la coalición, que sí se fraguó en 2016. En el año 15, IU tuvo una infrarrepresentación de 3 puntos en escaños (3,7% de votos y 0,6% de escaños) y Podemos de casi 1 punto (12,8% vs. 12%), sin considerar sus confluencias territoriales.

En el siguiente gráfico se pueden explorar los partidos que más y menos se han beneficiado del sistema electoral a lo largo de los últimos cuarenta años.

No es necesariamente un problema específico de la izquierda, sino un deje del sistema electoral que infraestima a partidos pequeños a nivel nacional y fortifica a partidos grandes en las circunscripciones más pequeñas. Esto se refleja con nitidez en la representación de los nacionalistas y regionalistas, pero también para los partidos grandes en territorios sin formaciones de carácter propio.

La izquierda alternativa está en unos registros que no son halagüeños de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, con algunas excepciones. Las alianzas que potencialmente tienen más opciones de prosperar son las que menos opciones electorales tienen en las encuestas y los partidos que lideran los territorios donde todavía este espacio es fuerte se han ido alejando de Podemos y acercándose a Sumar.

Y esto dificulta enormemente la situación, por lo complicado que resulta tejer unas relaciones tan deterioradas y por lo que esto podría suponer en su traducción en escaños.

Reyes Maroto ha dado un paso adelante. Quiere ser alcaldesa de Madrid por el PSOE, según ella misma anunció este lunes. Sin embargo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo no es muy conocida. Un 46,6 de los españoles no la conocen pese a ser miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2018, cuando ganó la moción de censura que le dio acceso a la Moncloa, según un estudio del CIS de octubre.

No es la primera vez que un ministro es candidato a unas elecciones autonómicas o municipales, unos comicios a menudo considerados como de segunda. Lo hizo Salvador Illa, entonces Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuando se presentó a las catalanas de 2021. También Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuando hizo lo propio como candidato a las elecciones autonómicas de Madrid ese mismo año. Con distinta suerte. El primero las ganó y el segundo se quedó en el 7%, anunciando la misma noche electoral su marcha de la política.

¿Cómo de importante es el conocimiento del candidato en las elecciones municipales y autonómicas? ¿Se vota más al partido o a la persona¿ ¿Se está haciendo cada vez más presidencialista el sistema parlamentario?

El pasado mes de octubre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó un estudio específico sobre las próximas elecciones municipales. En ella, una de cada dos (53%) personas aseguraban que los candidatos a la alcaldía de su pueblo o ciudad eran un factor más importante que el partido político con los que se presentaban (37%) a la hora de decidir el voto. Es un dato significativo, aunque no sorprendente para la mayoría.

Pero existen notables diferencias entre los ciudadanos de distintas Comunidades Autónomas. Por ejemplo, el 60% de los andaluces indica que el candidato es más importante que el partido a la hora de ejercer el voto, una diferencia neta de más de 20 puntos. En cambio, en la Comunidad de Madrid o País Vasco las preferencias se invierten, teniendo los partidos más peso que los candidatos que los encabezan.

Evidentemente, no es una ciencia ni mucho menos exacta. En recientes elecciones, como las de Castilla y León, el candidato de Vox, Juan García Gallardo, cosechó un resultado excelente y decisivo pese a su falta de conocimiento. El momento dulce de su partido, la potencia de la marca y la popularidad de líderes nacionales fueron determinantes. Lo mismo ocurrió antes con candidatos de Ciudadanos y Podemos no muy conocidos pero que se beneficiaron de una ola más amplia y del momento político. En cualquier caso, cada vez el candidato parece pesar más.

Una investigación firmada por Diego Mo Groba y María Pereira López y publicada en la Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS), argumenta que la influencia que ejercen cierto tipo de liderazgos “es un juego de suma y resta”. El liderazgo, por tanto, “funciona como un elemento canalizador del voto entre partidos emergentes y tradicionales” y es capaz de las preferencias de los electores en una u otra dirección.

Es decir, que un buen candidato aumenta la probabilidad de votar a un partido político, pero además, un mal candidato aumenta la probabilidad de terminar votando a su adversario, un fenómeno que han evidenciado Teresa Mata López y Manuela Ortega Ruiz (Revista Española de Ciencia Política, RECP) en su estudio del voto autonómico, al igual que los dos anteriores estudios citados.

Sin embargo, Mata y Ortega añaden que existen efectos concretos que disuaden estas influencias dependiendo de la Comunidad Autónoma objeto del estudio. En el caso de este último, que analiza los procesos electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña entre 2009 y 2010, apunta que la influencia de los líderes pueda ser relativa —aunque no niegan su presencia— y añaden que “las características propias de estas regiones marcan de forma decisiva la orientación del voto”.

Los indicios apuntan a que el efecto del líder político en los ciudadanos a la hora de ejercer su voto se produce tanto en elecciones multipartidistas —donde muchos partidos compiten en la misma carrera electoral— como en las bipartidistas —cuando las elecciones se ciñen a dos grandes partidos. Y esto es relevante, porque, de forma natural, tendemos a pensar que la “presidencialización” de la política ha llegado a España de la mano de los nuevos partidos como Podemos, que en 2014 se presentaba a sus primeras elecciones con la imagen de su líder en la papeleta del voto.

Sin embargo, un estudio de Leonardo Sánchez-Ferrer y Jorge Berzosa-Alonso (REIS), apunta que la valoración de los líderes no es la variable más influyente —la cercanía que uno tiene hacia un partido político es un factor más determinante—. Los autores le otorgan un peso similar que a la autoubicación ideológica del votante y mucho mayor que a la imagen que estos tienen respecto a la gestión de políticas públicas y la valoración retrospectiva de la gestión del Gobierno.

Es más, en todos los estudios citados a lo largo de estas líneas, las variables de corte demográfico (como el sexo, la edad o el nivel de estudios) no tienen efectos significativos en el voto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, si bien analizando las tendencias de voto por grupos demográficos podemos ver diferencias notables —sobre todo en temas como la religiosidad del votante— la influencia de estas características en el voto subyace bajo aquellos factores como la ideología, la cercanía hacia una formación política o la valoración de su cabeza de lista.

Argumentan los autores que “el efecto electoral del liderazgo tiende a ser mayor en democracias presidencialistas”, aunque subrayan la tendencia creciente a la personalización de la política en todo tipo de procesos electorales con diferentes sistemas de partidos.

Vox está pasando por su primera gran crisis interna desde su irrupción en el parlamento de Andalucía en diciembre de 2018. Desde entonces, ha conseguido mejorar sus registros de voto en cada una de las elecciones qa las que se ha presentado, aunque eso no significa que haya superado las expectativas que se tenían en un principio.

El claro ejemplo es Andalucía. En las pasadas elecciones de junio, Vox mejoró sus resultados casi dos puntos y medio respecto a cuatro años antes. Pero su principal competidor del espacio de la derecha consiguió la mayoría absoluta en la Cámara y ha dejado en la irrelevancia parlamentaria al partido de extrema derecha que había apostado por uno de sus principales activos dentro del espacio: Macarena Olona.

Ahora, las encuestas para las próximas elecciones generales apuntan a que Vox podría estar por debajo de los resultados que le precedían. El promedio de encuestas de TheElectoralReport –que ajusta los sesgos y pondera por fecha, muestra y calidad demoscópica— asigna a la formación un 14,5% de los votos, menos de 1 punto de diferencia si comparamos con los resultados que cosechó en noviembre de 2019.

Aunque parezca una diferencia escasa, es bastante significativa. Primero porque el promedio de encuestas es conservador cuando no hay convocatorios electorales previstas en un corto plazo, por lo que necesita mucha evidencia –encuestas— para moverse en una dirección u otra. Segundo porque, hace apenas medio año, Vox alcanzaba el 20% de los votos, coincidiendo con la crisis de liderazgo interno del Partido Popular.

Entre abril y junio de este mismo año, las tendencias de voto de Vox se estabilizan y el PP empieza a recuperar fuerzas de la mano de su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo. Pero la caída libre de la formación de extrema derecha –y el crecimiento del PP, que absorbe buena parte de las fugas de Vox— no llega hasta después de las elecciones andaluzas.

Entre abril y junio, la formación de extrema derecha pierde, aproximadamente, 1 punto porcentual, y, tras los resultados en las andaluzas, cae 3 puntos más en un mes. Con el fiasco en Andalucía –Vox mejora en voto, pero no en influencia política— y las tensiones internas entre la dirección nacional y Olona terminan empujando a la candidata a tomar la decisión de salir del partido, y, a la vista de las últimas noticias, podría llegar a presentar su propio proyecto político.

Lo cierto es que Vox ya está en una situación muy delicada. Sigue siendo el tercer partido en intención de voto para las próximas elecciones generales, pero ha caído más de 5 puntos en seis meses y una escisión liderada por Olona lo debilitaría aún más.

Si repasamos los resultados electorales en las generales desde 1977 hasta 2019 en cada una de las 52 circunscripciones electorales para partidos que, a nivel general, consiguen más del 3% de los votos, podemos comprobar que aquellos que logran menos del 15% en total —el caso actual de Vox— 0% de los escaños en 2 de cada 3 ocasiones.

En cambio, si el partido consigue más del 15% de los votos, sus opciones de quedarse sin escaños en el Congreso disminuyen hasta 3 de 20 ocasiones.

Evidentemente, no se contempla esta posibilidad. Lo que intento explicar con esto es que, por debajo de cierto umbral, el sistema electoral empieza a pasar factura, y perder unos pocos votos te puede hacer perder muchos escaños.

Aun así, empieza a haber algunas dinámicas que pueden mejorar las expectativas de voto del partido de extrema derecha en los próximos meses. Se vislumbran algunos síntomas de debilitamiento del PP, y como apunta el doctor en ciencia política, Lluis Orriols, en un artículo reciente en elDiario.es, la luna de miel de Feijóo podría haber terminado para aquellos exvotantes del PSOE que miraban con buenos ojos el líder conservador.

Esto tiene, al menos, dos implicaciones. La primera es que la derecha pierda fuerza electoral y los bloques tiendan a igualarse de aquí a final del próximo año, haciendo más competitiva la carrera electoral –entre la izquierda y la derecha—de lo que los sondeos han estado indicando en los últimos meses. La segunda es que la sensación de pérdida de popularidad de Feijóo se traslade, también, al bloque de la derecha y que esto termine beneficiando a Vox en forma de transferencias de voto.

Todo esto tendrá que confirmarse con el tiempo, y con más encuestas. De momento, lo que sabemos a ciencia cierta es que Vox está perdiendo fuelle y esa debilidad electoral le está acercando al precipicio. Todo ello, a una semana de que se pueda oficializar otra escisión de la extrema derecha. Pero esta vez, en medio de una crisis interna a ojos de la opinión pública y protagonizada por una de las personas que ha estado en primera línea del partido.

La Justicia española tiene un gran problema ante la opinión pública. La reciente dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha puesto en evidencia lo que la población española lleva diciendo durante décadas: la Administración de la Justicia, como servicio público que es, no funciona satisfactoriamente para la mayoría.         

El último barómetro de Opinión Pública y Política Fiscal del CIS, publicado en el pasado mes de julio, recoge que tan solo una de cada cinco personas (22%) considera que el funcionamiento de la Administración de la Justicia es satisfactorio, mientras que dos de cada tres (68%) opinan lo contrario. Una diferencia neta de 46 puntos porcentuales a favor de los que ven con pesimismo el funcionamiento del tercer poder del estado.

Lo preocupante, en cambio, no es este dato. Va más allá, y hay dos aspectos relevantes a mi juicio.

La primera es que la diferencia neta de -46 puntos es el quinto mejor resultado desde el inicio de la serie en 2005. Lo que coloca a la Administración de la Justicia como el servicio público peor valorado a lo largo de las dos últimas décadas: la mayoría de la población considera que no funciona satisfactoriamente.

La segunda es que no hay visos de mejora a futuro. En estos últimos años, hemos visto una percepción de mejora de los servicios públicos casi generalizada ante la opinión pública, pero la Justicia se ha mantenido al margen.

El transporte público, los servicios sociales o la seguridad ciudadana son evaluadas positivamente por la ciudadanía. También la enseñanza o la sanidad pública, que han ido mejorando paulatinamente desde 2013 hasta hoy, pasando valoraciones negativas a positivas, aunque se han debilitado tras la pandemia. Las pensiones, en cambio, han pasado de una tasa de -52 puntos en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, a una tasa de -8 puntos en 2022. Esto es, hace cuatro años el 70% de la población creía que la gestión de las pensiones era más bien negativa, poco satisfactoria. Hoy piensan lo mismo el 50%.

Si pensamos a corto y medio plazo, es normal plantearse un escenario donde la mayoría de los servicios públicos citados sigan mejorando en valoración ante la opinión pública. La subida de las pensiones del 8,5% en 2023, la gratuidad del transporte público estatal en tiempos de crisis o el incremento de las partidas presupuestarias en ayudas a la dependencia van en esa dirección, son medidas populares.

También van en la misma dirección las maniobras del Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ, tras cuatro años de bloqueo por parte del Partido Popular. Pero el recorrido que queda por delante es largo y hay motivos suficientes para pensar que la valoración de la Justicia no mejorará en los próximos años.

Primero porque el CGPJ es ajeno para buena parte de la población española, en concreto, para casi la mitad (45%) de nosotros. Segundo, porque si bien puede haber un acuerdo de renovación del CGPJ en los próximos días o semanas, no parece haber consenso entre las formaciones políticas en cuanto al sistema de elección de los jueces, lo que podría dilatar el debate entre posturas distanciadas durante meses.

Podemos observar esto en detalle en el barómetro del CIS de julio de 2019. Según un análisis a partir de los microdatos, una de cada dos (52%) personas conocía de la existencia del CGPJ y solo una de cada tres (30%) había oído hablar del método de elección de los jueces. A partir de ahí, mucha confusión en las opciones que se ofrecen.

Un 16% de todos los entrevistados escogería algún sistema de elección de tipo mixto, un 14% apostaría por la soberanía popular –ejercido en voto directo (7%) o mediante los representantes públicos en ambas cámaras (7%)—, un 11% aboga que los propios jueces sean los que elijan a otros jueces y otros tantos no tiene una opinión formada al respecto. Además, cabe resaltar que no hay diferencias significativas entre votantes de distintos grupos ideológicos.

Al fin y al cabo, lo que subyace de todo esto es que la Administración de la Justicia no funciona adecuadamente como servicio público a ojos de la ciudadanía, pero, sin embargo, será quién decida en los próximos meses y años sobre muchas de las políticas y servicios públicos que sí son populares y cumplen con su función satisfactoriamente.