La triada de must navideños en Nueva York pasa por escuchar el All I want for Christmas de Mariah Carey entre calles atestadas de viajeros y locales cargando decenas de bolsas, la visita al enorme árbol del Rockefeller Center y una tarde como público en uno de los partidos de baloncesto de la liga NBA que se disputan en la Gran Manzana en los que nunca faltan rostros como Jack Nicholson, Taylor Swift y Ben Stiller, algunas de las celebrities que incondicionalmente se sientan en primera fila.

Y ha sido esta última imagen la que se ha colado estos días en la tribuna de oradores del Parlamento de Andalucía, en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto para 2024. En esta sesión plenaria, la última del año, se habló de amnistía y de concesiones a Cataluña, de quita de deuda y de Puigdemont (la centrifugadora del debate nacional manda, claro está), pero también de la campaña de promoción de Andalucía como destino turístico en los partidos de la NBA en la Navidad neoyorquina. 

“En Andalucía se está gastando más en promoción que en políticas de vivienda”, espetó Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía (la marca regional de Sumar), que sacó a relucir un dato: la empresa pública de Turismo ha gastado 165 millones en publicidad desde que gobierna el PP, más de lo invertido en vivienda. 

A su izquierda, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía también afeó a Juanma Moreno el contrato publicitario por tres millones de euros más IVA firmado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con el grupo Madison Square Garden, propietario de la plataforma audiovisual MSG Networks. 

“En la Andalucía de Moreno Bonilla y del PP, caben los Lakers, los Chicago Bulls, caben los Brooklyn Nets y sobramos los andaluces”. Con esos tres millones, expuso el parlamentario, se pueden construir un centro de salud o contratar a 600 profesionales sanitarios durante un mes.

Y también esta noticia, adelantada por el diario Relevo, protagonizó parte de la intervención de la parlamentaria socialista Isabel Aguilera, que, como portavoz en la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte, criticó que el consejero Arturo Bernal tenga abandonadas la mitad de las competencias de su consejería: “Es escandaloso que se haya pagado 38 millones de euros por un anuncio y sólo se haya ejecutado 9 millones en deporte o sólo 11,5 millones para cultura. El consejero tiene abandonado al deporte base y a los creadores de Andalucía”, dijo sobre el costosísimo spot bajo la firma de los creadores de la multinacional Ogilvy.

Bajo el título de Andalusian Crush, el anuncio, que lleva semanas en órbita con éxito en redes y soportes, cuenta con la voz y la imagen final de Peter Dinklage (Tyrion Lannister en Juego de Tronos) como narrador de un relato que apela al flechazo que el viajero siente tan pronto conoce la idiosincrasia andaluza.

Dependiendo de la fuente, se trata de una campaña baratísima para la captación del turista en el mercado norteamericano que, según datos de la Junta, tendrá más de 300 millones de impactos. También hay quien ve la megalomanía de un presidente que disfruta del cheque en blanco que da una mayoría absolutísima que acaba de aprobar el presupuesto para el próximo año sin apenas concesiones a la oposición. De las 1.612 enmiendas presentadas, el Gobierno andaluz sólo ha incorporado 85. 57 de ellas eran del PP, el partido del gobierno. 

¿En qué consiste la campaña exactamente? El patrocinio se enmarca dentro de una iniciativa de promoción de Andalucía en equipos de la NBA a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, que a su vez lo ha negociado con la empresa Sportfive Iberia SL, cuya empresa matriz es propiedad de un fondo norteamericano y, según fuentes de la Consejería, la única interlocutora para la gestión de los derechos de imagen de estos equipos. “De ahí que el contrato se haya hecho por designación directa y sin publicidad”, apuntan estas fuentes oficiales, que explican también que un 80% del coste se ha pagado con Fondos Feder consignados exclusivamente a la promoción de Andalucía. 

En esta acción, el equipo de Turismo lleva trabajando desde octubre, fecha que coincide con los prolegómenos de los Grammy, una gran gala que se celebró en Sevilla el 16 de noviembre y que supuso un desembolso por parte de la Junta de Andalucía, de más de 23 millones de euros y una polémica abierta sobre el retorno real para las ciudades de este tipo de iniciativas.

En este caso, el contrato para la promoción de Andalucía en la NBA obliga a la proyección del anuncio en los partidos oficiales que estos equipos disputen en sus canchas durante la última semana del año. Concretamente, según la nota oficial, durante el partido entre los Chicago Bulls y los Atlanta Hawks del 26 de diciembre, el encuentro entre los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks del día 27 y el que Los Ángeles Lakers disputará contra los Charlotte Hornets el 28 de diciembre. 

Asimismo está prevista la presencia de la marca Andalucía y de los materiales de la campaña en soportes publicitarios de los pabellones, en el LED perimetral alrededor de la pista, en contenidos a los que se dará difusión en sus canales digitales (los perfiles de redes sociales) y a través de “diversas propuestas dirigidas a los aficionados”. 

Se substituirán las clásicas cheerleaders por un intermedio protagonizado por un brevísimo número de flamenco que, adelantamos ya, soliviantará a los puristas del jondo. Además, se llevarán a cabo acciones especiales bajo la denominación Andalusian Theme Nights, con noches temáticas dedicadas al destino que mostrarán el flamenco como un atractivo diferencial de la comunidad junto con actos con leyendas de los clubes y promociones con los seguidores. 

Todo esto es lo que está escrito sobre el papel y el grado de cumplimiento final será, según ha adelantado la oposición, motivo de fiscalización y seguimiento.

Desde el diseño del nuevo Gobierno de Juanma Moreno tras el 19J, el consejero Arturo Bernal, experto en las políticas de Turismo desde sus tiempos en la Diputación de Málaga, tomó el control de una Consejería mastodóntica en la que ha orillado dos patas, Cultura  Deporte, y ha proyectado una prioridad cristalina: atraer al turista norteamericano, un tipo de viajero que, según distintos estudios del sector, pasa más tiempo en el destino y gasta más. 

No en vano, el turismo representa un 13% del PIB anual de Andalucía y, según datos que maneja la Junta, el turista norteamericano gasta entre 217 y 220 euros diarios, frente a los 137 aproximadamente que gasta otro viajero, que en los años de furor de las aerolíneas low cost ha colonizado la Costa del Sol pero también capitales de interior como Sevilla o Granada. Sólo hay que darse un paseo por las principales arterias de estas ciudades.

De hecho, a día de hoy Estados Unidos es el cuarto mercado internacional en viajeros para Andalucía y el primero no europeo. Entre los meses de enero y octubre de este año los establecimientos hoteleros de Andalucía recibieron 560.877 viajeros procedentes de este país, aproximadamente 1,3 millones de pernoctaciones, un 30% más que lo registrado en el mismo periodo de 2022.

Con esta campaña, aseguran fuentes del entorno del consejero, se busca avanzar en la negociación con las compañías aéreas de cara a cerrar nuevos vuelos directos entre ciudades estadounidenses y capitales andaluzas. En la actualidad, sólo Málaga tiene un vuelo directo con Nueva York (y aquella opción frente a la de Sevilla abrió de nuevo la clásica disputa entre ambas ciudades).

Concretamente, se trabaja en nuevas conexiones directas entre aeropuertos andaluces con ciudades como Chicago o Miami. 

¿Es posible? De hecho, es la principal línea de trabajo del equipo de Turismo desde hace meses. Sólo hay que echar un vistazo al calendario de grandes eventos a los que está dedicando atención y sobre todo dinero público: la Solheim Cup, celebrada en Casares (Málaga) el pasado septiembre, pasa por ser la mayor competición internacional de golf femenino que enfrenta al equipo europeo con el estadounidense; para los Grammys, con los que hay acuerdo de que la marca siga apareciendo en distintos conciertos hasta 2025, la Junta de Andalucía puso la alfombra roja a los popes mundiales de la industria musical; y ahora llega esta campaña en la NBA… 

A estas alturas del año, y de la Navidad, nos permitimos una broma emulando el anuncio de Nespresso…“And what else, Juanma?”

Lo próximo, sostienen fuentes de Turismo consultadas por infoLibre, es que la estrategia andaluza del próximo Fitur se consagre al mercado norteamericano, al que se expondrá no sólo los atractivos turísticos de Andalucía sino también sus pros como destino para la industria audiovisual, un área a la que le está dedicando especial atención la Junta.

Una vez conseguido el mercado norteamericano, el foco, avanzan fuentes de Turismo, se pondrá en ciudades específicas de Asia-Pacífico, atractivas por su PIB y su entrada en nuevos mercados en auge.

¿Qué consecuencia tendrá esta captación de un turista cada vez más rico? Los cálculos de la Consejería de Turismo indican que creará un efecto dominó: los turistas con mayor poder adquisitivo expulsarán al turismo de mochila y billete de Ryanair que campa en las terrazas, veladores y calles de muchas ciudades andaluzas sin rascarse demasiado el bolsillo. Que los viajeros ávidos de gastar en galerías comerciales y restaurantes de mesa y mantel empujarán a los márgenes la cultura del low cost.

Para el equipo del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, las críticas sobre esta campaña de los partidos de la oposición son “pura demagogia”. “Si la critican porque no saben, es pura ignorancia, y si critican sabiendo lo que habitualmente cuesta este tipo de acciones es puro cinismo. El retorno es infinitamente mayor que lo que ha costado la campaña; entrar a comparar la inversión en estas campañas con las listas de espera de la sanidad es puro populismo”. 

Lo cierto es que esta campaña trasciende en la semana en la que se conoce que Andalucía es la última comunidad en PIB per cápita por tercer año consecutivo, en la semana en la que se han reactivado las protestas de las mareas verdes y blancas por la erosión de la Educación y la Sanidad públicas, y en la semana en que el PP andaluz ha decidido, vía enmienda en el Presupuesto diseñado por su consejera de Hacienda, que los ricos andaluces decidan si quieren tributar el impuesto de grandes fortunas en la Administración autonómica o en la estatal, tras el revés del Tribunal Constitucional que tumbó los recursos de Andalucía, Madrid y Galicia.

Esta campaña trasciende también en una semana en que, como tantas anteriores, son decenas los usuarios en redes sociales y también las crónicas de la prensa local que relatan desaparición del acervo identitario de las calles de nuestras ciudades en favor de bares franquiciados, espacios a pie de calle para consignas de equipajes, homogeneización de escaparates, multiplicación de hostels y apartamentos turísticos cuando no la conversión de antiguos edificios de acceso público en hoteles de cinco estrellas. Signos todos de la turistificación que merece reflexión, debate, ordenación y reglas.

Ante estas imágenes, en una comunidad gobernada en sus ocho capitales por alcaldes del PP, lo habitual hasta ahora está siendo evitar mirar a futuro, conformarse en el cortoplacismo. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, una de las ciudades que más soporta la gentrificación del centro, exculpa a los pisos turísticos de la pérdida de población de la ciudad de manera continuada en el censo. A preguntas de Podemos en el pleno municipal, Sanz ha defendido que ”aunque en el casco histórico no cabe un apartamento más, no se les puede criminalizar porque no tienen la culpa de todo; han traído cosas buenas a la ciudad: muchos pertenecen a empresas sevillanas y han traído riqueza y han contribuido al crecimiento económico de la ciudad. Si no fuera por ellos, muchas manzanas y casas antiguas habrían desaparecido”.

En este sentido, la Junta de Andalucía ultima el decreto para la regulación de las viviendas turísticas que da potestad a los ayuntamientos para poder poner coto en función del estudio de sus propia realidad urbanísticas y atendiendo a las zonas saturadas. En la pasada legislatura, Cádiz y Sevilla, con alcaldías de izquierdas (Adelante Andalucía y PSOE, respectivamente) ya avanzaron en esta línea. La legislación fue recurrida por la Junta de Andalucía a través de la Agencia de la Competencia, que se hacía portavoz de esta forma de las quejas de la plataforma de empresarios de apartamentos turísticos.

¿Están las ciudades preparadas para recibir tantos turistas?, ¿se ha estudiado si el retorno, el beneficio y la riqueza que genera el turismo llega luego a todos los barrios?, ¿cuál es el precio que hay que pagar por alquilar o comprar una vivienda en el escenario inflacionista por el turismo?, ¿están los sueldos de los trabajadores locales adaptados al precio de la vivienda generada por esta burbuja?, ¿han entrado los dirigentes, a todos los niveles, en una espiral de captación de viajeros sin freno descuidando por el camino la atención a los residentes y mucho más a la la periferia de sus ciudades? 

Algunas de estas cuestiones tienen respuesta, o al menos un análisis a sus dinámicas, en el libro Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas, una obra publicada por la granadina editorial Comares que coordinan Iban Díaz Parra y María Barrero Rescalvo. El índice ya apunta en una dirección con capítulos titulados Espacios públicos desamparados, ciudades insípidas; ¿Qué hay detrás del host? Agentes de la producción del alquiler turístico y su disputa por la apropiación de la renta en Andalucía; o La Barra de bar más grande del mundo. Baretización en Sevilla y sus conexiones con los procesos de turistificación, gentrificación y gourmetización.

De partida, los autores contrarrestan esa tesis tan extendida por el Gobierno andaluz para defender esta campaña de la NBA y antes la de los Grammys. Es decir, que per se el turismo trae riqueza. Se ha extendido, escriben, “un tipo de ideología turística, un discurso legitimador del modelo basado en el hiperdesarrollo del complejo inmobiliario-financiero-turístico, invisibilizador de sus conflictos, que respalda unas prácticas económicas predatorias y extractivas con el territorio y la sociedad que lo habita bajo el mantra de que el turismo crea riqueza. Hasta el momento, la forma en que esa riqueza se redistribuye entre los andaluces y andaluzas es, como mínimo, deficitaria”. 

A comienzos de los años setenta, en Cataluña vivían 840.000 personas nacidas en Andalucía. Sumados a sus hijos, nacidos ya en alguna de las cuatro provincias catalanas, el total de aquella primera generación llegó entonces a ser superior al millón de personas. Más de 50 años después, hoy es complicado encontrar en Cataluña un entorno laboral en el que la raíz andaluza no esté presente.

Santa Coloma, Nou Barris, Badalona, Rubí, Cerdanyola o Ripollet, por citar sólo algunos enclaves paradigmáticos de esta emigración, han levantado sus pilares con el esfuerzo y la mano de obra andaluza, hoy mutada en múltiples sensibilidades en los escaños del Parlament.

La magnitud del éxodo de andaluces hacia Cataluña, en una época en que de Andalucía salieron en busca de un futuro mejor hasta dos millones de personas, fue tal que los sociólogos, y también los medios, llamaron a esta tierra, la novena provincia andaluza. Ese fue el titular, no en vano, del extraordinario monográfico que dedicó a este fenómeno la revista Andalucía en la historia en abril de 2010, publicación editada por el Centro de Estudios Andaluces.

De ahí que, aunque hoy pueda parecer una entelequia, una de las respuestas más masivas a las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 procediera precisamente de Barcelona.

La hemeroteca y las fotografías de la época dan fe de que más de 300.000 personas acudieron a la convocatoria anunciada como el Día Nacional de País Andaluz en las octavillas que se repartieron en las fábricas, en los bares y en las plazas del extrarradio de Barcelona.

En los pasquines que los movimientos sociales, los partidos y los activistas de la causa repartieron por la calles se hacía una Llamada solidaria con el pueblo andaluz a todos los pueblos del Estado español.

¿Qué se pidió el 4 de diciembre en la calles de Andalucía y, por extensión en Cataluña, País Vasco y Madrid, focos de recepción todos de andaluces emigrados? La respuesta tenía un lema en las pancartas: libertad, amnistía y estatuto de autonomía; es decir, una petición de autonomía política plena que pusiera fin al atraso crónico y el subdesarrollo de la región y, en consecuencia, un trato de igualdad con respecto a las llamadas nacionalidades históricas.

Una fecha icónica que tiene su propio mártir, Manuel García Caparrós, un joven de 18 años, trabajador malagueño de la fábrica de Cerveza Victoria, militante de Comisiones Obreras, que fue asesinado durante la manifestación por el 4 de diciembre de 1977 en Málaga al ser alcanzado por una bala mientras trepaba por la fachada del edificio de la Diputación de Málaga para colocar una bandera de Andalucía. El expediente del caso aún sigue clasificado.

Como García Caparrós, más de dos millones de personas se echaron aquel 4 de diciembre de 1977, aferrados a la bandera blanca y verde, a las calles de las capitales, ciudades y pueblos de Andalucía

Personas “de muy diversa sensibilidad política”, recuerda Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía. Por entonces, apunta Pezzi, Andalucía tenía hasta 91 parlamentarios, entre senadores y diputados en las cortes constituyentes que nacieron tras las primeras elecciones democráticas: 47 del PSOE, 38 la UCD, 5 del Partido Comunista y 1 diputado de Unidad Socialista, paraguas que en la época reunía a los diputados del Partido Socialista de Andalucía (PSA) y al PSP (Partido Socialista Popular) de Tierno Galván. Fue la asamblea andaluza de parlamentarios la que echó a andar, de la mano del movimiento social que venía trabajando desde la clandestinidad, aquella convocatoria de la que el próximo lunes se cumplen 46 años.

“Todos, las formaciones más conservadoras y las más progresistas, reclamaron de manera unitaria en la calle una misma reivindicación para Andalucía”, recuerda en conversación con este medio José Luis de Villar, jurista, historiador, fundador del PSA y uno de los investigadores que más obra ha dedicado a rescatar la memoria del andalucismo.

“El andalucismo no va contra nadie, contra ningún nacionalismo, ni contra ningún pueblo, significa estar a favor de Andalucía”, subraya De Villar, que ya prepara el lanzamaiento En los orígenes del Partido Andalucista. La vía andaluza a la democracia y la autonomía: el Manifiesto Fundacional de Alianza Socialista de Andalucía.

Para Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, “el andalucismo, a diferencia de los que surgió en Cataluña o el País Vasco, son corrientes políticas que nacieron de la burguesía industrializada de finales del siglo XIX. La diferencia del andalucismo es que surge del pueblo llano y ese hecho diferencial está en la desigualdad que arrastra desde hace dos siglos Andalucía, dentro de la propia Andalucía y de Andalucía en relación al resto de España”.

El 4D, el andalucismo, su memoria y su interpretación actual, ha sido protagonista también del Debate del Estado de la Comunidad que ha afrontado esta semana el popular Juan Manuel Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía en el que eje de su discurso ha sido el “agravio” con Cataluña.

Conviene recordar la imagen de las ramblas de Barcelona clamando a favor de Andalucía y el espíritu fundacional del 4D cuando son los acuerdos del PSOE con los partidos nacionalistas catalanes, Junts y ERC, presentes a lo largo del debate en la cámara autonómica y en el papel que está haciendo valer Moreno Bonilla como barón entre barones en el debate nacional de su partido, los que, supuestamente, han motivado que, por primera vez desde entonces, la clásica movilización parta este año dividida.

Por un lado, saldrá la manifestación que han realizado, como es tradición, la plataforma 4D integrada por una treintena de colectivos, entre sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda donde participan también el SAT, la Intersindical Andaluza (Ustea y Sindicato Ferroviario), los movimientos de Marea Blanca, dirigentes de Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía, entre otros, con el lema de la "defensa de la sanidad y los servicios públicos y en la lucha por la paz". No ha habido presencia tradicional de los partidos de la derecha española en estas movilizaciones y aún menos de la clase empresarial andaluza.

La erosión de la sanidad pública, el principal foco de desgaste del gobierno de mayoría absoluta de Moreno Bonilla, será una de las principales proclamas de esta manifestación.

Por otro, el Foro Economía y Sociedad, desde la Plaza de Cuba de la capital hispalense saldrá a la calle "en defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles". Es para esta convocatoria para la que el presidente andaluz ha pedido la adhesión “de todos los andaluces” este domingo. “Me gustaría que alguna vez, en esas reivindicaciones acerca de Andalucía, pudiéramos coincidir, como en ese reparto que va a ser tremendamente injusto con Andalucía”, pidió desde la tribuna de oradores.

Lo hace, ha insistido en distintas, no como dirigente del Partido Popular sino para “proteger al resto de los españoles ante las derivas del Gobierno de Sánchez”. A esta convocatoria, se han sumado numerosos colectivos que, desde la firma de los pactos de investidura, han criticado el contenido de estos acuerdos, como por ejemplo la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

En su manifiesto de apoyo a esta convocatoria la CEA reclama “se reafirma en su defensa del Estado de Derecho y en el principio de igualdad de todos los españoles, y alerta sobre los privilegios para ciudadanos y empresas en unas partes de España frente al resto que pueden generar las concesiones en materia de financiación autonómica, pactos fiscales, inversiones, infraestructuras y condonación de deudas”.

La movilización para esta convocatoria, ha denunciado el PSOE de Andalucía, se ha realizado también a partir del envío masivo, desde cuentas oficiales de la Junta de Andalucía, en lo que el partido que dirige Juan Espadas, secretario general del PSOE-A y flamante portavoz del PSOE en el Senado, como “un uso personal y partidista de recursos institucionales públicos. La Junta de Andalucía está enviando correos electrónicos para firmar un manifiesto e ir a una manifestación por una supuesta igualdad”.  

Este mismo hecho ha sido denunciado por Inma Nieto, de IU, portavoz en el Parlamento autonómico de Por Andalucía, la marca regional de Sumar. 

En paralelo, el PSOE andaluz acudirá este domingo a la llamada de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia que preside el ex presidente de la Junta Rafael Escuredo, y principal impulsor del Estatuto de Autonomía conseguido en referéndum el 28F, que concederá a José Luis Rodríguez Zapatero uno de los Premios 4 de Diciembre que entregará Coria del Río (Sevilla), presidente del Gobierno de España durante cuyo mandato, en 2007, se aprobó en cortes la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz.

“Si el 4D se divide, se traiciona su espíritu fundacional y sería muy triste; si algo tuvo de bueno, de útil, de bello fue esa unidad”, interpreta José Luis de Villar porque en su nacimiento concitó el “apoyo unánime y masivo de movimientos sociales, políticos, asociaciones de vecinos, entidades culturales, clubs de fútbol. “Aquel 4D los jugadores del partidos Sevilla-Cádiz y el Betis en Burgos salieron con la camiseta andaluza”, recuerda. El álbum en la hemeroteca da fe.

¿Qué significa esta división ante el 4D? La respuesta, claro está, varía en función de con quien se hable.

Para Izquierda Unida, fiel desde siempre a la convocatoria del 4D, “la derecha andaluza está utilizando, con la excusa del andalucismo, el mismo discurso excluyente del nacionalismo español que no entiende la pluralidad de este país; el andalucismo, como identidad política y cultural, siempre ha entendido el hermanamiento con el resto de los pueblos”, explica Valero. “Moreno Bonilla está utilizando la percha del 4D para echar a pelear su andalucismo con la identidad de Cataluña, en definitiva, niega la pluralidad de este país”, sostiene.

Para Adelante Andalucía, cuyo portavoz en la cámara, José Ignacio García, Moreno Bonilla practica “oportunismo andalucista”. “Nos duele que haya unas élites en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco que se olviden sistemáticamente de Andalucía; pero nos duele igualmente que con sus competencias esté agujereando el sistema público, en sanidad, vivienda o educación”, le espetó desde la tribuna. Para el portavoz de este grupo anticapitalista andalucista en la cámara andaluza, “se pueden defender las dos cosas y no ponemos ningún muro entre los andaluces: defendemos Andalucía y defendemos lo público”.  

El andalucismo que practica el Gobierno del Partido Popular desde su llegada al poder en Andalucía está detrás del resquemor con que lo observan los partidos de la izquierda en la cámara, sobre todo en la reivindicación del espíritu del 4D, al que desde las movilizaciones de 1977 las derechas abandonaron en su discurso.

La consecuencia directa del 4D, cabe recordar, fue la celebración del referéndum del 28F de 1980 del que la derecha de la época se descolgó. “Andaluz, este no es tu referéndum”, avisaron por las calles la megafonía de la UCD con la voz de Lauren Postigo. 

Sólo recientemente, con la institucionalización del 4D como el Día de la Bandera al calor del abrigo que ha dado en distintos actos públicos de la figura de Alejandro Rojas Marcos, fundador del Partido Andalucista y cuyo legado sigue siendo discutido, que la Junta celebra con actos repartidos por todas las provincias esta fecha. Moreno Bonilla ha logrado, a fin de cuentas, hacerse con la reivindicación de esta fecha que el PSOE dejó de lado durante décadas.

“Hemos hecho del 4D un día institucional, que no estaba institucionalizado. 46 años después tenemos que salir a la calle para pedir lo mismo, igualdad entre los españoles y equilibrio”, sostuvo el presidente andaluz en el Parlamento andaluz esta semana.

Para el PSOE, la fecha por excelencia siempre fue el 28F, aunque hoy muchos dirigentes en sus filas argumenten lo contrario. Nunca el 4D se reivindicó de manera institucional en las escuelas de la etapa socialista, como sí lo hizo con el Día de Andalucía, el día del referéndum que se celebra desde entonces en las calles, como día festivo, y en las escuelas como día grande con una deriva que, con el tiempo, cayó, a ojos de la izquierda a la izquierda, en cierto folclorismo.

Así lo ve Toni Valero: “El andalucismo primero de Rafael Escuredo era otra cosa, pero el andalucismo del PSOE, por último [desde finales de la presidencia de Manuel Chaves a Susana Díaz], estaba vacío del contenido reivindicativo y de lucha contra la desigualdad con el que nació. Cayó en el exceso de folclorismo y vació de contenido contestatario la fecha”.

Si se vacía el contenido, ¿qué queda? “El andalucismo del PSOE era un traje vacío, intercambiable, que no le queda mal a Moreno Bonilla, que no le genera contradicciones, que no le aprieta”, sostiene en su razonamiento el dirigente de IU, que añade que “el germen del andalucismo y del espíritu del 4D choca de plano con las política y el modelo económico y fiscal de Moreno Bonilla”.

En cierta medida es la reflexión de José Luis de Villar. “Una cosa es el amor por Andalucía, que es cómodo para todos y también se puede reivindicar, y otra cosa es el andalucismo, que es un pensamiento político mucho más profundo, que no juega en contra de nadie, sino a favor de Andalucía, que clamó en esa fecha, como debe hacerlo ahora, que Andalucía quería jugar en la primera división de las comunidades”.

Ya lo cantó Martínez Ares, con sus Piratas en el recordando la mítica Murga de los currelantes de Carlos Cano: “Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre / Andaluces levantaos desde el trigo hasta la mar un 4 de diciembre luchamos por nuestra gente, España y la humanidad”.

“El día 20 de X de 20XX mi hermana se dirigía a ir a trabajar y su expareja la esperó en el rellano del ascensor y la asesinó delante de sus hijos y mi madre. Ese día comienza nuestro calvario porque imaginas que al no ser la primera ni la última piensas que existe un protocolo que te indique qué hacer y por dónde empezar a caminar pero la realidad es que no existe y tienes que aprender a caminar”.

Sirvan estas pocas líneas de un testimonio real de la hermana de una mujer asesinada, al que deliberadamente se le omiten los datos que pudieran identificar a la víctima, para ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género: la violencia machista se lleva por delante la vida de esas mujeres pero también la de aquellos que quedan tras de sí, la de sus hijos y la de sus familias directas, responsables primeros de la tutela de esos menores que son, tantas veces, testigos y damnificados de la brutalidad más atroz.

Sin apenas digerir el duelo, todos ellos sufren un daño psicológico, económico e institucional que les marca de por vida, una herida que suma, la mayoría de las veces, la insensibilidad de la burocracia cuando no el desamparo más absoluto por parte de las administraciones.

De hecho, 20 años después de la entrada en vigor de Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la primera de la era Zapatero, aunque se ha avanzado mucho y España es un ejemplo a nivel europeo en estas políticas, no se ha logrado dimensionar en su justa medida este tipo de violencia estructural, sobre todo en materia de menores.

Desde el 2003, año desde el que hay registros oficiales, la violencia machista ha segado la vida de 1237 mujeres asesinadas, muchas de ellas con hijos a su cargo para los que el futuro ha sido distinto en cada caso pero con un denominador común: crecen sin sus madres y en muchos casos su padre es el autor del crimen.

Hay otra lectura respecto a estas dos décadas desde que esta ley sacó del ámbito privado lo que es un problema social que nos debe interpelar a todos: los recursos y la protección que los menores han venido recibiendo de los poderes públicos no han evolucionado al mismo compás que la atención a la mujer maltratada.

En este sentido, varios organismos y parte del movimiento feminista lleva tiempo dando la voz de alarma y pidiendo reenfocar los debates y las prioridades.

En Andalucía, la Oficina del Defensor del Pueblo, que también lo es del Menor en la comunidad autónoma, ha publicado el pasado septiembre el informe Infancia huérfana de violencia de género: la víctima más invisible del drama, que se ayuda del testimonio descrito al principio de este reportaje para personificar la crueldad de un sistema que no acude en auxilio de la víctimas, aquí los menores y las familias, sino que son estos los que, en pleno duelo, deben afrontar una serie de vicisitudes complejas y desmoralizantes.

Como por ejemplo, según recoge el documento, la cancelación de una hipoteca a nombre de la asesinada y de otras deudas pendientes en entidades bancarias que no tienen la empatía de atender este tipo de casos como excepción a sus normas, donde la muerta, la asesinada es un número más con el que cuadrar la caja.

O por ejemplo que la ayuda recibida por orfandad vaya ligada a la cotización en la seguridad social por parte de la madre, cuando en muchos casos estas víctimas apenas han podido tener vida laboral por la crianza de esos hijos y por el dramático círculo vicioso de la dependencia económica de su agresor y, en último extremo, verdugo. Este punto, de hecho, ha sido corregido recientemente por el ministerio de Seguridad Social del último ministro del ramo, José Luis Escrivá.

Un dato da la medida del olvido: no fue hasta 2015, cuando las estadísticas oficiales consideraron a los hijos como víctimas directas de la violencia de género. Hasta ese año eran, para la administración, meros testigos. 

El trágico inventario deja una cifra para el oprobio: desde 2013, más de 427 niños y niñas se han quedado huérfanos por este tipo de crímenes, aunque la suerte para cada uno de ellos ha sido desigual.

Un factor de esa desigualdad corresponde a la comunidad autónoma en la que residan; así, no es lo mismo ser huérfano de violencia de género en Aragón que en la Comunidad de Madrid.

En la primera, el huérfano tiene una prestación mensual de 420 euros hasta que cumpla los 18 años; en la segunda, no hay ayuda específica. Ni está ni se le espera, según la información que maneja la Federación de Mujeres Jóvenes, una de las asociaciones que más ha hecho por poner de relieve la desatención pública que sufren las familias de una mujer asesinada dentro o fuera de la pareja.

Habrá otras líneas de apoyo para menores huérfanos pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (y antes de ella, todos los ejecutivos del Partido Popular que han gobernado esta comunidad durante los años de desarrollo de las políticas contra la violencia de género) no contempla de manera perentoria apoyar de manera singular a los huérfanos de un drama como éste, sino que los observa, a efectos de orfandad, como si su madre hubiera fallecido por una enfermedad o en accidente laboral.

No es la única comunidad que olvida a estos menores. En concreto, hasta seis comunidades además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tienen ayudas para orfandad. Así junto a la Comunidad de Madrid están la administración regional de Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja.

Por el contrario, la radiografía actual de las ayudas de orfandad por violencia de género deja un mapa territorial de casuísticas sin un patrón fijo.

Por ejemplo, el Gobierno de las Islas Baleares, al menos hasta el 28M cuando ha empezado a gobernar el PP con el apoyo externo de Vox, realizaba a los huérfanos hasta cumplir los 22 años un pago mensual del 80% del IPREM, el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, la referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos.

En Castilla y León, se da al huérfano cinco mil euros anuales hasta los 18 años y la exención del pago de tasas universitarios a partir de esa edad si deciden cursar estudios superiores.

En el caso de Castilla La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE de García Page, se concede al menor una ayuda de cuatro mil euros al año si el agresor es el padre y tan sólo dos mil si el asesino era pareja de la víctima pero no progenitor del menor. Una distinción que no es respaldada ni comprendida por distintas expertas en igualdad con las que ha hablado este medio.

Y en Galicia, por ejemplo, se concede una ayuda anual de pago único de 7.000 euros para cada uno de las hijas o hijos de la víctima mortal de violencia de género que en la fecha del asesinato de la madre sean menores de edad y hubieran convivido con ella, independientemente de la renta familiar.

Cabe señalar que la Xunta gallega también ha renovado a principios de 2023 extender esta ayuda para los hijos de las víctimas hasta los 30 años, con lo que se atiende no sólo la vida del menor, sino su apoyo durante los años de su formación o búsqueda de empleo y futuro.

Cataluña, el Principado de Asturias o la Comunitat Valenciana son otras comunidades que tienen implantadas este tipo de pensiones con distinta cuantía.

Pensiones que, cabe señalar, como ayudas públicas derivadas de la administración autonómica, han de computarse como tributos que hay que presentar en la declaración de la renta. Por lo que, en muchos casos, los tutores legales del menor, su abuela, por ejemplo, sumaría un extra de ingresos. ¿Es peor el remedio que la enfermedad, entonces? Son los flecos de la complejidad administrativa lo que añade más dolor a un duelo irreparable sobre los que cabe hacer una reflexión en el debate público.

Según datos de la Federación de Mujeres Jóvenes, País Vasco y Navarra serían dos de las comunidades que ya han anunciado la creación de estas ayudas de manera inminente mientras Andalucía es la última que se ha sumado al listado de gobiernos autonómicos que han incorporado a su sistema una prestación específica para estos niños para los que su vida es, de partida, mucho más difícil que para el resto de sus compañeros de clase.

En lo que va de año, en España hay 51 menores huérfanos, 13 de ellos en Andalucía. Desde que existen estadísticas oficiales, el número se eleva a 427 en el conjunto nacional, 87 en provincias andaluzas; de hecho, es la comunidad con un mayor número de niños y niñas que han perdido a sus madres por causa de la violencia de género, seguida de Cataluña, con 69 menores y la Comunidad Valenciana con 47 huérfanos. El ranking coincide con las comunidades más pobladas. Es por esto que la creación de esta ayuda ha sido una de las recomendaciones apuntadas en el informe que firma la oficina del Defensor del Pueblo andaluz.

En concreto, el gobierno de Juanma Moreno, desde junio de 2022 con mayoría absoluta, ha anunciado esta misma semana la creación de una pensión anual de cinco mil euros anuales para menores huérfanos que gestionará el Instituto Andaluz de la Mujer. El decreto ley por el que se regula esta ayuda ya fue avanzado por el presidente en octubre pasado y se ha puesto en marcha ahora en la víspera del 25N.

Con todo, Andalucía lleva ya más de cinco años de retraso en la regulación de esta prestación.

En concreto, fue la ley andaluza de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que aprobó en sus últimos meses el gobierno socialista de la Junta de Andalucía en julio de 2018, la que recogía este derecho. Y fue entonces cuando, una vez más, Andalucía se puso a la vanguardia en sus políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista.

La diputada socialista Soledad Pérez hasta la legislatura pasada fue la encargada de llevar al Parlamento andaluz la proposición no de ley (PNL) para la creación de una línea directa de indemnizaciones para los huérfanos por violencia de género.

En aquella PNL, Pérez argumentó que “tras morir su madre, su padre, la mayor parte de las veces, es encarcelado por el crimen, y sobreviven sin ingresos o de forma muy precaria”. Pocos menores huérfanos logran cobrar las indemnizaciones por el asesinato de su madre “y si lo consiguen, es tras innumerables obstáculos y esperas de años”, sostiene Pérez, hoy abogada y consultora en planes de igualdad para empresas y administraciones.

Aquella PNL, presentada en marzo de 202, iba más allá y no sólo atendía a los menores sino a los hijos hasta los 26 años, porque entendía el PSOE que la administración debía respaldar, acompañar y proteger a los hijos en su etapa de formación académica o de sus primeros años en el mercado de trabajo, tantas veces, para estos chavales, abocados a la precariedad más absoluta.

“No hablamos de atender a una población universal, sino de poner el foco en una serie de niñas, niñas y jóvenes a los que se les ha hurtado vivir y crecer junto a sus madres. Si sumamos los beneficiarios, la cantidad final resulta apenas simbólica en el presupuesto general de la Junta”, opina Pérez sobre unas cuentas, que se han presentado recientemente y que superan los 46,7 mil millones de euros. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que es la que diseña y dota esta pensión de orfandad, maneja una cifra que ronda los tres mil millones.

De hecho, cabe recordar que esta PNL fue aprobada en su día por el conjunto de la cámara, con el apoyo de los partidos del cogobierno de PP y Ciudadanos y con el único rechazo de Vox. De ahí que no sorprenda ahora, que sea el partido de Santiago Abascal el que censure en Andalucía esta nueva medida implantada por el gobierno de Moreno.

Esta semana, de hecho, la ultraderecha se ha vuelto a quedar sola en el Parlamento de Andalucía en su discurso negacionista de la violencia de género. En concreto, Vox ha impulsado una PNL que busca equiparar las víctimas de violencia de género con las de violencia intrafamiliar. Su objetivo es reclamar al Ejecutivo andaluz que garantice “la misma atención para todos los huérfanos de violencia intrafamiliar, independientemente del sexo del agresor”, a fin de que “todos reciban el mismo apoyo y ayudas económicas”.

Para Soledad Pérez, “Andalucía dejó desde enero de 2019 de ser innovadora y ahora es tan solo cicatera. El gobierno andaluz debería estudiar las leyes que votó a favor porque siguen cogiendo polvo en una estantería de San Telmo”.

Más allá de las administraciones públicas está, por suerte, el trabajo abnegado de la sociedad civil, donde entraría el ejemplo de la Federación de Mujeres Jóvenes en colaboración con la Fundación Soledad Cazorla, en honor de la primera fiscal de Violencia de género, fallecida en 2015, y pionera en la lucha contra la violencia machista y en la atención a las familias víctimas.

La Fundación Soledad Cazorla lleva años desarrollando una serie de becas con la que buscan, defienden, no sólo rendir un merecido homenaje a Soledad Cazorla Prieto, sino que continuar con su labor y atender a una de sus principales preocupaciones: el apoyo y la protección de los hijos y las hijas que quedan huérfanos. “Nos dimos cuenta que en muchos casos, lo primero que hacían estas familias con las ayudas era ir al supermercado a llenar la neveras, estaban absolutamente abandonadas y desatendidas por las administraciones”, destaca Teresa Agustín, portavoz de esta Federación.

De ahí que el objetivo primero de las Becas Soledad Cazorla sea, en ausencia de las ayudas específicas, facilitar el desarrollo de estudios universitarios o el acceso a los servicios de refuerzo educativo o psicológico para estos huérfanos tratados como víctimas de segunda para las administraciones.

Este sábado 25N, con su día marcado en rojo en el calendario, aprovechamos las últimas líneas de este reportaje para ponerle deberes a la nueva titular de Igualdad, Ana Redondo: grosso modo, falta coordinación entre administraciones, también unas ayudas propias por parte del Estado, falta ponerle un foco, desde el desarrollo del Pacto por la Violencia de Género, a los menores en las campañas institucionales, que no tienen un día propio en el calendario de igualdad, falta el compromiso pleno de todas las comunidades autónomas y falta ponerse en la piel de esos críos, víctimas del maltrato sostenido en el tiempo, testigos de la conversión de sus padres o parejas de sus madres en verdugos.

Falta, a fin de cuenta, compromiso y sensibilidad con estos huérfanos, el eslabón más vulnerable en la dramática cadena a la que no se le ve el fin de la violencia machista.

¿Le parece que todo en torno a los Grammys Latinos en Sevilla ha sido hiperbólico y gravoso (casi 30 millones de euros públicos) pero que usted no sabe de qué va esto y tiene dudas sobre el retorno de la cosa?

Pues todavía puede ir a más. Esa, al menos, es la intención formulada por la Junta de Andalucía, máxima pagadora de la fiesta a razón de 23 millones, un 80% de los cuales son Fondos Europeos (Feder) que tienen por objetivo, en su diseño, "contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida en las regiones menos favorecidas".

El resto de la factura, hasta los 30 millones aproximadamente, por servir de sede para la 24ª edición de los Latin Grammys, en la que ha sido la primera vez que estos premios salen de Estados Unidos, corresponde al desembolso de los cinco que ha hecho, desde las arcas municipales, el Ayuntamiento de Sevilla.

La cuenta también contempla el millón y medio que ha dispuesto RTVE para la retransmisión de la ceremonia y para el montaje del plató al aire libre a los pies de la Torre del Oro que ha acogido la emisión de varios especiales de la cadena a lo largo de una semana repleta de actos y fiestas a modo de prolegómenos de la gran gala celebrada en Sevilla.

Así, decimos, a su llegada a la alfombra roja en el Palacio de Ferias y Congresos de Sevilla (FIBES), el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla celebró, pajarita mediante ante los micrófonos de Efe y Europa Press, el éxito de la organización y aspiró a acoger la edición en 2025: “Los americanos saben hacer bien las cosas y la organización de la Academia [Latina de Artes y Ciencias de la Grabación] es fabulosa pero Andalucía y Sevilla estamos acostumbrados a los eventos, lo sabemos hacer con talento y con alegría y prueba de ello es que están muy contentos, todo el mundo me felicita y alguno de los americanos me dicen que incluso se van a comprar una casa aquí, que se han quedado enamorados de una ciudad y una tierra que es maravillosa. Es verdad que el año que viene la gala vuelve a Estados Unidos y ya la Academia lo ha trasladado, pero en 2025 tienen intención de salir, competimos ya con otras ciudades porque ya se ha abierto el melón y vamos a intentar por todos los medios que en la edición de 2025 pudiéramos traerla de nuevo a Andalucía. Desde luego, por gestión no va a quedar. Creo que el retorno para Andalucía y para España es muy amplio, estamos hablando no sólo en términos económicos, sino en términos de proyección y en términos de marca”.

Eso mismo se preguntaba, en las horas previas a la gala, el parlamentario de Adelante Andalucía José Ignacio García desde la tribuna de la cámara autonómica durante el debate de enmiendas a la totalidad del presupuesto andaluz para 2024, en una intervención en la que ya asumía su condición de aguafiestas de la noche.

“Gastar 22 millones de euros de fondos europeos en que los Grammys se celebren en Andalucía me genera algunas dudas, porque con este tipo de eventos siempre se hace un cálculo muy gracioso: vamos a recibir unos 50 millones de retorno de lo gastado gracias a que se celebran en Sevilla. ¿Cómo se hace ese cálculo? -preguntó a los diputados andaluces el parlamentario de izquierdas- Muchas veces se dice “vamos a calcular cuánto costaría en publicidad la serie de minutos que va a salir la palabra Sevilla en las televisiones, eso lo cuantificamos y así se cifraría ese supuesto retorno”.

Andalucía, es innegable, estuvo presente durante la gala y desde el inicio y no sólo porque una de sus presentadoras fuera la sevillana Paz Vega y porque la velada coincidiera con el Día Internacional del Flamenco. Sino porque fue referida en distintos discursos y en algunos vídeos.

Por ejemplo, Antonio Banderas, distinguido con el Premio Presidencia de la Academia Latina, hizo, una vez más, como hace cuando está al otro lado del charco y como hace siempre que se le pide (ahí está la hemeroteca como prueba de su innegable vocación de andaluz universal), de embajador de la marca Andalucía y tiró de los clásicos.

“Bienvenidos a España, bienvenidos a Sevilla, bienvenidos a mi querida Andalucía. Ha sido un acierto pensar en esta tierra, que es fértil para la creación artística. Es la tierra de Federico García Lorca, de Machado, de Velázquez y Pablo Picasso y de nuestro querido Paco de Lucía, entre otros. Andalucía es un pentagrama en el que se puede escribir la canción de tu vida”. Ovación cerrada del auditorio.

¿Cómo se puede medir el valor de estas palabras pronunciadas por uno de los actores más conocidos del orbe hollywodiense ante una audiencia televisiva de unos 100 millones de personas en todo el mundo al que se suma el incalculable número de personas que han visto y verán este discurso en todas las redes sociales que existan?

Esta fue otras de las dudas que añadió el parlamentario José Ignacio García al respecto de los cálculos con los que las administraciones públicas respaldan la llegada de este tipo de eventos y argumentan lo conveniente de su factura en términos de inversión futura.

“Dudo que esa inversión que hemos hecho en los Grammys sirva para eso que dicen los propios fondos europeos en su teoría: que es la transformación económica, salir de la dependencia, ser mucho más estable en el crecimiento, tengo serias dudas de que esto vaya a servir para generar empleo de calidad”.

La lectura al respecto de esta gran gala, en la que triunfaron sobre todo las mujeres de la música latina –Shakira, Karol G y Julieta Venegas, con permiso de la Niña Pastori, que fue la primera en recoger su galardón con todo el acento de la Isla en sus palabras- va, como casi todo en la vida, por barrios.

Empecemos: el sector político, al menos de las instituciones promotoras, está henchido de orgullo ante semejante evento. A la reacción del presidente de la Junta de Andalucía cabe añadir la de su consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, un experto en gestión de marca desde sus años como director general de Turismo de la Costa del Sol en la diputación de Málaga. “El sueño de que Andalucía y Sevilla organizaran un evento de la trascendencia mundial de los Latin Grammys ya es una realidad (…) Esto no acaba aquí ya estamos pensando en nuevos retos”.

También está contentísimo el alcalde de la ciudad anfitriona, Sevilla. Apenas unas horas después de la ceremonia, José Luis Sanz hizo balance y dio las gracias a la Junta de Andalucía por “negociar” la llegada de los Latin Grammys: “Sevilla durante toda una semana ha sido capital mundial de la música; anoche millones de personas estuvieron pendientes de una ciudad que se llama Sevilla”. ¿Eso qué ha conseguido?, se autopreguntaba el alcalde en un audio remitido por la prensa a los medios: “Ha conseguido que anoche millones de personas en todo el mundo se quedaran con ganas de conocer una ciudad que a lo mejor no conocen y que incluso muchos pensaran que Sevilla es una ciudad magnífica para invertir”.

Ante los micrófonos de Canal Sur Radio, esta misma semana el alcalde ya avanzó que va a “intentar” que en los próximos años la gala vuelva a la capital andaluza.

Para respaldar ese intento, el alcalde hizo, a fin de cuentas, una de las cosas que mejor saben hacer los sevillanos: presumir de ciudad (y con razón, sí, sí). “¿Cómo va a ser lo mismo recibir a los nominados en una cena de gala en los Reales Alcázares que rodeados de máquinas tragaperras?”, sostuvo José Luis Sanz en referencia a la última gala de los Grammys, que se celebró en la ciudad de Las Vegas.

Comparaba el escenario de fondo con la gran recepción de artistas brindada por el Ayuntamiento en el patio de la Montería del Palacio amurallado que ha contemplado, a lo largo de los siglos, la historia de España y que es, todavía hoy, residencia oficial de la familia real.

“¿Dónde se van a llevar el año que viene la gala para que no les apedreen los nominados?”. Más allá de las bromas, formuladas por quien es conocido por su manifiesta seriedad en público, el alcalde está haciendo valer estos días con los responsables de la Academia Latina de la Música, en concreto con Manuel Abud, CEO de la institución, y con todos los interlocutores que encuentra en su camino, que Sevilla (así, a nivel general) se ha volcado en dar la bienvenida a todas esas estrellas de la música latina invitadas que desde hace más de una semana se han dejado ver por las calles de la ciudad (aunque poco, a decir de muchos fans) y por todas esas fiestas privadas en salas más exclusivas de la ciudad en las que se han agasajado a los nominados a los Grammys, un éxito seguro sin sevillanos.

Las redes sociales son testigo estos días del anecdotario propio que propicia un evento así: Rosalía ha firmado autógrafos a las puertas del Hotel Alfonso XIII y ha recibido estampitas de la Macarena, el rapero Ozuna ha rezado a los pies del Cristo de la Buena Muerte de la iglesia Omnium Sanctorum, en la mismísima calle Feria que retrató Chaves Nogales en su célebre biografía de Juan Belmonte, y Manuel Carrasco y Camilo sacaron sus guitarras y cantaron para sus fans en la avenida de la Constitución para mayor disfrute de sus seguidores.

Seguidores locales, fans venidos de fuera, artistas y sus séquitos, equipos técnicos de la gala y todos sus eventos paralelos… No hay duda, en Sevilla se ha hecho negocio y ha sonado mucho la caja.

El cálculo que hace Sanz de esta operación es que “el impacto económico que ha tenido los Latin Grammys en Sevilla está en torno a los 100 millones de euros y millones de personas pensando que pueden invertir en una ciudad como ésta”.

Si bien es un misterio los mimbres con los que se ha hecho estas cuentas, pero al parecer al munícipe le cuadran.

Y también a algunos sectores de la ciudad: a los clásicos beneficiarios, el hostelero y el hotelero (lleno total en los 11 hoteles de cinco estrellas de la ciudad), se han sumado en esta cita el diverso sector de la logística de eventos, que va desde los equipos de producción, las empresas de catering, de seguridad, de instalación y un sinfín de negocios relacionados con la imagen (peluquerías, maquillajes, manicura y un larguísimo etcétera que se han encargado de que las estrellas de la música latina hayan lucido bellas y rutilantes).

Ha habido negocio, claro que sí, muchísimo por ejemplo para las empresas de VTC y, en concreto, para la multinacional Uber, que ha sido patrocinador oficial de los premios.

Y por eso se ha quejado, y mucho, el gremio del taxi. Los taxistas sevillanos han mostrado su “descontento” con la organización que ha supuesto, han argüido, “la paralización” de este sector, ya que, según advierten, “el servicio público del taxi ha sido apartado”. “Está siendo una semana nefasta para nuestras recaudaciones”. "Aquí ha venido un patrocinador, ha puesto el dinero, ha puesto los millones, pero también ha puesto las condiciones y, sin reparo, el Ayuntamiento se ha plegado a todas y cada una de esas condiciones", ha criticado David Capelo, el presidente de la Federación de taxis de Andalucía y de Sevilla.

Este mismo sector alerta que estos días los precios en los hoteles “se han disparado”, algo que tiene “un efecto disuasorio tremendo” en el turismo nacional y habitual de la ciudad de Sevilla. Esta podría ser, en negativo, una de las consecuencias futuras de los Grammys.

Para los sectores que no han visto un duro y para todos los vecinos afectados por los cortes de tráfico e incluso multas por retirada de vehículos para la instalación de los dispositivos de seguridad, el alcalde ha pedido “perdón por las molestias que haya podido organizar este evento mundial” pero, ha declarado en lo que podría interpretarse como un cuento de la lechera versión Latin Gammys, “tenemos que ser comprensivos, porque esto no trae sólo turismo, sino inversiones y mejora de la calidad de vida futura de los sevillanos”.

¿De qué sevillanos habla? En la ciudad con el triste récord de tener seis de los quince barrios más pobres de España a los que apenas llegan migajas de los Fondos Feder en cada reparto de presupuesto anual, la respuesta a esta pregunta da para otro artículo.

De momento, lo que hay firmado por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno es acoger hasta 2025 una serie de conciertos por distintas ciudades andaluces de los llamados Latin Sessions.

Lo bien que se vive aquí y lo bien que se come. India Martínez.

Andalucía es un pentagrama en el que se puede escribir la canción de tu vida.

¿Para qué necesita Sevilla unos Grammys? La edición número 24 de los premios más internacionales de la música latina, cuya celebración acoge el próximo 16 de noviembre la capital hispalense, abre el debate acerca del retorno que este tipo de eventos –fastuosos, gigantescos, hiperbólicos- deja en las ciudades donde se celebra. 

Para calibrar con precisión la respuesta conviene saber primero quién paga, cuánto paga y por qué llegan a Sevilla estos Grammys Latinos que tienen a Shakira, Karol G y Bizarrap como los artistas más nominados de esta gala. 

Desde finales de 2022, la Academia Latina de Grabación, promotora de los premios Grammys que otorga la industria musical, ya vino deslizando que la organización estaría contemplando celebrar la edición de 2023 por primera vez en su historia fuera de Estados Unidos, una fiesta que tradicionalmente se ha desarrollado en la ciudad de Miami salvo en 2022, que se llevó a cabo en Las Vegas. 

Ya en diciembre del año pasado trascendió que estaba sopesando celebrar el evento incluso fuera del continente americano y esta posibilidad se hizo pública a la par que se estaba ultimando un acuerdo con Radio Televisión Española. Ya sólo hacía falta unir puntos para situar esta gala en España en su edición 2023.

¿Y por qué Sevilla fue la elegida? 

Al margen de Madrid o Barcelona, capitales habituadas de largo a este tipo de shows, hay mucho trabajo político aquí, claro. 

La habilidad del Ayuntamiento de Sevilla en tiempos del PSOE de atraer este tipo de grandes espectáculos y también el gusto de la actual Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, gobernada desde el 19J con mayoría absoluta por el PP, por los grandes fastos franquiciados están detrás de la decisión de que los Grammys Latinos 2023 aterricen en la capital hispalense; aunque sería la administración andaluza la que habría hecho el gran desembolso desde las arcas públicas. 

En la precampaña de las elecciones municipales, que a la postre se revelaron de cambio de ciclo en el poder territorial de nuestro país, ponerle cara a las buenas noticias era un imperativo para todas las formaciones políticas. En Sevilla, plaza en disputa con el PP hasta el último segundo, aún más. Luego las urnas, ya sabemos, dijeron lo que dijeron.

Un poco de contexto: en la decisión última de escoger Sevilla opera, sin duda, su amplio bagaje reciente como sede de eventos mastodónticos relacionados con la industria musical y de la cultura-espectáculo en los últimos años. 

En el tiempo en que Antonio Muñoz, primero delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y luego alcalde hasta las elecciones del pasado 28M, la ciudad de Sevilla ha acogido dos veces los premios Goya del cine (2019 y 2023), una gala de los Premios de la Academia Europea del cine (EFA Awards, 2018) y una gala de los MTV Awards (2019), por citar sólo algunos eventos de calibre mayor. 

Hasta donde se ha leído, todas estas celebraciones se han cerrado con éxito en dos vertientes: en la complicadísima logística necesaria para la movilización de sus equipos y del público asistente; y en el retorno inmediato en ese intangible tan importante de dimensionar como es la imagen internacional de la ciudad como venue capacitada y solvente para fajarse en este tipo de tareas. 

La elección, por tanto, de Sevilla entre el resto de capitales andaluzas era casi un imperativo, aunque el Gobierno del malagueño Juan Manuel Moreno haya tenido que disfrazar la elección, tomada por o junto a la Academia (según la fuente consultada varía la autoría última de la decisión), con un cuidado equilibrio del reparto del impacto económico y social con otras ciudades que albergarían una suerte de programación en paralelo. 

Así cuando el presidente autonómico recibió el pasado 22 de febrero en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, al CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, para rubricar el acuerdo entre ambas instituciones, se tuvo que hilar fino para que todos quedaran contentos. 

En virtud de ese contrato, ambas instituciones se comprometían a celebrar la Semana de los Latin Grammys, que incluye un programa de actuaciones y actividades vinculadas a la gala, así como dos grandes conciertos en diferentes ciudades cada año entre 2023 y 2025, según la nota de prensa posterior. “Algo histórico”, “sin precedentes” fueron algunas expresiones que se escribieron en ese comunicado oficial. 

Luego se supo la letra pequeña 

Según la información publicada en infoLibre, la Junta de Andalucía ha desembolsado 22.748.000 euros por "servicios de publicidad y marketing", según se recoge en el contrato al que ha accedido infoLibre. El pliego tiene una duración de tres años.

Este contrato público se ha financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), una partida que según su base jurídica, tiene el objetivo de la "inversión en empleo" y la "cooperación territorial europea". Desde la Junta añaden que esos fondos ya han sido utilizados anteriormente para financiar otros patrocinios como la Copa del Rey o el campeonato de Moto GP aunque en ese caso se destinó una cantidad mucho menor, cerca del millón y medio de euros.

Casi 23 millones de euros por estar vinculados a los Latin Grammys hasta 2025 en una serie de actividades a los que ya se les ha dado semana atrás el pistoletazo de salida en Granada o Málaga a través de los Latin Grammy Acoustic Sessions.

¿Qué son 23 millones de euros? La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía acaba de hacer público el diseño de las cuentas de la administración autonómica para 2024, con lo que se pueden establecer comparaciones. 

Sin salir del ámbito cultural, el Patronato de la Alhambra, que gestiona uno de los mayores iconos monumentales del mundo con unas tareas de conservación, promoción y divulgación de enorme calado, tiene fijado en el presupuesto del año que viene 39,6 millones de euros. Es decir, los Grammys costarían más de la mitad de lo que cuesta mantener en pie el legado de siglos y que sirve de reclamo para la visita cada año de 2,4millones de turistas de todo el mundo.

Otra cifra: la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales, es decir, el brazo ejecutor de las políticas culturales en todo el territorio de la Junta tiene un presupuesto global de 35,1 millones de euros, con los que debe atender las necesidades de la industria cultural en materia de cine, música, artes escénicas y también actividades vinculadas con el fomento del libro en las ocho provincias.

Con el presupuesto 2024 en la mano, se podrían establecer comparaciones hasta el infinito pero sirvan tan sólo estos dos apuntes como espejo.

En este punto cabe hacerse una pregunta: ¿quién gana en esta operación?, ¿quién quizás no pierda pero, desde luego, no gane nada aquí?

Según los datos de la SGAE, Andalucía es la tercera comunidad autónoma en volumen de ingresos para el sector y la segunda en asistencia a conciertos de pago, solo por detrás de Madrid y con hasta un 18,5% del público nacional.

Son datos relevantes que ilustran el apego del público andaluz por los espectáculos en vivo a lo largo del año a través de eventos, de distinto alcance pero que ni mucho menos tienen la dimensión de los Latin Grammys, sino que tienen que ver con todas esas actividades musicales, conciertos en pequeñas y medianas salas de iniciativas artísticas que impulsan, tantas veces, promotores a los que con frecuencia les cuesta llegar a los titulares pero que atesoran la fidelidad de su público. 

Hablamos de los autónomos y las micropymes de la cultura regional que comprometen su patrimonio en pos de una cultura cuyo eco es más íntimo, más doméstico pero no menor. 

En este sentido, la lectura de la industria cultural y música a nivel local podría resumirse en la siguiente reflexión que realiza expone una fuente de la empresa musical que prefiere mantener el anonimato: “Esto es un gran evento que sucede en Sevilla pero desde el punto de vista del sector de la industria de la cultura y la música local va a pasar de largo completamente, no deja huella alguna”,. 

"El Monkey Week, que se celebra dos semanas después, tiene más retorno en las relaciones entre los grupos, los programadores y el público que a la larga crea riqueza, industria y trabaja por una ciudadanía que sepa valorar el hecho cultural que lo que se vaya a hacer aquí, donde al final siempre ganan los mismos”, continúa esta voz autorizada. 

Esos mismos que siempre ganan serían, desde la óptica de la industria de la música, los grandes majors —Universal, Warner y Sony Music— que están detrás de las discografías de Rosalía, Raw Alejandro, Bad Bunny, auténticos hacedores de dinero, o todos esos iconos actuales de la música latina que desfilarán el próximo 16 de noviembre por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla y que podrán ver espectadores de todo el mundo a través de la señal de Televisión Española, que ha asumido la retransmisión y producción de este evento histórico en conjunción con Televisa Univision. 

Es innegable que la gala, presentada por Sebastián Yatra, la sevillana Paz Vega, Danna Paola y Roselyn Sánchez, está llamada a ser uno de los espectáculos con más audiencia de cuantos hay en el calendario global, como la Superbowl o como la entrega de los Oscar.

Y a esto es a lo que se aferra la Junta de Andalucía para defender una inversión en un contexto en el que, por ejemplo, los principales sindicatos y partidos de la oposición han salido a la calle a clamar contra los recortes y a favor de una sanidad pública de calidad colapsada en su atención primaria.

Según datos que maneja la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de Andalucía, la Academia de Música latina calcula que la Semana de los Latin Grammys, a partir del 12 de noviembre atraerá a Andalucía a unas 12.000 personas gracias a la repercusión mediática que genera en todo el ámbito musical. 

Hay más cifras que dimensionan, desde esta óptica, esta costosísima apuesta desde el erario público: los acontecimientos alrededor de la celebración de los Latin Grammys en Andalucía superarán los 5.500 millones de impactos a nivel mundial que permitirán que la marca turística del destino llegue a más de 100 millones de personas. 

En un comunicado lanzado este sábado, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte andaluz, Arturo Bernal, ha subrayado que el objetivo es “obtener el máximo rendimiento” de este acontecimiento para “llevar el encanto de Andalucía a todos los rincones del planeta y posicionarnos como un destino global en ascenso”.

El consejero Bernal, experto en materia turística, sabe bien de lo que habla. El conjunto de acciones que entran bajo el paraguas de los Latin Grammys se enmarca en la estrategia de la Consejería por, y se lee literalmente en el comunicado, “ampliar la captación de viajeros de emisores de largo radio”. Algunos datos que maneja la Consejería son que los mercados no europeos generaron entre los meses de enero y agosto de este año cerca de 3,3 millones de pernoctaciones en hoteles andaluces; los viajeros de Canadá sumaron 259.346 pernoctaciones, los de Argentina 126.548, los de Brasil 125.118 y los de México 94.599.

Es decir, el mercado americano y más allá está en el objetivo de la estrategia de atracción turística de Andalucía y no sorprende, por tanto, que la recién estrenada campaña Andalusian Crush, con el icónico Peter Hayden Dinklage, Tyrion Lannister en Juego de Tronos, como protagonista.

Es el mismo argumento que se defiende desde el Ayuntamiento de Sevilla. En unas declaraciones realizadas a finales de septiembre, el alcalde de la capital andaluza, el popular José Luis Sanz, confirmó las previsiones que manejaba desde agosto la Asociación de Hoteleros de Sevilla. "No queda ni una plaza de hotel libre (…), estamos "desbordados". 

Con los hoteles, todo ese amplísimo sector hostelero de la ciudad que poco a poco muta desde los antiguas tascas y bares con sabor a historia a los actuales gastrobares y sus tendencias, cuya desaparición testimonia la prensa local.

No en vano, recordemos, la coincidencia en fechas fue el primer argumento dado este verano por el Consistorio hispalense para anunciar primero la cancelación del Festival de Cine Europeo, en su vigésimo aniversario. Una cita, marcada en rojo para la industria cinematográfica nacional y la cinefilia europea, salvada in extremis gracias a la presión del sector con un retraso en su celebración (a finales de este mes) y un redimensionamiento a la baja en sus días de desarrollo y en su ambición programática. 

Hay literatura académica de sobra que sostiene el eje que vertebra la imagen internacional de la promoción turística con el impacto económico en los territorios. 

Pero también hay estudios de sobra que sostienen que, sin freno, este binomio contribuye al deterioro de nuestras ciudades por la gentrificación, turistificación y demás términos en boga sobre la que llevan años dando la voz de alerta todas esas plataformas que buscan no acabar de plano con el turismo, que en Andalucía representa más del 13% de su PIB, pero sí estudiar a fondo sus efectos y anteponer respuestas para que la singularidad por la que nos visitan viajeros de todo el mundo sea un bien permanente y no mero un mero escenario intercambiable con cualquier otra capital europea.

Mientras, con permiso de la multinominada Shakira, el estribillo que nos quedará cantar sería “las ciudades sí que lloran, la industria factura”.

La duquesa de Alba dejó todo atado y bien atado antes de su muerte. No tuvo más remedio: la condición que sus hijos le pusieron para permitirle contraer matrimonio a los 85 años con Alfonso Díez, su tercer esposo y 24 años más joven, fue que repartiera la herencia en vida y que el viudo, cuando lo fuera, quedara al margen. 

Así, tres meses antes de dar el sí, quiero en la capilla del Palacio de Dueñas, el 5 de octubre de 2011, en un día de estampas que describen también de qué hablamos cuando hablamos de Sevilla, Cayetana Fitz James firmó en Madrid ante notario el reparto del grueso de su patrimonio en concepto de donación escriturada por la cual sus hijos se convertían en titulares registrales de sus bienes. 

Ella, la 18ª duquesa de Alba, 11ª de Berwick, 18ª de Híjar además de una larguísima lista de títulos nobiliarios, seguiría administrándolos como gerente y disfrutando de ellos como usufructuaria hasta su fallecimiento, que llegó apenas tres años después, el 5 de noviembre de 2014.

Entonces, según estimó la revista Forbes, el patrimonio de la Casa de Alba estaba valorado en unos 3.000 millones de euros, un listado inabarcable de palacios, castillos, terrenos, valores bursátiles, obras de arte y joyas además de 51 títulos nobiliarios que componen el patrimonio de una de esas familias que siempre salen en las negritas de los libros de Historia. 

Con cierta perspectiva, podría decirse que la única operación verdaderamente ruinosa que se le conoce a los Alba, desde 1430, fecha de la fundación del linaje, es haber perdido La Venus del espejo, joya pictórica y una de las últimas obras que pintó Velázquez que hoy cuelga en las salas de la National Gallery de Londres. 

Manuel Godoy, aquel personaje que pasó de guardia de corps al hombre más poderoso de su tiempo, está detrás de la jugada. En 1802, el rey Carlos IV ordenó al entonces duque de Alba que vendiera ésta y otras pinturas a su mano derecha, un escalador social y político que acumuló honores tan variopintos como Ministro Universal o Príncipe de la Paz. 

Que en plenas guerras napoleónicas el famosísimo valido del rey propiciara que el cuadro llegara al mercado inglés, se diría, que es una mancha en el expediente de éxitos económicos de la Casa de Alba. 

De godoys está escrita la Historia de España y de familias que siempre ganan aunque roben, también. 

Porque habrá que ver en que queda la denuncia formulada por la Fiscalía de Sevilla contra Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un posible delito contra el medio ambiente por detracción de aguas de ocho pozos ilegales en una finca de los Alba en el entorno de Doñana. 

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a la hija pequeña de Cayetana, que en la actualidad aparece como representante legal de la empresa Eurotecnica Agraria SA. 

Según consta en la querella adelantada por El País, la empresa tiene como miembros del consejo de administración a varios hermanos, así además de la presidencia rotaria, que en estos momentos ocupa Eugenia, figuran otros hermanos más duchos a la gestión del patrimonio familiar.

De ahí que Alfonso Martínez de Irujo, y mano derecha de su hermano mayor, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, haya presentado un escrito al juzgado para que en lugar de su hermana pequeña —que a los micrófonos de la prensa rosa preguntada al respecto ha excusado que ella no habla “de esas cosas”— declare como investigado su hijo Luis Martínez de Irujo, gerente los últimos años de la finca Aljobar. De ahí proceden las naranjas regadas con agua no autorizada que llegaban al mercado gourmet con el sello de la Casa de Alba. 

En su página web, no hay en la actualidad mención alguna a la venta de estas naranjas pero en cambio sí figuran productos que procederían de sus fincas, de todas las que tiene repartidas por la península, como chacinas y carnes ibéricas o aceites oliva virgen extra que tienen como reclamo la imagen de la celebérrima duquesa de Alba de Goya. El packaging es irresistible, proporcional, quizás, a sentirse duquesa ante una simple ensalada.

Según consta en la denuncia que ha sido consultada por Infolibre, la finca, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), tiene autorización para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de cítricos y otra para un segundo pozo de uso doméstico y ambos debían tener instalado un contador para controlar el volumen de agua consumido. 

Sin embargo, el Seprona de la Guardia Civil ha constatado que, al menos desde hace 10 años, se sacaba sin autorización agua de otros ocho pozos. La Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir (CHG) valoró los daños ocasionados al dominio público hidráulico estimándose un consumo de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros. Eso sólo en esta última cosecha. 

Pero el saqueo ha sido mayor, claro.

El agua, la de los diez pozos en total, procede del emblemático acuífero 27, la balsa bajo la tierra que nutre al Parque Nacional de Doñana y cuyo uso sin autorización por parte de muchos propietarios, de tamaño dispar y en los que opera una casuística muy diferente en cada caso, está desde hace años en el objetivo sin que las administraciones logren poner fin a la práctica, tan antigua, tan extendida en todos los ámbitos de la vida, de hacer uso ilegal del bien común en beneficio propio. 

A primeros de noviembre, de hecho, se cumple el mes que se dieron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para tratar de diseñar una alternativa al conflicto que mantienen ambas administraciones al respecto del uso ilegal del agua por parte de un número indeterminado de explotaciones freseras de la corona norte de Doñana. 

El PP, de la mano de Vox, impulsó desde su mayoría absoluta una proposición de ley para la regularización de todos estos pozos ilegales que, por ahora, está frenada en su tramitación en el Parlamento y a la que le queda tan sólo su aprobación final. 

Las conversaciones, según Julio Díaz, representante de la plataforma de regantes afectados, le constan que se mantienen entre Junta y Ministerio “con discreción”. “Veremos cómo aterrizan para darle una alternativa a estos regantes, porque el plazo para el acuerdo se cumple y tendrán que darnos una salida que nos convenza”, traslada a este medio.

En paralelo, de aquí a final de año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la administración competente para dar o denegar los permisos de extracción y de perseguir a los infractores, había planificado el cierre de más de 400 pozos, con lo que se llegaría a unos 1.200 pozos precintados en la actual legislatura donde la guerra del agua ha marcado la relación entre el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y del de Pedro Sánchez.

Si bien para el acuerdo todavía no hay certidumbres la única certeza a día de hoy es la máxima que defienden las organizaciones conservacionistas: en el parque, cualquier gota de agua es vida. 

La dinámica es letal: el acuífero de Doñana es un gran succionador de agua, si no la consigue desde donde tiene que obtenerla la recaba de otros ámbitos, como el marino, con lo que se produce la salinización del agua y, con ella, la destrucción continuada y progresiva de la flora y la fauna propia de este ecosistema 

Hay otra consecuencia directa: el progresivo desplome de los pozos que están autorizados para muchos agricultores cuya pequeña explotación es su modo de subsistencia y que luego, cabe señalar, compiten con esos productores, los que se saltan las normas a su antojo, en las mismas condiciones de mercado.

Según la actual ley de aguas, en España no se paga por el uso de aguas subterráneas, el agua de pozo, pero para uso agrícola sí hay que pagar un canon a la comunidad de regantes correspondiente, que es la ordena y distribuye qué cantidad está autorizada para cada uno en función de la explotación, de si es de regadío o de secano, en función de las hectáreas, en función de la singularidad de la cosecha y, en función, en definitiva de la disponibilidad del agua que da el propio declive de las precipitaciones. 

Todo eso lo estudia la CHG, que es la que sondea y, en última instancia , la que autoriza que sea viable el uso del agua o no.

Para Julio Díaz, el criterio que sigue la Confederación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, es “en muchos casos, discrecional”. “Hay permisos que se eternizan y otros que salen adelante sin problemas”, opina.

Sea por que haya procesos de solicitud de agua en curso o sea porque se han abierto más pozos de los autorizados inicialmente, lo cierto es poco parece importarle las normas a todos aquellos, pequeños propietarios o grandes latifundistas, que como escribía en la red X Manuel Planelles, se apuntan a la fiesta del agua.

El de la casa de Alba es el último caso eco mediático pero no el único. 

Hace unos días también trascendió el caso de la finca Carrascalejo, propiedad de Miguel Baéz El Litri, ex matador de toros y hace más de 20 años, aquí va el guiño rosa, novio de Eugenia Martínez de Irujo. Es un detalle menor, puede, pero es un apunte de la laxitud con la que se atiende al bien común en determinados círculos.

WWF España, organización internacional que nació en 1961 precisamente para blindar Doñana de la especulación franquista, está detrás de la denuncia del robo de agua en el caso de esta finca de 400 hectáreas propiedad del torero. Su negocio es una variedad de olivo de riego superintensivo que se estaría regando sin autorización con agua procedente del acuífero de Tejada, que linda con el acuífero 27, el de Doñana. 

Según calcula WWF España, un olivo superintensivo de tres o cuatro años que es la edad de los plantados en esta finca, “puede llegar a haber consumido un hectómetro cúbico al año, un millón de litros de agua”, señala Felipe FuentelSaz, coordinador del área de agricultura de esta organización.

Es decir, más de dos millones de metros cúbicos de agua en dos o tres años de riego. O lo que es lo mismo: lo que consume una ciudad de unos 45 mil habitantes al año. 

Estos casos están en una primera fase judicial y habrá que ver los cauces que jueces y fiscales encuentren para sacar adelante el proceso. Por eso la reciente sentencia adelantada por El País de la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, supone un hito histórico porque es la primera vez que la extracción continuada de agua sin permiso tiene una pena de ingreso en prisión. 

En concreto, la jueza ha condenado a tres años y medio de cárcel, además del pago de 1,9 millones de euros, a cinco hermanos terratenientes, los Campos Peña, propietarios de Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), por robar del acuífero del Parque Nacional, entre 2008 y 2013, unos 12 millones de metros cúbicos. 

La sentencia cita el informe del perito del CHG para dimensionar el daño: los propietarios habrían extraído, durante los seis años que ha durado el procedimiento, el agua correspondiente a un tercio del embalse del Gergal, el que abastece a la ciudad de Sevilla; o calculado de otro modo, miles de campos de fútbol con un metro de agua sobre el césped. 

El fallo marca un punto de inflexión porque manda un mensaje en dos vías: por un lado, es un asidero de esperanza para la lucha sin descanso de las organizaciones conservacionistas, que desde hace décadas estudian y llevan ante el juez las pruebas de la degradación del parque por este tipo de prácticas (la denuncia del Hato Blanco Viejo fue impulsada por Ecologistas en Acción) Prácticas que vienen de lejos y que han encontrado la connivencia, el relajo o la falta de observancia desde muchas instancias administrativas. 

El segundo mensaje que manda es una advertencia a los infractores: extraer agua de manera ilegal no sale gratis, aunque perseguir que paguen sea tantas veces frustrante. 

Para Fuentelsaz, “por parte de las autoridades administrativas y judiciales de Sevilla y de Huelva se está analizando el uso correcto del agua y hay que dejarlas trabajar. Estamos viendo que los casos no se archivan, sea quien sea el propietario, grande o pequeño, y que hay sensibilidad en la Fiscalía General del Estado”.

Una lectura que parece haber entendido también el Gobierno andaluz. El pasado miércoles, a la salida de la sesión de control del Parlamento de Andalucía, y abordado por la prensa por este asunto, el presidente Moreno respondió lacónico que “la justicia debe ser igual para todos”.

Aunque tarda en llegar tantas veces por la ineficacia de la administración, que no es capaz de cruzar datos entre distintos niveles para detectar a tiempo, por ejemplo, la reconversión de una finca de secano en una de regadío o la multiplicación de pozos abiertos.

Fuentes expertas en denuncias en materia medioambiental que prefieren mantener el anonimato, dibujan la complejidad al fin de ponerle freno a esto. 

Cuando la Guardería Fluvial de la CHG va a hacer las inspecciones, como la mayoría de fincas están valladas, los propietarios no les dejan entrar (eso pasó en el caso de la finca de los Alba), con lo cual tienen que solicitar autorización al juez de lo Contencioso. Cuando la autorización judicial llega, ya ha pasado un tiempo, la inspección entra, investiga y precinta los pozos sin autorizar que detecten. Y quizás se curse la sanción administrativa al dueño. 

Pero en todo caso, la multa es pequeña (porque sólo corresponde al riego correspondiente a esa cosecha, aunque el pozo lleve abierto años) y es grande la habilidad para el infractor de abrir al día siguiente tantos pozos ilegales más, unos cuantos metros más adelante, como quiera. 

Y de nuevo, vuelta a empezar. 

Si a eso se le añade la ineficacia de la administración porque los procedimientos se caducan y hay muchas sanciones que no se cobran estamos ante el bucle sin fin. 

Por la vía penal, aún más compleja, la investigación debe demostrar que hay un daño sustancial al acuífero, que es la vía que estaría explorando las querellas interpuesta en el caso de la finca de la Casa de Alba y en la del Litri.

Podría diferenciarse, entonces, dos tipos de delincuencia: la del gran latifundista y la del pequeño agricultor que tiene una economía de subsistencia y cuyo riego es incompatible con el mantenimiento del acuífero. A esos procedería, a la vez que se le sanciona, darle una alternativa viable. Y esa es la complejidad de las conversaciones y el acuerdo que buscan proyectar Junta y Gobierno. 

Hay un apunte necesario: quien roba agua puede ser también beneficiario de las ayudas europeas de la PAC (Política Agraria Cómún) porque las administraciones, señalan estas fuentes consultadas, no tienen cruzados los datos. La casuística en estos casos es tan amplia como inexplicable: ayudas que se solicitan para cosechas mayores que la extensión de tierras autorizadas para riego o ayudas que se reclaman para fincas de secano, cuando en realidad  se desarrollan actividades agrícolas de regadío. 

Y luego está, al fin, que sea de todo plano incomprensible que se sigan concediendo permisos de riego a fincas que tienen sanciones administrativas desde hace años, como es el caso que refleja la sentencia de Campos Peña, consultada por este medio, donde en su historial acumulaban desde 1997 hasta una docena de expedientes sancionadores, de distinta cuantía, por uso ilegal de agua.

No hablamos sólo de casos aislados, ni de nombres propios que saltan de la crónica rosa a la de tribunales, hablamos al fin de atender un problema encallado y complejo que necesita de recursos, administrativos y judiciales, y de conciencia social. Esa que se adquiere, tantas veces, de lo visto en casa. Sin que haga falta títulos.

#FueIsrael. #FueHamas.

Todavía no habían comparecido ante las cámaras de televisión algunos de los médicos supervivientes del bombardeo perpetrado este martes por la tarde al hospital de Gaza, en esa rueda de prensa improvisada en un escenario de cadáveres envueltos en sábanas y de padres arrodillados sosteniendo en sus brazos a criaturas inertes, cuando en la red de Elon Musk la audiencia ya había encaramado a lo más alto del ranking de temas la autoría de esta matanza.

A decir de los temas que eran trending topic apenas unas horas después de la masacre, los usuarios formulaban de forma masiva sus pronunciamientos de manera inequívoca señalando a uno de los dos bandos: el gobierno de Benjamin Netanyahu o las milicias de los terroristas de Hamás.

En la primera opción, el estado de Israel habría cruzado, más si cabe, una de las líneas rojas que aún en su sinrazón tienen las guerras: los hospitales han de mantenerse siempre fuera del foco. Así lo marca el artículo 19 del I Convenio de Ginebra de 1949, que explicita que los establecimientos y unidades sanitarias deberán ser en todo momento respetados y protegidos por los bandos de un conflicto.

En la segunda opción, #FueHamas, la organización terrorista con control político durante la última década en la Franja de Gaza, en un lanzamiento con destino a los territorios ocupados, habría cometido un error de cálculo de un calibre mayúsculo sobre miles de palestinos que habían buscado refugio en ese hospital.

A lo peor, y también es una opción que se pone a estas horas encima del tablero, Hamás habría decidido de manera consciente utilizar a su población como escudo humano, apuntar directamente al hospital y conseguir así tal carnicería que provocara una reacción inmediata en una doble vertiente: por una parte, habría logrado prender la mecha de la rebelión de los países árabes del entorno y, por otra, habría conseguido que para Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y amigo del pueblo de Israel, le fuera imposible visitar este miércoles al primer ministro israelí sin comprometer su propio liderazgo, su propia imagen, ante los ojos del mundo.

En el momento en que se están escribiendo estas líneas, no hay verificadores internacionales independientes que puedan decantarse por ninguna opción.

Y sin embargo la dinámica instantánea que ha operado en la red social es el ejemplo paradigmático que define hoy este conflicto de dos modos: por su capacidad y nivel de polarización y por la velocidad en la cual se están generando los flujos informativos por los que, a su vez, reclamamos posicionamientos inmediatos de los actores nacionales e internacionales, cuando no pedimos a nuestro propio vecino o compañero de mesa que nos diga de qué lado está.

“A diferencia del conflicto de Ucrania o de la guerra de Siria, donde había un posicionamiento muy evidente, muy predecible, en este es muy tentador tomar partido. Es decir, en el conflicto sirio, no había un posicionamiento social mayoritario de la comunidad internacional a favor de Bashar al-Ásad o del Estado islámico y, en el caso de Ucrania, la balanza de la opinión no se ha inclinado a favor de Putin; pero aquí asistimos a la eclosión perfecta de la escenificación de lo que significa estar a favor de un bando u otro”, compara Manuel Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.

Como experto en terrorismo yihadista, su amplísimo bagaje como académico en organizaciones en el ámbito de la seguridad internacional le llevan a recomendar en estos momentos cautela y la reivindicación de pausa para analizar los datos.

No es una llamada a la equidistancia sino al rigor.

Quizás ha sido Josep Borrell una de las voces que han situado el debate con más acierto en este punto. En su intervención ante el plenario del Parlamento Europeo, el Alto Representante de la diplomacia de la Unión Europea expuso: “Igual que podemos decir que es una tragedia abominable matar a jóvenes que celebraban la vida, ¿no podemos decirlo sobre la muerte de 800 niños en Gaza? ¿En qué lamentar una tragedia me quita fuerza moral para lamentar otra? Al contrario, me la da”.

Con la prohibición expresa del ejército de Israel de negar la entrada a informadores internacionales en la Franja de Gaza, sí, todos esos a los que hasta que no estallan las bombas son olvidados por las direcciones de los medios de comunicación, sobre el terreno sólo quedan los reporteros gazatíes que sobreviven al conflicto y los ciudadanos que, móvil en mano, se convierten en testigos del horror y en los ojos al mundo.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), hasta este martes al menos 17 periodistas figuran entre los más de 4.000 muertos en ambos bandos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. Ante el tsunami informativo global de fuentes inconexas de una parte y otra parte, la pregunta al experto es obvia: ¿Nos enteraremos finalmente quién ha sido el autor de esa matanza indiscriminada en el hospital de Gaza?

Hay una respuesta corta: sí. Pero hay una reflexión más larga y no menos necesaria.

“Sí. Es algo tan contundente que al final irán apareciendo las evidencias y la capacidad de ver con algo más de perspectiva y rigor lo que ha ocurrido que sí, sí lo sabremos”, señala Torres Soriano.

Hay un pero, claro. “Lo que sucede es que no creo que sea ni inmediato ni que sea algo capaz de condicionar el debate. Ya mucha gente ha tomado posición respecto a ese tema, y lo que al final digan las evidencias o los datos va a afectar poco. Ya hay un sector de la sociedad que ha asumido quiénes son los culpables en un sentido y en otro que, al final, esa predisposición va a seguir anteponiéndose a lo que suceda en los próximos días, semanas y meses al respecto de las nuevas atrocidades que veamos”

El problema es que la misma rapidez y rotundidad con la que la audiencia anónima del universo de las redes está decantándose por una u otra versión es la que le exigimos a los actores internacionales y a los dirigentes nacionales.

Lo reflexiona así el profesor Torres Soriano: “Queremos pensar que la diplomacia española se vale de otras fuentes pero, en un conflicto donde han saltado por los aires tantas líneas, mucho me temo que al final están sometidos a las mismas limitaciones que todos. Vemos cómo muchos gobiernos están incurriendo en responder a la misma velocidad que el último tuitero”.

¿Qué vacuna hay para protegerse de la escalada propagandística que activó el Gobierno de Israel tan pronto se tuvo constancia de la masacre en el hospital? ¿Cómo evitar que el respaldo al pueblo palestino, masacrado a cielo abierto ante los ojos del mundo, nos empuje a sostener tesis acerca de geolocalizaciones, potencia de cohetes o capacitación de la milicia terrorista de la que, por nuestra falta de competencia en estos ámbitos, desconocemos absolutamente todo?

Como periodistas, ¿de quién fiarse en la conversación abierta en redes?

Van aquí algunas claves de Myriam Redondo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en los procesos de información y desinformación online con especial atención en el marco del periodismo internacional.

“Lo normal es que en casos como estos no tienes que ir al mar abierto de lo que empieza a circular, donde todo es ruido, sino que acudes a las listas y buscas que están diciendo todos esos expertos que has seleccionado, porque con anterioridad te han ofrecido información de calidad”. De hecho las listas, opina, son una manera de “vencer al algoritmo” porque de lo contrario la plataforma siempre elige qué fuentes te muestra.

Si no es el caso, si nunca has elaborado listas, “a lo mejor es que no eres experto en ese asunto. Reflexiona, no tienes que opinar, no hay que tuitear de lo que no es tu materia de conocimiento. Pero si decides hacerlo, busca tus medios de referencia habituales y, sobre todo, entra en la información, pulsa en el enlace, lee y busca sus fuentes. Si el dato lo ha ofrecido una fuente militar de Hamás o una fuente del ejército israelí, hay que ponerse en guardia, porque estamos en guerra”.

La propaganda es una herramienta de la guerra con más poder de desestabilización, a este lado del mundo, que los cohetes que sobrevuelan la Franja.

De tan sencillo, parece obvio y sin embargo el episodio del hospital es el epítome de la confusión, del tuit escrito, del borrado, de la acusación, de la afirmación rotunda cuando lo único seguro es que esto ya ha cobrado una dimensión inabarcable.

Una dimensión en la que la nueva forma de operar de la red de Elon Musk –al respecto de la verificación con el blue check– ha contribuido sobremanera al desastre.

“Antes esas cuentas azules estaban sometidas a otro tipo de proceso de aprobación para obtener el blue check y aunque no era del todo transparente sí era una guía; ahora dependen del pago; si pagas, obtienes una de esas marcas y, además, el algoritmo de la red social te beneficia, por lo que cuando hay mucha información vertida de repente en Twitter lo que sobresale son esas nuevas cuentas que han pagado para parecer como respetables, cuando probablemente no lo sean, porque las que lo son han optado por no pagar”.

Esta es la parte negativa de Twitter, pero "lo positivo", apunta Redondo, sigue superando a lo peor que ha traído consigo ese fanático con ínfulas de todopoderoso que es Musk.

“En Twitter y en Internet se sigue teniendo enseguida la reacción de los líderes mundiales o sus anuncios de lo que van a hacer. Hace dos décadas, los analistas navegaban entre tinieblas para saber cuál sería la reacción de dirigentes o partidos, ahora lo sabemos”, destaca.

Asimismo, al margen de las voces políticas, están los expertos. “Hay hilos de expertos en OSINT [Inteligencia de Fuentes Abiertas, por sus siglas en inglés] que hacen un trabajo de descubrimiento de pruebas, de vídeos ciudadanos que pueden aportar mucho. El campo de la verificación digital es un ámbito donde los expertos aportan sus fuentes y donde se van nutriendo de nuevo material ciudadano que va enriqueciendo el debate”, describe la profesora Redondo.

Con todo, como valora el profesor Torres Soriano, “Twitter, recordemos, es una red sobrerepresentada de periodistas y entes gubernamentales, pero el grueso de la población no está ahí”. Telegram, Instagram, TikTok y la mensajería instantánea son canales que están por debajo de ese radar que percibimos en Twitter y aún con menos contexto que el que provee ese escenario que es la X blanca sobre fondo negro.

Quizás toca volver a lo de antes, aunque parezca menos común, menos significativo, menos prescriptivo.

“Abogaría por tomar distancia, asumir las limitaciones y diversificar las fuentes y las voces”, opina el catedrático de la UPO.

Dar un paso atrás, como periodista, como ciudadano, no es desentenderse, acaso sea la forma más noble de dejar que quienes deben arbitrar este conflicto enquistado desde hace más de 75 años encuentren una solución al desastre. Iin sha' allah (si Dios quiere).

“Una de las actividades humanas más antiguas es la guerra. Y una de las más antiguas y frecuentes es la mentira”. 

Arranca así el prólogo que firma Daniel Gascón para la reedición, a cargo de Athenaica, de Falsedad en tiempos de guerra, el libro que el político y escritor británico Arthur Ponsonby publicó en 1928, tras su experiencia como soldado en la Primera Guerra Mundial. Su recuperación se antoja más oportuna que nunca ante el nuevo estallido del que es el conflicto por antonomasia. 

La barbarie perpetrada por las milicias de Hamas en la madrugada del 7 de octubre y la atroz venganza ejercida a continuación por el ejército de Benjamin Netanyahu ha dejado ya más de 1.400 muertos y rehenes israelíes y más de 2.600 e incontables heridos en hospitales que mutan en morgues en esa cárcel a cielo abierto que es Gaza.

A este lado del mundo hay también una víctima que nos interpela a todos: la verdad. Sin excepción, todos somos partícipes y también damnificados de su fragilidad. 

¿Por qué? Sin informadores internacionales, ajenos al conflicto, que puedan contar lo que está ocurriendo, en Gaza sólo queda el abnegado ejercicio periodístico de colegas sobre el terreno que se enfrentan, en breve y ante la falta de suministro eléctrico, al fundido a negro más absoluto. Ellos, de sobrevivir al éxodo de un millón de personas tratando de huir sin saber cómo ni a dónde, permanecerán a oscuras y con ellos los ojos para el resto del mundo. 

Al otro lado, en suelo israelí, se encuentran todos esos periodistas, corresponsales y freelances, asentados en la zona, en Tel Aviv, en Jerusalén o en países del entorno con vocación siempre de contextualizar un conflicto enquistado durante décadas, de los que, al menos en el caso español, apenas se acuerdan los directores de medios cuando no resuenan las bombas. 

“Por lo que estamos viendo hasta ahora el perfil del informador del conflicto en este momento es de más experto que el que fue a Ucrania, que necesitaba poco más que un viaje a Varsovia en avión y luego un tren hasta la frontera. En el caso de Ucrania, contabilizamos más de 100 reporteros desplazados y de ellos, el 70 o el 80% eran colaboradores a la pieza y en muchos casos sin preparación previa”, explica a Infolibre Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras España sobre la peligrosidad y complejidad de este conflicto. 

En el caso de los medios públicos españoles, como RTVE o la Agencia EFE, cuya apuesta en el terreno es continuada, la cobertura habitual se ha visto ahora reforzada con otros equipos de reporteros desde distintos puntos de Israel, con Usoa Zubiria, Oscar Mijallo, Miguel de la Fuente, Hugo Úbeda o Fran Sevilla, entre quienes hoy sirven de cauce informativo para la audiencia en España.

“Hasta donde sabemos, desde Israel no están dejando entrar en Gaza, tampoco desde Egipto, por lo que lo que podemos conocer es desde el otro lado de la verja. Lo que sabemos de lo que está ocurriendo en Gaza es por periodistas palestinos, blogueros y ciudadanos que están in situ y narran a través de las redes lo que están viviendo pero este agujero contribuye a una intoxicación atroz”, insiste Rodríguez Cachera. 

En el momento de la publicación de este reportaje, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha denunciado la muerte de al menos doce periodistas, dos más desaparecidos y ocho heridos, así como la destrucción de los medios locales en Gaza.   

Y en este escenario, ese vacío se rellena con un maremágnum de desinformación, medio noticias, imágenes descontextualizadas y material reciclado de meses, años anteriores, de otras guerras y ataques, que viaja de teléfono en teléfono, de un pseudoportal de noticias a otro, que propicia el caos más absoluto. 

Pero incluso en el caos hay dinámicas que responden a una lógica: Hamas, que controla políticamente la Franja, utiliza los bulos para insuflar moral a su tropa, mermada, para hacer valer el éxito inicial de una operación que logró burlar los servicios de seguridad del hasta ahora imbatible Mossad que ha pillado a todos por sorpresa; y el Gobierno de Netanyahu utiliza el caos para vender al mundo que su respuesta es, a su juicio, proporcional a la barbarie sufrida. 

Cada país, ya escribió Ponsoby hace un siglo en sus páginas, emplea la propaganda “con bastante deliberación para engañar a su propio pueblo, atraer a los neutrales y confundir al enemigo”.

Las grietas a estos dos relatos enfrentados se encuentran en todos esos mensajes de los informadores internacionales con bagaje en el conflicto, capaces de hacer un ejercicio de comparación de esta ofensiva respecto a episodios anteriores. Es el caso de Mikel Ayestaran, radicado en la zona desde 2015, fundador de la revista 5w y colaborador habitual, entre otros medios, para el grupo Vocento y EiTB. 

En una conversación la noche del pasado miércoles desde Be’eri, un pequeña aldea al sur de Israel, en un Twitch abierto con Agus Morales, director de 5W, Ayestaran valora que “las imágenes que han salido de esos kibutz por las milicias de Hamás han cambiado el chip de anteriores ofensivas; aquí no va a haber ningún tipo de línea roja. La ofensiva de 2014 fueron 48 días seguidos con 2.500 civiles muertos en Gaza”. 

La situación ahora es radicalmente peor e inabarcable. 

Al testimonio de los informadores, nacionales e internacionales que realizan su trabajo con las condiciones que impone Israel, se suma la voz de todos los profesionales de ONGs y agencias de ayuda humanitaria, caso del de Raquel Martí, directora de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo) cuya visión del escenario aterra. “Nunca, en todos mis años trabajando he vivido una situación tan atroz. Estamos ante una situación que supera todos los calificativos. Va a significar un antes y después en la vida de Gaza”.

Los ejércitos de desinformadores no nacieron ayer. En un ejercicio de lucidez adelantada a su tiempo, Ponsoby dejó escrito hace casi cien años en Falsedad en tiempos de guerra un aserto que se desempolva estos días: “Cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”. 

Como ex combatiente en la Gran Guerra, el autor de este libro, que llegará a las librerías en noviembre, radiografía desde dentro cómo opera la propaganda. En uno de los pasajes relata el caso de un bebé amputado. 

"El bebé belga cuyas manos habían cortado los alemanes no solo recorrió las ciudades y los pueblos de Gran Bretaña, sino que pasó por Europa occidental y América, y llegó incluso al lejano oeste. Nadie se paró a preguntarse cuánto tiempo viviría un bebé si se le cortaban las manos a menos que tuviera a mano la asistencia quirúrgica experta que le conectara las arterias (la respuesta era: muy pocos minutos). Todo el mundo quería creerse la historia y muchos llegaron a decir que habían visto al bebé. La mentira se acató de manera tan universal como el paso de las tropas rusas por Gran Bretaña”. 

Aquel bebé sin manos, escribió Ponsoby, nunca existió. No ése al menos. Existieron innumerables episodios que dan fe de la vileza y la crueldad del ser humano en esa primera guerra global pero, en su esfuerzo por documentar, por testimoniar lo que fue real de la propaganda, no encontró pruebas de la existencia de aquella criatura desgraciada.

En los primeros días de este nuevo estallido del conflicto palestino-israelí, el relato de cuarenta bebés decapitados a manos de los terroristas de Hamas obliga a revisar el mensaje que late en estas páginas. 

Estos días, los verificadores que trabajan en red en todo el mundo y los observadores internacionales e independientes no han podido confirmar la masacre de 40 bebés decapitados en el kibbutz de Kfar Aza cuya existencia puso en circulación durante una retransmisión en directo la reportera Nicole Zedeck para la cadena privada de televisión israelí i24News.  

Aquello se hizo viral al instante en todo el planeta y aún continúa siendo un macabro hit en redes estos días. 

En España, Isabel Díaz Ayuso agitó la coctelera populista para meter en un mismo mensaje en la red antes llamada Twitter a Pedro Sánchez, a sus socios y a los 40 bebés; luego Joe Biden que, como presidente de la nación más poderosa del mundo se le atiende como fuente autorizada, habló durante una reunión en Washington ante la comunidad judía que había visto fotos de milicianos de Hamas decapitando niños, horas después la Casa Blanca corrió a desmentirlo y basó las palabras del mandatario demócrata en la información ofrecida por fuentes del Ejecutivo israelí. 

Por último, en las últimas horas el gobierno de Israel ha difundido las imágenes de unos niños calcinados y un pequeño cuerpo ensangrentado. 

“Empezaron a llegarnos las noticias los 40 bebés decapitados. Lo que hago habitualmente es lo de siempre: cuento lo que veo y me baso en fuentes fiables, como es el servicio médico que va junto al ejército israelí. Lo que ha hecho Hamas a esta lado es tan brutal —se ha quemado a gente, se ha violado, se ha metido a familias en cuartos de seguridad y se han lanzado granadas…— que perfectamente puede ser posible. Ha sido una salvajada, te lo puedes creer. Por eso ha funcionado”, relata Ayestaran sobre este episodio en la charla abierta para la comunidad de 5w.

La barbarie, el horror, las imágenes abominables, lo espeluznante, el sadismo más salvaje perpetrado contra niños, ancianos, mujeres y jóvenes israelíes en los territorios ocupados ya ocurría antes, durante y después de que 40 bebés decapitados parecieran ser el rasero desde donde medir la atrocidad de los terroristas de Hamas y con él dimensionar, según el gobierno de Israel, el castigo que merece el pueblo palestino en su conjunto. 

A estas alturas, ya conocemos cuán alto se ha puesto ese umbral: donde la población civil sufre los bombardeos indiscriminados de las fuerzas israelíes y el corte de suministros vitales y parece abocada a su extinción.

Pero ha sido el episodio de los 40 bebés decapitados, acaso, el que mejor ilustra cómo opera la desinformación, la confusión, el oportunismo político en estos momentos. 

En la guerra, prosigue Gascón en el prólogo del libro, “las opiniones tibias, las dudas, la petición de rigor periodístico o una leve sospecha de la información oficial se convierten en una forma de traición. (…) Quien dude de lo absoluto puede ser señalado como traidor”.

Para Manuel Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide y coordinador del libro #Desinformación. Poder y manipulación en la era digital (Comares, 2019), en entrevista en Despierta Andalucía (Canal Sur TV) “la guerra siempre ha sido un territorio absolutamente hostil para que la información fluya y para intentar contrastar lo que está ocurriendo y en este caso es especialmente difícil. Nos llegará el relato de Hamás y la información que traslade el Ministerio de Defensa israelí; el resto es terreno abonado a los bulos, al material reciclado que circula como nuevo y a la desinformación. A los ciudadanos, lo único que nos queda es una actitud de absoluto escepticismo y tomar con cautela todo, porque no sabemos si lo que nos llega es verdad o una versión interesada de la misma”.

La desinformación es una herramienta más de la guerra y Elon Musk es el soldado que la porta ante el pasmo de la comunidad internacional que sólo ahora parece caer en la cuenta del potencial que tiene esa X blanca sobre fondo negro. 

48 horas después del primer ataque de Hamas, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, exigió a Musk tomar acciones “rápidas, precisas y completas” para cumplir con las exigencias de moderación de contenido porque X se está utilizando “para difundir contenido ilegal y desinformación”. 

De hecho, el ataque de Hamas y su dimensión será abordada en el pleno del Parlamento Europeo de la próxima semana en Estrasburgo en un debate específico con representantes del Consejo y de la Comisión de Von der Leyen cuyo apoyo a la estrategia de defensa de Israel, escenificado en Tel Aviv junto a Roberta Metsola, presidenta del Europarlamento, ha abierto fisuras en el seno de su colegio de comisarios. Josep Borrell, Alto Representante de la Política Exterior de la UE, ha advertido que no se puede cortar el agua y todos los servicios a la población gazatí.

Desde antiguo, la política oficial de la Unión Europea es, como escribe Idafe Martín, un delicado juego de equilibrios que se mantiene sin apenas cambios desde hace décadas.

Los mensajes de las autoridades internacionales, las contrarréplicas, el goteo de imágenes de cuerpos esvicerados no cesa. Vivimos en la selva informativa, es cierto, pero hay lianas donde agarrarse. 

Una de ellos es el trabajo concienzudo que hacen los centros de verificación y fact checking. En España, la organización Maldita, con 45 personas en el equipo, 25 de redacción y 10 años de trayectoria, lleva desde el mismo día 7 combatiendo bulos para toda la comunidad hispanohablante. 

Uno de los primeros en circular, explica Clara Jiménez, fundadora y CEO de Maldita, fue el de los niños en jaulas como supuestos rehenes de las milicias de Hamas. Situamos: se difunde un vídeo de un grupo de menores metidos dentro de una jaula supuestamente secuestrados por Hamás. El vídeo fue publicado días antes del ataque terrorista por un usuario que publicó posteriormente otro TikTok de los niños en la que aclaró que los niños son sus familiares y no "sionistas". 

Como ésta, ya contabilizan cerca de 40 noticias falsas desmontadas desde el inicio del conflicto. 

Luego están los verificadores que más que desmontar su función es separar el grano de la paja para que pueda ser visto por todos como una verdad imbatible. Es el caso de VerificaRTVE, que dirige Borja Díaz-Merry. 

A grandes rasgos, este equipo trabaja a tiempo real para que todos los vídeos que las distintas ediciones del telediario y el 24 Horas emiten estén verificados, para que esté garantizada la trazabilidad de las imágenes, máxime en un medio público de referencia en habla hispana. Básicamente, explica al teléfono Díaz-Merry, cuando un redactor ve un vídeo, una imagen de relevancia informativa pide a este equipo que verifique su procedencia a través de geolocalizadores, satélites, fuentes oficiales y un proceloso trabajo de comprobación de fuentes. 

Seis profesionales en el equipo, más los apoyos específicos de las secciones concernidas en la noticia en las redacciones del ente público, más los ojos y las imágenes sobre el terreno que tienen en el caso de episodios como éste del conflicto palestino-israelí, son el músculo necesario para garantizar que a RTVE no se la cuelen y, por tanto, a nosotros. 

No, claro, no todos los medios tienen la oportunidad de hacer este recorrido cuando la urgencia apremia. Pero sí está en la decisión de los editores, de los directores, de los responsables últimos que deciden qué se publica y que no, y esto va desde una noticia impresa a un tuit desde la cuenta del medio. Verificación digital para periodistas. Manual contra bulos y desinformación internacional (UOC, 2018) de Myriam Redondo es una guía extraordinaria para decidir, al fin, no participar del ruido, no chapotear en el lodazal de la desinformación de manera irresponsable.

Este mensaje cabría aplicarse también a los dirigentes políticos, cuyo eco en redes es mayor. ¿Quién contamina más: un ejército de bots o un dirigente con nombres apellidos?

Para Clara Jiménez, “es difícil de cuantificar porque los impactos son distintos. El ejército de bots viraliza rápido y el portavoz condiciona o alimenta sesgos”. 

Queda, por último, nuestra responsabilidad individual como ciudadanos: cómo queremos informarnos, decidir leer y escuchar medios que tienen periodistas sobre el terreno, que incluyen análisis politológicos y contexto en sus informaciones, contrastar distintas cabeceras y profesionales acreditados. 

Queda, al fin, servir de altavoces de la miseria en que se ha convertido el debate público o frenar esa cadena.

“No voy a dignificar esa pregunta con una respuesta”. Así contestó Mike McCurry, portavoz de la Casa Blanca, cuando un periodista en su conferencia de prensa le interrogó sobre si Bill Clinton consideraba la felación un acto sexual o no.

Recordaba este episodio con más de 25 años de historia el periodista de ABC Ignacio Camacho para ilustrar las maneras en que los políticos y representantes públicos pueden zafarse de preguntas incómodas o, incluso, retratar al informador que confunde una sede institucional con una tasca.

Se hablaba en la tertulia del programa Mesa de Análisis (Canal Sur TV) del incidente entre el socialista Patxi López y Vito Quiles, un joven de 23 años acreditado en la cámara baja por el canal de Youtube Estado de Alarma y activísimo tuitero afín a los postulados de extrema derecha a decir de las publicaciones en sus redes sociales, el espacio donde ejerce su influencia. Para más detalle, véase su timeline, donde contó recientemente que acaba de licenciarse en una carrera que en los últimos ocho años ha perdido casi el 20% de estudiantes. Y eso que, como escribe Cristina García Casado, no sobra periodismo, falta.

Con frecuencia, los periodistas saltan de cabeza al charco del metaperiodismo pero quizás ésta no sea una polémica sin más.

De fondo hay muchas cuestiones por responder: ¿Quién y cómo decide quién puede entrar a una sede institucional como periodista? ¿Quién ha de situar el umbral de qué es periodismo y qué no lo es? ¿Qué dice la ciencia jurídica al respecto? ¿Qué búsqueda de la información veraz hay en el hostigamiento a un dirigente público? ¿Cómo diferenciar eso de la repregunta y de la audacia periodística para destapar lo que el poder público oculta o enmascara deliberadamente? ¿Son más desmedidos los ataques a los políticos de izquierda o a los de derecha? ¿Qué papel juegan las administraciones que sostienen con fondos públicos medios con periodistas condenados de manera reiterada por ejercer algo que los tribunales, al interpretar la Constitución, no califican como libertad de información ni de expresión? ¿Cómo afectan ciertas dinámicas de unos pocos el trabajo del resto? ¿Quién abre el melón?

Demasiadas preguntas para una profesión que, conviene recordar, no está regulada, que no exige colegiación para su desempeño y que, al margen de las titulaciones oficiales requeridas en los medios públicos para formar parte de sus plantillas, no exige más carné que el de identidad ni demanda más avales que el del buen oficio.

O al menos así era antes.

Situemos al lector: en la segunda jornada del debate de investidura de Núñez Feijóo, la prensa aguarda la llegada de Patxi López en el escritorio, la salita que usan sus señorías para intervenciones rápidas a la salida del hemiciclo en el Congreso de los Diputados. En su turno, Quiles inquiere al socialista acerca de la amnistía. López responde sin titubeos: “A ti no te voy a contestar nada y nunca. Te lo voy a decir a la cara: He visto algún tuit tuyo, de cuando la Selección Española jugó y ganó Georgia, con un contenido racista que, de tal manera, no voy a respetar a un racista respondiendo sus preguntas”.

Fin de la comparecencia. Ningún periodista más en la sala pudo preguntar.

El tuit en cuestión mostraba una foto de los españoles Lamin Yamal y Nico Williams abrazados. “¿Pero qué selección española es ésta? Parece una broma de mal gusto”, escribió Quiles. El mensaje ya está borrado, pero su captura y difusión se hizo viral.

Quiles ha anunciado demanda contra López por, según el comunicado de sus abogados, atentar contra su derecho al honor. Y esta denuncia se suma, así, al puñado de casos que pasan o han pasado por los tribunales en los últimos años donde colisiona la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho al honor.

En julio 2019, la Mesa del Congreso de los Diputados resolvió retirar el pase de prensa a Segundo Sanz, acreditado por OkDiario por entrar, colarse y grabar sin permiso en el despacho de Irene Montero. En febrero del año siguiente, el Tribunal Supremo anuló la retirada de la suspensión.

En su sentencia, el magistrado Pablo Murillo de la Cueva, de tendencia progresista, indicó que “publicar fotografías de los despachos de diputados no afecta a su intimidad si no muestran ningún aspecto de la esfera personal a la que, indudablemente, tienen derecho (…) Sin embargo –resalta la sentencia-, no se ha identificado ningún aspecto íntimo, ni siquiera personal, en las fotografías. Por tanto, ninguna limitación a la información gráfica ofrecida por el recurrente puede provenir de ese derecho fundamental, de naturaleza, hay que insistir, personalísima”.

Si al entrar en el despacho el periodista encontró un despacho, sin más, como describe la sentencia, ¿qué buscaba el medio de Eduardo Inda al publicar las imágenes del espacio de trabajo de la dirigente de Podemos?

Provocar cabe como respuesta. Provocadores sirve también como definición para muchos de estos nuevos moradores del periodismo y los medios.

En los últimos años, coincidiendo con la creación de nuevos medios de marcado sesgo de ultraderecha y también de extrema izquierda, el Congreso y las cámaras autonómicas han vivido situaciones con grados más o menos intensos de tensión.

En mayo de 2022, la sala de prensa presenció cómo Javier Negre, responsable de EDA TV, llamaba “hija de puta” a Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, por negarse a responder a sus planteamientos. Él habló de manipulación en su medio.

Un año antes, doce equipos de comunicación de partidos de izquierda y nacionalistas presentaron un escrito a la Secretaría General de la Cámara Baja para poner de manifiesto su preocupación por el comportamiento de "algunas personas acreditadas" en la sala de prensa. El Congreso no tomó decisión alguna al respecto.

Antes, en octubre de 2018, se hizo célebre el momento en que un corrillo en off de la ministra María Jesús Montero se difundió al instante. Hubo un quiebro a la regla no escrita de no saltarse nunca un off, que tiene unos códigos concretos: se pregunta y se escucha pero no se graba, lo que se dice sirve para conocer el contexto y entender, el lenguaje del orador es distinto al que tiene en una tribuna pública… Pero la titular de Hacienda soltó, en ese corrillo, aquello de “es fácil pasarse en un presupuesto, 1.200 millones no son nada, chiqui” y, claro, voló como la pólvora. Casi todos los medios, independientemente de enfoque ideológico, se hicieron eco.

Para los legos en la materia quizás sea complicado de entender, pero los dirigentes de todas las formaciones políticas participan de estas dinámicas; la prensa testa estados de ánimo, los políticos sondean percepciones, se rompen frialdades entre unos y otros… Son estas cosas que nunca se enseñan en la carrera, que sólo se aprehenden después de años de oficio y que son parte, al fin, del modo en que se construye el periodismo político, un ámbito donde es tan importante lo que se dice como lo que se calla, lo que se escenifica, como lo que se intuye…

No es un asunto menor: ese clima de tensión que desatan unos pocos incide directamente en el trabajo de los demás. El político se tensa, ya no se para tanto con los medios, la información sólo fluye por los cauces oficialísimos y, al final, lo que se resiente es el periodismo.

Para la politóloga Ana Salazar, responsable de la consultora Idus3 Estrategia, "política y medios de comunicación son actores fundamentales de la vida pública y tienen que convivir en equilibrio. En mi opinión, un político debe responder a un periodista que hace su trabajo, es decir: periodismo. Y es que una cosa es el periodismo y otra muy distinta utilizar la profesión para polarizar, crispar o buscar la viralidad". 

En el caso concreto de Patxi López, ¿hizo bien no contestando a Quiles? "Se confundió al contestar de esa forma, ya que si quería poner un cordón sanitario ha conseguido justo el efecto contrario, lo ha hecho viral, que es lo que este señor estaba buscando. Ante este tipo de situaciones lo mejor es obviar la pregunta o responder discretamente para no dar relevancia".

A decir de las fuentes con las que ha hablado este medio en los distintos ámbitos –jefes de prensa, directores de comunicación, compañeros de la prensa—, los protagonistas de estas situaciones que rompen la convivencia que políticos y periodistas han tenido bajo el mismo techo durante décadas casi siempre tienen el mismo perfil: están vinculados a medios ultra que en la mayoría de los casos ejercen de soportes multimedia: preguntan, graban, emiten y tuitean a la vez.

Si la respuesta del político de turno al que preguntan/persiguen/provocan/hostigan deriva en un encontronazo, la viralidad de sus informaciones está asegurada en sus cabeceras y, por supuesto, en ese lodazal en que se ha convertido el juguete de Elon Musk con decenas de miles de trolls y cuentas sin identificar.

En la actualidad, en el Congreso de los Diputados hay un centenar aproximado de acreditados en virtud de los medios a los que representan, que son los que tienen que solicitar el permiso de entrada para sus trabajadores o colaboradores.

En puridad, según el reglamento, es la Mesa del Congreso la que debe gestionar y conceder estas solicitudes; en la práctica, como confirman fuentes de la dirección de comunicación de la Cámara baja, es este departamento el que toma estas decisiones de manera delegada.

“Aplicamos criterios objetivos, acreditamos a empresas informativas”, señalan desde la dirección de Comunicación del Congreso sobre la labor que realizan a la hora de atender las demandas del más de centenar de periodistas que de manera asidua cubren la actividad parlamentaria. En días grandes, caso de estas recientes sesiones de la investidura fallida de Núñez Feijóo, entre cámaras, técnicos y equipos de producción de los medios audiovisuales, las acreditaciones de prensa pueden llegar a superar las 300. En la cámara “no hay vetos ideológicos”, insisten. En la calle, es diferente y, por ejemplo, en la capital, Vox tiene vetada la presencia en sus actos de medios del grupo Prisa y de laSexta.

En el Parlamento Europeo, el trámite es similar. En este caso, para los viajes de prensa que se realizan desde España es la delegación española la que invita y a partir de ese momento el periodista el responsable de sus pasos. En la sede de los plenos en Estrasburgo, sede donde los partidos ultra están representados desde hace más de una década, los periodistas tienen acceso a los mismos espacios que los políticos y funcionarios. 

“Ha habido anécdotas y situaciones, pero en general todo el mundo sabe lo que tiene y puede hacer en cada momento”, opinan desde comunicación de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Precisamente, el próximo pleno en Estrasburgo fijará posición sobre un proyecto de ley para reforzar la protección de los periodistas y la libertad de prensa en la Unión Europea, tantas veces amenazada en países como Polonia o Hungría donde la ultraderecha ha colonizado todos los medios.

En el Parlamento de Andalucía, la primera institución española donde el partido de Abascal tuvo representación institucional, allá por diciembre de 2018, la dinámica es similar. El artículo 66 del reglamento de la cámara habilita a la Mesa del Parlamento para regular la concesión de acreditaciones que, por agilidad y delegación, recae siempre en la dirección de comunicación.

En este sentido, las direcciones de prensa aplican criterios objetivos: sin son medios dados de alta en el registro de actividades económicas, si son medios que cobran de la publicidad institucional e incluso si son medios invitados, con todos los honores, a los días grandes de la comunidad –Javier Negre se pasea como un VIP en la agenda institucional andaluza más relevante desde 2018- ¿qué margen de maniobra va a tener la cámara que debe ser garante de la pluralidad?

De hecho, distintas voces del ámbito jurídico consultadas por infoLibre aseguran que el hecho de ejercer un veto preventivo sería contraproducente además complicado de sostener legalmente. Una cosa es que un político decida no contestar a un profesional y otra muy diferente, un veto previo.

En este sentido, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y profesor de Derecho a la Información, sostiene que “jurídicamente, cualquiera puede ejercer la libertad de información, ya que no es algo que sólo puedan ejercer los periodistas; el Tribunal Constitucional ha dado una definición de periodista que es aquel que trabaja de manera estable para un medio institucionalizado, con una estructura interna; y como tal, este señor [Vito Quiles] es un periodista y es normal que le hayan dado una acreditación para trabajar en el Congreso”.

Otra cosa es qué se hace con ese derecho: “El ejercicio el periodismo tiene el requisito de que sea veraz y que sea contrastado, para que el periodismo sea constitucionalmente protegido tiene que transmitir distintas versiones. Estos señores técnicamente serían periodistas pero lo que ellos ejercen no es periodismo constitucionalmente hablando, porque el periodismo requiere el ser capaz de transmitir de la manera más veraz. Si tu manera de acercarte a los políticos es increpar en lugar de comprobar y debatir y acosar en lugar de repreguntar puede que estés en un medio pero no eres periodista sino activista político”, opina Urias.

Seguramente, por eso, la mirada de las instituciones se dirige en este tipo de episodios a la autorregulación que debe ejercer, que debería ejercer o que convendría que ejerciera la profesión.

Anabel Díez, periodista de El País y una profesional respetada en todo el arco parlamentario por su trayectoria, oficio y temple, es presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), entidad que representa las demandas de los informadores en las Cortes. Cuando las demandas son relativas a los derechos y libertades de la prensa es habitual que medie la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), donde está integrada la APP.

A falta del debate en el seno de la junta directiva, compuesta por compañeros de distintos medios, Díez califica el incidente de “delicado: no nos podemos erigir en jueces ni del Congreso ni de los políticos ni de los periodistas”.

Sobre el incidente concreto entre López y Quiles, Díez opina que “el político tiene la obligación de responder a los medios de comunicación, porque su trabajo es público, pero también está en su derecho de no responder. Su respuesta o la falta de ella queda expuesta ante la opinión pública”.

Ciertamente, los tiempos están cambiando. Hoy los mullidos pasillos del Congreso han dado entrada a acreditados con formas muy distintas de entender el periodismo.

Para Díez “los nuevos tiempos exigen reflexiones de nuevo cuño para dar cumplimiento al derecho a la información y al derecho a ser informados de la ciudadanía”. Lo cierto, opina la periodista, es que “en algunos medios se busca una manera de dirigirse a los políticos a la hora de preguntar o de obtener información que hay que preguntarse si está al servicio de los ciudadanos en aras de obtener información veraz”.

“Debemos exigirnos decoro, educación, respeto y el cumplimiento siempre del derecho a la información pero cabe también abrir una reflexión: en un momento de desmesura, en un momento hiperbólico, hay que hacer una reflexión sobre los derechos, las obligaciones y los límites que tenemos en una profesión que, recordemos, no está regulada pero que, por parte de la FAPE, cuenta con normas éticas y deontológicas que ya deberían orientar la acción de los medios de comunicación”.

Para Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, “los valores irrenunciables del periodismo son la información veraz y la honestidad. Jamás mentiras y desinformación. Hay que defender a los buenos periodistas y al buen periodismo y denunciar a los malos periodistas y al mal periodismo. Es nuestra obligación ante la ciudadanía”

En esta misma línea, Carolina Fernández, vicepresidenta de la FAPE, sostiene que, “como representantes de la mayor organización de periodistas de España, no creemos ni apoyamos vetos y censuras para ejercer libremente nuestro trabajo, que es el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, pero hacemos un llamamiento a los profesionales para que este derecho, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, sea ejercido en base a los principios éticos y deontológicos que han de regir a los periodistas, como son, entre otros, el rigor, la honestidad, la veracidad o el contraste de fuentes”.

Sin necesidad de señalar con el dedo acusador ni hacer una nómina de medios es fácilmente reconocible de qué estamos hablando: bajo una pretendida apariencia de información, a través de sus portales webs y sus redes sociales, difunden el catálogo ultra, a base de bulos, mentiras y mensajes racistas o machistas.

Para la dirección de Por Andalucía, grupo parlamentario que de manera reiterada ha denunciado estas prácticas, “estas empresas no solo deterioran la convivencia democrática también generan víctimas individuales (políticos o personas sobre los que difaman) y colectivas (mujeres, gais, migrantes...) que son estigmatizados y/o criminalizados. Ya son varios y varias los partidos políticos o los diputados y diputadas que han rechazado responder a preguntar de algunos de los trabajadores de estas empresas. Sin embargo, más allá de que cada cual puede responder a quien y cuando considere oportuno, el quid de la cuestión es cómo desde las mesas de los distintos parlamentos ha de abordarse esta situación”.

Una reflexión por hacer, un melón por calar, una tarea, otra más, para unos parlamentos en los que es difícil el encuentro y el acuerdo.

En la semana en la que en el Congreso de los Diputados ha habido un baño de realidad aritmética (172 síes no son 176) ha hecho fortuna en las televisiones de toda España una historia de ficción: la de Nano Jr. Este joven de Toledo es real, sí, pero la ola de solidaridad generada alrededor es tan artificial como los filtros que se activan en las redes sociales, como las campañas de caridad que duran lo que tarda en llegar una historia mejor. Nano sería un Plácido berlanguiano en la era de Tik Tok.

En esta película, cumbre del cine español de todos los tiempos, el genio Berlanga vino a retratar la miseria moral de una sociedad que la noche de Navidad sienta a su mesa a un pobre –previa subasta pública entre las familias ricachonas de una pequeña capital de provincias– en un ejercicio de lavado de conciencia con el que dormir tranquilo el resto del año y aparentar caridad cristiana.

Siente un pobre a su mesa, no en vano, fue una campaña puesta en marcha por el régimen franquista que tocaba la fibra de las familias acomodadas, prestas a salvar de la pobreza a las almas descarriadas.

Hoy esa fibra se toca a través de las redes sociales y en los formatos talk shows, en una suerte de actualización de El diario de Patricia, que sirven de altavoz de las miserias personales. En vez de comedores revestidos de muebles de caoba, como en el que acomodaron a Plácido, esos pobres se asoman a través de la pantalla de su móvil o se sientan en los mullidos sillones de los programas de televisión que estos días, de dura competencia por hacerse con la audiencia en el arranque de esta temporada, están viendo en la historia de este muchacho un verdadero filón.

El mensaje de Berlanga, más de 60 años después, mantiene intacta su vigencia.

Nano, cuyo nombre real es David, subió un mensaje a su canal de Tik Tok en el que narró cómo es su vida con dos trabajos –como repartidor entre semana y en el turno de cierre de un Vips de un centro comercial de la capital madrileña– empleos propios de la precarización laboral de un país con la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa: casi uno de cada tres jóvenes que quiere trabajar no encuentra empleo en España y la tasa de desempleo está por encima incluso de la griega, que en los últimos cuatro años ha reducido su paro joven en 10 puntos. Los que acceden a trabajos, como Nano, han de compaginar más de uno para poder sacarse un sueldo digno. Por doce horas de trabajo al día, de lunes a domingo, el chico protagonista de esta historia gana algo más de 1.800 euros.

Como cuenta a través de su canal con más de 160 mil seguidores después de este acceso circunstancial a la fama, Nano trabaja “duro” a diario para comprarle unas zapatillas a su hermana pequeña o para comprar “una botella grande de aceite” si hace falta en casa, según relata en el vídeo de un minuto y medio que se grabó por el polígono industrial donde está la empresa de mensajería en la que trabaja.

Se grabó andando, haciendo a pie el trayecto de seis kilómetros que separan ambos empleos porque su coche, contó en su Tik Tok, se había estropeado. "Si vienes de una familia que tiene dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, no te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?", pregunta. "¿Por qué te dejas el dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", opina el muchacho que confiesa en ese vídeo llevar trabajando desde los 16 años y tener ”muy claros sus objetivos: que no le falte nunca de nada a su familia”. “Aquí estoy, intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca”, resume sobre el rol que le ha tocado ejercer.

El mensaje se viralizó pronto, acumula ya más de cinco millones de reproducciones y ha recibido más de doce mil mensajes de usuarios que conectan con su narración en primera persona, una historia individual, de esfuerzo y sacrificio, que llegó a las redacciones dispuestas a hacerse eco del mensaje de superación de un chico criado en un hogar que cabría bajo el eufemismo de desestructurado: con una madre que ha sufrido violencia de género y con un veinteañero que ejerce de sustento cuando las ayudas sociales no llegan.

En resumen, Nano es la víctima romantizada de un sistema que lo expulsa pero lo televisa.

Por ejemplo, Nano ha visitado esta semana el plató del nuevo programa vespertino de Ana Rosa Quintana en Telecinco (la presentadora de blanco impoluto) acompañado de su madre, Verena, que relató una historia lineal de abusos, violencia de género y desatención durante meses o años de los protocolos de atención para las víctimas de violencia y sus familias.

Verena tuvo a David con 22 años y un año después a su segundo hijo con un marido alcohólico que los abandonó cuando el primogénito tenía apenas tres. Al rehacer su vida, Verana cambió el infierno de una pareja alcohólica por el de una pareja maltratadora y tras años de buscar ayuda sin éxito, llamando puerta a puerta, logró finalmente encontrar refugio en un centro de acogida para mujeres maltratadas, en el que vivió durante meses junto a sus hijos.

Hoy, el sostén de la familia, relataba emocionada Verena a Ana Rosa, es David, al que un mensaje de Tik Tok le ha sacado del anonimato donde está instalada la vida de las más de 12 millones de personas en España que viven en riesgo de exclusión o pobreza, según el informe El estado de pobreza de las comunidades autónomas, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, que lanzó un adelanto de lo que serán los datos de 2023 el pasado mayo.

Una pobreza que según este informe se mantiene de manera más severa a lo largo del tiempo en el sur que en el norte. “Hay una división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional- y perfectamente compatibles con las tasas medias europeas y las de algunos de los países europeos más avanzados, y, aquellas situadas al sur que, al contrario de las primeras, mantienen tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional”.

Por territorios, en términos absolutos y con respecto al total de la población nacional, Andalucía concentra casi una de cada cuatro personas en riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (24,6 % del total), y, en unión de la Comunitat Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que son las cuatro regiones con mayor población, acumulan el 60,1% del total de personas en estas circunstancias.

En su informe de 2022, un año que sirve para interpretar el funcionamiento de las medidas contra los efectos de la Covid, la Red Europea de Lucha contra la pobreza ya alertaba que “grandes medidas como los ERTES, no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a quienes tenían contrataciones con irregularidades o modos de supervivencia característicos de la economía sumergida (circunstancias muy presentes en el sector servicios el cual se vio altamente afectado en esta crisis)”. El informe también vino a subrayar que “las medidas del escudo social [el ingreso mínimo vital, la garantía de los suministros, la suspensión de los desahucios…] todavía llegan de forma desigual a quienes se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma” y que “el retroceso de los indicadores comenzó antes de la llegada de la pandemia”. Por tanto, la covid19 no es causa exclusiva de la crisis, ni de la situación que sufre Nano.

Estos datos, con idénticos registros independientemente de la autoría de los informes, se orillan, se silencian o directamente se obvian cuando el relato se hace en primera persona. Cuando la televisión cuenta la historia de Nano parece única y, sin embargo, las circunstancias son similares a la de quienes machaconamente engrosan las estadísticas: uno de cada cinco jóvenes de menos de 30 años con un puesto de trabajo se encuentra en pobreza o riesgo de exclusión social al cierre de 2022, según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). Un informe que revela que la edad media de emancipación en España aumentó en el último semestre de 2022 hasta los 30,3 años, la edad media más alta de los últimos 20 años.

Por eso aunque la historia de Nano parezca un milagro, lo que hay detrás es una cronificación de una situación de injusticia social que, eso sí, se airea en televisión. Canal Sur ha sido uno de los grandes altavoces (pero no el único) para el chico.

Toñi Moreno, presentadora de Hoy en día magacín matinal de la televisión autonómica andaluza, estaba entrevistando por Skype a Nano cuando dio paso a una llamada en directo, la de Federico Beltrán, dueño de Famadesa, una empresa cárnica malagueña que, tras escuchar la historia, había decidido obsequiarle con un coche. Un Seat Ibiza con unos cuantos años en su bastidior del que dio hasta su matrícula. "Solo tendrás que pagar el seguro, te lo van a dejar con la revisión hecha", apuntó.

“Yo con que hayáis visto mis vídeos o se pongan en los institutos... No hace falta que me deis estas cosas, en serio", lloraba el muchacho frente a la pantalla. Al día siguiente, en Mañaneros, el nuevo magacín matinal de TVE, su presentador Jaime Cantizano ahondó largamente en los pasajes más dolorosos de la vida familiar del chico y le preguntó por las críticas acerca del regalo del empresario. “Yo hice un vídeo en el que contaba mi historia. Lo que me está pasando es secundario. Gracias a mi historia estamos viendo que hay más gente en mi situación y que hay mucha gente buena". 

Al final de la semana, Nano y el empresario se han reunido en el plató, la prensa local se ha hecho eco del encuentro y de la entrega de llaves, ambos se han fotografiado en el interior del vehículo y al otro lado de la pantalla, la madre de Nano, como muchos miles de espectadores, era un mar de lágrimas.

El gesto del empresario y el mensaje del muchacho fue aprovechado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para destacar “el mensaje inspirador” y la “mentalidad admirable” del joven.

El diputado andaluz José Ignacio García, de Adelante Andalucía, calificó la escena de “limosna del siglo XXI”. Porque donde unos ven una suerte de influencer inspirador, caso también de voces nacionales como Arturo Pérez Reverte otros ven una víctima de la espectacularización de la miseria o una romantización de la pobreza.

En palabras de Nuria López, secretaria de CCOO Andalucía, “estamos dulcificando la precariedad y ejemplificando una historia que no debería ser la norma”. Por un lado, López señala que “si este chico estuviera trabajando con un horario y un buen sueldo sujeto a convenio colectivo podría acceder por sus propios medios a un coche, la gente necesita derechos, no caridad”.

Por otro, el relato de su vida, opina la máxima responsable del sindicato en Andalucía, trasluce “que los resortes sociales que debería estar activando el sistema para que este chico de 20 años estuviera estudiando o trabajando por su futuro y no manteniendo el de su familia no están funcionando. No podemos romantizar la pobreza, dulcificar la precariedad y extender el individualismo cuando detrás esconde las injusticias de muchos otros”. “Lo que me sorprende de Juanma Moreno es que diga que se trata de un chico admirable y no que se pregunte cómo en pleno 2023 haya chavales de 20 años con dos trabajos y teniendo que sacar adelante a su familia”, opina López.

En el capítulo Paisajes mediáticos, que firman las investigadoras Marta Rodríguez y Anastasia Bermúdez, dentro de la obra colectiva Migrascapes: paisajes étnicos, mediáticos y de ideas, publicado por la editorial Catarata en junio de 2023, se incide en esta interconexión entre los medios, la acción política y lo que llega a la sociedad: “Entre medios de comunicación, discurso político y opinión pública existe una relación circular. Por una parte, el discurso político y los medios pueden influir en la opinión pública; por el otro, la opinión pública, sobre todo en un contexto en el cual las redes sociales y el discurso online en general están teniendo un peso importante en nuestra comunicación diaria, puede tener un importante impacto en los medios de comunicación, en el discurso y en la acción política”. 

Al primero al que le dijeron España se rompe fue a Rafael Escuredo (Estepa, 1944). Al menos al primero después de muerto Franco.

Eso es lo que vino a escuchar el socialista en los despachos del Gobierno de la UCD cuando, como presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía preautonómica desde junio de 1979, empezó a negociar en Madrid las condiciones para la autonomía andaluza que venía ya reclamándose en las calles desde las históricas movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 en las que estuvieron todas las formaciones políticas menos Alianza Popular. El mensaje, en aquellos meses de construcción de un país que despertaba a la democracia, fue que no tocaba menear el avispero territorial.

Como abogado laboralista del despacho de la calle Capitán Vigueras de Sevilla, que es como decir la piedra rosetta del socialismo que tuvo mando en plaza después de Suresnes, Escuredo había compartido tarea con Felipe González. Y también fue ahí donde fraguó la relación con Ana María Ruiz Tagle, a la postre su esposa y pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, a la vanguardia siempre en extender, desde el derecho, el ámbito de la violencia de género más allá de la pareja o el ámbito familiar.

Sus caminos siempre han sido distintos aunque unidos por el puño y la rosa: ahora Escuredo apoya sin fisuras la dirección actual del PSOE y Felipe, junto a Alfonso Guerra como reconciliada pareja de baile, representa el PSOE caoba que sirve de azote de Pedro Sánchez.

Hoy, por resumir, la razón es por la amnistía a los fugados del procés, ayer por el gobierno de coalición con Podemos y anteayer por retar al aparato del partido contra Susana Díaz en primarias.

Pero mucho antes de esta crónica reciente de las desavenencias del partido -el ruido de fondo es un clásico en el PSOE- tampoco el tándem González/Guerra estuvo del lado de Escuredo a la hora de priorizar y desarrollar el autogobierno que Andalucía votó el 28 de febrero de 1980.

Un poco de moviola: para cuando Escuredo llega a la presidencia preautonómica, tras la designación de Plácido Fernández-Viagas como presidente tras la muerte de Franco, hace apenas unos meses que se ha promulgado la Constitución Española de 1978, texto que consagra como regiones históricas a Galicia, Cataluña y País Vasco ya que estos territorios tenían aprobados o en tramitación sus estatutos de autonomía antes de la Guerra Civil.

La Constitución habilitaba, por la vía del artículo 151, mediante la celebración de un referéndum, que otras comunidades adquirieran este rango político que les brindaba mayores competencias. Un artículo incorporado al texto constitucional por empeño del sevillano Manuel Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo y ministro de Cultura primero y luego de Regiones de la UCD, y el inventor de la fórmula "café para todos", que permitió dos logros de la España actual: la descentralización y el acceso al autogobierno de todas las regiones, más allá de sus diferencias históricas.

"Sin 151.1 y sin el referéndum andaluz, España habría sido territorialmente otra, casi con seguridad", valora Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Aquella gesta que los constitucionalistas llaman "una vía con legitimidad democrática agravada" sirvió, al fin, de inspiración y referente para el resto de territorios que después han accedido a su autonomía por la vía del artículo 143. Habrá competencias casi idénticas y otras no tanto pero no hay épica en su relato autonomista.

Quienes tienen memoria de aquel tiempo recuerdan que, como en tantos ámbitos, el factor humano y la personalidad de sus protagonistas fueron decisivos. "Rafael Escuredo supo ponerse a la cabeza de un movimiento que su propio partido se encargaría de cortar", opina Rubén Trujillano, profesor de Derecho en la Universidad de Granada y autor de Andalucía y la reforma constitucional (Almuzara, 2016), un libro que reivindica el papel de Andalucía en el actual diseño territorial del Estado.

"Tuvo la inteligencia y la valentía de entender que el ente preautonómico podía ser un instrumento fundamental para que el pueblo andaluz participase en el proceso constituyente. Antes de la Andalucía constitucional -la Junta, el primer Estatuto de 1981- hubo una Andalucía constituyente, que puso su sello desde las calles y desde la Junta preautonómica en la cuestión territorial y la cuestión social, entonces, y ahora, unidas".

También hubo otros muchos líderes políticos fajándose en la tarea, pero Rafael consiguió una suerte de efecto de proyección aspiracional, recuerdan distintas voces consultadas por infoLibre sobre aquel periplo por las comarcas más deprimidas, pueblo a pueblo, en el que fue convenciendo a los alcaldes y vecinos de que su futuro pasaba por alcanzar la autonomía.

"Andalucía era la de las manos encallecidas pero quería parecerse también a ese guapo, alto, de ojos azulísimos que hablaba de esperanza y dignidad", describe una buena amiga de aquel político criado en una familia de la Andalucía de interior ilustrada, no rica pero sí acomodada, lector voraz y dueño de un porte distinguido, que hoy, a sus 80 años mantiene.

En una tierra que hace de la metáfora su manera de estar en el mundo, la calle, la prensa, la época lo bautizó el lindacari, jugando con el lehendakari vasco. Andalucía aspiraba, no en vano, a alcanzar el estatus vasco.

"Hay que hablarle a la gente a la cabeza, no a las vísceras", recuerda hoy Enrique García, como jefe de prensa y su colaborador más estrecho que aconsejaba Escuredo.

Lo prioritario en aquellos momentos era explicar qué significaba tener más competencias en materia de educación y sanidad para un pueblo analfabeto que había sido mirado siempre desde arriba. Pero en Madrid no lo pusieron fácil; aquello, leían en la capital, era un invento de rojos peligrosos y a lo mucho que podía aspirar Andalucía era a una mancomunidad de diputaciones sin mucho ruido.

Finalmente, con la intermediación del rey Juan Carlos, Adolfo Suárez accedió a recibir al presidente de aquella Junta embrionaria y para cuando lo hizo el socialista tenía ya bajo el brazo el aval de más del 75% de los ayuntamientos andaluces. No había manera de dar marcha atrás.

"¡Qué gol le he metido!", es lo que recuerda García que escuchó de su jefe cuando salió de su reunión en Moncloa. Le dio una fecha: el 1 de marzo, "pero como aquel año era bisiesto y caía en fin de semana y en España no teníamos todavía la cultura de votar, lo adelantamos al jueves 28 de febrero". Y así fue como el último día del mes más corto del calendario se consagró como el día grande para Andalucía.

Con la fecha fijada, lo que vino después fue un rosario de zancadillas del Gobierno de Suárez, racaneando las asignaciones económicas y poniendo todos los medios, con la RTVE a la cabeza, en contra y con Lauren Postigo poniendo voz a la campaña en contra de la UCD: "Andaluz, este no es tu referéndum".  

Tal fue el boicot que Clavero, padre de ese artículo 151 y ministro de Suárez, hizo lo que se espera de quienes defienden la coherencia: dimitir.

Y Rafael Escuredo hizo lo que se hacía en las protestas a la antigua: una huelga de hambre de tres días encerrado en el Pabellón Real de la plaza América de Sevilla, entonces sede del Gobierno de la Junta, que le valió titulares como el "Gandhi andaluz" y la adhesión de un pueblo –incluido la confederación de obispos y el ABC- que terminó de comprender su lucha, que era la de todos.

Puso fin a esa protesta el 5 de febrero de 1980, 23 días antes de la consulta que, según la ley, necesitaba un respaldo masivo al sí.

Desde aquí, lo que muchas veces se ha escrito, sazonado con los recuerdos de parte y parte y las relecturas (quién apoyó más y mejor el 28F) de aquella jornada electoral de censos desviados de la realidad. Tal fue el sindiós del censo que los cronistas de la época escribieron que fue una jornada en la que estaban llamados a votar hasta los muertos y los niños. Un ejemplo lo ilustra: Escuredo no aparecía en su mesa electoral pero sí su hija Patricia, entonces, una niña de seis años.

Al final, sólo en Almería no se alcanzaría la mitad del censo a favor del artículo 151 por unos pocos miles de votos pero el triunfo del sí fue clamoroso.

Conseguida la autonomía, agitada la bandera blanquiverde, ¿qué pasó a partir de entonces? Pues básicamente que se escuchó muchas veces eso de España se rompe, aunque con otras fórmulas.

En las primeras elecciones democráticas de Andalucía, Escuredo logró 66 diputados en una cámara de 109. Con ese registro puso los pilares para las mayorías que consiguió el PSOE andaluz convocatoria tras convocatoria y que convirtieron a este territorio en un feudo infranqueable para la derecha… hasta las elecciones de diciembre de 2018 en que se pierde la Junta de Andalucía y su papel en Ferraz.

Ese primer gobierno de Escuredo coincidió con la primera victoria de Felipe González con esos 202 diputados que se leyó desde Andalucía como el espaldarazo definitivo a las competencias autonómicas y a la construcción paulatina y sin descanso de un modelo federal en el que se reconoce el PSOE en los términos que figuran en la Declaración del Consejo Territorial de Granada del 6 de julio de 2013.

Pero no fue así. Como se abra ese melón, vendrán todas las demás después, era el mensaje que trasladaba en aquel momento Moncloa.  

Aquel primer gobierno andaluz de Escuredo, que diseñó con los mejores mimbres de la época, con dirigentes de la UCD, del PSA de Alejandro Rojas Marcos y con Amparo Rubiales como primera mujer en ocupar el cargo de consejera de la Presidencia, tenía un pilar: la reforma agraria y la modernización del campo.

"Era como nombrar a la bicha", recuerda Enrique García sobre el foco de conflicto permanente con el gobierno central de Felipe. Escuredo defendía con firmeza sus competencias, los presupuestos del campo y capacidad política. En Madrid, no estaban por la labor.

Para aquel PSOE de la época, Rafael unas veces era un socialcomunista radical que quería expropiarle las fincas a los terratenientes y otros un tibio a la cola de las reivindicaciones sociales que promovía el gobierno de Felipe.

Sin sitio en la dirección nacional y tampoco poder orgánico en el regional, víctima de las clásicas intrigas de partido, con un cacareado capítulo a cuenta de la construcción de un chalé que luego se diluyó, y de los rencores y celos –según quién sea la fuente- propios de las formaciones políticas, Escuredo dimitió.

Lo hizo horas después de entrevistarse con Alfonso Guerra, en febrero de 1984. Felipe no se puso al teléfono.

Recuerda estos pasajes -"Había gente que me tenía ganas"- en su libro Valió la pena. La lucha de Andalucía por su autonomía (Tirant lo Blanch, 2020), escrito al alimón con Juan Cano Bueso.

En el PSOE se usa mucho la expresión "cultura de partido" para explicar decisiones que, a ojos de un observador ajeno, pueden parecer incongruentes, poco valientes o incluso perjudiciales.

Escuredo, podría decirse, priorizó la lealtad a las siglas a un litigio público y sostenido en el tiempo con el Ejecutivo que lideraba su antiguo compañero en Capitán Vigueras. Dio un paso atrás.

Dimitió el 16 de febrero de 1984 y legó la presidencia de la Junta de Andalucía a su segundo, José Rodríguez de la Borbolla, Pepote, entonces guerrista, ambicioso en lo orgánico y hoy un histórico también alineado en las tesis de Felipe, Alfonso, Redondo, Leguina… y muchos de los que se dejaron ver en el Círculo de Bellas Artes en una noche profundamente jacobina.

En lo personal, la vida en la primera línea política acabó en aquel momento y su paso breve por el poder, aunque decisivo la construcción territorial, no ha servido para que se le reivindique en su justa medida aunque acumule premios y distinciones institucionalmente. Pregunte a un andaluz random de menos de 40 años…

Cuando dimitió, maliciaban los plumillas en sus crónicas, todavía había confusión en su apellido: Escuredo, no Escudero. Su figura y su legado se han silenciado en exceso, puede decirse sin caer en la santificación. Seguramente, porque su propuesta federal es, para muchos, un sinónimo de España se rompe.

Más allá de lo teórico está la piel, claro. "Es muy especialito, tiene sus cosas". Describen algunas voces que lo trataron mucho en aquella época sobre un abogado que después, con una larga carrera, ejerció de portavoz de la familia de Anabel Segura, aquel terrorífico caso del secuestro que marcó la crónica negra de los 90.

Volcado en los estudios y actividades que impulsa la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia que preside, como escritor acumula una amplia obra.

Hace unos días presentó su última novela, Sombras de luz. La presentación en Sevilla, un día antes del de Guerra en Madrid, sirvió para reunir a todos esos socialistas que apoyan a la actual dirección y, sobre todo, que apoyan una idea: hay que dejar paso, como ha dejado escrito Luis Yáñez en una carta abierta titulada Conmigo que no cuenten que se ha viralizado entre la militancia. A la sazón, Yáñez un histórico del PSOE que está en esa foto de la tortilla hecha con la cámara de Pablo Juliá. "Ni existe una traición a la transición ni la democracia están en peligro, abandonemos los egos y aceptemos que nuestro tiempo pasó"

Es el mismo sentir que las palabras de Escuredo en sus redes sociales en las últimas horas: "La transición política fue necesaria, y estuvo francamente bien, pero no por ello deja de ser pasado. Y vivir del pasado, en política, suele ser fruto, por lo general, de quienes perdieron el poder y lo siguen añorando. Por último, sobre la Constitución española, cabría decir que fue una página brillante de nuestra historia reciente; si bien como cualquier otro texto constitucional de los que en el mundo han sido, podría y debería ser reformado, cuando toque".

En Sevilla, el teatro está en la calle. La tragicomedia Felipe agasajado por la derecha andaluza se desarrolló en dos actos: un primero en la plaza de San Francisco a la entrada de la Fundación Cajasol, espacio para la entrega del V Premio Iberoamericano Torre del Oro, concedido a Felipe González, y un segundo, dentro del auditorio. La obra ya se ha estrenado antes, no es nueva, pero el de este jueves, sin lugar a dudas, fue un pase de excepción.

A un lado, un retrato de Pablo Iglesias Posse preside la escena. Un grupo de históricos militantes socialistas, no numeroso pero sí representativo, aguarda a las puertas del edificio la llegada del primer presidente socialista de la democracia. Sostienen una pancarta: “Siempre PSOE. Antes con Felipe. Ahora con Pedro Sánchez”. En el centro, Pepe Romero, histórico sindicalista de UGT, ex consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía con José Rodríguez de la Borbolla y militante desde los años de la clandestinidad, como recordaba en un tuit Lourdes Lucio, la memoria del periodismo político de Andalucía desde las páginas El País.

Por la escena desfila, trajeada y sonriente, la plana mayor del PP andaluz, con la ligereza que dan las tardes que se intuyen de éxito. En el paseíllo sobresalen dos figuras: el senador Javier Arenas, ariete como vicepresidente y ministro en los gobiernos de Aznar contra el felipismo y abonado también a aquel ‘Váyase, señor González’ que marcó el fin de su época; y el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que ya por la mañana, desde el Parlamento de Andalucía, anticipa parte del discurso que dedicará al galardonado: “Me apena que a dirigentes como Felipe González, que lo han sido todo, se les rechace en su propio partido”.

Apenas hay representación de dirigentes en activo del PSOE, sólo Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces, y Javier Fernández, el líder del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial. Las invitaciones son nominales, pero en San Vicente, sede del PSOE regional, no ha habido pelea por hacerse con una.

De los socialistas entra Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía y ministro de Trabajo con Felipe durante cuatro años. Chaves fue uno de los 350 firmantes del manifiesto que, de cara al 23J, mostró su apoyo a Sánchez. Firmaron el escrito otros ministros de Felipe como Joaquín Almunia -que también fue secretario general del PSOE-, José María Maravall, Tomás de la Quadra- Salcedo, Carlos Solchaga, Luis Carlos Croissier, Josep Borrell, Luis María Atienza y Juan Manuel Eguiagaray.

El manifiesto titulado No es Sánchez, somos nosotros apela al “orgullo socialista” y fue impulsado por Manuel Gracia, expresidente del Parlamento de Andalucía y secundado por Rafael Escuerdo, padre de la autonomía andaluza. A la luz de las imágenes que se ven en la obra, Felipe agasajado por la derecha andaluza decimos, Escuredo escribe en Twitter: “Cuando alguien en lugar de defender al PSOE busca sin pudor los continuos aplausos de la derecha, podrá decir lo que quiera, pero algo anida en su interior que le lleva a buscar el aplauso, para seguir alimentando su ego”. 

En ese manifiesto, que encontró eco en la militancia, no hay rastro de las firmas de otros históricos del partido que están dentro de la sala, como Alfonso Guerra o José Rodríguez de la Borbolla. Ambos llevan hace mucho tiempo prodigándose en los medios contra Pedro Sánchez.

El último es Guerra, quien desde los micrófonos de la COPE desea éxito a la manifestación convocada por el PP contra la amnistía el próximo domingo. Ahora la confrontación es sobre la hipotética ley que beneficiará al fugado Carles Puigdemont, necesario para la investidura de Pedro Sánchez, una vez fracase la de un Núñez Feijóo al que también un histórico de su partido, José María Aznar, le quiere marcar o le marca de facto el paso.

En su día, en 2016, el escenario era similar –España se rompe- y el debate se centró en la llamada la abstención de los socialistas en el Congreso para hacer presidente a Rajoy; luego vino la guerra civil en Ferraz, luego el respaldo de todo ellos a la candidatura de Susana Díaz en las primarias del PSOE, luego fue el triunfo de Sánchez en su Peugeot convenciendo a la militancia en contra del aparato. Y luego vino la reconciliación, la moción de censura y la calma chica que trajo consigo la pandemia.

Ahora toca lo que estamos viendo. La hemeroteca deja pocos rastros de halagos de estos nombres propios –González, Guerra, Borbolla, Leguina, Redondo- a Pedro Sánchez.

Pero ha habido un quiebro, una llamada de atención. En las horas previas al premio a Felipe trasciende que la Ejecutiva Federal del PSOE ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros por su “reiterado menosprecio al partido”. El histórico dirigente vasco había anunciado su participación en la manifestación que el PP también llama acto de partido.

Volvamos a la obra. Estamos al final del primer acto.

Llega puntual el protagonista. Felipe baja del coche y se acerca a los compañeros de la pancarta.

-“Soy Pepe Romero, ¿no te acuerdas de mí? Nos duelen mucho tus palabras, Felipe”.

-“Mis palabras se verán en las resoluciones del partido”.

-“Felipe, no nos abandones”.

Es el último ruego de una militante antes de que caiga el telón.

Mesa de siete varones representantes de los poderes políticos y económicos de la ciudad de Sevilla. Ni una sola mujer.

Plumillas de todos los medios y sus directores, cámaras agolpadas, butacas repletas y representación importante de la Sevilla eterna, la de los poderes facticos de una ciudad dual.

Se suceden los elogios al premiado. Llega su turno.

“Soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Eso me obliga a callarme mucho más de lo que digo". Continúa y sin nombrar a Sánchez desliza: "Que nos libren de los no controvertidos, los que son capaces de quedar bien con todos a la vez algo tienen. Controvertido hay que ser”.

Clausura el acto Moreno, que comparte con el público que el primer mitin al que acudió en su vida, tenía a Felipe en los carteles en la plaza de La Malagueta. “Más allá del lugar que ocupe bajo los focos de la política actual, Felipe es un referente para quienes entendemos España desde la moderación y la política de Estado”. Y más halagos: ”Se echa mucho de menos esa política seria, responsable y reformista”

Más elogios y más aplausos de la sala. Arenas, senador en primera fila, lo hace sin complejos.

Termina el acto. La prensa aborda a González sobre la expulsión al (ex) socialista vasco: “Nicolás Redondo padre me convocó una huelga general y nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con la expulsión”.

Desde Twitter, Núñez Feijóo lamenta la expulsión de Redondo Terreros del PSOE, el mismo partido que, en teoría, quiere desalojar de la Moncloa.

Fin de la obra.

Es difícil marcar en el calendario el punto exacto en el que Juan Manuel Moreno Bonilla, como uno de los barones populares llamados a tomar las riendas de un partido que se le descontrola a Feijóo, empezó a lisonjear en público a Felipe González, el demonio con cola y tridente durante décadas en las filas populares. Ahí está la hemeroteca.

Pero si bien es cierto que el presidente andaluz, aun todavía en sus años en la oposición, siempre ha tratado con respeto y cariño la figura de González, la lectura que hoy muchos en el PSOE hacen de la actual apropiación de Felipe por parte de la derecha es de “oportunismo político”.

El escenario da pie, claro: Sánchez está ante una diatriba: o repetir elecciones o negociar frente a frente con el nacionalismo vasco siempre bulímico en sus peticiones y con un fugado de la justicia española que abocaría (o no, porque nada sabemos en firme de esa negociación) a un rediseño de la España de las autonomías que siempre tuvo en Andalucía, con un PSOE andaluz fuerte, una voz propia de la que adolece Espadas.

El politólogo Jesús Jurado fija una fecha para señalar ese despertar de los neofelipistas, según ha bautizado Juan Manuel Marqués Perales, firma de referencia en la política andaluza para Grupo Joly, y viene dado, cómo no, por el diseño territorial que la Constitución que nos reconcilió en el 78 dejó sin resolver.

La fecha es octubre de 2013, en la primera comparecencia en Madrid de Susana Díaz como presidenta andaluza, entonces culpó a Rodríguez Zapatero del auge independentista por el apoyo prestado a la reforma del Estatut de Cataluña. “No concibo la ruptura de la unidad de España, que es un proyecto nacional con mucho futuro”. Jurado recoge las palabras de la socialista en las páginas de La generación del mollete. Crónica de un nuevo andalucismo (Lengua de trapo, 2022), una lectura de la construcción de la autonomía andaluza documentadísima y sin alcanfor.

“En esa tesis, estaba entonces Felipe González”, recuerda Jurado sobre uno de los mentores, el más importante, sin duda, de la sevillana en su carrera a la secretaría general del PSOE. Con él, muchos de los que hoy critican sin ambages la dirección política de Pedro Sánchez estaban junto a Díaz.

No, las críticas que hoy se acumulan en torno al secretario general no son nuevas. Tienen otros matices y quizás más voltaje. Pero sí, más eco no en las filas del PSOE, como ocurrió en su día, sino en las del Partido Popular. Pura técnica de persuasión en Génova 13.

Para la politóloga Verónica Fumanal, en política, “intentar convencer al contrario con tus argumentos, es muy poco eficaz, básicamente porque están en un ideario narrativo y argumental diferente, por lo tanto lo que es más eficaz es coger los argumentos del contrario y apropiártelos”.

Es decir, “coger al presidente más longevo del PSOE después de la Transición, apropiártelo y enviar un mensaje no a los tuyos del PP, sino a los que podrían estar dudando de las siglas del PSOE”. Esos cuatro o cinco “socialistas buenos”, a los que apeló Vox para que se abstengan en la investidura de Feijóo y lo hagan presidente gracias también a los votos de la ultraderecha.

Sobre el homenaje a Felipe González, escribe Carlos Navarro Antolín en su columna La Caja Negra en Diario de Sevilla que “los presidentes del Gobierno son como las coplas. Llegado un tiempo no se sabe de qué partido son, porque son de todo el pueblo”.

Pero a la inversa no se ha dado la situación: ¿alguien recuerda a un ex dirigente del PP pedir el voto para el PSOE? "Aznar nunca ha sido un referente para el PSOE, en cambio hay muchas personas, sobre todo de una generación más mayor, que pueden continuar viendo a Felipe González como una persona muy importante" señala Fumanal.

La repetición electoral está ahí y el PP lo sabe: “los pensionistas jugaron un papel muy importante en el resultado del PSOE, Felipe González seguramente no es un referente para los menores de 30 años, saben quién es pero no tienen la concepción de su importancia, pero Felipe sí que es una figura de referencia para aquellos que vivieron la Transición”.

Oficialmente, que Moreno tilde de “referente político” a Felipe se circunscribe, según las fuentes del partido consultadas por Infolibre, “al respeto y respaldo a su figura política”, pero “ni responde a una estrategia”, “ni despierta intranquilidad” que este masajeo al ex presidente socialista cree suspicacias en las filas populares.

Pero no es así, sí hay voces que en el PP ya se han quejado. Verónica Pérez, ex presidenta del PP de Sevilla y enfrentada desde su defenestración a Moreno, lo ha dejado escrito en Twitter:. “Para mí Felipe González no es un referente político. Un Presidente que ve a sus responsables de Interior entrar en prisión por organizar el GAL No puede ser mi referente. La pérdida de memoria en las filas de la formación en la que milito me preocupa igual o más que España”.

Para Fumanal, salvo las excepciones (la mayoría absoluta en Andalucía mantiene prietas las filas), este furor neofelipista en las filas del PP es una “eficaz estrategia de comunicación persuasiva”. “Es coger esa figura y utilizarla como boomerang contra el PSOE”. “Es inteligente porque además al PSOE le deja muy pocas bazas: ¿qué va a hacer? ¿Manifestarse en contra de Felipe González? No es una opción, tienen que callar y torear la situación”.

¿Cala en la militancia del PSOE este runrún de González o de Guerra? En público, los portavoces del PSOE-A hablan de “respeto” y en privado aseguran que en las agrupaciones locales, las que de verdad conforman el músculo del partido, “la preocupación es que cuando vas a tu centro de salud, no tienes pediatra o te dan cita para un especialista a tres meses; Puigdemont te pilla lejos”.

Añaden una reflexión más: “Hace mucho que Felipe y Guerra no están con el partido. Si hubieran movido un solo dedo a favor del PSOE en estas elecciones en las que nos jugábamos tanto, estarían legitimados para decir, pero no lo hicieron. Esa es la diferencia con Zapatero, que se echó la campaña del 23J a su espalda y hoy puede decir lo que quiera”. Tras la campaña, Zapatero, al que tantas veces se le minusvaloró frente a González, guarda silencio.

Opina así una dirigente socialista de pura cepa: criada en Juventudes Socialistas en una casa en cuyas paredes cuelgan fotos de Felipe y de Alfonso, en las que los varones de su familia y su entorno político se les bautizaba como Felipe y para la que las siglas de su partido están por encima de los liderazgos. Cuando en el PSOE apelan al sentimiento socialista de la militancia hablan, precisamente, de esto.

Puede que ese sea el sentir en muchas agrupaciones socialistas pero también es cierto que la negociación con golpistas se penaliza en el electorado, que abarca mucho más que el censo de militantes que maneja Ferraz. Según Metroscopia, el 65% de votantes socialistas rechaza la amnistía pero sólo un 35% es partidario de volver a las urnas el 14 de enero. También el estudio refleja que dos de cada tres españoles prefieren nuevas elecciones.

Si la demoscopia, a nivel general, falló estrepitosamente el 23J, ¿quién dice que ahora está testando con acierto la opinión de los españoles?

Cae el telón. Queda teatro por delante.

Para cuando Aznar llevó de cabeza a España a la guerra de Irak, en 2003, el espectador de TVE no tenía otro sitio donde saber sobre esta invasión que sus programas informativos. En sus crónicas y reportajes había pinceladas de una oposición puesta en jarras, pero en directo, en un mismo plató, en ningún espacio de la casa había debate ni intercambio de posturas ni reproche a aquella guerra absurda y cruel, tan sólo la información de los profesionales de la pública que, no sin vetos, trataban de sortear la tijera de Alfredo Urdaci, que entró como director de sus servicios informativos con la segunda legislatura del Partido Popular, la de la mayoría absoluta conseguida en el 2000, y encontró su filón en la cadena estatal. 

Para cuando en las calles el No a la guerra era un clamor, Urdaci ya llevaba tiempo fajado en la propaganda y ya se había hecho célebre pronunciando, con exquisita dicción, ese ceceoó con el que hizo como que cumplía la sentencia por la manipulación informativa a favor del Gobierno en la huelga general de 2002.

Nunca pensó aquel Gobierno de la derecha reunida (Vox y Ciudadanos llegaron después, claro) que una grieta de opinión a la foto de las Azores procediera de un programa a la hora del segundo café ideado, o así lo veían muchos, para marujas y jubilados con demasiado tiempo libre por las mañanas. Pero así fue. Como recordaba, el escritor y analista Daniel Bernabé, colaborador de infoLibre, “las mesas de debate de María Teresa Campos fueron uno de los pocos espacios televisivos donde se escucharon voces en contra”.

No en vano, la Campos llevaba años haciendo lo que mejor sabía y supo hacer siempre: escuchar qué decía la calle y llevarlo a su programa, donde convivía el corazón, los corrillos, el reporterismo de conexiones en directo, los sucesos y las actuaciones musicales. Si la calle hablaba de política, también lo haría su programa. Eso que María Teresa llamaba “entre col y col, lechuga”.

Día a día, aquel programa con el que la periodista que falleció el martes a los 82 años dio el salto de TVE a Telecinco en 1996, fue el primero, como recuerdan estos días los espectadores con memoria y los analistas del medio, que abrió la mañana a la pluralidad de opiniones y a la tertulia política, con la que hoy vertebran sus parrillas todas las cadenas desde la mañana a la noche.  

Pepe Oneto, Raúl del Pozo, María Antonia Iglesias, Eduardo Mendicutti, Javier Nart, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Almodóvar, Carmen Rigalt, Amalia Enriquez, Curri Valenzuela, César Vidal... fueron los primeros -hoy reemplazados en su mayoría por las nuevas generaciones de periodistas además de sociólogos, profesionales de la comunicación política y de distintas áreas y pelajes (he ahí Ramoncín durante décadas), en esas mesas que pusieron la guinda política a un formato, el magacín matinal, que coronaba la fórmula del programa ómnibus o contenedor que a la postre, convirtió en reina de las mañanas a la periodista malagueña.

No es un apodo baladí: la Campos logró audiencias de hasta tres millones de espectadores que son hoy, con decenas, centenares de cadenas, plataformas, redes y una forma de comunicación que ha mutado por completo en estos 30 años, prácticamente inalcanzables para un espacio de esas características.

Un dato da la medida: en el arranque de esta temporada, con la polémica por el caso Rubiales en lo alto y también con un panorama político en tensión por las negociaciones de la investidura, los matinales han conseguido cifras irrisorias si se compara con aquellas gestas conseguidas por María Teresa. 

Según el portal especializado Vertele, La Hora de la 1 en TVE, con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, ahora con menos tiempo en antena por la entrada de Jaime Cantizano y su Mañaneros, estrenó temporada con algo más de 219 mil espectadores (y 11.3% de share); Susana Griso y Espejo Público en Antena 3 alcanzaron los 306 mil espectadores (y el 11,8% de share). Y aún queda por saber, a partir de esta próxima semana, cómo se comportará la audiencia con el recambio de Ana Terradillos (que se estrena precisamente al frente de La mirada crítica que condujo en su día María Teresa Campos) por Ana Rosa Quintana, destronada y sin poder celebrar sus 20 años en la mañana, que se acomoda a partir de ahora en la tarde de Telecinco.

Si las audiencias ya no son las de antes, ni los reinados tan robustos, ¿cuál es la razón de que estos programas sigan siendo referentes para sus cadenas? 

La respuesta se analiza en el concienzudo trabajo de investigación que ha realizado el periodista y codirector del portal Espacio Andaluz Cristian López Domínguez (Sevilla, 1992) titulado La evolución del magacín televisivo en España: desde los programas de variedades de TVE y el infoentretenimiento, hasta el politainment y la tertulia política. 

Un estudio, culminado en 2021, como trabajo fin de grado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla que, ojo editores, no está publicado en ninguna editorial pero cuyo eco en otras investigaciones académicas da la medida de su mirada exhaustiva desde los programas de variedades que Jesús Hermida importó desde Estados Unidos hasta la fórmula actual. 

Una fórmula que, además, estriba su éxito en el programa de autor con que hoy el espectador reconoce al suyo: los hay abonados al estilo Griso, los hay al cuidado por la diversidad de acentos, singularidades territoriales y temas de consumo con que aborda La Hora de la 1 sus mañanas y los hay al modo en que Ferreras construye a diario Al rojo vivo, con esa psicodelia de multipantallas y la épica de su fondo musical, la actualidad en el Congreso de los Diputados ya en la franja final de la mañana. Pero pocos ponen una cadena u otra sin saber, de antemano, cómo su presentador de referencia les va a contar lo que pasa en la calle en la forma que esperan y están acostumbrados.

Por ejemplo, el fenómeno okupa es un buen medidor que ha estudiado Lourdes García Molina en el estudio La cobertura mediática de la ocupación de viviendas y el pánico moral. Análisis de los magacines matinales de TVE y Telecinco. Tras analizar 20 programas emitidos en los meses de junio, julio y agosto de 2020, la investigadora concluyó que la cadena de Mediaset prestó una mayor atención a las noticias sobre ocupaciones de viviendas que la televisión pública y que el tratamiento mediático se corresponde con una cobertura generadora de pánico moral, con gran presencia de un marco de conflicto. De ese caldo de cultivo, entre otros, surge esa lona del colectivo Desokupa que saludó la campaña del 23J.

La tesis de López Domínguez es que “la política se ha sumergido en el complejo mediático de la mano del entretenimiento, dando lugar a un nuevo fenómeno, el politainment, un término para definir a la política convertida en espectáculo” y la tertulia política “se ha consolidado como la fórmula de referencia en la creación de opinión en el entorno audiovisual”.

Dicho de otro modo: la tertulia política y de actualidad marca la agenda de los gobiernos, nacionales y autonómicos, y los líderes de todos los partidos encuentran en estas ventanas el espacio idóneo para soltar sus prédicas o taponar crisis originadas en sus gabinetes. 

Otra cosa es que les salga bien. Y si no que se lo pregunten a Alberto Núñez Feijóo al respecto de esa entrevista vivida en La Hora de la 1, a preguntas de Silvia Intxaurrondo que, a la postre, junto a un cúmulo de errores en la coordinación del mensaje en Génova, supuso el punto de inflexión para las opciones del PP de cara a las generales del 23J.

También hay otra razón, y el caso de Feijóo con Intxaurrondo es paradigmático, y viene dada por el peso de las redes sociales en la televisión que se hace hoy: puede que el espectador no esté delante de la televisión pero el momento clave de la mañana, el corte de la entrevista estrella, la declaración crítica en directo de un portavoz público en una pantalla a dos, llegará inmediatamente a su teléfono móvil o su tablet fruto de esa centrifugadora en que se han convertido las redes y en especial Twitter (porque aquí, somos de viejas costumbres y no nos habituamos a llamarlo X).

¿Pero cómo se llega aquí?, ¿en qué momento las direcciones de las televisiones entendieron que la agenda política pasaba indefectiblemente por sus mañanas?

Para López Domínguez, "si bien la información de actualidad fue sumergiéndose diariamente en los grandes magacines televisivos desde la década de los 90 y, especialmente, durante los primeros años del siglo XXI" dos factores se auparon como indispensables. “La tragedia económica y social que desencadenó la crisis financiera de 2008 en la población española y, de su mano, la deslegitimación del discurso y relato de la Transición, entendido hasta entonces como evitación del fratricidio entre españoles”, sin rehuir de la relevancia que tuvieron la digitalización y las infinitas posibilidades que proporcionaba el entorno digital.

Es decir, la crisis de 2008, vivida en España con especial crudeza, insufló oxígeno al formato de la tertulia política de tal modo que hoy es el pulmón de todas las cadenas y sus tertulianos (no todos, pero sí muchos) los que bombean la sangre en sus mesas y retroalimentan la parrilla durante todo el día como un non stop autorreferencial.

De alguna forma, la pluralidad de opiniones —aunque no se da con el mismo equilibrio en todos los programas, claro, eso ya lo sabe usted— se ha convertido en un asidero con el que el espectador interpreta la realidad. 

En este sentido, el éxito de este formato radica en que la audiencia española “entendió que el discurso de la Transición era incompleto, que este no satisfacía numerosas demandas democráticas, de justicia social, de vivienda digna..., y que, el régimen del 78 no era más que un orden abonado a una especie de turnismo que sólo beneficiaba al enriquecimiento de las élites políticas y económicas del país”. Y asumió, sigue López Domínguez, “que el consumo de contenido político era clave para su propio empoderamiento político, para tener cierta capacidad de decisión, y, encontró en el magacín la fórmula perfecta para nutrirse de este tipo de información”.

En cierto modo, el éxito de la expansión del mensaje del 15M no se hubiese producido sin la cobertura que recibió en estos matinales en directo desde todas aquellas plazas donde el movimiento se hizo relevante.

Que la nueva/vieja política, representada en los últimos años por Podemos y en Vox pero también en Ciudadanos y en fenómenos locales, nació con este tipo de televisión, era obvio. 

Que la televisión matinal que se hace hoy y que arranca temporada estos días le dé su puntilla, está por ver.

Habrá otras reinas o quizás otros príncipes o princesas que lo cuenten.

Era el año 1986, Jesús Hermida era el rey de las mañanas de TVE y su flequillo, marca de la casa, caía sobre su cara con el mismo nonchalance con que el español que narró la llegada del hombre a la Luna se desplomaba sobre cualquier silla de aquel plató rudimentario.

A su alrededor, aquel periodista con aire de galán de cine negro tenía toda una corte de periodistas, reporteras y aspirantes con las que colonizó las mañanas de La Primera. Todas guapas, todas altas y todas pizpiretas… todas menos María Teresa Campos (Tetuán, 1941), que por entonces ya pasaba de los 45 años y no era ni muy alta, ni muy baja, ni muy fea, ni muy guapa pero sí muy lista y con un sentido natural para conectar con la cámara con un sello propio. Nunca se hizo llamar chica Hermida: ni él era su descubridor, ni ella su obra. Hubo respeto mutuo pero no servidumbre.

“Estoy un poco molesta o estoy mucho molesta porque usted sabe que estoy en este programa desde hace un montón de meses y sabe que yo no me he tomado ni unas vacaciones”, le replicó, con ese acento malagueño suavizado por años de radio, sentada en esa mesa camilla donde discurría cada mañana el Apueste por una, la sección heredada de Radio Cadena –a su vez legada de la etapa preconstitucional– en la que, junto a Patricia Ballesteros, se vino a escenificar el bipartidismo patrio de la época.

“Usted no estaba aquí al principio con nosotros. Sólo lleva siete u ocho meses en el programa, así que sus derechos son relativos”, le afeó Hermida, desde el fondo del plató, a su subalterna.

Teresa levantó la voz y, con los ojos vidriosos, le clavó la mirada a su jefe: “Mis derechos están en el estatuto de los Trabajadores y tengo derecho a un mes de vacaciones. Y yo no me he ido mi mes de agosto y porque le pido el 24 de diciembre se pone… Además ya aprovecho porque estoy lanzada: usted tiene la malísima costumbre de regañar a la gente en directo cosa que está muy fea”.

“Aquí estábamos todos el día 24, así que…”, replicó Hermida.

Airada y sin titubear resumió en un par de frases los complejísimos tratados de la teoría en la gestión de los recursos humanos: “Usted es el primero que tiene que estar que para eso cobra usted muchísimo y no vamos a entrar ahora en si se lo merece o no”.

Nunca supimos si aquella bronca fue verdad verdadera o formaba parte de un guión ya escrito pero esos dos minutos de directo, que en las últimas horas se han rescatado para ilustrar la trayectoria y el genio de María Teresa Campos, fallecida este martes en Madrid a los 82 años, lograron eso tan complicado de conseguir en la televisión, en la de antes y en la de ahora: que el espectador se frote los ojos y que conecte, de un golpe, con lo que está pasando ahí dentro, al otro lado de la pantalla.

Como en tantas otras cosas, la Campos fue la primera que le echó en directo la bronca a su jefe… y también a un exjefe, Paolo Vasile, desde su silla de Cada día en Antena 3, cuando saltó de Telecinco a la cadena amiga.

Pero también fue pionera en muchas otras, mucho antes: Maritere, hija del director de un laboratorio farmacéutico, fue la primera chica de familia acomodada que estudió en Málaga Filosofía y Letras y también Arte Dramático (ahí el origen de ese sentido de la escena y de su vis cómica tantas veces desplegado junto a su añorado Paco Valladares), la primera mujer en entrar en la radio local de Málaga, controlada por los poderes de los últimos años de la dictadura, y la primera en llegar a jefa de informativos, la primera en casarse, con José María Borrego, padre de sus dos hijas, Terelu y Carmen, y también la primera en separarse –“él tan conservador y ella tan poco”, dirían sus amigas después, entre las que se encuentra, por ejemplo, Pilar del Río, periodista y viuda de José Saramago, con la que compartió charlas, fiestas y un entorno del Partido Comunista que la acercó a las ideas progresistas de una España en proceso.

También la primera en coger la maleta, salir de Málaga y continuar su carrera en la capital, en Radio Juventud y luego en Radio Cadena, en esos años efervescentes para la información política y la construcción de un país que se sacudía la caspa a manotazos.

La misma caspa que durante años sólo había querido ver en los espectadores de la mañana una masa informe de marujas iletradas ajenas al discurrir de los cambios sociales. Fue la Campos, María Teresa, la primera que, en Televisión Española con Esta es su casa y Pasa la vida y luego, definitivamente, en su salto a Telecinco, entonces ya tratando de pasar página al gilismo y las mamachichos, la primera que acercó al público de la mañana el debate político hoy imprescindible en todas las parrillas.

Lo hizo desde un magacín matinal, en el tramo final del programa, en el que sentó a las voces de la época dando por hecho, antes que nadie, antes de que se hablara de cuotas, de listas cremalleras y de mesas paritarias, que si ellos opinaban, ellas también tenían voz propia para los temas serios, que son los de todos: César Vidal, Raúl del Pozo, María Antonia Iglesias o a Amalia Enríquez, entre otros muchos contertulios, construyeron el germen de un formato que hoy hace fortuna en todas y cada una de las televisiones, públicas, privadas y mediopensionistas.

“Aunque había habido ensayos y pincelada en programas anteriores, ésa es su gran aportación a la televisión y lo que la hizo, y así la reconoce, como una de las voces con más credibilidad de nuestro país, el de construir un tipo de programa en el que, con secciones propias, logró la combinación perfecta para el entretenimiento, en el que cabía el corazón, el teatro y, por primera vez, la información política siempre invitando, con las llamadas de los espectadores, a dar voz a la audiencia”, subraya Juan Francisco Gutiérrez Lozano, profesor de Periodismo Audiovisual de la Universidad de Málaga sobre un tiempo que la convirtió en la reina madre de las mañanas.

 “A diferencia de otros presentadores, de otros líderes de opinión, el público siempre respetó la voz de María Teresa porque sonaba creíble, se mojaba, trasladaba de forma natural sus inquietudes pero no forzaba al espectador a adherirse a una postura”, concluye. María Teresa, la Campos, con sus gafas a mitad de la nariz y los brazos cruzados bajo el pecho, tenía opinión política, pero no dirección política.

No sorprende, por tanto, que a pesar de los distintos ciclos profesionales que ha tenido, de mayor a menor éxito, los líderes de todos los partidos y de distintas generaciones, hayan querido sentarse en el programa de esta mujer, a las que los años le hicieron cada vez más coqueta –célebre es su fondo de armario y su inabarcable colección de zapatos-, más libre –reivindicó el deseo sexual en entrevistas icónicas como las que tantas veces hizo a su íntima amiga Rocío Jurado– y más dueña de un discurso en el que abogó por el papel de las mujeres en todos los ámbitos sin abandonar el humor, sin renunciar al rigor.

Todos los que mandaron o quisieron mandar en algún momento quisieron sentarse entrar en el espacio de audiencia que la Campos congregaba con ese desparpajo, con esa naturalidad y con ese oído finísimo para los temas de la calle, en un tiempo sin redes sociales ni multiplicación de canales.

Su sello está, así lo corrobora el archivo, en Su señoría es persona esa ronda de entrevistas para acercar a los políticos del Congreso a la audiencia en las que conversaba con los representantes de los partidos de la época “con los que entraba con jabón y terminaba dando leña”, recuerda Gutiérrez Lozano. Célebre fue ese momento en el que llamó bocazas a Alfonso Guerra y éste le espetó “no menos que usted”. Hay decenas de encontronazos, pero no sangre.

Y su sello está también en la rehabilitación de las figuras del universo patrio del mundo de la escena, la música y el cine de la España bicolor que pasaron por Qué tiempo tan feliz, su último gran programa, a sus setentaintantos, en un evidente reclamo de las arrugas y la experiencia, por el que también desfilaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, como recordaba, cariñoso en un tuit el fundador de Podemos.

También fue la primera en sentar en torno a sí a un universo de personajes, mucho, mucho antes de Sálvame, que el público hizo suyos para hablar de la crónica rosa, para hablar de la vida, para hablar de lo divino y de lo humano: Rosa Villacastín, Carmen Rigalt, Chari Gómez Miranda o todas las hijas de sus amigas -Lara Dibildos, Rocío Carrasco, a las que adoptó y cuidó.

También fue la primera gran estrella de la televisión, ay, que hemos visto malbaratada en unos últimos años, marcados por el amor y sus desengaños, en los que reclamaba un espacio propio en televisión con el que seguir viva.

“La vida toma conmigo hoy café”. Arrancó, parafraseando a Serrat, el discurso con el que recibió, por unanimidad, el Premio Trayectoria Profesional de los Premios Andalucía de Periodismo de la Junta de Andalucía de 2022, el último de muchos, en el que se quejó, ella que fue reina, de no seguir trabjando.

En la misma semana en que Paloma del Río firmaba su última crónica para TVE como icono del periodismo deportivo, tras 37 años de trayectoria en los que ha trabajado por la visibilidad de las mujeres y los deportes minoritarios, se hacía viral en redes un monólogo enunciado el 17 de mayo por el presentador de los Deportes de Antena 3 Manu Sánchez. Para los despistados, el periodista expone su inquietud por no saber cómo debe actuar un hombre de su tiempo ante lo que considera situaciones fáciles si fueran atendidas bajo criterios "de toda la vida". Su lamento, que pasó desapercibido hace tres meses, ha provocado ahora, al hilo del caso Rubiales, sonrojo en redes pero también adhesiones.

Cada cual, claro está, escoge a sus referentes y también cada cual es libre de querer entender que la enorme repercusión que está teniendo ese beso supone ya uno de los hitos con los que se escribe la crónica de la lucha por la igualdad plena en nuestro país que ha dado pasos de gigante, muchos, pero a la que le quedan capítulos por delante.

Hace 26 años, el 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes encarnó, desde un plató de Canal Sur, la brutalidad de la violencia machista sacando por primera vez del ámbito doméstico y frente a las cámaras de televisión una lacra que, ya en lo que va de año, ha segado la vida en España de 40 mujeres. 13 días después, su exmarido la roció de gasolina y la quemó viva en la puerta de su casa. El relato del calvario que vivió durante cuarenta años, que fue recogido por el resto de medios, sacudió las conciencias de todos aquellos acostumbrados a mirar para otro lado. Eran los tiempos, todavía entonces, del “mi marido me pega lo normal”. La televisión ayudó entonces a tomar conciencia de la brutalidad de un problema que se vivía de puertas para adentro.

Hace 22 años, en 2001, la concejal Nevenka Fernández denunció por acoso sexual, delito que no entró en el Código Penal hasta 1995, al alcalde de Ponferrada, Ismael Fernández. El juicio, al que los medios de la época dedicaron horas y horas y horas en el tiempo álgido para las televisiones privadas, derivó en otro paralelo a la víctima, a la que parte de la opinión pública, dividida en dos como en aquel programa de Moros y cristianos de Telecinco, la culpó a ella: en resumen, Nevenka era guapa guapísima y llevaba la falda muy corta y, claro, luego pasa lo que pasa y los hombres no se saben controlar. El político del PP fue condenado en 2003 y tuvo que dimitir del cargo, pero él se quedó en el pueblo y ella, asediada y con una vida personal expuesta al detalle, tuvo que salir de España. Un documental de Netflix rescató en 2021 esta historia y nos colocó veinte años después delante de nuestras vergüenzas.

Hace siete años, en la madrugada del 7 de julio de 2016 durante las fiestas de San Fermín, cinco hombres violaron y dejaron tirada y desnuda en un portal de Pamplona a una chica que horas más tarde denunció a sus agresores. Los integrantes de La Manada, como así se hacían llamar en un grupo de whatsapp en el que se animaban a “follarse entre todos a una buena gorda”, fueron condenados por la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por abuso sexual en un fallo que recibió la reprobación social en la calle con el histórico 8M de 2018. Finalmente, el Supremo revisó el fallo y dictó sentencia en junio de 2019: elevó a 15 años la pena de prisión por considerar que sí existió agresión sexual, condenando a los acusados por un delito continuado de violación con trato vejatorio.

Cómo se comportó la víctima durante la agresión, una actitud pasiva y neutra aunque no participativa, –expusieron los peritos según los vídeos grabados por los violadores que sirvieron de prueba en el juicio–, y cómo se comportó después de la denuncia, cuando un detective privado contratado por los denunciados la siguió durante días, centró el debate en las redes sociales, en las tertulias y en todos los digitales. “Sale y entra y está de fiesta con sus amigas, su actitud no corresponde a la de una víctima”, argumentaron para restar gravedad a los hechos e interpretar su libre consentimiento. Según esta tesis, un manual define lo que puede o debe hacer una víctima ejemplar y con ello el trauma ha de encajar en un molde.

Ocho años después, también éste ha sido el reproche que está recibiendo Jenni Hermoso por parte de un espacio concreto de los medios, entre los que destacan, sin sorpresa para nadie, los agitadores de extrema derecha Javier Negre y Alvise Pérez y, bajo su abrigo, a su lado o en perfecta comunión, cierta parte del periodismo deportivo patrio y esa ciénaga que son los trolls y las cuentas de Twitter bajo seudónimo, responsables todos ellos de la difusión de vídeos y fotografías de la jugadora que buscan desacreditar su testimonio.

Esa jugadora que se abraza de alegría a sus compañeras tras levantar la Copa del Mundo, que brinda con ellas y bromea en el bus o en el vestuario entre risas cuando se ve a sí misma, agarrada por la cabeza por su jefe, en ese beso captado por las cámaras de todo el mundo no encaja en el perfil de una víctima mainstream.

La portada del As –Jenni deja caer a Rubiales– es el paradigma: ella es la causante de los males del presi. ¡Y todo por un beso, por un beso!, faltó en esa portada.

Del beso no consentido de Rubiales, decimos, sólo han pasado dos semanas. Pero, lejos de quedarse en una serpiente de verano, el caso, que ha despertado el interés de la prensa internacional de referencia, de la BBC al New York Times, del Financial Times al Frankfurter Allgemeine Zeitung, forma parte ya del acervo con que la sociología interpreta el contexto en que se ha generado esta reacción masiva de empatía y solidaridad con la víctima al margen de banderías políticas (aunque los partidos han participado y el Gobierno sigue tratando de gestionar el asunto).

¿Por qué ahora?, ¿por qué con este beso?, ¿por qué el #MeToo español ha estallado en el fútbol?, ¿por qué los medios se han posicionado junto a la víctima sin mucho esfuerzo?

Beatriz Ranea es autora de Desarmar la masculinidad. Los hombres ante la era del feminismo (Editorial Catarata, 2021), un ensayo nacido al calor del debate sobre el juicio a La Manada que en el capítulo Me gusta el fútbol 24/7 analiza por qué el fútbol (masculino) es ese espacio donde el hombre ostenta más poder, tanto real como simbólico, y un escenario por excelencia para la demostración de la hombría y la virilidad. ¿Por qué ahora? “El contexto social ha cambiado, a lo largo de los años ha habido puntos de inflexión que han permitido poner en el centro de la agenda pública lo que se considera violencia sexual, como el caso de Nevenka o de La Manada. En estos momentos, aunque un beso sea una forma no tan definitoria o no tan grave o de una magnitud distinta, sabemos interpretar ya como sociedad (y a todo el mundo le suena, para posicionarse a favor o en contra) de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento”.

Y eso a pesar de que el consentimiento ya era el eje de los tipos penales y que un beso sin consentimiento estaba tipificado ya antes de la ley del sí es sí que se aprobó en 2022. Hay un matiz: con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se aplica el mismo tipo penal (agresión) a ese beso de Rubiales que si el presidente suspendido hubiera forzado ese beso en la habitación de la jugadora sin cámaras de por medio. Con el Código Penal anterior, se distinguía entre abuso y agresión, ahora no. Quizás, a ojos de los juristas críticos con el diseño penal del texto, es esto lo que da lugar a que muchos acaben juzgando el beso con indulgencia, en la teoría de que es un baboso pero no un delincuente.

Más allá del recorrido judicial del caso, lo cierto es que el relato de Rubiales personifica, según Ranea, “ese modo de no reconocer qué es una agresión sexual y quién es la víctima” frente al respaldo que, ahora en este caso, se le concede a la víctima por parte de una parte importante de la sociedad, de los medios y de los portavoces políticos. Es, insiste la profesora de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, la importancia del contexto, del aprendizaje social, de la pedagogía y del hecho de que miles de cámaras captaron el momento.

¿Por qué en España el #Metoo, adaptado con el hashtag #Seacabó, ha estallado con este beso? A juicio de Ranea, el fútbol –el masculino, claro– “es el laboratorio por excelencia para la masculinidad tóxica o dañina”. En su libro, Ranea destaca la relación entre fútbol masculi­no y violencia “porque en torno al fútbol se permiten conductas de agresividad que en otros lugares son impensables hoy en día, como el caso más explícito de hooligans, skinheads y otros hinchas violentos. Alrededor del fútbol masculino se permiten prácticas sexistas, racistas y xenófobas que en ningún otro ám­bito tienen tanta tolerancia social. (…) El espectáculo del fútbol masculino, en muchas ocasiones, actúa como escenario de representación de la hombría de una forma casi esperpéntica”.

Y esta representación esperpéntica es lo que en estos momentos hace tan diferente la percepción de cómo se comportan ellos en el fútbol y cómo lo hacen ellas. No se trata sólo del silencio mayoritario de los jugadores de la selección (con la salvedad de Borja Iglesias), sino de que el fútbol femenino está demostrando una complicidad –sororidad– con la víctima que está siendo bien ponderada por los medios. No es sólo por el apoyo unánime de las campeonas de la selección a su compañera sino por todo lo que ha venido después: el anuncio de las dos jornadas de huelga de la Liga F, el discurso ejemplar y contundente de Adriana Bonmatí contra los abusos de poder al recoger el premio a la mejor jugadora de la UEFA, la dedicatoria de Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra que cayó en la final ante España, a las jugadoras españolas al recoger su galardón en la misma ceremonia...

“Este tipo de actitudes ponen de manifiesto que hay otra forma de entender el fútbol, de relacionarse, de admirarse entre jugadoras de distintos equipos”, explica Ranea sobre un deporte que ha crecido hasta obtener el reconocimiento que tiene hoy soportando el descrédito masculino, el señalamiento de las jugadoras por machorras y desviadas o la minusvaloración de su importancia como profesionales del deporte, como pone de manifiesto el estremecedor relato que se hace en Romper el silencio. La lucha de las futbolistas de la Selección del trato humillante y abuso de poder a las jugadoras que realizó Ignacio Quereda, seleccionador nacional femenino durante ¡27 años! Antes, mucho antes de que llegaran Rubiales y sus modos de mafioso.

Es este beso lo que ha permitido poner al descubierto todas estas vejaciones en las que otras víctimas de otros ámbitos se han reconocido, reviviendo experiencias de las que estos días se hacen eco los medios.

Porque son los medios los que ayudan a dimensionar el caso y a amplificar el relato de los protagonistas.

Según Ranea, "se ha distinguido desde el principio por saber contar este caso” el medio deportivo Relevo, del grupo Vocento y nacido en 2022, que da protagonismo en sus páginas al deporte femenino, cuenta con numerosas firmas de mujeres y realiza un periodismo que atiende a códigos deontológicos –también al hablar de violencia sexual en el deporte– en un contexto en el que las mujeres son mayoría en las redacciones de los medios pero no en los puestos de dirección.

Y todo ello mientras el deporte femenino está casi invisibilizado en televisión. En un informe de octubre de 2022, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) constató, una vez más, la amplísima brecha de género existente en el deporte televisado, donde se sigue sin alcanzar el 10% de presencia femenina en las noticias de los informativos de Canal Sur TV. En sus recomendaciones, el CAA insistió en la necesidad de revertir esta situación e instó a una reflexión profunda sobre la necesidad de que las retransmisiones e informaciones deportivas sean más igualitarias y equilibradas. 

Otro de los aspectos que también ha dejado al descubierto el caso Rubiales es que, cómo no, caemos en el error una y otra vez, por parte de todos los medios, públicos y privados, de convertir cada víctima en protagonista de un gran carnaval, como fuera el de Billy Wilder, dándole pábulo y micrófonos al entorno del agresor –a la prima, a la otra prima, a la madre en ayunas encerrada en la parroquia, a los vecinos espontáneos de Motril–, que cuestiona el relato de la víctima y que clama airado que Luis es un buen chico, que Luis, al fin, es uno de los nuestros. Queda trabajo por delante.

Ese beso a Jenni Hermoso nos hará mejores. A estas alturas, toca darle las gracias a Luis Rubiales, suspendido en las últimas horas por la FIFA, por su impecable contribución a la causa feminista en una sociedad que, no sin esfuerzo, da zancadas a favor de una igualdad real con casos paradigmáticos que logran un consenso inusitado, sin necesidad de tecnicismos y de enconados debates parlamentarios.

Si un tipo te agarra la cabeza, se la acerca a la fuerza y te besa sin tu aprobación es violencia sexual. En eso consiste el consentimiento.

En la España de 2023 es inaceptable y además está penado.

Con todo, no hace falta que una conducta concreta sea constitutiva de delito para que sea reprobada y canalice el hartazgo y la indignación de la mayoría social hacia ejemplos concretos de desigualdad que lastran el avance de las mujeres en todos los ámbitos. 

Por eso, más allá del recorrido judicial que tenga el caso, desde ya el porcentaje de la sociedad que ha entendido este supuesto que, entre otros, recoge la ley de libertad sexual (polémica por la rebaja de las penas a los agresores y talón de Aquiles de este gobierno) gracias a este episodio es mayor hoy que el domingo pasado, cuando la selección española de fútbol femenino logró la gesta de conseguir su primera Copa del Mundo y su presidente consiguió otra: impulsar un curso exprés de feminismo para todos aquellos –y aquellas- reticentes a entender de qué va esto.

De paso también ha servido para que la prensa internacional explique al mundo que España, a pesar de ser un país pionero en leyes de igualdad, arrastra, como los reos su condena, el peso de un machismo estructural inoculado a hombres y mujeres desde niños que tiene en el ámbito del fútbol uno de los mayores graneros de patanes anclados en el siglo pasado. Por sus aplausos lo conoceréis.

Por su eco mediático un ejemplo de libro de ese curso exprés de feminismo bien aprovechado ha sido el de Juanma Castaño, presentador de El partidazo de la COPE, que desde el domingo ha experimentado lo que el profesor Octavio Salazar, autor de El hombre que no deberíamos ser: La revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando (Planeta, 2018), define cómo proceso de aprendizaje y desaprendizaje de la masculinidad tóxica.  

“El proceso de aprendizaje es el que nos lleva a adquirir habilidades y aptitudes que pareciera que hubieran estado vetadas durante siglos para los hombres; el proceso de desaprendizaje es aún más complicado y es el de reconocer y rechazar todos esos tics y actitudes que tienen que ver con esa masculinidad tóxica tan perniciosa: la ostentación de la virilidad, el sometimiento, el ejercicio de poder, de autoritarismo …”, reflexiona Salazar sobre lo que hay detrás de un caso con el que, dice, arrancará sus clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba el próximo curso y estará presente en los seminarios que imparte por toda España.

No en vano, el caso tiene mucho de positivo y está sirviendo de punto de inflexión en la lucha por la igualdad para la sociedad española. Fijémonos en el caso concreto de Castaño, voz de referencia en las ondas para el periodismo deportivo: horas después de ese beso que está moviendo la estructura de la dirección del fútbol español, este periodista que ha crecido pegado al transistor cada noche con la voz de José María García en la España que consideraba la violencia machista un crimen pasional, preguntaba a Rubiales por la polémica con Jenni Hermoso.

“Es un pico de dos amigos celebrando algo, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías”, argumentó Rubiales para los micrófonos de la cadena de la Conferencia Episcopal.

La primera reacción de Castaño fue, entre risotadas y asentimientos automáticos, declararse totalmente a favor de la tesis del presidente y recordar una frase célebre, al parecer, de Carlos Herrera, estrella de la cadena: “Hay más tontos que ventanas”.

Fue la tesis de las primeras horas: que todo se quedaría en una anécdota, que el brillo de la copa eclipsaría un beso que, a la postre, ha sido la punta del iceberg de una serie de comportamientos que igual no tienen una sanción penal, opina Salazar, “pero sí deben tener una sanción social y consecuencias, como es el descrédito de este individuo que implique que no pueda seguir ostentando un cargo de representación y de dimensión pública”.

Ese mecanismo de reprobación, iniciado a los segundos de hacerse viral el beso y que ha explotado por completo con la delirante intervención ante la asamblea de la RFEF de este viernes de Rubiales, con un discurso atrabiliario que quedará para los anales del gañanismo patrio (Torrente no surgió de la nada), es el que ha servido para poner ante el espejo a muchos hombres que “hasta ahora habían naturalizado esa relación de poder que consiste en invadir el espacio físico de la mujer o legitimar la disposición de su cuerpo sin autorización, sin consentimiento, sin que medie una aprobación”, valora el profesor de Derecho Constitucional.

El beso, además de esa tocada de testículos en pleno palco presidencial que ya retrata un tipo de varón, es la evidencia, ante las cámaras del mundo, de ese machismo recalcitrante que se debe combatir con pedagogía desde todas las esferas: desde la política, los medios de comunicación y las empresas.

Así lo formuló el propio Castaño horas después de la celebración en el podio, levantada la polvareda y con el oído atento a lo que se estaba verbalizando en las redes y en los medios: “Desde ayer veo las cosas de otra forma y me alegro de verlas de otra forma; las veo después de que compañeros aquí en el programa hayan debatido, explicado y expuesto sus argumentos de por qué ese gesto fue más que un error sin importancia del presidente Rubiales”.

Como Castaño, el proceso de desaprendizaje, la relectura de las imágenes, el análisis de los hechos, incluída la invención por parte de la RFEF de unas declaraciones puestas en boca de la jugadora para minorar el golpe del juicio social, está siendo el tema de debate en todas las redacciones de los medios de comunicación estos días de todo el mundo. Pero también en salones familiares, en chiringuitos a pie de playa y en barras de bares.

Por eso en estas últimas horas está siendo tan importante el lema #Seacabó, impulsado por las jugadoras en las redes sociales –como equivalente al #Metoo que condenó una vida de abusos del productor Harvey Weinstein–y la unidad de las jugadoras de la Selección, que han anunciado que no volverán a una convocatoria oficial mientras siga Rubiales en el cargo, una decisión hecha pública junto a la firma de todas aquellas futbolistas que renunciaron, precisamente como respuesta a una estructura de abusos perpetrado durante décadas, a ser convocadas por el seleccionador oficial Jorge Vilda, cómplice con su aplauso del relato de Rubiales, y a su lado, igualmente entregado, Luis de la Fuente, seleccionador del equipo masculino, al que esta polémica interpela directamente. Rubiales les representa también a ellos. Este sábado De la Fuente, señalado en las redes sociales como cómplice de Rubiales, se apresuró a proclamar su "repulsa absoluta ante cualquier acto de violencia machista" y a condenar el discurso que había jaleado 24 horas antes.

Y por eso es tan importante la reacción de jugadores y figuras públicas del deporte español, muy, muy pocos todavía, como el bético Borja Iglesias que ha anunciado que no vestirá la camiseta de la selección mientras se mantenga en el cargo el actual presidente; o el exguardameta del Real Madrid y Campeón del Mundo Iker Casillas, experto en liarla en las redes por comentarios con tufo machista, que viralizó su escueto mensaje, "Vergüenza ajena", una vez Rubiales acabó su intervención. Y por eso es tan importante la reacción de clubes de fútbol como el Sevilla FC o el Espanyol, que han pedido abiertamente la dimisión del presidente de la RFEF, pocos, muy pocos todavía. O la aplaudida reacción en Twitter de Pau Gasol, uno de los pocos grandes del deporte que ha mostrado su apoyo inequívoco a Jenni Hermoso y sus compañeras.

Y por eso es tan importante la reacción de los patrocinadores que arropan con su marca la Real Federación que todavía a esta hora preside Rubiales, como Iberia, la primera de las grandes empresas que ha censurado “situaciones ofensivas, impropias de una sociedad desarrollada, moderna e igualitaria como la española” y ha exigido “medidas oportunas y pertinentes (…) para preservar los derechos y la dignidad de las y los deportistas”.

Y por eso es tan importante que se subraye que resulta de todo plano pornográfica la intervención de Rubiales, con la presencia de sus tres hijas en la asamblea, a las que ha alentado a no dejarse influenciar por “el falso feminismo” que representan, a su juicio, Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra, que buscan su “asesinato social”. “La utilización de la mujer, en este caso sus hijas, para subrayar su tesis y su feminismo está sacado del manual del perfecto machista”, califica Salazar.

Y por eso es tan importante que el Gobierno arbitre todas las medidas que sean necesarias para inhabilitar a Rubiales y que todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso secunden la decisión, porque esto no va de política partidaria sino de sentido común. Esto va de reparar, no de repetir.

Y por eso es tan importante que se explique, no importa cuantas veces sea necesario, que abogar por el feminismo no debe ser entendido como un ataque a los hombres a nivel individual sino el llamamiento a erradicar actitudes incardinadas socialmente que tantas veces hemos pasado por alto: los dos besos siempre cerca de la comisura de los labios, el cachetazo en el culo que surge, ay sin querer, entre los efluvios de la cena de Navidad, el baboseo que incomoda, las críticas de unos y otros por el permiso de maternidad o por el permiso de paternidad, las degradaciones profesionales por las jornadas reducidas, los techos de cristal siempre para ellas, las preguntas, siempre a ellas, de los responsables de recursos humanos sobre las intenciones de quedarse embarazadas, sobre si tienen pareja, sobre la ropa que visten, si es demasiado insinuante o si es demasiado pacata.

Esto va de dejar de responsabilizar siempre a las mujeres de la mirada machista de los demás.

Y por eso es tan importante que los niños y niñas, tantas veces influenciados por los discursos mesiánicos de streamers tóxicos, atiendan estos días al debate que seguro se está dando en muchos hogares, grupos de whatsapp y pandillas de amigos que están construyendo, en estos días de veraneo y primeras experiencias, la sociedad que vendrá mañana.

Por eso es tan importante, en este agosto que ya toca a su fin, esta reflexión colectiva que se está haciendo, que estamos haciendo entre todos, sobre la construcción cultural y política de una sociedad que ya ha dicho basta.

Sólo por eso, gracias Luis.

Pero sobre todo, gracias Jenni. Se acabó.  

El Ayuntamiento de Sevilla ha rectificado y el próximo noviembre celebrará su Festival de Cine Europeo/SEFF, referente del cine de autor en el sur de Europa y programa consolidado en el calendario de festivales nacionales desde hace 20 años.

La de 2023 será una edición redimensionada, más corta y con menos títulos y proyecciones, que se celebrará a finales de noviembre (y no a principios de mes como era costumbre) y más cercana a una muestra o comisariado que al calibre de un gran certamen como se ha venido desarrollando en la última etapa, pero su vocación europea y el mes de celebración se mantienen. Y eso, después de una semana de incertidumbre sobre su futuro, es lo importante.

Del episodio que comenzó el pasado miércoles, a tres meses de su inauguración,  con la decisión del equipo de José Luis Sanz de posponer el SEFF a primavera sin consultar ni atender al criterio de los profesionales del sector, queda una evidencia: antes de tomar decisiones, es preferible hablar con los que saben; antes de menospreciar el trabajo realizado anteriormente, conviene pararse a conocerlo (el alcalde ha argüido estos días que el Festival había perdido “relevancia internacional” y que hacía falta “darle una vuelta”), y antes de optar por argumentos inconsistentes y ciertamente ridículos – “el Festival coincidía con los Grammys”- es recomendable esbozar una estrategia de comunicación que sostenga siquiera durante unas horas el argumento dado en público.  

De lo contrario se corre el riesgo de que en los primeros compases del mandato municipal, en el que el Partido Popular gobierna en minoría y habrá, por tanto, de hacer gala de las dotes para el acuerdo y el diálogo con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante, por ejemplo, sus presupuestos, el tiro en el pie sea de tal calibre que luego sea complicado recuperar el crédito.

El crédito en la gestión cultural ha salido bastante tocado con la peregrina idea de cambiar de fecha el SEFF.

Eso precisamente es lo que ha tratado de recuperar/escenificar el alcalde José Luis Sanz este martes con la reunión de urgencia que ha mantenido en la Plaza Nueva, sede del Ayuntamiento de Sevilla, acompañado por el director de Festival, Tito Rodríguez, con la Academia de Cine, representada en su directora Marta Velasco, así como representantes de distintas asociaciones y plataformas del sector como Asociación Andaluza de Productoras de Cine (Ancine), la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales (AAMMA) y la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Adeava).

Durante una semana, estos profesionales y voces de todos los ámbitos culturales de la ciudad y de toda España habían expresado, por todas las vías, su rotundo rechazo a la unilateralidad de la decisión, que lastraba no sólo el trabajo realizado en los años anteriores sino también las expectativas de cara a la participación de la industria en este Festival, que en 2022 obtuvo una valoración de 93,75 sobre 100 en la convocatoria de ayudas del Gobierno de España a certámenes cinematográficos.

Según fuentes consultadas por infoLibre de los portavoces en la reunión, se le ha trasladado al alcalde y a Minerva Salas, portavoz del Ayuntamiento y delegada de Cultura, que el cambio de fecha a primavera heriría de muerte la proyección internacional del SEFF y su interés para la industria europea, perdería atractivo para los creadores y cineastas a la hora de presentar en Sevilla sus películas, que ahora sí lo tiene como escaparate y estreno en España del cine de autor premiado en Cannes y Venecia, y pasaría de largo en una ciudad volcada en la Semana Santa y la Feria, empachada de celebraciones y con pocas ganas de encerrarse en un cine. También se le recordó al alcalde que incluso en 2020, con una edición marcada por las restricciones de la pandemia tras un repunte de los contagios, el SEFF mantuvo su carácter presencial, cumpliendo con todas las medidas Covid recomendadas por las autoridades sanitarias, y fue, en toda España, ejemplo de una defensa a ultranza del valor de la cultura en tiempos aciagos.

Porque noviembre era y es el mejor mes para el SEFF en Sevilla, una vez celebrados el Festival de San Sebastián en septiembre y la Seminci de Valladolid en octubre. El alcalde ha informado a los medios a la salida de la reunión que para futuras ediciones el Festival seguirá celebrándose en noviembre.

La reunión ha coincidido además este mismo martes con la carta enviada por la Academia de Cine Europeo mostrando su apoyo al SEFF firmada por el presidente Mike Downey, el director Matthijs Wouter Knol y el miembro de la junta Antonio Saura, donde se destacaba la importancia de fijar en el calendario la fecha de noviembre para mantener así la "relevante contribución al cine español y al cine europeo" de la cita, con la que, aseguran, la colaboración "durante años" ha sido "exitosa y cordial". 

Tras conocerse que el PP en el gobierno municipal daba marcha atrás, el socialista Antonio Muñoz, alcalde saliente de la ciudad y uno de los dirigentes públicos más volcados en la defensa e imagen del SEFF en los últimos años, ha trasladado que “evidentemente es una buena noticia que el gobierno municipal haya rectificado después escuchar al sector del cine. Lo ideal habría sido que se hubieran hecho las cosas justo al revés: primero reunirse con quienes conocen de verdad este mundo para después tomar una decisión, escuchándoles, sin improvisaciones. Nos habríamos ahorrado el bochorno internacional para la ciudad después de 20 años de esfuerzo para consolidar un Festival de Cine que hoy cuenta con prestigio y solvencia. Sevilla no puede seguir haciendo el ridículo en materia cultural”.

Una edición redimensionada

Lo que queda ahora para el Ayuntamiento de Sevilla es, en menos de tres meses, ponerse las pilas y tratar de salvar los muebles de una edición que se entiende desde ya de transición.

Para ello, la principal herramienta de trabajo es el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, que hace apenas 8 días ha sufrido la baja de su director gerente, José Lucas Chaves, que ha vuelto a su puesto en la SGAE al mes de su fichaje y con un equipo en la dirección cultural de la ciudad que ha empezado con mal pie.

“Los plazos para los pliegos son los que son y hay que jugar con el factor ICAS para sacar adelante todo el trabajo que viene con un festival como éste”, hablamos de los pliegos de contratación de personal, alojamiento, viajes, producción, sonido, vehículos, convenios…, comenta una fuente conocedora de la dinámica de trabajo previo en la organización de un evento cultural que durante 10 días mueve, en condiciones normales, a unas 200 personas de equipo en los días de celebración, 500 invitados, entre prensa nacional, internacional e invitados, y unos 75 mil espectadores de público en sala, a la postre, estos la verdadera razón de ser del SEFF. Los números del SEFF 2023 serán otros, sin duda.

Cabe recordar que si por muchas razones el Festival acumulaba prestigio y reconocimiento en la cinefilia europea es porque servía de escaparate para el estreno en España de títulos alejados siempre del blockbuster y con una verdadera vocación de servir de espejo de los problemas, conflictos e identidades de la vida en el viejo continente, películas y autores que de otra forma pasarían de largo en las carteleras, casi siempre copadas por el cine americano y el palomitero. También por servir como plataforma de estreno de la nueva hornada de cineastas andaluces en el marco de los títulos escogidos en Panorama Andaluz, muchos apoyados por el sello RTVA, área del SEFF que a finales del año pasado perdía al añorado Juan Antonio Bermúdez, alma y programador de esa sección durante años.

Queda, decimos, una tarea titánica e ingente que vuelve a poner sobre la mesa una realidad: hace años que el SEFF debiera haber dado el salto organizativo para contar con una gestión independiente, de la que gozan festivales de su tamaño como la Seminci, o aprender de la solvencia gestora de la que han presumido en la etapa anterior áreas punteras de la ciudad como Turismo, tantas veces ligado al atractivo cultural de la ciudad.

Queda, por tanto, mucho trabajo por delante para Tito Rodríguez al frente de esta edición SEFF 2023, pero también queda una lectura sobre la mesa: no se puede gobernar a la contra del sentido común. La contestación es inmediata y el bochorno es grande.

Aplíquese a tantos y tantos ejemplos por toda España con las primeras decisiones que, en el ámbito cultural pero no sólo, han acumulado en apenas dos meses los nuevos gobiernos municipales de PP y Vox tras el 28M.

Nueva estocada a la cultura de uno de los principales ayuntamientos del PP alumbrado tras el 28M. El equipo de José Luis Sanz, el alcalde popular que ganó en las pasadas elecciones municipales en Sevilla y que tiene en Vox su principal apoyo para aprobar los presupuestos municipales, ha anunciado este miércoles que el Festival de Cine Europeo (SEFF) se postpone a primavera. Este próximo noviembre, el certamen, una de las citas de referencia para la cinematografía nacional e internacional, tenía previsto celebrar su 20ª edición.

Es la primera vez que el festival cambia de fecha y lo hace a tres meses de su gala inaugural, evento que como todos los años, servía de punto de encuentro de un sector que no ha parado de dar buenas noticias, en forma de premios, proyección y solvencia, en la última década.

La decisión ha sido justificada por Minerva Salas, portavoz del consistorio hispalense y delegada de Cultura, por coincidir en otoño con los Grammys, una cita cuya celebración en noviembre se conoce desde el pasado febrero y que tiene una gran importancia como evento internacional y es mediáticamente atractivo, sí, pero que no deja de ser una cita coyuntural dentro del calendario cultural que desde hace años viene consolidando la ciudad de Sevilla. "Es incompatible [el festival] con el desarrollo de las numerosas y extensas actividades que se están preparando con motivo de esta semana, que por primera vez se celebra fuera de Estados Unidos y que va a suponer todo un acontecimiento para la ciudad”, ha trasladado Salas. 

El SEFF se había convertido hasta la fecha, además, en un festival desde el que descubrir las nuevas narrativas cinematográficas del viejo continente que venían parejas a la descripción de la Europa diversa, multirracial y libre que la ola reaccionaria se empeña en frenar en todo el mundo.

Esta noticia llega, además, 24 horas después de la dimisión de José Lucas Chaves, nombrado hace escasamente un mes como nuevo gerente del Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla, y por ende, una pieza clave para la dinámica contractual de un evento como el Festival de Cine, que en términos globales mueve unas 200 personas de equipo, que en la última edición recibió a más de 500 personas invitadas, entre cineastas y prensa nacional e internacional y que concita el interés de unos 75 mil espectadores en sala más el doble en su programación educativa online –Ventana Cinéfila-, y por tanto, es, por derecho propio, uno de los eventos con más respaldo de cuantos se programan. Chaves se ha reincorporado a la SGAE como director territorial de Andalucía, puesto que dejó por sumarse al proyecto de José Luis Sanz.

Según ha podido saber infoLibre, otro gran proyecto de la ciudad también está en el alambre: el Teatro Lope de Vega. La temporada 2023/2024 diseñada y cerrada por Carlos Forteza está pendiente de presentación desde hace semanas, imprescindible para que se pongan a la venta los abonos y las entradas para el público. Fuentes municipales informan que “se presentará en breve” sin embargo la continuidad de su director, que ha logrado situar en el panorama nacional un espacio escénico lastrado por años de conformismo programático, está en el aire. “Cada gobierno municipal es libre de designar a quien quiere para los puestos directivos de este calado”, opinan el equipo de José Luis Sanz.

El Teatro Lope de Vega era, de hecho, una de las sedes oficiales del Festival de Cine, durante la primera semana de noviembre. Según fuentes consultadas por este medio, el cambio de fecha ha sido tomado por el Ayuntamiento tras una reunión mantenida este miércoles entre la delegada de Cultura y el actual director de la cita, Tito Rodríguez, uno de los pocos encuentros que ambos han mantenido desde la conformación del nuevo equipo municipal.

Rodríguez fue nombrado director del SEFF a finales del pasado abril, tomando el testigo de José Luis Cienfuegos, responsable del Festival desde 2012 y ahora director de la Seminci de Valladolid. Se da la circunstancia de que ambos programadores se embarcaron en sus respectivos proyectos con gobiernos municipales del PSOE pero el 28M ha dado un giro radical al color de estos ayuntamientos.

Pero hay una diferencia: una vez conformados los nuevos ayuntamientos, el alcalde del PP, Jesús Julio Carnero, decidió reubicar la Seminci en el área de Turismo, dependiendo de un concejal del PP, y no en Cultura, como era habitual, área que en el acuerdo de gobierno se ha cedido a Vox, de modo que en cierto modo, Carnero ha pretendido blindar este certamen, que este próximo octubre llega a su 68 edición, de las veleidades del partido ultra.

Hay otra diferencia no menor: la Seminci tiene una estructura consolidada a pleno rendimiento durante todo el año y el aterrizaje de un nuevo perfil como el de Cienfuegos ha sido en cierto modo suave, incluso con un cambio siglas de este calado en el Ayuntamiento. En Sevilla, desde su nacimiento en 2004, el SEFF adolece de un organigrama propio, con gestión independiente del área económica del ICAS, con el que funcionar con solvencia y rapidez, circunstancia que ha sufrido el último equipo a medida que el festival ha ido adquiriendo la dimensión que hoy es celebrada y reconocida en toda Europa.

La incorporación de Rodríguez, de hecho, no ha podido ser más abrupta. Procedente de la dirección de marketing del Instituto de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y con amplio bagaje en la gestión audiovisual, su fichaje coincidió prácticamente con la campaña de municipales y, desde el 28M, ha estado semanas a la espera de una interlocución válida con el Ayuntamiento del que depende.

Con todo, cabe subrayar que no es la primera vez que hay un cambio político municipal y la incorporación de un nuevo director: Cienfuegos fue, precisamente, fichado por el nuevo equipo que llegó con Juan Ignacio Zoido, alcalde del PP con mayoría absoluta. Su equipo no dudó que el SEFF era marca Sevilla. Quizás aquí lo que ha fallado, opinan fuentes populares de aquella época, “es el interés por el proyecto y el condicionamiento de Vox”.

En Sevilla, Vox no ha entrado en el gobierno municipal pero sus votos son necesarios para que José Luis Sanz apruebe sus presupuestos, en los que la ultraderecha quiere dejar su sello a toda costa.

Al respecto del Festival del Cine, Rocío Peláez, la candidata del partido de Santiago Abascal en las pasadas municipales, fue taxativa. En el marco de un debate entre los candidatos reprochó que el candidato socialista y alcalde hasta el pasado 28M, Antonio Muñoz, se gastaba “el dinero en un festival de cine que no ve nadie”. Para Sevilla, Vox alardeaba de concurrir a las elecciones con un programa cultural que presumía de querer acabar con el “despilfarro ideológico de más de 26 millones”, despilfarro que, en el ideario de Vox, se encontraba un Festival de cine que sólo en los últimos años ha programado el cine laureado en Cannes, Berlín o Venecia y servir de escaparate a los nuevos creadores del cine europeo. La película Saint Omer, la candidata a los Oscar de Francia, y uno de los grandes hitos cinematográficos del año fue la ganadora del Giradillo de Oro. 

El cambio de fecha preocupa y mucho al sector. En este sentido, varias voces consultadas por Infolibre recalcan que el sector está moviéndose y ha mostrado su preocupación por el cambio de fechas y sobre todo por la excusa de los Grammys. Pero el puzzle nacional e internacional de los festivales es muy difícil de alterar y el SEFF en noviembre tenía su protagonismo y su razón de ser: servía de escaparate nacional para las mejores producciones del nuevo cine español independiente y una vez celebrado Cannes, de donde procede buena parte de las películas programadas, después de San Sebastián y después de la Seminci.

Pasarlo a primavera de 2024 deja desde ya una evidencia: 2023 pasa en blanco para la programación cinéfila de Sevilla y su ubicación en el calendario para más adelante se antoja complicada con la ciudad volcada en la Semana Santa y la Feria, tanto que la tradicional Feria del Libro se ha pasado desde hace dos ediciones ya a octubre. Según fuentes municipales, se está trabajando ya en aplazarlo a finales de abril, entre el Festival de Málaga y Cannes, y con Rodríguez como director para “realzarlo”.

Otras voces son más severas y opinan que el actual gobierno del PP “sólo necesitaba una excusa para cargarse el festival y ya la tienen”.

Las dudas del sector sobre su celebración dentro de unos meses son más que fundadas. Fuentes consultadas avisan que distintos profesionales y asociaciones del sector se está moviéndose y ha mostrado su preocupación por el cambio de fechas y sobre todo por la excusa de los Grammys. La agenda de los profesionales de la industria –exhibidores, distribuidores- se trastoca y la utilidad del SEFF en el calendario nacional se pierde con esta nueva ubicación, que nadie sabe confirmar a día de hoy si será puntual, para 2024, permanente, o simplemente un señuelo con el que dar la puntilla definitiva a un evento cultural en el objetivo desde hace años por quienes desconocen el alcance económico de una cita de estas características.

No en vano, la noticia llega tras un rosario de ejemplos en las últimas semanas en las que figuran cancelaciones de obras de teatros de temática LGTBI, violencia de género o directamente vetos a nombres mayúsculos de la cultura de nuestro país perpetrado por ayuntamientos del Partido Popular, ayudado en algunas ocasiones, por la mirada miope y torva de Vox.

Hablamos del veto a la obra de teatro Orlando, basada en una pieza de Virginia Woolf, en el ayuntamiento madrileño de Valdemorillo, sobre el papel de la mujer en la sociedad y la sexualidad femenina, la censura en Briviesca (Burgos) a la obra de teatro El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, sobre un maestro republicano fusilado, el veto del Ayuntamiento del PP de Jaén a la función de Romeo y Julieta despiertan protagonizada por Ana Belén o la cancelación de la película de animación Lightyear, en Cruz de Bezana (Cantabria) donde dos mujeres se dan un beso.

En el caso del Festival de Sevilla, el Ayuntamiento no censura una película o una escena, sino que deja en el aire, tambalea y erosiona la imagen de un certamen orgullo de la cinefilia europea.

18 de marzo de 2012, Cádiz. “Por adelantado, muchas felicidades”. El felicitado preventivo, que no en diferido, era Javier Arenas. Así puso el broche Mariano Rajoy, según recogieron las crónicas periodísticas, al mitin el domingo anterior de que se abrieran las urnas para elegir el parlamento autonómico de la novena legislatura de la democracia en Andalucía.

A una semana de aquellas elecciones, celebradas el 25 de marzo, al Partido Popular le sobraban ya los siete días que le quedaban por delante. Arenas había rechazado acudir al debate con los otros dos candidatos, José Antonio Griñán (PSOE) y Diego Valderas (IU), en Canal Sur porque, decía, el ente público no era neutral. No hubo atril vacío pero su ausencia fue la protagonista. El runrún entre los populares era que la cosa estaba hecha.

En el santoral cristiano, cada 25 de marzo se celebra a San Dimas, el buen ladrón, ese malhechor crucificado junto a Jesús que entró en el paraíso en el último momento. Para Arenas, Griñán fue Dimas.

Recordemos: por primera vez en la historia, el PP ganó en votos y escaños pero la suma de PSOE e Izquierda Unida, las únicas formaciones políticas con representación en la cámara autonómica en aquella fecha, situaron al gran hacedor del centroderecha en Andalucía celebrando la nada en el balcón de la calle San Fernando, cuartel general del PP andaluz. “Hasta aquí hemos llegado”, dijo. Una legislatura más el PSOE seguiría en el poder.

Al día siguiente el Abc tituló una portada de las que marcan época: “Mayoría relativa, fracaso absoluto”. Tampoco la prensa afín ha podido ocultar el chasco con Alberto Núñez Feijóo tras el 23J.

Como en el caso del gallego, Arenas, dilecto ministro y fontanero en los ejecutivos de José María Aznar, tenía todo, absolutamente todo, a favor: sin excepción, todas las encuestas le daban ganador, se publicaban muchas menos que ahora, sí, pero sus tendencias eran, ayer como hoy, determinantes para el estado de ánimo de los partidos; tan sólo la duda de aquella demoscopia era cuantificar lo profundo que caerían los socialistas, con la moral por los suelos ante un mapa pintado de azul en las municipales celebradas en 2011 cuando todas las capitales cayeron del lado del PP.

Entonces como ahora, también la opinión publicada había sonado monocorde durante meses y para sembrar la sospecha de lo que encontrarían a su llegada a la Junta los dirigentes del PP usaban mucho una coletilla: “Vamos a entrar con luz y taquígrafos”. La jerga era ya conocida y gustaba de aventarse en cada comicio.

En el que fue su cuarto intento como candidato a la presidencia de la Junta, el contexto sociopolítico no le podía ser más favorable: Rajoy llevaba unos meses como inquilino en la Moncloa tras arrasar con 186 diputados contra el PSOE que le había tocado encabezar a Rubalcaba tras Zapatero, ahogado por la gestión de la crisis. Además en Andalucía, tras los primeros meses de instrucción de los ERE, en el PSOE-A empezaban a darse cuenta que aquel caso se le estaba yendo de las manos. Sus consecuencias políticas aún se pagan.

Tal era el viento a favor que, en corrillos en off y también en alguna entrevista, Arenas despachaba los nombres de los consejeros que trabajarían a sus órdenes en el Gobierno de la Junta de Andalucía sin mucho miramiento.

Antonio Sanz, lugarteniente arenista en todas sus etapas, sería su consejero de Presidencia. "Estará en todos los equipos que me toque formar", confirmó el candidato popular en una entrevista en Efe. El propio Sanz ha reconocido en petit comité con el tiempo que el de la Presidencia era su cometido, cargo que 10 años después, como si fuera recompensa a una fidelidad a las siglas inquebrantable, le ha encomendado Moreno Bonilla en su Ejecutivo de la mayoría absoluta tras las andaluzas del 19J.

En aquellos días, los emisarios de Arenas hacían su trabajo y la prensa afín lo que entendía que era el suyo, es decir, dar por hecho lo que le contaban. Habría un gobierno con menos carteras. Habría muchos alcaldes entre sus consejeros: Carlos Rojas (Motril), Ángeles Muñoz (Marbella) y Pedro Rodríguez (Huelva) figuraban estaban en las quinielas. Habría equilibrio territorial entre provincias, con nombres como Patricia del Pozo (Sevilla) o Gabriel Amat (Almería). También sitio para figuras punteras como Elías Bendodo, entonces presidente de la Diputación de Málaga. Y hasta un nombre de relumbrón como Antonio Garrido, ya fallecido, ex director del Instituto Cervantes de Nueva York, como responsable de la consejería de Cultura. Por tener, el Gobierno del PP tendría hasta una “primera dama andaluza”, Macarena Olivencia, “una discreta abogada al lado del líder”, según publicó el Abc de Sevilla.

En aquella época, en el PP andaluz y en sus círculos de influencia se dormían por las noches con el cuento de la lechera.

En las semanas previas al 23J, también ha habido baile de ministrables más que manoseados en la prensa, los corrillos y las tertulias. Y no han sido pocos los editores de medios que han pedido estos nombres entre las delegaciones autonómicas de sus medios: “¿Quién va a venir de ahí?”, era la pregunta.

Desde Andalucía, siempre se daba un nombre: Juan Bravo, gurú económico en Génova. Tal era el convencimiento de que el ex consejero de Hacienda estaría sentado junto al presidente Feijóo que, según ha podido conocer infoLibre, hay al menos un cargo de confianza en su etapa de la Junta que ya había comprometido alquileres en la capital de España. Por la misma razón, que nombres de funcionarios andaluces en comisión de servicios en altos cargos ligados al PSOE del Gobierno de España ya habían empezado las conversaciones para regresar a sus puestos.

Ahora, es papel mojado, pero en el PP, en su entorno y entre quienes transcribían su aura ganadora, daban por hecho la entrada en el Consejo de Ministros de Borja Semper o Elías Bendodo, así como una renovación total en las direcciones de instituciones del Estado, como el CIS, Correos y RTVE. Así se publicó en El Mundo. "Lo más importante es poner al frente a profesionales independientes. Hay que despolitizar las instituciones", recogía en fuentes la pieza.

¿Fue un espejismo?, ¿fue una mala gestión de las expectativas?, ¿qué grado de culpa tienen las encuestas? La sociología y la ciencia política tratan estos días de analizar qué ha pasado. Silvia Clavería, profesora de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, subraya la complicación que supone hacer pronósticos en un sistema de partidos tan fragmentado como el actual. “La gente no se decide hasta el último momento y ya no hay una identificación tan férrea con los partidos como hace 25 años”, apunta sobre las variables demoscópicas que operan en el voto desde 2015, con la entrada de los nuevos partidos –ya no tan nuevos o casi extintos– en liza.

Ante el fracaso de las encuestas, Clavería es más cauta y recuerda que “había un 75% de probabilidades de que esta actual situación de bloqueo no pasara, pero es que había un 20 o 25% de que sí, y es lo que actualmente se ha dado”. Y también recuerda que el relajo del ruido en torno a las encuestas de la última semana, cuando ya no se pueden hacer públicos los sondeos, favoreció que el votante progresista o de rechazo a la extrema derecha reflexionara su voto y se decidiera a coger la papeleta el 23J.

En estos casos no hay nunca una razón concreta sino un cúmulo de circunstancias. Para Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC, “queda mucho por investigar y definir”, razona cauto aunque coloca un concepto sobre la mesa: la overconfidence, el exceso de confianza, que “afecta mucho más a los hombres que a las mujeres”. En este caso, tanto de los electores de derechas que se relajaron y no fueron a votar, como del candidato, un Feijóo sobrado como quedó retratado de manera evidente después del cara a cara que pareció hundir sin remedio a Sánchez.

Esa overconfidence es descrita en el mundo anglosajón con el refrán Don't Count Your Chickens before They're Hatched (no vendas los pollos antes de que nazcan) y en España, tirando de refranero, varios analistas advirtieron que el PP estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo y que eso podría crear, como describió Eva Baroja, un efecto underdog (perro apaleado) a favor del PSOE en el sprint final. Y tanto. De convertir el insulto en reclamo ha hecho un máster este PSOE.

Ha sido tan palmario el posicionamiento de algunos líderes de opinión que no se descarta que la movilización del voto progresista y, sobre todo, del voto joven que se informa –opina, se posiciona y califica vía redes sociales–, también venga de ese lado. “Hay una polarización en la política pero también mucha división entre el periodismo o la opinión que han ejercido algunas voces”, opina Miller, que ha analizado este retrato sociopolítico de la pasada legislatura en Polarizados. La política que nos divide (Deusto, 2023). Y junto con los líderes de opinión, también la equivocación de aquellos que confundieron su cometido, como responsables de agencias encuestadoras que han participado de la corriente de cambio como un agente político más, caso de Narciso Michavila, para GAD3.

En la política reciente hay varios casos de espejismos creados por las encuestas ad hoc o de lecheras que no ven las piedras en el camino.

En la otra orilla ideológica, Susana Díaz en las primarias de 2017 es el ejemplo más evidente de mala gestión de las expectativas. Fue, no en vano, desde este episodio donde el secretario general del PSOE empezó a escribir las páginas del manual de resistencia que desde el 23J acumula un nuevo capítulo.

Con Sánchez fuera del Congreso de los Diputados por negarse a la abstención a Rajoy y sin cargo alguno en el organigrama del partido, la presidenta andaluza no dudó de su victoria en primarias. A ella le llevaba en volandas el aparato del partido y a Sánchez, su Peugeot 407 haciendo parada y fonda en la casa de los militantes que confiaban en su proyecto.

Cierto es que la imagen de la líder andaluza, a la que durante años se le retrató como una mujer de Estado y la Merkel del Sur de Europa, en definición de Juan Manuel Marqués Perales en el libro El cambio andaluz. Como perdió el poder el PSOE de Susana Díaz (Almuzara, 2019), salió muy tocada tras aquel sindiós que fue el comité federal de 2016. Pero seguía teniendo de su parte a los popes de los medios y el poder de gobernar con el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No acabar de una vez por todas con Sánchez no entraba en sus pronósticos.

La militancia habló claro: con una participación del 80% del censo de afiliados, Sánchez obtuvo más del 50,21% de los votos, frente al 39,94% de Susana Díaz y el 9,85% de Patxi López, el tercero en discordia y hoy una pieza clave para engrasar las relaciones con los grupos del Congreso en busca de los escaños que han dado luz verde a la agenda legislativa del Gobierno. Una búsqueda de diálogo que ahora dice querer practicar el PP, pero, como recuerda Miller, el músculo del diálogo hay que entrenarlo a diario y la última vez que el PP lo puso en movimiento fue para sacar adelante los presupuestos con el PNV en 2018.

Volvamos a Susana Díaz frente a la prensa apretando los dientes con un Sánchez que le levantaba el brazo en señal de reconciliación y unión de las facciones socialistas.

A las pocas horas de semejante palo, la presidenta reunió en el Palacio de San Telmo a la prensa política habitual y dictó sentencia: “Me han dado la del pulpo”. Tras aquella aventura de primarias, se centró en la gestión andaluza y al año siguiente, tras las elecciones de diciembre de 2018, el PSOE, con 33 diputados, se quedó por primera vez en la historia fuera de la Junta gracias a la suma de los escaños de los perdedores liderados por Moreno Bonilla, con 26 diputados. Desde entonces es presidente.

Hay ejemplos en el mapa europeo de exceso de confianza. Pero si hay uno en el contexto global por excelencia es el de Hillary Clinton con Donald Trump en las presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Nunca hubiera imaginado la senadora demócrata, que comenzó la campaña con un reconocimiento casi universal entre los votantes habiendo sido primera dama, senadora de los Estados Unidos y secretaria de Estado, que un perfil de ese calibre podría dejarle a las puertas de la Casa Blanca.

Aquella campaña fue paradigmática por muchas razones, también Clinton tenía una relación complicada con la prensa política y rehuía de las entrevistas, pero sobre todo aquella campaña fue la puerta de entrada de la zafiedad y la mentira como herramienta política. Se acumulan los ejemplos.

En las comparecencias posteriores de las noches electorales, Luis Pizarro, diputado socialista con cuyo árbol genealógico se construye, desde Alcalá de los Gazules, la historia de los liderazgos del PSOE andaluz, sugería a los periodistas que se fijaran “en las caritas”. Una parte de la ciencia defiende que el lenguaje no verbal es más real que la palabra dicha. A la prensa aquello, claro está, le ahorraba un trabajo inmenso: antes traducir alambicados argumentarios diseñados para justificar una derrota era mucho más útil traducir las caras.

En aquellas noches de las elecciones generales de 1996 y de 2011, veladas de gloria para Aznar y Rajoy, las conclusiones de lo que ya se conoce como el informe caritas, el concepto con el que se acuñó en la prensa ese consejo de Pizarro, eran absolutamente reveladoras en la calle San Vicente, sede del PSOE andaluz, un partido de ADN ganador y hacedor de mayorías en la tierra de Felipe González que en aquellas convocatorias fue arrollado por la derecha.

Con el tiempo las nuevas generaciones de plumillas que han llegado a los pasillos del Parlamento de Andalucía han ido recogiendo el acervo de sus maestros y usan también el informe caritas como el mejor termómetro para calificar los estados de ánimo en las numerosas crisis internas por las que han transitado las formaciones políticas.

La lectura del informe caritas en el balcón de Génova y a las puertas de Ferraz, apenas digeridos los resultados, fue prístina pero también lo ha sido en la sedes de los partidos en la comunidad que más escaños reparte de toda España, con 61 diputados en el Congreso: el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía –recoge 25 escaños, 10 más de los que tenía- pero con un estrecho margen de apenas 3 puntos respecto al PSOE este resultado no ha sido suficiente para propiciar el vuelco.

La sensación que transmite el PP andaluz es de derrota, tanto que el presidente Juan Manuel Moreno, multiplicado en esta campaña como cicerone de Alberto Núñez Feijóo por las capitales y municipios de la Andalucía conquistada para el PP en las elecciones autonómicas del 19J y en las municipales del 28M, ni siquiera compareció en la noche electoral que recordó a aquella del 25 de marzo de 2012 en que Javier Arenas ganó en votos y escaños en las elecciones andaluzas pero con una mayoría insuficiente frente a la suma de PSOE e IU. El ABC tituló al día siguiente "Mayoría relativa, fracaso absoluto" bajo la imagen de un Arenas con una sonrisa forzada desde el balcón de la calle San Fernando, sede del PP-A.

Moreno dejó el encargo de atender a los medios a su secretario general, Antonio Repullo. El barón al que ansió parecer Feijóo, aquel que consiguió que calara el mensaje del voto útil para frenar las veleidades de la ultraderecha representada en Macarena Olona versión unchainned, se limitó a poner dos tuits: uno para recordar que por tercera convocatoria electoral consecutiva el PP es el partido preferido por los andaluces, y otro para reclamar que sea Feijóo quien presida el Gobierno. La prensa que acudió a cubrir esta jornada a la sede del PP-A salió con la sensación que a uno se le queda cuando pagas por un hotel que en Booking tiene cuatro estrellas y al final te encuentras un hostalito con ínfulas. “Está bien pero tú sabes”.

Mientras, a unos cuantos metros de distancia en el centro de Sevilla, en la sede de San Vicente la fiesta se desbordaba y faltó descorchar champán para celebrar la paradoja de una derrota camuflada con el crecimiento de los resultados de Pedro Sánchez y el freno a un gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente de España.

En la sede del PSOE-A hubo lágrimas y abrazos y un discurso de triunfo por parte de Juan Espadas que no reparó en ningún momento en que por el camino el partido que dirige se ha dejado cuatro escaños (han pasado de 25 a 21 escaños). La lectura del secretario general de los socialistas es que “el PSOE de Andalucía ha tirado”, clamó eufórico. La lectura es que ha sido la federación que más escaños aporta, han recuperado medio millón de votos, mantiene el bastión de Sevilla, que nunca ha cambiado de color en el histórico de convocatorias electorales, y el resultado ha servido para descarrilar la entrada de la ultraderecha en Moncloa. Su informe caritas fue, al fin, una mezcla de felicidad y alivio.

Pero los datos están ahí. Y las voces críticas también. “En Andalucía queda claro que Espadas no tiene credibilidad, no atrae, no gusta, no suma. Pedro Sánchez consigue 575.557 votos más que Espadas en las autonómicas”, se detalla en un mensaje en Twitter de una corriente contraria al secretario general que reverdece cada noche electoral.

Siendo una de las lecturas que puede hacerse, lo cierto es que desde el 18 de junio el presidente del Gobierno no ha pisado Andalucía. “La agenda es como es”, se han limitado a justificar este tiempo el equipo de Juan Espadas sin querer reconocer que, por encima de todos los demás ministros que han hecho campaña aquí, en su lugar Sánchez ha enviado de emisaria de ese relato épico contra la ola reaccionaria con el que ha logrado sacar de la abstención a medio millón de votos socialistas en Andalucía a la mujer que el socialismo de todas las edades mira con arrobo: María Jesús Montero, número 1 al Congreso por Sevilla.

No deja de ser paradójico que la dirigente que más años le costó dar el paso hasta afiliarse, 12 concretamente, y la política que más reniega de las intrigas de la vida orgánica sea la líder que mejor le tiene cogido el pulso al estado anímico del partido y haya sido a la postre, con una agenda imposible de seguir, la artífice de enchufar un cañonazo de energía a los suyos. Si hay una dirigente incapaz de subvertir el informe caritas, ésa es la ministra de Hacienda. Sus saltos de alegría junto al presidente del Gobierno lo dicen todo.

Por eso su nombre siempre está en la quiniela para tomar las riendas del PSOE andaluz y recuperar su histórico feudo. Luis Ángel Hierro, que en su día se enfrentó en primarias con Susana Díaz y el propio Espadas, y una de las voces visibles de ese movimiento crítico ya ha pedido darle la vuelta a los resultados: “Las responsabilidades políticas hay que asumirlas y el tiempo es oro”.

Con todo, en el PSOE saben bien que, antes que una nueva crisis orgánica, la prioridad ahora es darle continuidad al Gobierno de España en una coalición que tiene en Sumar su otra pata. La papeleta de Yolanda Díaz resiste y mantiene los resultados de 2019 para Unidas Podemos con seis escaños gracias a la movilización del electorado progresista y, en parte, a que la estructura de IU ha tenido un peso protagonista en el diseño de esta campaña. Más allá de los trajes con que se vista la izquierda a la izquierda del PSOE en el resto de territorios, ese espacio en Andalucía tiene un nombre y es Izquierda Unida, con una enorme implantación municipal –en las últimas municipales ha logrado alcaldías de ciudades medias como Sanlúcar de Barrameda o Puerto Real- y un discurso a favor de la mayoría social reconocible.

Y por último Vox, que pincha a nivel nacional pero aguanta mejor en Andalucía que en el resto de España. La ultraderecha ha perdido tres escaños en la comunidad pero ha mejorado la media de porcentaje de voto en España y de hecho el apoyo a a esta formación en Andalucía es decisivo para que la Vox haya sido tercera fuerza en España por delante de Sumar.

No pudo hacerse informe caritas de este partido en la noche del 23J porque ningún dirigente andaluz de Vox habló. Como ya han demostrado desde que llegaron a la política española, todas sus decisiones emanan del núcleo duro con que Abascal despacha su estrategia desde Madrid, la forma más miope de entender la riqueza, los matices y la pluralidad territorial con que hoy se define este país. Así lo han dicho las urnas.