La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ente público de prestación de servicios meteorológicos, no solo sirve para que los españoles sepan que tiempo va a hacer. Que también. Sin ánimo de exagerar, salva vidas: la diferencia entre una alerta naranja y roja, o entre avisar o no avisar a la ciudadanía de la probabilidad de un fenómeno extremo.

Sin los trabajadores, los aviones no pueden volar: en cada aeropuerto hay observadores, predictores y técnicos de la agencia que determinan si se dan las condiciones para que los aparatos puedan maniobrar sin riesgos. Y varios de estos trabajadores llevan meses lamentando la falta de recursos humanos que les sobrecarga, les tensa y hace más probables los errores. "Consideran que si tenemos que reventar pues que vamos a reventar", lamenta Alejandro Piqueras, secretario de organización de la sección sindical de Facuso en Aemet.

"Desde los años 90 hasta ahora hemos perdido el 25% del personal", asegura el sindicalista. Tanto de los aeropuertos, que vigilan la actividad aeronáutica, como de los centros de control que recogen, interpretan y comunican, región por región, lo que pasa en el cielo. El problema es que el trabajo tiene que hacerse igual: no puede ralentizarse. "Si yo voy a una oficina de la Seguridad Social, hay 20 mesas y cinco personas atendiendo, pues espero. Pero en Aemet no. Damos un servicio 24 horas. Si hay seis mesas tiene que haber seis personas. En cuanto falta una, el resto tiene que cubrirla".

Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en julio de 2021 trabajaban en Aemet 1.081 personas; 938 funcionarios de carrera, 69 personal laboral, y el resto, funcionarios interinos. En enero de 2010 había 1.229 funcionarios de carrera, 141 laborales y 90 interinos, para un total de 1.460 trabajadores.

Las consecuencias son horas extra y agotamiento. El Sistema Nacional de Predicción (SNP) de la Aemet, según se lee en la denuncia que hicieron pública durante el mes de abril, trabaja 1460 horas al año por contrato, pero están haciendo entre 2600 y 2700, calcula Piqueras. El pago por las horas extra de 2021 no se han abonado todavía. Pero más allá de la cuestión monetaria, el cansancio preocupa más a la sección sindical.

Pone un ejemplo de un jefe de turno de la Comunitat Valenciana que manifestaba que "la responsabilidad que tenía era mucho mayor de la que le correspondía" y que está haciendo turnos de 24 horas cada cuatro o cinco días, porque faltan cuatro puestos de trabajo estructurales. "Me decía que si él falla en su trabajo, muere gente. Y más allá de la responsabilidad civil o penal, él va a saber, si pasa algo, que ha fallado en su trabajo". Otra oficina en Canarias tiene a tres observadores trabajando, cuando debería haber seis: varios funcionarios están trabajando 48 horas a la semana sin discriminar entre festivos y con la mitad de las horas en horario nocturno, con las implicaciones que conlleva.

"No podemos dejar de trabajar" en la predicción, insiste Piqueras. En la Aemet no solo se predice, también se investiga, pero hace falta poder dedicarle tiempo a ello. "Hay empleados en proyectos internacionales, que son referencia en el mundo en su categoría, que han dicho que van a dejar de hacer lo que están haciendo. Es un disparate".

La sección sindical considera que una solución parcial pasa por el teletrabajo al 100%. "Existe un problema de base, arrastrado desde hace tiempo, en la falta de personal en las plantillas, que ha ido recrudeciéndose aún más durante la pandemia. La posible vuelta a la modalidad presencial agravaría esos problemas de personal, pudiendo llegar incluso a producirse un colapso en el SNP". El personal que trabaja con el sistema de turnos, que incluye horas nocturnas, festivos y guardias de 24 horas, puede conciliar mejor si hace su labor desde casa.

Además, el sindicato considera que el sistema de vigilancia meteorológica es mucho más resiliente si está descentralizado; con los equipos en los domicilios de cada uno de los trabajadores, si falla un aparato, mediante una llamada telefónica el sustituto puede entrar a trabajar. Sin embargo, la concentración de los medios en edificios los hace más vulnerable a fallas generalizadas.

Ponen un ejemplo de un rayo que cayó en diciembre en la oficina de Cantabria: dejó inoperativo el edificio entero, por lo que los servicios de Madrid y València tuvieron que cubrir el servicio de predicción en el norte: a las 8 de la mañana, un empleado que estaba teletrabajando asumió las funciones sin mayor trastorno. "La incidencia provocó que en modo presencial se interrumpiese el servicio y hubiera que implicar a varias unidades, con el consiguiente trastorno para todos ellos, mientras que en modo trabajo a distancia el incidente fue prácticamente transparente de cara a la prestación normal del servicio", se puede leer en la denuncia pública del sindicato.

Facuso explica que hay varios jefes de turno que han seguido trabajando a pesar de que se ha superado su edad de jubilación, porque lo podían hacer desde su casa. El uno de mayo de 2022 terminó el régimen de trabajo a distancia a 100% de la Aemet, y el sindicato estima que varios de esos empleados se jubilarán si se les obliga a volver a la presencialidad, agravando la falta de personal. Dirección y presidencia de la Aemet se atienen, asegura el sindicato, al decreto que regula la modalidad a distancia en las administraciones públicas: hasta el 60% si no se entra en las excepciones a las que la agencia de meteorología no puede acogerse.

Palacios explica que la dirección de la Aemet tenía que haberlo peleado ante el Gobierno, pero que no quiso librar esa batalla; y que, en cuanto a la falta estructural de personal, "asumen que no pueden hacer nada". La dirección de la agencia no ha contestado, al cierre de este reportaje, a las preguntas de infoLibre al respecto; tampoco lo ha hecho el Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargado de las convocatorias de nuevos puestos de trabajo.

La labor de la Aemet es cada vez más esencial; el cambio climático trae y traerá a la Península Ibérica fenómenos extremos más fuertes y extremos (olas de calor, inundaciones, riadas, tormentas como Filomena) de las que es necesario avisar. Y el servicio de la agencia estatal de meteorología es vital para explicar cómo cada año es más cálido que el anterior, cómo desaparece la primavera, cómo el verano se convierte en insoportable; todas esas consecuencias del calentamiento global a las que no quedará otra que adaptarse. Sin embargo, cada vez hay menos manos para hacerlo, denuncian los sindicatos.

No está planteado, no se va a estudiar, no se baraja, no hay dudas: no habrá prórroga. Las centrales nucleares en funcionamiento en España se cerrarán entre 2027 y 2036, según el plan acordado en 2019 entre el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, y las principales eléctricas propietarias. A pesar del ruido, de las acusaciones de sectarismo y de una dependencia del gas que ha pasado de incómoda a vergonzante. "En la actualidad es precipitado plantear una modificación del calendario", confirman fuentes del Gobierno, que insisten en que "no hay cambios".

¿Por qué iba a haber cambios? Porque España quema gas para generar electricidad, además del uso destinado a la calefacción mediante calderas y a los procesos industriales. Y el Gobierno prevé, de cara a 2030, mantener su potencia de centrales de ciclo combinado, que son, además, las que marcan el altísimo precio de estos meses en el mercado mayorista de la luz. Las centrales nucleares, además de no emitir CO2, no dependen de un combustible en máximos y epicentro de una disputa geopolítica de resolución incierta.

Suena bien: el riesgo de accidente nuclear se ha reducido mucho en las últimas décadas, aunque nunca es sinónimo de cero. Y la generación eléctrica libre de emisiones de gases de efecto invernadero es valorable en un contexto de emergencia climática; más aún cuando no depende de un sol y un viento intermitentes por naturaleza. Son algunos de los argumentos que ha utilizado la derecha durante las últimas semanas para lamentar el cierre, a pesar de que no sea una decisión dependiente únicamente de Ribera en un mercado energético liberalizado.

Ciudadanos ha sido uno de los partidos más activos en defensa de la energía nuclear en los últimos meses. "El sectarismo del Gobierno evita ampliar la vida útil de las centrales nucleares y hacer uso de una energía limpia", declaró hace unas semanas el portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal. En la frase hay dos medias verdades. Bal ignora dos matices que explican el calendario de clausura, a pesar de las bondades de la tecnología. El primero: a pesar de que se insista desde la derecha, el cierre no fue impuesto por el Ejecutivo, sino negociado.

A las eléctricas se les dio la opción de hacer las reformas necesarias para seguir en la actividad, explican fuentes de Transición Ecológica: "En aquel momento se les consultó sobre sus posibles planes para invertir en un nuevo ciclo y sobre el modo en que se podía sustituir la generación nuclear. En España la prioridad inversora son las renovables y se acordó por unanimidad con todos los propietarios que se iniciara el proceso de cierre en 2027".

Es cierto que los propietarios no son taxativos con respecto a la clausura. Pero solo están dispuestos a cambiar sus planes si hay un contexto favorable a sus intereses: es decir, hablando en plata, si el Gobierno les baja los impuestos y les libera de cargas, a pesar de que el diseño del mercado eléctrico fomenta que reciban "beneficios caídos del cielo". Ya lo decía el presidente de Endesa, José Bogas, en 2020: "Ese es el plan, pero desde nuestra reflexión y lealtad, creemos que bajo ciertas circunstancias económicas y de seguridad esas centrales tendrían sentido que alargasen su vida y se puede hacer".

A través de organizaciones nucleares en las que participan, como Foro Nuclear o la Sociedad Nuclear Española (SNE), las eléctricas siguen presionando, con los mismos argumentos. La segunda ha reclamado recientemente "la revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares españolas para alargar su operación", pero no a cambio de nada, claro: con "un sistema fiscal justo". De hecho, las compañías han amenazado con todo lo contrario, con cerrar las instalaciones antes de tiempo si sale adelante la ley para recortar los ingresos que obtienen por unas subastas de CO2 a las que no acuden, porque no emiten.

A las empresas eléctricas no les sale rentable la nuclear. Quieren que el Gobierno les facilite que sea rentable. Pero no van a pelear a cambio de nada por las instalaciones para salvar el planeta.

La segunda parte de la frase de Bal también es discutible: "Una energía limpia". El 7º Plan General de Residuos Radioactivos, actualmente en trámite de información pública, prevé siete almacenes temporales para el combustible gastado, muy peligroso, durante al menos seis décadas hasta la construcción de un "almacén geológico profundo" que almacenará los restos durante miles de años a una profundidad de entre 500 metros y un kilómetro. El coste del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos asciende a 26.500 millones de euros.

No es una energía "limpia" en su totalidad. Tampoco es barata. No solo por su desmantelamiento, también por su construcción. La central de Hinkley Point, en Reino Unido, acumula 8.000 millones de sobrecostes. Su funcionamiento no es tan caro: no es la tecnología que más costes declara en la subasta mayorista, está muy por debajo del gas. Pero las centrales que quisieran operar más allá de lo que marca su ciclo de vida tendrían que invertir en reformas para garantizar la seguridad del complejo, y eso no sale tan a cuenta. Santa María de Garoña cerró, en parte, por esas obligaciones fijadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no por "sectarismo".

Ciudadanos, las organizaciones nucleares y los defensores en redes de esta tecnología obvian, en cualquier caso, una desventaja de la energía nuclear que no se suele mencionar en los debates; y que no tiene que ver con la peligrosidad, los residuos o los costes. Tiene que ver con la flexibilidad. Plantean a la nuclear como "respaldo" de las energías renovables, para aportar electricidad cuando no sopla el viento y no luce el sol. Pedro Fresco, experto en energía y director de Transición Energética de la Generalitat Valenciana, explica por qué no es tan fácil.

"El discurso parece verosímil y es complejo explicar" que las nucleares tienen dificultades para servir de respaldo a las renovables, explica. Las centrales necesitan funcionar el máximo tiempo posible: en primer lugar, para amortizar cuanto antes la alta inversión, y en segundo lugar, porque pueden tardar hasta dos días en volver a funcionar si se paran. "Así como funcionan en España", asegura Fresco; las de última generación logran reducir esa espera, pero siguen lejos de los minutos que necesita una central térmica o hidroeléctrica para arrancar.

Así, la nuclear no puede responder con tiempo en el escenario en el que la eólica y la fotovoltaica, las tecnologías líderes de la potencia eléctrica española, dejan de producir de repente, porque cae el sol o porque se para el viento. Gas e hidroeléctrica suelen salir al rescate. En Francia, con casi 60 centrales nucleares, el sistema está más orientado a este respaldo: "Han creado un sistema en el que ciertas centrales pueden subir y bajar potencia". Aun así, explica Fresco, le cuesta.

El vecino galo cuenta con unos 10.000 MW de potencia fotovoltaica que se apaga súbitamente; y la nuclear, calcula, puede cubrir 6.000 MW de ellos de noche; el resto es cuestión de gas y de hidroeléctrica. "Es una cuestión de ingeniería. Cuando Francia no tenga 10.000 sino 100.000 MW solares, cuando tenga que responder varias veces más rápido, la capacidad nuclear no va a llegar". La alternativa es mantener a las instalaciones funcionando las 24 horas del día, salvo paradas técnicas. "Pero en ese caso, cuando tienes mucho sol y mucho viento, qué haces, ¿paras las renovables y desperdicias esa energía mientras consumes uranio? Es un sinsentido, un antióptimo".

En Europa, el consenso está lejos. Pero más allá de la potencia nuclear gala, hay movimientos a favor de la nuclear en otros países. Bélgica ha prolongado una década la vida útil de dos reactores de los siete que tiene. En Finlandia, el Partido Verde ha cambiado su histórica posición en contra de la nuclear,: ahora está a favor. En Alemania se lo han pensado, aunque contrariamente a lo que dijo Bal, mantienen su calendario de cierre de las centrales. El Gobierno español no ha dudado ni un solo momento. La revolución renovable será respaldada, defiende el Gobierno, por tecnologías de almacenamiento, por el incipiente hidrógeno verde... y por gas, a corto y medio plazo.

Andalucía, que el próximo 19 de junio se juega su futuro y la presencia de la extrema derecha en San Telmo, tiene varios frentes abiertos en el terreno medioambiental. Y el cambio climático vertebra los problemas ecológicos como la gasolina que aviva el fuego. Es bien sabido, y así lo evidenció la última gran revisión de la literatura científica de los expertos de Naciones Unidas, que el sur de Europa es muy vulnerable al fenómeno no solo por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la subida de las temperaturas, sino por la probable escasez hídrica y la desertificación de los suelos. Y, como muestran las proyecciones, dentro de la península ibérica, el escenario se complica entre Despeñaperros y el Estrecho.

Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, reivindica para sí las políticas verdes; no son "de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común", como ha dicho en campaña. Sin embargo, el reto de la crisis ecológica exigirá, si se quieren evitar los peores efectos, un cambio de modelo poco compatible con los principios del conservadurismo político; y mucho menos con la reacción negacionista de Vox, el probable socio de Gobierno. Esto es lo que dicen los datos.

El Visor de Escenarios de Cambio Climático habilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea, en el medio plazo (2040-2070), un aumento generalizado de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones en toda España, en base al escenario RCP 4.5., fijado por el IPCC en su informe de 2014; uno de los más probables, en el que se incumple el Acuerdo de París y se llega al máximo de emisiones en 2040 para luego descender. No es el peor de los imaginados por los especialistas convocados por entonces, pero tiene más papeletas para convertirse en realidad. Algunos indicadores del modelo dibujan un peor pronóstico para Andalucía y, en concreto, para el valle del Guadalquivir, entre Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, la conocida como la sartén de España.

En esta zona se esperan hasta 10 días menos de lluvia al año con respecto a la serie histórica, y entre 50 y 80 días al año con temperaturas mínimas por encima de 20 grados, por encima de la media actual de 30. La evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pierde tanto la superficie como la vegetación de una zona por el calor, pasará a partir de 2040 de entre los 75/80 mm/día a más de 90 en el peor escenario. Entre Huelva, Sevilla y Cádiz, la media de temperaturas máximas podría alcanzar los 30 grados, frente a los 25 actuales (contando para el recuento las noches y los inviernos), unos registros que serán inalcanzables para el resto de la península, con picos por encima de los 45 grados en la depresión que hace el antiguo río Betis cerca de su desembocadura.

El pasado verano, Montoro (Córdoba), en medio de este triángulo del calor extremo, volvió a romper el récord de temperatura en España al registrar 47,2 grados. El cambio climático no solo amenaza con subir el mercurio, también con escenarios incompatibles con la vida. Junto a la falta de precipitaciones, con la cuenca del Guadalquivir en riesgo de sequía desde hace casi una década, revelan el principal desafío ambiental de Andalucía: el agua. Falta agua. Va a faltar más. El 21% de la superficie andaluza está en un riesgo alto de desertificación, según el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. No solo por el cambio climático, sino por la conversión de cultivos de secano en regadío sin control; una estrategia apoyada por la Junta. El modelo ha causado que la mitad sur peninsular concentra el mayor volumen de agua subterránea en mal estado, y más de la mitad de las cuencas andaluzas que vierten al Mediterráneo registran un mal estado químico.

Juanma Moreno, poco sospechoso de negacionista y con políticas medioambientales más ambiciosas que otros presidentes autonómicos de su partido, lo sabe. Y lo explica. Su compromiso para la próxima legislatura es el de encabezar "una revolución del agua como no se ha hecho en otra región europea". Sabe que la región escasea de recursos hídricos y que va a ir a peor en los próximos años, por los efectos inevitables del cambio climático, aunque reduzcamos radicalmente las emisiones. Sin embargo, su receta no pasa por moderar el consumo de los sectores más hidrointensivos, como el regadío, sino por distribuirla más entre cuencas supuestamente "excedentarias" y otras supuestamente "deficitarias"; y por sacarla de donde ahora mismo no la hay con una apuesta por la desalación.

Sin embargo, en el Parque Nacional de Doñana, un ecosistema único y herido de muerte, se pueden comprobar los límites y las contradicciones de la apuesta. El pasado 9 de febrero, PP, Cs y Vox aprobaron, con la abstención del PSOE, una amnistía de las hectáreas de regadío que se quedaron fuera del plan de ordenación del antiguo Ejecutivo socialista. El Gobierno de Susana Díaz estableció que esos terrenos, que llevaban años utilizando el agua de las marismas sin permiso, no tenían derecho a una regularización: y la proposición de ley que salió adelante abre la puerta a que se regularicen, aunque el permiso final para utilizar el recurso hídrico dependerá de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano de Transición Ecológica.

Hay 1.600 hectáreas de regadíos sin permiso en el entorno de Doñana. PP, Cs y Vox quieren que una parte de ellos se regularicen. Organizaciones ecologistas y antiguos directores del parque opinan que el ecosistema necesita que desaparezcan, con una transición justa para los trabajadores.

Las preguntas de fondo son las siguientes: ¿hay agua suficiente en Doñana para el regadío actual? ¿Y para más? ¿La habrá en el futuro? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido un decrecimiento del 6% de la superficie regada para 2030, el Gobierno central, la Comisión Europea y los ecologistas piensan que no. Los partidos de la derecha parlamentaria andaluza, las patronales agrarias y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla piensan que sí. La apuesta, además de desaladoras, se basa en trasvasar el agua de las zonas de Andalucía en las que, supuestamente, sobre el recurso hacia las que lo necesiten para mantener viva la industria.

Sin embargo, hay dos obstáculos al plan. Uno, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir planea esos trasvases no para ampliar el regadío, sino para que el actual deje de beber de un acuífero sobreexplotado y que amenaza con desertificar una marisma única en Europa. Y, en segundo lugar, porque ninguna cuenca hidrográfica cercana a Doñana es excedentaria. La sequía hidrológica, a pesar de las intensas lluvias de la primavera en el sur, sigue manteniendo a la práctica totalidad de la zona que abarca al Guadalquivir y sus afluentes en situación de alerta: se teme que haya menos recursos de los que se necesitan. Pero las cuencas vecinas, de donde Moreno pretende extraer agua que sirva al imperio de la fresa, tampoco pueden tirar cohetes.

A día 7 de junio, los embalses de la gaditana cuenca de Guadalete-Barbate están al 34,71%. La media de los últimos 10 años en las mismas fechas es del 68,30%. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedras disfruta de mejor salud, pero igualmente disfruta de menos agua que en el pasado reciente: 77% de agua embalsada frente al 84,72% de los últimos dos años. En general, Andalucía se enfrenta a un final de 2022 muy preocupante a nivel hídrico, salvo que el verano, que se prevé seco y más caluroso de lo habitual, traiga un improbabilísimo milagro en forma de precipitaciones.

La desalación, por su parte, encuentra sus límites al otro extremo de la comunidad, en Almería. El "milagro económico" de los invernaderos agotó los acuíferos y no recibe agua de trasvases, por lo que tiene que tirar de desaladoras. Como denuncian la patronal agraria y el Ayuntamiento de Níjar, el municipio con menos renta de España y epicentro de la explotación hortofrutícola, el agua desalada es más cara y reduce los márgenes de beneficio de los agricultores.

La situación de Doñana y la amnistía a los regantes ha sido, de lejos, la principal y más agria polémica del mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la comunidad autónoma andaluza. No la única. En febrero de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a la Junta una rectificación por el decreto que abría la puerta a eximir a determinados proyectos de la evaluación ambiental: solo con la decisión del Consejo de Gobierno, si dicha evaluación "pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto". La también vicepresidenta del Gobierno fue contundente: "Así no".

Argumentó la Junta que la ley estatal de evaluación ambiental también recogía excepciones, pero están más detalladas: el Ejecutivo central puede hacer que un proyecto se libre del examen, pero se tienen que garantizar "formas alternativas de evaluación" y el permiso de la Comisión Europea. Para los ecologistas, no es casualidad: la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollismo, la ideología que propugna el avance meramente económico como objetivo prioritario, por encima de la protección y preservación de los espacios naturales –algunos de ellos, únicos en el mundo–. No solo pasa en Doñana.

Ribera y Moreno están de acuerdo en el derrumbe del hotel Algarrobico, un mastodonte ilegal en primera línea de una de las pocas playas vírgenes que sobreviven en el entorno de Cabo de Gata. Pero en el mismo parque, en la zona de Los Genoveses, la Junta ha dado el visto bueno a un hotel. Las asociaciones ecologistas que llevan décadas luchando por mantener a Cabo de Gata libre del impacto humano, garantizando aguas cristalinas y una biodiversidad única, sienten que están a punto de perder la batalla.

El Gobierno de Moreno también ve con buenos ojos el golf en Maro (Málaga), que pone en peligro las explotaciones familiares de frutos tropicales; ha permitido reabrir la mina de Aznalcóllar tras el desastre de 1998; y, como polémica más reciente, ha esquivado la evaluación ambiental en un proyecto de carril ciclista, puro hormigón, en el parque gaditano de los Alcornocales.

Hay una tendencia. Pero también hay límites en la autopista infinita que imagina el desarrollismo: la insostenibilidad de la explotación del recurso es un límite físico, no una ensoñación ecológica. En Andalucía, con la complicidad en varios casos del Gobierno de la Junta que opta a la reelección, el calor aprieta, el agua se agota y los ecosistemas se mueren.

Dentro de la transición ecológica, y al igual que con el mercado de emisiones, la rehabilitación de edificios, el desarrollo renovable o la calefacción, hay enormes cambios a ejecutar que prometen mejorarnos la vida, pero que necesitan ser aplicados con rapidez sin dejar a nadie por el camino ni reforzar injusticias. La adopción del vehículo eléctrico como punta de lanza de la nueva movilidad es una de esas grandes transformaciones, y en España, aunque hay avances, la caja de cambios está atascada en primera; el fin de los vehículos de combustión, contaminantes y emisores, está decretado, pero sigue sin estar clara la alternativa, ya sea pública o privada.

Este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó prohibir la venta de vehículos nuevos de diésel o gasolina a partir de 2035. La fecha en España es 2040, con la intención de que en 2050 se prohíba la circulación de todos los modelos que emitan CO2, en base a la Ley de Cambio Climático. Si el país, habida cuenta de que la acción climática es urgente, quiere acelerar de la misma manera, tiene que ponerse las baterías. A día de hoy, hay varios obstáculos.

Por el momento, el principal es la falta de puntos de recarga y lo poco atractivo que, en general, sigue siendo el coche eléctrico para el consumidor español, muy por debajo de la media europea. Los datos que han aportado esta semana varios informes y análisis son demoledores. Según el Barómetro de la Electromovilidad realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que valora tanto la penetración de vehículos electrificados como la instalación de infraestructura de recarga, "España continúa alejándose de los países de su entorno", con una puntuación de 13,3, muy por debajo de la media de la Unión Europea, de 28,1, y de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.

Tampoco se está registrando un ritmo de crecimiento destacable, ni en compra de vehículos eléctricos ni en desarrollo de la infraestructura. En cuanto al mercado, "España se sitúa en el grupo de países que menos crece de media (+2 puntos) junto a otros como Italia (+0.8 puntos), Hungría (+1,9 puntos) o República Checa (+0,5 puntos)", explica Anfac. Y en cuanto a puntos de recarga, "en el primer trimestre del año, España logra aumentar 7 décimas, hasta una valoración de 4,8 puntos sobre 100".

Esta misma semana, otro estudio firmado por Ecodes y el Observatorio de la Sostenibilidad ha mostrado que, además de haber pocas electrolineras, están muy mal repartidas: "Tan solo un 36% de los puntos de carga se encuentran en el territorio rural o en carreteras principales, y únicamente 2% de los conectores disponibles cuentan con una potencia superior o igual a 150 kW", que permiten una carga rápida de menos de media hora, explican las organizaciones.

El objetivo marcado por el Gobierno español es es alcanzar, en el año 2023, los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga en toda la red. En mayo, apenas se registraron 2.300 eléctricos puros, sin motor de combustión. En cuanto a la infraestructura, por ahora, estamos en 12.244 puntos, y es probable que no se alcancen los 45.000 que se han fijado para final de 2022 en base al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Los datos no son buenos. La buena noticia es que el margen de mejora es abrumador. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico, pretende "movilizar" 11,855 millones de euros: se han recibido solicitudes para recibir 5.927 millones de euros de subvención en base a 12 "proyectos tractores", "conformados por 487 proyectos primarios que involucran a 327 empresas". El Ministerio de Industria calcula que, por cada euro de ayuda, se implicarán cuatro euros de inversión privada: de ahí la cifra. Es evidente que el dinero público logrará mejorar las cifras del vehículo eléctrico; pero aún es una incógnita si se llegarán a los objetivos de 2023, de 2030 y al gran hito planteado en 2035 por el Parlamento Europeo.

También ayudará que, a partir de agosto 2023, más de mil gasolineras estarán obligadas a poner un punto de recarga, en base a la Ley de Cambio Climático; 200 de ellas, las de más de 10 millones de litros de ventas de gasóleo y gasolina lo tendrán que hacer antes de abril de 2023. Sin embargo, hay carencias que la lluvia de dinero no va a solventar a corto y a medio plazo, y que tienen que ver con la accesibilidad de la tecnología; si las clases bajas se ven obligadas a renunciar a los coches contaminantes, pero no puede acceder a los limpios y carecen de un transporte público barato, seguro y fiable, la transición ecológica agrandará en vez de cerrar la brecha entre ricos y pobres, con la injusticia y la tensión que supone.

"El Plan Moves es un desastre", sentencia aquí el periodista especializado en movilidad eléctrica Eduardo Arcos. La línea de ayudas para comprar vehículos eléctricos, cuya tercera edición sigue vigente y con presupuesto en varias comunidades autónomas, no funciona como debería funcionar: el dinero puede tardar meses o años en llegar y requiere de compleja burocracia para que la petición sea aprobada. Teniendo en cuenta que los coches limpios siguen sin ser baratos, la complejidad y los retrasos en la subvención despegan a los menos pudientes de la tecnología. En Francia, las ayudas son tramitadas por el concesionario, no por el consumidor, que no tiene que preocuparse de nada.

Y, por otro lado, los ya conocidos cuellos de botella en el suministro de materias primas complican el abaratamiento de la movilidad electrificada a corto y medio plazo. La demanda de litio podría triplicarse en 2025 y la oferta no está siendo capaz de corresponder a la necesidad creciente; el mineral ha pasado de costar 15.000 dólares/tonelada hace unos años a 80.000. La guerra de Ucrania solo ha empeorado el panorama. Según un informe de la consultora E Source, hasta 2028 no empezarán a abaratarse las celdas de las baterías que necesitan este elemento; solo siete años antes de la teórica prohibición a la combustión que aprobó este miércoles el Parlamento Europeo.

Los coches eléctricos también necesitan cobre, cobalto y otros minerales aún más escasos. En un mundo que necesita una urgente descarbonización, hay una pregunta que flota en el ambiente sin resolver: ¿será capaz el vehículo eléctrico de sustituir, en su totalidad, el inmenso parque móvil fósil actual? Y una derivada que tiene que ver no solo con economía sino con política: siendo las opciones compartidas, colectivas y comunes de movilidad más respetuosas con los límites del crecimiento, ¿debería hacerlo? Un vehículo eléctrico compartido puede suplir las necesidades de cinco privados; pero, bajo ese esquema, sería necesario no solo dinero europeo, sino una reconversión y reestructuración del sector. La transición ecológica necesita financiación, audacia y valentía.

La Comisión Europea lo tiene muy claro: la salida de la pandemia y la respuesta a la guerra en Ucrania pasa por más esfuerzos climáticos, no por menos. Y la Comisión Europea sabe también que no va a ser nada fácil, no solo por las resistencias de los mayores emisores, sino por lo delicado de un momento histórico en el que el mundo fósil no acaba de morir y el mundo renovable no acaba de imponerse. "Y en ese claroscuro surgen los monstruos", que diría Gramsci. El pleno del Parlamento Europeo, celebrado este miércoles en Estrasburgo, ha sido testigo de las tensiones, cada vez más tirantes, de la transición: los eurodiputados, entre gritos y discusiones de última hora, han tumbado inesperadamente la reforma del sistema de comercio de emisiones, una de las grandes herramientas de la UE para afrontar el calentamiento global.

Para entender las connotaciones de este varapalo a la política climática del Ejecutivo comunitario, liderado por Ursula Von der Leyen, hay que entender primero qué es el sistema de comercio de emisiones, abreviado como ETS por sus siglas en inglés, cuya reforma ha sido pospuesta en la Eurocámara. El sistema está ideado para la industria pesada, emisora de CO2: siderurgia, cementeras, centrales de carbón y de gas. Para que, en resumidas cuentas, paguen por el dióxido de carbono que emiten a la atmósfera.

Sin embargo, el diseño actual no convencía a muchos, por exceso o por defecto. Muchas de esas instalaciones cuentan con derechos de asignación gratuitos, para que la transición sea más suave: es decir, que cuentan con cuotas de CO2 que pueden emitir sin pagar. Ecologistas y verdes aseguran que esa salvaguarda está permitiendo a las empresas esquivar la reducción de emisiones. "Las numerosas exenciones y permisos gratuitos no han logrado que este mercado sea una herramienta eficaz para reducir las emisiones: la expulsión de carbono de la industria pesada apenas ha disminuido desde 2012. Y tampoco se espera que baje hasta 2030", denunciaba en un informe reciente la organización Carbon Market Watch.

Y, al otro lado, esas mismas empresas, y los políticos que defienden sus intereses, aseguran que el mercado de carbono les aprieta demasiado y que la transición debe ser más suave aún, a pesar de las insistentes llamadas de científicos de todo el mundo a acelerar la acción. Tener que pagar por el CO2 emitido –o por las reformas necesarias para emitir menos– es una soga adicional en un contexto de precios altos de las materias primas, incertidumbre y caos geopolítico. Hay una pescadilla que se muerde la cola, además: el alto precio del CO2 encarece la generación de electricidad con gas, que es la que marca el precio de todo el mercado eléctrico por el diseño del sistema marginalista... y buena parte de esta industria pesada es también electrointensiva, por lo que se dispara una factura adicional a final de mes.

En definitiva, el juego anda entre los que piensan que el mercado de carbono no es útil para la acción climática, directamente, por lo que la Unión Europea debería simplemente obligar a los grandes emisores a reducir sus emisiones; y entre los que piensan que sí es útil, pero que es demasiado estricto o demasiado laxo. En ese campo minado, la Comisión Europea y los legisladores del Europarlamento están intentando hacer equilibrios. Y se han caído con todo el equipo.

En mayo, en base a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, los dos grandes grupos (el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas) alcanzaron un acuerdo en el comité de Medio Ambiente para acabar con las asignaciones gratuitas en 2030 e incluir a dos grandes sectores en el ETS: la edificación y el transporte. Las empresas automovilísticas tendrán que pagar por el CO2 que emitan los vehículos y las constructoras por las emisiones de las nuevas viviendas. Un acuerdo en la trastienda suele ser sinónimo de un acuerdo en el pleno, pero en esta ocasión no ha sucedido así. El ponente, del Partido Popular Europeo, pactó enmiendas con los grupos de extrema derecha para retrasar el fin de los derechos gratuitos a 2034; socialdemócratas y verdes han votado en contra en respuesta porque, siguiendo un dicho habitual de las negociaciones climáticas, mejor la falta de acuerdo que un mal acuerdo.

La negociación ha saltado por los aires y los lobbies tienen mucho que ver en el resultado. Los legisladores encargados de la reforma se han reunido 52 veces con grupos de presión; sobre todo, con la siderúrgica alemana Thyssenkrupp, la asociación siderúrgica Eurofer y la Federación de Industrias Alemanas (BDI), claramente interesadas en un acuerdo que descafeinara el sistema de comercio de emisiones. Y estos encuentros se han evidenciado en el agrio debate político de la sesión plenaria. "Dejad de estar en manos de los lobbies", se ha dirigido al Partido Popular Europeo Pascal Canfin, de los liberales de Renew Europe. "En vez de leer mails de lobistas, escuchad a las generaciones más jóvenes", ha reclamado el socialdemócrata Mohammed Chahim.

La reforma volverá al comité de Medio Ambiente. Se volverá a intentar un acuerdo mayoritario. No será fácil, después de las acusaciones cruzadas de este miércoles: los populares acusan a los socialdemócratas de cargarse el acuerdo previo, obviando sus conversaciones y enmiendas aceptadas con la extrema derecha, y han hecho un alegato a favor de una "transición tranquila" para que la industria no pague los platos rotos; si se les carga demasiado con el precio de sus emisiones, las compañías extracomunitarias jugarán con ventaja y se perderán puestos de trabajo en el club comunitario.

Verdes y socialdemócratas, que en principio iban a votar a favor de la reforma, han lamentado que el Partido Popular Europeo pacte con la ultraderecha. Los liberales de Renew Europe, por otro lado, han jugado la baza de considerar de equiparar a la izquierda y a los populistas ultranacionalistas por su idéntico voto negativo. Y la extrema derecha, a pesar de que han sido aceptadas sus enmiendas, ha votado en contra de la reforma porque los dos grupos dentro de esta etiqueta ideológica están de acuerdo en boicotear cualquier iniciativa climática o medioambiental, bajo la falsa premisa de que estas políticas empobrecen a Europa.

Así, la Comisión Europea ha recibido el primer revés serio de sus nuevas políticas climáticas, englobadas bajo el paquete Fit for 55, que prometen reducir en un 55% las emisiones del club comunitario con respecto a 1990 en la década actual; para ello son necesarias múltiples políticas de todos los sectores, pero manteniendo un equilibrio extremadamente delicado entre la acción medioambiental y la necesidad de no impactar en las clases más vulnerables y en un tejido productivo muy tocado por la pandemia, la crisis de suministros y el ambiente bélico.

Uno de los frentes, sin embargo, se ha resuelto de manera favorable para Bruselas: a partir de 2035, según el voto favorable emitido por el Parlamento este mismo miércoles, se prohibirá la venta de vehículos nuevos de combustión. Ahora es el Consejo Europeo el que debe ratificar el veto, y los Estados miembro los que deben ponerse las pilas; en España, la infraestructura de recarga de coches eléctricos sigue en pañales, a pesar de todas las promesas de inversión y rebajas con fondos europeos.

La Comisión Europea todavía tiene que sacar adelante en el complejísimo trámite legislativo de la Unión Europea una reforma fiscal que equipare, por ejemplo, los impuestos de diésel y gasolina, una medida que puede despertar diversas furias en un contexto de encarecimiento del petróleo; también necesita la aprobación de la mejora de los objetivos de eficiencia energética y de renovables; y, en definitiva, necesita que triunfe el mantra de "quien contamina, paga" en un entorno de inflación en el que todo el mundo, pero sobre todo las clases más bajas, está pagando ya mucho por todo. La encrucijada es abrumadora.

Tras semanas de tensa espera, la Comisión Europea ha dado el visto bueno definitivo al tope al gas en el mercado eléctrico que aprobó mediante decreto el Gobierno a mediados de mayo. El Ejecutivo español, confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, aprobará este jueves una orden ministerial y el mecanismo empezará a funcionar el martes 14 de junio, con el objetivo de rebajar automáticamente un 15% de media el coste de la tarifa regulada (PVPC), al que están acogidos el 40% de los consumidores, así como otros contratos indexados a la subasta diaria.

El mercado libre, al que están sujetos el 60% de los consumidores, no notará los efectos beneficiosos de la intervención a corto plazo; pero contendrá, previsiblemente, las posibles subidas que apliquen las comercializadoras al renegociar los términos del contrato tras su finalización. Estas empresas se beneficiarán de un mercado mayorista más contenido, tanto en la subasta diaria como en los precios de futuro, que son habitualmente utilizados para fijar el precio de las tarifas finales.

En un primer momento, la intervención del Gobierno, que pone un límite a las ofertas que pueden hacer las centrales de gas, las que marcan el precio, a cambio de una compensación, iba a reducir la factura eléctrica regulada entre un 30% y un 40%. Pero las negociaciones con Bruselas, con Portugal –que compartirá el mecanismo– y con las eléctricas terminaron limitando el impacto de la medida. En un primer momento, todas las empresas eléctricas comercializadoras iban a abonar esa ayuda a las instalaciones de gas, pero argumentaron que muchas habían comprado la electricidad con contratos a largo plazo que no se veían beneficiados por la medida en un primer momento.

Ribera rectificó y libró de la subvención a las compañías del mercado libre, que habían amenazado con subir las tarifas en respuesta; así, esquivaba la advertencia de estas empresas, a cambio de un descuento menor en el precio regulado. Esta modalidad se beneficiará de la caída automática del mercado marginalista, pero tendrá que contar con la ayuda al gas para que las generadoras no produzcan a pérdidas.

"La decisión se ha tomado tras un trabajo muy intenso, dada la complejidad de la medida, y marca un hito en las relaciones entre España, Portugal y las instituciones comunitarias", celebran fuentes de Transición Ecológica. Por su parte, la Comisión Europea explica en una nota que la intervención del mercado eléctrico de España y Portugal cumple con sus requisitos: es "adecuada, necesaria y proporcionada" y "no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica".

Explica, asimismo, Bruselas que la negociación con España y Portugal ha conseguido evitar uno de los efectos secundarios más temidos por el Ejecutivo comunitario; que la diferencia de precio entre el mercado mayorista ibérico y el francés terminara incentivando la exportación hacia el vecino galo, haciendo que las centrales de gas generaran electricidad de más (y, por tanto, emisiones de más) y resultando en la práctica en una subvención del consumidor español en favor del consumidor francés.

Esto se evitará, remarca la Comisión Europea, con el uso de las "rentas de congestión": las comercializadoras francesas pagarán por la energía que les llegue de más a través de la frontera, por lo que se compensa el posible efecto negativo del tope. Irónicamente, la llamada "excepción ibérica" es parte del problema que han enfrentado España y Portugal y parte de la solución que se ha buscado. La falta de interconexiones de la Península con el resto del continente permite que la intervención no distorsione demasiado el mercado común; pero, juzga Bruselas, este aislamiento ha provocado que el mercado ibérico haya estado mucho más expuesto al encarecimiento de la electricidad de los últimos meses.

Las condiciones de Bruselas, a cambio de aprobar el tope al gas, son dos: modificar la tarifa regulada para que deje de internalizar diariamente los resultados de una subasta en máximos desde hace casi un año, y aumentar las interconexiones. Con respecto a lo primero, precisamente el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) es el que permite al Gobierno aplicar la rebaja automáticamente tras la aprobación del tope, pero también el que le ha expuesto a una tormenta política sin comparación en el continente. Ribera ya ha estudiado algunas vías para diseñar un PVPC no solo más estable, también más barato, pero por el momento no ha conseguido el consenso entre los diversos actores.

Con respecto a lo segundo, el acuerdo entre Bruselas y España para mejorar las conexiones, tanto de electricidad como de gas, es parcial. Coinciden en la necesidad; pero no en quién lo debe pagar. La Comisión Europea pidió en la última comunicación que los países hicieran uso de los fondos Next Generation, pero incidiendo en que también deberán arrimar el hombro tanto el capital privado como los propios Estados. Ribera pide que sea Bruselas la que asuma la mayor parte de los esfuerzos, ya que es Europa la que se beneficiaría de un aumento de la capacidad gasística que permita mandar el gas natural que desembarca licuado en los puertos españoles.

Esa será, probablemente, la próxima batalla: pero con el visto bueno de Bruselas se cierra, al menos momentáneamente, el capítulo del tope al gas, a la espera de una reforma estructural del mercado eléctrico que evite que el rally del combustible fósil contagie a todo el sector. La Comisión Europea lo descartaba radicalmente en diciembre y, tras el estallido de la guerra, lo pide. La medida ha terminado siendo menos ambiciosa y beneficiosa de lo planteado al principio, pero establece un "hito", en palabras de Transición Ecológica, a la hora de cuestionar unas normas que, hasta hace meses, parecían incuestionables.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el mecanismo para poner un limite al precio del gas "va a ser igual" en España y Portugal. En rueda de prensa celebrada en el Ministerio, Ribera subrayó que, salvo "algunas diferencias puntuales, las reglas son las mismas" para ambos países, descartando así la existencia de algunas asimetrías, como que en España las prórrogas y las renovaciones de contratos pasaban a compensar el coste de las centrales de ciclo combinado, mientras que en Portugal solo se consideraba como tal la renovación, quedando exentas las prórrogas.

La ministra afirmó que Bruselas ha respaldado "íntegramente" el mecanismo diseñado y trabajado por los equipos de España y Portugal "en los términos en los que fue remitido". Ribera, que reconoció que la aprobación final ha resultado un ejercicio "complicado y técnicamente difícil", valoró que la decisión formalmente adoptada por la Comisión Europea respalda "sin ningún tipo de cambio lo publicado en el Real Decreto-Ley".

Ribera recordó que este tope al gas de una media de 48 euros por megavatio hora (MWh) durante un año para la generación de electricidad, que implica una ayuda estatal de 8.400 millones de euros, permitirá un ahorro a los consumidores españoles de entre el 15% y el 20% de lo pagado en ausencia del mecanismo.

Jasa es un pequeño pueblo, de 100 habitantes, en la comarca aragonesa de la Jacetania. Geográficamente, se sitúa en el valle de Aragüès, en plenos Pirineos. "Estamos rodeados de bosques", cuenta, orgulloso, su teniente de alcalde: la majestuosidad del entorno natural suele dejar prendado al viajero. El municipio es uno de los que se ha lanzado, de mano de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), de la teoría a la práctica de la transición energética: les quedan flecos para inaugurar su propia comunidad energética local. Decenas de vecinos se beneficiarán de energía solar fotovoltaica limpia y barata, sin eléctricas de por medio. Y sin excusas.

La iniciativa del municipio pirenaico pertenece al programa Energía Común, de Ecodes, que está peleando en, por el momento, tres pueblos aragoneses para que despegue el autoconsumo compartido. Biscarrués, en Huesca, ya ha constituido su propia comunidad energética local y anda buscando emplazamiento para la instalación fotovoltaica; en Valle del Hecho, también de la comarca de la Jacetania, celebrará pronto su segunda reunión: "la primera suscitó mucho interés y va adelante", confirman desde la organización.

"No se trata solo de ahorrar dinero o generar energía limpia", defiende Carlos Pesqué, responsable del programa Energía Común. "Es una herramienta para abordar problemas sociales". Las comunidades energéticas locales, como se explica aquí, son una unión de ciudadanos, administraciones y empresas para gestionar su propia electricidad al margen del modelo habitual, en el que grandes empresas actúan como generadoras, comercializadoras y distribuidoras. Puede tomar diversas formas, pero el proyecto de Ecodes es más sencillo –e igualmente valioso–: placas fotovoltaicas que no solamente sirven a una familia o a un edificio, sino a un grupo de vecinos.

El autoconsumo compartido, explica Pesqué, es una forma de "crear comunidad": los vecinos aprenden, se implican y toman decisiones sobre cómo será la instalación y dónde se ubicará, con el asesoramiento de los expertos y la comunicación con los Ayuntamientos. Se pasa de la pasividad a la proactividad: de firmar un contrato con una eléctrica sin entender bien qué se cobra a ser plenamente consciente del origen de la luz que se disfruta en el hogar.

El origen, explica el portavoz de Ecodes, está en el decreto de autoconsumo del Ministerio para la Transición Ecológica que abría la puerta a las instalaciones compartidas. "Vimos que podíamos aprovechar este nuevo recurso para ayudar a las personas en pobreza energética y que tuvieran energía segura y limpia". Pero pronto se dieron cuenta de que la herramienta se podía utilizar más allá del apoyo a los vulnerables: "para fomentar la comunidad en estos núcleos locales", la colaboración entre los habitantes de una España rural que sufre cada vez más los efectos de la despoblación y el aislamiento.

La organización lleva dos años dando charlas y talleres sobre energía en municipios de las tres provincias aragonesas, y esa experiencia les sirvió para embarcarse en esta iniciativa. "Fue muy útil para conocer la percepción de las necesidades en el territorio, para el impulso de estas comunidades energéticas". No ha sido fácil. Hay barreras. En primer lugar, las técnicas: no todas las zonas sirven, hay cascos antiguos de pueblos protegidos por la norma en los que no se puede colocar una instalación fotovoltaica. Pero también hay barreras humanas.

Es difícil que los vecinos se impliquen desde el desconocimiento. "El territorio son muchos territorios. No es lo mismo Biscarrués, que está en una zona turística con más diversidad de población, con gente que vive en grandes ciudades y tiene ahí la segunda vivienda... que Jasa, en mitad del pirineo", explica Pesqué. Los más mayores nunca han oído hablar de una placa fotovoltaica, ni de autoconsumo, por lo que el empoderamiento de estos consumidores es más complicado. Y más, cuando hay dinero de por medio. "Venían a las sesiones informativas y se preguntaban cómo iban a amortizar la inversión, porque decían que, en unos años, a saber dónde estarían", relata.

Ecodes ha trabajado con los Ayuntamientos para reducir la inversión inicial para pagar la instalación y que la transición sea accesible para todos. Pero como explica Javier Belio, teniente alcalde de Jasa, el hecho de compartir hace que el esfuerzo económico inicial sea muy inferior al que se tendría que hacer en el caso de placas unifamiliares. "La estimación es que la inversión es de entre unos 1.500 y 1.800 euros, y se amortiza en cuatro años". Sin contemplar las subvenciones que ofrecen los fondos europeos, y que el pueblo estudia para solicitar.

"Había muchas dudas e incertidumbre ante lo desconocido", confirma el teniente de alcalde. Pero, a fuerza de sesiones informativas y de implicación, las 50 familias que participarán del proyecto y recibirán electricidad limpia de dos instalaciones fotovoltaicas en el pueblo ya saben en qué consiste, cómo funciona y los beneficios. "Nos faltan los últimos retoques", explica Belio, pero pronto echará a andar la comunidad energética local.

La experiencia de Ecodes en el rural aragonés demuestra que la transición energética es posible hasta en los contextos menos apropiados para que se produzca; pero que hace falta una iniciativa que busque, que explique, que enseñe y que convenza. Las herramientas ya existen, no solo en el autoconsumo, también en la gigantesca tarea de la rehabilitación de viviendas o en la sustitución del gas como combustible para la calefacción. Pero la administración tiene que ser proactiva.

Hay efectos del cambio climático que son inevitables. Reconocerlo no es rendirse, es aceptar la realidad: el calentamiento global ya suma un grado en el mercurio y hay efectos que ya están aquí y no se podrán esquivar aunque el planeta empiece a reducir emisiones como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, las olas de calor intensas, inesperadas y adelantadas, como la vivida en la Península Ibérica durante mayo. No basta con cortar las alas al dióxido de carbono, hay que prepararse para lo que viene, como aseguró el panel de expertos de la ONU, el IPCC, en uno de los capítulos de su última revisión. Y no pasa por grandes infraestructuras ni soluciones tecnológicas, sino por más y mejor de lo que ya conocemos: piscinas, parques, árboles, cubiertas vegetales, sombra.

No por un capricho medioambientalista difuso, sino por salvar vidas. La adaptación climática reivindica su sitio este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tras una de las primaveras más extrañas de la historia de España.

En primer lugar, el concepto. Se suele ligar la acción climática a la mitigación: el hecho de evitar más emisiones de gases de efecto invernadero para controlar el fenómeno. Cambiar el coche de combustión por uno eléctrico, presionar a Endesa para que cierre sus centrales de carbón o hacerse vegano. "El patito feo es la adaptación", reconoce el diputado de Más Madrid y experto en políticas climáticas Héctor Tejero; aquí entraría todo lo que se hace para, en un contexto de aumento de temperaturas y de eventos extremos, no solo evitar el sufrimiento sino, incluso, vivir mejor.

Véase: retirar la primera línea de playa porque se nos come el mar, darle más espacio a los ríos para que crezcan en caso de tormenta, o colocar un árbol en una plaza; decisiones urbanísticas que forman parte del amplio espectro del sentido común, y que también son acción climática.

En segundo lugar, los datos.  "Más de un tercio de la población podría estar expuesto a escasez de agua", si todo sale bien y el mundo cumple con sus promesas en el Acuerdo de París en torno a los dos grados de calentamiento, según el IPCC. Los niños que acaban de cumplir 10 años experimentarán un aumento de casi cuatro veces en la probabilidad de sufrir eventos extremos si todo sale mejor que bien y se alcanza la meta de los 1,5 grados. En España mueren, aproximadamente, 1.300 personas al año por olas de calor, aunque la prevención y el tratamiento ha hecho que mejore la cifra; el avance del cambio climático podría hacer que perdiéramos lo ganado.

Según el visor de escenarios de cambio climático elaborado por Transición Ecológica, esta sería la duración máxima de las olas de calor en el escenario más benigno de calentamiento global a partir de 2040: 25 días, con sus 25 noches, en X.

En tercer lugar, las políticas. Ya se escriben muchos, muchísimos planes, estrategias, hojas de ruta, catálogos de medidas sobre adaptación climática en España, tanto a nivel nacional como al más local posible, porque la adaptación climática abarca todos los ámbitos; no se puede hacer una previsión macroeconómica sin tener en cuenta que va a haber menos agua, y no se puede asfaltar un barrio sin pensar en agosto. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2025 cuenta con un plan de trabajo en el que Transición Ecológica dibuja hasta 225 medidas, que abarcan prácticamente todo lo que conocemos como vida en sociedad, porque el cambio climático es así; salud, agricultura y ganadería, costas, ciudades, patrimonio cultural, energía, transporte, turismo, industria, finanzas, educación, seguridad...

Las medidas están dirigidas tanto a aumentar el conocimiento de las administraciones sobre los procesos en marcha (financiando nuevos estudios o implantando nuevos indicadores) hasta lo más concreto: actuaciones de mejora del estado de las aguas subterráneas, creación de la "infraestructura verde" para conectar ecosistemas y mejorar su salud, fortalecimiento del litoral ante la subida del nivel del mar y el aumento de los fenómenos extremos... y mejorar el bienestar en las ciudades. La concentración, el asfalto y los humos las hacen muy vulnerables al cambio del clima. Más del 80% de la población española vive en zonas urbanas, y se calcula que en 2050 llegará al 90%. En 2035, casi un tercio vivirá en Madrid y Barcelona, estima la ONU.

El trabajo por hacer en las ciudades es digno de atención. El efecto "isla de calor", mediante el cual es asfalto retiene el calor durante y lo expulsa durante la noche, hace que los barrios interiores de Madrid (muchos de los más desfavorecidos) sufran hasta ocho grados más que los de la periferia. En Barcelona, la diferencia también llega hasta los ocho, a pesar del efecto suavizador del mar. No hace falta ser climatólogo para intuir que el efecto va a empeorar en los próximos años, en los espacios donde más gente se va a concentrar y que sufren de otras amenazas para la salud, como la cuestionable calidad del aire.

Hay mucho que hacer, en el sentido positivo y negativo de la expresión: son muchos los frentes, y son muchas las oportunidades. Lo principal: cuantos más árboles y más plantas, mejor. En las cubiertas de los edificios, en inmensos parques a los que acudir para refugiarse de las temperaturas, en las calles y plazas. No solo por el efecto de la sombra; está demostrado que bajan la temperatura en las calles y edificios de alrededor. Hay otras opciones más imaginativas. Granada, por ejemplo, estudia un pavimento "permeable", que en caso de grandes tormentas en un escenario de escasez de precipitaciones (lloverá menos, pero lo que caerá lo hará con fuerza), pueda reducir los torrentes y, de paso, almacenar agua de lluvia. El Plan Clima 2018-2030 de la ciudad condal planea utilizar las azoteas no solo para llenarlas de verde, también para poner paneles fotovoltaicos, recoger agua, "socializar su uso" o cultivar alimentos.

Más Madrid propuso hace unas semanas abrir las bibliotecas de par en par en caso de ola de calor, para que la ciudadanía pueda encontrar espacios gratuitos, accesibles y frescos si en la casa, por falta de aire acondicionado o por falta de las reformas energéticas prometidas, sube el mercurio. Tejero explica que su partido tiene una concepción colectiva de la adaptación climática, no individual: no solo se trata de crear espacios para refrescarse, también para encontrarse. De ahí la apuesta por las supermanzanas de Barcelona, de ahí hablar más de parques y menos de árboles: adaptarse al clima es también hacer barrio.

Lo cuenta él. "Hay una parte de adaptarse que es recuperar el espacio público para estar bien". Propone crear "infraestructuras sociales", "palacios del pueblo", donde la vida se haga en común más allá del viaje de casa al trabajo y viceversa. Bibliotecas, parques, pequeños comercios, plazas, bancos. "El proceso ha sido todo lo contrario: que el espacio público sea hostil para que tengas que entrar a los bares a consumir". Muchos acuden a los grandes centros comerciales a echar la tarde al fresco y consumir: "está bien que tengas alternativas públicas a eso".

Y piscinas, aunque suene contradictorio con la lucha climática. No de urbanizaciones privadas, que ya se están viendo afectadas por la sequía en Cataluña; sino públicas, municipales, para todos, donde poder bañarse, estar a gusto y compartir con el vecindario la pelea contra la isla de calor. En Arganzuela 2059, un proyecto artístico realizado en las naves madrileñas de Matadero en 2019 para imaginar futuros mejores, uno de los artistas invitados fantaseaba con la inauguración de una "macro piscina pública" en el barrio. En la siguiente página, dedicada a la distopía, un titular alertaba de que "la ley de racionamiento de agua no afecta a la nueva promoción de urbanizaciones de lujo".

"Lujo público, suficiencia privada", reivindicaba una de las manifestantes imaginadas. Se trata de eso, compartir para resistir y para una vida buena. Muchas ciudades, en base a muchos planes, estrategias y hojas de ruta, están en ello; no hay tiempo que perder porque la crisis climática ya está aquí.

Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia, Euskadi y La Rioja, además de las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), aún no han publicado en sus boletines oficiales las convocatorias de ayudas para la rehabilitación energética de viviendas con cargo a los Fondos de Recuperación. El resto ha publicado alguna de las líneas de subvención, pero no todas las que permite el decreto 853/2021, publicado en octubre del año pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La tardanza no es grosera, pero la urgencia es total: la Comisión Europea ha aumentado sus objetivos de eficiencia con la vista puesta en que cuanto menos calor y fresco dejen escapar los edificios, menos se emitirá y, sobre todo, menos gas ruso será necesario.

Por dinero no va a ser: se trata de la partida más generosamente regada por el Plan de Recuperación español. 2.900 millones al año para una reforma masiva del parque de viviendas español, han sido presupuestados. El 40% de las casas fueron construidas antes de 1980. En verano, necesitan de un equipo de aire acondicionado para mantener una temperatura agradable: y en invierno, una caldera de gas natural, butano o gasóleo para no helarse. El problema es que quien más necesita una reforma menos tiempo y dinero tiene para abordarla, aunque a largo plazo se traduzca en ahorro. Por eso la administración debe tomar la delantera. Por ahora, con calma.

Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia, Euskadi y La Rioja aún no han recogido el decreto de octubre, con conexión directa con los fondos europeos; pero eso no quiere decir que no estén haciendo nada. Varias tienen convocatorias propias: como Euskadi, que tiene el decreto de las subvenciones en base al Plan de Recuperación en proceso de información pública y, mientras tanto, ha anunciado una convocatoria de 38 millones a la rehabilitación: incluyendo, eso sí, las obras para mejorar la accesibilidad y no solo el aislamiento (por ejemplo, instalando rampas y ascensores).

De las que sí han publicado las ayudas, Comunitat Valenciana es la única, por el momento, que ya ha publicado las subvenciones tanto para la rehabilitación de viviendas y casas, que sufragan entre el 40% y el 80% de la obra (el 100% en caso de vulnerabilidad económica), como las subvenciones a los Ayuntamientos para que ejecuten las reformas integrales de barrios enteros, priorizando evidentemente los más envejecidos e ineficientes –donde suele vivir la población de menor renta–.

El decreto también ayuda a las comunidades a instalar las llamadas ventanillas únicas: la fusión de todos los trámites en un solo espacio de burocracia, para evitar que los interesados se ahoguen entre el papeleo. Pero, por ahora, solo Aragón ha recogido la normativa y ha publicado las ayudas al respecto. Andalucía únicamente ha difundido las subvenciones para las actuaciones a nivel de barrio; y regiones como Cantabria, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid o Navarra han sacado en sus boletines oficiales las subvenciones más urgentes, las que permiten los beneficios a edificios y viviendas, pero aún les quedan varios programas por cubrir. Ninguna autonomía ha terminado por completo los deberes.

"Los ciudadanos deben enterarse de que esto es para ellos", para vivir mejor, en mejores viviendas. "Depende de ellos", explica Dolores Huerta, directora de Green Building Council España (GBCe). Sin embargo, los que más necesitan estas reformas son los que menos tiempo, dinero y espacio mental tienen para ejecutarlas, por lo que las administraciones tienen que ser "proactivas" e ir puerta por puerta para convencer a los vecinos de los múltiples beneficios de la intervención, en opinión de Joan Groizard, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el organismo encargado hasta el pasado año de los programas públicos de rehabilitación. Pero, por el momento, solo tres comunidades han sacado las ayudas para implantar las ventanillas únicas y las actuaciones a nivel de barrio, que agilizan y simplifican las gestiones.

Las prisas de la Comisión Europea, que ha pasado su meta de eficiencia energética del 9% al 13% para 2030, cumplen una doble función: una, porque reduciendo el consumo energético, además de acelerar la descarbonización del continente, se acelera la independencia del gas de Rusia. En segundo lugar, porque las casas eficientes, de bajo consumo energético, son las que permiten con mucha más facilidad desprenderse de las aún comunes calderas de gas e instalar bombas de calor. Esta tecnología de calefacción renovable es mucho más útil cuando las viviendas no dejan escapar tanto el calor como el frío; el periodo de amortización se reduce.

Sin embargo, por mucha subvención que se ponga sobre la mesa, el proceso no va a ser sencillo. A largo plazo, la instalación de bombas de calor es rentable; a corto plazo, es una gran inversión, que no suele ser cubierta del todo por las ayudas. "Donde actualmente estamos centrando los mayores esfuerzos es en la introducción de la bomba de calor en la rehabilitación de los edificios. Este es el sector que presenta mayores barreras y que más tenemos que trabajar", confirmaba para infoLibre la responsable de las ayudas del IDAE para esta tecnología, Carmen López.

Huerta es optimista. Antes, era difícil encontrar los llamados "agentes rehabilitadores", los profesionales que se encargan de todos los trámites para facilitar la reforma a comunidades de vecinos o propietarios. Ahora, salen de hasta debajo de las piedras. Hay oferta y la demanda. Falta el último empujón para que el sector, clave en tiempos de guerra y crisis climática, empiece a andar y vuele por sí solo.

La Comisión Europea tiene un problema a la hora de cuantificar y medir los avances de su acción climática; y, específicamente, con la agricultura y la ganadería. Es lo que desprende de la última auditoría del Tribunal de Cuentas europeo sobre los gastos climáticos del club comunitario, que representa prácticamente una enmienda a la totalidad de los cálculos de la Unión Europea. Lo que viene a decir el órgano fiscalizador es que Bruselas no ha gastado el 20% de su presupuesto en luchar contra el cambio climático como proclama, porque muchas de las acciones no han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La brecha sobre lo que se ha vendido y lo que realmente ha aportado, dentro de las cuentas, es de 72.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

Dentro de este cálculo, el Tribunal de Cuentas europeo carga –sin rodeos ni embellecedores– contra la gestión de la Comisión Europea del impacto climático de la agricultura y la ganadería de los 27. No solo considera que se han vendido partidas como reductoras de las emisiones cuando no está demostrado que hayan aportado, sino que las políticas no han funcionado. "La mitad del gasto en clima de la UE está relacionado con la agricultura y la ganadería", explica el organismo, pero "las emisiones de GEI procedentes de la agricultura en la UE no han disminuido desde 2010". ¿Qué está pasando?

Por un lado, hay gastos en el sector primario que se incluyen dentro del presupuesto climático, que contabilizan como la "acción climática" de Bruselas, que no están realmente reduciendo emisiones; y, por otro lado, hay prácticas y acciones que se entiende que generalmente ayudan en la lucha que están aportando poco o incluso son contraproducentes.

El Tribunal de Cuentas distingue entre la agricultura ecológica y las prácticas no consideradas "ecológicas" pero que, en criterio de la Comisión Europea, aportan a la mitigación del calentamiento global. En cuanto a lo primero, al presupuesto dedicado específicamente a reverdecer o a ecologizar (greening, en inglés) las prácticas agrícolas, el impacto es "muy incierto, pero probablemente bajo", porque los requisitos que se exigen para recibir el dinero son coincidentes con las prácticas que ya se llevan a cabo. En cuanto a otras medidas que reciben dinero europeo, o bien no se persigue su incumplimiento, o bien su contribución es "insignificante"; se calcula el nivel de sobreestimación en 17.500 millones de euros en los últimos cinco años.

El Tribunal de Cuentas relata una incongruencia que es inherente a cualquier política climática destinada a cambiarlo todo para que todo siga igual. Los pagos directos a agricultores y ganaderos a través de los diversos mecanismos habilitados al respecto, que consumen casi la mitad de los recursos del bloque comunitario (como los de la Política Agraria Común, PAC) incentivan la producción y por tanto las emisiones.

"Sin los pagos directos, las emisiones de GEI de la UE procedentes de la agricultura y la ganadería serían entre un 2,5% y un 4,2% menores", explica el informe, porque simplemente se reduciría el músculo del sector; sin embargo, tampoco es la solución perfecta, porque los estudios estiman que lo que se dejaría de emitir aquí se emitiría en otras latitudes, si no cambia la demanda del mercado con respecto a su alimentación.

El órgano fiscalizador critica que la Comisión Europea mezcla continuamente la mitigación del cambio climático (la acción para reducir emisiones) con la adaptación al cambio climático, las políticas destinadas a que los efectos inevitables del fenómeno causen el menor daño posible. En cuanto a lo segundo, muchos expertos vienen años advirtiendo de que la agricultura, y en especial los imperios intensivos del sur y el Levante español, consumen más agua de la que van a tener, por lo que hay que reestructurar el sector. Es decir, adaptarlo al nuevo escenario.

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas europeo critica que si bien las ayudas de la Unión Europea "aumentan la capacidad de las explotaciones para hacer frente a choques negativos del cambio climático", esos mismos pagos directos puede hacer que se mantengan las que son "inviables", frenando "los cambios estructurales que podrían ser necesarios para la adaptación". El órgano fiscalizador, en base a la literatura científica, entiende que adaptarse al cambio climático implicará reducir el tamaño y el número de estos negocios; no subvencionarlos en base a unos presupuestos que, además, son calificados por Bruselas como "climáticos" y "verdes".

La lógica de la Comisión Europea que critica la auditoría es parecida a la que, por el momento, está siguiendo España. El Gobierno plantea una reducción del 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector primario en 2050 pero sin restringir el número de instalaciones, como se cuenta aquí. En cuanto a la ganadería, a partir de 2013, explica el Gobierno en su último informe sobre las emisiones, "se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera, siendo las emisiones del sector en 2019 un +8,0% más altas que en 1990". Transición Ecológica asume que es un sector de difícil mitigación y no aspira a descarbonizarlo por completo.

Por otro lado, los impactos de la agricultura y la ganadería en España son cada vez más evidentes, así como la ausencia de un plan concreto para atajarlos y abordar esos "cambios estructurales" que pide el Tribunal de Cuentas. Algunos planes hidrológicos, como el del Ebro, calculan un aumento de las hectáreas de regadío pese a la evidencia de la disminución paulatina de los recursos hídricos en el país y de las advertencias del IPCC, el panel de expertos de la ONU: el sur de Europa será inevitablemente golpeado por la falta de agua.

En la Región de Murcia, los efectos de la agricultura y la ganadería intensivas están en el origen del nuevo episodio de anoxia del Mar Menor, estabilizado en las últimas semanas pero que anticipa un verano complicado; y los regantes, impulsados por los políticos de la zona, piden más agua para sus cultivos mientras el Gobierno admite su retraso a la hora de sacar adelante su estrategia de transición. En Doñana (Huelva), otro ecosistema único está en cuidados intensivos por la presión hídrica de los cultivos que extraen el valioso recurso de los acuíferos, y la derecha ha aprobado recientemente una nueva norma para regularizar hectáreas que se quedaron fuera de la anterior ordenación.

Y, por otro lado, como demuestran los datos más recientes de la Comisión Europea, la alimentación es el ámbito de consumo que acumula más de la mitad de todos los impactos ambientales del lado de la demanda. En cuanto al cambio climático, una sustitución del 25% de proteínas animales por vegetales ayudaría a la acción climática un 15%, calcula el estudio presentado hace unas semanas por Alberto Garzón.

En España no hay una transición ni del agua, ni del regadío, ni de la agricultura, ni de la ganadería, denuncian los activistas que llevan fiscalizando años la gestión hídrica y ecológica del país. A juicio del Tribunal de Cuentas europeo, esos cambios "estructurales" deberían abordarse para que el sector primario reduzca una huella que, por el momento, no ha conseguido reducir.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha cumplido durante este veraniego mayo un año de vida. Una de sus exigencias es la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023. Hemos hecho la cuenta por usted: 149 municipios, de los cuales solo cinco (Madrid, Barcelona, Rivas-Vaciamadrid, Sant Cugat del Vallès y Sant Joan Despí) tienen un área de restricciones contra la crisis climática y la contaminación atmosférica. Algo más de la mitad, 64, recibirán dinero de los Fondos de Recuperación para ello: el Ministerio de Transportes publicó esta semana la resolución. Del resto, aún no se sabe demasiado, aunque aún tienen margen para ponerse las pilas, llegar a tiempo y cumplir la norma.

¿Cómo serán estas zonas de bajas emisiones? Hay una serie de criterios mínimos, publicados por el decreto para el ordenamiento de estas áreas, actualmente en fase de información pública. Tienen que restringir el tráfico, obviamente, y tendrán que utilizar las etiquetas ambientales de la DGT que divide a los vehículos en '0', 'ECO', 'B' o 'C' según lo que emiten, tanto de CO2 (el principal gas de efecto invernadero) como de otros gases que no influyen en el clima pero sí en nuestra salud, como el dióxido de nitrógeno o las partículas.

También deben fomentarse claramente la movilidad peatonal, a bicicleta y mediante el transporte público. Pero poco más. Por lo tanto, las urbes españolas tienen margen y libertad para el diseño que crean más conveniente. En base a las experiencias europeas de ciudades que llevan años con este tipo de políticas, se pueden dibujar, a grandes rasgos, dos tipos de ZBE: el modelo Madrid Central (renombrado Madrid 360 por el Gobierno municipal del PP, aunque muy parecido en sus restricciones), que limita el tráfico en una zona relativamente pequeña, pero a muchos tipos de vehículos. El modelo de Barcelona, sin embargo, es diametralmente opuesto: se extiende a casi toda la ciudad y buena parte del área metropolitana, pero por ahora solo se impide el acceso a los coches sin etiqueta, los más contaminantes.

Cada ciudad es un mundo, pero por ahora el primer modelo, de restricciones duras pero área pequeña, es el que se está imponiendo en la mayoría de las ciudades grandes que están trabajando a contrarreloj en el diseño y la negociación de sus zonas de bajas emisiones. Sevilla, por ejemplo, una de las urbes que más avanzados tiene los trabajos, cerrará el tráfico tanto en el casco antiguo como en el emblemático barrio de Triana, permitiendo el acceso únicamente a residentes, mercancías o visitantes que se dirijan a uno de los aparcamientos públicos.

El ejemplo de Madrid Central demuestra que, al cerrar a buena parte del tráfico en el centro, la contaminación baja en los barrios aledaños y en toda la ciudad. Pero en esta modalidad planea el peligro de que la zona sea demasiado pequeña para tener un impacto real. Así lo cree la oposición al Gobierno municipal de Zaragoza. Su plan aún no se ha hecho público, pero Podemos lamenta que "lo que sabemos nos parece muy poco ambicioso. Apenas una parte del Casco Histórico, con la circulación ya muy limitada en la actualidad pero liberando a residentes y trabajadores de las restricciones", que tacha la iniciativa de "fachada" para cumplir la ley climática.

Palma de Mallorca sigue también el modelo de Zaragoza: el cierre del casco histórico a todos los coches contaminantes de no residentes, que viene a complementar las áreas de circulación restringida (Acire), en la que ya se impide el paso a los vehículos no autorizados para fomentar, sobre todo, el tránsito a pie por el centro. El Ayuntamiento planea ampliar en diversas fases la ZBE atendiendo a las necesidades de movilidad y de lucha contra la contaminación, pero por ahora empezará por el centro de la urbe.

Las Palmas de Gran Canaria, explica su Ayuntamiento, no tiene un centro como tal "como Madrid", compara su concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez; estudia seis pequeñas zonas de bajas emisiones en seis barrios, aunque el Ayuntamiento advierte que solo le dará tiempo a ejecutar uno de los proyectos, el del entorno de Alcaravaneras, antes de 2023, y espera que Transición Ecológica les dé una prórroga. Por otro lado, Córdoba y Murcia, según lo que se ha filtrado a la prensa local, también estudian limitaciones en sus cascos históricos, pero aún no hay nada definitivo ni planteado en serio un año después de la aprobación de la ley climática.

Málaga, Valladolid y Alicante plantean modelos mixtos: unas restricciones duras en algunas zonas muy delimitadas que convivirán con un área más amplia y más laxa. Aunque hay trampas. La capital de la Costa del Sol prohibirá el acceso a todos los vehículos contaminantes en su almendra central y en el barrio cercano del Soho: pero muchas de las calles de esos espacios son ya peatonales, por lo que el tráfico evitado es menor.

"Nuestro modelo no es ni uno ni otro", confirma a infoLibre la concejala de Medio Ambiente del Gobierno vallisoletano, María Sánchez. La ciudad ha modificado su ordenanza, ya en exposición pública, para ampliar las calles incluidas en el borrador; y seguirá un plan progresivo. Por ahora, solo se prohibirá el acceso a los coches sin etiqueta, los más contaminantes. "En 2025 damos el salto a las siguientes etiquetas, B y C, y en 2030 solo podrán entrar los de la etiqueta 0 o ECO", explica. "Seguimos debatiendo y dialogando las distintas excepciones" para comerciantes y residentes, confirma.

Por su parte, Alicante también va a buen ritmo, y ha prometido implantar su ZBE a tiempo, antes de 2023. Contará con dos anillos; uno que incluye solo el centro histórico y otro más amplio. Las restricciones serán progresivas, pero el Ayuntamiento aún no ha decidido exactamente qué vehículos tendrán prohibido el acceso y durante cuánto tiempo.

València y Bilbao son las únicas urbes, de entre las 15 de más población, que estudian un modelo más parecido al de Barcelona que al de Madrid. En el caso de la capital vasca, aún no hay nada decidido, solo la ubicación: los distritos de Abando e Indautxu, que da cobijo y trabajo a 50.000 bilbaínos y 1.600 comercios. En principio, las restricciones afectarán solo a los vehículos sin etiqueta ambiental, aunque se estudia la inclusión de las etiquetas B y C (todos los diésel y gasolina que no sean, al menos, híbridos) o el endurecimiento gradual, como en Valladolid. Por su parte, la ciudad del Turia plantea hasta cinco áreas, de gran extensión, pero con prohibiciones solo destinadas a los vehículos más sucios.

Ninguna ciudad se ha planteado, por el momento, peajes para entrar al centro o tasas de congestión, como hacen urbes como Londres y que han sido barajadas por el IPCC, el panel de expertos de la ONU contra el cambio climático. Y todas están teniendo mucho cuidado a la hora de redactar sus proyectos; aunque el decreto del Gobierno les da más seguridad, ninguna quiere ver sus medidas tumbadas por la justicia, como en Madrid o en Barcelona. Aunque la victoria política es incontestable: de una polémica con tintes nacionales con el despliegue de Madrid Central en 2018 a la implantación de casi 150 Madrides Centrales en 2023.

El pasado lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la nueva serie de estadísticas sobre condiciones de vida en las ciudades, referentes a 2019. Dos municipios almerienses, Níjar y Vícar, dependientes casi en exclusiva de la agricultura intensiva mediante regadío e invernaderos, cierran el ranking con la menor renta neta media anual por habitante: 7.097 euros, en el caso del primero, y 7.634 en el caso del segundo. El desarrollo de la industria hortofrutícola de la zona a partir de la década de los 70, calificado de "milagro" por su eficiencia y sofisticación, no es capaz de evitar estos niveles de pobreza. Como se preguntaba Quique González, ¿dónde está el dinero? Los críticos con el modelo señalan al modelo; y los que sustentan al modelo señalan a la población migrante, buena parte de ella sin papeles y malviviendo en chabolas.

No sorprenden las últimas posiciones de Níjar y Vícar. No es la primera vez que cuentan con el dudoso honor de cerrar la lista del INE. La alcaldesa del primer municipio, Esperanza Pérez (PSOE), escribió una carta al respecto la primera vez que el pueblo apareció en esa posición. Echó la culpa a las deudas de la anterior corporación municipal, al trazado del AVE que les deja fuera para el transporte de mercancías y al precio del agua desalada. "Níjar necesita ayuda. Somos una de las poblaciones que más crece en población, casi al mismo ritmo que nuestras fincas de producción de agricultura ecológica, pero los ingresos que recibimos por habitante en el municipio más extenso de España no dan más de sí", aseguraba por entonces la primera edil.

Otras voces apuntan a que el problema es ese: crecer, crecer y crecer. "Hasta finales de la década de los años sesenta, Almería ocupaba el último lugar entre las cincuenta provincias españolas por su renta per cápita. Hoy ha dado un salto espectacular debido a su sector agrario" se podía leer en El País en 1982. "El crecimiento de la renta agraria en Almería a partir de los años sesenta ha sido realmente espectacular y hasta tildado de milagroso". No fue Dios sino la ciencia, de la mano de la técnica, la que obró el milagro: un nuevo sistema de regadío que aprovecha, literalmente, hasta la última gota, y que se conjuga con el sol y el calor del sur peninsular para convertirse en la huerta de Europa.

Sin embargo, el agua no es infinita y el modelo está agotado, en opinión del ecólogo de la Universidad de Alicante Fernando Maestre, que esta semana reflexionaba en Twitter sobre los datos del INE. "Es un problema complejo porque no es solo económico, ni social, ni ambiental... es todo a la vez". La asombrosa eficiencia del regadío almeriense bajo plástico es parte del conflicto, explica el investigador, en base a la paradoja de Jevons: lo ahorrado no se ha utilizado para hacer sostenible la actividad y gastar menos agua, sino para acabar utilizando más recursos hídricos. Las hectáreas de invernaderos en Almería no dejan de crecer.

Cuando las explotaciones mineras se fueron de la provincia andaluza en los 50 tras quedarse sin recurso que extraer, el milagro del regadío devolvió la actividad utilizando el agua de los acuíferos. Se agotaron. Desde 1998, los invernaderos de Níjar solo utilizan agua desalada. No llueve lo suficiente y los trasvases no llegan a esta esquina de la Península. Y ese agua no es barata. Ya está subvencionada; los agricultores y los políticos almerienses quieren aún más subvención. "El milagro almeriense no podría exportar si el agua desalada no estuviese subvencionada", asegura Maestre.

El modelo, además, es desigual, critica el investigador: la insostenibilidad no es solo ambiental, sino económica y social. Necesita mano de obra precarizada, generalmente migrante, con o sin papeles, que hace desplomarse el indicador del INE. 7.097 euros de renta media, mientras que, según el Anuario Agrícola 2021 de la horticultura intensiva almeriense, el valor de los pimientos comercializados alcanzó el millón de euros. "Es una riqueza que está en manos de unos pocos. Se basa en mano de obra migrante en situación irregular. Una masa de trabajadores muy grande que no cotiza y es economía sumergida", considera Maestre.

Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería y nijareño, niega la mayor: la industria hortofrutícola almeriense no utiliza mano de obra irregular. Los sin papeles, que cifra en unas 3.000 personas, están empadronadas en el municipio pero carecen de ingresos, "si eso alguna peonada suelta", y son los que hacen desplomarse a la estadística. Culpa al "efecto llamada": muchos migrantes, habitualmente africanos, consiguen trabajo en la huerta y atraen a sus familiares y amigos, con la esperanza de un puesto de trabajo en la agricultura almeriense.

Regularizados o sin regularizar, las poblaciones de migrantes en infraviviendas en Almería son una realidad difícil de ocultar, así como su vínculo con la industria hortofrutícola. El voto a Vox, que mantiene en estos municipios andaluces un discurso abiertamente xenófobo, se disparó en las últimas municipales, alcanzando un 25,55%. La situación de marginalidad y exclusión de muchos de ellos hace que sean percibidos como el enemigo para buena parte de la población nijereña.

"Algún día la situación va a reventar", considera Maestre: un modelo que se basa en una profunda desigualdad, que sobreproduce frutas y hortalizas en épocas de falta de demanda porque no puede parar, que utilizó el agua barata hasta que se acabó y que ahora consume agua cara y cuyo plástico contamina el entorno. "El mercado no está regulando nada: maximiza el beneficio a corto plazo" a costa de la insostenibilidad. Para el ecólogo, parte de la solución pasa por más Estado: aumentando los inspectores de trabajo y evitando las situaciones de precariedad.

Para COAG Almería, la solución pasa por más madera: en este caso, más agua. Un recurso hídrico desalado asequible y la posibilidad de utilizar las aguas residuales que se generan en los entornos urbanos. Pero tanto el investigador como el representante de la patronal agraria coinciden en la necesidad de un cambio en la cadena alimentaria que deje más dinero en el lado de la producción: que los intermediarios se lleven menos dinero. El futuro a corto y a medio plazo no es halagüeño, con el encarecimiento de prácticamente todos los insumos. "Somos los primeros eslabones de la cadena; tanto el agricultor como el trabajador. O se paga más o esta situación no va a cambiar".

El pasado 21 de mayo se cumplió un año desde que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se publicó en el Boletín Oficial del Estado. De tramitación alargada y discutida por su ambición, incluía numerosos compromisos de medidas y desarrollos que ejecutar "en el plazo de un año". Y como han denunciado las organizaciones ecologistas y ERC en el Congreso, ese año ya ha pasado y no hay señales de lo prometido. La Estrategia del Agua para la Transición Ecológica es una de las ausencias más llamativas, teniendo en cuenta que las llamadas "guerras del agua", las tensiones sociales, políticas y territoriales por un recurso cada vez más escaso, no solo no encuentran paz sino que parecen estar rearmándose.

"La planificación y la gestión hidrológica deberán adecuarse a las directrices y medidas que se desarrollen en la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica", reza la norma, que añade a continuación que será aprobada por el Consejo de Ministros "en el plazo de un año". El Ministerio liderado por Teresa Ribera ha explicado a infoLibre que la Dirección General del Agua, responsable de este desarrollo normativo, ha estado ocupada con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, que movilizará más de 3.000 millones de euros para modernizar la gestión de los recursos hídricos y evitar el derroche.

Estas mismas fuentes apuntan que la dirección intentará tener la estrategia antes de que termine el primer semestre de 2022 y que en cualquier caso se publicará antes de 2023, teniendo en cuenta que necesita un periodo mínimo de dos semanas de consulta pública.

El problema del agua, en cualquier caso, no es menor, aunque sean demasiados los frentes abiertos. Y en las últimas semanas y meses se ha evidenciado. Los nuevos planes hidrológicos, que tienen que aprobarse a lo largo de 2022 y que marcarán la gestión de los recursos hídricos de cada cuenca, están levantando ampollas, con el trasvase Tajo-Segura como centro de la polémica. El Gobierno espera aprobar un plan que eleva lo que se conoce como el "caudal ecológico" del Tajo: el mínimo de agua que debe circular para la salud de los ecosistemas. Castilla-La Mancha lo celebra mientras que los regantes y políticos de uno y otro signo del Levante español lo lamentan.

Varias sentencias del Tribunal Supremo dan la razón a Castilla-La Mancha a la hora de considerar que el Tajo tiene menos agua de la que necesita; y las directivas europeas obligan al establecimiento de esos caudales ecológicos. Los regantes del Segura aseguran que la medida les deja sin agua para regar y la alternativa, el agua desalada, es demasiado cara para mantener sus negocios. Los ecologistas recuerdan que el cambio climático obliga a España a adaptar su consumo de recursos hídricos, porque se reducirán inevitablemente; y que una agricultura intensiva hipertrofiada, además de hacer un uso insostenible del agua, está degradando espacios naturales como el Mar Menor.

Es en el Mar Menor, precisamente, en donde se encuentra otro de los focos de conflicto: la agricultura intensiva y sus fertilizantes son la principal fuente de presión de la laguna, que en estas semanas se enfrenta a otro proceso de eutrofización, con episodios de muerte masiva de peces. El Gobierno de la Región de Murcia, ignorando las vías principales de entrada de nutrientes, echa la culpa a Ribera y reclama el bombeo de la rambla del Albujón: mientras el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han sido más dudo que nunca, pidiendo al Ejecutivo regional que renuncie a las competencias que no está dispuesto a ejercer.

En los humedales de Doñana no se viven procesos de eutrofización, pero el ecosistema sí que sufre la falta de agua, sobre todo la subterránea que alimenta el sistema. El Gobierno central se ha opuesto con fiereza a la "amnistía" que aprobaron PP, Cs y Vox el pasado febrero, que permite legalizar regadíos que se quedaron fuera del ordenamiento, bajo la promesa de nuevos trasvases que, en realidad, están destinados a liberar el acuífero, según el plan hidrológico vigente. En otros planes hidrológicos, como el del Ebro, se han ampliado regadíos con mucha menos polémica, ante la satisfacción del Gobierno de Aragón, del PSOE, que asegura que ha logrado "rascar" unas hectáreas más frente a la proposición inicial.

Las tensiones con respecto al agua no son futuro, sino presente. Irá a más. El panel de expertos convocado por Naciones Unidas, el famoso IPCC, señaló en su última revisión que la escasez de recursos hídricos será el principal impacto del cambio climático en el sur de Europa. Pese a las últimas lluvias primaverales, el nivel de los embalses está lejos de la media de los últimos 10 años, con las cuencas del sur como las más golpeadas. No hay estrategia para hacerle frente, sobre todo en el ámbito laboral: las dinámicas insostenibles emplean a miles de personas en España.

Hay "transición justa" planteada para la energía o para el automóvil, pero no hay transición hídrica. Por el momento. El Plan de Recuperación español, aprobado antes de la Ley de cambio Climático, preveía la aprobación de la Estrategia "en el primer semestre de 2021", por lo que el Gobierno acaba de inaugurar el incumplimiento de los plazos con respecto a la ley, pero ya lleva más de un año de retraso con respecto a lo estimado en la hoja de ruta para gestionar los fondos europeos.

Otros desarrollos de la ley de cambio climático "en el plazo de un año" aún no se han anunciado, como el reglamento para que las empresas con más impacto calculen y comuniquen su huella de carbono, la "coordinación, seguimiento, evaluación, publicidad, informe y notificación" del inventario nacional de emisiones, o la reforma eléctrica para adaptar el mercado a las nuevas necesidades climáticas; aunque, en este último ámbito, Transición Ecológica no ha pecado precisamente de inacción, con varios decretos y proyectos de ley aprobados o en camino para limitar el impacto de la crisis energética en los más vulnerables.

Este martes, en Consejo de Ministros, se ha cumplido con uno de los compromisos, acelerado por la guerra en Ucrania: el plan de la Administración General del Estado para reducir su consumo. Se fomentará el autoconsumo en los edificios institucionales y se vigilará el uso de iluminación exterior y climatización. Pero, como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica, se trata de una medida urgente incluida en el plan de respuesta al conflicto; Ribera trabaja en un plan "estructural", que se aplicará con o sin urgencias energéticas para desengancharse de Rusia.

"Decadente". "Desastrosa". La línea Ferrol-Irún ha sido escogida por los activistas del ferrocarril para reactivar las movilizaciones por un tren "público, social, ecológico, eficiente y sostenible" en el conjunto del país. Su funcionamiento, a juicio de los ecologistas, sindicalistas y demás organizaciones que han confluido en la convocatoria, merece esos calificativos; y su estado sirve para ejemplificar los problemas que tiene España con su red ferroviaria, tan clave en tiempos de transición ecológica urgente como abandonada durante años de apuesta exclusiva por la alta velocidad.

Este jueves ha arrancado en la Estación de la Concordia de Bilbao la movilización de las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran ecologistas, sindicatos y asociaciones de defensa de lo público. La protesta tiene forma de viaje por lo que se denomina el "corredor transcantábrico": saldrán de la ciudad vasca y pasarán por localidades como Santander, Oviedo, Gijón o A Coruña, hasta acabar en Ferrol. Por el camino, los activistas protagonizarán charlas y encuentros para defender un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta.

"Reivindicamos el ferrocarril como uno de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones; eje de una movilidad sostenible y multimodal que contribuye tanto a la construcción de ciudades más habitables como al equilibrio del conjunto del territorio, especialmente las zonas rurales, garantizan la accesibilidad al conjunto de las personas y colectivos independientemente de sus condiciones y localidad", se puede leer en el manifiesto. Y el tren que va de Ferrol a Irún no cumple esos criterios; no funciona. La línea, de ancho de línea métrica y gestionada por la empresa pública Feve hasta su absorción por Renfe y Adif en 2013, sufre de continuos retrasos y accidentes por la falta de mantenimiento, denuncian los activistas.

"Las líneas han sido descapitalizadas en medios materiales y en personal, y se encuentran en una situación caótica. La inevitable derivada ha sido una reducción alarmante del número de viajes efectuados en estos trenes. El transporte de mercancías por la línea transcantábrica es víctima de una nefasta gestión y las toneladas transportadas han descendido en picado en muy pocos años", aterriza el manifiesto. La razón: los Gobiernos españoles llevan años descuidando la inversión y el mantenimiento de la red de ferrocarril convencional mientras mimaban el AVE. El Ejecutivo español ha prometido revertir la tendencia. Pero los activistas desconfían.

"El Ministerio [de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana] no tiene una política realmente decidida y ambiciosa" para rescatar el tren convencional, apunta –y dispara– Pablo Muñoz, de Ecologistas en Acción. Hay un plan, eso sí. Concretamente, la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria, a aplicar entre 2021 y 2026, y que reconoce tanto el abandono de la línea convencional como la necesidad de rescatarla. "Se propone un importante aumento de la dotación presupuestaria dedicada a la renovación y al mantenimiento de la totalidad de la red, siempre siguiendo criterios de sostenibilidad y racionalización de recursos". El 50% de las inversiones se destinarán a ello, y el resto, a ampliar la red actual, "esencialmente de alta velocidad".

José Luis Ordóñez, de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, no se lo cree. Son demasiados años de deficiencias. "Hay fallos tanto por parte de Adif, por no mantener las vías, no mejorarlas, no actualizarlas... y por parte de Renfe, por no tener ni buenos vehículos ni buena gestión como empresa ferroviaria. Ha tenido que suspender muchas veces servicios, teniendo tren, por no tener maquinistas".

Estas carencias, explica, afectan al día a día de los usuarios de la vía y los potenciales usuarios, que terminan descartando el tren como medio de transporte habitual porque los viajes rutinarios necesitan la fiabilidad de que no vas a llegar tarde al trabajo, a la escuela, al médico. "Es una necesidad imperiosa para las actividades del día a día. Y es imprescindible para el futuro. Hay que quitar coches de la carretera", añade Ordóñez. "Y camiones": la cantidad de mercancías trasladadas mediante la línea Ferrol-Irún no deja de decaer.

Muñoz apunta también a otro motivo para la desconfianza: los planes de Adif, por ahora, son contrarios a sus intenciones. A finales de abril, la emprea pública que gestiona la infraestructura ferroviaria anunció el cierre definitivo de la línea entre Utiel y Cuenca, argumentando "falta de rentabilidad económica y social". El servicio dejó de prestarse tras los efectos de la borrasca Filomena, a principios de 2021; y se puso un autobús sustitutivo que es el que sigue conectando las localidades.

"Teníamos un diagnóstico completamente diferente: era una línea absolutamente recuperable a un coste menor del que se esperaba", considera Muñoz, que lamenta que una empresa pública utilice criterios de "rentabilidad" sobre un servicio esencial que aporta a la transición ecológica.

La movilización en la vía del Norte es el primer paso, explican los activistas por un tren digno, para un nuevo otoño caliente de reivindicaciones ferroviarias a semejanza de lo que se hizo en 2021: manifestaciones locales que, posteriormente, confluyen en una gran marcha en Madrid. Ordóñez y Muñoz coinciden en que las protestas se centrarán, además de en la línea Ferrol-Irún, en la mítica Vía de la Plata, conectada por tren hasta 1985, cuando se dejó fuera de servicio el tramo Astorga-Plasencia.

La mecha que ha prendido en el norte parece haber espoleado a los activistas de otros territorios. "Recuperar la Vía de la Plata de Sevilla desde Asturias hasta Andalucía pasando por Castilla y León además de Extremadura ya ha dejado de ser una bandera de cuatro antiguos a los que nos miraban raro. Se está poniendo de moda", declaró este jueves el coordinador de IU Extremadura, Joaquín Macías, en un acto junto a CCOO.

Los esfuerzos de la Comisión Europea y del Ministerio de Transportes con respecto al tren, como dejó claro en su capítulo del Plan de Recuperación, se centran en los corredores: las líneas de tren que deben estar listas antes de 2031 para conectar a la Península Ibérica con el resto de Europa y fomentar el transporte de mercancías.

El Corredor Atlántico partirá de Oporto y Lisboa y, visitando Madrid y Valladolid, termina su tramo peninsular en Irún para adentrarse en Francia; y el Corredor Mediterráneo pasará por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía con privilegiadas vistas al mar que le da nombre.

Justo la línea Transcantábrica y la Ruta de la Plata se quedan fuera de estos planes; y es en lo que se centrarán los activistas en 2022. Ordóñez dice que la línea Ferrol-Irún no solo tiene que mejorar en frecuencias y recursos: tiene que rehacerse de nuevo, abandonando el ancho métrico, para ser compatible con los trenes que recorren Europa y que transportan mercancías y gente. En definitiva, que el tren sea la mejor alternativa para la corta, media y larga distancia, por ser el medio de transporte más ecológico, al margen de rentabilidades.

Gobierno y comunidades han decidido posponer este jueves la votación sobre el nuevo modelo asistencial de las residencias de mayores, los centros de día y los especializados en personas con discapacidad. No se ha logrado el acuerdo que se esperaba en el Consejo Territorial. El Ministerio de Derechos Sociales, que ha llevado la iniciativa, defendía un acuerdo "histórico" que permitía impulsar un sistema basado en los "apoyos y cuidados" y en "los derechos de las personas en situación de dependencia, que reconoce la singularidad de cada persona, respetando su voluntad, sus preferencias y su estilo de vida". Sin embargo, a última hora, Ejecutivo central y regiones han decidido emplazarse a una nueva reunión, y el gabinete de Ione Belarra defenderá posiciones más ambiciosas.

Las organizaciones de familiares habían tachado el resultado de "una decepción enorme": el texto resultante que estaba sobre la mesa, pese a ser evidentemente mejor que el vigente de 2008, es mucho más pobre, a su juicio, que los primeros borradores. Ahora se abre un nuevo margen de negociación en el que el Ejecutivo central, explican fuentes de Derechos Sociales, peleará por una mejora en los ratios de trabajadores, el número de habitaciones individuales y el de espacios de convivencia.

El "nuevo modelo de centros residenciales" que defiende el Gobierno y que busca consensuar con las comunidades y la patronal busca garantizar la dignidad de los usuarios, respetando su intimidad, su acceso a los servicios públicos, su contacto directo con las familias y con otros residentes y una asistencia adecuada, con unos espacios que "se asemejen en todo lo posible a un hogar". La pandemia ha demostrado que no solo mata el covid: también la falta de atención, cuando no la directa dejación. Y también la soledad.

Así, el último texto sobre la mesa, que no ha salido adelante, defendía que, en cuanto a las residencias, las nuevas construcciones "no podrán superar las 75 plazas" cuando se encuentren en zonas rurales, 90 en zonas "de densidad intermedia" y 120 en ciudades o espacios densamente poblados, para garantizar una atención adecuada. Los centros que se empiecen a edificar tras la adopción del pacto dispondrán de, al menos, "el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble", según la propuesta.

Los residentes, explica el documento, tendrán derecho a decorar a su gusto las habitaciones, a la elaboración de un "plan de vida" que tenga en cuenta su contexto, su historial, sus necesidades y sus deseos; a la participación de las familias no solo en su día a día sino en la gestión del centro; y se pondrá fin a las sujeciones, físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. "No curan, no ayudan a un diagnóstico, no son terapéuticas, ni un modelo de intervención ético", explican fuentes de Derechos Sociales. Todas las residencias tendrán que acabar con estas prácticas en un plazo de tres años y formar a sus empleados para que nunca más sean una alternativa, defiende la propuesta.

También se mejoraría la comunicación entre el sistema sanitario y la red de residencias, se busca instaurar un nuevo "sistema de evaluación de calidad" y se defiende mejorar la coordinación entre los distintos servicios de apoyo en caso de la atención a domicilio, fuera de los centros asistenciales, entre otros avances. Las carencias del texto que ahora se reevaluará, en opinión de las organizaciones de familiares, se centran en las garantías de que esos principios se cumplen efectivamente: los recursos materiales que se exigen a las empresas que prestan estos servicios.

En la cuarta propuesta, puesta sobre la mesa a mediados de febrero, Derechos Sociales defendía que las comunidades debían establecer un mínimo de un inspector por cada 25 centros, en vez de por cada 30, según la propuesta inicial. El último texto eliminó la cifra concreta: solo se exigía a las comunidades "servicios públicos de inspección suficientemente dotados".

Las ratios de trabajadores mínimas exigibles por cada residente también ha sufrido vaivenes en la negociación. El primer documento establecía, en cuanto al personal de "atención directa de primer nivel" (cuidadores o gerocultores), una relación de 0,33 profesionales por cada mayor dependiente y de 0,42 por cada persona con discapacidad a partir del 1 de enero de 2023. En el último documento se quedó en 0,31, en el primero de los ámbitos, exigible a partir del 31 de diciembre: un año más de margen. En el documento de febrero, Derechos Sociales defendió un ratio de 0,35 para estos empleados.

Ahora, el Ministerio dirigido por Ione Belarra, ante la falta de acuerdo con los Gobiernos autonómicos, volverá a contraatacar. "El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes", explican desde el Ejecutivo central.

Las exigencias de plazas máximas para cada centro también se descafeinaron, pero el gran cambio se produjo en uno de los primeros borradores: las residencias ya acreditadas no tienen, según el último documento, la obligación ni de contar con un máximo ni de adaptar sus estancias para garantizar la dignidad, la intimidad o la atención de calidad. La mayoría de usuarios se quedan fuera. El texto inicial, además, no incluía un porcentaje de habitaciones habituales: se asumía que todos los centros debían garantizar ese derecho a todos los residentes. Tras la ruptura, Derechos Sociales insistirá en la negociación para que se mejore el porcentaje del 65% y se garanticen más espacios de convivencia entre los mayores.

Las organizaciones de familiares eran muy críticas con el texto que ha estado cerca de convertirse en el acuerdo final. "El Gobierno central se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los gobiernos autonómicos que, en definitiva, han actuado como mera correa de transmisión de las patronales más importantes", valoraba este martes Paulino Campos,  portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.

Calificaban el acuerdo planteado de "catástrofe" por las ratios insuficientes, la falta de inspectores mínimos, el número máximo de plazas, el porcentaje de habitaciones individuales, la falta de formación del personal de enlace con el sistema sanitario público, la tardanza de tres años en eliminar las sujeciones y una normativa para los órganos de representación de familias y usuarias que insta a los centros a contar con su opinión, pero que no obliga a nada. El Gobierno no ha logrado un consenso con las comunidades autónomas y sigue lejos de satisfacer a los familiares, que han sufrido en primera persona la crueldad de la pandemia de covid-19 con los más mayores y las consecuencias de los protocolos sanitarios que les dejaban fuera.

Hay una tercera vía para calentar las casas en el próximo invierno, que será duro, al menos en el ámbito geopolítico. Las instalaciones más comunes son los radiadores eléctricos, de instalación barata pero poco eficientes y bajo un mercado de la luz también tensionado, o bien las calderas de gas natural, más comunes en el centro y norte de la Península, que consumen un combustible contaminante, emisor y del que la Unión Europea quiere desengancharse. Las bombas de calor, que disfrutan solo el 5% de los españoles, son la gran alternativa, según autoridades europeas, internacionales y expertos: pero queda mucho camino por recorrer y no tenemos tanto tiempo.

Una bomba de calor se basa en una tecnología que, a partir de un uso reducido de la electricidad, consigue calentar estancias enteras, o enfriarlas, mediante el uso de la aerotermia y la geotermia: extrae aire caliente del exterior para introducirlo en el interior, cuando se utiliza de calefacción, y al contrario cuando se necesita para refrescar la estancia. Con un consumo, en condiciones óptimas, del 30% de la electricidad que necesita un radiador convencional y sin quemar gas natural. Suena bien, pero hay un gran pero, además del desconocimiento: sus costes iniciales.

La Comisión Europea, a través del plan RePowerEU para avanzar en la transición ecológica y desconectarse de Rusia, ha propuesto 2029 para el fin de la venta de calefactores basados en combustibles fósiles. Y la financiación pública (dentro de rehabilitaciones, por ejemplo) para instalar esas calderas estará prohibidas en 2025. Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 13%, frente al anterior 9%, por lo que no servirá solamente prohibir, sino transformar lo existente. Países Bajos ha sido el primer Estado miembro que ha dado un paso adelante tras el impulso del Ejecutivo comunitario. Prohibirá la nueva calefacción a gas a partir de 2026 y obligará a la instalación de bombas de calor en su lugar. En España, por el momento, no se plantea nada similar.

"Donde actualmente estamos centrando los mayores esfuerzos es en la introducción de la bomba de calor en la rehabilitación de los edificios. Este es el sector que presenta mayores barreras y que más tenemos que trabajar", explica la jefa del departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía del Ambiente del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Carmen López. "En la nueva construcción la bomba de calor está entrando fenomenal, la barrera es la rehabilitación", insiste la responsable del organismo, dependiente de Transición Ecológica.

Las ventajas son múltiples. "Principalmente, el ahorro económico y energético, pero también la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, la posibilidad de cancelar el contrato de gas y unificar en el de electricidad todos los consumos de una vivienda, el beneficio de ligar la bomba de calor a una instalación de autoconsumo con fotovoltaica...", enumera López. Pero son instalaciones muy costosas, que lleva tiempo amortizar. En el sector servicios, la amortización se consigue entre los seis y los ocho años. Pero para el consumo residencial la cifra se dispara. "Es cierto que puede resultar alta cuando los consumos son bajos, por ejemplo, en pisos individuales o unifamiliares", asegura la responsable del IDAE.

Con el objetivo de bajar el número, el IDAE ha puesto en marcha una línea de ayudas para la instalación de bombas de calor gracias a los Fondos de Recuperación. Sin embargo, hay dos principales carencias en el programa. La primera: no está destinado a individuos, sino a empresas. Tanto para hacer más eficiente el negocio como para que se incluyan en los servicios de reforma y rehabilitación que se ofrecen; sin embargo, no hay subvención para el consumidor de gas que por su cuenta y riesgo quiera descarbonizar la calefacción de su vivienda.

En segundo lugar, son las comunidades autónomas las que deben gestionar el programa. Y solo Andalucía, Galicia y Euskadi han publicado ya las ayudas en sus boletines autonómicos. El IDAE, de hecho, no tiene constancia de que Cataluña y Comunitat Valenciana hayan aceptado la subvención. En esta web se puede comprobar el acceso al dinero por parte de las comunidades que ya lo han puesto en marcha.

Las bombas de calor se encuentran con los mismos desafíos que otras herramientas de la transición ecológica, como el autoconsumo o la rehabilitación energética de viviendas: la clase baja, la que más necesita estas reformas, a la que le viene mejor ahorrar a largo plazo, carece en muchas ocasiones de la capacidad económica o el espacio mental necesario para afrontar las obras, que suelen ser incómodas y que requieren de papeleo. Así lo reconocía a este periódico Joan Groizard, el director general del IDAE. "Hay que llegar y todavía nos falta trabajo. Para eso, además, hay que trabajar mucho con el tercer sector, con gente que trabaja con familias en situaciones de vulnerabilidad, que conoce las dinámicas". 

El último decreto sobre eficiencia energética, que movilizaba 2.900 millones de euros para rehabilitación de viviendas, prevé la creación de ventanillas únicas: canales de interlocución burocrática en los que hacer todos los trámites en un solo lugar. Pero no basta. Lo admite Groizard: la administración tiene que ser proactiva. Los deberes energéticos de España están por hacer.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es mencionada un total de 21 veces en el decreto del pasado viernes mediante el cual el Gobierno pretende topar el precio del gas en el sistema eléctrico. No es casualidad. El Gobierno, a semejanza de otros Ejecutivos europeos, se está apoyando en la autoridad reguladora para atar en corto a las empresas energéticas, en su intento de intervenir un mercado que, pese a todo, sigue siendo libre. Sus funciones recogidas por ley antes de la medida ya ayudaban a evitar los abusos; ahora, el organismo liderado por Cani Fernández tiene aún más responsabilidad en la respuesta al alza de precios. Y más recursos: un 20% de empleados en el área de Energía entrarán "a corto plazo", según aseguran fuentes del regulador.

No es una rara avis en Europa. Los reguladores europeos están plenamente implicados en las políticas contra la crisis. En Alemania, la llamada Bundesnetzagentur está protagonizando los esfuerzos para reducir la demanda de gas del sistema, ante la preocupación por el suministro durante el próximo invierno por las amenazas de Rusia; en Francia, la CRE ha iniciado un proceso sancionador contra la principal empresa, EDF, por abuso de su posición dominante –a pesar de ser pública–, y en Portugal y en Italia los organismos son los encargados de dictaminar los precios de las tarifas reguladas, con las que los consumidores más vulnerables pueden protegerse del temporal.

En España, será la CNMC la encargada de comprobar que las eléctricas no hagan trampas con el tope al gas. El mecanismo prevé una compensación para las centrales de ciclo combinado, a cambio de limitar las ofertas que hacen en la subasta y, así, bajar el precio para todos. Y para que eso tenga sentido, Competencia vigilará que las generadoras no comunican unos precios del combustible más altos de lo que realmente pagan, además de fijar la cuantía de esas ayudas. Una tarea hercúlea, en opinión de los expertos; revisar cada comunicación de las empresas en búsqueda de posibles irregularidades e intentos de inflar los costes.

"Es evidente que las nuevas funciones son intensivas, por la dimensión material de la tarea. Hay que analizar miles de contratos. Alguien tiene que fiscalizarlo", explican fuentes del regulador, que aseguran que el Ministerio de Asuntos Económicos, de quien depende la CNMC a pesar de sus labores energéticas, prevé un refuerzo del 20% a corto plazo en los empleados del área de Energía, que actualmente suman unos 110. A largo plazo, estas mismas fuentes opinan que sería necesario un refuerzo de hasta el 40%, porque las labores de control del sector eléctrico van a seguir siendo arduas en los próximos años.

Pero además de lo recogido en el decreto publicado el pasado sábado, la CNMC tiene la obligación de supervisar las conductas de las empresas que operan en mercados regulados, tramitando procedimientos sancionadores que, en teoría, sirven para disuadir a los incumplidores; aunque las grandes eléctricas suelen recurrir ante el Tribunal Supremo para retrasar la multa, tumbarla o reducir su cuantía, como suele pasar. Competencia vigila una práctica habitual: que las comercializadoras cambien a los clientes de tarifa o de empresa sin lo que se conoce como "consentimiento informado". Es decir, sin que los consumidores no solo den su ok sino que obtengan información clara y veraz sobre lo que están haciendo.

La última multa fue de 310.000 euros a una comercializadora, Luvon Energía. Su antecesora, Inserimos Energía, fue inhabilitada en 2019, por lo que los clientes fueron trasladados a una "comercializadora de referencia", es decir, una de las grandes (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol), que son las únicas que pueden ofrecer la tarifa regulada, Luvon se dedicó a llamarles ocultando lo que había pasado y consiguiendo, así, que muchos consumidores volvieran a contratar sus servicios.

La autoridad reguladora está especialmente pendiente de los cambios de la tarifa regulada, donde los precios son dictaminados por un mecanismo habilitado por el Gobierno y transparente, al mercado libre, donde cada comercializadora ofrece lo que considere. Muchos de estos contratos son más baratos que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el recibo intervenido, por la escalada del mercado mayorista de los últimos meses; otras siguen siendo más caras de media. Las grandes eléctricas nunca han disimulado su interés de trasvasar cuantos más clientes mejor de una modalidad a otra para aumentar sus márgenes de beneficio, en los últimos meses ofreciendo promesas de estabilidad ante los vaivenes del pool.

La CNMC está "velando" porque esa estabilidad sea real y porque esos traspasos sean legales. Hay dudas sobre el consentimiento informado en casi el 5% de los cambios entre junio de 2019 y junio de 2020, según el último informe. El trabajo se intensifica porque el paso de clientes de una modalidad a otra está más en boga que nunca, con un 37% de mudanzas en 2021, probablemente debido al encarecimiento de las tarifas y la pérdida de atractivo del PVPC.

En abril, y como prueba adicional de que el trabajo se está intensificando, el organismo presidido por Cani Fernández publicó una guía para ayudar a los consumidores a saber si los aumentos de tarifa de las comercializadoras, comunes en estos tiempos de crisis, se adecuaban a la norma. En líneas generales, los incrementos deben avisarse con un mes de antelación y sin letras pequeñas en el recibo que intenten ocultar el golpe; de otra manera, los clientes tienen derecho a una indemnización. Sin embargo, las eléctricas han amenazado durante las últimas semanas con subirlas sin avisar como respuesta al tope al gas, ateniéndose a las condiciones que ponen muchas de estas tarifas: si hay "cambios regulatorios", pueden hacerlo. Así lo confirmó Competencia, sin meterse en el jardín de considerar si la compensación a las centrales de gas entraba en esta categoría: el Gobierno no lo considera así.

A pesar de que el Ejecutivo ha librado a las comercializadoras del mercado libre y a los contratos a largo plazo de pagar por el tope al gas, disipando la amenaza de esta subida de tarifas, las eléctricas batallarán en los tribunales; y, como apunta El Mundo, podrían hacerlo señalando directamente a la CNMC y sus cálculos de cuánto tiene que abonar cada eléctrica por la intervención en el mercado. Todo indica que la batalla seguirá durante meses, si no años, aunque finalmente se active el tope gracias a la "excepción ibérica".

Y, por si fuera poco, es la CNMC también la encargada de cuantificar, en base a las liquidaciones periódicas, los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas que el Estado detrae en base a la normativa actual. Hace unas semanas publicaron la primera cifra: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

Los reguladores del mercado eléctrico en Europa cumplen una función esencial similar: proteger a los consumidores ante los excesos del sector. Pero los márgenes de maniobra y las prioridades son distintas, porque la situación de los países dentro de la UE es diferente, aunque algunos retos son comunes. En Alemania, la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes, en español) está muy preocupada por la seguridad de suministro de gas natural, siendo uno de los países con mayor dependencia del combustible importado de Rusia. Su presidente, Klaus Müller, es claro: "El consumo de gas debe reducirse tanto como sea posible. En cada industria hay oportunidades para la eficiencia, las cadenas de producción se pueden controlar. Todos deberían mirar en su vida cotidiana para ver dónde pueden ahorrar gas".

Müller, pese a presidir una agencia independiente del Ejecutivo, no duda en alabar los esfuerzos del Gobierno alemán para capear la situación. Su organismo fue el que asumió el control de Gazprom Alemania para garantizar, por el momento, el suministro. "Es fundamental para asegurar el suministro de gas para Alemania y Europa. Lo más importante es continuar estabilizando la empresa y así evitar una amenaza para los suministros de gas alemanes. Nuestro papel como fideicomisarios conlleva una responsabilidad que nos tomamos muy en serio", declaró en una entrevista para la propia web del organismo.

En Italia, es la ARERA (Autoridad de Regulación de las Redes de Energía) la que fija los precios de la tarifa regulada cada trimestre, en base al comportamiento del mercado pero también con un grado de independencia notable: no solo bajó las tarifas del recibo intervenido en marzo, sino que bajó los peajes del mercado libre. "Ante la mayor responsabilidad de verificación y control que se le atribuye, la Autoridad ha decidido adoptar medidas extraordinarias a favor de los consumidores, tanto para el mercado protegido como para el libre", declaró su presidente, Stefano Besseghini. En España, en PVPC se fija diariamente, y las decisiones sobre su diseño pertenecen al Gobierno.

En Francia, la Comisión de Regulación de la Energía, CRE (siglas en francés) también anima a los consumidores a reducir su consumo. El país galo está pasando por dificultades adicionales: habitualmente independiente del gas ruso para generar electricidad, la parada de varias de sus centrales nucleares por problemas técnicos está aumentando la necesidad de quemar combustibles fósiles en el peor de los momentos. Igual que en Italia y en Alemania, el regulador francés se moja más que su homólogo español: por ejemplo, su presidente, Jean-François Carenco, se ha mostrado a favor de la construcción de nuevas instalaciones de gas natural licuado y de la simplificación de los trámites para nuevos proyectos renovables.

Los vecinos franceses, para disgusto de la Comisión Europea, concentran parte de la generación y la comercialización eléctrica en una única empresa pública, EDF. A pesar de esa singularidad, el regulador del mercado eléctrico galo no duda en sancionar a la compañía si considera que sus actuaciones son contrarias a la libre competencia. El pasado 3 de mayo, la autoridad impuso una multa por utilizar información privilegiada para manipular el mercado eléctrico mayorista. En octubre de 2016, en un contexto de precios elevados, la empresa ocultó la indisponibilidad de varios reactores nucleares de su propiedad.

Los reguladores en Europa, agrupados a través de la plataforma ACER, no son proclives a la intervención ibérica en el mercado eléctrico y, en base a su último informe, creen que el diseño del mercado mayorista es el adecuado para garantizar el suministro y el funcionamiento del sistema. Pero, a su vez, deben proteger a los consumidores y evitar los abusos de las grandes compañías; y la tarea se acumula en estos tiempos de guerra e inflación.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no se da por vencido. Tras ser el blanco de críticas en enero, tanto desde fuera de su Gobierno como desde dentro, por señalar los perjuicios de la ganadería intensiva en el país, el también coordinador general de IU y su equipo han seguido trabajando para evidenciar la insostenibilidad del modelo. Este viernes ha presentado el informe Sostenibilidad de Consumo en España, con una conclusión muy clara: la manera más eficiente de frenar las múltiples amenazas ambientales, desde el punto de vista de los hábitos diarios, es cambiar de dieta. Más que cambiar de coche.

Los datos en bruto no provienen, en realidad, del trabajo del Ministerio de Consumo. Los ha obtenido la Comisión Europea, que lleva años ofreciendo información del impacto medioambiental del consumo del club comunitario, tanto de ciudadanos como de empresas. Lo que ha hecho el gabinete de Alberto Garzón –y es el único país que lo ha hecho– es trabajar con Bruselas durante dos años para extrapolar la información al contexto español y obtener lo que el informe denomina "huella de consumo de España". La alimentación, con un 52,1%, es el área de consumo que más daño hace a la atmósfera, el agua o los ecosistemas.

El impacto de la alimentación, explican fuentes de Consumo, es derivado mayoritariamente del excesivo consumo de carne, sobre todo de carne roja. Y este indicador es un 26% superior al daño medio de este ámbito en la Unión Europea. Los datos de Bruselas indican que España tiene mucho margen en esta parcela. Por detrás se quedan el impacto de la movilidad (17,1%), el de la vivienda, incluyendo la calefacción y los gastos derivados de un aislamiento pobre (16,2%), los "bienes del hogar", donde se incluye, por ejemplo, la ropa (9,6%), y los electrodomésticos (5,1%).

Dependiendo del impacto, el margen de mejora es mayor en unos ámbitos u otros. Por ejemplo, en lo que respecta exclusivamente al cambio climático, el impacto de la alimentación se reduce hasta el 45,7%, frente al 25% de la movilidad. Las presiones de la vivienda afectan mayoritariamente a la eutrofización del agua dulce, el proceso de contaminación por exceso de nutrientes que acaba con la vida de los ecosistemas húmedos, mientras que el modelo de agricultura y ganadería intensiva afecta a la eutrofización marina, como la que está asfixiando el Mar Menor en un 79,6%. En la gran mayoría del total de 16 impactos analizados, como la acidificación, la presencia de tóxicos y cancerígenos, la contaminación atmosférica y el uso del agua, el ámbito de la alimentación es el que más contribuye a la degradación.

Como ha explicado una de las autoras del informe, la investigadora del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea Esther Sanyé-Mengual, el impacto de actividades como la agricultura o el turismo masivo ha provocado que los impactos sobre el agua dulce sean seis veces mayores en España que en Europa. Pero no solo porque consumamos demasiado, sino porque tenemos demasiado poco recurso hídrico: "El modelo" desarrollado por los analistas del Ejecutivo comunitario "considera la escasez de agua en el territorio". En resumen: España es muy vulnerable, mucho más que el resto de continente, a la falta de agua y su modelo alimentario está agravando el problema.

El estudio diferencia, de manera pionera en el país, entre la huella de consumo, el impacto de lo que consumimos, y la huella interior, que mide, en resumen, los impactos de lo que se produce solo dentro de nuestras fronteras; sin contar, por ejemplo, el pienso que proviene de la selva amazónica para alimentar el ganado o las emisiones derivadas de la extracción del litio que necesita la batería del móvil. Y mientras que la huella de consumo española no ha hecho más que aumentar tras la caída generada por la crisis económica de 2008, la huella interior se ha estabilizado desde 2012 a 2018: fruto de la deslocalización. Los daños que se producían antes en el territorio ahora se producen fuera, pero ciertos fenómenos, como el del cambio climático, están interconectados y la atmósfera no entiende de lindes.

La buena noticia es que, si bien la alimentación es el sector de consumo de más impacto, es por lo tanto el que mayor margen de mejora disfruta. Los cálculos de Consumo estiman que, con una reducción del 50% del consumo de carne y su sustitución por productos de origen vegetal, se reducirían entre un 30% y 40% los impactos ambientales, destacando la mejora en indicadores como el de la toxicidad, el cambio climático o la contaminación. Aunque la mejora en el uso del agua sería mínimo o inexistente por los daños de una agricultura intensiva y atrofiada. Además, destaca el informe, "la mejora de la eficiencia en productos como neveras, lavavajillas, lavadoras o televisores puede contribuir a disminuir diferentes impactos hasta en un 11%". La reutilización y el reciclaje se suelen llevar más focos y titulares, pero el margen es más escaso: un aumento de estas labores dentro de la economía circular solo aspira a disminuir la huella hasta un 5%.

Fuentes del Ministerio de Consumo hacen hincapié en que no hacen falta grandes sacrificios, esfuerzos, renuncias o prohibiciones: la vuelta a una dieta mediterránea de verdad –no la propagandística–, con más peso de frutas, verduras, legumbres y pescados en línea con las recomendaciones de las autoridades nutricionales, nos aportaría unos ecosistemas y unos cuerpos más sanos. No se trata únicamente de cuidar la naturaleza sino de garantizar el futuro y vivir mejor. Aun así, la batalla política, como se ha demostrado en muchas ocasiones, será compleja: es difícil vender el discurso del cambio de hábitos a las clases populares más afectadas por la precarización, la inflación y la incertidumbre. Estas mismas fuentes apuntan que las competencias de Garzón son limitadas –aunque se está trabajando, por ejemplo, para mejorar los etiquetados en el supermercado– y que son otros departamentos del Gobierno son los que tienen que recoger el testigo.

Desde febrero de 2020 tenemos bien aprendida la lección: las enfermedades transmisibles siempre tienen margen para la sorpresa. Desconocida para el público del Norte Global hasta hace apenas una semana, la viruela del mono (también llamada como viruela del simio o de los monos, o por el nombre en inglés, monkeypox), de la familia de la viruela clásica erradicada en los 80, ha desatado la alerta sanitaria, aunque con la lógica cautela de un momento tan preliminar: el patógeno no se transmite entre humanos con facilidad y los casos detectados hasta el momento son de carácter leve. Poco después de trascender la alarma, se han detectado varias cadenas de transmisión en varias grandes ciudades europeas, sin relación entre sí o con los países africanos en los que esta enfermedad es endémica.

A pesar de contar con síntomas cutáneos muy característicos, como las ampollas en la piel que surgen en la fase aguda de la dolencia, y a pesar de la teórica poca transmisibilidad del virus, la enfermedad ya está en ciudades como Londres, Lisboa, Madrid (con 23 casos sospechosos), Quebec, Boston, Estocolmo o Roma. "Ha entrado hasta la cocina", explica un especialista en Salud Pública que prefiere no revelar su nombre, y que alberga dudas sobre si los sistemas de detección ya no solo españoles, sino occidentales, están realmente preparados tras una pandemia de covid-19 que ha puesto negro sobre blanco la infradotación.

Otros especialistas creen que, si bien este tipo de alertas demuestran la necesidad de una vigilancia epidemiológica fuerte que corte cuanto antes el avance de enfermedades transmisibles nuevas o que empiezan a circular en territorios antes ignotos para el patógeno, lo sucedido no demuestra una especial carencia. Es difícil, en el terreno de la Medicina Preventiva y la Salud Pública, encontrar lo que no buscas. "Ha podido pasar muy desapercibido en las consultas", considera investigadora de ISGlobal y médica del Servicio de Salud Internacional y Medicina Tropical del Hospital Clínic de Barcelona, Natalia Rodríguez-Valero.

Si un facultativo trata a un paciente que tiene fiebre, malestar y una erupción cutánea, lo más común es que considere que se trata de cualquier enfermedad mucho más común en estas latitudes, "como la propia varicela", y que no emita la alerta. "Ahora hay diagnósticos en varios países, pero muchos son de manera retrospectiva": al médico no se le había ocurrido que su paciente sufriera la viruela del mono, pero al ver el episodio en las noticias lo llama de nuevo para hacerle la prueba.

"Es lógico que una enfermedad que no esperas no llame la atención", coincide el especialista en Salud Pública José Martínez Olmos. Y más, con una sintomatología poco específica: antes de la aparición de las ronchas, lo más común es sufrir tanto la subida de temperatura corporal como un dolor muscular que puede ser provocado por casi cualquier cosa. "Oyes ruido de cascos, esperas caballos, no unicornios", resume con ironía en Twitter el profesor de Salud pública en la Universidad de Harvard Bill Hanage, que considera que el número de casos y la desconexión entre ellos indica cierto grado de transmisión comunitaria, que no descontrolada, que hay que tratar con seriedad.

Sin embargo, coinciden, una Atención Primaria bien dotada, que tenga más tiempo para atender a cada caso y hacerse preguntas, y una red de vigilancia epidemiológica que ate cabos y emita las alarmas con la máxima premura posible, pueden ser la diferencia entre un susto y un problema. Mediante la Declaración de Zaragoza firmada el pasado marzo, Sanidad y comunidades se comprometieron a reforzar estas redes, pero aún es pronto para notar cambios reales. El trabajo de la salud pública, en cualquier caso, solo acaba de empezar. Y, por el momento, valora el Gobierno, ha sido todo lo rápido que debía ser.

"De acuerdo a los procedimientos del Sistema de alerta precoz y respuesta rápida, se abrió una alerta a nivel nacional, se comunicó a la Ponencia de Alertas la situación y se ha avisado a todos los actores clave para garantizar una respuesta rápida, oportuna y coordinada", explican fuentes del Ministerio de Sanidad. Los técnicos del Consejo Interterritorial han elaborado una guía de detección para que los facultativos sepan cuándo se encuentran ante la viruela del simio, y al ser una enfermedad de declaración obligatoria, emitan un aviso a los responsables de salud pública de las regiones y el Gobierno.

Además, el Instituto de Salud Carlos III está haciendo test PCR para detectar si los casos sospechosos son, en primer lugar, casos de viruela, y en segundo lugar si se trata específicamente de monkeypox mediante la secuenciación genómica (que sirve también para detectar variantes en el caso del covid-19).

Pero la Salud Pública no solo tiene que actuar a la defensiva ante el virus: también a la ofensiva, cortando las cadenas de transmisión cuanto antes. Al trabajo ya conocido de rastreo y aislamiento de los contactos estrechos, el Ministerio de Sanidad baraja lo que se conoce como vacunación en anillo: inmunizar con los sueros contra la viruela original no a todo el mundo, sino a estos contactos, para evitar que desarrollen la enfermedad si la están incubando y que sean contagiosos. La protección de esta vacuna frente a esta enfermedad es alrededor del 80%, y el perfil de los casos conocidos hasta el momento, menores de 35 años (los que no han sido vacunados de la viruela, en su mayoría), puede indicar que la efectividad del producto es increíblemente alta décadas después del pinchazo.

"El Ministerio de Sanidad está valorando y analizando distintas opciones terapéuticas en función de su viabilidad y efectividad, tales como antivirales y vacunas", confirma el gabinete de Carolina Darias. Por el momento, es pronto para sacar conclusiones sobre las razones del episodio. Los especialistas están señalando a una baja inmunidad tras décadas de parálisis de la campaña de vacunación ante un virus extinto, posibles derivadas de unos sistemas inmunitarios golpeados por el covid-19 o el azar; puede que todos estos factores jueguen su papel a la vez. Es pronto, también, para descartar una mutación que haga el virus más transmisible.

La aparición de varios casos entre hombres homosexuales es un factor a tener en cuenta para que la Salud Pública investigue lo ocurrido, defiende la doctora Rodríguez-Valero, para detectar eventos que hayan compartido o prácticas en las que el contacto haya sido más estrecho. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha clamado este jueves por la posible estigmatización resultante de vincular la enfermedad con una orientación sexual. "Las cadenas de transmisión del virus pueden surgir en cualquier contexto que implique un contacto estrecho con otras personas. Pertenecer al colectivo LGTBI+ no es un factor de riesgo específico para esta enfermedad", defiende la organización.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles los detalles de su plan RepowerEU, que busca acelerar la independencia energética de Rusia tras su invasión de Ucrania mientras se contiene la escalada de precios y se avanza con buen paso en la transición energética para la descarbonización del continente. Nada fácil, y nada inmediato, pero se puede hacer sin que la factura sea inabarcable, defienden desde Bruselas. "Sé que es ambicioso, pero es realista", aseguró en rueda de prensa la presidenta, Ursula Von der Leyen. "Lo podemos hacer".

El plan es a nivel comunitario, pero conllevará en el corto plazo obligaciones para España; algunas explícitas, otras menos explícitas. Pero todos los países, con independencia de su relación con Putin, tendrán que arrimar el hombro.

Bruselas pretende elevar en cinco puntos su objetivo para 2030 de energías renovables, del 40% al 45%, con un 65% de la electricidad generada de manera limpia. Además, la meta de eficiencia energética se elevará al 14%: la reducción de la demanda, del consumo, debe ser un pilar esencial, con hogares bien aislados y procesos industriales que no derrochen. El vicepresidente, Frans Timmermans, ha dejado claro que el aumento en el uso de carbón y nuclear que se prevé para dejar de quemar gas ruso se compensará con el aumento de renovables, dejando un efecto neto positivo para el clima. Y la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha insistido en que ese aumento de las renovables tiene que pasar, fundamentalmente, por la fotovoltaica.

"Queremos duplicar la capacidad fotovoltaica en 2025 para llegar a 600 GW en 2030. Es una tecnología especialmente adecuada para los retos que afrontamos", ha explicado la comisaria; por el abaratamiento de sus costes, por la facilidad de su instalación y por la capacidad de integrarse en el tejido urbano, concretamente, en los kilómetros y kilómetros cuadrados de tejados sin aprovechar. De hecho, Bruselas quiere que la mitad de esos 300 GW sean tejados solares. Y en eso, España va con retraso.

En términos relativos, de producción de electricidad mediante energía solar fotovoltaica con respecto al total, España ocupa el puesto número ocho en el ranking mundial tras años de estancamiento, pese al enorme potencial de ser el país con más horas de luz del continente. Pero la mayoría de los proyectos, sobre la tierra y sobre el papel, son de grandes plantas; necesarias, pero con potenciales impactos sobre el paisaje, sobre la biodiversidad y sobre el modo de vida de las zonas rurales donde suelen asentarse.

Las comunidades energéticas, que permiten la alianza de empresas, organizaciones, vecinos e instituciones locales para generar y consumir electricidad barata, limpia y cercana, aún carece de un desarrollo normativo a la altura. Los pequeños productores se sienten olvidados por Transición Ecológica: "Están empeñados en promocionar el modelo de gran planta solar por encima de pequeñas plantas solares fotovoltaicas", aseguraba para este periódico hace unas semanas Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de Anpier. Y hay claroscuros en el autoconsumo. Bruselas pretende desarrollar un nuevo marco normativo para obligar a la nueva construcción a instalar placas en el tejado. ¿Y qué pasa con todo el parque de viviendas existente?

Las ayudas convocadas por las distintas comunidades autónomas ascienden a los 1.320 millones de euros, con las que el Gobierno espera crear "25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO2 de más de un millón de toneladas al año", según explica Transición Ecológica. Este mismo miércoles, el ministerio amplió el programa de incentivos a los autónomos, que podrán lanzarse a instalar placas fuera de su domicilio habitual. Así, el tiempo de amortización se reduce a entre seis y ocho años. Pero, como se explica aquí, falta desarrollo para que los bloques de viviendas, habituales en ciudades y entre la clase baja urbana, se beneficien del boom; y las eléctricas siguen poniendo trabas para la compensación de excedentes.

La fotovoltaica avanza a buen ritmo en España, pero las oportunidades que ofrece para la generación distribuida no se están aprovechando; y la Comisión Europea lo pedirá. Por otro lado, Bruselas ha pedido que se ponga fin a la escasa interconexión entre España y Francia, precisamente una de las razones que ha permitido la "excepción ibérica" y el tope al gas para abaratar el mercado eléctrico.

"Los actuales precios elevados de la electricidad en la Península Ibérica ponen de manifiesto la importancia de mejorar las interconexiones eléctricas transfronterizas como forma rentable de garantizar un suministro eléctrico seguro y asequible. La Comisión seguirá apoyando y animando a las autoridades españolas y francesas para acelerar la ejecución de los tres proyectos de interés común existentes", se puede leer en la comunicación. A pesar de que la escasa interconexión haya sido utilizada por la ministra Ribera para justificar el escaso impacto para el mercado de la intervención, el Gobierno comparte el objetivo; lo que no quiere es que suponga un esfuerzo adicional para las arcas españolas. En ese sentido, Bruselas ha pedido que los países presenten proyectos para recibir nuevos Fondos de Recuperación con este propósito: que España y Portugal puedan beneficiarse de los precios bajos cuando se alcanzan en Europa y viceversa.

Sin embargo, y a pesar de que la Unión Europea invertirá el 10.000 millones de euros de los fondos de RepowerEU hasta 2030 en mejorar las infraestructuras gasistas y evitar que el suministro europeo dependa de un par de gasoductos controlados por Gazprom, no hay un apoyo explícito a Midcat, el proyecto para aumentar la interconexión gasista entre España y Francia. Al estallar la crisis de Ucrania se evidenció que existía un cuello de botella: la Península tiene gran capacidad para recibir metaneros con Gas Natural Licuado, procedentes de países que no son Rusia, pero poca capacidad para regasificar el combustible y mandarlo hacia Europa.

En 2019, la Comisión Europea sacó a Midcat de la lista de Proyectos de Interés Común, ante los diversos informes de los reguladores que aseguraban que la infraestructura no era ni rentable, ni demasiado útil. El brusco cambio de la situación no ha hecho cambiar, por el momento, la opinión del Ejecutivo comunitario, que menciona en su comunicación otros cuellos de botella sin referirse específicamente al ibérico.

Se mantiene, sin embargo, una puerta abierta: en las redes energéticas que Bruselas se imagina en el futuro, hay hueco para un "corredor del hidrógeno verde", en línea con los planes españoles para convertirse en exportadora de esta tecnología clave para la descarbonización. Y el hidrógeno se traslada por gasoductos. Ribera no ha cerrado la puerta de manera definitiva a esta infraestructura, pero su posición no se ha movido en los últimos meses: si Europa necesita una nueva instalación fósil, con el riesgo de quedarse obsoleta o desaprovechada con la transición, que la pague Europa.

Simson ha argumentado también que el impulso de las renovables tiene que abordar "el elefante en la habitación": las trabas burocráticas que hacen que los nuevos proyectos se demoren, de media, ocho años. La Comisión Europea quiere que las zonas sin una protección especial reciban nuevas placas solares o molinos eólicos en el lapso de un año, desde que se presenta la iniciativa hasta que se conecta a la red eléctrica. En esa misma línea, el Gobierno aprobó en marzo que ciertos proyectos dejaran de estar sujetos a evaluación ambiental, siempre que no estén dentro de los lugares más sensibles, calificados por el propio Ministerio en su mapa de Zonificación Ambiental.

"Es preocupante que la Comisión proponga declarar todos los proyectos de energías renovables, redes y almacenamiento como de 'interés público superior' en cualquier zona y que, en las designadas 'áreas de acceso', los proyectos estén eximidos de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica y una evaluación adecuada, según lo previsto en la Directiva de Hábitats. Esto plantea una grave amenaza para los objetivos de la UE de proteger y restaurar la naturaleza y corre el riesgo de generar oposición local", ha reaccionado la organización ecologista WWF.