En España, los últimos vestigios de la red de beneficencia se integraron en el Sistema Nacional de Salud con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.

Por qué entonces hablar de beneficencia 40 años después. Sencillamente porque de manera sutil va tomando forma en el día a día de nuestro sistema de salud. La razón no es otra que el deterioro que este viene sufriendo, especialmente por su progresiva privatización.

Uno de los elementos principales en que se apoya esta dinámica privatizadora es el deterioro de la Atención Primaria, completamente abandonada a su suerte desde hace años, mientras que las inversiones se han centrado en los hospitales. Aumentos exponenciales de plantillas hospitalarias curiosamente han ido ligados a listas de espera cada vez más largas, tanto para consultas como para muchas de las pruebas diagnósticas, así como para cirugía.

Los pacientes tienen que tomar decisiones, si pueden permitírselo económicamente, y muchos optan por acudir a la privada para hacerse esas pruebas que se demoran. Un diagnóstico de una cierta gravedad pondrá en marcha vías preferentes que les permitirán adelantar a quienes no han tenido la posibilidad de pagarse sus pruebas. Se ha acabado la equidad en el sistema. Lo mismo sucede con las consultas de especialistas hospitalarios, muchos de los cuales trabajan también en el sector privado: si las citas se demoran, está la opción de acudir a estos profesionales en la privada para adelantar la asistencia en la pública.

De manera que hemos llegado a una situación en la que aquellos que se lo pueden permitir se pagan el acceso a pruebas o a consultas privadas, mientras quienes no pueden pagarlo tienen que esperar a que pase el tiempo, a veces años. Entre tanto solo tienen a su disposición los servicios de Atención Primaria (en los lugares en que sigue siendo accesible, porque algunas comunidades autónomas llevan mucha ventaja en su desmantelamiento). Así pues quedan bien definidas dos líneas asistenciales: la de los que ya están en la privada, de hecho, y la de quienes no pueden permitírselo y que en la práctica disponen de los limitados medios de la Atención Primaria, en lo que viene siendo un trasunto de la beneficencia pública.

Hay una tercera vía: acudir a las puertas de urgencias de los hospitales. La medicina privada es la principal interesada en que esa opción siga estando disponible para poder cargar a la sanidad pública los casos complejos y menos rentables económicamente.

La batalla por el negocio de la atención sanitaria está llegando probablemente a sus últimas escaramuzas. De hecho, en el pulso que el colegio y el sindicato médico mantienen en estos momentos con el Ministerio de Sanidad subyacen muchos de estos intereses.

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Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre.

La factura de la Comunidad de Madrid con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria en la región, continúa incrementándose. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó hace unos días en el Consejo de Gobierno un gasto de más de 17 millones de euros para dar cumplimiento a dos fallos judiciales favorables al gigante de la sanidad en relación con algunos de los hospitales concesionados de la comunidad. El desembolso no es, sin embargo, un hecho puntual. Solo en el último año, el Gobierno conservador ha tenido que dar luz verde, en base a numerosas sentencias, a gastos por más de 56 millones –incluyendo los de la semana pasada– para el grupo Quirón.

Los dos últimos desembolsos acordados tienen que ver con el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, joya de la corona del grupo en la región. En el primer caso, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de noviembre, tras una larga batalla judicial, el derecho de IDC Servicios Móstoles –sociedad que forma parte de Quirón y que gestiona este centro sanitario privatizado– a que se le reintegrasen las cantidades abonadas por concepto de IVA facturado entre 2012 y 2014, que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se negaba a asumir. En total, 6,82 millones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso deberá ahora abonar a la concesionaria.

El segundo gasto se hace en ejecución de otro fallo reciente. En este caso, sale del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y condena al Sermas a abonar 10,89 millones de euros al gigante sanitario por el retraso en la aprobación de las liquidaciones y pagos a cuenta correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2021 derivados del convenio suscrito para que este centro hospitalario atienda a pacientes del sistema público, cobrando y facturando no una cantidad fija, sino en función de la asistencia ofrecida. La empresa exigía 10,93 millones, frente a los 10,89 millones que reconocía la Administración regional y que, finalmente, han terminado fijando los magistrados.

Es la segunda vez en el último año que el Ejecutivo de Díaz Ayuso acuerda gastos de estas características. El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a otros cuatro desembolsos para el grupo Quirón en ejecución de resoluciones judiciales. Todas ellas, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En tres casos, apenas hubo debate. El gigante sanitario solicitó 6,31 y 17,86 millones en concepto de intereses compensatorios por las liquidaciones de los ejercicios 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 en relación con la Fundación Jiménez Díaz. Y otros 5,17 millones por la actividad realizada en el mismo centro en el ámbito de la libre elección en 2016. Cantidades que la Administración madrileña aceptó.

Más discrepancias hubo, sin embargo, en el último pleito. En este caso, la mercantil IDCSalud Villalba pretendía que se le abonasen 9,38 millones de euros en relación con la liquidación de 2015 de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Universitario General de Villalba, otro de los privatizados en la etapa de Esperanza Aguirre. Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo aceptaba 9,03 millones. La empresa, según consta en la sentencia, manifestaba que la diferencia se correspondía a la facturación por las altas atendidas en la Unidad de Corta Estancia, pero la Administración defendía que las mismas debían considerarse como "urgencias no ingresadas", por lo que no procedería su financiación. Al final, la cantidad que los magistrados acabaron reconociendo es la propuesta por la Comunidad de Madrid.

Solo en 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Madrid, el Ejecutivo regional pagó en concepto de convenios y conciertos para atención especializada 1.957 millones de euros, un 65,7% más que el año anterior. De esa cantidad, 1.755 millones se fueron para los cinco hospitales públicos de gestión privada de la región: Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Villalba, Hospital de Torrejón, Hospital Infanta Elena y Fundación Jiménez Díaz. De todas ellas, esta última es la que más recibió, cerca de 900 millones, seguida de los 350 millones del centro sanitario de Móstoles. Los tres restantes percibieron cada uno algo más de 100 millones.

El reciente anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) —aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros— ha reabierto uno de los debates más tensos de la política española: el papel de lo público frente a lo privado en la sanidad. Este anteproyecto aspira a revertir el crecimiento de modelos de gestión privada dentro del SNS que promueven la subordinación de la planificación sanitaria a la lógica del mercado, lo ha orientado a priorizar los servicios rentables, fragmentar la red asistencial y abandonar el principio de que la salud es un derecho al  gestionarse como negocio.

El anteproyecto marca varios cambios significativos: 

El ministerio de Sanidad considera que con estas medidas se restituirá el SNS a un sistema universal y equitativo.  

La norma responde, en palabras de la ministra de Sanidad, a una necesidad de proteger el SNS “de las garras especuladoras y privatizadoras", planteando que los modelos concertados o concesionales han priorizado el beneficio sobre la atención al paciente, con prácticas denunciadas en casos como el del Hospital de Torrejón. 

Para ello considera que el ministerio debe obligar a que sean publicadas las evaluaciones y justificaciones de externalizaciones haciendo más transparente la gestión sanitaria y dificultando las decisiones opacas o afectadas por intereses empresariales. 

Según sus razonamientos se conseguiría así un sistema público fuerte, donde el acceso a una atención de calidad no dependa del nivel de renta, lo que redundará en beneficio de quienes no pueden permitirse seguros privados o copagos, de esta forma el limitar la privatización constituiría una inversión en cohesión social.

Pero frente a estas premisas, ciertas asociaciones como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), aun considerando a este anteproyecto como un “punto de inflexión” que pone por primera vez en la ley criterios estrictos para evaluar si una colaboración público-privada es aceptable o no, plantea objeciones, algunas legítimas y otras teñidas de retórica política.

ASPE denuncia que el proyecto es un “ataque dogmático” contra la sanidad privada y una invasión de competencias de las comunidades autónomas, totalmente en línea con la patronal que sostiene que la colaboración público-privada ha aportado calidad y accesibilidad durante décadas, por lo que exponen que la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias autonómicas, lo que dejaría sin efecto muchas de sus medidas o prolongaría su aplicación indefinidamente. Es de destacar que los medios cercanos al PP han iniciado una campaña mediática con fórmulas como “ataque a Madrid” o “ataque a la libertad empresarial”, términos que desplazan el debate técnico hacia un terreno ideológico y polarizado. 

Frente a estas críticas de los sectores de derecha, las corrientes progresistas y muchos profesionales sanitarios consideran que el anteproyecto no viene acompañado de una financiación significativa extra para reforzar la sanidad pública, por lo que la ley puede quedar en una declaración de intenciones si no se acompaña de más inversión y medidas estructurales. 

Pero hemos de considerar que toda discusión de este anteproyecto no es solo jurídica ni sanitaria, también lo es política, pues no podemos pasar por alto que un contexto en el que la sanidad pública ha perdido terreno frente a la gestión privada (cerca del 31% de hospitales públicos gestionados por privados) y se multiplican las derivaciones a concertados o seguros, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿Qué modelo de sociedad queremos? 

Para los defensores de la sanidad pública, el anteproyecto debía ser una oportunidad histórica para detener una tendencia que ha mercantilizado la salud y ha erosionado la equidad. Contrariamente, para la derecha, puede suponer un retroceso en la eficiencia y un exceso de control central. Por ello, el eje del debate debe centrarse en garantizar una sanidad pública robusta, transparente, bien financiada y centrada en el paciente, no solo en enfrentar ideologías contrapuestas.

Surge así la pregunta que cada uno debe responderse: ¿Debe la sanidad ser un derecho garantizado por lo público o un espacio abierto al negocio sanitario bajo el paraguas del dinero público?

El texto legislativo promovido por el ministerio de Sanidad pretende reforzar el papel central del Sistema Nacional de Salud, limitar nuevas concesiones administrativas y someter cualquier externalización a evaluaciones rigurosas de necesidad, eficiencia y transparencia; esto supone cuestionar un modelo expansivo de gestión indirecta que ha tenido especial desarrollo en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana.

Pero hemos de considerar que desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, la salud dejó de ser una prestación asistencial para convertirse en un derecho universal, un consenso fundacional que se ha visto tensionado por políticas de externalización, conciertos estructurales y modelos concesionales que trasladan la gestión —y parte del presupuesto público— a empresas con ánimo de lucro.

Los defensores del anteproyecto sostienen que el crecimiento de la gestión privada no ha ido acompañado de mayor eficiencia estructural ni de reducción sostenida de listas de espera, pero sí ha consolidado el deterioro progresivo de la atención primaria pública y la expansión del aseguramiento privado; por contra, sus detractores —entre ellos la patronal sanitaria privada y gobiernos autonómicos conservadores— denuncian una supuesta “demonización ideológica” de la colaboración público-privada y advierten de posibles conflictos competenciales. Alegan que limitar conciertos puede reducir la flexibilidad de gestión y la capacidad de respuesta.

Analicemos ambas posturas, pero sin olvidar que cuando la lógica empresarial entra en un servicio esencial financiado con impuestos, la prioridad deja de ser exclusivamente sanitaria.

Los defensores del anteproyecto destacan que refuerza el control público al exigir informes previos y transparentes para externalizar servicio, y por tanto dificulta decisiones discrecionales y favorece la rendición de cuentas. Esto redundaría en un sistema con mayor peso público, que reduce el riesgo de selección de pacientes, la segmentación territorial y las desigualdades en el acceso. Junto a ello se recupera su capacidad estratégica, ya que al blindar la gestión directa se fortalece la planificación a largo plazo, especialmente en salud pública y atención primaria.

Contrariamente, los detractores del proyecto apelan a que son las comunidades autónomas las responsables de gestionar la sanidad y por tanto pueden recurrir la norma si consideran que limita su capacidad organizativa, ya que constituiría un posible invasión competencial, y más sin una financiación estructural añadida; también plantean que eliminar o restringir ciertos modelos concesionales podría dificultar soluciones rápidas en territorios con déficit estructural de recursos.

Pero frente a defensores de la política del Gobierno con su anteproyecto de actuar contra la privatización sanitaria y frente a los defensores de la sanidad privada, existe también un grupo social en el que —como muchos defensores de la Sanidad Pública— nos incluimos los abajo firmantes que consideran que el análisis de la capacidad del anteproyecto para frenar y en lo posible revertir la privatización de la sanidad pública debe abordar aspectos jurídicos, sanitarios y políticos.

Desde el punto de vista jurídico, el anteproyecto cumple con una de las demandas centrales del sector al derogar expresamente la ley 15/97, que permitió la creación de nuevas formas de gestión con estructuras flexibles y concesiones administrativas, estableciendo la Gestión Directa por la administración o entes del sector público como prioridad, pero no se aplica retroactivamente, de forma que la ley no afectará a conciertos o concesiones ya iniciados o en ejecución, lo que significa que los modelos de gestión privada actuales seguirán vigentes hasta la finalización de sus contratos. Junto a ello, el anteproyecto sigue permitiendo mantener conciertos aplicando el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que ha sido el principal instrumento histórico de externalización, del que no hacen referencia a su posible derogación o reforma.

Por otra parte, el anteproyecto reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para organizar su propia administración sanitaria, lo que podría generar conflictos de interpretación sobre qué constituye "insuficiencia de medios" para justificar la gestión privada. 

Si atendemos al aspecto sanitario, hemos de aplaudir que, por primera vez, una ley estatal asume la evidencia científica (citando a The Lancet) de que la gestión privada mata más o, al menos, cuida peor. Políticamente, esto arrincona el discurso de la "eficiencia privada", y al prohibir la gestión indirecta de nuevos centros que incluyan la obra, se corta de raíz la expansión del modelo de hospitales que son, en esencia, negocios inmobiliarios con batas blancas.

Otro aspecto no resuelto es que al permitir la gestión privada, “si se demuestra mayor eficiencia", el Gobierno deja la puerta abierta a que comunidades con voluntad privatizadora manipulen los informes de sostenibilidad para seguir externalizando servicios. 

Pero tenemos que destacar que el anteproyecto reconoce que no habrá inversión extra, ya que estima un coste "neutro" para las CCAA, lo que sugiere que no habrá una inversión masiva inmediata para revertir las privatizaciones existentes. 

¿Qué significa eso? Que es una declaración de intenciones sin presupuestar, o sea sin posibilidad de llevarse a cabo; plantea el deseo de una sanidad 100% pública, pero con los mismos recursos asfixiados actuales, y esto condena al sistema a seguir con una degradación sanitaria que, irónicamente, empuja a los ciudadanos a los seguros privados. 

Sin embargo, el núcleo del debate no es técnico, sino político. La privatización parcial no suele presentarse como tal, sino como “colaboración público-privada”, “optimización de recursos” o “libertad de elección”, y en ese aspecto el ministerio no plantea nada sobre las "Redes Paralelas", de forma que no actúa contra el drenaje de fondos públicos que representan MUFACE e ISFAS (el funcionariado que elige sanidad privada). El hecho de que el Gobierno no toque este privilegio de clase sugiere que parte del anteproyecto tiene un componente electoralista ya que se ataca la gestión privada hospitalaria del PP, pero se mantienen modelos de privatización que benefician a la propia estructura del Estado. 

Por ello los defensores de una Sanidad Pública, universal y de calidad consideramos que el anteproyecto es una herramienta de contención, no de reversión. Sirve para frenar que el modelo de gestión privada se extienda a otras regiones, pero no soluciona el problema donde ya está implantado (más profesionales, agendas razonables y mayor capacidad resolutiva para evitar la sobrecarga hospitalaria; mejora de condiciones laborales para reducir temporalidad y precariedad y frenar la fuga de talento al sector privado o al extranjero; refuerzo radical de la Atención Primaria).

Más que un blindaje hermético, es una valla política diseñada para el desgaste electoral; se busca retratar al modelo del PP como "excepcional y poco íntegro", pero se carece de la valentía política para rescatar lo ya privatizado o para eliminar los privilegios de los seguros privados de los propios funcionarios del Estado. Olvida que es imprescindible el incremento estable de financiación, como podría ser el vincular el gasto sanitario público a un porcentaje mínimo del PIB que garantice estabilidad plurianual y también en que, hasta lograr que el sistema público deje de depender del privado en determinadas actuaciones, es imprescindible evaluar de forma independiente tanto la gestión directa como la concertada para que el debate se base en datos y no en eslóganes; con transparencia total en los conciertos existentes a graves de la publicación de los costes reales, beneficios empresariales y resultados asistenciales comparativos.

La sanidad pública no es un gasto improductivo: es un mecanismo de redistribución y cohesión social que, a través de la experiencia internacional, muestra que los sistemas más equitativos y eficientes son aquellos donde el Estado lidera la provisión y regula estrictamente la participación privada, no aquellos donde el mercado marca el rumbo.

El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de elevar el debate. No se trata de elegir entre eficiencia y equidad, sino de demostrar que lo público puede ser ambas cosas a la vez. La pregunta no es si cabe la colaboración privada, sino bajo qué límites y con qué garantías.

Porque cuando la salud entra plenamente en la lógica del beneficio, el paciente corre el riesgo de convertirse en cliente. Y esa es una frontera que una democracia social no debería cruzar.

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Petri Rogero Anaya es enfermera y psicóloga. José Luis Carpintero Avellaneda es médico. Ambos son doctores y exprofesores de la Universidad de Málaga (UMA).

El Ejecutivo da el primer paso para poner "coto a las garras especuladoras y privatizadoras" en la sanidad. Y lo hace con la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, que ahora será revisada por los distintos ministerios antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros y su envío a las Cortes, promete ser un torpedo en la línea de flotación de un modelo de gestión sanitaria que comenzó a florecer a finales de los noventa, al calor de la ola neoliberal que recorría Occidente y que terminó por consolidarse en la Comunidad de Madrid de la mano del PP. De ahí, la respuesta airada de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "Quieren ahora acabar con la sanidad en la región, llevándonos a la revolución, a que nada funcione".

Para entender este proceso hay que acudir al primer Gobierno de José María Aznar. Por aquel entonces, la normativa fijaba como preferente la gestión pública directa de los recursos sanitarios. Pero todo cambió en 1997, con la aprobación de una ley que abrió la posibilidad de la gestión privada. Solo un par de meses después se puso en marcha la construcción del Hospital de La Ribera, en la localidad de Alzira, bajo un modelo PPP (partenariado público-privado) en el que la Administración cede la financiación, construcción y gestión del hospital, también su personal, a una unión de empresas. No es el único posible. También está el PFI (iniciativa de financiación privada), en el que la Administración cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales).

El anteproyecto aprobado deroga la ley de 1997. Y establece un marco normativo con el que se busca poner coto a una gestión privada disparada en la última década –actualmente, el 30,7% de todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen dependencia funcional privada–. La propuesta no supone una reversión inmediata, sino que se trata, más bien, de un freno de seguridad de cara al futuro. De hecho, en su disposición transitoria única deja claro que la ley no será de aplicación "a los expedientes de conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración" que se hubieran "iniciado con anterioridad a la entrada en vigor" de la norma.

La ley, cuya aprobación definitiva depende de la capacidad del Ejecutivo para articular una mayoría suficiente con sus socios parlamentarios y de la agilidad de los trámites –hay elecciones generales previstas para mediados de 2027–, establece que la gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios "se llevará a cabo preferentemente de manera directa". De esta manera, la "gestión y administración indirecta" tendrá un carácter "excepcional", de forma que la externalización solo pueda impulsarse cuando no sea posible la prestación pública, cuando la financiación de la misma resulte "sostenible y eficiente, justificada y motivada" y cuando se garantice "la sostenibilidad social del servicio".

Requisitos que, además, deberán quedar perfectamente acreditados. Para ello, la norma contempla el establecimiento de un procedimiento de evaluación previa en esos supuestos de gestión indirecta que deberá "contemplar" la "emisión de un informe preceptivo y debidamente motivado" previo a la externalización del servicio "elaborado por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta". "Estarán integrados por personas expertas del ámbito sanitario designadas por la propia administración pública, por personas representantes de las profesiones sanitarias y por representantes de la sociedad civil organizada", recoge el anteproyecto. El comité recibirá de la administración una "memoria justificativa" con razones que motiven la la necesidad de privatizar.

Quedan prohibidos, además, los modelos por los que la empresa construye el centro y, a cambio, se queda con la gestión del mismo durante décadas. "Construir un hospital y explotarlo 20 o 30 años como si fuera una autopista queda fuera del sistema", explican desde el Ministerio de Sanidad. En el departamento que dirige Mónica García consideran que la ley propuesta "normaliza la reversión a la gestión pública" cuando un contrato finaliza, como ya hiciera el Gobierno valenciano de Ximo Puig con el hospital de Alzira y otros tantos centros de la región. En el caso de la Comunidad de Madrid, los contratos de los grandes hospitales privatizados no expiran, como poco, hasta finales de la próxima década.

La participación del sector privado en el sistema sanitario no lleva aparejada una mejora de los servicios. Pese a que las administraciones suelen vender que estas externalizaciones reducen costes y benefician a los enfermos, lo cierto es que los estudios apuntan en dirección contraria. Así consta, por ejemplo, en uno de la Universidad de Oxford publicado en marzo de 2024 en la revista especializada The Lancet, en el que se señala que los gestores privados suelen sacrificar "la calidad" para conseguir "grandes reducciones de coste", con recortes de personal, reducción de salarios o tratamiento preferente a pacientes "rentables".

"En nuestro contexto, cabe destacar un estudio que comparó los resultados en salud del modelo Alzira de la Comunidad Valenciana entre 2003-2015 con hospitales públicos de características similares. Este estudio observó que el modelo Alzira presentaba peores resultados en hospitalizaciones evitables, mortalidad por infarto de miocardio o ictus isquémico, o en la eficiencia tecnológica", recoge el Ministerio de Sanidad en un documento del pasado mes de diciembre.

El sentido de la existencia de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) es el mantenimiento y la mejora de los servicios sanitarios públicos del Estado, joya de la corona del bienestar español. Y la principal amenaza que sufre es su progresiva privatización. Privatizar es el desvío de fondos del sector sanitario público hacia el sector privado en detrimento del primero en sus diversas formas.

Lo primero que queremos aclarar son las distintas formas, porque a lo largo de la historia han ocurrido diversos hechos, a veces difíciles de identificar con este fenómeno. Privatizar es:

Privatizar los servicios sanitarios públicos mata, como lo han demostrado numerosos estudios científicos. Este aumento de provisión privada va unido a mayor desigualdad social, produciendo un aumento de la mortalidad evitable al unirse a una desfinanciación paralela de la sanidad pública.

Por eso, como todos los años desde 2014, la FADSP publica un informe sobre el estado de la cuestión en España con los datos del año anterior. Y el resultado es que en 2024 se ha producido un aumento en la provisión privada y en el desvío de financiación al sector privado de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de la privatización de 16 puntos en 2014 hasta los 21 de 2025, es decir, un incremento del 14,7%. Según los últimos datos disponibles, España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente). El gasto de bolsillo es notable: (25.143 M € en 2022), reflejando mayor carga directa sobre las familias.

Sobre la base de este incremento generalizado, el comportamiento de las CCAA ha sido desigual, respondiendo a distintas políticas privatizadoras. En las tablas que adjuntamos se observa que tres de las cuatro primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo, donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras dos (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición. Pero también hemos escogido cinco comunidades por su incremento llamativo en los últimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. En Canarias (32,3%) y en la Comunidad Valenciana (29,4%) han sucedido fenómenos similares. Es llamativo el caso de Extremadura (32,3%), que en informes anteriores tenía de los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos.

Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural” de evolución de los sistemas autonómicos de salud, sino que responde a políticas explícitas, algunas de larga evolución (Madrid, Cataluña, Baleares) pero otras de reciente implantación, cuyas medidas pueden ser objetivadas. Estas diferencias suponen una muestra más de la falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la inequidad que hace que el derecho a servicios de calidad de la sanidad pública no se cumpla de la misma forma para todos los/las españolas/es.

La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, lo que dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia”, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible.

La justificación para privatizar es la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos para atender las demandas de la población. Esta teórica insuficiencia hace necesario que los servicios privados complementen a la sanidad pública. Queremos recalcar que detrás de la inocente palabra “complementar” se esconde otra más fea y dura que es “privatizar”, es decir, hacer negocio de la vida y la muerte de los ciudadanos. Esta opinión generalizada (y difundida por los medios) ha sido una de las justificaciones para mantener Muface, a pesar del desorbitado coste que tiene, en vez de integrarla al SNS.

La crisis económica de 2007 puso de manifiesto que la salud (más bien la enfermedad) es una gran oportunidad de negocio. La crisis de suficiencia del SNS provocada por la pandemia ha acelerado el proceso. Muchos políticos que dirigen servicios públicos (de derechas todos y de izquierdas algunos) hablan de la excelencia de la colaboración público-privada ante unos servicios públicos (los que gestionan ellos) que no llegan a cubrir las necesidades de la población. 

Está descrito cómo se llega a la privatización: políticas de recortes presupuestarios de la sanidad pública y abandono de la gestión que lleva al deterioro de los servicios con listas de espera, deterioro de instalaciones, descontento de los profesionales. Después una ofensiva ideológica sobre necesidad de modelos complementarios público-privados ante la “insuficiencia de la pública” que justifican la privatización por múltiples vías. Ensayado ya en otros países como el Reino Unido desde tiempos de Margaret Thatcher.

De nuestro informe se puede concluir:

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importantes de España, cuyas consecuencias conocidas son un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud.

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José Manuel Aranda es vocal de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid alcanzó su techo histórico en el ejercicio 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, —desde el ejercicio 2019 y sin contar el 2020, del que no hay datos— la administración regional ha reconocido obligaciones de pago por un total acumulado de 6.048 millones de euros a las entidades concesionarias de los hospitales públicos de gestión privada mediante concesión administrativa, que incluyen a los grupos Quirón Salud y Ribera Salud. 

Este volumen de gasto ha registrado su mayor hito en el ejercicio 2024. El último informe de fiscalización revela que las obligaciones reconocidas en esta partida —que incluye, además del gasto de los hospitales, el del traslado de los pacientes y otras partidas como pruebas especializadas— sumaron 1.957,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al año anterior. 

Este salto no responde a un aumento proporcional de la actividad, sino al reconocimiento de 909,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de ejercicios anteriores. Se trata de gastos ya devengados que la Comunidad mantenía como "obligaciones pendientes de reconocimiento" y que han pasado al presupuesto de gastos de forma conjunta en este ejercicio.

El grueso del gasto en gestión indirecta en 2024 se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, con Quirón Salud a la cabeza. El grupo, que gestiona cuatro hospitales en la red pública madrileña, ha recibido este año 1.611 millones de euros, que sumados a los 3.857 millones que ya habían recibido desde 2019, hacen un total de 5.649 millones sin contar 2020, año en el que la Cámara de Cuentas no detalla las cuantías en su informe de fiscalización.

A esta cifra se suman los 144,4 millones de euros destinados al Hospital Universitario de Torrejón (Ribera Salud). En total, la factura de estos cinco centros con concesión administrativa suma 1.755,4 millones de euros en 2024, una cifra que absorbe tanto el coste ordinario del servicio como el pago de los atrasos acumulados durante los cuatro años posteriores al inicio de la pandemia.

Estas cifras se refieren solo a los hospitales que tienen gestión privada a través de una concesión del servicio público, además de la Fundación Jiménez-Díaz, que cuenta con su propio concierto. Pero hay otros siete hospitales públicos —Suroeste, Tajo, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Majadahonda— que funcionan bajo gestión privada a través de concesión de obra, en los que la Comunidad paga a las entidades concesionarias un canon mensual que no se detalla en el informe de la Cámara de Cuentas. 

El informe también señala deficiencias en la vigilancia que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ejerce sobre estas concesiones. El ente fiscalizador describe una administración que, a pesar de abonar miles de millones de euros, no supervisa aspectos fundamentales del contrato como las explotaciones comerciales privadas de los hospitales, sobre las que se denuncia una “carencia de control suficiente”. Denuncia también una falta de supervisión de los contratos y pólizas que las empresas concesionarias están obligadas a mantener, así como  “deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión” y “falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos”. 

La regularización de los 910 millones de deuda antigua mencionados anteriormente no ha cerrado el saldo de pagos pendientes. Mientras la Comunidad de Madrid liquidaba las deudas de las cuentas de ejercicios anteriores, la fiscalización de 2024 ha detectado que ya se ha vuelto a generar una nueva partida de 458,7 millones de euros en obligaciones "pendientes de reconocimiento". 

De esta nueva deuda, 241,1 millones corresponden de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, es decir al grupo Quirón Salud. Se trata de facturas que ya han sido devengadas por la prestación del servicio pero que todavía no han pasado por el presupuesto de gastos, asegurando que la factura real de la sanidad indirecta siga siendo, un año más, superior a la inicialmente presupuestada. El modelo, según el auditor, mantiene un desfase estructural entre el gasto real y el reconocimiento administrativo del mismo. 

El PP en la Asamblea de Madrid ha avanzado que se opondrá a la comisión de investigación solicitada por Más Madrid sobre la gestión del grupo Ribera Salud en el hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, a pesar de que ha pasado el filtro de la Mesa de la Asamblea, donde los populares también tienen mayoría absoluta.

Desde Más Madrid han trasladado a los periodistas que el PP madrileño, a través de una carta del portavoz Carlos Díaz Pache a la Mesa, ha posicionado su veto a dicha comisión que será votada en el próximo pleno, que se celebrará en febrero cuando se reactive la actividad parlamentaria.

El País publicó una grabación de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que el ya exCEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Tras conocerse esta información, Más Madrid solicitó esta comisión de investigación para analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud y del ejercicio de las funciones de control y supervisión que correspondían a la Comunidad de Madrid.

Además, el partido presentó hace unas semanas ante la Fiscalía una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Ribera Salud por la gestión del Hospital Universitario de Torrejón en la que el partido observa indicios de la comisión de seis delitos.

En concreto, atribuyen al Gobierno regional y a la compañía sanitaria la comisión de sendos delitos de discriminación, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha criticado la decisión de los populares que intentan vetar que se ponga "negro sobre blanco" en cómo funciona el modelo sanitario público-privado mientras las listas de espera están "colapsadas".

Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Ribera Salud por la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, operado por dicha empresa, y en la que el partido observa indicios de la comisión de seis delitos.

En concreto, Más Madrid atribuye al Gobierno regional y a la compañía sanitaria la comisión de sendos delitos de discriminación, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La denuncia se produce al hilo de diversas noticias publicadas en los últimos días sobre la gestión de este hospital, empezando por una grabación del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, que publicó El País y en la que el directivo ordenaba a responsables del hospital rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para elevar los beneficios.

Días después, elDiario.es publicó órdenes escritas y datos de lista de espera que muestran cómo en el Hospital de Torrejón los pacientes del área esperaban más de dos meses para una cirugía una vez entraban en lista de espera, mientras los de libre elección se operaban antes de un mes en la misma zona. El grupo Ribera cobra un plus por la atención de estos últimos.

Desde el Gobierno, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado que no tiene ningún dato que demuestre que el hospital priorizaba a los pacientes más rentables o se ordenaba aumentar las listas de espera, y reiteradamente ha dicho que en el centro "no se ha afectado la asistencia".

Sin embargo, Más Madrid alega en su denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, que hay indicios para creer que se han producido actos de "discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen".

Ello, a su vez, podría "haber producido lesiones en los pacientes afectados".

También esgrime Más Madrid que la empresa "ha causado un perjuicio en el patrimonio público administrado" (el hospital concesionado) al haber perseguido "la búsqueda de un beneficio económico" por encima de la prestación sanitaria, que es "la propia finalidad de la concesión", desvirtuando el "fundamento contractual" bajo el que opera Ribera Salud.

El delito de malversación lo justifica Más Madrid por considerar que Ribera Salud ha utilizado el patrimonio público "con ánimo de lucro", mientras que acusa a la Comunidad de prevaricar por omisión al no haber impedido el daño o establecido la prestación correcta del servicio.

Y apunta por último que la Comunidad tenía la "obligación básica" de perseguir estos "graves indicios de la posible comisión de delitos".

"Los gobiernos del PP se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud", ha aseverado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ve "base suficiente" para que este caso se investigue en los juzgados.

El Ministerio de Sanidad ha extendido sus sospechas sobre la gestión privada de centros hospitalarios públicos y ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón.

Lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al Grupo Quirón de haber incrementado su presupuesto en los últimos años "de manera absolutamente obscena".

Según ha dicho, se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas" sobre todo en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año", ha apostillado.

Sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera, así como los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "cualquier otra información relevante".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

Por su parte, la presidenta madrileña ha criticado lo que considera una "causa política" orquestada en torno al Hospital de Torrejón y ha censurado que se eleve a "escándalo europeo" mientras se ignoran los problemas sanitarios de otras regiones.

"Si se eleva a caso de escándalo de esta magnitud esto, ¿qué hacemos con la Sanidad de Castilla-La Mancha o la de Aragón? ¿Qué hacemos con la Sanidad de Ceuta, de Melilla? No digamos la de Cataluña, que duplica listas de espera", ha cuestionado la presidenta, que cree que "los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Según Ayuso, en el Hospital de Torrejón no ha habido "negligencias médicas" y tampoco se alcanzan las listas de espera de "otras zonas" que arrojan cifras "mucho peores", y ha indicado que este martes se ha conocido "un segundo informe" de la Consejería de Sanidad que concluye "que no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial".

Se trata de un informe que se suma al primero sobre este asunto que concluye que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras destaparse el caso.

Sumar y Podemos han reiterado sus críticas al modelo de gestión del hospital de Torrejón, lo que la formación morada ha calificado de "crímenes contra el interés general", según el diputado Javier Sánchez, que ha recordado que su partido ya registró hace un año una proposición de ley para derogar la norma que permite la gestión privada de estos centros.

Desde Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid) ha reprochado que Ayuso haya "heredado" el modelo de Esperanza Aguirre de "licitar y particionar" contratos públicos, en tanto que Aína Vidal (Comunes) ha cargado contra cualquier protocolo que trate la salud como si "fuera en Excel y no un derecho", y Alberto Ibañez (Compromís) ha afirmado que "los gobiernos del PP matan" por un modelo que prioriza "las ganancias de multinacionales". 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno ultima la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, para aprobarla a principios del 2026 y ha recalcado que esta norma "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará dicha colaboración.

"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", ha incidido tras insistir en que la nueva ley "es mucho más amplia" y "pone coto al ánimo de lucro" con unas normas claras.

"Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. O sea, no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", ha explicado.

Mónica García confía en que la ley esté aprobada en esta Legislatura y ha puntualizado que "estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene".

Por otra parte, ha recordado que el Ministerio de Sanidad también trabaja en un real decreto de listas de espera que dará trazabilidad al proceso que inicia un paciente desde que va a su médico de atención primaria hasta que pasa al especialista, se le hacen pruebas y termina en una operación, ya que "ahora mismo las listas de espera son cajas negras y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera".

En este sentido ha acusado a la Consejería de Sanidad de Madrid de "maquillar" los datos sobre listas de espera quirúrgica que son publicados cada seis meses por el Ministerio de Sanidad y donde la comunidad madrileña no aparece como de las más elevadas.

"Nosotros sabemos que la lista de espera quirúrgica puede ser maquillada", ha dicho García, al tiempo que ha reiterado que en el caso de Torrejón, tanto el Ministerio como el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes.

Además el Ministerio mandará a la alta Inspección para que haga una investigación en el hospital y ha lamentado que este tipo de prácticas que priorizan el beneficio frente al paciente se estén produciendo "también" en el grupo Quirón, "favorecido" por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad", ha indicado.

García ha recordado que "desde que está la señora Ayuso" al frente de Madrid, en los últimos años 5.000 millones de euros han ido a parar al grupo Quirón.

El CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha asegurado este sábado que los audios publicados sobre la gestión del Hospital de Torrejón, donde supuestamente ordenaba a responsables del centro subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones, no incluyen el "contenido íntegro" y están "fuera de contexto".

Así lo ha transmitido Gallart en un comunicado en el que manda un "mensaje de serenidad y confianza" tras la publicación el miércoles en El País de un audio, que "no incluye el contenido íntegro, se encuentra absolutamente fuera de contexto y no refleja el contenido real de la reunión. Hasta ayer no he podido defenderme de las acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona".

Tras haber escuchado el audio íntegro, ha comprobado, que lo publicado en los medios esta semana "había sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa".

Según ha contado, fue ayer cuando una empleada de del centro de Torrejón presentó una denuncia ante la policía en la que asegura "haber sido obligada" por la anterior gerente del hospital (sobrina de la anterior CEO del grupo y ahora ambas despedidas) a realizar una grabación de una reunión de trabajo.

Gracias a esta "víctima", que para él "siempre será una heroína", ha tenido acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos de duración.

Además de este comunicado, ha hecho público también el audio de una duración de 4 minutos y 20 segundos donde se escucha ese momento íntegro y que "desmonta totalmente el mensaje que se ha transmitido durante esta semana por la mayoría de los medios impresos, digitales, radio y televisiones de todos los colores políticos".

Por eso, ha anunciado, los extractos de este audio serán "respaldados" por un acta notarial que certificará que todas esas frases forman parte del audio íntegro.

"No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si el periodista o su fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha matizado.

En el comunicado, Gallart ha explicado también que durante la trayectoria del grupo Ribera Salud han "sido víctimas de ataques infundados por motivos políticos", ajenos a su realidad como organización sanitaria.

Algo de lo que él ha tratado de estar "al margen": "El Hospital Universitario de Torrejón es uno de los mejores centros de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid, tal y como reconoce la propia Consejería de Sanidad. Sus datos en listas de espera son incuestionables".

Solo en el último trimestre, ha relatado, la demora media de consultas externas ha bajado de 51 días en septiembre a 41 días en diciembre. Y en la lista de espera quirúrgica ha bajado de 56 días en septiembre a 50 días en diciembre.

"No pretendo ganar ninguna batalla mediática, ya que no es mi trabajo, y sé que no es factible. Tampoco espero que ningún medio, ni ningún político que me ha insultado abiertamente vertiendo acusaciones basadas en unos audios malintencionados me pida perdón. No lo necesito", ha añadido.

Y por eso, su "único objetivo" es que su familia, amigos, y las personas a las que "realmente" importa, conozcan su "verdad".

"Sé que para la mayoría de vosotros no era necesario que os diera esta explicación, ya que todos sabéis perfectamente los valores éticos con los que siempre he actuado y trabaja mi organización. Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estrictos", ha zanjado.

Según el audio "íntegro" que ha facilitado Gallart, en él informa a los responsables del centro que el "operador, en teoría es más eficiente que la administración pública", y en el Hospital de Torrejón "siempre" ha sido así.

"Es importante que todos entendamos la realidad para ver si luego nos ponemos de acuerdo en qué podríamos hacer de una forma coordinada y colegiada para alcanzar el objetivo. Y he convencido a los franceses de que es imposible que Torrejón gane un dinero de aquí a 2039. No es posible, y no nos van a pedir lo imposible", dice Gallart en el audio.

Para el CEO del Grupo Ribera ésto es "una buena noticia": "No sé si me explico. O sea, si nosotros hemos invertido a fecha de hoy 120 millones no pasa nada, vale, es decir, nadie nos va a criticar de pensar solo en la rentabilidad del proyecto, ¿vale?".

"Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la de la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva, porque no quiero estar en la misma situación en la que hemos estado hace 12 meses dentro de dos años, y como no hagamos ese esfuerzo acabaremos ahí", según continúa su en su intervención.

Además, Gallart asegura a sus interlocutores que "es posible que Torrejón en este minuto sea el mayor reto" y asegura que la "administración" sabe que no están operando en el Hospital de Torrejón para "ganar dinero, porque sería imposible".

"Garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados", tal y como concluye el audio remitido a los medios.

Isabel Díaz Ayuso lleva años insultando y llamando demagogos a la oposición y a todo el que denunciara la apuesta de Madrid por convertir la sanidad en rentabilidad y negocio. El daño a la pública a costa de la rentabilidad de quienes absorben los fondos públicos del sistema de salud. Eso que Ayuso llamaba demagogia ha sido un boomerang con toda crudeza en boca del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallard. La llamada a incrementar las listas de espera para ser más rentables, “desandar el camino” de atender al paciente cuando lo necesita, es lo que sufren miles de madrileños que no pueden pagarse un seguro privado. Escucharlo de manera tan elocuente les da la razón a quienes llevan años denunciándolo y sintetiza en tres palabras un modelo que pone la salud en jaque.

Para que unos cuantos empeoren el sistema y ganen por ello hace falta un proyecto político. Ayuso, como Esperanza Aguirre, ha volcado su apuesta a la cesión privada. Al deterioro y desmantelamiento de lo público para los holding privados. La presidenta de Madrid también sabe que es su mayor zona de riesgo. La demolición del aparente blindaje de su mayoría absoluta. La única vez que tuvo que ceder ante la presión social, con sanitarios y sindicatos al frente, fue con las manifestaciones masivas a tres meses de las elecciones de 2023. Ganaron las protestas como ganó la marea blanca consiguiendo la ilegalización de las privatizaciones de Aguirre. Esta vez ha tenido que dejar el lenguaje trumpista para hablar de un “sistema sanitario que no deja a nadie atrás” para salir del paso. 

El CEO de Ribera Salud ordenó dar prioridad a los pacientes rentables porque Ayuso se lo permite. Porque el sistema de salud se está diseñando para que pueda pasar. Pacientes rápidos, caros al erario público y baratos para la gestión privada. Torrejón es el hospital que más consultas rápidas y partos hace. Los servicios mejor pagados. El negocio con las listas de espera es una decisión. Donde no se ponen sistemas de control ni reglas del juego. Por eso Ribera Salud puede imponer en este hospital público no atender a pacientes con tratamientos costosos a favor de la cuenta de resultados. Y la grabación es elocuente porque no es un arrebato ni una frase aislada en un despacho grabada. Pablo Gallard comunica la estrategia a una veintena de trabajadores que la despliegan. Lo hace con el conocimiento de que es absolutamente irregular. Con el despido de los cuatro directivos que lo denunciaron internamente, como ha desvelado El País, se expulsó a quien intentó frenar el plan empresarial al máximo nivel. La propia gerente despedida, Pilar Navarro, tuvo que acudir al canal ético interno para intentar ponerle freno. Cayó como el director médico, el de enfermería y el de calidad del paciente. 

Ribera Salud se sabía impune al despedir a las cuatro direcciones de mayor peso en la protección de los derechos de los pacientes. Mucho ha tardado la Fiscalía (esperemos que a esta hora ya haya actuado) en reaccionar al audio del CEO Pablo Gallard. Una investigación que acabará con la imputación de Gallard por vulnerar los derechos de los pacientes. Veremos si es la única investigación o si esto no ha hecho más que empezar para Ayuso. Si acaban metiendo mano a la gestión privada de los centros públicos. La relación directa con cómo se han disparado los seguros privados no es causal. 

Y no es un modelo aislado. Afecta a la sanidad y la educación. De los hospitales a los colegios concertados, el desmantelamiento de los ascensores sociales del estado de bienestar. Con uno te juegas el futuro, con el otro la vida. Y por lo mismo el PP sabe que la sanidad les pone en jaque en el larguísimo ciclo electoral. Juanma Moreno Bonilla tiene lejos revalidar la mayoría absoluta en todas las encuestas coincidiendo con la crisis de los cribados. Miles de mujeres con cáncer de mama tienen más credibilidad que cualquier estrategia electoral que pretenda aunar mayorías. Y se la juega Feijóo. La reacción contra Ayuso, pidiendo una autoría en profundidad de Ribera Salud y dando por hecho que además de sancionable puede ser delictivo, va en dos direcciones. Contrarrestar un liderazgo que le hace sombra de manera permanente y no hundirse. El directivo de Ribera Salud después del escándalo de los cribados en las mamografías son dos estallidos de un mismo modelo de gestión del PP. Las vías de agua de las dos mayorías absolutas que pueden afectar más a Feijóo.  

Ribera Salud, grupo sanitario cuyo consejero delegado (CEO), Pablo Gallart, pidió a sus mandos, según revela El País, no atender a tantos pacientes en el hospital madrileño privatizado de Torrejón para así ganar más dinero, tiene en Galicia varios hospitales que prestan servicios concertados para el Sergas. Povisa, en Vigo, es el principal, como centro de referencia para algo más de 110.000 pacientes de la sanidad pública, pero también los hospitales Polusa en Lugo y Juan Cardona en Ferrol prestan servicios concertados puntuales para la Xunta, que este miércoles aseguró que “supervisa” esos centros. Además, la empresa cuenta en Galicia con clínicas menores en A Coruña y Viveiro.

En Povisa, comprado en 2019, Ribera pasó de atender entonces a 135.000 pacientes adscritos por unos 80 millones de euros públicos al año a poco más de 110.000 en la actualidad por 97,4 millones al año. Más de un 20% más de ingresos públicos por un 15% menos de pacientes.

Povisa creció en las últimas décadas como hospital concertado del Sergas y de referencia para la población del sur de Vigo, el Val Miñor y O Morrazo de la mano de la familia Silveira, propietaria del grupo Nosa Terra. En 2018, cuatro años después de renovar en 2014 el concierto con el Sergas por diez años, Povisa esgrimió pérdidas para pedir una renegociación del acuerdo con la Xunta.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lo rechazó diciendo que la empresa debía haber tenido en cuenta sus costes “en el momento de formular su oferta y suscribir el concierto”, pero el Gobierno gallego le mejoró igualmente las condiciones y acordó que el hospital pasase a realizar “actividad adicional” a la población que tenía adscrita.

Justo tras esa mejora de condiciones, en 2019 el grupo Nosa Terra vendía Povisa al grupo Ribera Salud, nacido en Valencia con la privatización de varios hospitales por parte de la Generalitat y que en aquel momento estaba en manos de la estadounidense Centene Corporation. En 2022 Ribera Salud y Povisa fueron compradas por la francesa Vivalto Santé y hace unos meses, al finalizar el concierto de 2014 mejorado en 2018 por la Xunta, el Gobierno gallego volvió a incrementar los fondos públicos destinados a Povisa.

Según el Consello de Contas, el ente independiente fiscalizador de las administraciones gallegas, en 2019, cuando Povisa fue comprado por Ribera Salud, el hospital privado recibió 78 millones de euros de la Xunta. En aquel año la población adscrita del área sanitaria de Vigo era de unas 135.000 personas. Pero esa población puede solicitar una vez al año el cambio entre Povisa y el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), o viceversa, lo que viene suponiendo una progresiva pérdida de pacientes para Povisa, que en la actualidad ha visto reducida la población adscrita a poco más de 110.000, un 15% menos que cuando llegó Ribera Salud.

En los últimos años Povisa siguió recibiendo alrededor de 80 millones de euros al año, según el Consello de Contas, pero esa cifra va a subir en este 2025. A finales de 2024, con el final del anterior concierto, que fue prorrogado unos meses después de que la Xunta no fuese capaz de preparar a tiempo su renovación, el Gobierno gallego decidió cambiar el sistema de pago.

Si antes pagaba a Povisa una cuantía fija por cada paciente adscrito, en el nuevo contrato, firmado a comienzos de este año por dos años prorrogables, le paga en función de las actuaciones sanitarias efectivamente realizadas. Esto supone, según las estimaciones de la propia Xunta, que el nuevo contrato implicará un desembolso de 97,4 millones, más de un 20% más de dinero público que con el anterior concierto.

Pero Povisa no supone los únicos ingresos públicos de Ribera Salud en Galicia. El grupo sanitario también compró en 2020 el hospital lucense Polusa y en 2021 el ferrolano Juan Cardona. El Sergas tiene contratos con ambos hospitales para actividad sanitaria concertada e incluso firma con ellos contratos puntuales para actuaciones específicas.

Según el último informe disponible del Consello de Contas con los importes detallados, en 2022 el Sergas concertó actividad con Proxectos Sanitarios Ferrolanos SL, la empresa a través de la cual Ribera Salud controla el Juan Cardona, por 9,5 millones de euros. Ese mismo año la actividad concertada con Polusa ascendió a 4 millones de euros, a los que se añadieron otros 844.000 euros por contratos puntuales.

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La decisión del Ministerio se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

El Ministerio quiere saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes, después de la publicación de unos audios, destapados por el diario El País, en los que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteaba aumentar las listas de espera en este hospital y rechazar procesos no rentables por criterios económicos.

Durante la mañana de este jueves, Gallart ha dimitido en consecuencia de la publicación de estos audios. El grupo sanitario Ribera ha publicado un comunicado desvinculándose de las responsabilidades sobre la gestión del hospital "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo". Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección del Ministerio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a Díaz Ayuso en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro". A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

García insta además a la presidenta madrileña a informar de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público. De confirmarse, los hechos "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva.

Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el CEO de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona la asistencia del hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas. "La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.

Más Madrid y el PSOE han anunciado este miércoles acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por permitir hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz seleccionar y rechazar la atención a algunos pacientes priorizando sus beneficios económicos.

Según unos audios publicados por el diario 'El País', la empresa gestora del hospital público de gestión privada de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más. "Hacemos actividad que nos perjudica", afirma el CEO del grupo Ribera, que gestiona el centro, que pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de "cuatro o cinco millones".

Mónica García, líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, ha escrito en X que "este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".

Desde Bruselas, García ha dicho que los audios del grupo Ribera ponen de manifiesto que, dentro de la colaboración pública-privada, "hay empresas que priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes, haciendo una selección" de "los más rentables", mientras que "los más complejos" se van a la sanidad de gestión puramente pública.

A su juicio, la presidenta madrileña es "cómplice" de un modelo que está "alimentando tanto al grupo Ribera como al grupo Quirón", algo "intolerable, que pone en jaque la salud de los pacientes" y que no va a permitir, por lo que estudiará todas las acciones legales que sean necesarias.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha señalado en X que "hacen crecer las listas de espera a cambio de engordar las cuentas de resultados de los hospitales públicos de gestión privada".

"¡Están rechazando pacientes! Este es el modelo Ayuso, ponerlo todo en venta a costa de lo más sagrado: tu salud", ha indicado López.

Los servicios jurídicos del PSOE-M están estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones al respecto.

"Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad pública. Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos", ha afirmado el secretario general del PSOE-M.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han subrayado que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realiza una gestión de la lista de espera "transparente y eficaz", en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional, y que son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid, tanto de los pacientes en lista de espera como de los tiempos de demora media.

En lo referente a los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como es el caso del Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas "vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta", han agregado las mismas fuentes.

A menos de un mes para las elecciones autonómicas, Extremadura hace un guiño a la sanidad privada. La Junta ha dado luz verde a que los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la reforma de la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios.

¿Cuáles son los argumentos? Fidelizar a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) para que no se marchen a otras regiones con mejores condiciones, atraer a nuevos talentos y fomentar la libertad profesional. Además, subrayan que era “una reivindicación histórica del sector”.

Lo cierto es que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía esta medida. La misma existía desde 2006 y se puso en marcha siendo el recientemente fallecido expresidente Guillermo Fernández Vara (PSOE) consejero de Sanidad.

Lo que hace ahora el Gobierno de María Guardiola (PP) es modificar ese decreto 152/2006, de 31 de julio en cuyo artículo 6 se recoge: “El desempeño de un puesto de jefe de servicio o sección se realizará en régimen de dedicación exclusiva, no pudiéndose renunciar al complemento específico que el puesto tenga asignado”.

Fue Vox quien abrió la veda. El pasado mes de mayo registró una propuesta en la Asamblea para que se permitiera a estos profesionales (son 220 jefaturas) ejercer tanto en la pública como en la privada. Semanas después el asunto se llevó a la Mesa Sectorial de Sanidad por parte de la consejera del ramo, Sara García Espada, y es ahora cuando se le da el visto bueno final.  

Habría que recordar que cuando el popular José Antonio Monago estuvo al mando de la Junta (entre los años 2011 y 2015, gracias a la abstención de IU) no planteó ningún cambio al respecto.

Con la reforma aprobada y ya publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), ¿qué supondrá el cambio? En el análisis de las consecuencias aparecen las voces críticas. Entre ellas, la de Remigio Cordero, portavoz de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública y que ha ejercido durante 42 años de médico internista en hospitales de Badajoz. Su resumen es que habrá un evidente conflicto de intereses. Lo explica así: “Son los jefes de servicio y sección los que tienen capacidad de reducir la oferta o aumentar la demanda, como en las peticiones de consulta, de pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas. Si se produce un exceso de demanda, sale beneficiada la oferta subsidiaria de la sanidad privada”.

Del mismo modo, añade: “La diferencia en las retribuciones médicas entre el sistema público y el privado es que en el primero se cobra por salario y en el segundo por acto médico. Ese excedente de demanda podría producir un aumento de actos médicos, lo que significaría un incremento de retribuciones”.

Cordero, que también fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx), pone el foco en la diferencia entre complementariedad y competencia. “La complementariedad entre dos sistemas exige que no existan elementos comunes. Cuando la alternativa a la sanidad pública es la privada para asumir la demanda excedente, la colaboración se convierte en competencia. Sus beneficios aumentarán cuando disminuya la eficiencia de la competidora”.

Y asegura que esa realidad que describe se podría dar con más frecuencia en especialidades como traumatología o xirugía maxilofacial, donde las listas de espera son más largas.

¿Qué responde al argumento de la Junta de la fuga de especialistas o la dificultad para nombrar a responsables por esta ‘limitación’? “Si bien amenazan con irse, después no lo hacen, porque el prestigio como profesional te lo da ser jefe de servicio en la pública”, afirma quien también ocupó ese cargo. 

En este contexto, asegura que en Extremadura la sanidad privada no tiene, de momento, gran calado y destaca de manera muy positiva la inversión presupuestaria que se hace con respecto a otras regiones (influyen el envejecimiento de la población y la dispersión rural). “El modelo somos nosotros, no Madrid”, apunta.

Como comparativa, mientras Extremadura gasta en torno al 9% de su PIB (Producto Interior Bruto) en Sanidad, la Comunidad de Madrid se queda en el 4%. Y si las derivaciones de la pública a la privada para poder hacer frente a la actividad hospitalaria suponen el 4,7% en Extremadura, en Madrid llegan casi al 11% y en Cataluña al 22%.

No obstante, añade un matiz: el nuevo hospital privado que Quirón está construyendo en Badajoz. “Entre otras cosas, hará falta que más profesionales de la pública se pasen allí para ponerlo en marcha”.

Otra voz de denuncia contra la recién aprobada reforma es la de Juan Luis Domínguez Carlos, de la Federación de Sanidad de CCOO de Extremadura. “Esto es muy sencillo: los jefes de servicio son los que gestionan las listas de espera de cada especialidad. Y lo que no podemos permitir es que esas listas de espera bajen, para cumplir con la ley de plazos, a costa de derivar a la privada”, expresa. Y añade: “Yo puedo pensar que todo el mundo es bueno, pero sobre todo lo que quiero es que haya controles para que las cosas se hagan bien. Y no puede ocurrir que dejemos que se deteriore lo público para justificar que es mejor la privada”.

En este sentido pone el foco en las llamadas peonadas, las horas extra que los profesionales sanitarios hacen –y cobran– fuera de su horario habitual. “Esto también lo controlan los jefes de servicio”, apunta.

De este modo, en el primer semestre de este 2025, las consultas de tarde han aumentado en los hospitales extremeños un 50% y, además, la mitad de las pruebas de diagnóstico se han hecho o bien en esas horas o bien en la privada.

“Nos hemos gastado más de 22 millones en peonadas extraordinarias sin control. Esto no es sostenible, nos tememos un intento deliberado de deterioro de la sanidad pública para engorde de la privada”, denunciaban este verano, al respecto, desde Unidas por Extremadura.

Pero para la Junta el balance es positivo porque, efectivamente, se han reducido las listas de espera. Remarcan, sobre todo, las quirúrgicas: se ha rebajado en un mes el tiempo de espera para ser intervenido, llegando a los 134 días de media (con datos de junio).

De este modo, se cumple con la ley de plazos, que establece un máximo de 180 días naturales en el caso de las operaciones.

Frente a esta gestión, la oposición es muy crítica. Así, considera la eliminación de la dedicación exclusiva para los jefes de servicio otro paso más hacia la privatización. “No tiene nada que ver con la libertad individual de los médicos, que respetamos, sino con el blindaje del sistema público. La sanidad no se puede ver como una mercancía o un bien de mercado”, expresaba la socialista Isabel Gil Rosiña tras el anuncio de la reforma del decreto.

“¿Se imaginan a un directivo de Coca-Cola trabajando por las tardes para Pepsi? Entonces, ¿por qué lo permitimos con la sanidad pública? Algunos solo piensan en hacer negocio con ella”, manifestaba, por su parte, Irene de Miguel, líder de Unidas.

Cuando la consejera de Salud y Servicios Sociales anunció esta modificación, a finales de mayo, ya desde CCOO mostraron su oposición al considerarla "oportunista y muy cuestionable" tras 19 años en vigor. El sindicato acusaba a la Junta de querer influir en las negociaciones a nivel estatal con el Ministerio de Sanidad para el nuevo Estatuto Marco que, precisamente, contempla la exigencia de dedicación exclusiva para puestos directivos y jefes de servicio, prohibiendo que trabajen en la privada. El objetivo: evitar conflictos de intereses y asegurar que los gestores se dediquen por completo al sistema público.

Domínguez Carlos subraya al respecto: “Es que la política tiene que salir de este tipo de negociaciones. Lo que no puede ser es que, según el color de la autonomía, me levanto o me quedo en la mesa de negociaciones. La protección de la sanidad pública debe estar por encima de eso”. “Porque, al final, se convierte en una batalla más”, añade en relación a que los intereses son más partidistas que sanitarios. De hecho, la dedicación exclusiva será un elemento más de confrontación del PP contra el PSOE que saltará a la hora de negociar el citado Estatuto Marco desde el Gobierno con las autonomías.

La Fiscalía de Sevilla ha abierto nuevas diligencias de investigación por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según informa EFE.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio Público, esta nueva investigación abierta es independiente de la que también ha iniciado recientemente la Fiscalía de Andalucía, tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, y que ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía sevillana obedece a la denuncia presentada este martes por Amama, que apuntó en su escrito -al que tuvo acceso EFE- a la posible comisión de delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o contra la seguridad e integridad de la información sanitaria, relacionados con los fallos del programa de detección precoz del cáncer de Mama de Andalucía.

Aunque Amama apuntó a que estos hechos, negados por el Gobierno andaluz que ha asegurado que no ha habido en ningún momento borrado ni manipulación de pruebas, debían ser "acumulados" a las investigación abierta en la Fiscalía andaluza por las irregularidades del programa de cribado, de momento se encargará el Ministerio Público en Sevilla.

La motivación para contar, al menos de momento, con diligencias de investigación independientes -una en la Fiscalía Superior de Andalucía y otra en la de Sevilla- es que los presuntos delitos apuntados en las denuncias serían diferentes y que en la de Amama no se señala a ninguna persona aforada, competencia de la Fiscalía de la comunidad, han indicado a EFE otras fuentes judiciales.

Amama, que ha canalizado en las últimas semanas testimonios de numerosas afectadas, trasladó al fiscal que "numerosas mujeres" habían contactado con la asociación para informar de que habían desaparecido, se había borrado el nombre del radiólogo o había desaparecido el documento informado en pruebas diagnosticas a las que tenían acceso a través de la aplicación ClicSalud.

Horas después de producirse esa denuncia de Amama, el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó de que una incidencia técnica había impedido el acceso a informes clínicos, aunque el servicio quedó restablecido horas después y en ningún caso supuso ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, según la Junta.

Por su parte, en el marco de la otra investigación abierta en la Fiscalía de Andalucía ya se ha solicitado a la administración sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".

Los "defectos" denunciados en la prestación sanitaria de Andalucía relacionados con el programa de cribado podrían corresponder "a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado" del cáncer de mama, según precisó este jueves la Fiscalía de la comunidad en un comunicado.

Las denuncias presentadas hasta el momento que han motivado la incoación de las diligencias por parte del Ministerio Público en Andalucía han sido las registradas por la asociación El Defensor del Paciente, que amplió con varios casos particulares de afectadas, y por las formaciones políticas Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía, que señalaron a distintos responsables en la Consejería.

Equipo Económico, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, logró construir en apenas unos años una cartera de clientes de lo más potente. En la lista figuran desde empresas gasistas, que centran buena parte de la investigación sobre el bufete que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, hasta auténticos gigantes del Ibex 35 –Telefónica, BBVA, Banco Santander o Ferrovial–. Y también firmas del sector de la salud. En concreto, según consta en la documentación incorporada a la causa, el despacho ingresó más de 300.000 euros de la sanidad privada en una década.

Un informe de la Agencia Tributaria, fechado en octubre de 2020 y elaborado a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, dedica todo un apartado a las operaciones con terceros del bufete registradas entre 2008 y 2019 y cuya suma total supere los 60.000 euros. En ese listado, elaborado a partir de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, se recogen más de un centenar de clientes, entre los que se encuentran instituciones, personas físicas y, sobre todo, empresas. Y es en este último grupo donde emerge Ribera Salud, que habría abonado a Equipo Económico, según el ente tributario, un total de 212.400 euros en ese periodo.

Esta firma es bien conocida dentro del sector sanitario. De hecho, fue la punta de lanza de un sistema de privatización por el que apostó el Gobierno de Eduardo Zaplana en la Comunitat Valenciana y que potenció en la Comunidad de Madrid otra de las máximas exponentes del neoliberalismo patrio: Esperanza Aguirre. Un modelo de colaboración público-privada a través del cual la Administración encarga a una empresa la construcción del centro de salud y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar atención sanitaria y no sanitaria a los ciudadanos de la zona.

El Hospital de La Ribera, ubicado en la localidad valenciana de Alzira, fue el primero en echar a andar bajo dicho sistema –de ahí que, popularmente, se le denomine modelo Alzira–. Y Ribera Salud, nacida entonces de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaja, fue quien se hizo con un jugoso contrato de gestión que impulsó en buena medida su negocio. Actualmente, el accionista de referencia de la compañía, que gestiona más de una quincena de hospitales –entre ellos el privatizado de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid– es el tercer grupo sanitario privado francés: Vivalto-Santé.

Ribera no fue, sin embargo, el único cliente del sector sanitario que recurrió a los servicios de Equipo Económico. También lo hizo Asisa, de quien la Agencia Tributaria recoge pagos al despacho por un total de 101.640 euros. Con una cuota de mercado del 12,6% y un volumen de primas de 1.515 millones de euros en 2024, según los últimos datos recogidos por la Fundación Idis –que aglutina al sector sanitario privado–, es una de las compañías líderes del negocio de los seguros de salud, solo por detrás de SegurCaixa Adeslas y Sanitas. Entre las tres se reparten el 58% del pastel.

Este diario se ha dirigido por correo electrónico a los departamentos de comunicación de ambas empresas, contra las que no se dirige la causa judicial, para conocer a qué responden los pagos recogidos por la Agencia Tributaria. Fuentes de Asisa han explicado a este diario que la colaboración tuvo lugar "en los años 2014 y 2015", cuando el bufete "realizó un informe" para asesorar a la compañía "en una reestructuración que tenía por objeto la constitución" de Grupo Hospitalario HLA, "el cual agrupa los hospitales propiedad de Asisa". Desde Ribera Salud, sin embargo, no se ha obtenido respuesta a cierre de esta edición.

Equipo Económico echó a andar allá por 2006 bajo el nombre Montoro y Asociados SL. Poco a poco, el negocio fue creciendo. En 2008 facturó, según un informe de los Mossos d'Esquadra, 2,9 millones de euros. Una cifra de negocios que solo un año después se incrementó en un 48,8%, llegando hasta los 4,34 millones. Y que alcanzó su punto más alto en 2012, el primer ejercicio con Montoro al frente del Ministerio de Hacienda: 6,67 millones, el doble que en 2008. "Todo ello en un contexto de la peor crisis económica sufrida por España", desliza la policía catalana en el mismo documento incorporado a la causa.

A partir de 2015, recuerdan los Mossos, se produjo una "sustancial disminución del importe neto de la cifra de negocios". "En este sentido, una de las explicaciones, podría ser la aparición de noticias en prensa digital denunciando el posible tráfico de influencias del despacho Equipo Económico SL a través de sus conexiones con el Ministerio de Hacienda. Estas noticias empezaron a publicarse durante el primer semestre del año 2015 y se sucedieron durante los siguientes ejercicios", completa el análisis policial. 

Llevo la cifra, 7.291, clavada en el cráneo, hundida en mi cerebro y atormentando mi mente desde hace tiempo; cualquier día, cualquier noche, me golpeará dramáticamente como a quienes murieron durante la pandemia. Cómo es posible que media España permanezca impasible ante una desgracia tan terrible como la que sufrieron hasta morir miles de residentes ingresados en las residencias madrileñas durante el covid.

SIN las gotas oftálmicas contra el glaucoma que llevaban años padeciendo.

SIN la inyección de insulina que precisaban recibir mañana y tarde contra la diabetes tipo 1.

SIN las estatinas necesarias para rebajar sus altos niveles de colesterol LDL (el malo). 

Lamentando con ansiedad la llegada del personal de enfermería que, al estar de baja también por covid y no ser sustituidos, llevaban semanas SIN controlar la hipertensión arterial que casi todos y todas tenían disparada.

SIN levantarse unas horas de la cama porque carecían de fuerzas propias y temían rodar por el suelo. SIN que nadie les cambiase los pañales ni les llevase a su aseo, porque no había personal suficiente para hacerlo.

SIN médicos, pues a la mayoría los sacaron de sus destinos habituales para trasladarlos al nuevo hospital Zendal y dedicarlos a pacientes menos complicados.

SIN los cuidados paliativos que algunos esperaban desconsolados.

SIN los besos y caricias de sus hijas ni el abrazo callado de sus hijos. SIN los yogures que aquella hija les llevaba cada tarde a sus progenitores y que les daba, furtivamente, para compensar la cena tan débil que recibían.

SIN la estampa extraviada de Fray Leopoldo, ante quien las dos hermanas andaluzas hacían sus rezos en silencio pidiéndole salud para ellas y compañeras.

SIN las residencias medicalizadas que Ayuso había anunciado a bombo y platillo.

El protocolo dictado y firmado por los directivos sanitarios en Madrid consintió que, entre dos enfermos de similar edad y en idéntica situación clínica, si uno vivía en su casa se le permitiera ser trasladado a un hospital, mientras que si vivía en una residencia esa opción se le impedía, salvo que que tuviese un seguro privado.

Desde siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero también es cierto que con frecuencia son necesarias para hacernos una idea de la dimensión de las desgracias y la responsabilidad ciudadana o política que corresponde a quienes las viven o sufren. Veamos y comparemos solo unos pocos casos terribles entre los miles de ocurridos por distintas causas:

Año 1937.- El bombardeo sobre Guernica ocasionó 1.645 víctimas mortales.

Año 1937.- En la Desbandá malagueña hacia Almería, huyendo de la Guerra Civil, cayeron entre  3.000 y 5.000 muertos andaluces (hombres, mujeres y niños).

Año 1981.- Según la OCU, 5.000 personas murieron por consumir aceite de colza.

Años 2020, 2021 y 2022.- Según la DGT, el total de muertos en carretera durante estos tres años fue de 3.151. Esta cifra fue menor que la mitad de las víctimas del covid en esos mismos años en la comunidad madrileña.

Año 2023.- El último terremoto de Marruecos produjo 2.946 muertes en ese país.

Año 2024.- La dana causó 227 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.

Año 2025.- El 11 de mayo los reyes de España han visitado Austria para rendir homenaje a las víctimas abatidas en el campo de concentración de Mauthausen. Se estima que fueron gaseados más de 4.500 españoles republicanos que allí fueron deportados hace 80 años. En España muchos miles siguen todavía en las cunetas esperando ser recuperados por sus propias familia.

Esa tremenda mortandad es la mayor producida en España en lo que va de siglo XXI. Los familiares de las 7.291 víctimas muertas en los geriátricos madrileños tienen derecho a justicia y reparación, y quienes por "denegación discriminatoria de la prestación sanitaria" dieron lugar a esas muertes deben ser juzgados sin más dilación, antes de que prescriban. Sería un terrible delito insoportable que víctimas y familiares ahora queden también olvidadas SIN justicia alguna.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.

Madrid se ha sumido en un silencio absoluto. Ha sido durante un minuto en la Plaza de Cibeles, en el final de la manifestación multitudinaria que se ha celebrado en el centro de la ciudad este domingo. Silencio que solo se ha roto por la proclamación rotunda de los manifestantes: “No son muertes, son asesinatos”, y por un número: 7291.

30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a las calles de Madrid a protestar contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y la situación insostenible a la que han llevado sus políticas de privatización, con largas listas de espera que obligan a las personas a colapsar las urgencias y que dejan a los centros de salud sin profesionales.

Una paciente con pérdida auditiva ha declarado a infoLibre que ya no puede tener un seguimiento médico: “No puedo pedir cita, lo más pronto que me dan es dentro de un año. Si me encuentro mal o me siento mareada, tengo que ir a urgencias”. Forma parte de las voluntarias de la plataforma Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de la Comunidad de Madrid, convocantes de la manifestación. Piden al Gobierno autonómico que “piensen en las personas que están esperando". "Los gobernantes no deberían mirar a nadie por encima del hombro”, proclaman.

“Es necesario manifestarse hoy para que la sanidad pública funcione de verdad”, anunciaban unas mujeres en la Plaza de Callao. También lamentaban que, a pesar de las protestas, “no se soluciona nada”. Lo que no comprenden y no comparten es que se siga premiando la manera de gobernar de Ayuso cuando se ha comprobado que “las políticas de privatización no funcionan”.

También ellas han sido víctimas de las largas listas de espera: hasta cuatro meses para comenzar con una rehabilitación, lo cual califican de “normal”, teniendo en cuenta la situación. Otra manifestante describe la dura realidad del colapso de la sanidad: “El médico de cabecera indicó que mi caso era urgente porque me sangraban los oídos, y aun así no me dan cita hasta diciembre”.

Una médica de Navas del Rey explica que lo que sucede es como un efecto dominó, en el que, si cae la primera pieza, caen las demás: “Si nosotros no tenemos médicos en los centros de atención primaria, los pacientes se acaban yendo a un hospital, saturando los servicios de urgencia, bloqueando las listas de espera y de especialistas. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, pero hay gente que no quiere escuchar porque piensa que es todo política. No importa de dónde vengas o qué pienses, hay que defender una asistencia de calidad para todos nosotros”.

“Estamos perdiendo derechos y, si nos callamos, los perderemos del todo”, declaró. También en la sanidad en medios rurales les está afectando, cuenta. “Al ser un pueblo pequeño, con poca frecuentación, tenemos los servicios completos, pero hay muchos puntos que no. Nosotros recogemos también a los pacientes de vecinos de pueblos a 20 kilómetros porque ellos no tienen médico, ya que no se buscan nuevos, sino que los sustituyen por enfermeros”, explica.

Indica que “gracias a que comenzaron a manifestarse, junto con la lucha vecinal, consiguieron que se les devolvieran efectivos”, ya que querían recortar los recursos en su centro de salud. “No estoy peleando solo por ser sanitaria, yo mañana también seré paciente, estoy luchando por mí y por mi familia”. 

La mayoría de los manifestantes con los que infoLibre ha podido hablar han concretado que, en lo referente a la sanidad, Madrid ha sufrido un deterioro de la mano del Gobierno del Partido Popular, que costará paliar años.

“Cuando todo sea privado, seremos privados de todo”, responde rotunda una manifestante. “El problema es que cuando hay elecciones, los culpables son quienes votan a Ayuso, porque prefieren la libertad de beber cervezas y que los espacios públicos se conviertan en bares”.

Desde la plataforma de pensionistas de Madrid aseguran que “se vende muy bien y consigue confundir a la gente”. Y manifiestan que lo que las personas tienen que saber es “cuáles son sus necesidades, para las que se necesitan los servicios públicos”.

El malestar frente a las políticas de Ayuso se ha materializado en forma de la ya clásica efigie con la imagen de la presidenta madrileña, que ha sido paseada por la Plaza de Cibeles entre gritos de “Pinocha”, “mentirosa” o "culpable". Varias mujeres contaban a infoLibre que con Ayuso han notado "mucho el cambio". "Antes teníamos cita el mismo día y ahora nos lo dan para dentro de meses”, lamentan.

La Comunidad de Madrid es la que menos destina a la sanidad pública y, a su vez, es la más privatizada, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Además, según un informe del sindicato médico Amyts y la plataforma APSeMueve, un 73% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid no cuentan con las plantillas completas.

Los convocantes denuncian que son casi trescientos mil los niños que no tienen un pediatra asignado en la región y, a su vez, son 300 las vacantes en pediatría. Una pareja del distrito de La Latina cuenta que ya no hay pediatra para su hija y que su centro de salud, el de Puerta del Ángel, lo quieren cerrar. Él, que es diabético, ya no tiene el mismo seguimiento: “Antes tenía revisión cada tres meses, ahora son seis”. Otra pareja de Carabanchel denuncia lo mismo: en su centro de salud no hay casi médicos que puedan atender a su hija.

La manifestación ha partido desde cuatro puntos distintos de la capital, cada una representando una zona de la región. Todas ellas han confluido en la Plaza de Cibeles para leer un manifiesto en el que los convocantes han denunciado su “hartazgo por el abandono deliberado de la sanidad pública madrileña, una sanidad que nos pertenece a todos”.

Una de las columnas representaba a las 7291 victimas de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, que han entrado a la plaza entre gritos y aplausos de los manifestantes, quienes han alzado pañuelos blancos hacia el cielo de Madrid, en protesta por el desmantelamiento de la sanidad pública.