Sanidad abre una investigación para esclarecer el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz
El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La decisión del Ministerio se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.
El Ministerio quiere saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes, después de la publicación de unos audios, destapados por el diario El País, en los que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteaba aumentar las listas de espera en este hospital y rechazar procesos no rentables por criterios económicos.
Durante la mañana de este jueves, Gallart ha dimitido en consecuencia de la publicación de estos audios. El grupo sanitario Ribera ha publicado un comunicado desvinculándose de las responsabilidades sobre la gestión del hospital "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo". Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
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Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección del Ministerio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a Díaz Ayuso en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro". A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".
García insta además a la presidenta madrileña a informar de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público. De confirmarse, los hechos "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva.
Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el CEO de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona la asistencia del hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas. "La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.
