Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de mañana, contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados.

Con estas medidas, que estarán vigentes "el tiempo que sea necesario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se intentarán movilizar los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria.

Además, el BOE también publica el otro decreto al que dio luz verde también el Consejo de Ministros y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Un decreto para el que, en este caso y según ha reconocido Sánchez, no cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

De ahí que haya apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para aprobar los reales decretos leyes.

Las principales medidas de los decretos que se han aprobado entrarán en vigor mañana, el día siguiente de su publicación en el BOE.

Se establece una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pasa del tipo general del 21% al tipo reducido del 10%. Asimismo, se contempla la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, fijado actualmente en el 7% y asumido por las compañías eléctricas. Además, se reduce el impuesto especial sobre la electricidad, que abonan los consumidores, pasando del 5,11% vigente al tipo mínimo permitido del 0,5%.

Por otro lado, en lo que respecta al gas, se reduce el IVA del gas natural, los pellets y la leña del 21% al 10%. Finalmente, se establece la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano.

En materia de carburantes, se establece la rebaja del IVA aplicado al gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos, que pasa del 21 % al 10 %. Además, se reduce el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea, lo que se traduce en una disminución efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y un ahorro aproximado de 20 euros por depósito para un vehículo medio.

Se adoptan diversas medidas de carácter social y económico con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables y apoyar a los sectores productivos.

En primer lugar, se mejora el bono social eléctrico, incrementando el nivel de descuento hasta el 42,5 % para consumidores vulnerables y hasta el 57,5 % para vulnerables severos, con vigencia hasta final de año. Asimismo, se refuerza el bono social térmico mediante el aumento de la ayuda mínima hasta los 50 euros.

Igualmente, se garantiza el suministro básico de agua y energía para los consumidores en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, se establece una ayuda directa, gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales, de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una ayuda equivalente para la adquisición de fertilizantes.

En el ámbito regulatorio, se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de mayores competencias de supervisión y sanción, con el fin de investigar y sancionar posibles usos indebidos de las ayudas públicas.

Además, se bonifican en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva, lo que permitirá un ahorro estimado de 200 millones de euros.

Finalmente, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA, destinada a subvencionar préstamos y facilitar el acceso a la financiación del sector agroalimentario y pesquero.

Se implementan diversas medidas fiscales, energéticas y de impulso a la transición ecológica, orientadas a fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

En primer lugar, se establecen deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y bombas de calor. Asimismo, se ponen en marcha nuevas ayudas para la climatización de edificios y se agilizan los procedimientos para la instalación de energías renovables.

En materia de autoconsumo, se refuerza este modelo energético ampliando de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima permitida entre los puntos de generación y consumo, además de habilitar a las entidades locales para promover nuevas modalidades de autoconso y comunidades energéticas.

Igualmente, se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías, se declara de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico y se impulsa el desarrollo de energías renovables.

Por otro lado, se introduce una mayor flexibilidad legal en los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos.

En el ámbito fiscal, se incorporan deducciones en el IRPF del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos y enchufables. Además, en el Impuesto sobre Sociedades se establece la libertad de amortización para inversiones en energías renovables que sustituyan equipos basados en combustibles fósiles.

Finalmente, se habilita a los ayuntamientos para aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, así como bonificaciones de hasta el 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para este tipo de actuaciones.

Se adoptan medidas laborales y de movilidad, así como disposiciones en materia de vivienda, con el objetivo de proteger a los trabajadores y facilitar la estabilidad en el acceso a la vivienda.

En el ámbito laboral, se establece la prohibición de despido en las empresas que reciban ayudas públicas destinadas a mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo. Además, se impulsa la implementación de planes de movilidad sostenible, obligatorios para todas las empresas que cuenten con más de 200 trabajadores o 100 por turno, con el fin de facilitar los desplazamientos de su plantilla hacia los centros de trabajo.

Respecto a la vivienda, se decreta la congelación temporal de los precios del alquiler y se prorrogan por dos años los contratos de arrendamiento que finalicen entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

Dice Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) que la declaración como lugar de memoria de la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, era una cuenta pendiente de la sociedad española con el colectivo LGTBIQ+, uno de los que más sufrió la sangrienta persecución del régimen franquista y que más luchó por la recuperación de la libertad. "Es un acto de reconocimiento, justicia y reparación", desliza el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Con esta mención, el espacio, que en el pasado albergó un campo de trabajos forzados para personas homosexuales, se convertirá en la primera gran ubicación memorialista en Canarias. Y en la primera en toda España dedicada en exclusiva a este colectivo.

Para celebrar este hito, el Gobierno ha previsto un gran acto en el que, entre otras cosas, se hará entrega de una decena de declaraciones de reconocimiento y reparación, tanto a representantes de la lucha LGTBIQ+ como para algunas víctimas del centro –en el que vivieron alrededor de un centenar de reclusos–. Dentro de este último grupo se encuentran, por ejemplo, Octavio García o Juan Curbelo, que vivieron confinados en ese campo en condiciones infrahumanas. Un lugar marcado por el eufemismo de su denominación oficial. "Es un terreno de secano en el que se picaba piedra sabiendo que no se podía recuperar ningún espacio como vergel", recuerda Torres. Lo hace en una entrevista con infoLibre en la que también analiza el presente y futuro de la Ley de Memoria Democrática.

El Gobierno acaba de declarar como Lugar de Memoria la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía, que albergó un campo de trabajo para personas homosexuales. Cuánta falta hacía un homenaje así en un sitio como ese y en un momento como el de ahora, con una extrema derecha disparada, como hemos visto, en distintos territorios.

Hacía absoluta falta, era imprescindible este acto de justicia. Sobre todo, en estos momentos de auge de la ultraderecha y señalamiento con mensajes homófobos. Y para que nadie olvide lo que ocurrió o, al menos, lo sepa. Porque hay un gran desconocimiento sobre lo que pasaba durante aquellos años en Fuerteventura, donde se creó un centro de trabajos forzados a donde iban destinadas personas solo por ser homosexuales.

El régimen franquista, después de que la República despenalizara la homosexualidad, hizo, a través de una Ley de Vagos y Maleantes, que fueran considerados como tales todas las personas que mostraban su homosexualidad. Y digo bien, mostraban, porque había muchos homosexuales que vivían casados heterosexualmente. Lo que hacemos ahora es un acto de reconocimiento, justicia y reparación. Un acto histórico, porque va a ser el primer Lugar de Memoria en la historia de Canarias al calor de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y el primer Lugar de Memoria en toda España para el colectivo LGTBIQ+.

¿Ha estado ese colectivo relegado siempre a un segundo plano en la lucha por la recuperación de la memoria?

Fue un colectivo clave en la recuperación de las libertades. Reivindicó en la calle su libertad y, junto con los movimientos sociales, feministas o vecinales, hizo que el cambio hacia la democracia fuera posible. Por tanto, esa visibilización es fundamental. Yo he estado en centros educativos en los que se me niega que eso ocurriera, jóvenes a punto de ir a una prueba universitaria afirmando que todo eso no pudo pasar. Y sí, pasó. Y la actual sociedad, que tiene una libertad sexual que no teníamos quienes contamos con cierta edad, tiene que valorar esa libertad de la que ellos disfrutan, también en su orientación sexual, en su capacidad de amar a quien quieran, porque otros sufrieron presidio por mostrarse.

Uno de los homenajeados será Octavio García. ¿Qué me puede contar de él?

Hay varias personas que significaban aquella lucha en Canarias desde el mundo del arte en su amplio espectro. Hablamos de pintores, cantantes, transformistas, que sufrieron torturas, humillaciones y vejaciones. Actos que el propio Octavio relataba y que eran tremendamente sangrantes.

Porque eso es lo que ocurría allí, en un campo de trabajo al que se le llamaba de forma eufemística centro agrícola, siendo un terreno de secano en el que se picaba piedra sabiendo que no se podía recuperar ningún espacio como vergel. Ni siquiera valía como cantera para sacar piedra y reutilizarla. Eran trabajos forzados inútiles, que hacían que sufrieran esas personas porque existía una supremacía del régimen donde imperaba un machismo absoluto que algunos quieren recuperar, señalando a quienes son distintos.

Hablaba antes de los institutos. Varios estudios han puesto de manifiesto en los últimos años el incremento de una pulsión autoritaria entre los jóvenes, que va de la mano con el desconocimiento que existe en las aulas del franquismo. Uno de los pilares fundamentales de la Ley de Memoria de 2022 era, precisamente, el educativo. ¿Se están cumpliendo las previsiones de llevar la memoria a los centros, teniendo en cuenta que la educación es una materia con competencias autonómicas?

Se ha avanzado, porque frente a la norma de 2007, la de 2022 ya lo incluía de manera expresa en el decreto del diseño curricular educativo como materia obligatoria. Lo que sucede es que al estar la educación delegada en las comunidades autónomas, hay un negacionismo de algunas de ellas, que impiden que se den charlas sobre memoria democrática, que vayan personas a los centros a explicar lo que sufrieron para poder recuperar los restos de sus seres queridos, que se forme a los profesores para que expliquen la historia más reciente de España, que tiene que ver con una dictadura que sufrimos cuarenta años.

Todo eso, además, es una contradicción, porque esos representantes políticos que están en esas comunidades son fruto de las urnas, no de un régimen autoritario. Dicen que queremos guerracivilismo. Y no, nosotros queremos hacerlo sin ningún tipo de proselitismo ni direccionismo. Lo que queremos es que los jóvenes sepan lo que pasó, que lo conozcan y decidan. No puede ser que desde los poderes políticos se ponga freno a eso.

Uno de los proyectos que se han aprobado en los últimos meses tiene que ver con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. En este sentido, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Iglesia para el mantenimiento en el complejo monumental de los monjes, quitando a los más ultras. ¿Se puede resignificar con la misma comunidad benedictina que fundó el Valle de los Caídos?

Aquí había objetivos de máximos. Por un lado, no tocar nada, posición que representaba el prior y gran parte de quienes son reminiscentes de la dictadura. Y por otro, una opción, que también era de máximos, que pasaba por demolerlo todo. Yo puedo entender que los que aspiraban a máximos estén molestos. Pero es que había que buscar una solución que fuera factible, porque si no era imposible caminar. Dicho esto, nosotros queremos que las obras comiencen en la presente legislatura, para las que ya tenemos proyecto ganador. Y espero que si hay un cambio de Gobierno no venga nadie a pararlas.

Efectivamente, las elecciones están a la vuelta de la esquina y las exhumaciones en Cuelgamuros continúan. ¿Cree el Gobierno que va a poder culminar esos trabajos antes de que finalice la legislatura?

Las exhumaciones son la voluntad de este Gobierno y de este Ministerio. De hecho, con carácter inminente se va a convocar el Consejo Territorial para una nueva partida económica de exhumaciones. Quedan unas 10.000 personas susceptibles de ser exhumadas en el conjunto del país, hay ya un mapa de fosas y queremos que al final de la legislatura no quede ninguna persona sin ser exhumada. Es un trabajo arduo, pero desde el año 2018 hemos logrado exhumar 10.000. Aquí lo importante es la implicación de las administraciones.

Respecto a Cuelgamuros, desde que comenzamos allí las exhumaciones hemos tenido algunos problemas: con el ayuntamiento, con las licencias, con algunas demandas de particulares en las que, al final, la justicia nos ha dado la razón... Además, ha habido un amplio llamamiento de familias de toda índole, también carlistas, que quieren recuperar los restos de sus seres queridos. Y tenemos un equipo, con el doctor Francisco Etxeberria a la cabeza, que es un auténtico lujo.

La Ley de Memoria recoge que en el plazo de un año debería estar lista una auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. Ya han pasado tres y aún no tenemos inventario. ¿Cómo va este asunto? 

La Ley de Memoria Democrática plantea consecuciones que no han sido fáciles. En este tiempo, hemos conseguido caminar con las comisiones de trabajo, con los informes pertinentes, con el Valle de Cuelgamuros, con el plan cuatrienal de las exhumaciones... Y ya, y voy a la pregunta, desde el Ministerio de Hacienda han quedado en el ámbito del de Memoria Democrática los procedimientos para las incautaciones de los bienes privados y privativos que hubo durante la dictadura, a partidos políticos y particulares.

No es un trabajo sencillo, hablamos de cuestiones donde puede haber muchas peticiones. Ya hemos respondido a alguna de ellas, como es el caso del espacio del PNV en París. Y lo vamos a seguir haciendo. Siempre, eso sí, teniendo los informes de Patrimonio, porque hay propiedades revendidas, derechos a terceros... Pero bueno, estamos en esa senda.

Del mismo modo, sigue pendiente la elaboración del censo de empresas que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio. La norma busca que las mismas “adopten medidas en este sentido”. ¿Cómo va a enfocar esto el Gobierno? ¿Se plantea, por ejemplo, la creación de una fundación y un fondo a la alemana para ofrecer compensaciones financieras a esas personas? ¿Ya está elaborado el censo? 

Es un trabajo también espinoso, pero ya se han dado pasos con la incoación del expediente y la comisión pertinente para esta materia. Y espero poder ofrecer conclusiones periódicamente.

¿Pero el Gobierno se plantea compensaciones financieras?

Hay distintos mecanismos. El modelo alemán es uno. Y otro es el diálogo con las propias empresas, que haya una colaboración de aquellas que en un momento fueron beneficiadas [por la mano de obra presa] y que lo deben reconocer... 

¿Ese diálogo ya ha empezado?

Ya ha empezado. No hemos dado aún las conclusiones, pero lo haremos junto al secretario de Estado, que es quien tiene la encomienda.

¿Se muestran partidarias [las empresas] de reconocer el uso de mano de obra esclava? 

Hay quienes ya han manifestado claramente que sí, que se han servido de una mano de obra presa para beneficio particular.

Esta semana se han desclasificado documentos del 23-F, pero algunos partidos piden mayor ambición. ¿Es usted partidario de que se vaya más allá, de que se desclasifiquen también documentos de otros muchos acontecimientos? Se me ocurre, por ejemplo, el asesinato de Mikel Zabalza. O la matanza de Vitoria. ¿Debería el Gobierno seguir dando pasos en ese sentido?

Es que el Gobierno ya lo hizo. Se aprobó un proyecto de ley de Secretos Oficiales en el que, por ejemplo, se establece como mecanismo inmediato y automático que a los cuarenta y cinco años se desclasifique ese material. Lo que pasa es que eso, ahora mismo, está en manos de los grupos políticos. Esto lo teníamos cerrado con Junts, pero fue una de las leyes a las que dijo que presentaría una enmienda a la totalidad. Ese es el problema, que tenemos dificultades de articular una mayoría.

Pero es que los documentos del 23-F se han desclasificado sin necesidad de que se haya aprobado dicha ley. Quiero decir, se puede seguir desclasificando sin la norma.

En este caso, estos expedientes y cumplidos los 45 años, se hace de manera automática. Hay una propuesta de ley ya aprobada que permitiría desclasificar incluso antes, pero necesitamos una mayoría.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, tal y como adelantó infoLibre este domingo, una medida con la que el Gobierno quiere que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según informa EFE.

Esta regulación, que ha llevado al Consejo de Ministros el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno. Según ha subrayado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este anteproyecto permitirá adaptar la actuación de las administraciones públicas "al momento actual, con un mayor protagonismo de los medios digitales". 

"El objetivo es incrementar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación", ha subrayado Saiz. Con esta medida se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz también ha concretado que toda la documentación relacionada con la intentona golpista del 23F hasta ahora clasificada y "que se ha encontrado" será de acceso libre mañana miércoles a mediodía desde la página web de Moncloa.

Se trata de 153 "unidades documentales", ha revelado la ministra, cuya desclasificación acordada este martes por el Gobierno, 45 años después de aquellos acontecimientos históricos, permitirá su libre consulta por parte de investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado.

Su difusión, ya "no supone un riesgo real y presente" y por eso el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha optado por permitir su conocimiento porque, en palabras del propio presidente "la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Saiz. 

El Gobierno ha dado luz verde a una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de que no quede ningún resquicio legal que permita los espectáculos cómico-taurinos que denigren a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que añade un apartado 4 al artículo 90 del citado reglamento, con la siguiente redacción: "En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado esta modificación normativa para reforzar la prohibición establecida desde 2023 a través de la Ley General de la Discapacidad. "Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa.

El ministerio recuerda también que ofrece el programa Pisadas con dignidad de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos.

Pese a la prohibición, de forma esporádica se han programado espectáculos de este tipo, en la mayoría de los casos prohibidos por las autoridades. En febrero de 2025, un juzgado de Málaga dio la razón a los promotores del evento Toreo cómico, al que la Junta de Andalucía había denegado dos años antes su autorización, porque en él participaban personas con enanismo. El juzgado consideró que no existían pruebas de que el espectáculo tuviera como fin la mofa.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la UTAC (Unidad técnica de apoyo y coordinación), un órgano que asesorará y controlará a las administraciones autonómicas en el cumplimiento de la directiva europea de accesibilidad para las personas con discapacidad.

El Gobierno -explica el ministerio de Bustinduy- culmina el proceso de transposición de esta directiva europea que obliga a garantizar los derechos de los consumidores con discapacidad para que puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.

Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, Bustinduy ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para dar respuesta a esta modificación legislativa. El documento recoge todos los avances normativos puestos en marcha en cumplimiento del renovado artículo 49.

Así, detalla que se ha aprobado un real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA dotado con 500 millones de euros con el que las personas con esta enfermedad en fase avanzada tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, y la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados para el que se han movilizado más de 2.000 millones de euros.

También se han destinado 65 millones de euros para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado con autismo, y más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.

En estos dos años también han visto la luz la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente y el primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Derechos Sociales subraya además que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que están en tramitación parlamentaria será "la norma que va a terminar de consolidar" la reforma del artículo 49 para garantizar la autonomía, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Destaca también el esfuerzo presupuestario sostenido en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y recuerda que desde la inversión ha crecido un 12% en estos dos años.

El anteproyecto de ley orgánica de integridad pública aprobado este martes por el Gobierno modificará 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas restricciones a empresas, administraciones y partidos políticos, según informa EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se trata de una ley "muy ambiciosa" que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración e incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.

Las donaciones de particulares a los partidos políticos serán públicas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000; y los partidos deberán realizar auditorías externas sobre sus cuentas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen. 

Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos, con figuras como el "decomiso sin condena" o el de "riqueza no justificada".

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa EFE.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz (Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Además, los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este viernes las puertas del Palacio de la Moncloa en redes sociales con una ruta guiada en la que explica la historia del antiguo salón donde se celebraban los consejos de ministros, la Sala del Reloj, y pone en valor su importancia institucional.

"Hoy os voy a hacer un pequeño house tour en plan Isabel Preysler", ha bromeado Sánchez al inicio del vídeo publicado en la red social Instagram, antes de entrar en la histórica Sala del Reloj, donde se celebraron los primeros consejos de ministros de la democracia.

Ha recordado que "está presidida por un reloj de cuerda", que decora el salón, y ha resaltado que en dicha sala tuvieron lugar los consejos de ministros en las presidencias de Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe González (1982-1996), hasta construirse con el expresidente socialista el nuevo edificio funcional, donde desde entonces se celebra el consejo de ministros.

En el vídeo se muestran fotografías de la celebración de los consejos con ambos presidentes, con las paredes -ha aclarado Sánchez- "en motivos dorados", ensalzando el valor histórico y decorativo de la sala.

"Espero que os haya gustado este pequeño house tour. Dejadme comentarios si queréis y me animaré a enseñaros otras partes de este palacio", ha concluido Sánchez en la red social, cuyo post acumula más de 1.500 comentarios y más de 15.000 likes.

Equivocarse en España es como derramar vino en el mantel de la abuela. Se considera una tragedia doméstica de proporciones bíblicas. Aquí no se borra el error, se enmarca. Nadie se atreve a pulsar el Control Z (Ctrl+Z), esa combinación mágica que en el ordenador corrige el desastre y en la vida real parece un gesto de alto riesgo.

Vivimos en un país donde la rectificación da más miedo que el error. Políticos que cambian de discurso pero no lo reconocen, y prefieren estrellarse contra la realidad antes que reconocer que la dirección del GPS estaba mal puesta. Ciudadanos que prefieren seguir defendiendo una barbaridad solo para no bajarse del burro. Periodistas que confunden rigor con orgullo y convierten la fe de erratas en un género literario. Nos cuesta aceptar que el error no mata, pero el ego sí. Como si pedir perdón fuera desnudarse en mitad de la plaza mayor.

Y sin embargo, equivocarse es lo más normal del mundo. Un niño aprende a caminar cayéndose de morros. Un panadero domina la hogaza después de quemar unas cuantas. Un estudiante descubre el teorema de Pitágoras escribiendo cien veces mal la hipotenusa. La vida es ensayo y error. Pero nosotros hemos decidido que el error es pecado capital y la penitencia es eterna.

El resultado es grotesco. Tenemos ministros que se aferran a promesas imposibles como quien insiste en ponerse unos vaqueros de cuando tenía veinte años. Entrenadores que mantienen a un delantero en el campo aunque no marque ni a portería vacía. Somos una sociedad que prefiere romperse la rodilla antes que admitir que se metió en un charco.

Cambiar de opinión no es incoherencia, es supervivencia. Sano. Democrático. Los científicos lo hacen cada día cuando un experimento les desmonta la hipótesis. Los médicos cuando un tratamiento no da resultado. Incluso los cocineros cuando prueban el guiso y deciden que con un poco más de pimienta todo sabe mejor. Rectificar no es rendirse, es actualizar el sistema operativo. Lo que pasa es que no pasa nada.

Rectificar no es mentir. Mentir es defender lo que no es a sabiendas de que no es cierto. Rectificar es lo contrario: es mirar a la verdad de frente y decirle que, esta vez, tenía razón ella. No hay traición en cambiar de opinión, hay evolución. Mentir es maquillarse las ideas para que parezcan coherentes. Rectificar es lavarse la cara y seguir pensando.

Necesitamos más Ctrl+Z y menos orgullo inútil. Más capacidad de reírnos de nuestros fallos y menos obsesión por aparentar que nunca tropezamos. Porque lo ridículo no es equivocarse, lo ridículo es empeñarse en sostener una idea muerta como quien carga un sofá roto solo para demostrar que tiene fuerza.

Equivocarse es de humanos. Reconocerlo es de valientes. Y aplicarse un Ctrl+Z a tiempo es lo que nos salvaría de convertirnos en un país entero caminando con la tecla bloqueada.

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado de nuevo la denuncia formulada por el PP contra Pedro Sánchez por no abstenerse en las decisiones que adoptó el Consejo de Ministros sobre Air Europa al considerar que su esposa, Begoña Gómez, no tuvo ninguna relación "que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración" con esa empresa, según informa EFE. 

Según la resolución a la que ha tenido acceso EFE eso implica que Sánchez no tenía la obligación legal de abstenerse en las decisiones que adoptó el Consejo de Ministros noviembre de 2020 y marzo de 2021 sobre el rescate de Air Europa.

Esta resolución responde a la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a partir de una denuncia del PP, de investigar si Sánchez debió abstenerse en las decisiones del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa y si éste pudo beneficiar a su mujer, Begoña Gómez.

La oficina, con autonomía funcional pero que forma parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ha mantenido el criterio que ya fijó al rechazar el recurso del PP, cuando argumentó que Sánchez no debía abstenerse porque su mujer no ha tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esta empresa que implique funciones de asesoramiento o dirección.

Ahora, llega a la misma conclusión tras realizar la investigación ordenada por el TSJ y recabar una serie de documentación, como la información relativa a los cargos que haya ocupado Begoña Gómez desde el 1 de junio de 2018 -cuando su marido llegó a la Presidencia del Gobierno- hasta ahora y que conste en el Registro Mercantil o su vida laboral en ese período.

La esposa de Sánchez estuvo dada de alta en Inmark Europa, SA, desde el día 1 de diciembre de 2014 hasta que Sánchez tomó posesión como presidente; desde el 1 de junio de 2018 hasta el 27 de mayo de 2023, en la Fundación Instituto Empresa, al prestar servicios para dicha entidad en calidad de directora del IE Africa Center, y en dos períodos desde febrero de 2024 hasta ahora, pero en esos casos como autónoma.

También ha solicitado a Globalia información acerca de si Gómez "desempeña o ha desempeñado alguna actividad profesional o mercantil, u ocupa o ha ocupado algún cargo" en ella o en cualquier otra entidad perteneciente al mismo grupo societario, con respuesta negativa.

Asimismo, se consultó a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que confirmó que Gómez no ha desempeñado cargo alguno en ninguna Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal en ese tiempo y que figura como administradora única, desde el día 21 de noviembre de 2023, en una entidad denominada Transforma TSC, SL.

Analizada toda esa documentación, la Oficina concluye que Gómez no ha realizado ni desempeña en las entidades afectadas por la decisión del Consejo de Ministros "ningún cargo y, por tanto, ninguno que implique funciones de dirección, asesoramiento o administración" y por tanto hubiera exigido la abstención de su marido.

Tras la noticia, el PP ha anunciado presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de ejecución de sentencia contra la decisión tomada. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha explicado en una conversación informal con la prensa que la sentencia de la oficina, conocida este miércoles, acredita que es necesario que se siga investigando y que quedan pasos por ejecutar.

Por lo tanto, en los próximos días presentarán el incidente de ejecución de sentencia para pedir que continúe la investigación, ha explicado Gamarra, quien ha confirmado que se están estudiando acciones contra la propia Oficina de Conflictos de Intereses, con autonomía funcional pero que forma parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Según Gamarra, de esta decisión se desprende que la oficina es otra institución más que en vez de "controlar" al Gobierno está "a disposición" del Gobierno y que, por tanto, la han "colonizado" y funciona para proteger al presidente.

Para Gamarra, si en la sentencia queda acreditado que en el momento del rescate Gómez trabajaba en el IE África Center no se puede decir que no haya nada más que investigar.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP y no hay "ningún agravio" entre regiones, según recoge EFE. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y cuyo reparto se basa en criterios de población ajustada, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones.

En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha pedido una reflexión a los populares para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita. "Si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie", ha dicho la vicepresidenta.

Tras lamentar que el líder del PP trate "como siempre" de "inventar relatos" como el de que esta condonación no es beneficiosa para todos y supone agravios, Montero ha reiterado su deseo de que los populares recapaciten. Y ha augurado en cualquier caso que aunque ahora, "de cara a la galería", critiquen la medida, "al final todos acabarán firmando".

Después, en el turno de preguntas, ha criticado que el secretario general de los populares, Miguel Tellado, haya reconocido que la medida beneficia aunque después anuncie el voto en contra al anteproyecto de ley, y se ha preguntado cómo el principal partido de la oposición dice que no apoya algo bueno para los ciudadanos "por puro interés partidista".

En su exposición del anteproyecto, María Jesús Montero ha recordado que la mayoría de la deuda que se va a condonar será para comunidades del PP o en las que este partido gobierna con otros y ha recordado que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Comunitat Valenciana y Canarias.

Así, ha explicado que la comunidad que más deuda condonaría en términos absolutos sería Andalucía, 18.791 millones; la comunidad con mayor condonación por habitante -2.284 euros por persona- sería Comunitat Valenciana; y la comunidad con mayor porcentaje de deuda condonada, el 50% de la que tiene, sería Canarias.

Ha insistido además en que la medida puede beneficiar a las comunidades que, como Madrid, no se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica y prefirieron financiarse en los mercados. Y al mismo tiempo, ha asegurado, permitirá volver a los mercados a comunidades que en este momento no podían acudir a ellos.

Ese sería, ha apuntado, el caso de Comunitat Valenciana. Por eso ha dicho que "no hay ningún motivo" para que una comunidad como la valenciana, que no puede salir a los mercados, "siga atrapada en esta situación porque (el presidente valenciano) el señor Mazón vaya al dictado de lo que dice el señor Feijóo".

María Jesús Montero ha insistido en que la condonación de deuda acordada con ERC para Cataluña se ha generalizado al conjunto de las comunidades con la medida aprobada hoy y por eso ha acabado siendo una medida "buena para todos". "No perjudica a nadie, todo lo contrario", ha reiterado.

Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria para tutelar menores migrantes no acompañados, y Navarra, Cantabria y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, las que menos, según el real decreto aprobado este martes por el Gobierno con la oposición de la mayoría de autonomías. Ha informado EFE.

La norma avalada en el Consejo de Ministros, que supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.

Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades con mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).

A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.

Las que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acoge a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

El real decreto supone, según ha expresado en una nota la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país"; así, a partir de este momento, "está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido".

Sin embargo, la mayoría de comunidades rechaza el sistema, y, de hecho, diez gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional. Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.

Este martes, algunas han renovado sus críticas. Madrid ha anunciado un nuevo recurso y, como La Rioja, ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer al País Vasco y Cataluña.

También Castilla y León recurrirá esta norma ante la justicia y ha denunciado que se trata de una "imposición" a las autonomías.

Igualmente, la Comunidad Valenciana pedirá la suspensión cautelar "de cualquier norma que apruebe el Gobierno" central relacionada con el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, porque, a fecha de hoy, no tienen ninguna información sobre esos traslados.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado que el reparto se haga sin informar a las autonomías. “No sabemos absolutamente nada. Lo saben solamente Pedro Sánchez, el Gobierno de España y su socios, y el gobierno del País Vasco”, ha dicho.

Galicia, por su parte, asegura ser una comunidad acogedora y solidaria, pero alega no tener capacidad para acoger más.

Desde Canarias responden que si hay comunidades 'tensionadas' que no llegan a esa capacidad, tendrían que haber aumentado el número de plazas, como han hecho las islas, donde han tenido que abrir centros de la noche a la mañana para atender al centenar de niños que llegaban a sus costas cada día.

Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar "tensionada" va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP "se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria".

De igual forma, Asturias ha criticado el rechazo al reparto entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida; su presidente, Adrián Barbón, ha criticado que se trata de "una cuestión de humanidad, y cuando se pierde la humanidad, se pierde todo".

En Ceuta, mientras, consideran que la norma contribuirá a aliviar la elevada presión que soporta la ciudad.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos, según informa EFE.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación de este decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.

Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunitat Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620.

Con la entrada en vigor del decreto, echa a andar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

El Gobierno celebrará una reunión interministerial el próximo martes para dar inicio a los traslados, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades. Los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunitat Valenciana (571).Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, como en anteriores campañas de acogida.

Diez comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.

Este martes, algunas autonomías han renovado sus críticas. Madrid ha anunciado un nuevo recurso y, como La Rioja, ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer a País Vasco y Cataluña.

En cambio, Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar "tensionada" va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP "se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria".

La derivación de los menores conlleva una financiación de 100 millones de euros, con los que el Ministerio de Infancia y Juventud sufragará los traslados y los primeros tres meses de la acogida.

El Ministerio de Sanidad ha trazado este miércoles con las comunidades una hoja de ruta para el estatuto marco con la aspiración de poder llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros en otoño porque, de lo contrario, será imposible sacarlo adelante esta legislatura. Ha informado EFE.

Lo han hecho en el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos en el que Sanidad ha dado cuenta a los consejeros del estado de la negociación de la reforma de la ley, reunión que ha arrancado con las críticas de las comunidades del PP ante la falta de financiación de las medidas del borrador.

En palabras del consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el documento carece del beneplácito del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como también de un informe de viabilidad de las medidas, que sean solventes jurídicamente y, sobre todo, que estén respaldadas por un asiento presupuestario.

A lo que la ministra ha respondido que los otros ministerios ya están representados en la mesa del ámbito de negociación junto con los sindicatos y que no se puede dotar la norma puesto que no se ha culminado el texto.

"Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real", ha aclarado García antes de precisar que será cuando llegue al Consejo de Ministros cuando se acompañe de una memoria de impacto económico.

En cualquier caso, como ocurre con toda mejora laboral, esta norma se va a financiar "en gran parte con el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado"; por tanto, no será una dotación finalista y será cada comunidad la que "decida en qué se lo gasta".

La negociación del estatuto marco proseguirá a la vuelta del verano, primero con los sindicatos del ámbito (FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), a los que se ha convocado los días 2 y 5 de septiembre, y después con los técnicos autonómicos, para el 9 y el 10.

Tras lo cual se convocará el Foro Marco del Diálogo Social, integrado por el Ministerio, las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas. Posteriormente, Sanidad lo elevará al Consejo de Ministros pero, dada la duración de los tiempos legislativos, no llevarlo "a lo largo del otoño de este año sería condenarlo a meterlo en un cajón", ha advertido.García ha asegurado que muchas voces reclaman abandonar la reforma de esta ley porque "es un lío" y ha lamentado "los ataques personales" a ella y al Ministerio "para desincentivar empujar esta ley", además de "los bulos" y "mentiras"; pero, ha advertido de que Sanidad no va a "dejarse amedrentar" ni a "bajar los brazos ni a dejar pasar la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".

Consciente de "las dificultades y los retos", ha anunciado que se va a "dejar la piel" en conseguir un texto que lleva ya casi tres años debatiéndose; a día de hoy, se cuenta con un documento "consensuado en un 95 %" con el ámbito.

Sin embargo, algunas demandas sindicales, como la revisión de las retribuciones o la jubilación anticipada son inviables porque no son competencia de Sanidad y porque un estatuto marco es un marco general que "no habla nunca ni puede hablar nunca" de estas cuestiones.

La reunión ha coincidido con una concentración convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que engloba a una quincena de organizaciones médicas y sindicales, que ha vuelto a reclamar guardias cotizadas, reducción de jornada y una clasificación profesional “justa”, que pasa por tener un estatuto propio de la profesión médica y facultativa.

Y también con la comunicación de la segunda jornada de huelga para el próximo 3 de octubre por parte de los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables del paro celebrado el pasado mes de junio en protesta por el rechazo a concederles una regulación especifica, que no comparten ni Sanidad ni las comunidades ni el resto de sindicatos.

También algunas de sus demandas "son inviables porque ponen en jaque a nuestro Sistema Nacional de Salud", como el fin de las guardias obligatorias. "Lo podemos llamar guardia, lo podemos llamar como queramos, pero es atención a la urgencia y eso no puede ser voluntario", ha zanjado.

Con todo, la ministra ha sacado pecho de la reforma del estatuto marco porque contiene mejoras "innumerables", desde la reducción de esas guardias de 24 a 17 horas al fin de la precariedad. "Este texto va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas", ha garantizado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este martes que el Gobierno va a "responder" ante el caso de Juana Rivas reformando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la Justicia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de que Rivas haya tenido que entregar hoy a su hijo Daniel, de 11 años, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, y el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso de amparo, que pretendía frenar esta entrega a su padre, quien tiene pendiente un juicio en Italia acusado de maltrato continuado a sus hijos.

"Yo quiero decir que es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha lamentado Rego, para quien Daniel ha sido "claro" y "nítido" sobre su oposición a volver a Italia con su padre.

Ha recordado que el niño se presentó ante la Fiscalía de Granada, donde el fiscal "consideró que no debía escucharlo", puso una denuncia para que le protegieran y estuvo nueve horas en la sala de espera de un juzgado de Guardia.

"No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación", ha denunciado.

Rego ha explicado que a ella Daniel le trasladó —primero por carta y luego en persona, cuando fue a visitarle a Granada— que tenía miedo y que había sufrido malos tratos, un relato que la ministra ha dejado claro que se cree porque, además, coincide con el del otro hijo, mayor de edad.

"Solamente bastaba con dedicarle un tiempo de escucha a esos niños y escuchar lo que tienen que decir, es lo único que han pedido, es lo único que han pedido y no han conseguido que nadie les escuche", ha expresado la ministra.

Ha asegurado que el Ejecutivo va a "responder" ante este caso "inadmisible" modificando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia: "Llevamos meses trabajando en ello pero, desde luego, este caso nos pone frente al espejo de una sociedad que tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia", ha aclarado.

Con esta norma, que saldrá a audiencia pública a partir del próximo mes de septiembre, el Gobierno va a garantizar que los niños sean escuchados, que la Justicia tenga perspectiva de infancia y que todos los niños y todas las niñas del país, en caso de requerirlo, tengan derecho y acceso a la defensa, ha explicado.

La ministra ha precisado que ya hay leyes que habilitan a la Justicia para escuchar a la infancia, pero el Gobierno ampliará esta ley "para dejar claro absolutamente todo el itinerario" con el objetivo de que esto se cumpla.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este jueves que el Gobierno prevé empezar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios a partir del 28 de agosto a pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP. Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios con motivo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que iba a celebrarse este jueves y que finalmente no ha tenido lugar por falta de quorum tras el plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal".

Sí han asistido el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.

La ministra ha señalado que, pese a esta "performance" del PP, el real decreto ley seguirá adelante y en el próximo Consejo de Ministros del 22 de julio se aprobará el reglamento de desarrollo de este mecanismo, con el que se prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios.

Y ha precisado que este jueves también iba a aprobarse el reparto de un crédito ordinario de 22 millones para Canarias (8,5), Islas Baleares (2), Ceuta (7) y Melilla (4,5) para 2025 con el fin de ayudar a estos territorios con la acogida de menores. "No puedo evitar pensar que evidentemente las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado".

A pesar de todo, Rego ha explicado que el Gobierno mantiene su plan de reubicar a los menores por lo que, además del reglamento del próximo martes, el 26 de agosto llevará a Consejo de Ministros otro decreto, que detallará las cifras de reubicación que deberá acoger cada menor y la financiación que corresponde a cada autonomía.

Los datos que maneja el Gobierno hasta ahora hablan de 3.975 jóvenes a trasladar, la mayoría de ellos a Andalucía (677), la Comunidad de Madrid (647) y Comunitat Valenciana (571), mientras que País Vasco y Cataluña no tendrían que recibir a ninguno, aunque Cataluña se ha ofrecido a atender voluntariamente a 31.

Sin embargo, a estas cifra previsiblemente habrá que restar los alrededor de mil menores solicitantes de asilo que próximamente pasarán a recursos del Estado por orden del Tribunal Supremo.

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros y, de acuerdo a las previsiones del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

Fuentes del Ministerio han precisado que tras la aprobación de este decreto el 26 de agosto, el 27 se aprobará la situación de contingencia de los territorios que lo soliciten y cumplan con el requisito de tener una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida. Así, el 28 de agosto se podrá comenzar con la política de traslados aunque, han recalcado las fuentes, para estas derivaciones hay un año de plazo y en ningún caso se trasladarán cientos de jóvenes de una sola vez a ningún territorio.

Rego ha sido muy critica con el PP por su ausencia este jueves en la Sectorial y ha tachado este plantón como una "performance" a modo de "colofón" después de meses de "bloqueo de todo tipo" a este mecanismo de reubicación de los menores.

En este sentido, ha denunciado que el Ministerio ha convocado 12 sectoriales en el último año para tratar este asunto y las comunidades del PP no han llevado nunca ninguna propuesta de modificación del mecanismo.

Sobre los argumentos del PP para no acudir a esta reunión -que se trataba de una convocatoria "ilegal" porque el orden del día fue rechazado en una cita preparatoria previa- Rego ha asegurado que el Gobierno cuenta con un informe del Consejo de Estado que les habilita para seguir trabajando con su plan.

Once comunidades -diez del PP y Castilla-La Mancha- han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación de los jóvenes ante el Tribunal Constitucional. La ministra ha subrayado que tendrá que ser el tribunal de garantías el que decida sobre estos recursos pero ninguna autonomía puede ser "juez y parte": "Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley", ha protestado.

Hasta ahora, en España, cualquiera podía ser periodista. Tuviese una licenciatura en Comunicación, un título en Arqueología o un curso de mecánica por correspondencia. Cualquiera podía, por ejemplo, dar de alta un sitio web, autodenominarse periodista y empezar a publicar noticias en nombre de la libertad de información.

Y nadie podía discutírselo, como tampoco negarle el derecho a recibir dinero público o privado a través de publicidad o de cualquiera de los mecanismos más o menos opacos que las instituciones y las empresas utilizan para dar a conocer su trabajo o sus productos (y para financiar los altavoces que más les interesan).

La consecuencia era evidente: como no había reglas para decidir qué es un periodista y qué no lo es, tampoco había mecanismos para sancionar a quienes incumplen las normas y los códigos deontológicos en los que debe apoyarse la práctica profesional.

Esa indefinición, sin embargo, está a punto de cambiar. El Consejo de Ministros se dispone a aprobar, en los próximos días, un anteproyecto de ley de regulación del derecho al secreto profesional de los periodistas y de las empresas o entidades responsables editoriales de los medios en el que, por primera vez en la historia de España, incluye una definición legal de periodistas y medios.

El borrador de la futura ley, al que ha tenido acceso infoLibre, establece que, a partir de la entrada en vigor de esta nueva norma, será periodista “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.

Las claves del anteproyecto para distinguir entre un periodista y alguien que no lo es son, por tanto: tener una dedicación “profesional”, difundir información “veraz de interés público”, y hacerlo al servicio del derecho a la información de los ciudadanos.

La ley no lo dice, pero los criterios jurídicos y profesionales tradicionalmente aceptados sugieren que, para considerar que se trata de una actividad principal y continuada, debe haber una dedicación habitual, no esporádica, a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público. No basta, por tanto, con publicar contenidos informativos puntuales o en redes sociales: el carácter profesional implica que se trata de una ocupación principal o de una forma de vida que se ejerce a través de medios con “responsabilidad editorial” o, lo que es lo mismo, que se hacen corresponsables de lo difundido.

En España, ha sido el Tribunal Constitucional el que históricamente ha delimitado lo que es “información veraz”: aquella que es producto “de una investigación diligente; esto es, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información”. No se trata, pues, de una exigencia de verdad absoluta, sino de una “forma de proceder” en aras a la protección del derecho del público a la formación de una opinión pública libre, basamento de la democracia.

¿Y qué significa que el trabajo que desarrolla deba tener como objetivo directo contribuir al derecho a la información de la ciudadanía? Pues que no se dedique a la producción de contenidos orientados únicamente a entretener, persuadir, hacer propaganda, marketing o crear opinión sin base informativa. Y que se sujete a normas deontológicas (las reconocidas por los colegios profesionales, las únicas entidades que en España tienen reconocida legalmente la representación de los periodistas), el de la FAPE o los de organismos como la Unesco o el Consejo de Europa. El criterio, por tanto, no puede ser solo el contenido, sino cómo se ejerce el periodismo: veracidad, contraste e independencia, entre otras exigencias.

Este planteamiento excluye, por ejemplo, a creadores de contenido o influencers que informan de temas sociales, pero sin tratamiento periodístico ni sujeción editorial; a activistas, portavoces o personas que publican información útil o relevante, pero no de forma profesional ni bajo estándares periodísticos y a ciudadanos que difunden información, aunque sea veraz, incluso relevante, pero lo hacen sin estructura, continuidad, ni responsabilidad editorial.

Imaginemos dos personas. La primera trabaja en una web informativa, cubre tribunales y redacta crónicas judiciales. Tiene contrato o trabaja de manera autónoma con ingresos estables por esta labor y sigue normas éticas, verifica sus fuentes, y firma sus textos. La segunda tiene un canal de YouTube donde habla de política. A veces acierta con primicias, pero no verifica fuentes. Su objetivo es influir en la opinión pública y monetizar visitas y no trabaja bajo normas deontológicas ni con control editorial externo. La primera sería periodista; la segunda no.

Lo que no dice el anteproyecto es que, además, para ser periodista profesional sea necesario contar con una titulación oficial en Comunicación como las que expiden casi medio centenar de universidades en España. Una ausencia que viene a certificar que la licenciatura carece de valor legal para convertirse en profesional de la información. El Gobierno quiere consolidar por ley que cualquiera, licenciado superior o no, pueda convertirse en periodista, siempre que cumpla con la definición establecida en la futura regulación del secreto profesional.

Esta decisión no solo convierte en papel mojado la licenciatura como requisito para convertirse en periodista, sino que deja en el limbo a los colegios de periodistas de ámbito autonómico. Todos exigen la titulación oficial para acceder a la condición de periodista colegiado, como sucede con otras profesiones, desde ingenieros técnicos informáticos a fisioterapeutas, higienistas dentales o logopedas.

La norma no tiene más remedio que establecer quién es periodista para que, de ese modo, se pueda decir quién tiene derecho a invocar el derecho al secreto profesional para proteger a sus fuentes. Por eso también define qué es un medio (un servicio de medios de comunicación) y quién es su responsable editorial (un prestador de servicios de medios de comunicación).

El borrador define como medio a “todo servicio cuya finalidad principal, o la de una parte indisociable del mismo, consista en ofrecer información de interés público por cualquier medio bajo la responsabilidad editorial de un prestador de medios de comunicación”. Y, como responsable editorial, a “toda persona física o jurídica cuya actividad profesional es prestar un servicio de medios de comunicación y que ostenta la responsabilidad editorial sobre la elección del contenido” de ese servicio “y determina la manera en que se organiza”.

De acuerdo con esta doble definición, no será un medio de comunicación en España quien publique esporádicamente, carezca de estructura editorial, mezcle información con promoción, opinión o activismo y no disponga de un responsable identificado que asuma el contenido. Y no será considerado “responsable editorial” quien cree contenido sin estructura profesional, se limite a gestionar publicidad o tecnología o publique a título individual, sin distinguir roles ni asumir la edición general.

El borrador reconoce el secreto profesional a los periodistas y a los responsables editoriales que se ajusten a estas definiciones fijadas en su articulado. Ambos tendrán derecho a “no revelar la identidad de sus fuentes, el canal de comunicación a través del cual se transmitió la información y cualquier otro hecho, circunstancia, indicio, referencia o dato, de carácter personal o no, que, directa o indirectamente, pueda llevar a la identificación de la persona o entidad que proporcionó la información”, y podrán también negarse a entregar material, dispositivos o herramientas de trabajo que contengan información susceptible de identificar a una fuente.

Pero no será un derecho absoluto. El Gobierno quiere que los jueces puedan saltárselo cuando tengan “constancia de que la fuente ha falseado conscientemente la información”, cuando sea el único modo de “evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida, integridad física o seguridad de las personas” o para “evitar un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o afecte gravemente a los elementos esenciales del sistema constitucional”.

El BBVA sigue evaluando la condición del Gobierno de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera su opa sobre la entidad, por lo que por el momento ni aclara si seguirán adelante con la operación ni si recurrirán al Tribunal Supremo la decisión del Ejecutivo, según informa EFE.

Durante su intervención en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el máximo responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia ha insistido en que no han pasado ni 24 horas desde que se conoció la decisión del Consejo de Ministros.

En estos momentos, ha explicado, el banco analiza el impacto de la condición impuesta por el Gobierno y "en las próximas fechas" se sabrá qué planes tiene ahora el BBVA, sin dejar claro si seguirá adelante con su opa o recurrirá al Supremo para defender el interés de sus accionistas.

El banquero no ha querido aventurar cuándo tomarán una decisión, pues también ha dicho que siguen esperando a conocer todos los detalles del acuerdo del Consejo de Ministros -el documento amplio- y no solo la información publicada este martes.

En cuanto a los ahorros de 850 millones que preveía en su momento el BBVA si absorbía el Sabadell, Belausteguigoitia ha recordado que desde hace unos meses dijeron que "la mayoría de las sinergias" se lograrían incluso sin fusión porque venían especialmente del ámbito tecnológico.

Pero tampoco ha querido elaborar más su respuesta al respecto con el mismo argumento de que continúan analizando el impacto de la decisión del Gobierno, lo que incluye todas las opciones, incluso la posibilidad de recurrir la decisión ante el Supremo.

"Evidentemente es nuestro deber tener todas las posibilidades dentro de un análisis porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas", ha añadido antes de decir que respetan la actuación del Ejecutivo, aunque la tesis del BBVA sigue siendo que no podían endurecer las condiciones de Competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, ha recordado que aprobó la operación "por unanimidad" y unos compromisos por parte del BBVA "muy robustos" y que van más allá de la defensa de la competencia.

En cualquier caso, si el grupo presidido por Carlos Torres sigue adelante con su opa, el máximo responsable de BBVA España cree que los plazos no tendrían que dilatarse mucho más para conseguir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) al folleto de la operación.

El 1 de mayo de 2024, el BBVA envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la carta que su presidente, Carlos Torres, había remitido al consejo del Sabadell con las condiciones para una fusión que, más de un año después, sigue sin resolverse. Este martes el Consejo de Ministros ha resuelto endurecer las condiciones para que la oferta pública de adquisición pueda culminarse. En concreto, ha decidido dar luz verde a la operación, pero solo tras imponer una condición que retrasaría el proceso de fusión entre tres y cinco años. Durante este periodo ambas entidades deben mantener personalidad jurídica y patrimonio separados. “La condición de mantenimiento de la autonomía está fundamentada en la protección de elementos de interés general”, insistió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su comparecencia del martes.

“La condición del Gobierno no impide la OPA [Operación Pública de Adquisición], pero puede complicar la fusión, más cuando el BBVA ya había dicho que estimaba un plazo de 6 a 8 meses para completarla”, señala Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de la consultora financiera Eurocofín.

En este marco temporal, que comenzaría una vez aprobada la OPA, no podrán ejecutarse despidos que estén relacionados con el proceso de fusión y el BBVA deberá garantizar también las condiciones del crédito a pymes y el acceso a las oficinas que ya le había solicitado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno intenta distanciarse de las críticas que hablan de “intromisión” en la libertad de empresa y se agarra a razones de “interés general” para imponer sus condiciones. “La condición que se establece hoy es una condición proporcional, equilibrada y está en el marco de la normativa”, insistió Cuerpo, que apeló a “la protección de los consumidores, las empresas y los trabajadores” como los elementos que motivaron la decisión.

Ahora la pelota queda en el tejado del BBVA, que podría aceptar la oferta, recurrir las medidas ante los tribunales o, directamente, desistir de la OPA. Antes de que se conociesen los detalles, el presidente del BBVA había remarcado que el banco tiene “la posibilidad legal” de retirar su oferta si las condiciones resultaban muy exigentes, pero por el momento no se ha pronunciado. En el camino de la fusión también se ha interpuesto la resistencia de los accionistas del Sabadell y la posible venta de su filial británica, TSB. Sobre esta operación, el presidente del BBVA, Carlos Torres, reprochaba al Sabadell que “no era el momento idóneo” de realizar la venta en medio de la OPA. Desde la entidad catalana la negativa sigue siendo rotunda.

“Lo que suele ser un proceso empresarial, en este caso se ha ido dilatando inusualmente”, señala Carlos Balado, que explica que a partir de ahora se abren varias vías: “Si sigue adelante y se aprueba la OPA, lo que hará el BBVA es ponerse en contacto con el Sabadell para mandar una oferta a sus accionistas”. Este proceso, una vez registrada la oferta en la CNMV y aprobado el folleto, culminaría con la aprobación de la OPA, aunque el proceso de fusión se tramitaría de forma separada y posteriormente.

En caso de que no ocurra así, y la entidad vasca no esté conforme con la decisión del Consejo de Ministros, caben recursos contra la resolución, aunque de carácter legal. “El BBVA podría recurrir la decisión o llevarla a los tribunales si considerase que altera la libertad de empresa, de movimiento de capitales o cualquier punto que considere”, explica Balado. Además, aquí los organismos europeos también pueden intervenir. “Si Bruselas considera que se contraviene algún punto del marco legal europeo, puede incoar un expediente de infracción, imponer una multa a España o llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE”, indica el profesor. A nivel nacional, también está la opción de que el banco recurra la decisión del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo. Por el momento, aún se desconoce el camino que tomará la entidad que preside Carlos Torres.

En cuanto a los plazos, es difícil aventurarlos en un proceso con tantas aristas, pero si siguiese adelante, el BBVA debería presentar su oferta a la CNMV, que tendría cinco días de plazo para iniciar el proceso de aceptación. Este plazo es del que disponen los accionistas del Sabadell para tomar una decisión y puede durar entre 30 y 70 días. Al final de esta etapa es cuando el banco vasco se haría con la propiedad del Sabadell y es aquí donde empezaría a ponerse en marcha el proceso para pedir el permiso de fusión al Ministerio de Economía, algo que se hace en todas las operaciones. Pero en este caso, debido a las condiciones del Gobierno, se retrasará al menos tres años. Pasados tres años, y después de presentar informes que acrediten el cumplimiento de lo requerido, podrían iniciar el proceso.

Esta valoración por parte del Consejo de Ministros es un trámite que se ha llevado a cabo después de que la CNMC emitiese un informe favorable y de que el Ministerio de Economía decidiera pasar la operación al Consejo. Más allá de las decisiones técnicas, la operación ha contado con una oposición transversal en el plano político: ni sindicatos, ni Sumar, y tampoco PP, Junts, Compromís o Foment del Treball la apoyan. En cambio, sí se mostraban favorables reguladores como la CNMC o el Banco Central Europeo. “Nosotros lo que buscamos es la estabilidad del sistema financiero en la zona euro y España es un país importante”, aseguraba el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

Este martes también se ha pronunciado el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que incidía en la excesiva duración de la OPA y pedía “dejar la iniciativa a los actores” para que los “accionistas valoren lo que es mejor”. También el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado que un proceso de adquisición tan largo “no tiene sentido” y ha pedido respetar “la libertad de las empresas y de los accionistas”. 

A la espera de lo que pase estos días, la CNMV ha suspendido este martes la cotización tanto del Sabadell como del BBVA para evitar posibles daños por la volatilidad de los mercados. Además, se reservan la posibilidad de mantenerla en pausa también durante este miércoles.

El Ministerio de Transición Ecológica presentó la semana pasada su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, pero quiere ir mucho más allá. Este martes ha ordenado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que en los próximos seis meses investigue a "todos los operadores" del sistema eléctrico que tienen obligación de controlar la tensión, es decir, tanto a Red Eléctrica como a las grandes compañías eléctricas.

Este análisis técnico será clave porque se ha identificado que el origen del cero eléctrico de hace un mes fueron los problemas de tensión. Por una parte, se ha encontrado que la red ibérica está sometida de manera frecuente a picos de tensión debido a la instalación masiva de renovables y la mayor capilaridad de la red. Pero también se ha concluido que ese día Red Eléctrica programó una cantidad insuficiente de plantas reguladoras de tensión, y entre las pocas que había (once) todas fallaron en su tarea, y esto es responsabilidad de las propietarias, principalmente Naturgy, Iberdrola y Endesa.

La medida forma parte del paquete que ha aprobado el Gobierno este martes con medidas para evitar que España vuelva a sufrir un apagón. La principal será el cambio en los procedimientos de operación de Red Eléctrica para que los paneles solares y la eólica puedan participar en la regulación de la tensión de la red. También se invertirán 600 millones de euros para instalar compensadores síncronos, máquinas que permiten controlar la frecuencia y la tensión.

El Ministerio de Transición Ecológica, que ha elaborado este real decreto, también ha aprovechado para lanzar un bloque de medidas de apoyo a las energías renovables, un espaldarazo a una tecnología que ha estado en el foco de la polémica desde que ocurrió el cero eléctrico. Este miércoles termina el plazo para instalar decenas de plantas fotovoltaicas y eólicas que recibieron los permisos de conexión, pero que no han conseguido ponerse en marcha a tiempo, y el Gobierno ha decidido dar un periodo de gracia para ellos hasta 2028. 

El paquete incluye, además, facilitar la repotenciación de molinos de viento tecnológicamente obsoletos, así como facilidades para la instalación de baterías, donde hay un importante retraso en el desarrollo. También se pretende impulsar el consumo de electricidad con el impulso de las bombas de calor en los hogares y los puntos de recarga de vehículos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales sin tener cerrados los apoyos parlamentarios para su entrada en vigor, una responsabilidad que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha atribuido al PP, ya que con Junts ve margen para la negociación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que recoge EFE, Díaz ha dejado claro que el Gobierno está negociando con todos los grupos parlamentarios para buscar los apoyos necesarios con los que sacar adelante esta norma que, ya de entrada, se encontrará con la enmienda a la totalidad anunciada por Junts y con el rechazo del PP.

"El Gobierno ha cumplido (...) ha hecho lo que tenía que hacer", ha subrayado Díaz que ha interpelado directamente al PP de cara al trámite parlamentario que ahora encara la norma: "¿Va a maniobrar el señor Feijoo para tumbar la reducción de la jornada como hizo con la reforma laboral? Está en las manos de 137 diputados del PP". A su juicio, "cuando alguien practica la política como arma de destrucción se convierten en la nada", refiriéndose al PP, al que le ha pedido su apoyo ahora que "tiene la oportunidad de demostrar si prefiere golpear al Gobierno o cambiar la vida de la gente".

Díaz ha asegurado que esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos -del que se descolgó la patronal-, "avanza en una España que va a ser mejor, modernizamos las empresas, el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz".

Ha reconocido que la norma tiene "poderosos adversarios", pero ha añadido que "ahora la voz la tienen las formaciones políticas" y se ha mostrado segura de que su tramitación servirá para abrir "un debate de país".

Y preguntada por el veto presentado por Junts, ha dicho que "hay margen para la negociación" y ha apuntado a que esta enmienda a la totalidad forma parte de los entresijos de las negociaciones. "Nadie se atreve a decir que está en contra (...) no lo dicen porque esta norma está ganada en la calle", ha apuntado. "Hay margen para la negociación", ha enfatizado Díaz, que ha apuntado a las ayudas a empresas como uno de esas herramientas de negociación.

"El Gobierno sabe muy bien a quien representa (...) es el Gobierno de los trabajadores", ha añadido la titular de Trabajo que ha enfatizado que la norma afecta a 12 millones de personas, de los que la mitad se concentran en Madrid, Andalucía y Cataluña. Díaz también ha incidido en que la norma afecta especialmente a las mujeres, con peso mayoritario en el empleo a tiempo parcial, y a sectores claves como el comercio, la industria, la hostelería o la construcción.

Asimismo, ha destacado que el cambio se enmarca en un contexto de incremento de los márgenes empresariales que han crecido, ha ejemplificado, un 24% desde 2019 en el caso del comercio, un 35% en la hostelería o del 36% en el de la agricultura. En promedio, añade Trabajo, la reducción de la jornada laboral será del 2,1%, que equivale a 48 minutos por semana.

Desde el año 1983, subrayan, la productividad real por hora trabajada ha aumentado en España un 53% mientras que la remuneración real de los asalariados solo un 22 %.

La nueva norma incluye mejoras en el registro de jornada, para hacerlo digital y accesible en remoto para el trabajador y para la Inspección de Trabajo, convirtiéndolo en "un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo".

Además, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión digital, al tiempo que se aumentan las sanciones por el incumplimiento de la medida, haciendo que sean aplicadas por persona trabajadora y no por empresa como hasta ahora.