El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la sentencia por la que el expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, fue absuelto del delito continuado de apropiación del que estaba acusado por supuestamente cargar gastos indebidos a Foro Asturias, según informa EFE.

El alto tribunal asturiano ha confirmado el fallo dictado el pasado 4 de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo tras un juicio en el que la Fiscalía y la acusación ejercida por Foro Asturias pedían una condena de tres años y medio de prisión. Las acusaciones también pedían una indemnización de entre 181.000 euros y 218.000 euros por haber cargado gastos que consideraban particulares, relacionados por ejemplo con viajes o comidas.

La Sala Civil y Penal del TSJA ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, al que se adhirió la acusación particular, para solicitar la repetición del juicio al considerar que se había incurrido en una infracción de normas o garantías procesales, infracción de ley en la concepción del delito y error en la valoración de la prueba.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y contra la que cabe recurso de apelación, el TSJA ha desestimado las alegaciones del Ministerio Público y ha confirmado el fallo de primera instancia en todos sus términos.

Álvarez-Cascos, quien ocupó diversos cargos de relevancia en Foro Asturias, partido constituido en 2011 en torno a su figura tras su salida del PP y con el que accedió ese mismo año a la Presidencia del Principado, alegó durante el juicio que todos los gastos formaban parte de su retribución al frente del partido y dijo tener la "conciencia tranquila".

En su declaración frente al tribunal, aludió a un acuerdo con el partido para que se le abonaran los gastos derivados de su actividad al servicio del partido, a la vez que defendió que "trabajaba veinticuatro horas al día" con "dedicación plena" al proyecto político sin tener "ni descansos ni vacaciones".

En la sentencia ahora confirmada, la Audiencia apuntaba que "tal acuerdo, que es razonablemente comprensible para motivar a la persona buscada para liderar el proyecto político que se ponía en marcha", fue referido tanto por el acusado como por "testigos destacados en la génesis y ulterior acción del partido". El texto recogía que, desde su origen, el partido no tenía tesorero, de modo que la gestión económica y financiera recaída sobre la Comisión Directiva, sin que nadie cuestionara los gastos, y añadía que el acusado "nunca dispuso de firma en las cuentas bancarias del partido ni de tarjetas de crédito o débito asociadas a ellas".

Así, los gastos generados por su actividad que se consideraban relacionados con sus funciones eran cargados a las cuentas del partido "previa aportación de los justificantes correspondientes que eran contabilizados y comprobados para pasar a la firma de los apoderados en las cuentas bancarias".

La indignación con la que llegan al juzgado los ex altos dirigentes del PP cada vez que los tribunales osan llamarlos a declarar es comprensible. Tienen mejores cosas que hacer, como jugar al golf en el caso de Rodrigo Rato, que siempre que visita el juzgado lo hace como su colega Álvarez Cascos, con el cabreo de tener que explicar lo que a ellos les parece que les corresponde por derecho. Porque ellos lo valen. Que no lo hacen ni por placer. Si Paco Cascos iba a Roland Garros con sus hijos a cargo de Foro Asturias no era por gusto sino por obligación, “porque tener una imagen de familia es un activo”. 

Disponer de lo que consideran que les corresponde por pertenecer a una clase política o social no es ningún pecado. Es normal, desde el punto de vista de estas élites, que les toque las narices renunciar a sus actividades de ocio para una gilipollez como someterse a preguntas absurdas, cuya respuesta se cae por su propio peso, como Cascos ha insistido en señalar. Mantener un tren de vida como el suyo conlleva un desembolso económico elevado, eso lo sabe cualquiera con dos dedos de frente. El populacho no lo entiende por la sencilla razón de que ignoran lo que supone renunciar a múltiples prebendas cuando se lleva toda la vida disfrutando de ellas.  

Lo escenificó perfectamente Javier Hidalgo cuando tuvo que ir al Senado hace poco más de un mes. El ex consejero delegado de Globalia fue citado por el PP para interrogarlo en la comisión por el caso Koldo. Abrió su iPad con una pegatina de Malibú, el sitio en el que debería estar si no hubiera tanto tocapelotas suelto por el mundo y lo primero que hizo fue restregar a los senadores que había tenido que coger un vuelo de 16 horas para estar ahí. ¿A quién se le ocurre citarle cuando se encontraba tan a gusto en Los Ángeles? Hay que ser tan tonto del culo como los allí presentes para sacarle de su paraíso solo para que declarase contra Begoña Gómez. No le quedó más remedio que abroncarles y acusarles de lanzar bulos. Porque el amigo de los hijos de Aznar se considera muy por encima de sus señorías, por muy lacayos del PP que sean. 

Y es que los Cascos, los Rato o los Javier Hidalgo no tienen nada de qué arrepentirse, cualquier cosa que hagan está justificada por el riesgo que conlleva su actividad económica o política. Es como cuando se descubrieron las cuentas ocultas de la cúpula y el consejo del BBVA en paraísos fiscales como Jersey a cargo del banco y fuera del balance, desde las que se hicieron diversas adquisiciones. Estaban en su derecho, se contaron, y eso era razón suficiente para desviar beneficios en beneficio propio. Igual entonces dimitías, como hizo Ybarra y el consejo en bloque. Pero ahora es un símbolo de estatus tener cuentas en paraísos fiscales y que se sepa. 

A nadie se le pone la cara roja de vergüenza, todo lo contrario. Que se enteren en su círculo que maneja capital. Defraudar es un valor al alza que cotiza más que penaliza. Hasta un mindundi como el novio de Ayuso ha hecho sus pinitos en Panamá, lo que le ha dado aún más caché. Tanto que el Supremo le tiene como una persona de bien a la que hay que proteger de mala gente como el fiscal general del Estado o los periodistas que informan sobre sus actividades defraudadoras. Tan envalentonado está él y su entorno que hasta presumen de adelantar decisiones judiciales. 

Si lo miras con perspectiva, tampoco es tan sorprendente. Cosas más alucinantes están pasando en Estados Unidos, donde el presidente electo ya está anunciando que piensa quedarse con Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, por empezar por algún sitio. Es de los que piensan que tienen derecho a tomar lo que les viene en gana, ya sea una mujer o un país, por ser vos quien sois. A ver si acabamos siendo norteamericanos.

Ambas prórrogas fueron aprobadas por el gobierno de José María Aznar, siendo su ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. En el caso de Galicia fue decidida en el año 2000 para que la empresa Autopistas del Atlántico (Audasa) mantuviese el peaje hasta 2048. También en 2000 dicho Gobierno prorrogó la concesión a Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa) del cobro hasta 2050. Las dos empresas pertenecen al grupo Itinere Infraestructuras, S.A. que es uno de los principales gestores de concesiones de infraestructuras que operan en España.

El derecho de la Unión Europea establece que “la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión que sólo puede adjudicarse mediante licitación”. Pero el gobierno del Partido Popular prorrogó ambas concesiones sin licitación nueva. En el caso de la autopista a través del valle del Huerna, entre León y Asturias, se añadían 29 años a la licencia inicial. Según informa La Nueva España, España tiene ahora dos meses para responder a Bruselas antes de que el expediente abierto siga adelante y el Ejecutivo asturiano estudia la posición de la Comisión Europea sobre la ampliación del peaje a la autopista gallega ya que “entiende similar a la del peaje del Huerna''. Sin esa prórroga, el peaje entre León y Campomanes, en el municipio asturiano de Lena, “desaparecería el próximo mes”, señalaba al diario ovetense Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno de Adrián Barbón, al apuntar la fecha del 17 de octubre como final de la primera concesión de la AP-66.

Los expedientes abiertos a España se unen a otro que afecta a Italia, ya que la CE también ha iniciado una tramitación similar por la licitación de una autopista en el Tirrero, informa Faro de Vigo, dos años después de que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciase que había incumplido las normas europeas”. Precisamente el Gobierno astur y el Ejecutivo español han iniciado conversaciones para una posible rebaja del peaje del Huerna, una similar a la concedida al tramo entre Tui y Ferrol el pasado julio.

Las razones dadas por el gobierno de Aznar para justificar ambas prórrogas aludieron a la financiación de la construcción de la autovía entre Onzonilla (León) y Benavente (Zamora), que enlazaría sin pago para los viajeros las comunicaciones entre la capital leonesa y la autovía entre Madrid y Galicia. Pero una investigación de La Nueva España, publicada el 23 de abril de 2019 tras tener acceso a documentación interna del Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes), descubrió que en realidad sirvió para financiar parte de la AP-9 en las cercanía de Vigo y “para sanear las cuentas de la entonces pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ahogada por las deudas, lo que permitió privatizarla solo tres años más tarde”.

La asociación de consumidores En-Colectivo tiene el objetivo de agrupar a usuarios afectados por abusos de grandes compañías para posibilitarles reclamaciones que para ciudadanos individuales resultarían costosas, encontrándose en posición de inferioridad, ofreciéndoles una defensa colectiva y con mayor capacidad de luchar contra vulneraciones legales. Las prórrogas populares no parecen nuevas, por eso no nos extrañe ahora lo del gobierno de los juecespopulares.

Fernando Granda es socio de infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz escuchará a las partes personadas en la causa de las llamadas comisiones finalistas de la contabilidad opaca del PP sobre si reclamar las agendas de los ministerios de Fomento y de sus respectivos titulares durante los gobiernos de José María Aznar, tal y como le había solicitado la Abogacía del Estado, en un último intento por alargar esta investigación que comenzó en 2013 con la publicación de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, que ya se archivó una vez y fue reabierta en 2017.

La diligencia de la Abogacía se basa en la declaración que prestó el pasado mes de julio el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien aseguró que todos los ministros de las carteras de Fomento y Medio Ambiente con el PP tenían trato con donantes de la caja b. "Al final, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", expuso, mencionando expresamente a Francisco Álvarez-Cascos.

Unos días después de la comparecencia de Bárcenas, Pedraz optó por no prorrogar las pesquisas dedicadas a determinar si los empresarios que habrían nutrido con sus donaciones la contabilidad irregular del PP tenían el objetivo de conseguir a cambio adjudicaciones concretas de contratos públicos, las llamadas comisiones finalistas. Esto trajo como consecuencia que la fase de instrucción concluyera el 29 de julio, cuando estaba previsto que caducara conforme a los nuevos plazos procesales, y aún estaba pendiente que el magistrado decidiera si archivar la investigación o dictar auto de procesamiento.

Visitas, agendas y movimientos de dinero

Justo el día 29 de julio entró en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el escrito de la Abogacía del Estado solicitando las nuevas diligencias. En concreto, tres. En primer lugar, que se requirieran los registros de entrada y salida o de visitas del Ministerio de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y las empresas públicas implicadas, así como de la Constructora Hispánica, "durante el periodo de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su declaración, esto es, de 1996 a 2004".

De igual modo, pedía que se indagara en la "agenda oficial" de los ministros de Fomento en esa misma época, que se corresponden con Rafael Arias-Salgado (1996-2000) y Francisco Álvarez-Cascos (2000-2004), así como las de los secretarios de Estado de Infraestructuras, directores generales de Carreteras y responsables de dichas empresas públicas en aquellos años, además de la del entonces presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo.

Por último, reclamar a la Agencia Tributaria "los expedientes tramitados de inspección y sancionadores con posterioridad a 2003 en relación al riesgo fiscal por movimiento de billetes de 500 euros, así como operaciones de movimientos de efectivo efectuadas tanto por la persona jurídica de Constructora Hispánica como por la persona física de Alfonso García Pozuelo".

Sin embargo, el instructor rechazó cuatro días después las diligencias propuestas por la Abogacía del Estado. Lo hizo sin consultar al resto de partes personadas en el procedimiento y mediante una providencia en la que se limitaba a afirmar que no había lugar "dado que ha concluido el plazo de investigación judicial". Pasado el periodo inhábil de agosto, la acusación popular que ejerce el PSPV ha recurrido la decisión de Pedraz, reprochándole que no entrara a valorar la "pertinencia, utilidad y necesidad de las mismas por una cuestión estrictamente formal" como es la conclusión del plazo de instrucción. 

El último día

Según el escrito, consultado por este periódico, la acusación remarca que "cuando la Abogacía del Estado solicitó la práctica de dichas diligencias, la instrucción no había concluido", pues era "el último día", por lo que la petición se realizó "dentro del plazo". "Si la Abogacía del Estado solicitó la práctica de las diligencias antes de que expirara el plazo de instrucción, como así sucedió, el magistrado instructor debe pronunciarse sobre la necesidad y pertinencia de la mismas, acordando su práctica si fueren procedentes", explica. En su opinión, "la resolución que procede es la admisión de las diligencias, pues a la vista del contenido de los informes, las mismas resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en los términos que expone la parte proponente".

Pues bien, en una providencia posterior, de fecha 10 de septiembre, Pedraz acepta dar traslado del escrito de la acusación popular a la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes personadas en la causa, que se pronunciarán sobre la pertinencia o no de las diligencias planteadas por la Abogacía del Estado si, como subraya el PSPV, fueron solicitadas el último día de la instrucción. Tal y como afirma en el recurso, "el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la práctica, una vez finalizado el plazo de instrucción, de aquellas diligencias que ya hubieren sido acordadas durante la vigencia del mismo y esta previsión legal debe ser aplicada a aquellas diligencias que, aun cuando no hubieren sido acordadas antes de la expiración del plazo, si hubieren sido solicitadas antes de dicha fecha pues, en caso contrario, un retraso en la decisión sobre la admisión de la pruebas determinaría que éstas, pese a que fueren necesarias, no pudieran ser acordadas, que es precisamente lo que sucede en el presente caso".

La de las comisiones finalistas es una de las piezas separadas que se abrieron en la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad en b del PP que ya ha sido probada por el Tribunal Supremo. La otra rama de la investigación. la del supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova, ha sido juzgada este mismo año y está pendiente de sentencia, la cual se prevé para este otoño. 

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos conservadores, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la caja b para hablar sobre adjudicaciones públicas, según informa Europa Press. Bárcenas, que ha acudido por su propio pie a la Audiencia Nacional porque en estos días se encuentra disfrutando de un permiso que le mantiene fuera de la madrileña cárcel de Soto del Real, ha comparecido esta vez ante el juez que investiga si las inyecciones de dinero que se hacían a la caja b tenían como objetivo lograr adjudicaciones concretas.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el otrora responsable de las finanzas de los conservadores ha ratificado lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas. Si bien en esta comparecencia, de apenas una hora, ha ido un paso más allá al asegurar que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular trataban con empresarios donantes sobre dichas licitaciones.

En concreto, ha recordado un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos. Ese supuesto desencuentro entre Álvarez Cascos y Lapuerta habría sido el punto de inflexión. De acuerdo con Bárcenas, a partir de ese momento todas las gestiones relativas a esa cartera pasaron directamente por el que fuera titular de Fomento entre los años 2000 y 2004.

Una especie de "lobby"

El extesorero ha manifestado que los pagos a la contabilidad oficiosa tendrían en realidad como principal objetivo tener acceso a los responsables de las administraciones licitadoras. Ha descrito una dinámica que tendría como primer eslabón a los donantes y a los tesoreros, que se encargarían de recabar el dinero y las pretensiones. Bárcenas se ha referido a este entramado como una suerte de lobby en el que tanto él como Lapuerta harían de relaciones públicas. En el siguiente escalón, la maquinaría funcionaría con los ministros de Fomento y Medio Ambiente y con sus secretarios de Estado.

Además, ha diferenciado dos estructuras: una nacional, de la que formarían parte los ministros y las empresas que contactaban con Génova con miras a obtener adjudicaciones estatales, y otra autonómica donde estarían implicados los presidentes de las distintas comunidades.

A este respeto, Bárcenas ha explicado que en el PP habría surgido una disputa intestina entre el partido de Madrid y el nacional por las obras de una carretera ubicada en la zona norte de la región. Lapuerta habría estado, en sus palabras, muy encima de este tema, hablando con María Dolores de Cospedal y otros dirigentes de la formación.

Sin pruebas por la 'Kitchen'

Interrogado al detalle por las partes -todas menos el PP, a cuyo abogado no ha querido contestar-, Bárcenas no ha sabido precisar quién habría pagado para qué adjudicación. El extesorero ha justificado que esos datos estaban en la documentación que le habría robado la operación Kitchen. Esta vez ha culpado al comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo jefe de seguridad de Cospedal, de la desaparición de estas supuestas pruebas sobre la caja b a causa del espionaje parapolicial que se habría montado en 2013 en el Ministerio de Interior para encontrar esa documentación comprometedora y evitar así que cayera en manos de la Justicia.

No obstante, sí ha sido capaz de recordar algunas cosas. De este modo, ha declarado que el ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tenía una relación privilegiada con Lapuerta, a quien entregaría directamente el dinero donado. En cambio, de ACS ha indicado que no fue donante en ningún momento.

Sobre el dueño de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, uno de los condenados por la primera época de Gürtel, ha aseverado que era un pagador importante con mucho interés por la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Bárcenas ha querido aclarar asimismo que su disposición a colaborar con la Justicia sigue en pie. Otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya le llamó para materializar su ofrecimiento en lo relativo a algunos de los asuntos que investiga: Púnica y Kitchen.

El extesorero del PP, ya condenado a 29 años de cárcel por Gürtel, dio a conocer este relato escrito el mismo día que el juicio por el uso que se le habría dado a la caja b del PP para pagar la reforma de la sede de Génova quedó visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para Bárcenas por este asunto.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por presunta apropiación indebida. Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la decisión de la jueza se basa en el auto de procedimiento abreviado que en mayo ya solicitó que continuase la tramitación de la causa, por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un presunto delito continuado de apropiación indebida de fondos del partido Foro Asturias.

Según ese auto, Álvarez-Cascos ostentaba, presuntamente, "un absoluto control de la actividad y de las decisiones del partido y valiéndose de su cargo orgánico dentro del partido para disponer de los fondos y recursos económicos titularidad de Foro para fines ajenos a la actividad política, tratándose de gastos de carácter personal".

Sostiene que, presuntamente, Álvarez-Cascos "entre el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017 y sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente de secretario general y, de la inexistencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido Foro Asturias, pasó a cargar a las cuentas del partido gastos de naturaleza personal no relacionados con su actividad política y por ende desvinculados de la actividad y del interés del partido".

Tales gastos vienen constituidos, según el Auto, por los siguientes: "Gastos de Procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y Procurador por un asunto personal; psicotécnico; zapatos; cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; juegos de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entrada para la Copa Davis, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado; cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé y gastos de restaurante en localidades de veraneo, además de otros establecimientos de comida rápida".

Estos gastos ascienden en su totalidad a la suma de 5.550,51 euros, "habiéndose practicado cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos tuvieron participación, así como del órgano competente para el enjuiciamiento".

Los términos de la "oferta/propuesta profesional" recibida, previa a la creación del partido, implicaba además de un alineamiento al proyecto político, el mantenimiento tanto de su situación económica previa como de su lugar de residencia en Madrid, a cambio de una dedicación exclusiva por parte del aquí investigado al proyecto político; otorgándole con ello facilidades para el mantenimiento de su vida personal y familiar, lo que implicaba desplazamientos a Madrid (con o sin conductor), gastos inherentes al mismo así como alojamientos en Asturias, además de capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido que el mismo considerare (si bien sujeto a un control posterior), señala el Auto.

Tal régimen económico estipulado se cumplió inicialmente, si bien a raíz de la disminución de la capacidad económica del partido Foro en el año 2015, se disminuyen los ingresos que se percibían en concepto de sueldo tanto del investigado como del resto de personal del partido.

La magistrada señala que respecto al sistema de generación de gastos que regía en ese periodo, en lo que se refería a los traslados del Álvarez-Cascos, se optó por un régimen de abono particular, de tal manera que no se le abonaban los kilómetros de desplazamiento en vehículo propio a precio fijo, sino los gastos que supongan los mismos (tales como gasolina, peajes, mantenimiento de vehículos privados); disponiendo el investigado de una tarjeta Solred para gasolina que era empleada también para el pago del carburante de los vehículos del partido; sin que se abonarán dietas, sino que se abonaban los gastos en que incurriera en concepto de alimentación, comidas, incluyendo los suyos personales o el abono de invitaciones por gastos de representación.

"Por lo que al no existir dietas ni pago por kilómetros y que se estimaba que no se cumplía el acuerdo económico inicialmente acordado, no se supervisaba exhaustivamente los gastos que se generaban y si los mismos eran ajenos al partido y a la actividad política", explica la jueza.

El expresidente del Principado de Asturias, exministro del PP y fundador de Foro, Francisco Álvarez Cascos, ha anunciado este lunes que cancela su "militancia" en Foro, criticando "la demolición ética, ideológica, estratégica, táctica y organizativa" de su actual dirección, según recoge Europa Press.

Al respecto, desde el partido indican que el expediente de expulsión estaba suspendido, dado que se encuentra en un proceso penal. De este modo, si formaliza su baja se procedería al archivo del expediente. 

Cascos, en una intervención en la Mesa de Mareantes y Navegantes de Luarca y difundida a través de nota de prensa por el diputado Pedro Leal, critica la "demolición" del proyecto de Foro.

"Cancelo hoy mi afiliación a un partido en el que sus dirigentes protagonizan el episodio insólito de demolición ética, ideológica, estratégica, táctica y organizativa del proyecto político singular de Foro que gestamos hace diez años", ha dicho el exlíder de la formación, para quien la Fiscalía del Principado de Asturias solicita 2 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, al considerar que cargó a las cuentas del partido gastos personales por valor de 5.550 euros.

Para Álvarez Cascos, la actual dirección, encabezada por Carmen Moriyón y Adrián Pumares, convierte a Foro "en un club minoritario donde cinco personas predeterminadas -léanse los arts. 29 y 30 de los Estatutos que patrocinan-, suplantan las competencias de gestión ordinaria de la actual Comisión Directiva".

"Foro era un partido con sistema de elección directa de todos los afiliados e intentan convertirlo en un club de voto censitario, donde el derecho sólo lo pueden ejercer personas con conocimientos tecnológicos que les permitan estar inscritas en un censo que nadie más que el aparato controla, y votan sin ninguna garantía democrática de dicho censo ni del escrutinio", dice.

En ese sentido, apunta que no puede permanecer "al lado de quienes traicionaron a Foro en 2019 y hoy lo dirigen; de quienes incumplen flagrantemente sus Estatutos; y de quienes siguen traicionando de modo continuado a los 30.000 asturianos que votaron a nuestros candidatos".

"No aspiro permanecer ni un minuto más bajo el disfraz de etiquetas nacionalistas, para renunciar a la condición de partido nacional que tiene como objetivo esencial el progreso político, económico y social de España", añade, afirmando que "bajo el eufemismo de la transversalidad', renuncian a construir una alternativa de Gobierno para resolver los problemas de Asturias, y se conforman con participar en la solución, a cambio de maximizar beneficios particulares, reeditando un nuevo Pacto del Duerno que ya rechazamos en el pasado".

"No quiero ser cómplice de maniobras de mercadeo con el PSOE, cada vez que necesita un voto en la JGPA para perpetuarse en el Gobierno del Principado, o para aprobar la oficialidad del asturiano que no sólo divide sino que daña los sentimientos de todos cuantos nacimos y crecimos en el cariño, el respeto y el reconocimiento a nuestros bables ancestrales", dice.

Según asevera, siente "un sentimiento de legítimo orgullo por la colosal tarea realizada, que esta gente hoy intentan destruir y borrar". "Apelo a Don Quijote para expresarlo: 'y, puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia alguna'", concluye.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 2 años de prisión para el impulsor del partido Foro Asturias y expresidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por un delito continuado de apropiación indebida, al considerar que cargó a las cuentas de la formación política gastos personales por valor de 5.550 euros.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado en el Juzgado encargado de la instrucción del procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a Foro Asturias con 5.550,51 euros por el dinero apropiado, más los intereses legales correspondientes.

La Fiscalía sostiene que el acusado ostentó diversos cargos de relevancia en el partido político Foro Asturias de Ciudadanos (FAC) desde su constitución, en febrero de 2011, ha informado Europa Press.

En los meses inmediatamente anteriores a la constitución de este partido, al encausado se le realizó una oferta profesional, encaminada a liderar un proyecto político, para lo cual, además de un alineamiento en ese proyecto, se incluía una retribución a cambio de dedicación exclusiva, facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid, para ejercitar el régimen de visitas con sus hijos (lo que incluía alojamientos 2 en Asturias, desplazamientos con o sin conductor, gastos inherentes al desplazamiento, etcétera) y capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido en el territorio que considerase (si bien sujeto a control posterior).

Esta oferta económica en ningún caso incluía gastos de carácter personal, gastos de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionadas con la actividad política. Una vez aceptada la oferta profesional, el acusado fue nombrado presidente del partido desde su primer congreso, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2011, y hasta el 14 de marzo de 2015, momento en que pasó a ostentar el cargo de secretario general, hasta el 15 de noviembre de 2019. No obstante, desde la constitución, fue la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones en la misma, sostiene el Ministerio Público.

Sistema de autorización del gasto

En el escrito de acusación pública, la Fiscalía señala que en el partido, desde su origen, no se había nombrado tesorero, y la comisión directiva, como órgano de máxima relevancia en su funcionamiento, se centraba principalmente en la actividad política, delegando tal función económica de facto y despreocupándose del sistema ofrecido a la máxima figura de la formación.

En realidad, se establecían criterios de confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos del partido, sumado a la existencia de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas (que se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos).

A ello se sumaba la existencia de un procedimiento basado en la confianza, conformado por ciertas personas que ejercían de facto la gestión y control del gasto, si bien, dado que no ostentaban la función de tesorero, su labor se centraba en el correcto funcionamiento formal, sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto. Se trataba, por tanto, de personal con competencias para abonar los gastos pero no de fiscalizarlos y que, tras gestionarlos, los pasaban a un supuesto filtro de firma y autorización, que eraautomático, basado en la confianza y huérfano de toda calificación sobre la procedencia o improcedencia de los cargos.

Gastos de carácter personal

Para la Fiscalía, el acusado era "plenamente conocedor" de este sistema de pagos de los justificantes que remitía y mantuvo el mismo como máximo responsable del partido e integrante de la comisión directiva (pues no en vano era el principal beneficiario del mismo).

"De este sistema se sirvió el acusado para cargar al partido una serie de gastos no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios", señala el escrito.

"Y de este modo desvió ciertas cantidades hacia su patrimonio personal o de sus personas vinculadas. Así, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el acusado cargó a las cuentas del partido gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad política, que suman en su totalidad la cantidad de 5.550,51 euros", añade.

Tales gastos vienen constituidos, según la Fiscalía, por los siguientes: "Gastos de Procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y Procurador por un asunto personal; psicotécnico para carnet de armas; zapatos; cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; juegos de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entradas para la Copa Davis, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado; cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé y gastos de restaurante en localidades de veraneo, además de otros establecimientos de comida rápida".

La Fiscalía del Principado de Asturias considera que existen "indicios suficientes" de que el impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, cargó a las cuentas del partido gastos personales por valor de 5.550,51 euros entre los años 2011 y 2017, según recoge Europa Press. Por ello, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la continuación de la causa abierta contra Álvarez-Cascos por los trámites del procedimiento abreviado, que supondría el fin de la instrucción y, en el momento procesal oportuno, la formalización de la correspondiente acusación por un delito continuado de apropiación indebida.

El informe del Fiscal fue presentado esta este jueves ante el órgano judicial. El procedimiento se inició por la querella interpuesta por Foro contra Álvarez-Cascos en 2020 por una serie de conductas y gastos, que posteriormente fueron ampliados por el partido.

A juicio del Fiscal, consta "suficientemente acreditado" que, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el investigado, sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente de secretario general de Foro Asturias, y de la existencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido, cargó a las cuentas de la formación política gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad profesional, que suman 5.550,51 euros.

Entre esos gastos están los de procurador por un asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por un asunto personal; un informe Psicotécnico; Zapatos; gastos de cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación. Hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares.

Juego de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entradas para la Copa Davis, dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado. Cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé; y gastos de restaurantes en localidades de veraneo y hamburgueserías.

La Fiscalía considera que la justificación vertida por el investigado sobre estos consumos no es suficiente. Matiza que el hecho de que puedan considerarse gastos residuales en comparación con el global de gastos que le se atribuían inicialmente no los convierte en lógicos, aceptables a la actividad política, y constituyen un delito continuado de apropiación indebida.

En cuanto al resto de gastos denunciados por Álvarez-Cascos, el Fiscal, tras la profusa instrucción practicada, considera que están relacionados con la práctica profesional del investigado. En el marco de la instrucción del procedimiento, el pasado 9 de febrero el Ministerio Fiscal presentó un informe en el Juzgado, en el que concluyó que, tras las justificaciones, explicaciones y elementos de prueba aportados por el investigado, así como las diligencias de investigación acordadas por la juez instructora, varias de las apropiaciones que se atribuían al investigado resultaban justificadas.

En esencia, la Fiscalía, en ese informe, consideró que ciertas conductas del investigado "no constituían apropiación" de dinero ajeno, entre ellas, el cobro de su salario, el cobro por conferencias, los gastos de conductor, vehículo, secretaría personal, préstamo personal recibido (y devuelto), alquiler de un centro de negocios en Madrid para el partido o numerosos gastos que aparentemente se podían clasificar como de carácter personal pero que aparecían relacionados con su actividad política.

El secretario general de Foro y su portavoz en la Junta General, Adrián Pumares, ha confirmado que la dirección del partido ha decidido presentar una querella criminal contra su fundador, el expresidente del Principado de Asturias y exlíder de la formación, Francisco Álvarez-Cascos, por unos presuntos delitos continuados de "apropiación indebida y de administración desleal", informa Europa Press.

En declaraciones remitidas a los medios este sábado, Pumares ha señalado que "una vez revisadas las cuentas y la documentación del partido" se considera que "hay indicios más que razonables de presuntas irregularidades, de presuntos delitos" y, por tanto, han decidido, "como cualquier partido que pretende ser ejemplar en la sociedad", ponerlo "en conocimiento de la justicia". "Lo que resulta evidente, aunque respetemos profundamente la presunción de inocencia, es que desde el punto de vista moral, político, ético y estético los actos cometidos por Francisco Álvarez-Cascos no tienen justificación posible", ha apuntado.

Por ello, explica Pumares, la Comisión Directiva de Foro ha acordado la expulsión del partido de Álvarez-Cascos, quien también fuera alto cargo del PP y ministro con el presidente José María Aznar. "Nuestro objetivo es ser ejemplares. La responsabilidad de cualquier partido político es ser ejemplar, y comportamientos como los de Francisco Álvarez-Cascos no tiene cabida no ya en Foro sino que no tiene cabida en ningún partido político democrático", ha remarcado.

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy desfilarán como testigos ante el tribunal que ha de dirigir la vista oral de los papeles de Bárcenas, y lo haránjunto con aquellos que durante dos décadas y de manera sucesiva conformaron la verdadera plana mayor del PP.  El juicio, para el que sigue sin haber fecha a punto de cumplirse cinco años desde el auto que en mayo de 2015 ordenaba su celebración, pondrá en primerísimo plano la contabilidad secreta que Luis Bárcenas plasmó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

Tras un periodo casi en barbecho, el protagonismo de la caja B se ha acrecentado en los últimos meses con la investigación judicial sobre la denominada Operación Kitchen. Es decir, aquella que, capitaneada por el comisario José Manuel Villarejo en 2013, pagada con fondos reservados y desarrollada con medios policiales y parapoliciales a espaldas del juez que ya investigaba la caja B, sometió a espionaje a Bárcenas y su entorno para evitar que el extesorero conservase documentación incriminatoria.

La asociación de abogados Adade, que ya en el macrojuicio de Gürtel cuya sentencia desencadenó en 2018 la moción de censura contra el PP logró que el tribunal obligase a declarar a Rajoy, es la que ahora logra sumar a la lista a Aznar. Bajo su mando inició su meteórico despegue la trama empresarial de Francisco Correa, cuya participación en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag nunca ha dejado de planear sobre el expresidente.

Si marcó un hito el testimonio de Rajoy, quien siendo presidente y de forma inédita en España tuvo que comparecer como testigo, ahora serán dos los exjefes de gobierno llamados a prestar testimonio veraz en un proceso por corrupción. El PP, que en el primer juicio de esta compleja y extensísima causa fue declarado beneficiario económico de la trama –figura que carece de connotaciones penales– se halla en esta pieza solo como responsable civil subsidiario.

Además de Aznar y Rajoy, se relevarán en la silla de los testigos quienes a partir de 1990 ocuparon el segundo puesto en la jerarquía del PP, es decir, todos los secretarios generales. Por orden cronológico son estos: Francisco Álvarez Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (2008-2018). Entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, ese cargo lo ocupó Rajoy. 

Deben comparecer igualmente como testigos otros pesos pesados del PP en esas dos décadas. Entre ellos, los exministros Federico Trillo, estratega jurídico del partido durante años; Rodrigo Rato –ahora encarcelado por las tarjetas black y en espera de sentencia por la salida a Bolsa de Bankia–; José María Michavila; y quien tras ser titular de Medio Ambiente con Aznar fue luego presidente de Baleares, Jaume Matas, que cumple ya condena por corrupción.

Asimismo, desfilarán Juan Gabriel Cotino, exdirector general de la Policía, luego conseller y presidente de las Corts en Valencia y ahora a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por otra de las ramas de Gürtel, la de la visita del papa; Pío García Escudero, expresidente del PP madrileño y presidente del Senado con Rajoy como presidente; el ex senador Luis Fraga y los exdirigentes del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa.

Entre todos estos testigos cuya declaración ha admitido el tribunal hay un nexo común adicional al de la militancia que compartieron o siguen compartiendo en el PP. Y ese nexo son las anotaciones contables manuscritas de Bárcenas. La mayoría aparece como perceptores de sobresueldos. Todos ellos lo han negado. Y buena parte lo hizo durante el primer juicio de Gürtel, donde ya se vieron forzados a acudir como testigos.

La credibilidad de Rajoy

En aquella vista, Rajoy negó no solo el cobro de sobresueldos sino la existencia de una contabilidad opaca y proclamó una ignorancia casi absoluta sobre las cuentas del partido. Aquello condujo al tribunal a cuestionar su "credibilidad".

Qué hará Aznar cuando llegue su turno –justo antes que Rajoy– constituye de momento una incógnita, aunque este lunes ofreció una pista que a ciertas fuentes jurídicas relacionadas con el caso produjo sorpresa: porque, según el primer presidente del PP tras la refundación del partido en 1989, el juicio de los papeles de Bárcenas en nada le concierne. A través de su cuenta de Facebook, el expresidente afirmó esto: "En relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular, he de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo".

Esas palabras sugieren que Aznar figura entre quienes creen que el hecho de que la primera sentencia de Gürtel certificase la existencia de una financiación ilegal del PP deja ahora la caja B fuera de la panoplia de hechos que se someterán a juicio en la pieza de los papeles de Bárcenas. Pero no es así. Porque, en efecto, las revelaciones de Correa en el juicio que condujo a la sentencia de 2018, ahora pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, obligaron a reabrir parte del caso. Básicamente, lo que el jefe de la red corrupta dijo fue que distintos empresarios pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. El cobro del 3% –sostuvo– era una "práctica" habitual.

Pero la reanudación parcial de las investigaciones sobre ese aspecto del caso no impide al tribunal pronunciarse sobre los hechos señalados en el auto que marcó el inicio de una lenta aunque irrevocable cuenta atrás hacia el juicio. Como si tratase de disipar cualquier eventual duda, el mismo juez que en mayo de 2015 había dictado el auto de apertura de juicio, José de la Mata, firmó una breve resolución donde enumeraba los hechos sujetos a la vista oral: la "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", los "trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13", por los que supuestamente el partido pagó 1,5 millones en negro; la ausencia de "declaración del Impuesto de Sociedades 2008 por el PP" y la "compra de acciones de Libertad Digital".

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

El exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos ha negado este lunes, en el juicio por los presuntos amaños de la contratación pública de Aena para beneficiar a la trama Gürtel, haber dado instrucciones para que las empresas del líder de la red corrupta, Francisco Correa, obtuviese las adjudicaciones para organizar la presencia de empresa aeroportuaria en eventos. "Jamás he recomendado la contratación de nadie mientras fui responsable de algún área como ministro de España", ha dicho al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ante la que ha declarado como testigo después de que la acusación popular ejercida por Adade haya pedido su comparecencia. Se trata de la segunda declaración que presta Álvarez-Cascos en una vista oral relacionada con el caso Gürtel.

La primera fue durante el juicio celebrado por la primera época de actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa, en el que ya negó cualquier intermediación a favor de la Gürtel. En ese momento, Álvarez-Cascos explicó que cuando llegó al Ministerio de Fomento en el año 2000 modificó los pliegos de condiciones para evitar la arbitrariedad en las adjudicaciones. Este lunes ha vuelto a insistir en este aspecto y ha apostillado que el objetivo era "perfeccionar la concurrencia, la transparencia y automatismo" en las contrataciones de los entes públicos dependientes de Fomento. De hecho, ha indicado que los informes auditores del Tribunal de Cuentas avalaron este propósito de Álvarez-Cascos, que anunció en su primera comparecencia como ministro en el Congreso de los Diputados.

Según ha explicado al tribunal, obligó a cambiar el modo de contratación, como no "abrir los sobres de la valoración técnica" hasta no conocer las ofertas económicas, para evitar las denuncias que había hecho en años anteriores uno de sus antecesores en el Ministerio, el socialista Josep Borrell —actual ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación—, que pidió a las constructoras que no pagasen comisiones a los partidos para obtener obras.

Niega tener capacidad de contratación en Aena

Aún así, Álvarez-Cascos ha asegurado que él como ministro no tenía capacidad de decisión en materia de contratación porque Aena era un "ente público empresarial con personalidad jurídica propia y funcionamiento autónomo". Por ello, ha "confesado" que no se preocupó "por las actividades comerciales" de Aena. "Es una mancha en mi curriculum, lo reconozco", ha continuado. En este sentido, también ha descartado haber participado en el proceso de selección de personal, como fue el caso del responsable de Comunicación en esa época, Ángel López de la Mota, acusado en este procedimiento y que se enfrenta a ocho años de prisión. Sobre López de la Mota ha apuntado que lo conocía porque trabajó en el gabinete de comunicación del PP y coincidió con él en la sede del partido, en la calle Génova de Madrid, durante su etapa como secretario general del PP. Eso sí, ha señalado que la relación con este acusado en estos años fue "ligera", siempre enmarcada en asuntos de trabajo.

Afirmaciones 'falsas'

De este modo, el exministro y exvicepresidente del Gobierno se ha desvinculado de conocer cualquier irregularidad cometida en la empresa aeroportuaria entre los años 2000 y 2002, en los que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Correa sobornó a López de la Mota y su número dos en el equipo de comunicación, José María Gavari —para el que también piden ocho años de cárcel—, para conseguir 22 contratos por el importe de 2.359.497,48 euros para asegurar la presencia de Aena en eventos y ferias internacionales.

Varios testigos en este juicio han afirmado que las empresas de Correa se vieron favorecidas desde que el PP ganó las elecciones en el año 2000 y, por tanto, Álvarez-Cascos se encargó de Fomento. No obstante, el exministro ha tildado estas afirmaciones de "falsas" y ha asegurado que desconoce por qué se empezó a contratar con el cabecilla de la Gürtel en esas fechas.

Asimismo, ha vuelto a negar haber recibido alguna instrucción desde el partido, desde la Tesorería que dirigía el fallecido Álvaro-Lapuerta y de la que dependía Luis Bárcenas, para favorecer algunas de las empresas que trabajaban con el partido. Tampoco le llegaron "quejas" de otras sociedades porque las adjudicatarias siempre eran las mismas, ha dicho.

Relación con Correa

Por último, la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás ha preguntado a Álvarez-Cascos sobre su relación con Francisco Correa —que ya acumula 70 años de prisión por otras piezas de la Gürtel, a los que se pueden sumar los 10 años que piden para él en este juicio— y ha dicho que le conocía de cuando trabajó para el PP organizando su actos políticos, así como de los viajes personales que contrató a su agencia Pasadena Viajes.

Sobre estos, ha recordado que la formación política también fue cliente de esta empresa, pero ha señalado que la relación comercial no se debía a ninguna "rebaja" u "oferta" que le pudiesen hacer. Este martes será el turno de las declaraciones como testigo del número dos de la Gürtel y exvicesecretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, que se encuentra en prisión cumpliendo penas por otras piezas relacionadas con la trama, y del denunciante del caso, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo que su partido "no está preocupado" por las nuevas revelaciones de la operación Kitchen que el diario El Mundo publica en la edición del lunes. "Tenemos que mirar a futuro", ha añadido.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el número dos de los "populares" ha explicado que "todas las informaciones" relacionadas con esta operación --que gira en torno al extesorero del PP Luis Bárcenas-- serán "tratadas bajo la transparencia, la rendición de cuentas y la honradez que caracterizan" a la formación liderada por Pablo Casado.

En concreto, García Egea ha sido preguntado por la información que el diario lleva en la portada de este lunes, y que habla sobre el robo de la agenda digital de Bárcenas --con datos personales entre 2009 y 2013-- por parte de la Policía.

Siempre según la información de El Mundo, el extesorero habría reflejado en ella todos sus encuentros desde meses antes de su primera imputación en el caso Gürtel. En esas reuniones, se habría visto con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y con otros cargos del partido como Jesús Sepúlveda, Álvaro Lapuerta, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Ana Mato.

"De todos los que ha nombrado ahí solo he conocido y estrechado la mano a Álvarez Cascos y a Arenas. El resto estaban en el PP cuando yo nací", ha señalado el secretario general de los "populares" tras ser cuestionado.

En aquellos años, el director general de la Policía Nacional era Ignacio Cosidó, el actual portavoz del PP en el Senado. "Tenemos que mirar a futuro. El PP desde luego no está preocupado", ha señalado, para después decir que tampoco cree que Cosidó esté preocupado.

La vicepresidenta de la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP, la conservadora Beatriz Escudero, ha abandonado este martes este órgano tras llamar "imbécil" al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien previamente le había guiñado un ojo y reprochado que actuara como "palmera" de Francisco Álvarez Cascos, ha informado Europa Press. 

El enfrentamiento entre ambos se ha producido durante el interrogatorio de Rufián al que fuera secretario general del PP y ministro de José María Aznar.

Álvarez Cascos ha aprovechado su debate con el diputado independentista para denunciar la existencia de un "sistema de apartheid" en Cataluña. "Le falta la bandera del pollo", le ha replicado Rufián, en alusión a la bandera de España durante la dictadura franquista.

La bandera del pollo 

El comentario ha molestado a Escudero, que estaba sentada a la izquierda de Cascos: "Ha faltado al respeto a la bandera de todos los españoles", le ha soltado desde la Mesa de la comisión sin que el presidente de la misma, Pedro Quevedo, le hubiera dado la palabra.

"¿No sabe lo que es? ¿Tengo que tener respeto a la bandera del pollo?", le ha preguntado Rufián a Escudero, antes de pedirle que "se corte un poco", comentario que ha llevado de nuevo a Quevedo a intervenir para intentar centrar el debate.

Mientras Escudero protestaba desde su puesto en la Mesa, Rufián le ha llamado "palmera". "Me acaba de llamar palmera", se ha quejado la diputada antes de tildar de "imbécil" al parlamentario de ERC.

"Ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de unas mujeres a otras?", le ha preguntado después a la portavoz de Podemos Noelia Vera. A continuación, Escudero se ha levantado y ha salido de la sala.

El ex secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, defendió este martes las actividades de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Su comportamiento, dijo, fue "intachable". "Nunca he visto durante los años 1989 y 1999 –década durante la cual ocupó la Secretaría General y en la cual coincidió con Bárcenas y Lapuerta– ninguna actividad merecedora de reproche", añadió.

Así lo señaló el que fuera vicepresidente y ministro de Fomento con José María Aznar ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal de su antiguo partido, del que fue número dos entre 1989 y 1990. Tras la llegada de Mariano Rajoy, el veterano político dejó el PP y fundó Foro Asturias, partido en el que milita actualmente.

A preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia, Álvarez Cascos –que llegó acompañado del actual secretario general del partido y número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea– aseguró que "nunca" conoció "nada ajeno a la contabilidad oficial del partido". En este sentido, evitó contestar sobre si pensaba que el propio Bárcenas había sido quien había orquestado la caja B del PP. "Los procedimientos acusatorios se basan en datos, no en suposiciones y conjeturas, así que no me pida que participe en un procedimiento inquisitorial", espetó al diputado socialista. 

Álvarez Cascos también se desvinculó de los papeles de Bárcenas papeles de Bárcenasnegando, como hizo en varias ocasiones, que las siglas PAC pertenezcan a su nombre, Paco [Francisco] Álvarez Cascos. Tal y como recordó Sicilia, en los apuntes del extesorero se incluía una entrada en la que se podía leer "entrega PAC 10 millones" que, recordó, el propio Bárcenas reconoció en sede judicial. "Yo no he recibido esa cantidad de dinero en ningún momento", aseguró. Y lo reiteró en su respuesta a la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera: "Lo que se sostenga en esos papeles lo tendrá que demostrar quienes los hayan realizado", dijo, eludiendo nombrar al extesorero. "Todos mis ingresos están reconocidos y certificados en mis declaraciones de renta. No puedo aceptar ninguna insinuación de otros ingresos que no sean los que figuran ahí", añadió. 

Pero aunque Álvarez Cascos niegue corresponderse con las siglas PAC, fueron los propios investigadores de la UDEF quienes, en el año 2014, establecieron la conexión y concluyeron que el ex secretario general fue "el mayor perceptor de fondos" de GürtelGürtel. El político, además, aparece durante 14 años (1990-2004) en la contabilidad de la trama mencionado de distintas maneras: Paco A.C., Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos, Paco, Cascos, Paco Álvarez. 

Niega tratos de favor durante su paso por Fomento

A primera hora de la mañana compareció ante la misma sala el empresario Alfonso García-Pozuelo, que fue dueño de la constructora Hispánica y es uno de los arrepentidos de la trama Gürtel que confesó el pago de comisiones a cambio de obras públicas. "Encontrándose abiertas distintas causas en la Audiencia Nacional que afectan a mi persona, voy a acogerme a mi derecho a guardar silencio", dijo como respuesta a la primera pregunta. 

Su relación con Álvarez Cascos es directa. De hecho, el empresario es conocido como "el hombre de Cascos", pues su constructora obtuvo contratos de obras durante su mandato al frente del Ministerio de Fomento por valor de 100 millones de euros. Previamente, según recordó la diputada Vera, su facturación en relación con instituciones públicas era nula. 

Pero Cascos volvió a negar la mayor. "Es imposible que ninguna empresa se hubiera visto favorecida porque los mecanismos de contratación lo hacían imposible", defendió. En este sentido, dijo que las contrataciones no dependían del ministro y que, además, se regían por procedimientos transparentes y "automatizados". 

El empresario Alfonso García-Pozuelo, que fue dueño de la Constructora Hispánica y es uno de los arrepentidos de la trama Gürtel que confesó el pago de comisiones a cambio de obras públicas, ha comparecido este martes ante la Comisión de investigación del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP, pero se ha negado a contestar a los comisionados. "Encontrándose abiertas distintas causas en la Audiencia Nacional que afectan a mi persona, voy a acogerme a mi derecho a guardar silencio", ha indicado García-Pozuelo cuando el diputado de En Comú Jaume Moya le ha planteado la primera pregunta.

García-Pozuelo fue condenado a dos años de cárcel sustituibles por una multa por los delitos de cohecho y prevaricación continuada, una pena que no le obliga a entrar en la cárcel. El empresario fue el primer arrepentido de los implicados de la trama que colaboró con la Justicia. Fue en 2015 cuando García-Pozuelo reconoció que había pagado comisiones millonarias a cambio de la adjudicación de contratos públicos. En concreto, admitió haber abonado 4,1 millones entre 2002 y 2004 al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.

El hombre de Álvarez Cascos

Los comisionados han intentado que García-Pozuelo reconsiderara su decisión de no declarar para que les explicara sus relaciones con Francisco Álvarez Cascos, ex secretario general del PP y exministro de Fomento entre 2000 y 2004.

A García-Pozuelo se le conocía como el hombre de Cascos. De hecho, bajo su mandato, según la investigación, Constructora Hispánica obtuvo contratos de obras por valor de casi 100 millones de euros. También le han preguntado por su vinculación con otros condenados por la Gürtel y por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pero el compareciente se ha mantenido en sus trece y no ha dicho ni una palabra.

Esta actitud ha provocado el reproche de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, quienes han lamentado su falta de colaboración y que no haya aprovechado su presencia en el Congreso para demostrar su arrepentimiento y pedir perdón. Todos salvo el diputado del PP Francisco Molinero, quien ha dicho "comprender" el silencio del compareciente y ha vuelto a utilizar su intervención para denunciar, por enésima vez, que el objetivo de esta comisión no es otro que desprestigiar a su partido.

Durante su declaración en calidad de testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gurtel (1999-2005) el exministro ha dicho que Luis Bárcenas no ofreció instrucción alguna al respecto ya que sus responsabilidades, en calidad de gerente, dependían directamente del extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.

"En los cuatro años que fui vicepresidente del gobierno no tenía responsabilidad en materia de concurso. Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones", ha afirmado el también expresidente del Principado de Asturias, que ha precisado que mientras estuvo al frente del Ministerio eran "imposibles los tratos de favor".

Su declaración ha sido solicitada por la defensa de Bárcenas para que explique el supuesto pago de comisiones por adjudicaciones concedidas por el Ministerio que dirigía a la red corrupta liderada por Francisco Correa.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), el colectivo de juristas que ha conseguido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente en el banquillo de los testigos en el juicio de la Época I del caso Gürtel, que incluye los delitos de la trama liderada por Francisco Correa hasta 2005, se creó en 1988 por personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero que nunca ha tenido una dependencia jerárquica de esta formación política, según explica a este diario uno de los abogados de esta asociación Francisco Montiel.

"No somos una asociación ligada al PSOE, aunque sí es verdad que muchos miembros son personas que están afiliados al PSOE desde hace muchos años. Lo que realmente nos une es la defensa de las ideas progresistas. Estoy convenido de que si alguien afín al PP viniera a Adade, él mismo se marcharía", indica Montiel, que asegura que él y otros muchos compañeros no tienen ningún vínculo con la formación socialista.

Precisamente esta cercanía al PSOE es uno de los argumentos que esgrime el Partido Popular en su nota de prensa de este martes sobre la declaración de Rajoy, en la que alude de forma directa a la cercanía de dos de los integrantes de Adade a la formación socialista, en concreto Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo.

La asociación fue creada por "un grupo de amigos juristas", como la exdiputada y exsenadora Francisca Sauquillo, su marido, el fallecido Jacobo Echeverría-Torres Tovar; Javier Ledesma, que es hermano del exministro socialista de Justicia Fernando Ledesma, recuerda Francisco Montiel, que es uno de los socios del despacho de abogados Lista, en el que también está Francisca Sauquillo.

Una web caída

En consecuencia, Adade dispone de escasos medios para desempeñar su labor de acusación popular, pues sus letrados sólo preparan las acusaciones por las tardes tras abandonar sus respectivos empleos: "En alguna de las reuniones de la junta directiva, normalmente en comidas, hemos pensado en la posibilidad de abrir la asociación a la gente joven, para que se vaya fogueando, pero es que realmente no disponemos de tiempo para más", se lamenta Montiel, que constata que durante todo el martes la web de Adade ha estado caída: "La página está pensada para cinco personas, y cuando entran seis se cae", ironiza este letrado.

Pese a las limitaciones, esta asociación se ha involucrado en la acusación de numerosos casos de corrupción en España y fuera de ella. Además de los conocidos Gürtel y Púnica, este colectivo interpuso en 1996 una querellaGürtel y Púnica contra el juez Luis Pascual Estevill por cohecho, mientras que en 2002 inició acciones legales contra tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron al narcotraficante Carlos Ruiz El Negro.

Adade estuvo detrás de una demanda contra el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar, que acabó dimitiendo.También se habló de Adade en 1999 cuando se intentó personar en el caso de las escuchas ilegales del Cesid y en 2007 por una querella de injurias al Gobierno contra el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz. En clave internacional, Adade se ha involucrado, como parte de redes de juristas, en temas como la discriminación judicial en los países de la ex Yugoslavia en 1996 o la guerra de Irak en 2003.

En total, los asociados de Adade apenas superan la cuarentena, siendo la gran mayoría abogados, aunque también hay un procurador. Ni los letrados ni el mencionado procurador que participan en los procedimientos, como Gürtel y Púnica, cobran por su trabajo. De esta forma, en estos casos se da la paradoja de que los voluntarios de Adade, especialmente el mencionado Francisco Montiel, se responsabilizan en los tribunales de las acusaciones contra los imputados, que normalmente contratan para sus defensa a importantes bufetes de abogados, que disponen de más medios y empleados.

Fianza del caso Ratocaso Rato

Los ingresos de la asociación, que está regida por una junta directiva compuesta por una quincena de personas, son "muy exiguos", explica Montiel, que recuerda que cuando la Audiencia Provincial de Madrid les impuso una fianza de 10.000 euros para ejercer la acusación popular en el caso Rato tuvieron que renunciar a la misma: "Aportamos las cuentas de la asociación a la Audiencia, que demostraban que con todos los ingresos por cuotas de un año no llegábamos a esos 10.000 euros, y al final no pudimos personarnos", se lamenta Montiel.

Pero de los alrededor de 40 integrantes de Adade, los abogados que participan de forma activa en las causas es todavía menor: "Somos muy pocos", explica Montiel, que hace un repaso de los letrados que han ayudado en los procedimientos: "Mariano Benítez de Lugo, Javier Ledesma, Miguel Ángel Garrido, Juan de Justo, Jaime Gil-Robles y el que fuera fiscal general del Estado en el Gobierno de Felipe González Leopoldo Torres".

Benítez de Lugo, que es presidente de honor de Adade y se encarga de la causa Gürtel junto a su colega Francisco Montiel, fue asesor del Banco de España tras finalizar sus estudios, para posteriormente ser director general en el Ministerio de Administración Territorial entre 1983 y 1985. En 1988 fue elegido miembro del consejo de administración de Caja Madrid en representación municipal, dentro de la candidatura del PSOE.

"Es un día de júbilo para la justicia española", declaró a los periodistas este abogado de 76 años, que ingresó en el PSOE en 1977, cuando se presentó, sin éxito, en las listas de los socialistas al Congreso por Madrid.

Vínculos con el PSOE

Por estos vínculos con el PSOE, el PP insiste en su nota de esta martes en la "cercanía" de los integrantes de Adade con Partido Socialista, al mismo tiempo que destaca que esta formación política "siempre se ha sumado a las peticiones de Adade". 

Sin embargo, el ingreso en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas va en sentido contrario a la denuncia de la formación liderada por Mariano Rajoy. El 28 de junio de 2013, el exsenador por Cantabria ingresó en prisión después de que Adade reclamara una reclusión con una fianza, todo ello sin el apoyo de ninguna de las dos acusaciones del PSOE. Al final la Fiscalía Anticorrupción apostó por reclamar la cárcel sin fianza, una decisión que acabó por adoptar el magistrado Pablo Ruz.

Fue ese mismo día, el del ingreso en prisión de Bárcenas, cuando Benítez de Lugo denunció amenazas del extesorero, que con el dedo índice levantado le dijo tras conocer la decisión del magistrado: "El socialista me va a encontrar".

Denuncia contra Berlusconi

Francisco Montiel, que recuerda que uno de sus primeros casos de la asociación tuvo como objeto las inversiones en España del expresidente italiano Silvio Berlusconi, rechaza que su actuación tenga su origen en motivos políticos, tal y como ha asegurado el propio PP en el recurso en el que rechazaba la comparecencia de Mariano Rajoy, en el que llegó a asegurar: "Adade se interesa en la comparecencia de quién, a pesar de no tener nada que aportar en relación a tan concretos hechos, califica de declaración estrella, pues en ella ven la fotografía publicada en la prensa y el rédito político que de ello puedan obtener".

El PP también ha aprovechado su escrito al tribunal de Gürtel que tenía que decidir sobre la comparecencia de Rajoy para atacar la figura de la acusación popular: "El derecho a ejercer la acción popular no puede, por tanto, erigirse como puente de plata para dar paso a una instrumentalización del proceso penal, fenómeno que, lejos de dirigirnos a la defensa de la legalidad, viene a satisfacer pretensiones ilícitas convirtiendo el Derecho Penal en un proceso al servicio de demandas punitivas irracionales", aseguró en su escrito el abogado del PP.

En la mencionada nota de prensa de este martes, esta formación política completó su opinión sobre la comparecencia del presidente del Gobierno: "Es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de Adade pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente", especifica el texto, que no ha convencido al tribunal de Gürtel.

El diputado de Podemos por Asturias Segundo González ha sido denunciado por el secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, por relacionarle con los "sobresueldos en B" de los papeles de Bárcenas y con el cobro de supuestas "comisiones irregulares" por la adjudicación de la Variante de Pajares cuando era ministro de Fomento, según ha informado Europa Press. 

Segundo González ha reafirmado que sus sospechas "están bastante fundadas" y que dichas declaraciones "están dentro de la libertad de expresión".

"No soy el único que las ha manifestado en público y no tengo ningún problema al respecto", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, tras señalar que así lo defenderá en el acto de conciliación fijado para el próximo 9 de noviembre, en el que Álvarez-Cascos reclamará una indemnización de 20.000 euros por acusaciones que considera "difamatorias, calumniosas e injuriosas".

Así, ha explicado que ha recibido esta demanda "por sospechar" que el secretario general de Foro Asturias "podría tener algo que ver con el caso Gürtel y que el caso Gürtel podría tener algo que ver con los sobrecostes de infraestructuras en España, como es el caso de la Variante de Pajares" que, según ha denunciado, "lleva ya casi ocho años de retraso" y "un sobrecoste total de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, sin tener una cifra exacta porque el Ministerio hace tiempo ya que no da cifras al respecto".

"Manifesté eso a la prensa a finales de julio, y el viernes recibí la demanda de Francisco Álvarez-Cascos", ha asegurado, antes de apuntar que, en su momento, "la UDEF también señaló que las siglas de PAC y todas las derivadas que pueda uno imaginar podrían estar relacionadas con Cascos". "Parece que el único que no sospecha para nada que Cascos tenga algo que ver con al Gürtel es Correa, que salió exculpándolo la semana pasada", ha añadido.

Los ex dirigentes populares Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, declararán como testigos en el juicio por la primera época del caso Gürtel(1999-2005), a partir del próximo mes de octubre, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Según defendió el extesorero en un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la declaración de todos estos exdirigentes del PP resulta necesaria porque son conocedores de las funciones, relaciones y "responsabilidades" de Bárcenas en esta fecha. Dos de los tres magistrados que componen el tribunal han aceptado la prueba solicitada a la espera de la redacción de un voto particular del juez Ángel Hurtado, han concretado estas fuentes.

Al ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos se le cita a declarar para contrastar el contenido de la llamada que hace Correa a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando éste estaba al frente de este departamento.

En cuanto al ex ministro de Justicia, del Interior o de Administraciones Públicas Ángel Acebes, la defensa de Bárcenas pretende que declare que autorizó y que estaba al tanto de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital con fondos del PP, tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada UDEF-BLA.

Por otro lado, la declaración del vicesecretario general del PP y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja es pertinente como parte de la defensa del ex tesorero en relación al supuesto lucro que obtuvo con el pago de viajes de facturas emitidas a cargo del Partido Popular Europeo y la Fundación de Estudios Europeos, que presidía por entonces este testigo.