“Me gustaría ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas”. La declaración de intenciones es de Gerardo Pisarello, candidato de los comuns en las próximas elecciones municipales. La capital catalana será una de las grandes batallas electorales del próximo año, con el socialista Jaume Collboni tratando de repetir mandato y con la irrupción de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Pisarello vive a medio camino entre Barcelona y Madrid, donde es diputado y miembro de la Mesa del Congreso. Sostiene que sólo tiene sentido continuar la legislatura si se adoptan decisiones valientes, especialmente en temas de vivienda o derogando la ley mordaza. Cree que las izquierdas deben estar más en la calle y disputarle a la ultraderecha “cada club de fútbol y cada asociación de estudiantes”. Y apuesta por el entendimiento en ese espacio, aunque cree que las listas conjuntas se deben hacer donde sean eficientes electoralmente. Y lleva por bandera que si llega al despacho de la Alcaldía se opondrá a la ampliación del aeropuerto de El Prat y prohibirá las compras especulativas de los fondos buitre.

¿Por qué ha dado este paso en su vida política para optar a la Alcaldía de Barcelona?

Tengo experiencia municipalista. Quiero y conozco a mi ciudad. En un mundo convulso, Barcelona puede ser referencia no solo de resistencia, sino también de innovación y de grandes transformaciones sociales como pasa en Nueva York, Ámsterdam y Seattle.

¿Qué balance hace de la gestión de Jaume Collboni?

Una gestión sin imaginación y sin valentía política. Es como si Collboni tuviera que pedirle perdón a los grandes lobbies de la ciudad por haber gobernado en su día con Barcelona en Comú. Es una muestra clara de que si no hay una izquierda fuerte, el PSOE no toma decisiones valientes.

¿Es partidario de un gobierno de coalición municipal junto al PSOE?

Aspiro a dirigir un proyecto de cambio y de transformación social en Barcelona y que entienda que esta ciudad se ha vuelto muy cara. Hace falta una Alcaldía que esté dispuesta a enfrentarse a los poderes económicos y a defender a la gente. Hay que batallar por la bajada de precios de la vivienda, de los alimentos y del transporte público. Barcelona no necesita la Fórmula Uno en el Passeig de Gràcia. Lo que necesita la ciudad es que se prohíba la compra especulativa de vivienda y llevar los ejes verdes a los barrios populares. No podemos dejar en la cuneta a mucha gente que lo está pasando mal. 

Se han dado pasos como la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y en Barcelona se contienen más los precios que en Madrid. Pero es un drama para los ciudadanos comprarse una casa en la ciudad. Si fuera alcalde, ¿qué medidas efectivas tomaría?

Prohibiría las compras especulativas, adquiriría estratégicamente bloques de edificios para que los fondos de inversión no puedan entrar y reduciría el precio del transporte público. También haría progresivo el IBI. Lanzaría un mensaje con hechos de que queremos parecernos al Nueva York de Mamdani. Ahora tenemos una ciudad en la que Collboni vive de lo que puede hacer Pedro Sánchez en Madrid. Eso no puede ser. Y quiero hacerlo con un movimiento municipalista con la gente de EH Bildu, de Adelante Andalucía y de Compromís. 

Barcelona también vive una gran dicotomía con el turismo. Por un lado, es una fuente de ingresos, pero también conlleva la gentrificación de muchos barrios y la subida de precios. ¿Qué haría de manera concreta?

Vivimos un momento de descontrol turístico producto de un modelo económico que ve la ciudad como un espacio de especulación. El turismo tiene sentido si está al servicio de la ciudad. Hay que generar un modelo más diversificado y que se extienda por toda el área metropolitana. La gallina de los huevos de oro puede acabar desapareciendo. Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta, lo que no puede ser es que el turismo se utilice de manera descontrolada. Y hay que introducir, por ejemplo, elementos que protejan a los comercios de barrio. Todo en defensa de la Barcelona diversa. Y quiero decir de manera clara que estoy en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat. 

Este viernes se presentó ya al candidato de Aliança Catalana para Barcelona. El partido de Sílvia Orriols aparece en algunas encuestas como la segunda opción en intención de voto en Cataluña. ¿Cómo explica el ascenso tan fulgurante de una opción de extrema derecha?

Proviene de algunas élites decepcionadas con el procés. Ahora están haciendo un giro peligroso, bajo la apariencia de defender el catalanismo, hacia las políticas de Vox y del PP. Su objetivo es criminalizar a la población migrante con un despliegue obsceno de islamofobia para dividir a los trabajadores y pagarles menos. Me preocupa que la gente trabajadora le vote y quiero interpelarla para mostrar que la solución no es atacar a tu vecino. 

¿Por dónde pasa esa interpelación?

A mí me gustaría ser el primer alcalde de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas. Quiero demostrar que puedes defender las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, reconocer que la incorporación de personas de otros lugares del mundo es un factor de riqueza. Es lo que ha convertido a Barcelona en una ciudad de referencia. Hay que hacer una apuesta muy fuerte por dignificar las condiciones materiales de vida de los migrantes y de la población autóctona que vive de manera precaria. La mejor manera de hacer frente a la ultraderecha es con políticas sociales valientes, que impidan que la gente se enfrente. Por ejemplo, apuesto por supermercados públicos para que baje el precio de los alimentos. 

Usted es todavía diputado en el Congreso y miembro de la Mesa. Desde ese punto de observación, ¿hasta cuándo cree que va a durar la legislatura?

No quiero dejar el Gobierno de mi país al PP y a Vox, pero no basta con eso. Para que no lleguen el PP y Vox, hay que adoptar medidas valientes en ámbitos de la plurinacionalidad y de lo social. Esta legislatura sólo tiene sentido si sirve, por ejemplo, para derogar la ley mordaza. El Ejecutivo, que tiene músculo financiero, debe comprar pisos para que no lo hagan los fondos buitre. Y también se debe regular el tema de los alquileres de temporada, que es un agujero enorme. No puede haber inmovilismo. Se acabó el tiempo de los trucos de ilusionista, no basta con que Pedro Sánchez diga algo en una cumbre internacional. Y también hay que apostar por la democratización de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que establecer mecanismos que eviten fenómenos de corrupción heredados del bipartidismo. Detrás de la ofensiva brutal contra Sánchez y dirigentes socialistas, hay un intento clarísimo por parte de sectores de la derecha judicial y mediática de convertir al PSOE en el viejo partido del régimen que gobernaba entendiéndose con el PP. Pero también veo en muchos casos que hay comportamientos que eran propios del bipartidismo.

¿Cree en la inocencia de Zapatero?

Hay un intento de castigar a un expresidente que decidió que se podía gobernar con la izquierda del PSOE y que se podía dialogar con el independentismo. Pero, al mismo tiempo, salen a la luz unos comportamientos que, más allá de su catalogación penal, son muy discutibles en términos políticos. Si un presidente recibe determinadas joyas y no las pone a disposición de Patrimonio Nacional, hay una percepción de que eso era normal. Parece que es un comportamiento de la monarquía parlamentaria bajo el bipartidismo que no se puede repetir. 

¿Y qué le parece el conocido como caso Leire Diéz?

El PP puso en marcha cloacas en los ámbitos de la UCO y de la UDEF, controlando por la puerta de atrás algunos sectores judiciales. Pero si el PSOE vio eso y pensó que había que luchar, lo suyo no era hacer una cosa cutre y tomar una iniciativa oscura, sino haberlo convertido en un debate de Estado con luz y taquígrafos. Y tendría que haber planteado a los grupos políticos que le daban su apoyo hacer reformas compartidas. Ya le dijimos a Félix Bolaños que no se podía pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial solo con el PP. Ahora en parte es tarde, pero esperemos que el PSOE lo haya entendido. Quiero que haya presupuestos generales, pero no quiero que ese debate sea una excusa para irse posicionando de cara a las elecciones. Por eso, vamos a insistir cada semana para que se aprueben normas. Y hay que llamar a la ciudadanía a defender los derechos.

¿Cree que todavía las izquierdas pueden luchar contra el PP y Vox en las próximas elecciones generales y conservar el Gobierno? ¿Hay esperanza todavía?

Las izquierdas debemos estar más al lado de la gente que nos votó. Necesitamos un nuevo arraigo territorial, estar en los barrios escuchando las exigencias de la gente que peor lo está pasando. Si no, esa gente sólo va a escuchar los argumentos de la ultraderecha. Lo principal es que nos volquemos en lo territorial. No hay que pensar solo qué se hace en las redes. No todo es la batalla digital. Hay que hacer una presencial. Llevamos un ciclo con muchas elecciones que no permitieron hacer ese arraigo. Hay que disputarle a la ultraderecha cada club de fútbol, cada asociación de estudiantes. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, acordar un programa común para toda la legislatura. 

¿Qué opinión le merece el acto de Gabriel Rufián y de Mónica Oltra? ¿Cómo ve ese fenómeno?

Comparto con Gabriel el sentido de urgencia frente a que supondría un Gobierno de Vox y de PP para la gente trabajadora, las mujeres y los más vulnerables. Y comparto que las izquierdas tenemos que buscar las formas más eficaces de cooperar. Yo sigo sus actos y habría estado con gusto en el que hizo con Mónica Oltra, una referente para todos. Siempre he defendido esta vocación frenteamplista, pero no parece que Oriol Junqueras esté aquí.

¿Ha merecido la pena formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE?

Gobernar en minoría con el PSOE siempre tiene riesgos. En el Gobierno tiende a moverse a la derecha. En este caso, Sánchez no pudo hacerlo. Las mayorías no le permitieron gobernar con Albert Rivera. Entendió que sólo podía hacerlo con Unidas Podemos y entenderse con Bildu y ERC. Incluso con el PNV y Junts. Mi experiencia es que al PSOE no se le puede dejar solo. Mientras más fuerza tengas para condicionarlo, más posible es que se puedan producir los cambios estructurales. Ahora escucho a Sánchez defender políticas como la regularización de migrantes y la subida del salario mínimo, pero ninguna fue impulsada por el PSOE. La cuestión no es estar dentro o fuera del Gobierno, sino dónde colocas la presión. El debate es para qué.

¿Qué papel puede jugar Ada Colau en este proceso de la izquierda?

El feminismo es una de las fuerzas más transformadoras para luchar contra la ultraderecha. Tenemos muchos nombres de dirigentes en la izquierda de primer nivel como Ada Colau, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez, Irene Montero, Rita Maestre, Mónica García, Sira Rego, Amanda Meyer… Son mujeres valientes que podrían encabezar proyectos contra la ultraderecha y defensores de la justicia social y climática. Representan el humanismo frente a la ideología de la crueldad y de la codicia de Trump, Abascal y Ayuso.

"No se conoce verdaderamente a una nación hasta no se ha estado en sus cárceles", decía Nelson Mandela, en una reflexión cercana a la de Dostoyevski, que vinculaba el trato a los presos con la verdadera calidad democrática. Cataluña sería la envidia de cualquiera de esos tiempos y latitudes, pero con algunos aspectos importantes que mejorar. De hecho, por eso el Parlament ha constituido un grupo de trabajo para revisar las políticas penitenciarias tras varios suicidios y un preocupante aumento del uso de la fuerza.

Precisamente el papa León XIV visitará este miércoles Brians 1, la cárcel catalana que "más denuncias ha recibido" por presuntos malos tratos, prácticas de aislamiento y el uso abusivo de las contenciones mecánicas —inmovilizar con esposas o correas—, según alerta la Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Prisión, en catalán), una plataforma integrada por diez entidades, algunas de cariz católico. La prisión, donde Robert Francis Prevost se reunirá con varias mujeres, alberga a 1.100 personas privadas de libertad y reúne todos los "síntomas de clara regresión, impropios de una sociedad desarrollada", según denuncia la severa carta enviada al pontífice, que resuelve que el sistema penitenciario catalán "no cumple los protocolos internacionales" y está "lejos" de cumplir el marco regulatorio.

Esas reclamaciones, formuladas en términos más suaves, llevan años planteándolas ERC, Comuns y CUP. Pero no fue hasta comienzos de mayo cuando el pleno catalán creó una subcomisión para diagnosticar las condiciones en las cárceles, donde este año ya se han suicidado cinco reos, tres de ellos en un centro de Figueres, cuyo director fue apartado por el Govern. "Abogamos por el régimen abierto (tercer grado), que se ha demostrado que reduce la reincidencia. Los funcionarios conviven más con los internos, pero es un riesgo que vale la pena", indica a infoLibre la diputada de Esquerra, Ana Balsera, una de las impulsoras del grupo de trabajo. Según explica, la aprobación de esta revisión del modelo penitenciario, con el apoyo de Junts y pese a la abstención del PSC, llega a raíz del informe de julio del pasado año del Comité Antitortura del Consejo de Europa, que instó a las autoridades a "reducir el uso desproporcionado de medidas de contención", una preocupación que ya había trasladado varias veces en la última década.

El partido de Balsera consiguió en marzo de 2021 aplicar la prohibición casi total de la contención mecánica, pero, solo un año más tarde, la nueva Conselleria de Justicia en manos de Junts volvió a autorizarla. En ese lapso de "contención cero" el departamento detectó un aumento del 45% de la violencia autoinfligida y del 31% de las agresiones a trabajadores. "Se ha reducido la agresividad con los años, pero las inmovilizaciones son necesarias en situaciones extremas. De lo contrario, estamos desamparados, nosotros y los presos", señala a este medio un funcionario de prisiones que replica la queja habitual de este gremio. Los datos de la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestran, sin embargo, que, pese a las medidas de contención, las agresiones contra el personal se mantienen igual, o incluso aumentan: de 393 en 2021 a 699 el pasado año.

Hay un problema de fondo. "No se está tratando la salud mental dentro de las prisiones. Hay personas con trastornos graves encarceladas y eso dispara las contenciones mecánicas", señala el abogado penalista Marc Viu, quien ha tenido acceso a esas cifras de contenciones "que mezclan las de naturaleza de régimen y las psiquiátricas". Para el especialista en criminología, la falta de una defensa efectiva, —"en lugar de abogados públicos que se quitan casos con un juicio rápido"— provoca que muchas personas con riesgos psicosociales terminen en cárceles en vez de en recursos psiquiátricos. "La falta de medios en la Justicia" y "el deterioro de la salud mental" son otras de las denuncias incluidas por la Red Derecho y Prisión en su misiva al papa. Así lo percibe también el funcionario de prisiones entrevistado de manera anónima: "Cada vez vienen más internos con temas de salud mental, si no la mayoría. Nos falta personal para aplicar los protocolos".

Se refiere al Plan de Choque de Prevención de Suicidios, puesto en tela de juicio por unas tasas de suicidio que duplican a las de España y Europa, y que, de media, han aumentado en la última década. "Hay que potenciar más el tercer grado para prevenir suicidios", indica Viu, pese a que el sistema penitenciario de Cataluña, la única comunidad junto al País Vasco que gestiona sus centros, ha apostado más que el resto de España por el tercer grado frente al internamiento estricto. "El tercer grado rebaja la reincidencia, pero está mal explicado y mal entendido por la sociedad", afirma, "parece que es dejar delincuentes sueltos, y entonces no es atractivo políticamente vender esto".

Junts ha promovido un discurso de combate a la multirreincidencia, sobre todo en delitos menores, e impulsó una ley en el Congreso para endurecer las penas que se aprobó en febrero con el apoyo de PP y PSOE. Los socialistas pasaron de intentar derogar la prisión permanente revisable (una especie de cadena perpetua) a aceptar su ampliación. "El discurso en la calle, el auge de posturas ultra, mete presión sobre los temas penitenciarios y no favorece que haya un espacio reposado para explicar lo que significa pasar por prisión", concluye el abogado.

La visita del pontífice a Brians 1 pondrá el foco en la cárcel al menos por unas horas. Cuando se apaguen los reflectores, quedarán las personas privadas de libertad, los funcionarios, las correas, las condiciones y los desafíos que deben afrontarse con la altura política que exige definir la calidad de los derechos humanos de una nación. Que no es poca cosa. Que se lo digan a Mandela o a Dostoyevski.

El poder económico catalán baila en círculos, como la sardana. Si se equivoca uno, afecta a todos. Un mensaje de cohesión y pertenencia, más que jerarquía. O eso se pretendía. Pero, esa danza donde se pone el interés colectivo en el centro se ha descompasado en los últimos años, y meses, debido a las turbulencias en las grandes empresas familiares, senyera económica y también social del país. Cuatro de las cinco mayores dinastías han atravesado culebrones familiares, escándalos o polémicas operaciones fallidas, mientras que otras muchas se han vendido al capital global. 

Ni Salvador Illa ni la presidenta del Cercle d'Economia, María Teresa García-Milà, se acordaron de esas grandes fortunas en la reunión anual de la élite empresarial catalana. Sí pusieron de manifiesto las fricciones de ese círculo con el socialismo catalán, arrastradas desde febrero, por temas como la regularización migratoria o la intervención de alquileres. De la retahíla de reproches de la presidenta del Cercle, que llegó a sostener que la política de vivienda avanza en la "dirección equivocada", a la respuesta, a ratos irónica, del jefe de la Generalitat. Todo para abrir boca a la principal cita económica en Cataluña, que mira más hacia China, Estados Unidos y Europa —o como echar mano al recién horneado pastel de la industria armamentística— que a Osona o El Penedès. De hecho, ninguna de las grandes familias de la terra figura entre las ponencias.

Tal vez haya quedado obsoleto aquel dicho del fundador de Planeta, José Manuel Lara, de que "los empresarios catalanes prefieren tener una tienda en el Paseo de Gracia que el 10% de El Corte Inglés, pero es mucho más importante tener el 10% de El Corte Inglés". Pues un par de generaciones después, a esa burguesía barcelonesa ya no le preocupa tanto la marca o el prestigio, sino sobrevivir a cualquier precio.

A comienzos de 2024 el fondo especulador Gothman City acusó a Grifols de manipular sus cuentas para maquillar un endeudamiento histórico y el valor de la farmacéutica catalana en bolsa sufrió un desplome del que todavía no se ha recuperado. A finales de ese año moría despeñado Isak Andic, el patriarca de Mango, que lograba torear el impacto por la pérdida gracias a un consejo de administración internacionalizado y preparado para ese relevo. Pero, las recientes acusaciones de asesinato contra el hijo, Jonathan Andic, han puesto en jaque la reputación del emporio. Y en medio de ese revuelo, se anunció que Puig cancelaba su fusión con la multinacional Estée Lauder, después de meses de negociaciones que, al truncarse, provocaron el batacazo del gigantes catalán de los cosméticos.

En 2023, la familia Rubiralta perdía Celsa por la decisión de un juez de aprobar un plan de reestructuración que entregaba la compañía acerera a un fondo acreedor tras años de agujero millonario. Meses después, un juzgado mercantil sancionaba a Francesc Rubiralta por retribuciones excesivas. Tal vez se salvan del ocaso las Daurella, encabezadas por Sol, dueñas de Cobega, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, aún y con alguna imputación a sus espaldas en 2018. Ese año precisamente los desencuentros por el reparto de dividendos entre Joan y Josep, los hermanos Font propietarios de Bon Preu, casi hace pedazos a la cadena de supermercados.

"Los problemas y disputas de sucesión han sido una de las causas para la venta de empresas familiares catalanas, pero también la necesidad de internacionalización para la inyección de inversiones y competitividad", señala el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Andrei Boar, que destaca que "pese a los recientes golpes, se han mantenido a flote gracias a una sólida gobernanza de sus consejos de administración por encima de las personas". Sin embargo, el economista agrega que "el valle" que atraviesa la empresa catalana se debe a que "está sumida en una burocracia y legislación, que hace que sea más rentable venderla".

Ante esos desafíos, numerosos linajes catalanes han vendido sus empresas para vivir de sus activos e inversiones, como Manuel Lao con Cirsa (Nortia Capital), Alberto Palatchi con Pronovias (Galma Capital) o Ricardo Portabella con Grupo Anpora. Completan esa lista compañías emblemáticas como Abertis, Codorniu, Freixenet, FresCo, Ausonia o Palet. A la lista se sumó Mediapro en 2023, cuando un fondo chino apartó a Jaume Roures, fundador y socio gestor del conglomerado mediático. Tras su salida la nueva dirección despidió a 189 trabajadores.

"Son pocas las grandes empresas familiares catalanas, pero son referencia para las pymes, porque abren camino y estandarizan. Cataluña es una tierra con vocación comercial. No son sólo empresas, nos define como sociedad", indica a infoLibre la economista, Isabel Nogueroles, autora del libro El Poder del círculo en la empresa familiar. Nueve de cada diez empresas catalanas son familiares y generan el 70% de la riqueza, según datos de Ascef, que revelan el peso de este tipo de negocios en Cataluña respecto al resto del Estado. Los grandes linajes aportan el 5% del PIB catalán, crean mucho empleo y, sobre todo, "identidad". "Es más que un modelo económico, es un modelo social. Tienen mucho arraigo en el territorio, son un componente de desarrollo y un espacio de movilidad social", señala la analista sobre un gen catalán en mutación. Sus consecuencias ya se han empezado a notar, como indicaba García-Milà en el Cercle: "Cataluña ha crecido en los últimos años, pero con un modelo extensivo que ha supuesto más ocupación, pero menos productividad y salarios estancados".

Si el 55% del empresariado español (en Cataluña las cifras serán similares) tiene más de 60 años, en una década el ocaso actual será ya noche cerrada. Y todavía no hay ni tenoras ni tibles, ni en Cataluña ni en España, que salven esta sardana. "Políticamente se mira cada vez más a corto plazo, no hay una estrategia pública de país y esa miopía ahondará la crisis de la empresa familiar", considera Nogueroles. Una advertencia lanzada ya en 2021 por el Cercle d'Economia. "Denunciamos que hoy ni Barcelona ni Cataluña disponen de un modelo de prosperidad compartido y que cuente con la complicidad de todos los agentes. Por lo tanto, nuestro capital y nuestro país están arriesgando el futuro de todos: podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", soltaban en un comunicado especialmente duro para una entidad empresarial guiada por la corrección política. 

Ese grito de auxilio se suma a los constantes reclamos de Foment del Treball, la principal patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, el lobista a cargo del regreso de las compañías tras la fuga por el procés. Pese a que algunas corporaciones como Sabadell y Criteria han vuelto a instalar su sede social en Cataluña, y pese a cierto dinamismo económico, todavía falta mucha diáspora por volver, sobre todo entre las pequeñas y medianas compañías que siguen sin encontrar incentivos en una de las comunidades con peor fiscalidad para el empresariado.

Ese fue uno de los reclamos que a mediados de año le hizo el empresariado catalán al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en otro círculo, el del Cercle Financer de La Caixa, antes de recibir a "aquel niño de Badajoz" como "el mejor interlocutor posible". Por la plaza del Cercle d'Economia danzarán el rey, Sánchez, Feijoó... y la cobla seguirá tocando para que cualquiera abandone o se una al círculo, pero siempre sin romper el ritmo.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

Siete indicios y un posible móvil económico. De por medio, el análisis de muchísimas horas de conversaciones telefónicas y decenas de testimonios de personas allegadas confirman la mala relación entre padre e hijo y han transformado aquella caída accidental en la montaña el 14 de diciembre de 2024 en un presunto homicidio. Un móvil extraviado y las contradicciones en su relato llevaron a la detención este martes de Jonathan Andic por el supuesto asesinato de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango y el hombre más rico de Cataluña. El arresto se produce cuando estaba a punto de expirar la última prórroga de la investigación acordada por el juzgado, pero el auto judicial sostiene un caso bien atado.

Todo apunta a que la relación entre Isak y Jonathan empezó a torcerse hacia 2015, cuando el padre tuvo que interrumpir su año sabático para recorrer el mundo en barco debido a las pérdidas millonarias de la empresa, tan sólo un año después de poner al mando a su hijo mayor. Fue sustituido por Toni Ruiz, un ejecutivo externo a la familia, algo que habría molestado sobremanera a Jonathan.

Pero ya algo antes, "a mediados del año 2024", según se desprende de las conversaciones telefónicas recogidas en el auto judicial, Jonathan descubre que su padre "tenía intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a las personas necesitadas". Desde entonces, Jonathan, que había presionado a su padre para entregarle la herencia en vida, cambia su postura, "pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta". En un intento de llegar a un entendimiento con su hijo, Isak acepta la excursión a Montserrat, una cordillera a 50 km de Barcelona, para hablar los dos solos. Para ese entonces, Jonathan ya sabía que la voluntad de su padre era que Toni Ruiz fuese el presidente de Mango, tal y como se lo expresó a su amigo Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, que lo comentó en un coloquio hace poco más de un mes.

Isak se cayó por un precipicio de más de 100 metros, aunque se trataba de una ruta sin complicaciones. El primero de los indicios surge de las discrepancias entre la declaración de Jonathan el 14 y la del 31 de diciembre. Primero dijo que su padre se paró a tomar unas fotografías y no vio el momento de su caída, pero después declaró que su padre sólo usó el móvil al comienzo de la ruta, como así demostró el análisis del aparato. La autopsia constató que lo llevaba en el bolsillo al momento de despeñarse, así que "es poco probable, si iban caminando juntos, que no lo viera caer", señala el auto de libertad, que Jonathan pasará provisionalmente en su domicilio tras abonar el martes una fianza de un millón de euros para eludir la cárcel. La rapidez con la que se realizó el pago, siete horas después de su detención, demuestra la implicación de la familia para liberar a Jonathan, sea por el motivo que sea.

Pese a esas incongruencias, los Mossos d'Esquadra consideraron que todo apuntaba a un accidente y ante la ausencia de indicativos de delito, la jueza archivó la causa de manera provisional en enero de 2025. Pero dos meses después y tras recibir una ampliación de los atestados de los agentes, la jueza reordenó la reapertura del caso y puso a Jonathan en el centro de las pesquisas.

En ese lapso, Jonathan pidió un cambio de móvil a la empresa, pero tardó en recogerlo y no lo activó hasta dos meses después. Ese cambio de terminal disparó las sospechas, pero la policía no pudo requisarle el móvil viejo hasta septiembre, cuando lo sorprendieron en la calle, porque antes había reiterado que se lo habían robado en un viaje a Quito (Ecuador). El análisis de las conversaciones que contenía confirmó la incoherencia de Jonathan al asegurar que él y su padre mantenían una buena relación. El auto corrobora una "crisis" entre ambos y refiere una "manipulación emocional", donde incluso Jonathan había expresado "sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpabilizar de su situación a su padre". Además, demostró que Jonathan había visitado Montserrat hasta tres veces en la semana antes de ir con su padre, aunque él lo había negado, por lo que los Mossos consideran que actuó con premeditación.

A mediados de octubre, la jueza notificó a Andic su nueva condición de investigado formal y emprendió una batería de entrevistas a personas cercanas a la familia para terminar de determinar su mala relación. El avance de la causa coincidió con un cambio al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell ese mismo mes, donde la dirección de las diligencias las asumió la comisaría general de Investigación Criminal, que orientó la investigación hacia Jonathan Andic.

Entonces, como ahora, la familia de Jonathan emitió un comunicado en el que aseguraba que las sospechas carecen de fundamento y que "la investigación demostrará su inocencia". Una familia "unida ante la adversidad", según fuentes del entorno citadas por varios medios, que aseguran que tanto sus hermanas (Judith y Sarah) como el tío de Jonathan (Nahman, confundador de Mango) siempre le han mostrado su apoyo incondicional.

En esa ronda de entrevistas, trascendió que fue ese núcleo familiar el que declaró que padre e hijo se llevaban bien. Sin embargo, la última pareja del empresario, la golfista Estefanía Knuth, confirmó públicamente la mala relación y allegados aportaron información sobre episodios conflictivos en el seno de la familia. También se descubrió que Jonathan pidió que se retirara al escolta que solía acompañar a su padre para gozar de mayor privacidad. 

Cuando a comienzos de febrero lo citaron a declarar (no como testigo, sino como investigado), el entorno de la familia quiso quitarle hierro al asunto asegurando que es un procedimiento habitual y que no implicaba un cambio de su estatus procesal. Pero lo cierto es que el nerviosismo y la tensión ya se habían instalado en la familia desde hacía meses, como se vio cuando la pareja de Jonathan, la influencer Paula Nata, salió corriendo a las puertas de un restaurante al verse sorprendida por varias cámaras. La citación era el resultado de la existencia de informaciones probatorias que debían ser aclaradas bajo garantías judiciales. 

La resolución judicial que se conoció el martes tras el levantamiento del secreto de sumario descarta la hipótesis del resbalón accidental y acusa de homicidio a Jonathan Andic. El pistoletazo de salida de un juicio que, ante la previsible expectación mediática, social y económica que puede generar, tanto instructores como agentes han querido amarrar con un cúmulo de pruebas contundentes. Ni una cámara de seguridad, ni señal satelital ni un senderista en el lugar de la caída aquel día soleado en la sierra de Collbató, cerca de Montserrat. El caso era complicado, por eso las indagaciones se han alargado un año y medio. Pero Jonathan Andic está acorralado. 

El heredero de la quinta mayor fortuna de España aguarda en su vivienda-fortaleza en Turó Park, en el barrio noble barcelonés de Sarrià, el inicio formal de la fase de instrucción con las actuaciones ya desclasificadas. Mientras, habrá de entregar su pasaporte y comparecer semanalmente en el juzgado. Se espera que sus abogados, encabezados por Cristóbal Martell, impugnen la tesis del homicidio premeditado y se abra un periodo de nuevas pruebas hasta la conclusión, que puede alargarse meses o años. 

De momento, Jonathan mantiene su título de vicepresidente de Mango, por debajo de Toni Ruiz, que fue nombrado presidente justo después de la muerte de Isak y que, pese a las turbulencias reputacionales por esa investigación, logró batir récords de ganancias el pasado año. La última esposa de Isak, Estefanía Knuth, mantiene un pulso con los hijos del multimillonario desde el verano de 2023, cuando firmó su último testamento. En él repartía su inmensa riqueza de manera equitativa entre los tres hermanos y a ella tan sólo le asignaba alrededor de cinco millones de euros (Mango ganó 242 millones de euros en 2025). La expareja no se sintió satisfecha con esa cantidad y emprendió una negociación para mejorarla que mantuvo incluso en paralelo a la investigación penal. 

Las hermanas de Andic, Judith y Sarah, aplicadas en sus carreras profesionales y exitosas mujeres de negocio, a diferencia de su hermano, siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su exposición mediática. También ahora, que se han limitado a asegurar por comunicado escrito que "la colaboración será máxima en el marco de estas diligencias". La pareja de Jonathan, Paula Nata, también discreta, subió el día antes de la detención varias fotos en la Fundación Maeght, en un lujoso pueblo medieval de la Costa Azul de Francia.

Todas ellas, y muchas más personas cercanas al clan, tendrán que declarar de nuevo, probablemente esta vez frente a una jueza que tendrá que condenar, o no, a uno de los cuarentones más poderosos de España. En juego está el futuro de Jona, como lo llaman sus colegas, el de los Andic y, sobre todo, el destino de un patrimonio de 8.000 millones de euros, muy superior al presupuesto para las obras de la Línea 9 del Metro de Barcelona, la infraestructura más cara del país, donde seguramente estos días sus pasajeros se sienten inmersos en una serie policíaca al escrolear las noticias.

Cataluña ya tiene atados sus presupuestos. En mitad de la tormenta política a nivel nacional desatada por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha amarrado las cuentas públicas, lo que garantiza la estabilidad de su Govern y tiene efectos también para la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

En los últimos tres días, se han sucedido una serie de noticias que no han copado las portadas, que se han volcado con la decisión del juez José Luis Calama de citar como investigado al expresidente del Gobierno. Pero tienen una gran trascendencia política los acuerdos a los que ha llegado Illa con ERC y los comunes para aprobar los presupuestos, además de los pactos alcanzados entre Moncloa y el Govern en la Comisión Bilateral celebrada en Madrid.

Este viernes, el Consell se reúne de manera extraordinaria para aprobar las cuentas públicas y enviarlas al Parlament, donde se prevé que se ratifiquen de manera definitiva en el mes de julio. Al final, luz verde. Pero las alarmas saltaron cuando ERC, hace un mes, evitó respaldarlos y el presidente Illa tuvo que retirar el proyecto. En el Palau se contemplaron todos los escenarios en ese momento. Incluso la decisión de adelantar las elecciones si no había cuentas.

Unas elecciones anticipadas en Cataluña hubieran supuesto un seísmo en el panorama político, ya que es una comunidad clave y, además, abrían la posibilidad de que también se hubieran convocado a la vez las generales ante la tentación de utilizar la movilización de Cataluña frente a un Gobierno del PP y Vox. Pero también tenían un riesgo enorme: el PSOE podría perder la comunidad más poblada en la que gobierna. 

Unas cuentas que miran a 2028

Este acuerdo de presupuestos supone dar estabilidad a Cataluña y muchos socialistas, según fuentes consultadas, sostienen que sirve para asegurar acabar la legislatura en esa comunidad al frente del Palau. También fuentes de los comunes indican que, con estas cuentas, se puede llegar hasta 2028. 

Pero Illa necesitaba unas cuentas que fueran suyas propias, con su marca, adecuadas al contexto económico y con posibilidad de acometer políticas sociales expansivas, especialmente en temas como la vivienda. Y lanzar también la imagen de que tiene una mayoría detrás y que su liderazgo no es endeble.

Ahí todos miraban a Esquerra Republicana. Este pacto se produce en mitad del ruido que hay en Madrid por la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Es muy importante para el socialismo tener ahora este acuerdo con los republicanos, que son socios clave para que Sánchez siga en la Moncloa. Hay mucha presión sobre los socios en estos momentos respecto a su apoyo a Ferraz. El PP les torpedea todo el día con el “hasta cuánta corrupción van a aguantar”. 

“Se ha demostrado el carácter agricultor, al hacer política, de Salvador Illa. Ahora está recogiendo. Él apoyó los presupuestos de Pere Aragonès cuando era el líder de la oposición. Entonces no hizo una oposición destructiva, como Alberto Núñez Feijóo, ni se movió por la amargura y el rencor a pesar de haber sido el más votado en las elecciones de 2021. Esto tiene luego consecuencias. Él ha decidido buscar acuerdos, no juega a la testosterona”, diseccionan en el núcleo duro del PSC.

Sello progresista y mensaje nacional

Para el PSC, es muy importante contar con presupuestos porque “permiten cambiar el enfoque a las cuentas actuales, en un momento de crecimiento”. Con este análisis de los socialistas: “Cataluña se presenta ahora mismo como un factor de estabilidad frente al fallido ciclo electoral impulsado por Feijóo, que ha hecho que su partido acabe en manos de la ultraderecha”.

Además, creen que también es beneficioso para el PSOE a nivel general en estos momentos: “Todo lo que es bueno para Illa es bueno para Sánchez, y todo lo que es bueno para Sánchez es bueno para Illa”. Y las cuentas han provocado el reencuentro entre el PSC y ERC después de semanas de tira y afloja: “También se da la señal de que los partidos que se entienden también en Madrid logran otro pacto de carácter progresista”.

En el otro lado está Junts. ¿Puede provocar el acuerdo con ERC una reacción airada de los posconvergentes en el Congreso? Desde el PSC reflexionan: “Ellos han optado por la oposición en Cataluña, no han querido ni negociar. Les pesa mucho la competencia con Aliança Catalana. Pero no va a afectar en Madrid. Ahí dominan los impulsos de Puigdemont”.

Desde Ferraz, en estos días tumultuosos, hacen esta lectura sobre el pacto de Illa con ERC y los comunes: “Es positivo para toda la ciudadanía de Cataluña porque genera estabilidad, es el triunfo del diálogo y es también la constatación de que los acuerdos se cumplen. Se demuestra que cuando hay voluntad política somos capaces de alcanzar consensos favorables a la mayoría social”.

“Ponemos Cataluña en marcha”, trasladan desde el entorno del president, en el que destacan asimismo que es muy importante tener cuentas en un momento de total incertidumbre mundial por la situación en Oriente Medio y sus repercusiones económicas en todo el mundo. Asimismo, subrayan tres factores clave para el Govern: estabilidad, refuerzo del autogobierno y mejora de los servicios públicos.

Este miércoles por la tarde, además, se produjo una muy importante reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que permitirá, gracias a una trasferencia del Estado, que la plantilla de Mossos llegue a 25.000 agentes en 2030 (ahora mismo tiene 22.000). Este es un tema de vital importancia en una comunidad donde el debate de la seguridad está en primera línea. 

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

De hecho, Comuns y Govern ya cerraron un acuerdo el pasado mes de febrero sobre el primer proyecto presupuestario presentado por Illa, que tuvo que retirarlo antes de que se votara en el Parlament debido a que no contaba con el aval imprescindible de ERC.

Comuns ha querido renegociar ese primer acuerdo para adaptar las cuentas a las nuevas circunstancias, entre ellas las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, así como la huelga de los sindicatos mayoritarios de la educación.

En la negociación, Comuns pedía destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura, crear una dirección general para multar a quienes vulneren la ley de vivienda y un plan para convertir oficinas y locales comerciales vacíos en vivienda protegida, así como invertir 1.200 millones en el plan de barrios.

El camino hacia la aprobación de los presupuestos quedó allanado cuando Jovent Republicà, rama juvenil de ERC, decidió que su diputada en el Parlament, Mar Besses, vote a favor de las cuentas del Govern, a pesar de admitir las "contradicciones" que les supone esta decisión y pedir una "revisión profunda" del cumplimiento del pacto de investidura.

El voto de Besses es clave para decantar la aprobación del presupuesto ya que el PSC y sus socios de investidura, Esquerra y Comuns, suman 68 escaños, la cifra justa que da mayoría absoluta en la Cámara catalana.

ERC soy soy. Es el mensaje que entendieron de Oriol Junqueras las decenas de militantes que participaron este lunes en el Consell Nacional del partido, teóricamente su máximo órgano de decisión. La convocatoria debía refrendar el pacto presupuestario con el Govern socialista, pero fue apenas una puesta en escena, porque no se votó el acuerdo con el PSC. Las tres horas de encuentro sirvieron, eso sí, para poner de manifiesto las fisuras en el seno republicano.

"Esto es culpa de la debilidad de Junqueras, a quien sólo le importa que se le levante su inhabilitación [a la espera de resolverse el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional]. El Estado nos tiene sometidos de manera vicaria, porque tiene secuestrado al presidente de nuestro partido", asegura a infoLibre uno de los consellers nacionals, Xavier Martínez, portavoz del Col·lectiu Primer d'Octubre. Este sector de ERC recoge avales desde mediados de abril para celebrar un referéndum interno sobre la continuidad del apoyo al Gobierno de Salvador Illa. Consideran que los socialistas nunca cumplieron los compromisos en materia de financiación, soberanía fiscal y lengua catalana. Y, pese a ello, la dirección del partido convirtió ese acuerdo de investidura en un acuerdo de legislatura sin consultarlo.

"Se han saltado a la militancia y eso es una vulneración de los estatutos", señala Martínez, que avanza que presentarán una queja a la comisión de garantías para frenar el apoyo presupuestario de la ejecutiva. El cisma entre la cúpula y la base republicana viene de agosto de 2024, cuando poco más de la mitad de los militantes votó a favor de apoyar la investidura de Illa, a quien muchos ven más como un embajador de Pedro Sánchez que como un president preocupado por Catalunya. Seis meses después, Junqueras fue reelegido dirigente ERC por otro ajustado sostén de votos.

Sin embargo, lejos de remendar las costuras a la formación, "Junqueras impuso su ambición a los intereses del país", como valora a este medio Jordi Orobitg, uno de los exdiputados que se unió a la escisión de Esquerra, Foc Nou, para competir por el mando. "Este Consell es una prueba más de la deriva autoritaria de un partido, cada vez menos asambleario y más autocrático", agrega. A las puertas de la sede del partido ya se sabía lo que iba a suceder. Horas antes, Junqueras había dado un apretón de manos a Illa para anunciar una línea orbital ferroviaria que conecte el segundo y tercer cinturón metropolitano sin pasar por Barcelona, una idea guardada en un cajón desde hace casi 20 años. "¿Esa es la medalla que se cuelga Junqueras? Un proyecto para 2040, a la espera de financiación estatal, como Rodalies. Más de lo mismo", lamenta Orobitg, convencido de que, si PSOE y PSC no han cumplido los compromisos de investidura, tampoco lo harán ahora.

En marzo, Junqueras tuvo que retirar de la mesa la petición de gestionar el IRPF para desencallar la negociación de los presupuestos. A cambio, ERC ha logrado con este pacto una sociedad mercantil de inversiones —sustituto del consorcio tumbado en el Congreso—, la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, la incorporación del Consorcio de la Zona Franca y una inyección de más de 520 millones de euros a la Agencia Tributaria Catalana.

Junqueras ha defendido que el pacto con el Govern permite afrontar los "retos cotidianos" de la sociedad catalana y se trata de una "nueva oportunidad para obtener más competencias y herramientas al servicio del país". Sobre la cesión del IRPF, que ha quedado descafeinada en el pacto y en el tintero a cuatro años vista, el líder republicano ha insistido en que sigue siendo un "compromiso incuestionable", pero que el tema se ha retrasado "a cambio de nuevos pasos adelante".

Para entonces, pocos de los consellers nacionals creían a Junqueras ni a la secretaria general, Elisenda Alamany, que, durante la campaña interna, prometió que el presupuesto tenía que pasar el filtro de la calle. Tal vez con "calle" se refería a votantes y no a militantes. Los últimos sondeos de 2024 indican que tan solo seis de cada diez votantes de ERC son independentistas, por ocho de cada diez en 2018. "ERC ha perdido identidad. Ya no es una esquerra independentista. En esa transformación, veremos a candidatos de ERC en las municipales que escondan la marca, porque no es buena", afirma Orobitg.

Y en ese crepúsculo independentista quedó por responder en la calle Calabria de Barcelona un interrogante que planeó durante todo el encuentro: si la última encuesta de comienzos de mayo daba 28 escaños a ERC (ocho más que en las elecciones de 2024), lo que representa una recuperación tras meses de desplome en intención de voto, ¿por qué Junqueras no optó por romper la negociación presupuestaria y forzar elecciones anticipadas? "Es un día muy triste. El cambio de rumbo viene de lejos. Hace tiempo que hemos renunciado a la reclamación soberanista para dar estabilidad a los socialistas", resume Martínez la sensación que dejó el Consell Nacional del lunes.

La cara de circunstancias de Junqueras durante toda la escenificación de la firma del pacto presupuestario este martes daba esa misma sensación. El propio Illa dio un espaldarazo a su nuevo aliado al agradecerle su "sentido de país" y "coraje político" para llegar a unos acuerdos de consecuencias imprevisibles para ERC.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d'Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han solemnizado este martes su pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.

Sobre las ocho de la mañana, Junqueras ha llegado al Palau de la Generalitat, donde minutos después ha sido recibido por Illa en la Galería Gótica para escenificar su entendimiento con un apretón de manos, antes de reunirse brevemente en el despacho presidencial.

Posteriormente, han vuelto a salir a la Galería Gótica para firmar oficialmente el pacto, ante la presencia de miembros de los equipos negociadores, como Lluís Salvadó, Isaac Albert, Jordi Albert, Ester Capella y Oriol López (ERC), Albert Dalmau y Alícia Romero (Govern), así como Lluïsa Moret y Ferran Pedret (PSC).

Una vez firmado el acuerdo -que incluye la línea orbital ferroviaria, la reforma del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o el consorcio de inversiones-, mañana miércoles a las 16:30 horas se reunirá en Madrid la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para validar las cuestiones que vinculen al Gobierno central.

El pacto prevé el impulso de una línea de tren orbital para unir ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona -con mayoría catalana- y una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análoga al consorcio que Junts vetó en el Congreso.

Estas cuestiones van al margen de las partidas presupuestarias concretas, donde destaca el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña con una inversión de 527 millones para el periodo 2026-2029.

Mientras tanto, los comunes siguen negociando con el Govern para actualizar el pacto presupuestario que ya sellaron en marzo y que no sirvió para aprobar las cuentas, ya que entonces ERC rechazó sentarse a la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno a comprometerse a ceder el IRPF a Cataluña.

Comuns -cuyos votos también son imprescindibles para aprobar los presupuestos en el Parlament- fija tres prioridades: en vivienda, mantener la inversión anual de 400 millones en el plan de barrios; en transporte, reformular la nueva línea R-Aeroport para que llegue a las comarcas del Vallès; en fiscalidad, impulsar la llamada tasa Zucman, un gravamen del 2 % a patrimonios de más de cien millones.

Si se llega a un acuerdo con los comunes en los próximos días, el Govern podría aprobar el proyecto presupuestario este viernes y enviarlo al Parlament para que inicie su tramitación, con vistas a validarlo definitivamente a principios de julio.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros, según recoge EFE.

El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria, y ha anulado las liquidaciones y sanciones impuestas al considerar que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Se trata de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España, después de que este mismo mes un juzgado de Barcelona archivase la segunda causa penal que la cantante Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.

Años antes, en 2024, Shakira aceptó una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante un tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evitó la prisión y le ahorró un largo juicio.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha manifestado la cantante en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.

El caso, que se ha dirimido por la vía administrativa, se circunscribe a una cantidad de algo más de 55 millones de euros reclamados a la cantante, si bien su equipo cifra en más de 60 millones la cantidad que debe devolverle Hacienda al sumar los intereses y el pago de costas.

Se trata, según anuncia en un comunicado la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a Shakira, de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España tras ocho años de disputa.

Ahora bien, la sentencia puede ser recurrida al Tribunal Supremo, y fuentes de la Agencia Tributaria, que recuerdan que Shakira ya aceptó en conformidad las condenas por delitos contra Hacienda para los años 2012-2014, han informado a EFE de que la recurrirán.

En este caso, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio en 2011 al alegar que residía fuera de España, cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en este país y, por tanto estaba obligada.

Dónde vivió la cantante colombiana ese año ha sido el principal objeto de análisis de la sección cuarta de lo Contencioso de la Audiencia, que ha concluido que "no ha quedado acreditado" que Shakira tuviese su domicilio fiscal en España. Por tanto, para el tribunal "es obvio que las liquidaciones" y consiguientes sanciones impuestas por ello "son contrarias a Derecho".

La Sala entiende que la estancia en España de la cantante fue de 163 días y no de más de 183, como exige la ley a efectos de tributación, y asegura que la Administración no ha probado que Shakira tuviera el núcleo de intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.

Ante la afirmación de la Administración de que Shakira tenía una relación sentimental con un residente español (el exfutbolista Gerard Piqué), el tribunal explica que en 2011 no existía "vínculo conyugal", ni tampoco "hijos menores" residentes en España. Es decir, "no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera".   

La Agencia Tributaria también analizó si la cantante residía en efecto en Bahamas, si bien el tribunal señala que el hecho de que "Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España". Y recuerda asimismo que la situación que ha analizado se enmarca en el 2011, y que los cambios producidos en ejercicios posteriores no afectan a este litigio.

Tras conocer la sentencia, la cantante ha deseado que esta "siente un precedente para Hacienda" y ha lamentado el "señalamiento público" sufrido y que se le tratase "como culpable", según el comunicado.

Su abogado, José Luis Prada, ha cargado contra el "modus operandi" de Hacienda, que "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse" y ha celebrado que la Justicia funcione "de verdad" frente a "posiciones administrativas inaceptables". 

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge EFE.

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5% y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2%.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78% del total, subieron en marzo un 0,2% hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2%, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja. Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94% de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4% menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4%) y Euskadi (11,6%).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9%); Baleares (8,3%); o Murcia y Andalucía (6,5% en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5%), Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%). 

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5% en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7% en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4%, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1%.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8% y la protegida el 1,2%.

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9% entre enero y marzo.

Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3% en el trimestre.

Al Govern se le acumulan los deberes para un final de curso minado de negociaciones y huelgas. El profesorado ha realizado un paro general en toda Cataluña y ha provocado el corte de varias carreteras. Se trata de la primera jornada de unas movilizaciones que se alargarán hasta comienzos de junio, si el Ejecutivo de Salvador Illa no lo impide con la aprobación de los presupuestos de este año, que previsiblemente anunciará con ERC la próxima semana (pasadas las elecciones andaluzas), después de meses encallados y al borde de fechas críticas.

Las nuevas finanzas prevén una inversión de 8.356 millones de euros en Educación, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a 2023, pero apenas un 2,65% del PIB catalán, muy lejos del 6% que reclaman los sindicatos en una Iniciativa Legislativa Popular que se discute en el Parlament desde el mes de mayo pasado. "Quieren darnos 50 euros por noche de campamento, es decir, tres euros la hora. Y con eso se creen que es suficiente. Queremos que nos bajen el ratio por clase y reconozcan nuestro trabajo", pide una de las portavoces de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, en la multitudinaria manifestación de Barcelona. "Països Catalans, en peu de guerra per la pública!" ["¡Los Países Catalanes, en pie de guerra por la pública!"], se lee en su pancarta. 

De momento, tampoco ha aplacado las protestas la improvisada reunión con sindicatos que ha convocado la consellera d'Educació, Esther Niubó, para el jueves. "Llega tarde y sin propuestas concretas", se queja la maestra de música, al igual que el sindicato mayoritario, la USTEC, que se desvinculó en marzo del acuerdo de la conselleria con UGT y CCOO. El Govern confía ahora en que la inminente aprobación de los presupuestos, con aumentos salariales y mejoras en infraestructura escolar, sirva para desactivar las huelgas.

"Los límites al presupuesto en Educación tienen un problema de base: el sistema de financiación Estado-Cataluña. Los mismos límites que tiene ERC a la hora de conseguir algo más de dinero para rascar alguna concesión", asegura a infoLibre el politólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Marc Guinjoan, sobre las borrascosas negociaciones del PSC para lograr el apoyo de ERC a las cuentas de este año. Las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en infraestructura; la línea de tren orbital para conectar el cinturón periférico sin pasar por Barcelona; y el traspaso a la Generalitat de una competencia estatal, aún por definir, pero que podría ser un órgano bilateral para que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes.

Aunque, de momento, todo es papel mojado. Por eso los republicanos han supeditado su apoyo a que los acuerdos se ratifiquen en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que evite distorsiones entre lo anunciado y lo implementado. "Hay un largo historial de incumplimiento de los acuerdos de ERC con el PSOE y pocos se materializan, como ya se vio con la transferencia del IRPF", indica el profesor de la UAB. Desde el verano de 2024, los republicanos pactaron con los socialistas que Cataluña gestionase plenamente la recaudación del IRPF, algo que todavía no se ha implementado. 

A pesar de ese incumplimiento, el líder de ERC Oriol Junqueras decidió retirar en marzo esa demanda del entorno de la negociación con el PSC para dar viabilidad a los presupuestos. Algo que ha vuelto a suceder con la petición de cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que exigieron la semana pasada tras la infiltración de dos agentes de este cuerpo en una de las asambleas de profesores para planear la huelga. "ERC juega en muchas arenas políticas (entre el independentismo y su alianza en Madrid) y no le queda más alternativa que optar por la gobernabilidad de Cataluña ante un contexto de conflicto laboral y una demanda unánime de la sociedad catalana", afirma a este medio el analista y politólogo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, sobre el pragmatismo de los republicanos, que desde hace tiempo han escogido la gobernabilidad, máxime ahora frente al avance de fuerzas antiinstitucionales materializadas en Aliança Catalana. En este planteamiento, se juega a que es mejor tener a PSC y PSOE en el Gobierno que anticipar elecciones.

"Para nadie de su electorado es una sorpresa que ERC haya cedido, aunque tenga socios poco fiables", señala el politólogo de la UPF, sobre unas comisiones que han tenido "un historial de fracasos". De entrada, la Comisión Bilateral requiere de la aprobación del Congreso y, a finales de abril, Junts ya votó en contra -junto a PP y Vox- de crear un consorcio público bilateral formado por la Generalitat y el Estado para gestionar la implantación de futuras infraestructuras catalanas. Los de Puigdemont tacharon la propuesta de ERC de "otro chiringuito" colaboracionista con España, casualmente, cuando se cumple el 30º aniversario de la firma de la entente entre el PP de José María Aznar y la CiU de Jordi Pujol. 

Precisamente, ERC ha optado por aquel antiguo sistema Pujol de el peix al cove, conseguir lo que se pueda, cuando se pueda, pactando con quien sea para no desgastarse. Y, ante esa premisa, lo único que ha tenido que hacer el PSC para no dejarse materias para septiembre ha sido poner el balón en el tejado de los republicanos, que terminan presentándose a todos los exámenes sin ni siquiera formar parte de ningún gobierno.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Un adolescente de 14 años intentó apuñalar a otro compañero y un profesor lo inmovilizó cuando ya lo tenía agarrado por el cuello. La madre de una alumna saltó la valla del recreo para pegarle a una profesora que reñía a su hijo y una maestra las separó. Una menor de 12 años se encerró en el baño para lesionarse con la punta de un compás y su tutora desarmó la puerta para impedirlo y contenerla emocionalmente. Todos son incidentes contados por una profesora de un instituto de máxima complejidad en Barcelona.

"En ninguno de los casos la policía podría haber hecho nada o nada mejor que el mismo profesorado", asegura la docente, que prefiere mantener el anonimato. El plan del Gobierno catalán para desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en colegios y centros de secundaria se ha topado con la oposición mayoritaria de la comunidad educativa. "Lo único que conseguirá es aumentar la tensión. Es una medida destructiva, convierte a las escuelas en cárceles, no resuelve el problema de fondo", considera la profesora.

La conflictividad escolar en Cataluña ha alcanzado cotas críticas. El 84% del alumnado percibe violencia en los centros, casi dos de cada tres han sido víctimas de una situación violenta y ocho de cada diez chicas han sufrido agresiones sexuales, según la última encuesta oficial del curso 2021-22, publicada en 2023. Sin embargo, no existe evidencia clara en ningún otro país de que la figura policial en las aulas haya mejorado la convivencia. En Reino Unido, el programa Safer School Officers que desplegó a 683 uniformados a comienzos de este siglo ha tenido "resultados contradictorios", que "no respaldan claramente la afirmación de que la presencia de agentes de policía tenga efectos positivos", como concluye un estudio de la National Association of Head Teachers. Otras organizaciones más críticas advierten de la escalada de la estigmatización de escuelas en barrios desfavorecidos y de la derivación de problemas disciplinarios menores hacia el sistema de justicia criminal, un riesgo que afecta sobre todo a minorías étnicas.

"Si tratas a los jóvenes como delincuentes, se acaban comportando como delincuentes. Cuando se da una respuesta represiva con más expulsiones, detenciones, creación de antecedentes, el problema se enquista a mediano plazo y termina en mayor abandono escolar. Los chavales acaban en la calle", señala la directora de investigación de Equitat.org, Mònica Nadal, sobre los "efectos perversos" de la medida. Además, agrega que "cuando tienes colectivos racializados, cualquier comportamiento suyo se identificará como de mayor peligro". Un informe de SOS Racisme registró que por cada siete personas con nacionalidad española identificada en Cataluña, se para a más de siete personas extranjeras o percibidas como tales. "¿Cómo esos jóvenes se van a sentir seguros o van a confiar en esa policía? Un chaval que se siente rechazado es normal que genere resentimiento", zanja la socióloga.

En Francia ha habido desde 2018 varios intentos de infiltrar gendarmes, pero ninguno ha prosperado debido a la falta de consenso político, el rechazo social y la oposición de las direcciones de los centros. En Alemania, varios Estados se han aventurado recientemente a impulsar proyectos parecidos al de Cataluña. En Estados Unidos, con oficiales armados en cerca de la mitad de los colegios, algunas tesis indican que se han reducido un 30% las peleas y amenazas, pero no se han logrado evitar los tiroteos, y un estudio del National Institute of Justice indica que la tasa de mortalidad en esas balaceras es casi tres veces mayor en centros con guardias pistola en cinto. Finalmente, la propia Administración estadounidense reporta que en los high school con fuerte presencia policial las tasas de arrestos suelen duplicarse. Es decir, la medida criminaliza a los jóvenes más que aumentar la seguridad real.

Desde la Generalitat defienden que el plan se ha activado para fortalecer las funciones pedagógicas de los mossos, en la línea de las tareas de mediación y proximidad que ya cumplían. La docente del centro de máxima complejidad de Barcelona explica que en alguna ocasión han llamado a los mossos para disuadir a bandas juveniles que esperaban a algún alumno para ajustar cuentas a la salida de clase. "Los agentes vienen a dar charlas y alguna vez los he llamado para apoyarme en situaciones de vandalismo o portación de sustancias ilícitas", cuenta la directora de un instituto del Vallès Occidental, en una localidad que cuenta con dos agentes de proximidad, "pero me niego a meterlos en clase, no deja de ser un cuerpo represor".

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha matizado que esa presencia policial permanente siempre será "voluntaria" y que pretende ofrecer una "mirada externa y especializada" en mediación de conflictos, pero que "no está previsto que tengan contacto directo con el alumnado" y “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. El Govern afirma que trabaja desde septiembre de 2025 en el proyecto a petición de los centros escogidos. 

No obstante, diversos de esos centros convocaron protestas contra la presencia policial y denunciaron que nadie les había informado sobre ello. “Menos mossos y más educadores sociales” o “Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía” fueron algunos de los eslóganes gritados por el centenar de manifestantes de varios sindicatos educativos este lunes a las puertas de dos institutos de l'Hospitalet de Llobregat, donde esta semana se inicia la prueba piloto que desplegará a seis agentes en otros doce centros de máxima complejidad de la zona de Osona, Urgell, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Tàrrega, Vic, El Prat de Llobregat y Sabadell.

"Las personas formadas para la prevención de la conflictividad escolar somos los educadores sociales. Pedimos que se consolide nuestro trabajo, en lugar de socavarlo", reclama el vicepresidente del Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Óscar Martínez, quien reconoce que "las complejidades de la sociedad han cambiado y la figura clásica del profesor ya no es la única que hace falta, pero para eso están los profesionales preparados". El Govern, en cambio, ha recortado de 85 a 60 los profesionales de educación social en los últimos cuatro cursos, según datos del mismo CEESC. La Fundació Bofill recoge que tan sólo hay una educadora social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales.

"Despiden educadores para meter mossos. Jamás en la vida hubiésemos imaginado que habría policías en las escuelas. Es un giro a la derecha", sentencia Martínez sobre la idea del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comuns y la CUP han rechazado duramente la medida por haberse impulsado sin debate parlamentario ni consenso con la comunidad educativa. Los republicanos advierten de que puede tener efectos "discriminatorios" al señalar determinados centros y tacha la propuesta de "poco afortunada, populista y condenada al fracaso". Así lo demuestran las experiencias en otros países, aunque el Departament de Educació enfatiza que, según la OCDE, "uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y fuerza pública "con fines preventivos"". La polémica ya está sobre la mesa en medio de la negociación del PSC para buscar el apoyo de ERC y los Comuns para desencallar la aprobación de los presupuestos de 2026. La menor de 12 años rescatada del baño cuando pretendía hacerse cortes porque no le gustaba su aspecto contó con el acompañamiento psicoemocional de una educadora social y hoy cursa tercero de secundaria, encaminada a la universidad.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

Días de literatura, rosas y política en Barcelona. Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlament, recomienda enfervorecidamente leer a Delphine de Vigan para entender el mundo en el que vivimos. Y sostiene que la izquierda tiene una responsabilidad “histórica” para frenar la ola de la ultraderecha. Por eso, apela a la unidad para las próximas elecciones generales en una lista en la que esté también Podemos.

Albiach cree que es posible que el espacio progresista conserve el Palacio de la Moncloa el año que viene, aunque mira especialmente a los socialistas para tomar medidas más ambiciosas en materia de vivienda como acabar con la compra especulativa. A Pedro Sánchez le pide que se sitúe frente a los fondos buitre y a Salvador Illa que no le tiemble el pulso para aplicar sanciones a los que no cumplen la ley. Reflexiona también sobre la necesidad de esperar a que pase el verano para elegir al candidato del espacio de Sumar y emplaza a Gabriel Rufián (ERC) a decidir su futuro, tras el portazo de su partido a integrarse en una misma papeleta con la izquierda transformadora. 

Al fin ha habido un acuerdo entre el PSC y ERC para seguir negociando los presupuestos. Hubo un conato en Cataluña de un posible precipicio de legislatura. ¿Se ha despejado ese nubarrón? ¿Va a durar la legislatura catalana hasta el final?

El que tiene el botón rojo siempre es el president, pero, por lo que veo, por lo que oigo y por lo que hablo, sí que diría que la legislatura va a llegar hasta el final. Tenemos una responsabilidad histórica tanto el Gobierno de coalición estatal como aquí en Cataluña frente a esos Ejecutivos del PP y de Vox a nivel autonómico con su “prioridad nacional”. Asimismo, aquí tenemos una misión muy clara de que hay que hacer todo y más en materia de vivienda, donde Cataluña tiene que marcar el paso a España. Somos un grupo parlamentario pequeño, pero somos imprescindibles. Sería un error dejar la legislatura a medias. Tenemos muchas cosas entre manos.

¿Cuáles?

Para nosotras, es esencial la prohibición de las compras especulativas. Hay que dejar bien claro que la vivienda es para vivir. Por tanto, confío en que la legislatura dure lo que tiene que durar y que, además, antes de agosto podamos tener unos presupuestos en Cataluña.

¿El acuerdo firmado con el PSC sigue vigente? ¿O van a intentar cambiarlo después de ese plazo que se han dado los socialistas con Esquerra?

Vamos a una aprobación de presupuestos antes de agosto. Si este año ha sido difícil la negociación, lo será más el año que viene para los siguientes al haber diferentes citas electorales. Estamos, por lo tanto, ante un presupuesto que acabará siendo el de la legislatura. Teníamos un acuerdo muy ambicioso principalmente en vivienda y trenes. Pero vemos que es necesario actualizar el pacto porque, además, percibimos cómo está afectando en la economía la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán. Todavía no hemos entrado a negociar en esta segunda fase. Quiero ser discreta, pero hay un tema que es esencial.

¿Cuál?

Tenemos leyes avanzadas en materia de vivienda en Cataluña, pero algunos no las están cumpliendo y el Gobierno no está sancionando con la contundencia con la que lo tiene que hacer.

¿A fondos buitre?

Exacto. Nosotras pactamos un régimen sancionador con el Gobierno de la Generalitat, que puede llegar al millón de euros, por ejemplo, si te saltas en más de un 30% el tope del precio del alquiler en las zonas tensionadas. Hemos acordado la contratación de 100 inspectores para poner multas, pero el Govern está siendo poco ambicioso y contundente. Pedimos la creación de una unidad de disciplina que tenga el rango de una dirección general para hacer cumplir la ley de vivienda.

Dice “algunos”, ¿puede poner nombres concretos respecto de quienes se están saltando la ley de vivienda?

Tenemos ahora un caso que se está convirtiendo en un símbolo: un bloque en el barrio de Gràcia. El fondo propietario, New Amsterdam Developers, se está saltando la ley y todas las normativas posibles. El Govern le podría poner una multa de 900.000 euros y no está sucediendo. Insistimos en la necesidad de contundencia para proteger a los vecinos y a las vecinas porque nos están expulsando directamente de nuestros barrios y de nuestras casas.

¿Qué balance hace de la gestión del president Illa desde que llegó al Palau?

Le pondré la nota cuando termine la legislatura. Este tiempo, para los comunes, va de trenes y de vivienda. Con la crisis que tenemos en Rodalies, claramente está suspendiendo en ese tema. Y en vivienda va demasiado lento y nos toca estar estirando continuamente para que haya avances. Va muy despacio en las sanciones y en plantarle cara a los especuladores. También en la construcción.

El actual Parlament es el primero sin mayoría independentista en los últimos 40 años, ¿se ha perdido la pulsión soberanista?

Sigue habiendo muchísimos independentistas en Cataluña, pero ahora mismo las alianzas están girando en torno al eje social. Eso está permitiendo desencallar de manera progresista algunas políticas que hasta ahora no se habían priorizado. Es absolutamente vergonzoso que Cataluña esté prácticamente la última de toda España en el despliegue de energías renovables. Ahora estamos apretando para que el Gobierno se ponga a ello, por ejemplo.

También se espera la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña en los próximos meses, ¿puede suponer un cambio en la política catalana?

Lo primero que quiero decir es que evidentemente Puigdemont debería poder estar aquí ya. Creo que es urgente que se pueda aplicar la ley de amnistía y que pueda estar haciendo política tranquilamente en Cataluña. No tendremos esta vuelta a la normalidad en Cataluña hasta que la ley de amnistía sea efectiva y esté aplicada a todos los casos y a todas las personas que lo requieran. Pero confieso que no sé cómo puede impactar porque no sé sus planes.

¿Cómo explica el ascenso vertiginoso de Aliança Catalana en las encuestas? ¿Ha dejado de ser Cataluña ese oasis en el que no existía la ultraderecha?

El fenómeno de Aliança Catalana no es nuevo en Cataluña. Hace unos años existía Plataforma per Catalunya, que era una fuerza muy similar. Pero es cierto que ahora ha cogido impulso con esta ola reaccionaria global. Aliança está muy inspirada en las políticas de Le Pen en Francia. Para mí la extrema derecha es lo mismo, hable en castellano o en catalán. Creo que son oportunistas y fanáticos. Votan siempre en contra de los avances de la gente en el Congreso y en el Parlament. Y los veo perdidos y erráticos en política internacional. Vox se ha quedado sin el referente y financiador de Orbán. Además, cada vez es más insostenible para ellos defender la política de Trump. Hasta Meloni se ha bajado del barco. Y es que en la política del norteamericano hay una parte de business, pero también de patología. 

Míriam Nogueras (Junts) exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales. ¿Cree que los posconvergentes quieren acabar con la legislatura a nivel nacional?

Me está costando entender qué está haciendo Junts. Un Gobierno del PP y de Vox a nivel estatal perjudicaría en primera instancia y de manera más directa a Cataluña. Son los que están en contra de la inmersión lingüística, son los de los palos del 1-O y son los que estaban en contra de los indultos y la amnistía. Son los de una y libre. Entiendo que en todas las negociaciones uno tiene que medir fuerzas y tiene que gesticular, pero Junts se está equivocando. No dudo de que su objetivo sea defender a los catalanes, pero se equivocan cuando dicen que el actual Gobierno es igual que uno del PP y de Vox.

Hablaba antes del eje izquierda-derecha en Cataluña, ¿ve factible que pudieran unirse en un bloque PP, Vox, Junts y Aliança?

De ninguna de las maneras. Una cosa es que coincidan en ciertas votaciones, pero no es representativo de la sociedad catalana.

Hablemos de la izquierda. Los comunes son uno de los actores principales en estos momentos en el frente que están construyendo junto a Más Madrid, Movimiento Sumar e Izquierda Unida. ¿Le gustaría que en ese espacio estuviera Podemos?

Por supuesto. Nuestra hipótesis está muy clara y nuestro principal objetivo es reeditar un Gobierno de coalición progresista. Tenemos una responsabilidad histórica. Estoy convencida de que lo que nos une a las fuerzas progresistas es mucho más de lo que nos separa y todas estamos en el mismo barco de que nuestro país siga siendo un referente de derechos y libertades. Queremos repetir la fórmula del 23J, ampliada y mejorada. Aquí no sobra nadie. Debemos empezar a construirlo desde ya. Por eso quiero que se sumen los compañeros y las compañeras de Podemos. Para mí son un elemento esencial en este frente. 

¿Apuesta por una lista en las generales en las circunscripciones catalanas en la que también esté ERC?

Pero para que eso pasase, ERC tendría que querer. Y Esquerra no quiere. Esa es la realidad. Las coordinadoras de los comunes están hablando con las direcciones de los partidos. Con ellos tenemos conversaciones de todo tipo de manera habitual. Ellos no están aquí ahora mismo. Hay que empezar a pensar en escenarios que se puedan dar.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha dicho que no fue a la cárcel para que Ada Colau fuera en una papeleta de Esquerra. ¿Qué le parece?

Colau no necesita a ERC para ser diputada. Podía haber sido ministra o eurodiputada. Y puede ser diputada si ella quiere. No entiendo muy bien esas declaraciones de Junqueras. Otra cosa es que tenemos que explorar todas las fórmulas para ver qué resultados podemos sacar. Pero estoy viendo que se impone la vía de Junqueras a la de Rufián. Gabriel apeló en Barcelona a que su partido fuera a sus tesis. ERC no está aquí ahora mismo y él tendrá que clarificar qué quiere hacer. 

¿Abrirían su lista para incluir a Rufián?

Creo que no sobra nadie en este frente de izquierdas democrático. Todo el mundo es bienvenido. Lo que se trata es de hacer alianzas pensando en la unidad y respetando la diversidad. 

En el espacio de Sumar hay un debate abierto sobre quién va a liderar esa papeleta. Por ahora sabemos quién no: Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy. ¿Se presentaría usted?

¿Yo? [ríe] Ya tengo mucha faena en Cataluña. Nos equivocaríamos si construyéramos la casa por el tejado. Es el momento de hablar con las direcciones de los partidos y de aclarar los escenarios. A partir de ahí, mirándonos todos a los ojos, tenemos que ver cómo lo vamos a articular. 

¿Le gustaría que fuera Ernest Urtasun?

Tengo debilidad por Ernest, pero también por Ada y Bustinduy. Son compañeros y amigos. Personas a las que admiro política y personalmente. Todos tenemos que estar empujando, pero no se puede hablar ahora de nombres.

Si uno se fija en los microdatos del CIS, ve que las personas que se autocalifican como de extrema izquierda o muy de izquierdas dicen que van a votar al PSOE por encima de Sumar y Podemos. ¿Les han robado su espacio los socialistas?

Los encuestadores lo tienen ahora muy difícil. Nosotros todavía estamos construyendo una herramienta que no tiene nombre ni cabeza de lista. Creo que está muy bien que Sánchez luzca como antagonista de Trump, pero también sería necesario que lo hiciera con los fondos buitre. Al plan que presentó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le falta ambición. Es insuficiente. Y ella se está poniendo de perfil en la negociación del decreto de prórroga de los alquileres. Después del verano tendremos un liderazgo y una marca clara, por lo que estaremos en otro escenario. 

¿Realmente la izquierda tiene posibilidades de conservar la Moncloa?

No lo dudo ni un segundo. Hay muchísimo trabajo por hacer. No será fácil, pero tenemos la obligación de echar el resto. Nadie daba un duro el 23J y lo conseguimos. Lo podemos volver a conseguir. El Gobierno de coalición ha hecho muchas cosas, pero necesita hacer más y más rápido. Por ejemplo, prohibir las compras especulativas de la vivienda. Pero la gente es consciente de lo que perdería. 

¿La izquierda debería dejar de parecer tan gruñona y adaptarse más al estilo Mamdani?

Nadie quiere que le estén riñendo todo el rato. Pero, sobre todo, la izquierda debería dejar de ser tan autorreferencial. Me harta tener que estar hablando todo el día de nosotros. Es más positivo cuando hablamos de lo que queremos hacer. Hay que escuchar a la gente. 

En la política española se está produciendo un fenómeno de acoso principalmente contra mujeres progresistas jóvenes, como ha denunciado, por ejemplo, Rita Maestre (Más Madrid). ¿Sucede también en Barcelona? ¿Lo está sufriendo?

Aquí es más a nivel de redes. Lo sufrimos todas. Todo mi apoyo a las compañeras políticas y a las periodistas. Hay muchas mujeres desconocidas que lo sufren. Recuerdo, durante las elecciones municipales de Barcelona, a nazis en las calles gritando “puta Ada Colau”. Nos acaban señalando porque somos referentes para muchas jóvenes.  

¿Su futuro político pasa otra vez por las elecciones catalanas?

Estoy donde quiero estar. Estamos haciendo cosas importantes esta legislatura. 

¿Qué libro está regalando estos días por Sant Jordi?

A mí me ha robado el corazón Delphine de Vigan. Y hay un libro muy adecuado para este momento: Los reyes de la casa. Es un thriller sobre la instrumentalización que hacen los adultos de los niños en las redes sociales. 

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

La historia reciente de Ciutat Vella podría contarse como una sucesión de vacíos: solares que se abren como heridas en el tejido urbano, edificios que se desmoronan lentamente y una administración que, pese a disponer de herramientas legales, no logra activar los mecanismos necesarios para revertir la degradación. Pero también podría narrarse como la historia de una ciudadanía que se organiza, que investiga, que mapea y que exige. El documento elaborado por Amics del Carme entre 2024 y 2026 y dirigido por Teresa Reverte y Carlos Silvestre es un retrato preciso de ambas realidades: la persistencia del abandono y la potencia del activismo vecinal.

Desde hace más de dos décadas, esta asociación denuncia “problemáticas sociales y urbanas que afectan al barrio del Carme y a Ciutat Vella en general”, pero en los últimos años su foco se ha centrado en dos cuestiones que definen la vida cotidiana del centro histórico: los solares vacíos y los edificios en ruina. La magnitud del problema es evidente. A finales de 2024, el estudio impulsado por Amics del Carme identificaba 42.000 m² de suelo vacío repartido en más de 250 parcelas y, al menos, otros tantos de suelo disponible en edificios deteriorados. Estas son cifras que por sí solas revelan la profundidad del deterioro urbano y esta lacra de los solares vacíos parece que tiende al desequilibrio territorial, donde el Carme y Velluters son los tejidos más castigados.

Uno de los aspectos más valiosos del trabajo vecinal es su capacidad para suplir carencias institucionales. El “Taller de activación de solares vacíos en Ciutat Vella”, celebrado en 2023, no solo reunió a expertos, estudiantes y vecinos: generó propuestas concretas para cinco solares emblemáticos y reactivó el debate público sobre un problema que llevaba años normalizado. La posterior ruta “Solars i futur”, en 2024, volvió a situar el tema en el centro de la conversación, esta vez poniendo el foco en las condiciones urbanísticas y políticas que han permitido que Ciutat Vella se convierta en un “tejido profundamente agujereado”.

La exposición “Solars en trànsit”, también en 2024, consolidó este trabajo previo: un mapeo exhaustivo, datos precisos y la selección de once solares en proceso de transformación. La cifra más contundente —esos 42.000 m² de vacío— no surgió de un despacho municipal, sino del esfuerzo sostenido de vecinos comprometidos. Este tipo de iniciativas demuestra que el conocimiento urbano no es patrimonio exclusivo de la administración. Cuando los vecinos se organizan, investigan y documentan, el resultado es un diagnóstico más fino, más pegado a la realidad y, sobre todo, más orientado a la acción.

Quizá el aspecto más inspirador de las acciones llevadas a cabo es la evolución del activismo vecinal hacia formas más organizadas y formativas. En 2025 nace el grupo “Construint Ciutat Vella”, que impulsa los “Tallers d’activisme urbà”. Estos talleres no solo enseñan a los vecinos a leer el urbanismo, sino a intervenir en él: a conocer el RMSER, a solicitar información, a mapear edificios en mal estado y, finalmente, a diseñar acciones colectivas de visibilización. La acción final —una pegada masiva de carteles con los mensajes “aquí podría estar tu casa, pero hay un solar” y “aquí podría estar tu casa, pero hay una ruina”— sintetiza el espíritu del movimiento vecinal: ser directo, crítico, creativo y profundamente arraigado en la vida cotidiana del barrio uniendo conocimiento experto -geógrafos, urbanistas, arquitectas, juristas- con conocimiento experimentado -todas las personas residen y viven el barrio.

En total participamos más de 60 personas en estas acciones. Pero lo relevante no es la cifra, sino el gesto: la ciudadanía asumiendo un rol activo ante un problema que las sucesivas administraciones no han sabido resolver. El diagnóstico es claro: Ciutat Vella sigue siendo un territorio marcado por los vacíos, con un desequilibrio territorial evidente y una administración que no utiliza plenamente las herramientas a su alcance. Pero también es un territorio donde la ciudadanía ha decidido no resignarse. El trabajo de la AAVV Amics del Carme y de los colectivos implicados demuestra que el urbanismo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión política y comunitaria. Los solares vacíos no son solo parcelas sin construir; son oportunidades perdidas para vivienda, equipamientos, espacios verdes o proyectos comunitarios. Son, en definitiva, un síntoma de un modelo urbano que ha priorizado intereses privados y turísticos por encima de las necesidades de quienes viven en el barrio. Lamentablemente la nueva regulación de la actividad terciaria hotelera profundiza esta realidad haciendo una llamada a actores ajenos a Ciutat Vella para abrir en canal las heridas de este distrito. Aún así, no nos resignamos.

En todas las actividades se confirmó una realidad: el Registro Municipal de Solares y Edificios en Ruina (RMSER) podría ser una herramienta decisiva para desbloquear la situación, pero su uso actual es claramente insuficiente. De los 33.207 m² de suelo vacío existentes en 2026, solo un 14,3% está incluido en el registro. Es decir, casi 28.500 m² quedan fuera de cualquier mecanismo de intervención. Los datos confirman que, por el momento, no está funcionando a su máxima capacidad. De los solares incluidos en el RMSER, solo uno está construido y cuatro están en obras. En total, apenas 385 m² han sido activados a través de este instrumento. Por cierto, que no es despreciable señalar que, de ese total de metros cuadrados de suelo vacío, 7.354 m2 son de titularidad municipal, es decir, un 18,35% al que hay que añadir el dato desconocido de suelo titularidad de otras administraciones.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede funcionar un registro municipal que deja fuera más del 80% del problema que pretende resolver? La suma de falta de voluntad política, falta de seguimiento técnico y falta de una estrategia clara para intervenir en solares pequeños y dispersos, especialmente en barrios como el Carme, La Xerea y Velluters lleva a esto.

Entre 2024 y 2025 se han construido o finalizado 1.807 m² de suelo, lo que supone un 4,5% del total existente en 2024. Si se suman los solares actualmente en obras, la cifra asciende a 4.763 m², aproximadamente un 12%. En total, un 16,5% de los solares han sido activados en dos años. Podría parecer un avance significativo, pero la realidad es limitada y más si tenemos en cuenta a qué se van a dedicar estos edificios.

En primer lugar, los solares más grandes intervenidos responden a usos terciarios hoteleros, como los de Eixarchs, carrer del Bany o Guillem de Castro. Es decir, el mercado turístico sigue siendo el principal motor de transformación urbana en Ciutat Vella, mientras que el uso residencial —especialmente el asequible— queda relegado, profundizando la enfermedad del barrio.

En segundo lugar, las intervenciones se concentran en zonas menos afectadas por la presencia de vacíos. Tres de las siete construcciones se ubican en el área delimitada por la calle de la Paz, la avenida del Oeste y Colón-Xàtiva, “el área menos castigada por la presencia de estos vacíos”. Mientras tanto, el Carme y Velluters continúan acumulando solares pequeños, dispersos y difíciles de activar sin una estrategia pública decidida. El documento lo resume con claridad: “Resulta preocupante cómo viabilizar la intervención en pequeños solares más diseminados, como los que aparecen en el Carme y Velluters”.

La pregunta que hacemos a la administración es si será capaz de escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Porque el conocimiento ya está ahí, generado desde abajo, con rigor y con compromiso. Como recuerda el documento, “el grupo de trabajo sigue activo”. Y esa es, quizá, la mejor noticia para el futuro de Ciutat Vella.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Los ojos están puestos en Barcelona. Un laboratorio de 48 horas de la izquierda a escala global. Y Pedro Sánchez como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre que pretende marcar el arranque de una gran alianza frente a la ola ultra que azota el tablero internacional y que está cambiando las reglas del orden mundial.

La cita de Barcelona, que se desarrolla durante este viernes y este sábado, supone un paso adelante en las relaciones internacionales de líderes progresistas bajo un paraguas en el que se cobijan organizaciones y espacios como la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el foro de Democracia Siempre impulsado por Gabriel Boric. 

Pero esta cumbre pretende ser un “inicio”, según indican fuentes de la organización a infoLibre, para consolidar un bloque de gobiernos y de partidos frente a la internacional ultra liderada por Donald Trump (Estados Unidos) y apoyada por figuras como Javier Milei (Argentina) y Benjamin Netanyahu (Israel), con la idea de imponer la ley del más fuerte frente a las relaciones multilaterales y basadas en leyes internacionales surgidas después de la II Guerra Mundial.

Y la geopolítica sufre un azote cada minuto en un momento en el que la guerra de Irán no ve un horizonte final, mientras la propia ultraderecha, a la vez, empieza a sufrir reveses como la derrota de Giorgia Meloni en el referéndum en Italia para cambiar el sistema judicial y la pérdida del poder de Viktor Orbán en Hungría tras las elecciones del pasado fin de semana. 

Más de tres mil participantes y más de cien partidos

Esta cumbre ha sido impulsada principalmente por el presidente español, junto a Stefan Löfven, líder del Partido Socialista Europeo, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y cuenta con mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Además, supone el reencuentro de España con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El deshielo está en marcha después de las palabras del rey Felipe VI reconociendo “mucho abuso” en la conquista de América. El viaje supone acercar de nuevo a los dos países con la vista puesta en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Este encuentro en Barcelona tendrá varios escenarios y niveles. Este viernes da el pistoletazo de salida con la cumbre bilateral entre Sánchez y Lula da Silva, que se han convertido en pareja de hecho en muchos movimientos a escala global reivindicando el papel de las potencias medianas frente a las ansias imperialistas de Trump. Los dos han movido fichas de manera conjunta en temas como el rechazo al genocidio de Gaza y a la guerra de Irán.

El sábado se reunirán Sánchez y Lula de forma conjunta con Petro, Orsi y Sheinbaum en una cumbre coral con el objetivo de reafirmar su defensa de la democracia. De manera paralela, se desarrolla durante el viernes y el sábado la Global Progressive Mobilisation, en la que también estarán estos líderes junto a más de tres mil inscritos, entre representantes de más de cien partidos, de sindicatos, de organizaciones internacionales, de ONG y de colectivos de la sociedad civil. 

Por la Fira de Barcelona desfilarán, en los más de cien paneles y foros, nombres como Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), António Costa (presidente del Consejo Europeo), Mia Amor Mottley (primera ministra de Barbados), Teresa Ribera (vicepresidenta de la Comisión Europea), Isabel Allende (presidenta honoraria de la Internacional Socialista), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España) y Josep Borrell (presidente del CIDOB).

Asimismo, durante estas 48 horas pondrán sobre la mesa sus ideas intelectuales como Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación en la University College London), Gabriel Zucman (profesor de Economía en Berkeley) e Isabella Weber (profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst). 

Otro de los puntos fuertes de esta cita en Barcelona es la red que se quiere crear entre alcaldes progresistas de todo el mundo. El regidor de la ciudad condal, Jaume Collboni, será el nexo de figuras de gobernanza municipales y regionales como Philippe Close (Bruselas), Roberto Gualtieri (Roma), Haris Doukas (Atenas) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, no viajará hasta Barcelona por su promesa de estar principalmente en la ciudad, pero en su nombre participa Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad.

Construir un ordenado “faro de esperanza”

Como señalan fuentes de la organización, la cita de Barcelona supone entrar en una nueva fase de organización de la izquierda frente a la internacional ultraderechista, que sí lleva años colaborando y actuando de manera conjunta a nivel internacional a pesar de que su discurso es de corte nacionalista. En cambio, el mundo progresista apenas ha protagonizado grandes eventos que sirvan como paraguas para colaborar en todos los lugares del mundo.

Esta cumbre, organizada por los socialistas españoles y en la que no hay presencia de otras formaciones de izquierdas del país, busca que se compartan ideas y se establezcan relaciones personales entre actores del espacio. Fuentes de la cita explican: “Vamos hacia otro nivel de conexión. Allí un participante escucha lo que está haciendo Barbados en materia de cambio climático y otro explica cómo es la labor de la oposición en Italia. Se trata de interconectar, de organizar, de arrancar un nuevo proceso”.

Además, la idea es que este bloque progresista no se presente bajo la imagen de izquierda gruñona como vende la ultraderecha, sino que se vehicule la idea de “faro de esperanza” con pilares comunes como la justicia social, la redistribución, la igualdad, la lucha contra el cambio climático, los servicios públicos y la defensa de los sistemas democráticos en unos momentos de avance de los autócratas. 

Y el plan es que el trabajo sea global, no se quede enmarcado, como otros intentos, en foros de ámbito europeo o latinoamericano. En la organización dan mucha importancia a la participación telemática de partidos progresistas de Israel. Asimismo, Palestina tiene una delegación, con la presencia del ex primer ministro Mohammad Shtayyeh. La idea es que el evento no puede ser la foto de dos días, sino que de él salga el compromiso de estar en coordinación permanente por parte de todos los participantes para hacer frente a la ultraderecha.