Al Govern se le acumulan los deberes para un final de curso minado de negociaciones y huelgas. El profesorado ha realizado un paro general en toda Cataluña y ha provocado el corte de varias carreteras. Se trata de la primera jornada de unas movilizaciones que se alargarán hasta comienzos de junio, si el Ejecutivo de Salvador Illa no lo impide con la aprobación de los presupuestos de este año, que previsiblemente anunciará con ERC la próxima semana (pasadas las elecciones andaluzas), después de meses encallados y al borde de fechas críticas.

Las nuevas finanzas prevén una inversión de 8.356 millones de euros en Educación, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a 2023, pero apenas un 2,65% del PIB catalán, muy lejos del 6% que reclaman los sindicatos en una Iniciativa Legislativa Popular que se discute en el Parlament desde el mes de mayo pasado. "Quieren darnos 50 euros por noche de campamento, es decir, tres euros la hora. Y con eso se creen que es suficiente. Queremos que nos bajen el ratio por clase y reconozcan nuestro trabajo", pide una de las portavoces de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, en la multitudinaria manifestación de Barcelona. "Països Catalans, en peu de guerra per la pública!" ["¡Los Países Catalanes, en pie de guerra por la pública!"], se lee en su pancarta. 

De momento, tampoco ha aplacado las protestas la improvisada reunión con sindicatos que ha convocado la consellera d'Educació, Esther Niubó, para el jueves. "Llega tarde y sin propuestas concretas", se queja la maestra de música, al igual que el sindicato mayoritario, la USTEC, que se desvinculó en marzo del acuerdo de la conselleria con UGT y CCOO. El Govern confía ahora en que la inminente aprobación de los presupuestos, con aumentos salariales y mejoras en infraestructura escolar, sirva para desactivar las huelgas.

"Los límites al presupuesto en Educación tienen un problema de base: el sistema de financiación Estado-Cataluña. Los mismos límites que tiene ERC a la hora de conseguir algo más de dinero para rascar alguna concesión", asegura a infoLibre el politólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Marc Guinjoan, sobre las borrascosas negociaciones del PSC para lograr el apoyo de ERC a las cuentas de este año. Las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en infraestructura; la línea de tren orbital para conectar el cinturón periférico sin pasar por Barcelona; y el traspaso a la Generalitat de una competencia estatal, aún por definir, pero que podría ser un órgano bilateral para que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes.

Aunque, de momento, todo es papel mojado. Por eso los republicanos han supeditado su apoyo a que los acuerdos se ratifiquen en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que evite distorsiones entre lo anunciado y lo implementado. "Hay un largo historial de incumplimiento de los acuerdos de ERC con el PSOE y pocos se materializan, como ya se vio con la transferencia del IRPF", indica el profesor de la UAB. Desde el verano de 2024, los republicanos pactaron con los socialistas que Cataluña gestionase plenamente la recaudación del IRPF, algo que todavía no se ha implementado. 

A pesar de ese incumplimiento, el líder de ERC Oriol Junqueras decidió retirar en marzo esa demanda del entorno de la negociación con el PSC para dar viabilidad a los presupuestos. Algo que ha vuelto a suceder con la petición de cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que exigieron la semana pasada tras la infiltración de dos agentes de este cuerpo en una de las asambleas de profesores para planear la huelga. "ERC juega en muchas arenas políticas (entre el independentismo y su alianza en Madrid) y no le queda más alternativa que optar por la gobernabilidad de Cataluña ante un contexto de conflicto laboral y una demanda unánime de la sociedad catalana", afirma a este medio el analista y politólogo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, sobre el pragmatismo de los republicanos, que desde hace tiempo han escogido la gobernabilidad, máxime ahora frente al avance de fuerzas antiinstitucionales materializadas en Aliança Catalana. En este planteamiento, se juega a que es mejor tener a PSC y PSOE en el Gobierno que anticipar elecciones.

"Para nadie de su electorado es una sorpresa que ERC haya cedido, aunque tenga socios poco fiables", señala el politólogo de la UPF, sobre unas comisiones que han tenido "un historial de fracasos". De entrada, la Comisión Bilateral requiere de la aprobación del Congreso y, a finales de abril, Junts ya votó en contra -junto a PP y Vox- de crear un consorcio público bilateral formado por la Generalitat y el Estado para gestionar la implantación de futuras infraestructuras catalanas. Los de Puigdemont tacharon la propuesta de ERC de "otro chiringuito" colaboracionista con España, casualmente, cuando se cumple el 30º aniversario de la firma de la entente entre el PP de José María Aznar y la CiU de Jordi Pujol. 

Precisamente, ERC ha optado por aquel antiguo sistema Pujol de el peix al cove, conseguir lo que se pueda, cuando se pueda, pactando con quien sea para no desgastarse. Y, ante esa premisa, lo único que ha tenido que hacer el PSC para no dejarse materias para septiembre ha sido poner el balón en el tejado de los republicanos, que terminan presentándose a todos los exámenes sin ni siquiera formar parte de ningún gobierno.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Un adolescente de 14 años intentó apuñalar a otro compañero y un profesor lo inmovilizó cuando ya lo tenía agarrado por el cuello. La madre de una alumna saltó la valla del recreo para pegarle a una profesora que reñía a su hijo y una maestra las separó. Una menor de 12 años se encerró en el baño para lesionarse con la punta de un compás y su tutora desarmó la puerta para impedirlo y contenerla emocionalmente. Todos son incidentes contados por una profesora de un instituto de máxima complejidad en Barcelona.

"En ninguno de los casos la policía podría haber hecho nada o nada mejor que el mismo profesorado", asegura la docente, que prefiere mantener el anonimato. El plan del Gobierno catalán para desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en colegios y centros de secundaria se ha topado con la oposición mayoritaria de la comunidad educativa. "Lo único que conseguirá es aumentar la tensión. Es una medida destructiva, convierte a las escuelas en cárceles, no resuelve el problema de fondo", considera la profesora.

La conflictividad escolar en Cataluña ha alcanzado cotas críticas. El 84% del alumnado percibe violencia en los centros, casi dos de cada tres han sido víctimas de una situación violenta y ocho de cada diez chicas han sufrido agresiones sexuales, según la última encuesta oficial del curso 2021-22, publicada en 2023. Sin embargo, no existe evidencia clara en ningún otro país de que la figura policial en las aulas haya mejorado la convivencia. En Reino Unido, el programa Safer School Officers que desplegó a 683 uniformados a comienzos de este siglo ha tenido "resultados contradictorios", que "no respaldan claramente la afirmación de que la presencia de agentes de policía tenga efectos positivos", como concluye un estudio de la National Association of Head Teachers. Otras organizaciones más críticas advierten de la escalada de la estigmatización de escuelas en barrios desfavorecidos y de la derivación de problemas disciplinarios menores hacia el sistema de justicia criminal, un riesgo que afecta sobre todo a minorías étnicas.

"Si tratas a los jóvenes como delincuentes, se acaban comportando como delincuentes. Cuando se da una respuesta represiva con más expulsiones, detenciones, creación de antecedentes, el problema se enquista a mediano plazo y termina en mayor abandono escolar. Los chavales acaban en la calle", señala la directora de investigación de Equitat.org, Mònica Nadal, sobre los "efectos perversos" de la medida. Además, agrega que "cuando tienes colectivos racializados, cualquier comportamiento suyo se identificará como de mayor peligro". Un informe de SOS Racisme registró que por cada siete personas con nacionalidad española identificada en Cataluña, se para a más de siete personas extranjeras o percibidas como tales. "¿Cómo esos jóvenes se van a sentir seguros o van a confiar en esa policía? Un chaval que se siente rechazado es normal que genere resentimiento", zanja la socióloga.

En Francia ha habido desde 2018 varios intentos de infiltrar gendarmes, pero ninguno ha prosperado debido a la falta de consenso político, el rechazo social y la oposición de las direcciones de los centros. En Alemania, varios Estados se han aventurado recientemente a impulsar proyectos parecidos al de Cataluña. En Estados Unidos, con oficiales armados en cerca de la mitad de los colegios, algunas tesis indican que se han reducido un 30% las peleas y amenazas, pero no se han logrado evitar los tiroteos, y un estudio del National Institute of Justice indica que la tasa de mortalidad en esas balaceras es casi tres veces mayor en centros con guardias pistola en cinto. Finalmente, la propia Administración estadounidense reporta que en los high school con fuerte presencia policial las tasas de arrestos suelen duplicarse. Es decir, la medida criminaliza a los jóvenes más que aumentar la seguridad real.

Desde la Generalitat defienden que el plan se ha activado para fortalecer las funciones pedagógicas de los mossos, en la línea de las tareas de mediación y proximidad que ya cumplían. La docente del centro de máxima complejidad de Barcelona explica que en alguna ocasión han llamado a los mossos para disuadir a bandas juveniles que esperaban a algún alumno para ajustar cuentas a la salida de clase. "Los agentes vienen a dar charlas y alguna vez los he llamado para apoyarme en situaciones de vandalismo o portación de sustancias ilícitas", cuenta la directora de un instituto del Vallès Occidental, en una localidad que cuenta con dos agentes de proximidad, "pero me niego a meterlos en clase, no deja de ser un cuerpo represor".

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha matizado que esa presencia policial permanente siempre será "voluntaria" y que pretende ofrecer una "mirada externa y especializada" en mediación de conflictos, pero que "no está previsto que tengan contacto directo con el alumnado" y “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. El Govern afirma que trabaja desde septiembre de 2025 en el proyecto a petición de los centros escogidos. 

No obstante, diversos de esos centros convocaron protestas contra la presencia policial y denunciaron que nadie les había informado sobre ello. “Menos mossos y más educadores sociales” o “Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía” fueron algunos de los eslóganes gritados por el centenar de manifestantes de varios sindicatos educativos este lunes a las puertas de dos institutos de l'Hospitalet de Llobregat, donde esta semana se inicia la prueba piloto que desplegará a seis agentes en otros doce centros de máxima complejidad de la zona de Osona, Urgell, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Tàrrega, Vic, El Prat de Llobregat y Sabadell.

"Las personas formadas para la prevención de la conflictividad escolar somos los educadores sociales. Pedimos que se consolide nuestro trabajo, en lugar de socavarlo", reclama el vicepresidente del Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Óscar Martínez, quien reconoce que "las complejidades de la sociedad han cambiado y la figura clásica del profesor ya no es la única que hace falta, pero para eso están los profesionales preparados". El Govern, en cambio, ha recortado de 85 a 60 los profesionales de educación social en los últimos cuatro cursos, según datos del mismo CEESC. La Fundació Bofill recoge que tan sólo hay una educadora social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales.

"Despiden educadores para meter mossos. Jamás en la vida hubiésemos imaginado que habría policías en las escuelas. Es un giro a la derecha", sentencia Martínez sobre la idea del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comuns y la CUP han rechazado duramente la medida por haberse impulsado sin debate parlamentario ni consenso con la comunidad educativa. Los republicanos advierten de que puede tener efectos "discriminatorios" al señalar determinados centros y tacha la propuesta de "poco afortunada, populista y condenada al fracaso". Así lo demuestran las experiencias en otros países, aunque el Departament de Educació enfatiza que, según la OCDE, "uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y fuerza pública "con fines preventivos"". La polémica ya está sobre la mesa en medio de la negociación del PSC para buscar el apoyo de ERC y los Comuns para desencallar la aprobación de los presupuestos de 2026. La menor de 12 años rescatada del baño cuando pretendía hacerse cortes porque no le gustaba su aspecto contó con el acompañamiento psicoemocional de una educadora social y hoy cursa tercero de secundaria, encaminada a la universidad.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

Días de literatura, rosas y política en Barcelona. Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlament, recomienda enfervorecidamente leer a Delphine de Vigan para entender el mundo en el que vivimos. Y sostiene que la izquierda tiene una responsabilidad “histórica” para frenar la ola de la ultraderecha. Por eso, apela a la unidad para las próximas elecciones generales en una lista en la que esté también Podemos.

Albiach cree que es posible que el espacio progresista conserve el Palacio de la Moncloa el año que viene, aunque mira especialmente a los socialistas para tomar medidas más ambiciosas en materia de vivienda como acabar con la compra especulativa. A Pedro Sánchez le pide que se sitúe frente a los fondos buitre y a Salvador Illa que no le tiemble el pulso para aplicar sanciones a los que no cumplen la ley. Reflexiona también sobre la necesidad de esperar a que pase el verano para elegir al candidato del espacio de Sumar y emplaza a Gabriel Rufián (ERC) a decidir su futuro, tras el portazo de su partido a integrarse en una misma papeleta con la izquierda transformadora. 

Al fin ha habido un acuerdo entre el PSC y ERC para seguir negociando los presupuestos. Hubo un conato en Cataluña de un posible precipicio de legislatura. ¿Se ha despejado ese nubarrón? ¿Va a durar la legislatura catalana hasta el final?

El que tiene el botón rojo siempre es el president, pero, por lo que veo, por lo que oigo y por lo que hablo, sí que diría que la legislatura va a llegar hasta el final. Tenemos una responsabilidad histórica tanto el Gobierno de coalición estatal como aquí en Cataluña frente a esos Ejecutivos del PP y de Vox a nivel autonómico con su “prioridad nacional”. Asimismo, aquí tenemos una misión muy clara de que hay que hacer todo y más en materia de vivienda, donde Cataluña tiene que marcar el paso a España. Somos un grupo parlamentario pequeño, pero somos imprescindibles. Sería un error dejar la legislatura a medias. Tenemos muchas cosas entre manos.

¿Cuáles?

Para nosotras, es esencial la prohibición de las compras especulativas. Hay que dejar bien claro que la vivienda es para vivir. Por tanto, confío en que la legislatura dure lo que tiene que durar y que, además, antes de agosto podamos tener unos presupuestos en Cataluña.

¿El acuerdo firmado con el PSC sigue vigente? ¿O van a intentar cambiarlo después de ese plazo que se han dado los socialistas con Esquerra?

Vamos a una aprobación de presupuestos antes de agosto. Si este año ha sido difícil la negociación, lo será más el año que viene para los siguientes al haber diferentes citas electorales. Estamos, por lo tanto, ante un presupuesto que acabará siendo el de la legislatura. Teníamos un acuerdo muy ambicioso principalmente en vivienda y trenes. Pero vemos que es necesario actualizar el pacto porque, además, percibimos cómo está afectando en la economía la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán. Todavía no hemos entrado a negociar en esta segunda fase. Quiero ser discreta, pero hay un tema que es esencial.

¿Cuál?

Tenemos leyes avanzadas en materia de vivienda en Cataluña, pero algunos no las están cumpliendo y el Gobierno no está sancionando con la contundencia con la que lo tiene que hacer.

¿A fondos buitre?

Exacto. Nosotras pactamos un régimen sancionador con el Gobierno de la Generalitat, que puede llegar al millón de euros, por ejemplo, si te saltas en más de un 30% el tope del precio del alquiler en las zonas tensionadas. Hemos acordado la contratación de 100 inspectores para poner multas, pero el Govern está siendo poco ambicioso y contundente. Pedimos la creación de una unidad de disciplina que tenga el rango de una dirección general para hacer cumplir la ley de vivienda.

Dice “algunos”, ¿puede poner nombres concretos respecto de quienes se están saltando la ley de vivienda?

Tenemos ahora un caso que se está convirtiendo en un símbolo: un bloque en el barrio de Gràcia. El fondo propietario, New Amsterdam Developers, se está saltando la ley y todas las normativas posibles. El Govern le podría poner una multa de 900.000 euros y no está sucediendo. Insistimos en la necesidad de contundencia para proteger a los vecinos y a las vecinas porque nos están expulsando directamente de nuestros barrios y de nuestras casas.

¿Qué balance hace de la gestión del president Illa desde que llegó al Palau?

Le pondré la nota cuando termine la legislatura. Este tiempo, para los comunes, va de trenes y de vivienda. Con la crisis que tenemos en Rodalies, claramente está suspendiendo en ese tema. Y en vivienda va demasiado lento y nos toca estar estirando continuamente para que haya avances. Va muy despacio en las sanciones y en plantarle cara a los especuladores. También en la construcción.

El actual Parlament es el primero sin mayoría independentista en los últimos 40 años, ¿se ha perdido la pulsión soberanista?

Sigue habiendo muchísimos independentistas en Cataluña, pero ahora mismo las alianzas están girando en torno al eje social. Eso está permitiendo desencallar de manera progresista algunas políticas que hasta ahora no se habían priorizado. Es absolutamente vergonzoso que Cataluña esté prácticamente la última de toda España en el despliegue de energías renovables. Ahora estamos apretando para que el Gobierno se ponga a ello, por ejemplo.

También se espera la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña en los próximos meses, ¿puede suponer un cambio en la política catalana?

Lo primero que quiero decir es que evidentemente Puigdemont debería poder estar aquí ya. Creo que es urgente que se pueda aplicar la ley de amnistía y que pueda estar haciendo política tranquilamente en Cataluña. No tendremos esta vuelta a la normalidad en Cataluña hasta que la ley de amnistía sea efectiva y esté aplicada a todos los casos y a todas las personas que lo requieran. Pero confieso que no sé cómo puede impactar porque no sé sus planes.

¿Cómo explica el ascenso vertiginoso de Aliança Catalana en las encuestas? ¿Ha dejado de ser Cataluña ese oasis en el que no existía la ultraderecha?

El fenómeno de Aliança Catalana no es nuevo en Cataluña. Hace unos años existía Plataforma per Catalunya, que era una fuerza muy similar. Pero es cierto que ahora ha cogido impulso con esta ola reaccionaria global. Aliança está muy inspirada en las políticas de Le Pen en Francia. Para mí la extrema derecha es lo mismo, hable en castellano o en catalán. Creo que son oportunistas y fanáticos. Votan siempre en contra de los avances de la gente en el Congreso y en el Parlament. Y los veo perdidos y erráticos en política internacional. Vox se ha quedado sin el referente y financiador de Orbán. Además, cada vez es más insostenible para ellos defender la política de Trump. Hasta Meloni se ha bajado del barco. Y es que en la política del norteamericano hay una parte de business, pero también de patología. 

Míriam Nogueras (Junts) exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales. ¿Cree que los posconvergentes quieren acabar con la legislatura a nivel nacional?

Me está costando entender qué está haciendo Junts. Un Gobierno del PP y de Vox a nivel estatal perjudicaría en primera instancia y de manera más directa a Cataluña. Son los que están en contra de la inmersión lingüística, son los de los palos del 1-O y son los que estaban en contra de los indultos y la amnistía. Son los de una y libre. Entiendo que en todas las negociaciones uno tiene que medir fuerzas y tiene que gesticular, pero Junts se está equivocando. No dudo de que su objetivo sea defender a los catalanes, pero se equivocan cuando dicen que el actual Gobierno es igual que uno del PP y de Vox.

Hablaba antes del eje izquierda-derecha en Cataluña, ¿ve factible que pudieran unirse en un bloque PP, Vox, Junts y Aliança?

De ninguna de las maneras. Una cosa es que coincidan en ciertas votaciones, pero no es representativo de la sociedad catalana.

Hablemos de la izquierda. Los comunes son uno de los actores principales en estos momentos en el frente que están construyendo junto a Más Madrid, Movimiento Sumar e Izquierda Unida. ¿Le gustaría que en ese espacio estuviera Podemos?

Por supuesto. Nuestra hipótesis está muy clara y nuestro principal objetivo es reeditar un Gobierno de coalición progresista. Tenemos una responsabilidad histórica. Estoy convencida de que lo que nos une a las fuerzas progresistas es mucho más de lo que nos separa y todas estamos en el mismo barco de que nuestro país siga siendo un referente de derechos y libertades. Queremos repetir la fórmula del 23J, ampliada y mejorada. Aquí no sobra nadie. Debemos empezar a construirlo desde ya. Por eso quiero que se sumen los compañeros y las compañeras de Podemos. Para mí son un elemento esencial en este frente. 

¿Apuesta por una lista en las generales en las circunscripciones catalanas en la que también esté ERC?

Pero para que eso pasase, ERC tendría que querer. Y Esquerra no quiere. Esa es la realidad. Las coordinadoras de los comunes están hablando con las direcciones de los partidos. Con ellos tenemos conversaciones de todo tipo de manera habitual. Ellos no están aquí ahora mismo. Hay que empezar a pensar en escenarios que se puedan dar.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha dicho que no fue a la cárcel para que Ada Colau fuera en una papeleta de Esquerra. ¿Qué le parece?

Colau no necesita a ERC para ser diputada. Podía haber sido ministra o eurodiputada. Y puede ser diputada si ella quiere. No entiendo muy bien esas declaraciones de Junqueras. Otra cosa es que tenemos que explorar todas las fórmulas para ver qué resultados podemos sacar. Pero estoy viendo que se impone la vía de Junqueras a la de Rufián. Gabriel apeló en Barcelona a que su partido fuera a sus tesis. ERC no está aquí ahora mismo y él tendrá que clarificar qué quiere hacer. 

¿Abrirían su lista para incluir a Rufián?

Creo que no sobra nadie en este frente de izquierdas democrático. Todo el mundo es bienvenido. Lo que se trata es de hacer alianzas pensando en la unidad y respetando la diversidad. 

En el espacio de Sumar hay un debate abierto sobre quién va a liderar esa papeleta. Por ahora sabemos quién no: Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy. ¿Se presentaría usted?

¿Yo? [ríe] Ya tengo mucha faena en Cataluña. Nos equivocaríamos si construyéramos la casa por el tejado. Es el momento de hablar con las direcciones de los partidos y de aclarar los escenarios. A partir de ahí, mirándonos todos a los ojos, tenemos que ver cómo lo vamos a articular. 

¿Le gustaría que fuera Ernest Urtasun?

Tengo debilidad por Ernest, pero también por Ada y Bustinduy. Son compañeros y amigos. Personas a las que admiro política y personalmente. Todos tenemos que estar empujando, pero no se puede hablar ahora de nombres.

Si uno se fija en los microdatos del CIS, ve que las personas que se autocalifican como de extrema izquierda o muy de izquierdas dicen que van a votar al PSOE por encima de Sumar y Podemos. ¿Les han robado su espacio los socialistas?

Los encuestadores lo tienen ahora muy difícil. Nosotros todavía estamos construyendo una herramienta que no tiene nombre ni cabeza de lista. Creo que está muy bien que Sánchez luzca como antagonista de Trump, pero también sería necesario que lo hiciera con los fondos buitre. Al plan que presentó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le falta ambición. Es insuficiente. Y ella se está poniendo de perfil en la negociación del decreto de prórroga de los alquileres. Después del verano tendremos un liderazgo y una marca clara, por lo que estaremos en otro escenario. 

¿Realmente la izquierda tiene posibilidades de conservar la Moncloa?

No lo dudo ni un segundo. Hay muchísimo trabajo por hacer. No será fácil, pero tenemos la obligación de echar el resto. Nadie daba un duro el 23J y lo conseguimos. Lo podemos volver a conseguir. El Gobierno de coalición ha hecho muchas cosas, pero necesita hacer más y más rápido. Por ejemplo, prohibir las compras especulativas de la vivienda. Pero la gente es consciente de lo que perdería. 

¿La izquierda debería dejar de parecer tan gruñona y adaptarse más al estilo Mamdani?

Nadie quiere que le estén riñendo todo el rato. Pero, sobre todo, la izquierda debería dejar de ser tan autorreferencial. Me harta tener que estar hablando todo el día de nosotros. Es más positivo cuando hablamos de lo que queremos hacer. Hay que escuchar a la gente. 

En la política española se está produciendo un fenómeno de acoso principalmente contra mujeres progresistas jóvenes, como ha denunciado, por ejemplo, Rita Maestre (Más Madrid). ¿Sucede también en Barcelona? ¿Lo está sufriendo?

Aquí es más a nivel de redes. Lo sufrimos todas. Todo mi apoyo a las compañeras políticas y a las periodistas. Hay muchas mujeres desconocidas que lo sufren. Recuerdo, durante las elecciones municipales de Barcelona, a nazis en las calles gritando “puta Ada Colau”. Nos acaban señalando porque somos referentes para muchas jóvenes.  

¿Su futuro político pasa otra vez por las elecciones catalanas?

Estoy donde quiero estar. Estamos haciendo cosas importantes esta legislatura. 

¿Qué libro está regalando estos días por Sant Jordi?

A mí me ha robado el corazón Delphine de Vigan. Y hay un libro muy adecuado para este momento: Los reyes de la casa. Es un thriller sobre la instrumentalización que hacen los adultos de los niños en las redes sociales. 

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

La historia reciente de Ciutat Vella podría contarse como una sucesión de vacíos: solares que se abren como heridas en el tejido urbano, edificios que se desmoronan lentamente y una administración que, pese a disponer de herramientas legales, no logra activar los mecanismos necesarios para revertir la degradación. Pero también podría narrarse como la historia de una ciudadanía que se organiza, que investiga, que mapea y que exige. El documento elaborado por Amics del Carme entre 2024 y 2026 y dirigido por Teresa Reverte y Carlos Silvestre es un retrato preciso de ambas realidades: la persistencia del abandono y la potencia del activismo vecinal.

Desde hace más de dos décadas, esta asociación denuncia “problemáticas sociales y urbanas que afectan al barrio del Carme y a Ciutat Vella en general”, pero en los últimos años su foco se ha centrado en dos cuestiones que definen la vida cotidiana del centro histórico: los solares vacíos y los edificios en ruina. La magnitud del problema es evidente. A finales de 2024, el estudio impulsado por Amics del Carme identificaba 42.000 m² de suelo vacío repartido en más de 250 parcelas y, al menos, otros tantos de suelo disponible en edificios deteriorados. Estas son cifras que por sí solas revelan la profundidad del deterioro urbano y esta lacra de los solares vacíos parece que tiende al desequilibrio territorial, donde el Carme y Velluters son los tejidos más castigados.

Uno de los aspectos más valiosos del trabajo vecinal es su capacidad para suplir carencias institucionales. El “Taller de activación de solares vacíos en Ciutat Vella”, celebrado en 2023, no solo reunió a expertos, estudiantes y vecinos: generó propuestas concretas para cinco solares emblemáticos y reactivó el debate público sobre un problema que llevaba años normalizado. La posterior ruta “Solars i futur”, en 2024, volvió a situar el tema en el centro de la conversación, esta vez poniendo el foco en las condiciones urbanísticas y políticas que han permitido que Ciutat Vella se convierta en un “tejido profundamente agujereado”.

La exposición “Solars en trànsit”, también en 2024, consolidó este trabajo previo: un mapeo exhaustivo, datos precisos y la selección de once solares en proceso de transformación. La cifra más contundente —esos 42.000 m² de vacío— no surgió de un despacho municipal, sino del esfuerzo sostenido de vecinos comprometidos. Este tipo de iniciativas demuestra que el conocimiento urbano no es patrimonio exclusivo de la administración. Cuando los vecinos se organizan, investigan y documentan, el resultado es un diagnóstico más fino, más pegado a la realidad y, sobre todo, más orientado a la acción.

Quizá el aspecto más inspirador de las acciones llevadas a cabo es la evolución del activismo vecinal hacia formas más organizadas y formativas. En 2025 nace el grupo “Construint Ciutat Vella”, que impulsa los “Tallers d’activisme urbà”. Estos talleres no solo enseñan a los vecinos a leer el urbanismo, sino a intervenir en él: a conocer el RMSER, a solicitar información, a mapear edificios en mal estado y, finalmente, a diseñar acciones colectivas de visibilización. La acción final —una pegada masiva de carteles con los mensajes “aquí podría estar tu casa, pero hay un solar” y “aquí podría estar tu casa, pero hay una ruina”— sintetiza el espíritu del movimiento vecinal: ser directo, crítico, creativo y profundamente arraigado en la vida cotidiana del barrio uniendo conocimiento experto -geógrafos, urbanistas, arquitectas, juristas- con conocimiento experimentado -todas las personas residen y viven el barrio.

En total participamos más de 60 personas en estas acciones. Pero lo relevante no es la cifra, sino el gesto: la ciudadanía asumiendo un rol activo ante un problema que las sucesivas administraciones no han sabido resolver. El diagnóstico es claro: Ciutat Vella sigue siendo un territorio marcado por los vacíos, con un desequilibrio territorial evidente y una administración que no utiliza plenamente las herramientas a su alcance. Pero también es un territorio donde la ciudadanía ha decidido no resignarse. El trabajo de la AAVV Amics del Carme y de los colectivos implicados demuestra que el urbanismo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión política y comunitaria. Los solares vacíos no son solo parcelas sin construir; son oportunidades perdidas para vivienda, equipamientos, espacios verdes o proyectos comunitarios. Son, en definitiva, un síntoma de un modelo urbano que ha priorizado intereses privados y turísticos por encima de las necesidades de quienes viven en el barrio. Lamentablemente la nueva regulación de la actividad terciaria hotelera profundiza esta realidad haciendo una llamada a actores ajenos a Ciutat Vella para abrir en canal las heridas de este distrito. Aún así, no nos resignamos.

En todas las actividades se confirmó una realidad: el Registro Municipal de Solares y Edificios en Ruina (RMSER) podría ser una herramienta decisiva para desbloquear la situación, pero su uso actual es claramente insuficiente. De los 33.207 m² de suelo vacío existentes en 2026, solo un 14,3% está incluido en el registro. Es decir, casi 28.500 m² quedan fuera de cualquier mecanismo de intervención. Los datos confirman que, por el momento, no está funcionando a su máxima capacidad. De los solares incluidos en el RMSER, solo uno está construido y cuatro están en obras. En total, apenas 385 m² han sido activados a través de este instrumento. Por cierto, que no es despreciable señalar que, de ese total de metros cuadrados de suelo vacío, 7.354 m2 son de titularidad municipal, es decir, un 18,35% al que hay que añadir el dato desconocido de suelo titularidad de otras administraciones.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede funcionar un registro municipal que deja fuera más del 80% del problema que pretende resolver? La suma de falta de voluntad política, falta de seguimiento técnico y falta de una estrategia clara para intervenir en solares pequeños y dispersos, especialmente en barrios como el Carme, La Xerea y Velluters lleva a esto.

Entre 2024 y 2025 se han construido o finalizado 1.807 m² de suelo, lo que supone un 4,5% del total existente en 2024. Si se suman los solares actualmente en obras, la cifra asciende a 4.763 m², aproximadamente un 12%. En total, un 16,5% de los solares han sido activados en dos años. Podría parecer un avance significativo, pero la realidad es limitada y más si tenemos en cuenta a qué se van a dedicar estos edificios.

En primer lugar, los solares más grandes intervenidos responden a usos terciarios hoteleros, como los de Eixarchs, carrer del Bany o Guillem de Castro. Es decir, el mercado turístico sigue siendo el principal motor de transformación urbana en Ciutat Vella, mientras que el uso residencial —especialmente el asequible— queda relegado, profundizando la enfermedad del barrio.

En segundo lugar, las intervenciones se concentran en zonas menos afectadas por la presencia de vacíos. Tres de las siete construcciones se ubican en el área delimitada por la calle de la Paz, la avenida del Oeste y Colón-Xàtiva, “el área menos castigada por la presencia de estos vacíos”. Mientras tanto, el Carme y Velluters continúan acumulando solares pequeños, dispersos y difíciles de activar sin una estrategia pública decidida. El documento lo resume con claridad: “Resulta preocupante cómo viabilizar la intervención en pequeños solares más diseminados, como los que aparecen en el Carme y Velluters”.

La pregunta que hacemos a la administración es si será capaz de escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Porque el conocimiento ya está ahí, generado desde abajo, con rigor y con compromiso. Como recuerda el documento, “el grupo de trabajo sigue activo”. Y esa es, quizá, la mejor noticia para el futuro de Ciutat Vella.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Los ojos están puestos en Barcelona. Un laboratorio de 48 horas de la izquierda a escala global. Y Pedro Sánchez como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre que pretende marcar el arranque de una gran alianza frente a la ola ultra que azota el tablero internacional y que está cambiando las reglas del orden mundial.

La cita de Barcelona, que se desarrolla durante este viernes y este sábado, supone un paso adelante en las relaciones internacionales de líderes progresistas bajo un paraguas en el que se cobijan organizaciones y espacios como la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el foro de Democracia Siempre impulsado por Gabriel Boric. 

Pero esta cumbre pretende ser un “inicio”, según indican fuentes de la organización a infoLibre, para consolidar un bloque de gobiernos y de partidos frente a la internacional ultra liderada por Donald Trump (Estados Unidos) y apoyada por figuras como Javier Milei (Argentina) y Benjamin Netanyahu (Israel), con la idea de imponer la ley del más fuerte frente a las relaciones multilaterales y basadas en leyes internacionales surgidas después de la II Guerra Mundial.

Y la geopolítica sufre un azote cada minuto en un momento en el que la guerra de Irán no ve un horizonte final, mientras la propia ultraderecha, a la vez, empieza a sufrir reveses como la derrota de Giorgia Meloni en el referéndum en Italia para cambiar el sistema judicial y la pérdida del poder de Viktor Orbán en Hungría tras las elecciones del pasado fin de semana. 

Más de tres mil participantes y más de cien partidos

Esta cumbre ha sido impulsada principalmente por el presidente español, junto a Stefan Löfven, líder del Partido Socialista Europeo, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y cuenta con mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Además, supone el reencuentro de España con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El deshielo está en marcha después de las palabras del rey Felipe VI reconociendo “mucho abuso” en la conquista de América. El viaje supone acercar de nuevo a los dos países con la vista puesta en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Este encuentro en Barcelona tendrá varios escenarios y niveles. Este viernes da el pistoletazo de salida con la cumbre bilateral entre Sánchez y Lula da Silva, que se han convertido en pareja de hecho en muchos movimientos a escala global reivindicando el papel de las potencias medianas frente a las ansias imperialistas de Trump. Los dos han movido fichas de manera conjunta en temas como el rechazo al genocidio de Gaza y a la guerra de Irán.

El sábado se reunirán Sánchez y Lula de forma conjunta con Petro, Orsi y Sheinbaum en una cumbre coral con el objetivo de reafirmar su defensa de la democracia. De manera paralela, se desarrolla durante el viernes y el sábado la Global Progressive Mobilisation, en la que también estarán estos líderes junto a más de tres mil inscritos, entre representantes de más de cien partidos, de sindicatos, de organizaciones internacionales, de ONG y de colectivos de la sociedad civil. 

Por la Fira de Barcelona desfilarán, en los más de cien paneles y foros, nombres como Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), António Costa (presidente del Consejo Europeo), Mia Amor Mottley (primera ministra de Barbados), Teresa Ribera (vicepresidenta de la Comisión Europea), Isabel Allende (presidenta honoraria de la Internacional Socialista), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España) y Josep Borrell (presidente del CIDOB).

Asimismo, durante estas 48 horas pondrán sobre la mesa sus ideas intelectuales como Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación en la University College London), Gabriel Zucman (profesor de Economía en Berkeley) e Isabella Weber (profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst). 

Otro de los puntos fuertes de esta cita en Barcelona es la red que se quiere crear entre alcaldes progresistas de todo el mundo. El regidor de la ciudad condal, Jaume Collboni, será el nexo de figuras de gobernanza municipales y regionales como Philippe Close (Bruselas), Roberto Gualtieri (Roma), Haris Doukas (Atenas) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, no viajará hasta Barcelona por su promesa de estar principalmente en la ciudad, pero en su nombre participa Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad.

Construir un ordenado “faro de esperanza”

Como señalan fuentes de la organización, la cita de Barcelona supone entrar en una nueva fase de organización de la izquierda frente a la internacional ultraderechista, que sí lleva años colaborando y actuando de manera conjunta a nivel internacional a pesar de que su discurso es de corte nacionalista. En cambio, el mundo progresista apenas ha protagonizado grandes eventos que sirvan como paraguas para colaborar en todos los lugares del mundo.

Esta cumbre, organizada por los socialistas españoles y en la que no hay presencia de otras formaciones de izquierdas del país, busca que se compartan ideas y se establezcan relaciones personales entre actores del espacio. Fuentes de la cita explican: “Vamos hacia otro nivel de conexión. Allí un participante escucha lo que está haciendo Barbados en materia de cambio climático y otro explica cómo es la labor de la oposición en Italia. Se trata de interconectar, de organizar, de arrancar un nuevo proceso”.

Además, la idea es que este bloque progresista no se presente bajo la imagen de izquierda gruñona como vende la ultraderecha, sino que se vehicule la idea de “faro de esperanza” con pilares comunes como la justicia social, la redistribución, la igualdad, la lucha contra el cambio climático, los servicios públicos y la defensa de los sistemas democráticos en unos momentos de avance de los autócratas. 

Y el plan es que el trabajo sea global, no se quede enmarcado, como otros intentos, en foros de ámbito europeo o latinoamericano. En la organización dan mucha importancia a la participación telemática de partidos progresistas de Israel. Asimismo, Palestina tiene una delegación, con la presencia del ex primer ministro Mohammad Shtayyeh. La idea es que el evento no puede ser la foto de dos días, sino que de él salga el compromiso de estar en coordinación permanente por parte de todos los participantes para hacer frente a la ultraderecha. 

La activista independentista Blanca Serra, que interpuso la primera denuncia por torturas durante el franquismo que llegó a los tribunales, ha fallecido en Barcelona a los 83 años, han informado este sábado fuentes de su entorno.

En 1977, Serra (Barcelona, 1943) fue torturada durante tres días por miembros de la Brigada Político Social de la policía franquista en la comisaría de Via Laietana junto a su hermana, la también activista Eva Serra, fallecida en 2018.

Blanca Serra, fundadora de la Assemblea de Catalunya (1971), la Plataforma pel Dret de Decidir (2005), la Assemblea Nacional Catalana (2012), Poble Lliure (2014) y el Consell per la República (2018), entre otros movimientos independentistas, denunció en 2024 ante la Fiscalía las torturas a las que fue sometida.

Amparada en la ley de memoria democrática de 2022, la Fiscalía de Barcelona presentó esa denuncia, la primera por crímenes del franquismo, en la que reconocía un delito de torturas durante la detención de Serra, aunque al mismo tiempo pedía su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

Con ese caso, la Fiscalía sentó las bases para que las víctimas del franquismo puedan ser reconocidas en los tribunales, un proceso limitado por la propia ley de memoria, que no prevé indemnizaciones, y la amnistía del 77, que impide juzgar crímenes de la dictadura.

Las torturas que la policía franquista infligió a Serra dieron pie a la primera investigación penal de la Fiscalía sobre los crímenes de la dictadura, después de que los tribunales hayan dictaminado repetidamente que lo sucedido antes de 1977 no se puede enjuiciar.

Lo hizo invocando la ley de memoria democrática de 2022, que, según el ministerio público, no solo permite, sino que obliga al Estado a llevar a cabo una "investigación efectiva" con el fin de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas del crímenes del franquismo, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben.

Con esa denuncia por torturas, la Fiscalía se desmarcó de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, que han impedido hasta ahora que prosperaran las investigaciones judiciales sobre los crímenes del franquismo al considerar que la ley de amnistía de 77 lo impide.

Poble Lliure, Llibertat.cat y Edicions del 1979 han recordado este sábado "el compromiso infatigable con la independencia y el socialismo" de Blanca Serra, que era licenciada en lenguas clásicas por la Universidad de Barcelona (UB) y había sido profesora en el Instituto Narcís Monturiol de Barcelona.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha confirmado este jueves la detección de 11 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, informa EFE.

Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, han analizado 3.388 jabalíes, de los que 252 son casos positivos en peste porcina.

En un comunicado, la Generalitat catalana ha destacado que todos los nuevos positivos han sido detectados en la zona de alto riego.

De momento, el departamento ha encontrado los positivos en 11 municipios de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Por otra parte, durante la última semana el Departamento de Interior de la Generalitat ha capturado 294 jabalíes dentro de la zona infectada, llegando al total de 3.325 capturas.

Este número asciende hasta los 27.000 jabalíes si se suman las llevadas a cabo en el resto de Cataluña desde el pasado uno de enero, un número que no varía, ya que en los meses de abril y mayo no se realizan batidas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado que no asistirá al acto de Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona por "temas de agenda" y ha reiterado su 'no' a un frente amplio de izquierdas que incluya a ERC, según informa EFE.

"ERC, el BNG o Compromís ya representan todo lo que tienen que representar. Les deseo mucha suerte a los partidos españoles. En su ámbito de decisión, no tenemos intención de decirles a los demás cómo tienen que presentarse", ha dicho en una entrevista este martes en RNE. 

Junqueras ha rechazado así una vez más la propuesta de Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, para que ERC participe en una candidatura unitaria de las izquierdas, si bien cree que lo que dice "tiene un punto de razonable". De todos modos, ha reiterado su negativa a que ERC forme parte de esta candidatura porque "es un partido que tiene su representación en Cataluña". 

"No se presenta en otros lugares. No se presenta en Finlandia ni tendría ningún sentido, ni nadie espera, que nos presentemos en quién sabe dónde", ha expuesto. 

Sobre si es una contradicción que Rufián sea portavoz de ERC y defienda este frente en contra de la dirección, Junqueras ha considerado "perfectamente compatible" reivindicar mejoras en vivienda, transporte público y salud para la sociedad catalana y para "otros lugares".

En cuanto a las negociaciones con los socialistas, Junqueras ha insistido en que deben cumplir con sus pactos con los republicanos si quieren "estabilidad" y presupuestos, en el Estado y en Cataluña.

En concreto, ha reclamado al PSOE poner "una alternativa sobre la mesa" si no quiere ceder la recaudación del IRPF a Cataluña, tal y como prevé el acuerdo firmado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa.

Junqueras ha reiterado que su condición para pactar los presupuestos con el Govern es concretar avances en el autogobierno, algo que ERC tiene "la obligación y la voluntad" de defender en la negociación de las cuentas, que sigue abierta.

"Nosotros trabajamos siempre. La cuestión es si el PSC tiene el mismo interés", ha deslizado, y ha añadido que en ERC están "encantados de conceder crédito a quien lo merezca".

Sobre la relación con Junts, ha afirmado que la voluntad de ERC es "colaborar con los partidos de tradición democrática", tanto con los de Carles Puigdemont como con el PSOE.

Rodalies de Catalunya ha recuperado este martes el servicio de trenes de la línea R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell, lo que ha permitido restablecer la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Terrassa Estació del Nord (Barcelona), ha informado la compañía Renfe y recoge EFE.

Este tramo fue cortado tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, cuando un muro de contención de la AP-7 cayó sobre las vías de la línea R4 a su paso por esta población debido a las fuertes lluvias, contra el que chocó un tren que circulaba por la zona, lo que provocó la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos. 

Desde este martes, Gelida, San Sadurní d'Anoia, Lavern-Subirats, La Granada, Vilafranca del Penedès, Els Monjos, L'Arboç y El Vendrell recuperan la conexión en tren con Barcelona sin necesidad de transbordo.

Con la nueva programación, el servicio entre Sant Vicenç de Calders – Terrassa Estació del Nord se presta en tren, y entre esta estación y Manresa con trenes lanzadera y servicio complementario por carretera. Además, se ha restablecido el recorrido completo de la línea R1 entre Maçanet y L'Hospitalet de Llobregat sin necesidad de servicio lanzadera entre Blanes y Maçanet. En esta línea, se recupera el número de frecuencias, llegando a los 8 trenes por hora y sentido en hora punta entre Mataró y Barcelona. 

Debido a la ampliación del horario de mantenimiento de la infraestructura por parte de Adif, se mantiene transporte alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes en las últimas y primeras circulaciones (entre las 22 y las 8 horas).

El servicio de la línea R2 ha adaptado los horarios con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, haciéndola compatible con la obra que Adif ejecuta en el tramo entre Garraf y Sitges.  

De este modo, se han incrementado las frecuencias entre Granollers Centre y Castelldefels, lo que permite mejorar la conexión ferroviaria con Barcelona, además de aumentar la oferta para los viajeros de los servicios Regionales que utilizan El Prat de Llobregat como punto de transbordo.

Toda la información sobre estas modificaciones se puede encontrar en las páginas web rodalies.gencat.cat y renfe.com, en el canal de Whatsapp de Rodalies, en el teléfono 900 41 00 41, y en la app Rodalies de Catalunya y en los puntos de atención al cliente de las estaciones, destaca la compañía Renfe.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación a raíz de los cánticos islamófobos y xenófobos que se corearon anoche en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) durante el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y de Egipto, según informa EFE. 

En varios momentos del partido disputado el martes, a los diez minutos de la primera mitad y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico "musulmán el que no bote", después de que ya al inicio también hubiese pitidos al himno egipcio.

Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha lamentado en sus redes sociales que lo que ayer tenía que ser una "auténtica fiesta del fútbol" se vio "manchado de forma vergonzosa por cánticos racistas de un sector de personas" que estaban en el estadio. "Un episodio que condeno rotundamente y que no se puede volver a repetir nunca más", ha añadido Prieto, que ha remarcado que "el racismo no tiene cabida en ninguna parte".

El delegado del Gobierno ha indicado que en aquellos momentos ya transmitieron a los organizadores que se tenían que activar los protocolos pertinentes, "cuestión que se produjo".

"Pero la mancha allá queda y nos tiene que hacer reflexionar como sociedad a todos", ha lamentado. Ante esta situación, ha apuntado que solo existe una respuesta posible: "firmeza, rechazo y defensa clara de los valores de respeto, convivencia y dignidad que definen a Cataluña".

También el conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, ha expresado su "profunda indignación" por los cánticos racistas y ha lamentado la tardanza en la activación de los protocolos. En declaraciones a Catalunya Ràdio y SER Catalunya, Álvarez ha calificado de "impactante" el ambiente vivido, señalando que ya desde el inicio se percibió una situación "extraña", con pitidos al himno egipcio, que derivaron posteriormente en cánticos islamófobos. "Conforme pasaron los acontecimientos, sentí mucha indignación al ver que no se iniciaba ninguna acción", ha explicado.

El conseller ha indicado que, durante el descanso, se dirigió a responsables de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Catalana de Fútbol para exigir la activación de los protocolos. "Les hice saber que tenían que activarlos y que, de no hacerlo, me marcharía", ha afirmado. Según ha relatado, fue entonces cuando se le comunicó que se pondrían en marcha las medidas, algo que consideró tardío.

Siete comunidades autónomas están este lunes bajo aviso por temporal marítimo, viento y/o polvo en suspensión, con Baleares, Catalunya y Aragón en nivel naranja -peligro importante- por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo oscense y olas de hasta 12 metros en Mallorca y Menorca, según informa EFE.

En el prelitoral sur de Tarragona (Catalunya), bajo aviso naranja, soplarán rachas de hasta 90 kilómetros por hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Baleares bajo aviso naranja por fenómenos costeros, lo está el Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán situarse en torno a los 10 metros. 

También están en aviso por temporal marítimo, aunque amarillo -con peligro bajo-, Ibiza y Formentera; asimismo se encuentran en nivel amarillo aunque por viento, Mallorca y Menorca. También en nivel amarillo se encuentra la sierra de Madrid por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, la región de Murcia, por olas de hasta 3 metros en Campo de Cartagena y Mazarrón; asimismo por temporal marítimo, con aviso amarillo, se encuentra el litoral de Alicante y litoral sur de Valencia (Comunitat Valenciana), hasta las nueve de la mañana.

La Comunitat Valenciana está en alerta amarilla además por viento fuerte en Castellón, ante rachas de 70-90 kilómetros por hora. Se suma con aviso amarillo el archipiélago canario por fenómenos costeros y fuertes vientos; asimismo por polvo en suspensión en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Voy a hacer lo que no hay que hacer, escribir una columna de opinión sin tener una opinión. Vomitando aquí con usted todas mis dudas sobre un caso que está ocupando portadas y minutos de televisión. Sí, el caso de Noelia, la chica de 25 años que ha pedido la eutanasia.

A esta hora, mediodía del jueves, todo sigue adelante. Quedan exactamente 6 horas para que Noelia cierre los ojos. Ha pedido estar sola en ese momento. No quiere a nadie en la habitación. No sé a qué estará dedicando estas últimas horas, si habrá encendido la televisión, si habrá leído los periódicos. Desconozco si estará harta de que todo el mundo opine sobre su decisión. Y subrayo lo de 'su'.

A esta hora, me llega la alerta de que James Rhodes se ha ofrecido a costearle todos los gastos de su tratamiento si da marcha atrás, le pide que se lo piense. Y admito que entiendo ese ofrecimiento desesperado de última hora. Entiendo que hay un impulso de tenderle la mano, de decirle que hay vida más allá, que se puede encontrar el camino… pero también entiendo que la decisión de Noelia la ha tomado una mujer adulta, muy joven sí, 25 añitos, demasiado joven para tirar la toalla, pero agotada de estar sufriendo.

Durante todo este tiempo, cuando conocíamos los recursos del padre, asesorado por abogados cristianos, paralizando la decisión de su hija, echaba de menos escucharle a ella. Pensaba que su situación física le impedía comunicarse pero no, la pudimos ver el miércoles, en el programa de Sonsoles, narrando su sufrimiento, contando que no podía más, que estaba agotada y decepcionada. Decepcionada con la vida y especialmente con ese padre que le ha alargado el sufrimiento 20 meses más y que, en cambio, no ha sido capaz de llamarla, de ir a verla. No quiere que se muera pero tampoco sabe muy bien Noelia para qué la quiere viva.

Y sientes que, ¿quién eres tú para opinar sobre eso? ¿Cómo ponerse en su piel? Es un caso dolorosísimo, en el que ha fallado todo. Noelia tuvo una infancia de mierda y una adolescencia peor. Opinar sobre la decisión que ha tomado ahora, después de haberse intentado quitar la vida tirándose por una ventana, es demasiado atrevido. Su caso, avalado por los médicos, con una discapacidad que se agravó tras ese intento de suicidio, hace que cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Así que, en ese sentido, no hay nada que decir. La justicia ha hablado. Muchas veces.

Noelia se va a ir sin haber visto florecer la primavera. Sin tener la oportunidad de envejecer. Pero su cuerpo y su cabeza no querían eso. No quieren eso.

Sé que Noelia no va a leer esto. Si todo ha salido como ella quería, hoy Noelia descansará. Habrá cumplido con su deseo, reclamado y peleado en los tribunales durante meses. Una decisión dolorosa para quienes pensamos que era demasiado joven, que podría haber encontrado otra salida, pero una decisión respetable. No estuve ahí, viviendo tu dolor. No estuve ahí, viviendo tu abandono. Nadie estuvo. Y, quizás, ése fue el mayor error.

Noelia Castillo, de 25 años, ha recibido la eutanasia este jueves en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), casi dos años después de su solicitud ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano encargado de proteger la correcta aplicación de la ley de eutanasia.

La joven catalana, afectada por una paraplejia, vio paralizado su trámite por las continuas demandas de su padre para frenar el procedimiento. Este miércoles, un día antes de la muerte, el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona denegó el último intento de la fundación ultraderechista Abogados Cristianos de suspender el procedimiento médico.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud había fijado para la tarde de este jueves.

El padre de Castillo, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, vio rechazado su recurso también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el pasado martes.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este jueves dispuesto a participar en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo si le invitan, aunque a renglón seguido ha reconocido que sería "incoherente" hacerlo en actos de tres candidaturas que compitan entre sí.

Al preguntarle la prensa en los pasillos del Congreso si acudirá a la campaña andaluza, él ha indicado: "Si me invitan, voy a ir".

Ha añadido que proviene de una familia andaluza "y a mucha honra" y ha recordado que lleva "toda la vida" participando en actos políticos en Andalucía.

Preguntado a continuación acerca de si iría a mítines de tres candidaturas distintas, ya que los partidos de la izquierda a los que él anima a una confluencia podrían tener al menos tres listas diferentes en algunas circunscripciones, ha contestado: "No voy a ir a tres actos, sería incoherente".

Rufián también ha llamado este jueves a "presionar" a Junts para que apoye el decreto que prorroga los contratos de alquiler y para que, si no lo hace, conlleve para ellos un "coste social".

"Tenemos veinte días para entre todos presionar a Junts, en la calle, en redes, hacer incluso un llamamiento a la prensa seria, porque van a hacer una salvajada por intereses que nadie entiende o sí", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

Rufián, que ayer en el debate parlamentario sobre la guerra en Irán ya deseó "años de ostracismo político" a Junts si vota en contra de la prórroga de alquileres, ha insistido en que "la pregunta es para quién trabajan y por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente a la que se le acaba el contrato de alquiler".

"¿Es que ellos no tienen votantes a los que se les acabe el contrato de alquiler?", ha planteado, tras incidir en que, a su juicio, "dejar a la intemperie a tres millones de personas debería tener un coste social".

Sobre el decreto de medidas anticrisis, que este jueves se vota en el Congreso, Rufián lo ha calificado de "rácano, como casi todos los del PSOE", pero ha confirmado su respaldo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, desestimó este lunes el recurso presentado por los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras para elevar a la Gran Sala su demanda por su detención preventiva durante el 'procés', confirmaron a EFE fuentes de la corte.

Una decisión que deja en vía muerta esta denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Colegio de la Gran Sala, formado por cinco jueces y encargado de determinar qué casos llegan a la máxima instancia del TEDH consideró que no hay motivos para elevar esa causa.

La sala ya había rechazado el pasado 6 de noviembre la demanda de los denunciantes al considerar que no se habían vulnerado ninguno de sus derechos durante el tiempo que pasaron en prisión provisional.

En concreto, Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue detenido el 16 de octubre de 2017, mientras que Jordi Turull, conseller de la Generalitat, y Junqueras, número dos del Ejecutivo autonómico de Cataluña (nordeste de España), lo fueron el 2 de noviembre de aquel mismo año.

En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo argumentaban que aquella privación de libertad lesionaba sus derechos políticos, ya que les impidió hacer campaña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 y, posteriormente, acudir a las sesiones del Parlament al que fueron elegidos.

En su sentencia del 6 de noviembre, adoptada por unanimidad, el TEDH concluyó que no hubo "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisiones de la justicia española y estableció que los tres líderes independentistas eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que no se podía "razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Consideró que la justicia española ponderó los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública y que trató de mantener la equidad parlamentaria pese a su estancia en la cárcel.

Al tiempo, estableció que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".

Turull denunciaba, asimismo, que su ingreso en prisión le impidió ser investido presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El exconseller fue liberado el 4 de diciembre y vuelto a poner en arresto provisional el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido y un día antes de que se celebrara una segunda votación, a la que no pudo ya asistir por encontrase encarcelado.

Estrasburgo indicó que las pruebas presentadas no respaldaban la conclusión de que la segunda orden de prisión preventiva dictara contra él hubiera sido arbitraria con el único fin de impedirle ser investido, al tiempo que rechazó que el plazo de resolución de su recurso de amparo vulnerara sus derechos.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra el decreto ley sobre medidas en materia de vivienda -que contempla una prórroga de dos años de los contratos de alquiler- al entender que "ahoga" a los pequeños propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".

Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".

Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".

"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.

Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.

Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes.

Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.

Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".

Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa".

"Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.

¿Quién preferiría que fuera el presidente del Gobierno de España? Una pregunta clara y directa del CIS. Y uno de cada diez españoles (el 9,1%) responde: Gabriel Rufián. Sólo lo superan Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) y Santiago Abascal (Vox). Es el principal valor entre las izquierdas transformadoras. Un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años y que ahora ha explotado.

Rufián ha abierto una vía de esperanza dentro del melancólico y fragmentado mundo progresista. Su acto con Emilio Delgado (Más Madrid) supuso todo un revulsivo para el espacio. Y ahora vuelve a remover todo el tablero con el anuncio de un debate similar con la eurodiputada Irene Montero (Podemos), que se celebrará el 9 de abril en Barcelona con el título de “¿Qué hay que hacer?” y con la moderación a cargo del exdiputado Xavier Domènech.

ERC ha rechazado hasta el momento el planteamiento de Rufián, que aboga por hacer listas en todas las provincias que sean competitivas para materializar los votos en diputados y frenar la ola de las derechas. Pero muchos dirigentes de otras formaciones ven con buenos ojos que Rufián vaya un paso más allá y pilote un espacio que está por debajo de sus resultados del 23J bajo el paraguas de Sumar.

Pero más allá de declaraciones políticas, Rufián es un fenómeno en sí mismo, que reconocen tanto partidarios como detractores, en un momento muy complicado de la política en el que crece con fuerza el desapego hacia la clase dirigente. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué atrae a los ciudadanos del portavoz republicano? ¿Cómo consigue conectar con la gente en la calle?

La presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), Ana Salazar, reflexiona: “Hay una combinación de factores: la autenticidad, la claridad y la contundencia ideológica y la capacidad de adaptación”. Desarrolla cada uno de ellos. Sobre la autenticidad, precisa: “Rufián proyecta coherencia entre lo que dice y cómo lo dice. No parece fabricado, algo clave en un contexto de desafección política”.

La experta añade: “Defiende posiciones claras (republicanismo, izquierda social) evitando el lenguaje técnico. Cuenta sus posiciones como si fuera un amigo, con capacidad para que lo entiendan la mayoría de perfiles sociodemográficos, usando metáforas visuales aptas para todos los públicos”. Salazar prosigue sobre su “capacidad de adaptación”: “Ha evolucionado de un perfil más combativo con el uso de la performance en el Congreso de los Diputados a un perfil más transversal en redes sociales. También ha sido capaz de enfocarse no solo en un votante de izquierda independentista, sino también en un elector a nivel nacional”.

¿Por qué se diferencia de la mayoría de políticos? Salazar responde: “Si lo enfocamos desde la parte más personal, a Rufián se le ve como una persona sin complejos, sin miedo al riesgo. Lo que le aporta un halo desprendido y emprendedor”. A lo que añade la politóloga: “Si lo enfocamos desde el punto de vista comunicativo, controla diferentes registros y los transita a su antojo, pasando de la ironía al tono institucional sin despeinarse”.

“Tiene destreza en el uso del sentido del humor y tiene también la habilidad de cambiar el foco. Nunca lo ves entrar en el marco del adversario, tiene una gran capacidad para reformular tanto en marcos ideológicos como en situaciones con Vito Quiles, por ejemplo”, apostilla Salazar.

El aspecto comunicativo es esencial en la figura de Rufián. Para Salazar, la clave está en su lenguaje cotidiano, su cultura digital y su manejo de los distintos formatos en redes sociales. Con otra virtud: “Utiliza frases que son titulares”. ¿Y su punto débil? La presidenta de ACOP contesta: “El principal límite que acompaña a Rufián es su posición territorial. La defensa de la autodeterminación o del referéndum parece incompatible con los intereses de otros territorios nacionales. Ese conflicto puede ser una barrera para liderar mayorías amplias a nivel nacional”.

Se adentra también en este fenómeno Alberto Díaz Montiel, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada y experto en sistemas electorales. Arranca así su análisis: “Es una combinación de factores de varios tipos. Por un lado, ha aprovechado el vacío de referentes estatales en ese espacio consecuencia de las continuas guerras internas entre las distintas formaciones”.

“Haciendo un paralelismo, ha pasado algo parecido a lo que ocurrió en la Guerra de las Rosas durante el siglo XV. Los Tudor acabaron accediendo a la corona debido a que las otras familias (York y Lancaster) prácticamente habían desaparecido a causa de las continuas batallas entre ellos”, explica el profesor, que continúa: “Ese espectro de la izquierda ha sido, durante los diez últimos años, una máquina de quemar líderes por distintas causas, muchas de ellas relacionadas con la falta de institucionalización definitiva de una fórmula política concreta”.

“Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero, Yolanda Díaz… el espacio ha sido un pozo sin fondo de liderazgos. Rufián ha sabido adaptarse bien a la época de las redes sociales y los zascas, donde se viralizan con mayor éxito ese tipo de intervenciones breves e ingeniosas. A ello se une el hecho de que el republicano no ha sufrido el desgaste habitual de las labores de gobierno o de tener que liderar y gestionar en primera persona un partido político”, apostilla.

Pone otro asunto sobre la mesa: “A lo ya mencionado sobre su capacidad de comunicar en un contexto marcado por la viralización en redes sociales, se une el hecho de reivindicar posiciones políticas relacionadas con cuestiones que forman parte del debate y de las preocupaciones de la calle”. En ese sentido, señala sus discursos sobre vivienda o migración.

Responde también sobre sus debilidades en esta carrera dentro de la izquierda: “No se trata del hecho de ser catalán, sino más bien del papel que jugó en los años duros del proceso independentista en Cataluña, entre 2014 y 2018, cuando sus reivindicaciones sociales estaban más mitigadas en beneficio del discurso independentista”.

Álvaro Sánchez, investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pone el foco especialmente en la comunicación del portavoz de Esquerra: “Lo hace muy bien tanto en el contenido como en las formas. Sabe muy bien dirigirse al electorado especialmente joven y que vive en las ciudades. Recoge sus problemas como el aumento del precio de los alquileres, la falta de oportunidades y la precariedad laboral. Representa valores como la redistribución y retrata la crudeza del sistema en el que vivimos. Además, lo vehicula a través de intervenciones cortas, concisas y preparadas que sirven para ser resposteadas en X, Instagram y TikTok. No rehuye la forma de comunicar de los jóvenes”.

Hilvana otra idea: “Rufián tiene también la ventaja de que no tiene presiones de su partido a la hora de comunicar su propuesta. No tiene ataduras. En cambio, Podemos, IU y Sumar tienen que pensar en el futuro de sus formaciones”. Además, consigue suscitar “emoción” entre el electorado de izquierdas al hablar de un nuevo proyecto político sin disputas partidistas a la izquierda del PSOE.

Sánchez también se suma a la idea de que Rufián sabe manejar perfectamente las redes sociales: “Es consciente de que la mayor repercusión de las intervenciones en el Congreso se produce en Instagram o en X”. Remarca: “Él interviene en la sesión de control pensando ya en el posteo”.

 “Es inteligente y eficiente. Le da un mayor vínculo con el votante descontento”, ahonda. ¿Y hándicap? Termina Sánchez: “Su reivindicación de la independencia de Cataluña. Aunque gran parte de la narrativa de este proyecto se basa en la plurinacionalidad, puede ser un problema para él en zonas del interior de España, especialmente en Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León. Eso le puede pasar factura. Está por ver cómo podría canalizarlo, pero ahora es un lastre en algunos territorios”.