El Consejo de Ministros ha acordado conceder el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años.

Según ha informado este martes el Ministerio de Justicia, el resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene.

A través de un comunicado, Justicia señala que el indulto a Borrás, uno de los cinco aprobados por el Gobierno, se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba 'desproporcionada y excesiva'".

 El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borrás en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión.

Otro de los indultos concedidos este martes es el que beneficia al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental y societaria durante su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés.

El Gobierno ha acordado indultar a Grueso la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y mantener el resto por "motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud" y después de que lo solicitaran numerosos artistas y personas del sector audiovisual.

El exdirector del Niemeyer ingresó en prisión en diciembre del pasado año después de ser detenido en Portugal tras permanecer más de dos años huido de la justicia.

El Ejecutivo también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, una decisión con la que se conmuta la pena de prisión de tres años impuesta por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años.

Fernández Gutiérrez fue condenado por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía.

La solicitud de Fernández –que fue alcalde de Linares desde 1999 hasta 2017 y además portavoz del grupo socialista desde 2011, que fue cuando cobró dichas cantidades– contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos personas más (ciudadanos particulares, no públicos) condenadas por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de 3 y 4 años y medio de prisión por una de dos años. Las dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del ministerio fiscal.

Didáctica de la concreción. No es sólo un deseo sino una necesidad que tendrá que ser expresada por los partidos a lo largo de los próximos meses. El que concreta gana. Lo hemos dicho para unas elecciones locales y también para unas generales; lo afirmamos tanto para los partidos del bloque plurinacional como para aquellos que integran los partidos del bloque autoritario. Frente a la corrosión que provoca el algoritmo judicial, concreción programática en los plurinacionales de la izquierda y de la derecha ante un electorado que demuestra mantener una gran estabilidad, ya sea en Catalunya o en el resto de España. Efectivamente, la prioridad nacional toma la dimensión política que sólo se decide en el Madrid D.F. cuando la verdadera prioridad, en estos momentos, es la vivienda y el calentamiento global. Quizá la fortaleza de Aliança Catalana puede ser sólo otro espejismo que tenga el mismo origen y que se puede desmantelar únicamente desde una didáctica de la concreción.

El camino es la concreción. El que concreta gana. Concretar es también rectificar: Junts votó en contra del consorcio de inversiones hace unas semanas, una herramienta que permitirá que Catalunya participe en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras del Estado. Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC en el Ritz: “La esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática, pero necesita ser concreta”. Ahora le pide a Junts que rectifique y sea un partido útil, apoyando iniciativas como la del consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación. O sea, todos dentro.

Quedan doce meses para la batalla municipal, primera vuelta (volumen II) del armagedón que enfrentará al Consorcio PP-Vox y al Frente democrático y plurinacional en 2027. Tiene razón el exjesuita en su homilía. Lo recordamos otra vez. Cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, cuando no son capaces de dar respuesta a la crisis energética, a los flujos migratorios, a los incendios de sexta generación, al problema estructural de la vivienda, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática, necesita una didáctica de la concreción.

Didáctica de la concreción es también poner en práctica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que falló la semana pasada a favor de la ley de amnistía. Un 62,6% de los catalanes está a favor de que la ley se aplique a todas las causas judiciales pendientes relacionadas con el procés, según indica Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, que fue realizada tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España, país de países, no volverá a otro procés como el de 2017, expresión de una herida política profunda y severa cuando no se reconoce la plurinacionalidad. Ahora se hace necesario que el algoritmo judicial no opere en contra del TJUE y respete el ordenamiento comunitario o, al menos, que lo haga en la misma medida que el Parlamento español lo ha respetado. Se hace necesario que Carles Puigdemont aterrice cuanto antes en Catalunya y se materialice el Estado de derecho.

Didáctica de la concreción es actuar desde la plurinacionalidad, basamento social sobre el que se construye nuestra democracia, desactivando leyes que incluyan como eje de acción de cualquier gobierno autonómico la "prioridad nacional". En ese sentido, el Gobierno de la Comunitat Valenciana, periferia muda, incorporó el pasado miércoles el significante vacío en su último presupuesto aprobado con el apoyo de Vox. Hay que dejarlo claro: en su modalidad más moderada, el arraigo, la prioridad entra en serio conflicto con el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad. En su vertiente más agresiva y explícita, la "prioridad nacional" es sólo el éxtasis político del supremacismo.

Es la demoscopia quien guía la didáctica de la concreción y adquiere su plenitud en el municipalismo. El acceso a la vivienda es el problema más grave en Barcelona para el 31% de los encuestados en el último barómetro publicado por la Oficina Municipal de Datos de su Ayuntamiento, seguido de la inseguridad, con un 26,3%. En tercer lugar aparecen los problemas asociados a la inmigración, citados por un 7,5%; por delante del turismo (6,9%), la limpieza (3,7%), las obras (2,6%). También aparecen la masificación y el modelo de ciudad, ambos con un 2,2%, y la falta de civismo o de educación, con un 2,1%. La agenda local de los Ayuntamientos está clara.

Catalunya tiene un votante muy estable. España se disciplina y progresa desde la plurinacionalidad, a través de presupuestos sociales, y desde la consagración de la UE, cumpliendo con su ordenamiento y sus sentencias. Juntas son dos motores que conforman y definen la materia social de la que se compone nuestro país. Si Junts concreta y demuestra que es útil para Catalunya, una parte de sus votantes seguirán votando a los de Puigdemont. En cambio, si opta por no tomar nunca ninguna decisión útil para Catalunya, una parte de sus votantes acabará buscando alternativa en Aliança Catalana. Dicho de forma más clara: cada vez que Junts vota en contra del Gobierno y de sus socios, el partido de Orriols crece exponencialmente en los municipios de Catalunya, principalmente porque los de Nogueras se sitúan fuera de los márgenes del sistema España absorbidos por un nuevo marco político definido por la prioridad nacional.

A pesar de ello, volvamos a la clave municipal: ¿significa eso que los de Orriols reemplazarán a Junts en la mayoría de municipios catalanes en las próximas locales? Pues no. Aliança es sólo una respuesta a la inmigración y sólo a la inmigración. De los 900 ayuntamientos de Catalunya, el partido independentista tiene serios problemas de organización y persuasión para conseguir cabezas de cartel en más de la mitad, o sea, en aquellos territorios con menos de 5.000 habitantes. Si en enero no logra asentar candidaturas fiables en esos municipios, Aliança puede situarse en el horizonte de sucesos que destruyó a Ciudadanos. Dicho de otra manera, el hundimiento acelerado de Junts puede obedecer a una burbuja mediática que emana, como tantas otras veces, exclusivamente desde el Madrid D.F. Atentos.

Ya hemos ganado el Mundial de fútbol y creo que eso hace ver la clase de país que somos. Un país abierto, solidario y admirado en el mundo por mucha gente. Un país que cree en la democracia bien entendida. Un país que se pone del lado de la Justicia de verdad, la escrita con mayúsculas, criticando el hecho de entrar en la guerra sin respetar las leyes que defendimos desde jóvenes, o sea, saltándose toda ley hasta ahora en uso. Y manteniendo el tipo aunque chillen.

Pero todo esto, hoy en España, tiene una oposición que se resume en la victoria de la selección de una manera clara, pero que trataré de explicar mejor. La selección de España está compuesta por catalanes, vascos, personas del resto de España e inmigrantes y homosexuales, aunque quizá en la selección actual no haya ningún homosexual. Nunca España estuvo tan alto en todo el deporte y ese es un escaparate de país. Con Franco nadie sabía de nosotros ni les interesaba. Esto es lo que está estorbando a la derecha de Aznar y a todos sus muñecos. Y me hace pensar en la España que desea la derecha y no coincide en absoluto con esos deseos, aunque se feliciten porque representa a la «España real», esa palabra mágica que tanto les ayuda, pero engañando hasta a sus votantes. Es como oponerse al aborto, pero luego opinan a favor de aquel que asesina niños vivos en Gaza o en cualquier guerra. Aplauden a quien toma países por su gracia de dios, sin ajustarse a leyes eternas. Y odian el perdón o la amnistía a catalanes que erraron en el comportamiento, pero sin originar víctimas.

El absurdo de esta oposición y su ejército civil de medios y judicatura es este precisamente. Para ello se paga con el dinero de todos a los que cuentan mentiras y a los que hacen juicios solo hacia un lado político, obviando los suyos. Porque a mí personalmente me da mucho asco que mi dinero se utilice para esos pagos a Jiménez Losantos o Inda, por nombrar a los más conocidos. Y deberíamos ya decirlo en plazas y calles de este país. Y pagando a mercenarios que persiguen a políticos hasta su casa, y si es mujer aún más, o ya el colmo, aplaudir las homilías del papa cuando está diciendo totalmente lo contrario de lo que dicen y hacen realmente, como el amor al prójimo reflejado en odio hacia quienes se les amnistía por un error cometido, y reconocido por muchos. El odio es la máxima que manejan y eso sirve para votarles. Mis impuestos no son para eso.

No sé si esa es una oposición sensata o se volverá en su contra, porque los excesos producen hastío y cansancio y, a veces, hasta sonrisa. Llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno en muchas partes no es vivir en una dictadura, según creen. Y nunca los he visto definir el sanchismo, que no sé si será hacer una amnistía para acabar con el lío catalán, como de hecho ocurrió, o subir el SMI o expulsar del partido a quien es corrupto. Han cometido errores, pero como todos. Puede que a ellos les gusten más los diálogos escuchados de Cospedal y muchos más en juicios que sabemos que son impunes por la gracia de dios, como quizá lo es también el corrupto Aldama porque juega en el mismo equipo. Cuánto echo de menos la IA para sentenciar los juicios, porque no podemos seguir así.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Hubo quien anunció el fin de la democracia. Hubo quien habló de un golpe al Estado de derecho, de la liquidación de la Constitución, de la ruptura de España y de una humillación sin precedentes para nuestro sistema institucional. La ley de amnistía fue presentada como una anomalía incompatible con cualquier democracia europea. Se aseguró que el Tribunal Constitucional no tendría más remedio que declararla inconstitucional y que, si no lo hacía, Europa acabaría corrigiendo el rumbo de una España supuestamente extraviada.

Hoy ese relato ha sufrido un serio revés.

El Tribunal Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después han concluido, en términos generales, que la ley no vulnera la Constitución ni el Derecho de la Unión. Nadie está obligado a compartir la oportunidad política de la amnistía, pero sí conviene reconocer que el principal argumento jurídico esgrimido contra ella ha perdido buena parte de su fuerza.

Y eso obliga a una reflexión que va mucho más allá de una ley concreta.

Porque la verdadera cuestión nunca fue únicamente la amnistía. Lo preocupante fue la facilidad con la que una parte de la derecha decidió cuestionar la legitimidad de un Gobierno nacido de las urnas y de una mayoría parlamentaria plenamente constitucional. Se trasladó a la ciudadanía la idea de que aquello que no podía impedirse mediante el debate democrático debía ser derrotado en los tribunales. Y, por si eso no bastaba, se alimentó la expectativa de que las instituciones europeas desautorizarían a España.

No era solo una estrategia de oposición. Era una forma de erosionar la confianza en las propias instituciones democráticas.

La política democrática exige aceptar que el Parlamento legisla, que los tribunales controlan la legalidad y que las discrepancias se resuelven dentro de ese marco. Lo contrario supone convertir cada derrota política en una crisis institucional y cada decisión adversa en una supuesta conspiración. Esa lógica no fortalece la democracia, la desgasta.

La amnistía fue una decisión profundamente política. Y ahí reside precisamente su sentido. Durante años se intentó resolver el conflicto catalán casi exclusivamente desde la respuesta penal. Las sentencias eran necesarias dentro del Estado de derecho, pero no bastaban para cerrar un conflicto cuya raíz era también política e institucional. Gobernar consistía en asumir esa realidad y buscar una salida dentro de la legalidad democrática.

La izquierda nunca debería sentir complejo alguno por haber defendido esa opción. Su mejor tradición no ha sido la del castigo perpetuo, sino la de ampliar derechos, reconstruir consensos y crear condiciones para una convivencia más sólida. La democracia no demuestra su fortaleza únicamente cuando sanciona el incumplimiento de la ley, también la demuestra cuando es capaz de integrar, reconciliar y abrir nuevas etapas sin renunciar a sus principios.

España conoce bien esa lección. La Transición recurrió a una amnistía para facilitar el paso de una dictadura a una democracia. Aquel proceso tuvo luces y sombras y sigue siendo objeto de un intenso debate, especialmente por la ausencia de rendición de cuentas respecto de los crímenes del franquismo. Precisamente por eso conviene no equiparar ambos momentos históricos. Pero sí recordar una idea esencial: la democracia española ya ha utilizado en otras ocasiones instrumentos excepcionales para favorecer una nueva etapa política. La amnistía no es ajena a nuestra tradición democrática.

Lo verdaderamente llamativo es que quienes anunciaban la desaparición del Estado de derecho apenas dediquen hoy unas palabras a explicar por qué ese pronóstico no se ha cumplido. España sigue siendo una democracia plena, sus instituciones continúan funcionando y los tribunales llamados a pronunciarse no han confirmado el escenario de colapso que durante meses se presentó como inevitable.

Quizá haya llegado el momento de extraer alguna enseñanza.

La primera es que la discrepancia política no puede convertirse en una campaña permanente de deslegitimación institucional. La segunda, que los conflictos políticos requieren respuestas políticas además de jurídicas. Y la tercera, quizá la más importante, es que la izquierda no debería gobernar nunca desde el miedo al ruido que inevitablemente provocan las reformas profundas.

La amnistía no tenía razón porque lo hayan dicho el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenía razón porque partía de una convicción profundamente democrática: que la política está para resolver conflictos, no para administrarlos indefinidamente; para fortalecer la convivencia, no para convertir el enfrentamiento en una forma de hacer oposición.

Las sentencias no hacen buena una decisión política. Pero, a veces, sirven para recordar que el catastrofismo no era más que eso, un relato. Y los relatos, cuando chocan con los hechos, deberían tener la honestidad de rectificar.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el procés para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de acuerdo con el ponente, José María Macías, ha informado en la mañana de este martes al Pleno de la decisión de incluir el primero de los recursos en el pleno de finales de septiembre.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, huido en Bélgica.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el "partido" de la amnistía sigue en marcha, aunque "ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu": "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño", ha advertido.

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el encaje de la ley de amnistía en el derecho comunitario. La Gran Sala del tribunal, con sede en Luxemburgo, ha rechazado los principales argumentos esgrimidos contra la norma y ha concluido que su aplicación tanto a la responsabilidad contable derivada de los gastos del procés como a los delitos atribuidos a miembros de los CDR no vulnera las obligaciones asumidas por España como Estado miembro.

El TJUE considera que la ley de amnistía persigue el objetivo de "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". La sentencia sigue así las líneas fundamentales trazadas en noviembre por el abogado general Dean Spielmann, quien ya había defendido que la norma no suponía una derogación de la legislación europea contra el terrorismo, sino una desactivación limitada de sus efectos para unos hechos determinados.

La corte europea ha resuelto, en primer lugar, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía de la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista podía poner en riesgo las finanzas comunitarias. El TJUE responde negativamente porque no considera que los intereses financieros de la Unión puedan verse afectados por la posible disminución de la renta nacional bruta que habría podido provocar la secesión de una parte del territorio español.

El tribunal descarta, por tanto, cualquier vínculo directo, actual o potencial entre los gastos del procés y el presupuesto comunitario. Este pronunciamiento afecta a los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior de la Generalitat.

El TJUE también determina que la ley de amnistía no menoscaba la directiva europea contra el terrorismo, ya que la norma excluye del perdón aquellos delitos que hayan provocado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. De esta forma, la corte avala que la amnistía pueda aplicarse a los delitos atribuidos a algunos integrantes de los Comités de Defensa de la República, cuya causa se encuentra en manos de la Audiencia Nacional.

La sentencia respalda igualmente el plazo de dos meses que la ley concede a los tribunales españoles para decidir si aplican la amnistía en cada procedimiento. Según el TJUE, este periodo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que queda limitado exclusivamente a la resolución sobre la aplicación de la norma y puede suspenderse cuando los jueces eleven cuestiones prejudiciales a la justicia europea.

Los magistrados recuerdan además que las medidas cautelares impuestas a los encausados pueden mantenerse durante la tramitación de esas cuestiones. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberán ahora reanudar los procedimientos que mantenían suspendidos y dictar sus resoluciones respetando la interpretación fijada desde Luxemburgo.

El fallo no concede directamente la amnistía a las personas afectadas, ya que corresponde a los tribunales españoles resolver cada caso concreto. Sí establece, sin embargo, una interpretación del derecho europeo obligatoria para todos los órganos judiciales nacionales.

La decisión tampoco modifica automáticamente la situación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas a quienes el Tribunal Supremo se negó a aplicar la norma. No obstante, elimina uno de los principales obstáculos utilizados para cuestionar su validez y refuerza considerablemente los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional.

Puigdemont recurrió la decisión del Supremo de no amnistiarle por el delito de malversación. El alto tribunal consideró que el expresidente catalán se había beneficiado personalmente al no pagar de su bolsillo la organización del referéndum y planteó que la amnistía podía afectar a los intereses financieros europeos, una cuestión que el TJUE ha descartado.

La resolución europea marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya decisión será determinante para la posible aplicación de la amnistía a Puigdemont y su eventual regreso a España. El órgano de garantías, que ya avaló en junio de 2025 la constitucionalidad de la ley, había decidido esperar al pronunciamiento de Luxemburgo antes de resolver los recursos concretos de los dirigentes independentistas.

Faltan menos de diez días para que se cumplan tres años de las elecciones generales de 2023. Pero la ley de amnistía, la condición que pusieron Junts y ERC al PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez sigue sin desplegar todos sus efectos. Hace un año largo que el Tribunal Constitucional avaló su encaje en la norma fundamental pero el Tribunal Supremo se negó a aplicarla a los líderes independentistas procesados y condenados, entre ellos al expresidente Carles Puigdemont, con un argumento contrario a la literalidad de la ley, su propio espíritu y la voluntad del Parlamento.

Todos esos dirigentes plantearon recursos de amparo contra una decisión por la que el Alto Tribunal se partió y que fue muy cuestionada por toda la academia, pero el Constitucional ha aplazado su decisión hasta que llegue el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los 15 miembros de la Gran Sala harán pública este jueves su decisión sobre si la disposición que trató de devolver la normalidad a Cataluña es o no contraria a los tratados europeos.

El caso resuelve las dos primeras cuestiones prejudiciales presentadas contra la ley por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. La primera considera que la extinción de la responsabilidad contable que estableció la ley de amnistía para los gastos destinados por 35 dirigentes catalanes –entre ellos Puigdemont y Artur Mas– al proceso independentista y su promoción internacional sería contraria a los intereses financieros de la UE, uno de los motivos que la propia norma recoge para denegar la amnistía.

La cuestión de la Audiencia Nacional se presentó en una causa contra miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), que organizaron disturbios y protestas callejeras tras el resultado del referéndum del 1-O. La Audiencia los acusa de delitos terroristas, también excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía por la propia ley. Sin embargo, la norma define el terrorismo de acuerdo con la directiva europea de lucha contra este fenómeno. Para quedar excluidos de la amnistía, esos supuestos actos terroristas deben haber afectado al derecho a la vida o a la prohibición de la tortura.

El encaje de la norma española en el derecho comunitario recibió un fuerte espaldarazo el pasado 13 de noviembre, cuando el abogado general de la UE, Dean Spielmann, concluyó que la amnistía no vulneraba la norma comunitaria sobre terrorismo, ya que, en su opinión, "meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza". También rechazó que su aplicación a la responsabilidad contable que dirime el Tribunal de Cuentas sea contraria a los intereses financieros de la UE, al considerar que no existe un vínculo directo, "actual o potencial", entre los actos preparatorios del referéndum de los dirigentes independentistas y "los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". La norma, según el abogado general, se aprobó "en un contexto real de reconciliación política y social". El TJUE no está vinculado por estas conclusiones, pero, en la mayoría de los casos, sus criterios suelen coincidir.

En caso de que la Gran Sala siga el criterio del abogado general, la consecuencia inmediata será la continuación de esos dos procesos en el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que permanecen suspendidos desde la interposición de las cuestiones. En ese supuesto, lo más probable es que ambos tribunales tengan que terminar aplicando la amnistía y aceptando el criterio impuesto por el TJUE, de obligado cumplimiento en cualquier Estado miembro.

El alcance del fallo también puede resolver las otras dos cuestiones prejudiciales presentadas: la primera, por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la segunda, por un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Tras el aval del Constitucional a la norma de hace un año, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, en caso de bendecir su encaje comunitario, se interpretará como un espaldarazo al más alto nivel a la apuesta política que impulsó la actual legislatura.

Las cuestiones prejudiciales en Europa son una excepción a la regla: los jueces han aplicado la amnistía a más de 300 personas con total normalidad.

Tras la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a los dirigentes que procesó y condenó, y su insistencia en mantener una orden de busca y captura contra Puigdemont, todos ellos presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero el órgano de garantías ha decidido esperar a la decisión del TJUE para pronunciarse sobre esos casos concretos.

Tras el proceso legislativo que dio forma a la ley, en el que la finalidad de la norma y de sus promotores era clara –entre otros objetivos, amnistiar a los líderes independentistas–, el Alto Tribunal decidió no aplicarla, obviando la literalidad de sus preceptos, la intención del Parlamento y la finalidad expresada en la propia exposición de motivos. Lo hizo con el argumento de que los fondos malversados para financiar el procés produjeron un enriquecimiento de los acusados que previamente no había apreciado.

La resolución contó con un severo voto de la magistrada progresista Ana Ferrer. "Los jueces no podemos hacer interpretaciones que impidan la vigencia de una norma", advirtió Ferrer en una dura opinión discrepante.

Si la la ley recibe el aval del TJUE, lo que se espera es un nuevo revés del Constitucional al Supremo, el tercero después de la anulación de la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la sentencia de los ERE de Andalucía.

Si el tribunal de garantías estima los recursos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes soberanistas, sus magistrados tendrán que volver a recordar en varias sentencias que la más alta instancia penal del sistema judicial español –la Sala Segunda del Supremo– habrá vulnerado derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva y garantías básicas del proceso penal, como el principio de legalidad penal o la retroactividad de disposiciones penales más favorables.

Un aval de la justicia europea a una amnistía como la aprobada por el Gobierno del PSOE y sus socios no tendrá, por tanto, efectos directos en la situación de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas, pero hará muy difícil que, desde la judicatura, se produzcan nuevas maniobras destinadas a dilatar su aplicación o a desobedecerla.

“Me gustaría ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas”. La declaración de intenciones es de Gerardo Pisarello, candidato de los comuns en las próximas elecciones municipales. La capital catalana será una de las grandes batallas electorales del próximo año, con el socialista Jaume Collboni tratando de repetir mandato y con la irrupción de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Pisarello vive a medio camino entre Barcelona y Madrid, donde es diputado y miembro de la Mesa del Congreso. Sostiene que sólo tiene sentido continuar la legislatura si se adoptan decisiones valientes, especialmente en temas de vivienda o derogando la ley mordaza. Cree que las izquierdas deben estar más en la calle y disputarle a la ultraderecha “cada club de fútbol y cada asociación de estudiantes”. Y apuesta por el entendimiento en ese espacio, aunque cree que las listas conjuntas se deben hacer donde sean eficientes electoralmente. Y lleva por bandera que si llega al despacho de la Alcaldía se opondrá a la ampliación del aeropuerto de El Prat y prohibirá las compras especulativas de los fondos buitre.

¿Por qué ha dado este paso en su vida política para optar a la Alcaldía de Barcelona?

Tengo experiencia municipalista. Quiero y conozco a mi ciudad. En un mundo convulso, Barcelona puede ser referencia no solo de resistencia, sino también de innovación y de grandes transformaciones sociales como pasa en Nueva York, Ámsterdam y Seattle.

¿Qué balance hace de la gestión de Jaume Collboni?

Una gestión sin imaginación y sin valentía política. Es como si Collboni tuviera que pedirle perdón a los grandes lobbies de la ciudad por haber gobernado en su día con Barcelona en Comú. Es una muestra clara de que si no hay una izquierda fuerte, el PSOE no toma decisiones valientes.

¿Es partidario de un gobierno de coalición municipal junto al PSOE?

Aspiro a dirigir un proyecto de cambio y de transformación social en Barcelona y que entienda que esta ciudad se ha vuelto muy cara. Hace falta una Alcaldía que esté dispuesta a enfrentarse a los poderes económicos y a defender a la gente. Hay que batallar por la bajada de precios de la vivienda, de los alimentos y del transporte público. Barcelona no necesita la Fórmula Uno en el Passeig de Gràcia. Lo que necesita la ciudad es que se prohíba la compra especulativa de vivienda y llevar los ejes verdes a los barrios populares. No podemos dejar en la cuneta a mucha gente que lo está pasando mal. 

Se han dado pasos como la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y en Barcelona se contienen más los precios que en Madrid. Pero es un drama para los ciudadanos comprarse una casa en la ciudad. Si fuera alcalde, ¿qué medidas efectivas tomaría?

Prohibiría las compras especulativas, adquiriría estratégicamente bloques de edificios para que los fondos de inversión no puedan entrar y reduciría el precio del transporte público. También haría progresivo el IBI. Lanzaría un mensaje con hechos de que queremos parecernos al Nueva York de Mamdani. Ahora tenemos una ciudad en la que Collboni vive de lo que puede hacer Pedro Sánchez en Madrid. Eso no puede ser. Y quiero hacerlo con un movimiento municipalista con la gente de EH Bildu, de Adelante Andalucía y de Compromís. 

Barcelona también vive una gran dicotomía con el turismo. Por un lado, es una fuente de ingresos, pero también conlleva la gentrificación de muchos barrios y la subida de precios. ¿Qué haría de manera concreta?

Vivimos un momento de descontrol turístico producto de un modelo económico que ve la ciudad como un espacio de especulación. El turismo tiene sentido si está al servicio de la ciudad. Hay que generar un modelo más diversificado y que se extienda por toda el área metropolitana. La gallina de los huevos de oro puede acabar desapareciendo. Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta, lo que no puede ser es que el turismo se utilice de manera descontrolada. Y hay que introducir, por ejemplo, elementos que protejan a los comercios de barrio. Todo en defensa de la Barcelona diversa. Y quiero decir de manera clara que estoy en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat. 

Este viernes se presentó ya al candidato de Aliança Catalana para Barcelona. El partido de Sílvia Orriols aparece en algunas encuestas como la segunda opción en intención de voto en Cataluña. ¿Cómo explica el ascenso tan fulgurante de una opción de extrema derecha?

Proviene de algunas élites decepcionadas con el procés. Ahora están haciendo un giro peligroso, bajo la apariencia de defender el catalanismo, hacia las políticas de Vox y del PP. Su objetivo es criminalizar a la población migrante con un despliegue obsceno de islamofobia para dividir a los trabajadores y pagarles menos. Me preocupa que la gente trabajadora le vote y quiero interpelarla para mostrar que la solución no es atacar a tu vecino. 

¿Por dónde pasa esa interpelación?

A mí me gustaría ser el primer alcalde de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas. Quiero demostrar que puedes defender las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, reconocer que la incorporación de personas de otros lugares del mundo es un factor de riqueza. Es lo que ha convertido a Barcelona en una ciudad de referencia. Hay que hacer una apuesta muy fuerte por dignificar las condiciones materiales de vida de los migrantes y de la población autóctona que vive de manera precaria. La mejor manera de hacer frente a la ultraderecha es con políticas sociales valientes, que impidan que la gente se enfrente. Por ejemplo, apuesto por supermercados públicos para que baje el precio de los alimentos. 

Usted es todavía diputado en el Congreso y miembro de la Mesa. Desde ese punto de observación, ¿hasta cuándo cree que va a durar la legislatura?

No quiero dejar el Gobierno de mi país al PP y a Vox, pero no basta con eso. Para que no lleguen el PP y Vox, hay que adoptar medidas valientes en ámbitos de la plurinacionalidad y de lo social. Esta legislatura sólo tiene sentido si sirve, por ejemplo, para derogar la ley mordaza. El Ejecutivo, que tiene músculo financiero, debe comprar pisos para que no lo hagan los fondos buitre. Y también se debe regular el tema de los alquileres de temporada, que es un agujero enorme. No puede haber inmovilismo. Se acabó el tiempo de los trucos de ilusionista, no basta con que Pedro Sánchez diga algo en una cumbre internacional. Y también hay que apostar por la democratización de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que establecer mecanismos que eviten fenómenos de corrupción heredados del bipartidismo. Detrás de la ofensiva brutal contra Sánchez y dirigentes socialistas, hay un intento clarísimo por parte de sectores de la derecha judicial y mediática de convertir al PSOE en el viejo partido del régimen que gobernaba entendiéndose con el PP. Pero también veo en muchos casos que hay comportamientos que eran propios del bipartidismo.

¿Cree en la inocencia de Zapatero?

Hay un intento de castigar a un expresidente que decidió que se podía gobernar con la izquierda del PSOE y que se podía dialogar con el independentismo. Pero, al mismo tiempo, salen a la luz unos comportamientos que, más allá de su catalogación penal, son muy discutibles en términos políticos. Si un presidente recibe determinadas joyas y no las pone a disposición de Patrimonio Nacional, hay una percepción de que eso era normal. Parece que es un comportamiento de la monarquía parlamentaria bajo el bipartidismo que no se puede repetir. 

¿Y qué le parece el conocido como caso Leire Diéz?

El PP puso en marcha cloacas en los ámbitos de la UCO y de la UDEF, controlando por la puerta de atrás algunos sectores judiciales. Pero si el PSOE vio eso y pensó que había que luchar, lo suyo no era hacer una cosa cutre y tomar una iniciativa oscura, sino haberlo convertido en un debate de Estado con luz y taquígrafos. Y tendría que haber planteado a los grupos políticos que le daban su apoyo hacer reformas compartidas. Ya le dijimos a Félix Bolaños que no se podía pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial solo con el PP. Ahora en parte es tarde, pero esperemos que el PSOE lo haya entendido. Quiero que haya presupuestos generales, pero no quiero que ese debate sea una excusa para irse posicionando de cara a las elecciones. Por eso, vamos a insistir cada semana para que se aprueben normas. Y hay que llamar a la ciudadanía a defender los derechos.

¿Cree que todavía las izquierdas pueden luchar contra el PP y Vox en las próximas elecciones generales y conservar el Gobierno? ¿Hay esperanza todavía?

Las izquierdas debemos estar más al lado de la gente que nos votó. Necesitamos un nuevo arraigo territorial, estar en los barrios escuchando las exigencias de la gente que peor lo está pasando. Si no, esa gente sólo va a escuchar los argumentos de la ultraderecha. Lo principal es que nos volquemos en lo territorial. No hay que pensar solo qué se hace en las redes. No todo es la batalla digital. Hay que hacer una presencial. Llevamos un ciclo con muchas elecciones que no permitieron hacer ese arraigo. Hay que disputarle a la ultraderecha cada club de fútbol, cada asociación de estudiantes. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, acordar un programa común para toda la legislatura. 

¿Qué opinión le merece el acto de Gabriel Rufián y de Mónica Oltra? ¿Cómo ve ese fenómeno?

Comparto con Gabriel el sentido de urgencia frente a que supondría un Gobierno de Vox y de PP para la gente trabajadora, las mujeres y los más vulnerables. Y comparto que las izquierdas tenemos que buscar las formas más eficaces de cooperar. Yo sigo sus actos y habría estado con gusto en el que hizo con Mónica Oltra, una referente para todos. Siempre he defendido esta vocación frenteamplista, pero no parece que Oriol Junqueras esté aquí.

¿Ha merecido la pena formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE?

Gobernar en minoría con el PSOE siempre tiene riesgos. En el Gobierno tiende a moverse a la derecha. En este caso, Sánchez no pudo hacerlo. Las mayorías no le permitieron gobernar con Albert Rivera. Entendió que sólo podía hacerlo con Unidas Podemos y entenderse con Bildu y ERC. Incluso con el PNV y Junts. Mi experiencia es que al PSOE no se le puede dejar solo. Mientras más fuerza tengas para condicionarlo, más posible es que se puedan producir los cambios estructurales. Ahora escucho a Sánchez defender políticas como la regularización de migrantes y la subida del salario mínimo, pero ninguna fue impulsada por el PSOE. La cuestión no es estar dentro o fuera del Gobierno, sino dónde colocas la presión. El debate es para qué.

¿Qué papel puede jugar Ada Colau en este proceso de la izquierda?

El feminismo es una de las fuerzas más transformadoras para luchar contra la ultraderecha. Tenemos muchos nombres de dirigentes en la izquierda de primer nivel como Ada Colau, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez, Irene Montero, Rita Maestre, Mónica García, Sira Rego, Amanda Meyer… Son mujeres valientes que podrían encabezar proyectos contra la ultraderecha y defensores de la justicia social y climática. Representan el humanismo frente a la ideología de la crueldad y de la codicia de Trump, Abascal y Ayuso.

"No se conoce verdaderamente a una nación hasta no se ha estado en sus cárceles", decía Nelson Mandela, en una reflexión cercana a la de Dostoyevski, que vinculaba el trato a los presos con la verdadera calidad democrática. Cataluña sería la envidia de cualquiera de esos tiempos y latitudes, pero con algunos aspectos importantes que mejorar. De hecho, por eso el Parlament ha constituido un grupo de trabajo para revisar las políticas penitenciarias tras varios suicidios y un preocupante aumento del uso de la fuerza.

Precisamente el papa León XIV visitará este miércoles Brians 1, la cárcel catalana que "más denuncias ha recibido" por presuntos malos tratos, prácticas de aislamiento y el uso abusivo de las contenciones mecánicas —inmovilizar con esposas o correas—, según alerta la Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Prisión, en catalán), una plataforma integrada por diez entidades, algunas de cariz católico. La prisión, donde Robert Francis Prevost se reunirá con varias mujeres, alberga a 1.100 personas privadas de libertad y reúne todos los "síntomas de clara regresión, impropios de una sociedad desarrollada", según denuncia la severa carta enviada al pontífice, que resuelve que el sistema penitenciario catalán "no cumple los protocolos internacionales" y está "lejos" de cumplir el marco regulatorio.

Esas reclamaciones, formuladas en términos más suaves, llevan años planteándolas ERC, Comuns y CUP. Pero no fue hasta comienzos de mayo cuando el pleno catalán creó una subcomisión para diagnosticar las condiciones en las cárceles, donde este año ya se han suicidado cinco reos, tres de ellos en un centro de Figueres, cuyo director fue apartado por el Govern. "Abogamos por el régimen abierto (tercer grado), que se ha demostrado que reduce la reincidencia. Los funcionarios conviven más con los internos, pero es un riesgo que vale la pena", indica a infoLibre la diputada de Esquerra, Ana Balsera, una de las impulsoras del grupo de trabajo. Según explica, la aprobación de esta revisión del modelo penitenciario, con el apoyo de Junts y pese a la abstención del PSC, llega a raíz del informe de julio del pasado año del Comité Antitortura del Consejo de Europa, que instó a las autoridades a "reducir el uso desproporcionado de medidas de contención", una preocupación que ya había trasladado varias veces en la última década.

El partido de Balsera consiguió en marzo de 2021 aplicar la prohibición casi total de la contención mecánica, pero, solo un año más tarde, la nueva Conselleria de Justicia en manos de Junts volvió a autorizarla. En ese lapso de "contención cero" el departamento detectó un aumento del 45% de la violencia autoinfligida y del 31% de las agresiones a trabajadores. "Se ha reducido la agresividad con los años, pero las inmovilizaciones son necesarias en situaciones extremas. De lo contrario, estamos desamparados, nosotros y los presos", señala a este medio un funcionario de prisiones que replica la queja habitual de este gremio. Los datos de la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestran, sin embargo, que, pese a las medidas de contención, las agresiones contra el personal se mantienen igual, o incluso aumentan: de 393 en 2021 a 699 el pasado año.

Hay un problema de fondo. "No se está tratando la salud mental dentro de las prisiones. Hay personas con trastornos graves encarceladas y eso dispara las contenciones mecánicas", señala el abogado penalista Marc Viu, quien ha tenido acceso a esas cifras de contenciones "que mezclan las de naturaleza de régimen y las psiquiátricas". Para el especialista en criminología, la falta de una defensa efectiva, —"en lugar de abogados públicos que se quitan casos con un juicio rápido"— provoca que muchas personas con riesgos psicosociales terminen en cárceles en vez de en recursos psiquiátricos. "La falta de medios en la Justicia" y "el deterioro de la salud mental" son otras de las denuncias incluidas por la Red Derecho y Prisión en su misiva al papa. Así lo percibe también el funcionario de prisiones entrevistado de manera anónima: "Cada vez vienen más internos con temas de salud mental, si no la mayoría. Nos falta personal para aplicar los protocolos".

Se refiere al Plan de Choque de Prevención de Suicidios, puesto en tela de juicio por unas tasas de suicidio que duplican a las de España y Europa, y que, de media, han aumentado en la última década. "Hay que potenciar más el tercer grado para prevenir suicidios", indica Viu, pese a que el sistema penitenciario de Cataluña, la única comunidad junto al País Vasco que gestiona sus centros, ha apostado más que el resto de España por el tercer grado frente al internamiento estricto. "El tercer grado rebaja la reincidencia, pero está mal explicado y mal entendido por la sociedad", afirma, "parece que es dejar delincuentes sueltos, y entonces no es atractivo políticamente vender esto".

Junts ha promovido un discurso de combate a la multirreincidencia, sobre todo en delitos menores, e impulsó una ley en el Congreso para endurecer las penas que se aprobó en febrero con el apoyo de PP y PSOE. Los socialistas pasaron de intentar derogar la prisión permanente revisable (una especie de cadena perpetua) a aceptar su ampliación. "El discurso en la calle, el auge de posturas ultra, mete presión sobre los temas penitenciarios y no favorece que haya un espacio reposado para explicar lo que significa pasar por prisión", concluye el abogado.

La visita del pontífice a Brians 1 pondrá el foco en la cárcel al menos por unas horas. Cuando se apaguen los reflectores, quedarán las personas privadas de libertad, los funcionarios, las correas, las condiciones y los desafíos que deben afrontarse con la altura política que exige definir la calidad de los derechos humanos de una nación. Que no es poca cosa. Que se lo digan a Mandela o a Dostoyevski.

El poder económico catalán baila en círculos, como la sardana. Si se equivoca uno, afecta a todos. Un mensaje de cohesión y pertenencia, más que jerarquía. O eso se pretendía. Pero, esa danza donde se pone el interés colectivo en el centro se ha descompasado en los últimos años, y meses, debido a las turbulencias en las grandes empresas familiares, senyera económica y también social del país. Cuatro de las cinco mayores dinastías han atravesado culebrones familiares, escándalos o polémicas operaciones fallidas, mientras que otras muchas se han vendido al capital global. 

Ni Salvador Illa ni la presidenta del Cercle d'Economia, María Teresa García-Milà, se acordaron de esas grandes fortunas en la reunión anual de la élite empresarial catalana. Sí pusieron de manifiesto las fricciones de ese círculo con el socialismo catalán, arrastradas desde febrero, por temas como la regularización migratoria o la intervención de alquileres. De la retahíla de reproches de la presidenta del Cercle, que llegó a sostener que la política de vivienda avanza en la "dirección equivocada", a la respuesta, a ratos irónica, del jefe de la Generalitat. Todo para abrir boca a la principal cita económica en Cataluña, que mira más hacia China, Estados Unidos y Europa —o como echar mano al recién horneado pastel de la industria armamentística— que a Osona o El Penedès. De hecho, ninguna de las grandes familias de la terra figura entre las ponencias.

Tal vez haya quedado obsoleto aquel dicho del fundador de Planeta, José Manuel Lara, de que "los empresarios catalanes prefieren tener una tienda en el Paseo de Gracia que el 10% de El Corte Inglés, pero es mucho más importante tener el 10% de El Corte Inglés". Pues un par de generaciones después, a esa burguesía barcelonesa ya no le preocupa tanto la marca o el prestigio, sino sobrevivir a cualquier precio.

A comienzos de 2024 el fondo especulador Gothman City acusó a Grifols de manipular sus cuentas para maquillar un endeudamiento histórico y el valor de la farmacéutica catalana en bolsa sufrió un desplome del que todavía no se ha recuperado. A finales de ese año moría despeñado Isak Andic, el patriarca de Mango, que lograba torear el impacto por la pérdida gracias a un consejo de administración internacionalizado y preparado para ese relevo. Pero, las recientes acusaciones de asesinato contra el hijo, Jonathan Andic, han puesto en jaque la reputación del emporio. Y en medio de ese revuelo, se anunció que Puig cancelaba su fusión con la multinacional Estée Lauder, después de meses de negociaciones que, al truncarse, provocaron el batacazo del gigantes catalán de los cosméticos.

En 2023, la familia Rubiralta perdía Celsa por la decisión de un juez de aprobar un plan de reestructuración que entregaba la compañía acerera a un fondo acreedor tras años de agujero millonario. Meses después, un juzgado mercantil sancionaba a Francesc Rubiralta por retribuciones excesivas. Tal vez se salvan del ocaso las Daurella, encabezadas por Sol, dueñas de Cobega, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, aún y con alguna imputación a sus espaldas en 2018. Ese año precisamente los desencuentros por el reparto de dividendos entre Joan y Josep, los hermanos Font propietarios de Bon Preu, casi hace pedazos a la cadena de supermercados.

"Los problemas y disputas de sucesión han sido una de las causas para la venta de empresas familiares catalanas, pero también la necesidad de internacionalización para la inyección de inversiones y competitividad", señala el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Andrei Boar, que destaca que "pese a los recientes golpes, se han mantenido a flote gracias a una sólida gobernanza de sus consejos de administración por encima de las personas". Sin embargo, el economista agrega que "el valle" que atraviesa la empresa catalana se debe a que "está sumida en una burocracia y legislación, que hace que sea más rentable venderla".

Ante esos desafíos, numerosos linajes catalanes han vendido sus empresas para vivir de sus activos e inversiones, como Manuel Lao con Cirsa (Nortia Capital), Alberto Palatchi con Pronovias (Galma Capital) o Ricardo Portabella con Grupo Anpora. Completan esa lista compañías emblemáticas como Abertis, Codorniu, Freixenet, FresCo, Ausonia o Palet. A la lista se sumó Mediapro en 2023, cuando un fondo chino apartó a Jaume Roures, fundador y socio gestor del conglomerado mediático. Tras su salida la nueva dirección despidió a 189 trabajadores.

"Son pocas las grandes empresas familiares catalanas, pero son referencia para las pymes, porque abren camino y estandarizan. Cataluña es una tierra con vocación comercial. No son sólo empresas, nos define como sociedad", indica a infoLibre la economista, Isabel Nogueroles, autora del libro El Poder del círculo en la empresa familiar. Nueve de cada diez empresas catalanas son familiares y generan el 70% de la riqueza, según datos de Ascef, que revelan el peso de este tipo de negocios en Cataluña respecto al resto del Estado. Los grandes linajes aportan el 5% del PIB catalán, crean mucho empleo y, sobre todo, "identidad". "Es más que un modelo económico, es un modelo social. Tienen mucho arraigo en el territorio, son un componente de desarrollo y un espacio de movilidad social", señala la analista sobre un gen catalán en mutación. Sus consecuencias ya se han empezado a notar, como indicaba García-Milà en el Cercle: "Cataluña ha crecido en los últimos años, pero con un modelo extensivo que ha supuesto más ocupación, pero menos productividad y salarios estancados".

Si el 55% del empresariado español (en Cataluña las cifras serán similares) tiene más de 60 años, en una década el ocaso actual será ya noche cerrada. Y todavía no hay ni tenoras ni tibles, ni en Cataluña ni en España, que salven esta sardana. "Políticamente se mira cada vez más a corto plazo, no hay una estrategia pública de país y esa miopía ahondará la crisis de la empresa familiar", considera Nogueroles. Una advertencia lanzada ya en 2021 por el Cercle d'Economia. "Denunciamos que hoy ni Barcelona ni Cataluña disponen de un modelo de prosperidad compartido y que cuente con la complicidad de todos los agentes. Por lo tanto, nuestro capital y nuestro país están arriesgando el futuro de todos: podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", soltaban en un comunicado especialmente duro para una entidad empresarial guiada por la corrección política. 

Ese grito de auxilio se suma a los constantes reclamos de Foment del Treball, la principal patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, el lobista a cargo del regreso de las compañías tras la fuga por el procés. Pese a que algunas corporaciones como Sabadell y Criteria han vuelto a instalar su sede social en Cataluña, y pese a cierto dinamismo económico, todavía falta mucha diáspora por volver, sobre todo entre las pequeñas y medianas compañías que siguen sin encontrar incentivos en una de las comunidades con peor fiscalidad para el empresariado.

Ese fue uno de los reclamos que a mediados de año le hizo el empresariado catalán al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en otro círculo, el del Cercle Financer de La Caixa, antes de recibir a "aquel niño de Badajoz" como "el mejor interlocutor posible". Por la plaza del Cercle d'Economia danzarán el rey, Sánchez, Feijoó... y la cobla seguirá tocando para que cualquiera abandone o se una al círculo, pero siempre sin romper el ritmo.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

Siete indicios y un posible móvil económico. De por medio, el análisis de muchísimas horas de conversaciones telefónicas y decenas de testimonios de personas allegadas confirman la mala relación entre padre e hijo y han transformado aquella caída accidental en la montaña el 14 de diciembre de 2024 en un presunto homicidio. Un móvil extraviado y las contradicciones en su relato llevaron a la detención este martes de Jonathan Andic por el supuesto asesinato de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango y el hombre más rico de Cataluña. El arresto se produce cuando estaba a punto de expirar la última prórroga de la investigación acordada por el juzgado, pero el auto judicial sostiene un caso bien atado.

Todo apunta a que la relación entre Isak y Jonathan empezó a torcerse hacia 2015, cuando el padre tuvo que interrumpir su año sabático para recorrer el mundo en barco debido a las pérdidas millonarias de la empresa, tan sólo un año después de poner al mando a su hijo mayor. Fue sustituido por Toni Ruiz, un ejecutivo externo a la familia, algo que habría molestado sobremanera a Jonathan.

Pero ya algo antes, "a mediados del año 2024", según se desprende de las conversaciones telefónicas recogidas en el auto judicial, Jonathan descubre que su padre "tenía intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a las personas necesitadas". Desde entonces, Jonathan, que había presionado a su padre para entregarle la herencia en vida, cambia su postura, "pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta". En un intento de llegar a un entendimiento con su hijo, Isak acepta la excursión a Montserrat, una cordillera a 50 km de Barcelona, para hablar los dos solos. Para ese entonces, Jonathan ya sabía que la voluntad de su padre era que Toni Ruiz fuese el presidente de Mango, tal y como se lo expresó a su amigo Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, que lo comentó en un coloquio hace poco más de un mes.

Isak se cayó por un precipicio de más de 100 metros, aunque se trataba de una ruta sin complicaciones. El primero de los indicios surge de las discrepancias entre la declaración de Jonathan el 14 y la del 31 de diciembre. Primero dijo que su padre se paró a tomar unas fotografías y no vio el momento de su caída, pero después declaró que su padre sólo usó el móvil al comienzo de la ruta, como así demostró el análisis del aparato. La autopsia constató que lo llevaba en el bolsillo al momento de despeñarse, así que "es poco probable, si iban caminando juntos, que no lo viera caer", señala el auto de libertad, que Jonathan pasará provisionalmente en su domicilio tras abonar el martes una fianza de un millón de euros para eludir la cárcel. La rapidez con la que se realizó el pago, siete horas después de su detención, demuestra la implicación de la familia para liberar a Jonathan, sea por el motivo que sea.

Pese a esas incongruencias, los Mossos d'Esquadra consideraron que todo apuntaba a un accidente y ante la ausencia de indicativos de delito, la jueza archivó la causa de manera provisional en enero de 2025. Pero dos meses después y tras recibir una ampliación de los atestados de los agentes, la jueza reordenó la reapertura del caso y puso a Jonathan en el centro de las pesquisas.

En ese lapso, Jonathan pidió un cambio de móvil a la empresa, pero tardó en recogerlo y no lo activó hasta dos meses después. Ese cambio de terminal disparó las sospechas, pero la policía no pudo requisarle el móvil viejo hasta septiembre, cuando lo sorprendieron en la calle, porque antes había reiterado que se lo habían robado en un viaje a Quito (Ecuador). El análisis de las conversaciones que contenía confirmó la incoherencia de Jonathan al asegurar que él y su padre mantenían una buena relación. El auto corrobora una "crisis" entre ambos y refiere una "manipulación emocional", donde incluso Jonathan había expresado "sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpabilizar de su situación a su padre". Además, demostró que Jonathan había visitado Montserrat hasta tres veces en la semana antes de ir con su padre, aunque él lo había negado, por lo que los Mossos consideran que actuó con premeditación.

A mediados de octubre, la jueza notificó a Andic su nueva condición de investigado formal y emprendió una batería de entrevistas a personas cercanas a la familia para terminar de determinar su mala relación. El avance de la causa coincidió con un cambio al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell ese mismo mes, donde la dirección de las diligencias las asumió la comisaría general de Investigación Criminal, que orientó la investigación hacia Jonathan Andic.

Entonces, como ahora, la familia de Jonathan emitió un comunicado en el que aseguraba que las sospechas carecen de fundamento y que "la investigación demostrará su inocencia". Una familia "unida ante la adversidad", según fuentes del entorno citadas por varios medios, que aseguran que tanto sus hermanas (Judith y Sarah) como el tío de Jonathan (Nahman, confundador de Mango) siempre le han mostrado su apoyo incondicional.

En esa ronda de entrevistas, trascendió que fue ese núcleo familiar el que declaró que padre e hijo se llevaban bien. Sin embargo, la última pareja del empresario, la golfista Estefanía Knuth, confirmó públicamente la mala relación y allegados aportaron información sobre episodios conflictivos en el seno de la familia. También se descubrió que Jonathan pidió que se retirara al escolta que solía acompañar a su padre para gozar de mayor privacidad. 

Cuando a comienzos de febrero lo citaron a declarar (no como testigo, sino como investigado), el entorno de la familia quiso quitarle hierro al asunto asegurando que es un procedimiento habitual y que no implicaba un cambio de su estatus procesal. Pero lo cierto es que el nerviosismo y la tensión ya se habían instalado en la familia desde hacía meses, como se vio cuando la pareja de Jonathan, la influencer Paula Nata, salió corriendo a las puertas de un restaurante al verse sorprendida por varias cámaras. La citación era el resultado de la existencia de informaciones probatorias que debían ser aclaradas bajo garantías judiciales. 

La resolución judicial que se conoció el martes tras el levantamiento del secreto de sumario descarta la hipótesis del resbalón accidental y acusa de homicidio a Jonathan Andic. El pistoletazo de salida de un juicio que, ante la previsible expectación mediática, social y económica que puede generar, tanto instructores como agentes han querido amarrar con un cúmulo de pruebas contundentes. Ni una cámara de seguridad, ni señal satelital ni un senderista en el lugar de la caída aquel día soleado en la sierra de Collbató, cerca de Montserrat. El caso era complicado, por eso las indagaciones se han alargado un año y medio. Pero Jonathan Andic está acorralado. 

El heredero de la quinta mayor fortuna de España aguarda en su vivienda-fortaleza en Turó Park, en el barrio noble barcelonés de Sarrià, el inicio formal de la fase de instrucción con las actuaciones ya desclasificadas. Mientras, habrá de entregar su pasaporte y comparecer semanalmente en el juzgado. Se espera que sus abogados, encabezados por Cristóbal Martell, impugnen la tesis del homicidio premeditado y se abra un periodo de nuevas pruebas hasta la conclusión, que puede alargarse meses o años. 

De momento, Jonathan mantiene su título de vicepresidente de Mango, por debajo de Toni Ruiz, que fue nombrado presidente justo después de la muerte de Isak y que, pese a las turbulencias reputacionales por esa investigación, logró batir récords de ganancias el pasado año. La última esposa de Isak, Estefanía Knuth, mantiene un pulso con los hijos del multimillonario desde el verano de 2023, cuando firmó su último testamento. En él repartía su inmensa riqueza de manera equitativa entre los tres hermanos y a ella tan sólo le asignaba alrededor de cinco millones de euros (Mango ganó 242 millones de euros en 2025). La expareja no se sintió satisfecha con esa cantidad y emprendió una negociación para mejorarla que mantuvo incluso en paralelo a la investigación penal. 

Las hermanas de Andic, Judith y Sarah, aplicadas en sus carreras profesionales y exitosas mujeres de negocio, a diferencia de su hermano, siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su exposición mediática. También ahora, que se han limitado a asegurar por comunicado escrito que "la colaboración será máxima en el marco de estas diligencias". La pareja de Jonathan, Paula Nata, también discreta, subió el día antes de la detención varias fotos en la Fundación Maeght, en un lujoso pueblo medieval de la Costa Azul de Francia.

Todas ellas, y muchas más personas cercanas al clan, tendrán que declarar de nuevo, probablemente esta vez frente a una jueza que tendrá que condenar, o no, a uno de los cuarentones más poderosos de España. En juego está el futuro de Jona, como lo llaman sus colegas, el de los Andic y, sobre todo, el destino de un patrimonio de 8.000 millones de euros, muy superior al presupuesto para las obras de la Línea 9 del Metro de Barcelona, la infraestructura más cara del país, donde seguramente estos días sus pasajeros se sienten inmersos en una serie policíaca al escrolear las noticias.

Cataluña ya tiene atados sus presupuestos. En mitad de la tormenta política a nivel nacional desatada por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha amarrado las cuentas públicas, lo que garantiza la estabilidad de su Govern y tiene efectos también para la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

En los últimos tres días, se han sucedido una serie de noticias que no han copado las portadas, que se han volcado con la decisión del juez José Luis Calama de citar como investigado al expresidente del Gobierno. Pero tienen una gran trascendencia política los acuerdos a los que ha llegado Illa con ERC y los comunes para aprobar los presupuestos, además de los pactos alcanzados entre Moncloa y el Govern en la Comisión Bilateral celebrada en Madrid.

Este viernes, el Consell se reúne de manera extraordinaria para aprobar las cuentas públicas y enviarlas al Parlament, donde se prevé que se ratifiquen de manera definitiva en el mes de julio. Al final, luz verde. Pero las alarmas saltaron cuando ERC, hace un mes, evitó respaldarlos y el presidente Illa tuvo que retirar el proyecto. En el Palau se contemplaron todos los escenarios en ese momento. Incluso la decisión de adelantar las elecciones si no había cuentas.

Unas elecciones anticipadas en Cataluña hubieran supuesto un seísmo en el panorama político, ya que es una comunidad clave y, además, abrían la posibilidad de que también se hubieran convocado a la vez las generales ante la tentación de utilizar la movilización de Cataluña frente a un Gobierno del PP y Vox. Pero también tenían un riesgo enorme: el PSOE podría perder la comunidad más poblada en la que gobierna. 

Unas cuentas que miran a 2028

Este acuerdo de presupuestos supone dar estabilidad a Cataluña y muchos socialistas, según fuentes consultadas, sostienen que sirve para asegurar acabar la legislatura en esa comunidad al frente del Palau. También fuentes de los comunes indican que, con estas cuentas, se puede llegar hasta 2028. 

Pero Illa necesitaba unas cuentas que fueran suyas propias, con su marca, adecuadas al contexto económico y con posibilidad de acometer políticas sociales expansivas, especialmente en temas como la vivienda. Y lanzar también la imagen de que tiene una mayoría detrás y que su liderazgo no es endeble.

Ahí todos miraban a Esquerra Republicana. Este pacto se produce en mitad del ruido que hay en Madrid por la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Es muy importante para el socialismo tener ahora este acuerdo con los republicanos, que son socios clave para que Sánchez siga en la Moncloa. Hay mucha presión sobre los socios en estos momentos respecto a su apoyo a Ferraz. El PP les torpedea todo el día con el “hasta cuánta corrupción van a aguantar”. 

“Se ha demostrado el carácter agricultor, al hacer política, de Salvador Illa. Ahora está recogiendo. Él apoyó los presupuestos de Pere Aragonès cuando era el líder de la oposición. Entonces no hizo una oposición destructiva, como Alberto Núñez Feijóo, ni se movió por la amargura y el rencor a pesar de haber sido el más votado en las elecciones de 2021. Esto tiene luego consecuencias. Él ha decidido buscar acuerdos, no juega a la testosterona”, diseccionan en el núcleo duro del PSC.

Sello progresista y mensaje nacional

Para el PSC, es muy importante contar con presupuestos porque “permiten cambiar el enfoque a las cuentas actuales, en un momento de crecimiento”. Con este análisis de los socialistas: “Cataluña se presenta ahora mismo como un factor de estabilidad frente al fallido ciclo electoral impulsado por Feijóo, que ha hecho que su partido acabe en manos de la ultraderecha”.

Además, creen que también es beneficioso para el PSOE a nivel general en estos momentos: “Todo lo que es bueno para Illa es bueno para Sánchez, y todo lo que es bueno para Sánchez es bueno para Illa”. Y las cuentas han provocado el reencuentro entre el PSC y ERC después de semanas de tira y afloja: “También se da la señal de que los partidos que se entienden también en Madrid logran otro pacto de carácter progresista”.

En el otro lado está Junts. ¿Puede provocar el acuerdo con ERC una reacción airada de los posconvergentes en el Congreso? Desde el PSC reflexionan: “Ellos han optado por la oposición en Cataluña, no han querido ni negociar. Les pesa mucho la competencia con Aliança Catalana. Pero no va a afectar en Madrid. Ahí dominan los impulsos de Puigdemont”.

Desde Ferraz, en estos días tumultuosos, hacen esta lectura sobre el pacto de Illa con ERC y los comunes: “Es positivo para toda la ciudadanía de Cataluña porque genera estabilidad, es el triunfo del diálogo y es también la constatación de que los acuerdos se cumplen. Se demuestra que cuando hay voluntad política somos capaces de alcanzar consensos favorables a la mayoría social”.

“Ponemos Cataluña en marcha”, trasladan desde el entorno del president, en el que destacan asimismo que es muy importante tener cuentas en un momento de total incertidumbre mundial por la situación en Oriente Medio y sus repercusiones económicas en todo el mundo. Asimismo, subrayan tres factores clave para el Govern: estabilidad, refuerzo del autogobierno y mejora de los servicios públicos.

Este miércoles por la tarde, además, se produjo una muy importante reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que permitirá, gracias a una trasferencia del Estado, que la plantilla de Mossos llegue a 25.000 agentes en 2030 (ahora mismo tiene 22.000). Este es un tema de vital importancia en una comunidad donde el debate de la seguridad está en primera línea. 

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

De hecho, Comuns y Govern ya cerraron un acuerdo el pasado mes de febrero sobre el primer proyecto presupuestario presentado por Illa, que tuvo que retirarlo antes de que se votara en el Parlament debido a que no contaba con el aval imprescindible de ERC.

Comuns ha querido renegociar ese primer acuerdo para adaptar las cuentas a las nuevas circunstancias, entre ellas las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, así como la huelga de los sindicatos mayoritarios de la educación.

En la negociación, Comuns pedía destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura, crear una dirección general para multar a quienes vulneren la ley de vivienda y un plan para convertir oficinas y locales comerciales vacíos en vivienda protegida, así como invertir 1.200 millones en el plan de barrios.

El camino hacia la aprobación de los presupuestos quedó allanado cuando Jovent Republicà, rama juvenil de ERC, decidió que su diputada en el Parlament, Mar Besses, vote a favor de las cuentas del Govern, a pesar de admitir las "contradicciones" que les supone esta decisión y pedir una "revisión profunda" del cumplimiento del pacto de investidura.

El voto de Besses es clave para decantar la aprobación del presupuesto ya que el PSC y sus socios de investidura, Esquerra y Comuns, suman 68 escaños, la cifra justa que da mayoría absoluta en la Cámara catalana.

ERC soy soy. Es el mensaje que entendieron de Oriol Junqueras las decenas de militantes que participaron este lunes en el Consell Nacional del partido, teóricamente su máximo órgano de decisión. La convocatoria debía refrendar el pacto presupuestario con el Govern socialista, pero fue apenas una puesta en escena, porque no se votó el acuerdo con el PSC. Las tres horas de encuentro sirvieron, eso sí, para poner de manifiesto las fisuras en el seno republicano.

"Esto es culpa de la debilidad de Junqueras, a quien sólo le importa que se le levante su inhabilitación [a la espera de resolverse el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional]. El Estado nos tiene sometidos de manera vicaria, porque tiene secuestrado al presidente de nuestro partido", asegura a infoLibre uno de los consellers nacionals, Xavier Martínez, portavoz del Col·lectiu Primer d'Octubre. Este sector de ERC recoge avales desde mediados de abril para celebrar un referéndum interno sobre la continuidad del apoyo al Gobierno de Salvador Illa. Consideran que los socialistas nunca cumplieron los compromisos en materia de financiación, soberanía fiscal y lengua catalana. Y, pese a ello, la dirección del partido convirtió ese acuerdo de investidura en un acuerdo de legislatura sin consultarlo.

"Se han saltado a la militancia y eso es una vulneración de los estatutos", señala Martínez, que avanza que presentarán una queja a la comisión de garantías para frenar el apoyo presupuestario de la ejecutiva. El cisma entre la cúpula y la base republicana viene de agosto de 2024, cuando poco más de la mitad de los militantes votó a favor de apoyar la investidura de Illa, a quien muchos ven más como un embajador de Pedro Sánchez que como un president preocupado por Catalunya. Seis meses después, Junqueras fue reelegido dirigente ERC por otro ajustado sostén de votos.

Sin embargo, lejos de remendar las costuras a la formación, "Junqueras impuso su ambición a los intereses del país", como valora a este medio Jordi Orobitg, uno de los exdiputados que se unió a la escisión de Esquerra, Foc Nou, para competir por el mando. "Este Consell es una prueba más de la deriva autoritaria de un partido, cada vez menos asambleario y más autocrático", agrega. A las puertas de la sede del partido ya se sabía lo que iba a suceder. Horas antes, Junqueras había dado un apretón de manos a Illa para anunciar una línea orbital ferroviaria que conecte el segundo y tercer cinturón metropolitano sin pasar por Barcelona, una idea guardada en un cajón desde hace casi 20 años. "¿Esa es la medalla que se cuelga Junqueras? Un proyecto para 2040, a la espera de financiación estatal, como Rodalies. Más de lo mismo", lamenta Orobitg, convencido de que, si PSOE y PSC no han cumplido los compromisos de investidura, tampoco lo harán ahora.

En marzo, Junqueras tuvo que retirar de la mesa la petición de gestionar el IRPF para desencallar la negociación de los presupuestos. A cambio, ERC ha logrado con este pacto una sociedad mercantil de inversiones —sustituto del consorcio tumbado en el Congreso—, la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, la incorporación del Consorcio de la Zona Franca y una inyección de más de 520 millones de euros a la Agencia Tributaria Catalana.

Junqueras ha defendido que el pacto con el Govern permite afrontar los "retos cotidianos" de la sociedad catalana y se trata de una "nueva oportunidad para obtener más competencias y herramientas al servicio del país". Sobre la cesión del IRPF, que ha quedado descafeinada en el pacto y en el tintero a cuatro años vista, el líder republicano ha insistido en que sigue siendo un "compromiso incuestionable", pero que el tema se ha retrasado "a cambio de nuevos pasos adelante".

Para entonces, pocos de los consellers nacionals creían a Junqueras ni a la secretaria general, Elisenda Alamany, que, durante la campaña interna, prometió que el presupuesto tenía que pasar el filtro de la calle. Tal vez con "calle" se refería a votantes y no a militantes. Los últimos sondeos de 2024 indican que tan solo seis de cada diez votantes de ERC son independentistas, por ocho de cada diez en 2018. "ERC ha perdido identidad. Ya no es una esquerra independentista. En esa transformación, veremos a candidatos de ERC en las municipales que escondan la marca, porque no es buena", afirma Orobitg.

Y en ese crepúsculo independentista quedó por responder en la calle Calabria de Barcelona un interrogante que planeó durante todo el encuentro: si la última encuesta de comienzos de mayo daba 28 escaños a ERC (ocho más que en las elecciones de 2024), lo que representa una recuperación tras meses de desplome en intención de voto, ¿por qué Junqueras no optó por romper la negociación presupuestaria y forzar elecciones anticipadas? "Es un día muy triste. El cambio de rumbo viene de lejos. Hace tiempo que hemos renunciado a la reclamación soberanista para dar estabilidad a los socialistas", resume Martínez la sensación que dejó el Consell Nacional del lunes.

La cara de circunstancias de Junqueras durante toda la escenificación de la firma del pacto presupuestario este martes daba esa misma sensación. El propio Illa dio un espaldarazo a su nuevo aliado al agradecerle su "sentido de país" y "coraje político" para llegar a unos acuerdos de consecuencias imprevisibles para ERC.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d'Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han solemnizado este martes su pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.

Sobre las ocho de la mañana, Junqueras ha llegado al Palau de la Generalitat, donde minutos después ha sido recibido por Illa en la Galería Gótica para escenificar su entendimiento con un apretón de manos, antes de reunirse brevemente en el despacho presidencial.

Posteriormente, han vuelto a salir a la Galería Gótica para firmar oficialmente el pacto, ante la presencia de miembros de los equipos negociadores, como Lluís Salvadó, Isaac Albert, Jordi Albert, Ester Capella y Oriol López (ERC), Albert Dalmau y Alícia Romero (Govern), así como Lluïsa Moret y Ferran Pedret (PSC).

Una vez firmado el acuerdo -que incluye la línea orbital ferroviaria, la reforma del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o el consorcio de inversiones-, mañana miércoles a las 16:30 horas se reunirá en Madrid la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para validar las cuestiones que vinculen al Gobierno central.

El pacto prevé el impulso de una línea de tren orbital para unir ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona -con mayoría catalana- y una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análoga al consorcio que Junts vetó en el Congreso.

Estas cuestiones van al margen de las partidas presupuestarias concretas, donde destaca el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña con una inversión de 527 millones para el periodo 2026-2029.

Mientras tanto, los comunes siguen negociando con el Govern para actualizar el pacto presupuestario que ya sellaron en marzo y que no sirvió para aprobar las cuentas, ya que entonces ERC rechazó sentarse a la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno a comprometerse a ceder el IRPF a Cataluña.

Comuns -cuyos votos también son imprescindibles para aprobar los presupuestos en el Parlament- fija tres prioridades: en vivienda, mantener la inversión anual de 400 millones en el plan de barrios; en transporte, reformular la nueva línea R-Aeroport para que llegue a las comarcas del Vallès; en fiscalidad, impulsar la llamada tasa Zucman, un gravamen del 2 % a patrimonios de más de cien millones.

Si se llega a un acuerdo con los comunes en los próximos días, el Govern podría aprobar el proyecto presupuestario este viernes y enviarlo al Parlament para que inicie su tramitación, con vistas a validarlo definitivamente a principios de julio.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros, según recoge EFE.

El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria, y ha anulado las liquidaciones y sanciones impuestas al considerar que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Se trata de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España, después de que este mismo mes un juzgado de Barcelona archivase la segunda causa penal que la cantante Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.

Años antes, en 2024, Shakira aceptó una multa de 7,8 millones de euros al reconocer ante un tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evitó la prisión y le ahorró un largo juicio.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha manifestado la cantante en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.

El caso, que se ha dirimido por la vía administrativa, se circunscribe a una cantidad de algo más de 55 millones de euros reclamados a la cantante, si bien su equipo cifra en más de 60 millones la cantidad que debe devolverle Hacienda al sumar los intereses y el pago de costas.

Se trata, según anuncia en un comunicado la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a Shakira, de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España tras ocho años de disputa.

Ahora bien, la sentencia puede ser recurrida al Tribunal Supremo, y fuentes de la Agencia Tributaria, que recuerdan que Shakira ya aceptó en conformidad las condenas por delitos contra Hacienda para los años 2012-2014, han informado a EFE de que la recurrirán.

En este caso, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio en 2011 al alegar que residía fuera de España, cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en este país y, por tanto estaba obligada.

Dónde vivió la cantante colombiana ese año ha sido el principal objeto de análisis de la sección cuarta de lo Contencioso de la Audiencia, que ha concluido que "no ha quedado acreditado" que Shakira tuviese su domicilio fiscal en España. Por tanto, para el tribunal "es obvio que las liquidaciones" y consiguientes sanciones impuestas por ello "son contrarias a Derecho".

La Sala entiende que la estancia en España de la cantante fue de 163 días y no de más de 183, como exige la ley a efectos de tributación, y asegura que la Administración no ha probado que Shakira tuviera el núcleo de intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.

Ante la afirmación de la Administración de que Shakira tenía una relación sentimental con un residente español (el exfutbolista Gerard Piqué), el tribunal explica que en 2011 no existía "vínculo conyugal", ni tampoco "hijos menores" residentes en España. Es decir, "no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera".   

La Agencia Tributaria también analizó si la cantante residía en efecto en Bahamas, si bien el tribunal señala que el hecho de que "Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España". Y recuerda asimismo que la situación que ha analizado se enmarca en el 2011, y que los cambios producidos en ejercicios posteriores no afectan a este litigio.

Tras conocer la sentencia, la cantante ha deseado que esta "siente un precedente para Hacienda" y ha lamentado el "señalamiento público" sufrido y que se le tratase "como culpable", según el comunicado.

Su abogado, José Luis Prada, ha cargado contra el "modus operandi" de Hacienda, que "asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse" y ha celebrado que la Justicia funcione "de verdad" frente a "posiciones administrativas inaceptables". 

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge EFE.

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5% y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2%.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78% del total, subieron en marzo un 0,2% hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2%, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja. Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94% de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6% menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4% menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4%) y Euskadi (11,6%).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9%); Baleares (8,3%); o Murcia y Andalucía (6,5% en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5%), Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%). 

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5% en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7% en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4%, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1%.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8% y la protegida el 1,2%.

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9% entre enero y marzo.

Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3% en el trimestre.