Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares como cooperadora necesaria del fraude presuntamente cometido por su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nòos, según el auto de apertura de juicio oral del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.

Pero la defensa letrada de la mediana de los Borbón y Grecia, que encabeza el expolítico de Convergència Democàtica de Catalunya (CDC) Miquel Roca i Junyent, recurrirá en las cuestiones previas a la vista oral a la denominada doctrina Botín, en un último intento de desligar a la infanta de los delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008 por su marido, y evitar así la incómoda presencia de la infanta en un juicio al que se han acreditado 590 periodistas de 84 medios de comunicación de todo el mundo. 

En declaraciones recogidas por Europa Press, Roca confirmó que tratará de esgrimir "la falta de legitimación activa por parte del sindicato Manos Limpias como acusación popular" en virtud de la mencionada doctrina Botín, que tiene su sustento en una interpretación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Procesal.

Este precepto impide, en determinadas ocasiones, juzgar a una persona si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso el sindicato Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

Dos días en el banquillo

Hasta que las tres magistradas que componen el tribunal del caso Nóos decidan esta y el resto de cuestiones previas, la hermana del rey deberá sentarse al menos dos días en el banquillo. Fuentes de la Audiencia Provincial de Baleares han asegurado a infoLibre que la decisión será tomada de forma más o menos rápida, habida cuenta de que no se prevé ninguna novedad importante en las cuestiones previas o en las alegaciones que planteen las partes.

En virtud de la interpretación de este precepto legal, el Tribunal Supremo obligó a un juez a que archivara en diciembre de 2007 el caso por evasión fiscal contra el expresidente del banco Santander fallecido, Emilio Botín Sanz de Sautuola.

En opinión del fiscal Pedro Horrach, el encargado de investigar el caso Nòos, esta jurisprudencia obligaría al juez Castro a sobreseer la causa contra Cristina de Borbón, habida cuenta de que la instrucción solo viene avalada por la acusación popular del sindicato Manos Limpias, que reclama 8 años de cárcel para la hija mediana del rey emérito Juan Carlos de Borbón.

Y por ello el Ministerio Público considera, según el escrito de acusación, que Cristina de Borbón solo deber ser acusada en el juicio como partícipe a título lucrativo, por lo que ya no estaría obligada a sentarse en el banquillo de los acusados.

Doctrina Atutxa

Pero en sentido contrario, el instructor de la causa, el juez José Castro, alude en el auto de apertura de juicio oral a la denominada doctrina Atuxadoctrina Atuxa, en relación a la condena dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 8 de abril de 2008 contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa.

El auto del juez Castro sostiene que la segunda sentencia del Tribunal Supremo, que apuntala la doctrina Atutxa, permite a un instructor procesar a una persona a petición de la acusación popular, cuando la Fiscalía no lo reclama. "La nueva doctrina emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo avalaba que en tales supuestos la acción popular estaba facultada para solicitar la apertura del juicio oral", especifica la resolución judicial.

Castro interpreta, en este sentido, que la doctrina Botín solo debe aplicarse en los casos particularesdoctrina Botín, sin que se atente contra el interés general. Y por eso el magistrado decidió procesar a la infanta, habida cuenta de que asegura que el delito contra la Hacienda pública es un atentado contra un bien jurídico de interés general.

"Absolutamente legitimada"

"Así pues, la conclusión de este debate no puede ser otra que la representación procesal del sindicato Manos Limpias [...] está en el presente caso absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura del juicio oral frente a las personas en que lo han hecho con independencia de que de ello se hayan abstenido el Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears", completa el juez Castro.

Pero la decisión de Castro vino precedida por una agria polémica entre el magistrado y el fiscal que se ocupó del caso, Pedro Horrach, que en todo momento ha considerado que la infanta no tenía que ser procesada en el Caso Nòos, en el que su marido tiene que afrontar una petición de cárcel por parte del Ministerio Público de 19 años.

Según el magistrado, Urdangarin creó una estructura fiduciaria que desviaba los fondos públicos captados en Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid a compañías mercantiles de su propiedad a través de facturas ficticias. Y para captar los fondos públicos, Urdangarin creó el Instituto Nóos, de cuya junta directiva forma parte la infanta.

Convenios públicos

Tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres se hicieron de forma presuntamente ilegal con 1,2 millones. Este fue el montante del convenio firmado para la celebración de la primera edición del conocido como Illes Balears Forum (2005). Y también con los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del  Instituto de Turismo de Baleares (Ibatur) por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, los procesados percibieron 1.044.000 euros de dinero público por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y 382.000 por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, la entidad considerada sucesora de Nóos cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo. 

Cuestiones previas

El juicio se celebrará en una sala especial habilitada en el edificio de la Escuela Balear de Administración Pública, en el Polígono Son Rossinyol de Palma, enfrente de la cárcel local, y está previsto que los dos primeros días de la vista se dediquen a resolver cuestiones previas.

De acuerdo al calendario establecido, el primero de los acusados en declarar, el 9 de febrero, será el exdirector general de Deportes del gobierno balear José Luis Pepote Ballester -uno de los arrepentidos en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet y el expresidente del Govern Jaume Matas.

El palacete de Matas

Precisamente este viernes se ha conocido que Matas ha puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares el palacete que posee en el casco antiguo de Palma de Mallorca a fin de reparar el daño causado a raíz de un presunto desvío de 2,3 millones de dinero público.

Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, se trata de un primer paso de cara al reconocimiento de los hechos en los que Matas habría intervenido dentro de esta causa, al auspiciar el supuesto desvío de 2,3 millones en dos foros sobre turismo y deporte organizados en Palma por el Instituto Nóos

Tras ellos, está previsto que comparezcan entre otros el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, que también declarará, y el propio Urdangarin.

Rato y Gallardón

Finalmente, y a propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet. La infanta será la última en declarar, siempre que el tribunal descarte aplicarle la doctrina Botín, reclamada por su defensa, y sea finalmente juzgada.

Asimismo, hasta 363 testigos serán interrogados a lo largo de la vista, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde, exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de la Casa Real como Carlos García Revenga y Alberto Aza.

El juzgado de instrucción nº 2 de Madrid ordenó rastrear las llamadas del exsecretario de las infantas, Carlos García Revenga, para investigar si avisó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, de que su teléfono estaba intervenido.

El 18 de septiembre el juez que investiga los hechos emitió un auto en el que solicita a las operadoras Telefónica y Orange que faciliten las llamadas entrantes y salientes de los números de teléfono de García Revenga y del conductor del joven, durante la jornada del 10 de octubre de 2014, cuatro días antes de que fuera detenido el pequeño Nicolás acusado de estafa y de hacerse pasar por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El juez Arturo Zamarriego puso de manifiesto que el motivo de dicha demanda viene determinada por "la investigación de delitos graves", y como única forma "para la identificación de los autores al no existir otros mecanismos de averiguación de la verdad".

El que fuera durante más de 20 años asesor personal de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, ha decidido recurrir la decisión de la Casa del Rey de poner fin a su relación laboral, confirmaron a Europa Press fuentes oficiales.

La institución anunció el pasado 18 de septiembre que prescindiría de los servicios de García Revenga debido a que las infantas Elena y Cristina ya no forman parte de la familia real desde la proclamación de su hermano, Felipe VI, como rey. Y estableció que la salida de la Zarzuela del asesor personal de las hijas de Juan Carlos se concretaría antes del 31 de diciembre de 2014.

Esta semana, el periodista Eduardo Inda ha avanzado en su blog que García Revenga ha decidido demandar a la institución porque no ha recibido una indemnización por su salida de la Casa como cree que le corresponde.

Ante este conflicto laboral, la Casa del Rey dispone de un convenio con la Abogacía del Estado, que sería el órgano encargado de representar a la Corona ante los tribunales en el primer contencioso de este tipo (al menos del que se haya tenido conocimiento público) entre un alto cargo de la institución y la Casa del Rey.

Desde la Casa del Rey, un portavoz se limitó a señalar a Europa Press que García Revenga está "en su derecho" de iniciar las acciones que considere oportunas en relación con su salida de la institución y señaló que será la Justicia la que determine en su momento quién tiene razón.

Lo que la Zarzuela negó es que Revenga hubiera tenido nunca "relación laboral o funcionarial con Patrimonio Nacional", como decía Inda en su blog. "Ha presentado un recurso a su cese, y que sepamos no ha expuesto los motivos, que desconocemos", señaló un portavoz de la institución a infoLibre.

Una relación que se inició en 1993

García Revenga llevaba trabajando para Zarzuela desde septiembre de 1993. Se le contrató exclusivamente, según la Casa del Rey, para asesorar a las infantas Elena y Cristina en aquellas actividades relacionadas con su pertenencia a la Corona. Pero como las hermanas de Felipe VI dejaron de ser miembros de la familia real desde el día en que su hermano accedió el trono, sus servicios ya no eran necesarios.

Y es que el nuevo monarca ha decidido que, con carácter general, sus hermanas no desempeñen ninguna actividad institucional. Felipe VI no descarta encomendar alguna labor de representación a la infanta Elena, pero en esos casos ella no cobrará por esos servicios.

A pesar de que a García Revenga se le contrató exclusivamente para asesorar a Elena y Cristina en aquellas actividades relacionadas con su pertenencia a la Corona, los e-mails entre él y el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que se han conocido en el marco del caso Nóos, revelaron que García Revenga también asesoró a Urdangarin cuando éste inició sus aventuras empresariales.

De hecho, accedió a figurar durante 19 meses como tesorero del Instituto Nóos, fundación que presidió Urdangarin y que firmó millonarios contratos con las Administraciones balear y valenciana. La investigación judicial ha puesto en evidencia que esos fondos no se reinvirtieron en los fines que supuestamente perseguía la entidad, sino que presuntamente se desviaron a empresas privadas de Urdangarin y su socio Diego Torres.

Imputado en el 'caso Nóos'

García Revenga declaró como imputado en la fase de instrucción del caso Nóos, pero el juez José Castro levantó posteriormente esa imputación, al no encontrar indicios delictivos en su conducta para continuar investigándole.

Antes de su declaración ante el magistrado, García Revenga defendió en un comunicado su inocencia, aunque reconoció haber "podido mezclar" desde su cargo de asesor "gestiones propias" de su puesto "con otras relacionadas con actividades privadas". Y justificaba este comportamiento por el hecho de que en estos 20 años había cultivado con las infantas "una relación más estrecha que la estrictamente profesional". "No pudiéndome negar, en razón de esta circunstancia, a prestar las ayudas que me solicitaban", añade.

Lo cierto es que García Revenga solía acompañar a las infantas no sólo en sus actividades institucionales, sino también en numerosas actividades privadas y de ocio, como ha dejado constancia la prensa gráfica.

Los abogados de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, presentaron este lunes un escrito dirigido al juez que investiga el caso pidiendo la nulidad de todo el procedimiento judicial por las presuntas "escuchas ilegales" sufridas por su cliente, según indicaron a infoLibre fuentes judiciales. Gómez Iglesias está imputado por estafa y falsedad documental.

Los letrados Víctor Sunkel e Israel Paz fundamentan su petición en un atestado policial y en una grabación entre cargos de la Policía Nacional y agentes del CNI, desvelada por este periódico el pasado 20 de diciembre. Ambas pruebas están incorporadas al sumario del caso, que instruye el juez Arturo Zamarriego.

En el atestado policíal se reproducen conversaciones del pequeño Nicolás con Carlos García Revenga, secretario de las hermanas del rey, y con Emilio García Grande, coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. García Revenga iba a dejar en teoría de trabajar en Casa del Rey el pasado 31 de diciembre, pero un portavoz oficial aseguró este lunes a infoLibre que en la institución "no saben" si sigue en la nómina de la Zarzuela.

En cuanto a la grabación, en ella participan tres hombres y una mujer: el comisario de Asuntos Internos de la Policía, el jefe del grupo IX de Asuntos Internos que detuvo al pequeño Nicolás y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos primeros interlocutores están en el despacho del comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y los dos últimos intervienen por conferencia telefónica desde otro lugar. Los interlocutores hablan de "la cobertura" que necesitan para "pedir el correo" del joven, de "lavar lo que se pueda" de la información que tenían acumulada y de convencer a "Pilar" de que el asunto corría "mucha prisa". Pilar es el nombre clave que utilizó en su día una agente que ahora ocupa un importante cargo en el CNI. La conversación fue grabada por una quinta persona, que fuentes de la investigación sospechan que también es un agente de los servicios de inteligencia.

La conversación fue filtrada desde el CNI al pequeño Nicoláspequeño Nicolás. El 9 de diciembre, la web Información Sensible informó de la existencia de dicha grabación. Y el 20 de diciembre, tras ser aportada por la propia Policía al juez de instrucción, este periódico difundió la conversación íntegra.

Como explicaron ya entonces fuentes conocedoras de la investigación, el hecho de que Francisco Nicolás Gómez Iglesias hubiese recibido un documento tan sensible desde dentro del CNI demostraba públicamente dos cosas: alguien en los servicios de inteligencia quería que la utilizase para anular el sumario judicial, porque los interlocutores hablan presuntamente de incluir pruebas que no están legalizadas, y de paso quedaba desmentida la versión oficial de que era únicamente un joven fantasioso sin contactos en el CNI. 

La teoría de los frutos del árbol envenenado

Los abogados Sunkel y Paz consideran, en el escrito presentado al juez, que tanto el atestado policial como la grabación entre policías y espías demuestran que su cliente tenía el teléfono pinchado de forma "ilegal". Y entienden que el resto de pruebas obtenidas en el procedimiento judicial se nutren de la información obtenida gracias a ese pinchazo irregular, por lo que piden que se aplique lo que se conoce como "teoría de los frutos del árbol envenenado": si es ilegal la fuente de las pruebas (el pinchazo ilegal sería en este caso el árbol), también deben ser declarados ilegales todos sus frutos (las pruebas obtenidas a partir del pinchazo ilegal). Por ello sostienen que se debe anular todo el procedimiento.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias está citado ante el juez, por tercera vez, el próximo 9 de enero. La primera declaración judicial se produjo en octubre, tras su detención, y la jueza de guardia decidió dejarlo en libertad a pesar de que la Fiscalía solicitó entonces prisión preventiva incomunicada y sin fianza. El 19 de diciembre, ya ante el juez Zamarriego, el pequeño Nicolás se acogió a su derecho a no declarar alegando que una parte del sumario seguía siendo secreto. En aquel momento sus abogados no tenían todos los documentos de la parte de la instrucción que ya no estaba bajo secreto. Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que el próximo viernes volverá a negarse a declarar ante el juez, ya que parte del sumario sigue estando bajo secreto. 

El escándalo del pequeño Nicolás le puede terminar costando el puesto al comisario Marcelino Martín-Blas y ha dejado al descubierto la guerra interna que existe en el CNI, donde dos sectores enfrentados están tomando posiciones de cara a la sucesión del director del espionaje español. El general del Ejército Félix Sanz Roldan fue nombrado director del CNI en julio de 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y confirmado en el cargo cinco años después por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero en el CNI dan por supuesto que el relevo de Sanz Roldán se producirá a lo largo de 2015.

A partir del 1 de enero de 2015, los miembros de la familia real no podrán viajar gratis en vuelos comerciales, aceptar regalos personales "que puedan comprometer la dignidad de sus funciones institucionales" ni beneficiarse de favores o servicios ofrecidos en condiciones ventajosas por su mera condición de miembros de la familia real, anunció este jueves la Casa del Rey.

Tal y como se comprometió el nuevo equipo de Felipe VI al mes de su proclamación, la Casa del Rey ha elaborado una normativa interna para regular los regalos que se hagan a los miembros de la familia real, que en la actualidad ha quedado limitada a los reyes Felipe y Letizia, sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, el rey Juan Carlos y la reina Sofía.

También ha establecido un código de conducta para todos los empleados que trabajan para la Casa del Rey, quienes estarán obligados a mantener "un comportamiento ejemplar que contribuya" a que los ciudadanos crean, sientan respeto y confíen en la institución, explicaron en una sesión informativa con medios de comunicación fuentes del palacio de la Zarzuela, encuentro al que no fue invitado infoLibre.

Sin confesar abiertamente que hasta la fecha miembros de la familia real hayan disfrutado de billetes de avión gratuitos con ciertas aerolíneas comerciales, un portavoz de la Casa dejó claro que con la nueva regulación este tipo de ventajas no tendrá cabida.

"Los miembros de la familia real no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas", reza uno de los principios generales de la normativa.

Ni yates ni Ferrari

Con este nuevo régimen de regalos, Felipe VI no podría aceptar como obsequio, por ejemplo, un coche de lujo como los dos Ferrari que el primer ministro emiratí y jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum, regaló al rey Juan Carlos a finales de 2011 en el marco de una visita privada. El monarca cedió los coches a Patrimonio Nacional –que van a subastarse–, pero en un supuesto similar con la nueva regulación no se aceptaría ese regalo y así se comunicaría a quien pretende hacer el obsequio, pusieron como ejemplo las citadas fuentes. Tampoco cabría aceptar un yate como el Fortuna pagado a escote por un grupo de empresarios baleares. 

La nueva norma impedirá asimismo, por citar otro ejemplo, que los miembros de la familia real disfruten para su uso particular de vehículos que les haya cedido alguna marca de automoción, como fue el caso del coche eléctrico que Mitsubishi dejó probar durante un mes a la reina Sofía durante sus vacaciones en Mallorca en 2010. "No habrá servicios prestados a la Casa Real que no tengan su correspondiente retribución económica", insistió un portavoz de Zarzuela.

Así las cosas, la familia real sólo podrá aceptar regalos institucionales (los que conceden autoridades nacionales o extranjeras en el marco de visitas oficiales) o personales, siempre y cuando no excedan "los usos habituales, sociales o de cortesía", que es el límite que introduce la Ley de Transparencia, que entrará completamente en vigor el próximo 10 de diciembre, para los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado.

Publicidad de los regalos

Todos los regalos institucionales pasarán a pertenecer a Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La Zarzuela publicará en su página web la relación de regalos institucionales recibidos con periodicidad anual. Cuando los regalos personales excedan dichos usos, pero se considere que pueden ser aceptados, pasarán a tener el mismo tratamiento que los regalos institucionales "o bien serán cedidos a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general". La Casa del Rey no dará publicidad a los regalos personales aceptados ni a aquellos cedidos a alguna entidad sin ánimo de lucro.

Será una comisión formada por altos cargos de la Casa del Rey la que valorará cada regalo –teniendo en cuenta su valor histórico, estético o económico– y propondrá su calificación como institucional o personal. En el caso de los obsequios personales que no vayan a disfrutar los miembros de la familia real, la Corona decidirá si los cede a Patrimonio Nacional o a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general.

El nuevo régimen de regalos impedirá asimismo a la familia real aceptar "préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado". Tampoco podrán quedarse regalos en metálico. En este último caso, lo devolverán o lo donarán a una "entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general".

La norma detalla incluso qué ocurre en el caso de que reciban premios o reconocimientos que comprendan una dotación económica. "Deberá procederse a ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general", establece el régimen. Menciona también el caso de aniversarios o celebraciones de carácter singular de algún miembro de la familia real en los que se presuma que darán lugar al ofrecimiento de regalos. Cuando se dé esta situación, "se establecerá un régimen propio que será objeto de información pública", promete la norma.

Qué pasa con las herencias

Aborda asimismo las eventuales herencias que dejen en favor de algún miembro de la familia real personas que no tengan una relación familiar con ellos, como fue el caso del legado del empresario menorquín Juan Ignacio Balada. "Podrán ser aceptadas cuando así se considere procedente", dice la norma. Eso sí, los bienes "deberán incorporarse a Patrimonio Nacional o ser entregadas a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación".

Al margen del régimen de regalos, la Casa del Rey ha elaborado un código de conducta para todos sus empleados, tanto los altos cargos como el resto del personal cuyas nóminas pagan otros ministerios pero que están destacados en la Casa. Estos trabajadores deberán abstenerse de comportamientos que "puedan afectar negativamente a la imagen y prestigio de la Casa"; no podrán intervenir en operaciones financieras o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto en la Casa y no podrán "prevalerse de su condición de miembro de la Casa para obtener alguna ventaja en beneficio propio o de terceros, ni aceptar trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada". Estas son algunas de las 20 normas de conducta que establece el código, que no especifica sanciones en caso de incumplimiento.

García Revenga dejará la institución antes de fin de año

Durante la reunión, las fuentes de Zarzuela confirmaron que el asesor de las Infantas Elena y Cristina –quienes ya no forman parte de la familia real, son simplemente familia del rey–, Carlos García Revenga, sigue trabajando para la institución, pero dejará su puesto antes del 31 de diciembre.

García Revenga figuró durante unos meses como tesorero del Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin y asesoró a éste en el comienzo de su actividad empresarial. Declaró como imputado ante el juez José Castro durante la instrucción del caso Nóos pero finalmente el magistrado levantó su imputación. En un comunicado previo a su declaración ante el juez, admitió haber "podido mezclar" desde su cargo de asesor "gestiones propias" de su puesto "con otras relacionadas con actividades privadas". Con el código de conducta en vigor, García Revenga no podría haberse involucrado en el Instituto Nóos como lo hizo, ya que en folletos de presentación de esta entidad, se mostraba que el tesorero del instituto era "asesor de la Casa de Su Majestad el Rey".

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido el pasado 14 de octubre acusado de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad por hacerse pasar por asesor del Gobierno de España, ha asegurado que ha colaborado con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con Presidencia y con la Casa Real, y que fue detenido fruto de "una campaña de desprestigio" porque tiene "mucha información".

"Me detuvieron porque tenía mucha información, porque sé demasiado", ha asegurado el joven de 20 años en una entrevista concedida al diario El Mundo. "Lo primero que hicieron fue borrar mis WhatsAppcon personalidades del Estado y mis emails. Pero son tan chapuzas que no lograron eliminar todo. Aún tengo en mi poder material", ha asegurado.

Conocido como el pequeño Nicolás, se encuentra en libertad con cargos. Tras su detención, compareció ante la juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa. Esta juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular instruye las diligencias de origen. Además, desestimó el delito de usurpación de funciones públicas.

En relación a su detención, Francisco Nicolás ha aseverado que sigue sin saber los motivos. "Me detuvieron seis policías, como si fuera un terrorista o un peligroso asesino", ha incidido, recordando que la Policía registró la casa de su abuela en busca de dinero, aunque "no encontraron nada porque no había nada".

Además, ha explicado que antes de su detención fue avisado por quien fuera secretario personal de la infanta Cristina, Carlos García Revenga, uno de sus contactos en la Casa Real. "Estuve detenido casi 72 horas sin que nadie me dijera por qué. Lo pasé muy mal", ha manifestado.

"Solucionar el problema catalán"

Con respecto a los cargos de que se le acusa, el pequeño Nicolás ha explicado que el supuesto estafado está "a muerte" con él y no le ha denunciado, y que "nunca" ha usurpado ni falsificado ningún documento público.

Sobre sus trabajos para distintos organismos, ha declarado que su contacto en el CNI era la directora de Gabinete del secretario de Estado director; mientras que en Casa Real eran el propio García Revenga, el jefe de la Secretaría del Rey Juan Carlos, Alfonso Sanz Portolés, e incluso el exjefe de Estado; y dentro del Ejecutivo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así, ha incidido en que "desde Vicepresidencia" se le encargó "solucionar el problema catalán", recopilando información "para intentar desestabilizar a ERC". "Por eso mantuve dos reuniones con Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, cuatro con Javier de la Rosa, empresario que tiene bastante información de la familia, y tres con Oriol Pujol".

La Casa Real, por su parte, habría pedido al pequeño Nicolás que "a doña Cristina se la exculpe en el proceso judicial en el que está metida", el caso Noós, en el que se la imputa por delito fiscal. Para ello, habló con el presidente y la abogada de Manos Limpias, acusación en este caso. "Estaban de acuerdo en retirar la acusación si desde arriba se portaban bien con ellos", ha subrayado, añadiendo que se reunió en una ocasión con la propia Infanta: "La vi, me dio un beso y las gracias". También asegura haber hablado con el rey Juan Carlos.

Francisco Nicolás, que ha asegurado que siempre le han llamado Fran, ha apuntado que sigue "desaparecido" desde su puesta en libertad "para evitar los seguimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y por "la presión mediática".

Las reacciones de la Casa del Rey y el Gobierno

La Secretaría de Estado de Comunicación ha afirmado este sábado en un comunicado que Francisco Nicolás Gómez "nunca ha colaborado con la Vicepresidencia del Gobierno y, en consecuencia, nunca ha recibido ningún encargo".

El Gobierno ha remitido un comunicado a El Mundo en el que afirma, entre otras cosas, que "el señor Gómez Iglesias nunca ha viajado con la vicepresidenta, ni en su vehículo oficial, ni privado". Y se agrega que "tan pronto se tuvo noticia de que el señor Gómez Iglesias se hacía pasar por colaborador o miembro del gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, en términos similares a los que emplea en esta entrevista, se puso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La Casa del Rey aseguró por su parte que "nunca" encargó nada al pequeño Nicolás y menos "sobre el procedimiento judicial referido a la infanta Cristina". Admite eso sí que Francisco Nicolás le hizo llegar su interés en ser recibido por el rey Juan Carlos. "Ante su interés en ser recibido por el rey don Juan Carlos se le transmitió que lo pidiera por escrito, siguiendo el procedimiento oficial habitual", precisaron a Europa Press las mismas fuentes, que añadieron que "nunca se recibió tal petición y que no ha sido recibido nunca por don Juan Carlos".

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto por el que el juez José Castro puso fin a la instrucción de la causa, y en su escrito pide que se impute de nuevo al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, al considerar que participó "activamente" en los negocios desplegados a través del Instituto Nóos mediante una labor de "control y conocimiento de todo lo que se hacía".

Mediante un recurso de apelación de 51 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad solicita que en total vuelvan a ser encausadas seis personas para quien el magistrado acordó el archivo la semana pasada. Se trata, además de García Revenga, del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; Mario Sorribas, considerado mano derecha de Iñaki Urdangarin; el supuesto creador de una estructura para poder desviar fondos al extranjero, Salvador Trinxet; el director financiero de Madrid 16 Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, Miguel de la Villa.

A través de un contundente escrito, que arremete asimismo contra la actuación desplegada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las negociaciones con Nóos para el impulso de los denominados Valencia Summit, la letrada del sindicato centra su petición principal en el encausamiento de García Revenga como cooperador necesario de los mismos delitos en que habrían incurrido tanto el Duque de Palma como su exsocio Diego Torres.

"El señor García Revenga tenía tanta responsabilidad en esta causa como lo pueda tener el señor Urdangarin", recalca la abogada Virginia López Negrete, quien subraya que quien fuera el tesorero del Instituto Nóos "era la persona que, en última instancia, se encargaba de abrir las puertas a los negocios".

Y es que, según la acusación popular, hasta tal punto llegó la "artimaña" de los creadores de Nóos –entidad a través de la cual Urdangarin y Torres se habrían apoderado de hasta 5,8 millones de euros– que "fueron incluso capaces de autocrearse un cargo, el del mismo García Revenga, para aparentar mayor solvencia, credibilidad y, cómo no, influencias".

Es más, apunta que la adjudicación de su cargo fue "única y exclusivamente, junto con la Infanta Cristina, de dar una apariencia de que si se contrataba con el Instituto Nóos, quien estaba detrás del mismo no era ni más ni menos que la hija del rey y un reputado miembro de la Casa Real".

Felipe VI ha nombrado al abogado del Estado Jaime Alfonsín nuevo jefe de la Casa del Rey, en sustitución del diplomático Rafael Spottorno. El relevo se hará efectivo mañana martes, confirmó a Europa Press un portavoz del palacio de la Zarzuela.

Alfonsín ha sido la mano derecha del príncipe de Asturias, hoy monarca, durante los últimos 20 años, por lo que es un hombre de su absoluta confianza. Nacido en Lugo en 1956, Alfonsín renunció a una prometedora carrera en la empresa privada para dirigir en 1995 una secretaría de nueva creación dentro de la Casa del Rey que se encargaría de organizar las actividades del Príncipe de Asturias, a partir del momento en que el heredero de la Corona regresó a Madrid tras haber completado su formación con un máster en relaciones internacionales por la Universidad de Georgetown (EEUU).

Justo antes de incorporarse al equipo de la Casa del Rey, Alfonsín trabajaba en el prestigioso despacho de abogados Uría y Menéndez, y antes, fue secretario general y director de la Asesoría Jurídica del banco Barclays. De haberse mantenido en la empresa privada, Alfonsín tendría un sueldo mucho más alto que el que recibe como alto cargo de la Casa del Rey, señalan en su entorno.

Los periodistas que han tratado con Alfonsín han podido comprobar que se trata de un hombre extremadamente prudente y discreto, mientras que personas que han trabajado con él le definen además como un hombre eficaz, tranquilo y reflexivo.

El primero de más cambios

Una vez que se publique su nombramiento en el BOE, Alfonsín completará el resto del equipo de la Casa del Rey. Entre otros cambios, sustituirá al director de Comunicación, que es en la actualidad el periodista Javier Ayuso. A Ayuso le relevará previsiblemente el periodista Jordi Gutiérrez, que trabajó durante 16 años (1993-2009) como número dos en el departamento de prensa de la Casa Real, donde se ocupaba principalmente de las actividades de los príncipes de Asturias. En la actualidad, es director de comunicación en la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Alfonsín tendrá que decidir también si cesa al secretario de las infantas Elena y Cristina, que han dejado de ser miembros de la familia real. Carlos García Revenga también está imputado en el caso Nóos junto a Iñaki Urdangarin y su esposa.  Está por ver si la estructura de la Casa del Rey se adelgaza o no como consecuencia de la nueva composición de la familia real. Debido a la juventud de la princesa de Asturias, Leonor (ocho años), no parece que tenga mucho sentido el mantenimiento de una secretaría para ella.

Alfonsín es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y se graduó tras haber obtenido el primer premio extraordinario de su promoción. En 1980 ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado. Como tal prestó servicios en las Delegaciones de Hacienda de Teruel y Cuenca; en el Ministerio de la Presidencia; en el Tribunal Supremo y en la Asesoría Jurídica de la Comisión Europea. También Ha desempeñado el cargo de director general de Cooperación con los Regímenes Autonómicos del Ministerio de Administración Territorial.

Desde 1984 hasta 1992 fue secretario general y jefe de la Asesoría Jurídica de Barclays Bank, y desde 1992 a 1995 ejerció la Abogacía en el Despacho de Abogados Uría y Menéndez. Asimismo, ha sido profesor de Derecho de la Unión Europea en ICADE y profesor de Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Madrid.

Alfonsín, casado y con dos hijas, sustituirá a Rafael Spottorno, que ha dirigido la Casa del Rey desde septiembre de 2011, apenas dos meses antes de que adquiriese notoriedad pública la investigación judicial en torno a los negocios de Iñaki Urdangarin con el registro judicial de las sedes de varias empresas vinculadas a él y a su socio Diego Torres. El diplomático es un viejo conocido de la institución, donde trabajó como secretario general entre 1993 y 2002.

A él le ha tocado lidiar con todo el caso Nóos, cuyo largo sumario ha llegado a calificar de "martirio", por las continuas informaciones que en los medios de publicación se han publicado en los últimos tres años. Y él fue también quien, en una reunión con la prensa en diciembre de ese mismo año, anunció que Urdangarin quedaba apartado de la agenda de la familia real por su comportamiento "no ejemplar". En aquel encuentro Spottorno también dejó entrever que la Casa no iba a contar tampoco con la infanta Cristina, aunque en su caso, solo respondió con un "ya veremos" cuando los periodistas le preguntaron si la hija menor del monarca seguiría participando de la agenda oficial. Lo cierto es que desde ese mismo momento ella también quedó apartada de facto de los actos oficiales. 

A Spottorno también le ha tocado preparar la transición que ha culminado con la abdicación del rey Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI que, según fuentes de la Casa, se ha hecho "con la dignidad" que se merece un país como España. 

El enroque de desmemoria y desconocimiento con que la infanta Cristina afrontó el sábado las más de seis horas de interrogatorio como imputada por presunto delito fiscal y de blanqueo abre un inmenso interrogante sobre si su situación procesal se verá o no modificada en fechas próximas. La conjugación de sus evasivas respuestas con los informes de Hacienda que la exculpan de delito fiscal le presentan a priori un horizonte favorable. Salvo viraje, el fiscal Pedro Horrach, que desde hace año y medio sostiene que la infanta no cometió delito con independencia de los “reproches éticos” que cupiera hacerle, no planea pedir la desimputación. Y ese dato indica por sí mismo que Horrach espera que sea el juez el que por iniciativa propia deseche la idea de enfilar la recta final del caso –la apertura de procedimiento abreviado, fase anterior a la apertura de juicio– con la infanta en el listado de inculpados. La última palabra, no obstante, la tiene el magistrado.

Mientras que la Fiscalía considera prácticamente cerrado el caso a falta de algunos flecos –algunas declaraciones pendientes en Valencia y las posibles a Francisco Camps, quien hace una semana marchó el primero por la senda de la amnesia y una pretendida y absoluta falta de conocimiento sobre lo que hacía su Gobierno–, las acusaciones populares pedirán previsiblemente la práctica de nuevas pruebas. Manos Limpias, que impulsó la imputación de la infanta, confía en estar aún a tiempo de contrarrestar el varapalo que para su estrategia significó la declaración de su perito tributario. El perito no solo no logró refutar los argumentos de Hacienda sobre la ausencia de delito fiscal por parte de Aizoon SL, la empresa que comparten Urdangarin y la infanta al 50%, sino que en la práctica obligó al juez a preparar un interrogatorio nucleado en torno a otro eje: el delito fiscal dio así paso a un extenso guión de más de 400 preguntas focalizadas en el papel desempeñado por la infanta en la creación y funcionamiento de Instituto Nóos y Aizoon SL como estructura pantalla para captar primero fondos públicos y luego privados –sobre todo, Aizoon SL–, enriquecer a sus propietarios y defraudar a Hacienda.

En el interrogatorio, la infanta reconoció, por ejemplo, que una de las personas con quien Urdangarin consultó en 2004 los posibles escenarios de financiación para la compra del palacete de Pedralbes es quien le hace a ella y a toda su familia la declaración anual de IRPF. Y esa persona, Federico Rubio Carvajal, no es un asesor tributario privado, sino un alto funcionario de Hacienda, como desveló infoLibre.

¿Sabía la infanta que Federico Rubio es funcionario del departamento de Gestión Catastral? No, respondió en su línea. Pero ni el juez ni el fiscal ni la abogada del Estado le preguntaron si ella o su marido consultaron con Rubio Carvajal si era correcto que Urdangarin canalizase a través de Aizoon SL sus ingresos personales como consejero o asesor de empresas privadas. Cristina de Borbón admite que era consciente de que su esposo quería vehicularlos a través de la sociedad, como de hecho hizo. Pero asegura simultáneamente que ni se planteó que hacerlo pudiera implicar un fraude a Hacienda. Urdangarin, simplemente, computaba sus ingresos como si fueran de la sociedad, no los contabilizaba en su declaración de IRPF y ahí radica el fraude. Su mujer, que confiaba y confía en el exjugador de balonmano, remarcó anteayer sábado que, lejos de ser un “escudo fiscal”, su condición de hija del rey la sitúa bajo el foco de todos los controles. Queda abierta, por tanto, la duda de por qué se desentendió del asunto, si su percepción era que su marido y ella lo hacían todo “con rigor”.

El horizonte judicial no ha mejorado para García Revenga

Pero las “conjeturas”, y esa es la piedra angular que sustenta la posición del fiscal desde que Manos Limpias pidió por primera vez la imputación de la infanta en la primavera de 2012, no constituyen indicios. Aunque su distanciamiento de Horrach se agranda por días, el juez Castro es consciente de que una cosa es llamar a un sospechoso como imputado durante la fase de instrucción y otra muy distinta sentarlo en el banquillo de los acusados en un juicio. ¿Hay elementos de prueba para incluir el nombre de Cristina de Borbón en el auto de pase a procedimiento abreviado? Esa es la gran pregunta.

Si el magistrado decidiera hacerlo, el fiscal se opondría mediante la fórmula de presentar escrito de acusación contra los otros imputados que planee llevar a juicio, pero no contra la infanta. ¿Saldría entonces también de la lista el secretario de las dos hijas del rey, Carlos García Revenga? Es más dudoso, porque los correos electrónicos constatan que Urdangarin consultaba cada paso con RevengaUrdangarin consultaba cada paso con Revenga, quien, por cierto, mantiene intacto su puesto en la Casa Real un año después de haber sido imputado.

La infanta no aclaró nada que no supiera el juez

Convencido de que la maquinaria del Estado se ha movilizado a favor de la infanta de una manera inédita, el juez se plantó hace ya 10 meses, cuando la Audiencia tumbó su primera imputación, construida de manera implícita sobre la base de que Cristina de Borbón se incorporó a la junta directiva de Instituto Nóos con el exclusivo fin de que su apellido y posición abrieran puertas cerradas para otros: en resumen, que pudo incurrir en tráfico de influencias. Una vez revocado ese auto, Castro indagó en la línea que paradójicamente le marcó la misma Audiencia –el delito fiscal y el blanqueo– y logró que por fin la infanta acudiera a su juzgado para dar explicaciones.

Quienes le conocen entienden que la hija del rey ni aclaró ni explicó nada que no supiera ya el juez. La sucesión de “no recuerdo”, “no me consta”, “no sé” que el sábado pasado inundó la sala donde se desarrolló el interrogatorio reafirmó a varios de los presentes en que Cristina de Borbón había sido cuidadosamente preparada por el equipo de defensa que dirige Miquel Roca. Y que su objetivo es obtener una rápida desimputación que dé una tregua a la Casa Real al sacar su nombre de los titulares periodísticos en cualquier soporte.

La imagen solitaria del abogado de Urdangarin

Entre el amor y la sangre, la infanta optó por lo segundo con una defensa cerrada de su padre y una continua referencia a cómo Urdangarin lo gestionaba todo, lo cual empeora aún más su futuro judicial. Testigos presenciales del interrogatorio aseguran que su línea de discurso abrió paso a la idea de que los letrados de la infanta y el de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, no van exactamente al unísono, por mucho que el duque de Palma ya se hubiera esforzado en presentar a su mujer como a alguien que casi pasaba por allí, sin arte ni parte en sus negocios. Una fuente conocedora de la declaración de la infanta relata cómo la imagen de Mario Pascual quedó grabada en su retina: “Siempre se sienta en el estrado o en la primera fila si no hay sitio. El sábado se sentó en la última fila. Solo”.

Desde esa fila, es seguro que Mario Pascual oyó cómo la esposa de su cliente declaraba, por ejemplo, su total desconocimiento sobre cómo Urdangarin y Diego Torres fueron socios durante al menos cuatro años en Nóos Consultoría Estratégica SL, pieza clave en el trasvase de fondos públicos desde el Instituto Nóos, que logró convenios a dedo por 5,8 millones en Valencia y Baleares mientras Urdangarin, su asesor legal -Miguel Tejeiro-, la infanta, su secretario -Carlos García Revenga-, y Diego Torres dirigían la junta de la pretendida ONG.

La infanta, ya lo dijo el sábado, jamás firmó ningún acta ni participó en ningún acto del Instituto Nóos después de que el asesor legal del rey, el conde de Fontao, les hiciera marcharse a ella y a su marido en marzo de 2006 por razones “estéticas”. Solo hubo una excepción a la regla, a tenor de su testimonio: Cristina de Borbón sí participó en enero de 2007 en la presentación de una campaña humanitaria liderada por Telefónica bajo el lema Un mundo mejor para Joana. Ese acto formó parte de aquellos por los que el Instituto Nóos facturó 178.000 euros. Pero la infanta –y así lo precisó durante el interrogatorio– lo presidió porque le llegó “por conducto oficial”.

Hace hoy 10 meses exactos, el juez de Palma José Castro abrió la definitiva caja de Pandora del caso Urdangarin. Castro dictó el 3 de abril de 2013 un auto por el que imputaba a la infanta Cristina y cuyas páginas dibujaban largamente, sin nombrarlo porque la ley no le obliga a ello, un posible delito de tráfico de influencias. La función de la hija menor del rey en el Instituto Nóos era la de una “utilitarista figuración”, escribió entonces el magistrado. En otras palabras: permitió que el peso de su apellido y posición fueran usados por su marido para abrir puertas que en otro caso habrían permanecido cerradas. Diez meses después de aquello y una vez revocada la primera imputación, la infanta inicia la bajada simbólica de una rampa –la de los juzgados de Palma- que recorrerá físicamente el sábado en coche salvo que su deseo personal sea hacerlo a pie y que la colocará ante el juez Castro, ahora por presuntos delitos de mayor gravedad: fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La infanta inicia esa bajada sin que la Casa Real ni la poderosa maquinaria del Estado que con sorprendente agilidad lleva casi un año movilizada en su defensa política y legal hayan deslizado un solo reproche no penal sino ético a su actuación. Pero el cierre de filas, destinado a preservar no solo el futuro de la infanta en el juzgado número 3 de Palma sino también su imagen, ha acabado convertido en un durísimo bumerán. Y ese bumerán no solo golpea el crédito de las instituciones involucradas, sino que ha desplazado hacia el Código Penal y los jueces que “se atreven” a aplicarlo el eje de la confianza frente a los desmanes de los poderosos. La idea de que la infanta "lo sabía todo" y es culpable, digan lo que puedan decir las pruebas. Y esa idea es esencialmente el fruto paradójico de la campaña desplegada para salvarla.

Ni la Casa del Rey, que es la de su padre pero también la que encarna la Jefatura del Estado, ni el Gobierno, han mostrado un solo signo de reconvención al comportamiento de la infanta que se sentaba en la junta directiva del rentabilísimo Instituto Nóos, la pretendida ONG que consiguió a dedo seis millones de euros públicos puntualmente traspasados a las cuentas de sus capitanes, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, y a las de sus respectivos conglomerados empresariales. A esa constelación, partida en dos una vez que el tándem Urdangarin-Torres explotó solo en 2008 y básicamente por disputas económicas, pertenece Aizoon SL, la sociedad que los duques de Palma comparten al 50%.

El fiscal sí la cree responsable civil a título lucrativo

Perpetrando o no delito fiscal –Hacienda sostiene que la empresa como tal no lo cometió y el juez parece ahora inclinado a dar por válida esa tesis–, Aizoon asumió como propios gastos privados por cientos de miles de euros. Entre ellos, la reforma del palacete familiar de Pedralbes, viajes de la pareja y sus hijos, un bautizo, un cumpleaños y una comunión. Y algo más: como persona jurídica, Aizoon SL, es decir, la empresa de Urdangarin y Borbón, alquiló el palacete de Pedralbes a Urdangarin y Borbón como personas físicas. Ese contrato fue firmado por los dos propietarios.

Aizoon asumió esos gastos privados como si fuesen empresariales no porque hubiera cobrado vida autónoma gracias a una futurista aplicación contable. Los asumió porque su administrador, Iñaki Urdangarin, lo decidió así. Y Urdangarin es quien administra la empresa porque los dos socios de la compañía –él mismo y su esposa- así lo acordaron. De hecho, y aunque el fiscal del caso, Pedro Horrach, entiende que la infanta no delinquió, ya ha anunciado que la considera responsable civil a título lucrativo. Es decir, considera que también ella se lucró con el dinero que año tras año fluyó hacia Aizoon y le exigirá que devuelva la mitad. La cifra podría rondar el medio millón de euros.

El papel de la infanta en la construcción y desarrollo de Aizoon SL como pantalla –el notario que escrituró el palacete aseguró que la hija del rey entró como socia a modo de "escudo" frente a inspecciones tributarias– centrará muy probablemente el juez el interrogatorio de la infanta. Pero, haya o no delito en el rol societario de la infanta, lo único constatado hasta la fecha es que al menos su marido pagó menos impuestos a Hacienda cada año gracias a que utilizó Aizoon como empresa tapadera. Y, desde luego, nada de lo anterior ha sido mencionado ni de soslayo por la Casa Real. Ni por los sucesivos miembros del Gobierno que, con Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón en cabeza, han mostrado un extraordinario interés en anticipar que nada malo puede ocurrirle a la infanta por cuanto es inocente. Han actuado, en resumen, como si la causa de la infanta fuese cosa suya. O, más exactamente, cuestión de Estado y no de una ciudadana de ese Estado.

Ausencia de consecuencias políticas

Que en esta segunda imputación de la infanta, la que el sábado la llevará a declarar ante el juez Castro, ni la Fiscalía ni su propia defensa hayan recurrido ante la Audiencia de Palma en absoluto indica que la posición oficial de la Zarzuela haya variado respecto de la hija del rey. Los abogados de Cristina de Borbón no impugnaron esta vez el auto del magistrado en la convicción de que hacerlo podía constituir un remedio peor que la enfermedad y porque supieron que la Fiscalía no pensaba secundar ahora un nuevo recurso. Dar vía libre a su comparecencia como imputada –el equipo jurídico comandado por Miquel Roca y Jesús Silva llegó a hablar de "declaración voluntaria"– fue una decisión estrictamente pragmática.

Un dato secundario pero ilustrativo demuestra la ausencia de consecuencias políticas que para Cristina de Borbón ha tenido su presencia en el Instituto Nóos, su cercanía al periplo de esa ONG y de las siguientes vinculadas a su esposo con la aquiescencia o la tolerancia del asesor legal del rey, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, y al realizado por la propia Aizoon. Si bien la infanta no participa en los actos oficiales de la Corona y, en consecuencia, ninguna asignación procedente de los presupuestos del Estado percibe desde 2012, su secretario personal, Carlos García Revenga, permanece incólume en su cargo un año después de haber prestado declaración como imputado.

Revenga está imputado por su condición de tesorero del Instituto Nóos hasta marzo de 2006 y porque los correos electrónicos demuestran que Urdangarin se lo consultaba todo. Marzo de 2006 fue la fecha en que, por razones originalmente atribuidas a una directriz de la Zarzuela y que hoy se inscriben en la nebulosa del caso, todos los cargos de la ONG vinculados a los duques de Palma, con Urdangarin en cabeza, cedieron sus puestos al grupo de Diego Torres, hasta entonces minoritario en la junta de la asociación. La imputación de García Revenga continúa vigente. Su destino como secretario de las infantas, también.

Escándalos políticos y "martirio"

Aquella primera imputación de la infanta dictada en abril de 2013, y apenas si se precisa recordatorio, terminó tumbada por la Audiencia de Palma. Pero su lanzamiento marcó el inicio de la reseñada estrategia de vindicación abierta y constante de la infanta.

Diez meses después, el martilleo institucional y político sobre la inocencia de la infanta ha adquirido las dimensiones y el peso de un durísimo bumerán. Con una opinión pública convencida de que Cristina de Borbón "lo sabía todo" y es culpable digan lo que digan los informes de Hacienda, la Fiscalía, la Abogacía del Estado o, llegado el caso, el propio juez José Castro, la táctica de blindar penalmente a la infanta no sólo se ha demostrado ineficaz sino que ha eclipsado una faceta que en cualquier otro caso de corrupción ocupa el centro de la escena: la política, ajena aunque vecina de la penal y central en la vida pública.

Tanto en Gürtel como en el caso de los ERE de Andalucía, por citar los escándalos de dinero público más señeros, nunca ha cesado la oposición –el PSOE en el primer caso, el PP, en el segundo– en su exigencia de que asuman responsabilidades políticas quienes, sin haber incurrido en delito o sin que se haya acreditado que lo hicieron, no advirtieron, como mínimo, que el delito se estaba perpetrando pese a ocupar posiciones de poder. ¿Es equiparable el cargo de presidente de un partido, en el caso de Mariano Rajoy, o de una comunidad autónoma, en el de José Antonio Griñán, con el de infanta de España?

Difícilmente cabe la equiparación milimétrica dado que los primeros alcanzaron su cargo por elección y la infanta lo es por razones estrictamente biológicas. Pero difícilmente también puede obviarse la analogía. Rajoy lleva cinco años sometiéndose a preguntas parlamentarias y periodísticas que no siempre responde pero que, de tanto en tanto, penden sobre él como una auténtica espada de Damocles.

Y Griñán terminó por dimitir y dar el relevo en cuanto el caso de los ERE elevó su rango por encima de los límites políticos tolerables y la jueza señaló en su dirección y la de su antecesor, Manuel Chaves.

En el polo opuesto,Cristina de Borbón mantiene aún hoy en el discurso de la Casa Real una posición incuestionada. Como viene a decir uno de sus abogados, Jesús Silva, nada se cuestionó la infanta porque el amor lo explica todo. O como late bajo las palabras públicas del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, Cristina de Borbón no solo no merece reproche sino que es la principal víctima del  “martirio” que representa la investigación sobre el entramado Nóos. Una instrucción demasiado larga en opinión de la Zarzuela, que nunca antes se había pronunciado sobre la duración de ningún otro proceso judicial.

(El caso Urdangarin como tal estalló públicamente en el otoño de 2011, dos años y medio después que el caso Gürtel. Los primeros ribetes del escándalo del caso de los ERE también asomaron en la primavera de 2009).

Carlos García Revenga, secretario de las infantas e imputado en el caso Nóos, participó en la gestión de al menos uno de los eventos familiares que el matrimonio Urdangarin-Borbón celebró en el palacete de Pedralbes y cuyo coste endosó a la empresa Aizoon, formalmente dedicada a la consultoría empresarial. En la mansión del lujoso barrio barcelonés, Aizoon abonó costes del 40 cumpleaños de Iñaki Urdangarin, de la comunión de sus dos hijos mayores y del nacimiento de la benjamina de la familia. Así consta en un informe remitido por la Policía al juez José Castro y en el que se analizan los pagos de obras, reformas, mantenimiento y suministros hechos por Aizoon en relación al palacete de Pedralbes.

Hasta la fecha, todos los informes de la Agencia Tributaria han concluido que, pese a ser compartir al 50% la titularidad de Aizoon SL con su marido, Cristina de Borbón vivía ajena a los manejos financieros y contables de la empresa. El cóctel y la merienda infantil pagadas por Aizoon y sobre cuya preparación fue informado el secretario de las infantas se corresponden con la fiesta de comunión de los dos hijos mayores de la pareja.. Ahora, el nuevo informe policial constata que, como mínimo, Cristina de Borbón estuvo presente en actos privados celebrados en su casa y financiados con fondos de la empresa de su copropiedad. 

Pero la comunión no  fue la única fiesta familiar que los Urdangarin cargaron a Aizoon, que, a mayores gastos contabilizados, menores impuestos de beneficios. Según el informe, la empresa del exjugador de balonmano y la hija menor del rey celebró con un cóctel para 81 personas el nacimiento de la benjamina de la familia, lo que costó 4.481 euros; y sufragó en 2008 la fiesta del 40 cumpleaños de Iñaki Urdangarin en 2008 (1.276 euros). Así consta en un informe remitido por la Policía al juez José Castro y que detalla todos los pagos hechos por Aizoon en relación al palacete de Pedralbes.

El evento más importante de los reseñados, dada la presencia de un miembro del organigrama de la Casa Real, es la comunión de los dos hijos mayores de los duques. El informe policial adjunta la oferta de la empresa que sirvió el catering, Semon SA para la celebración de un cóctel y una merienda el 23 de mayo de 2009. En referencia a ese ágape, por el que Aizoon SL pagó 4.591 euros: “ Asimismo se adjunta la propuesta de cóctel para 50 adultos en la que se puede leer que está dirigida a la atención de Carlos García Revenga y con la fecha 23/05/09, la propuesta de merienda para 30 niños así como un cuarto escrito en el que consta que el aperitivo es relativo a una comunión”

La “propuesta de cóctel para 50 adultos” fue dirigida por el catering a García Revenga el mismo día en que se celebró la comunión de los dos nietos del rey. El menú, típico de una fiesta de clase alta, incluía desde langostinos en tempura y tosta holandesa de salmón a miniemperadados de roastbeef con ensalada.

Pero la constatación de que el acto tuvo un carácter estrictamente privado se produce en la segunda parte de la propuesta enviada por Semonsa a Revenga. Bajo el epígrafe “Propuesta de merienda” aparece el primer ítem de la oferta: “Mesa imperial para 30 niños con decoración central de gominolas”. A renglón seguido, helados, dulces, zumos, emparedados y una tarta Sacher de chocolate blanco con frutos rojos completan la lista.

Pero la fiesta con que los niños Juan y Pablo Urdangarin Borbón formalizaron su integración consciente en la Iglesia Católica costó más. El informe incorpora una segunda factura de una empresa dedicada al montaje de carpas y que instaló las de la comunión. El importe del servicio, igualmente pagado por Aizoon SL, ascendió a 1.044 euros. 

El juez de Palma José Castro acaba de rechazar la petición de Manos Limpias para que, dentro del caso Urdangarin, investigase al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mediante la apertura de una pieza separada sobre los pagos que Madrid 16 hizo a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS). Esa fue la tercera y última ONG en que se embarcaron el yerno del rey y Diego Torres y justamente la utilizada para sacar de España medio millón de euros.

El magistrado no observa ningún indicio que apunte a que el entonces alcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, interviniese en el acuerdo por el que la sociedad que gestionaba la candidatura olímpica de Madrid para los Juegos de 2016 abonó más de 100.000 euros a la Fundación DCIS.

Por esos pagos ya están imputados varios altos cargos de Madrid 16, con la exconsejera delegada de la sociedad, Mercedes Coghen, en cabeza.

En referencia a Gallardón, el juez sostiene que “con independencia de lo verosímil que pueda o no resultar si (…) era o no conocedor de las relaciones que mediaban entre la Fundación Madrid 16 cuyo Patronato presidía y la Fundación que, a su vez, presidía Don Iñaki Urdangarin Liebaert”, no hay “por el momento” en la causa “dato alguno revelador” de que “ mantuviera, directamente o por conducto de persona interpuesta” reuniones con Urdangarin o algún otro miembro de la Fundación DCIS ni de que “emprendiera actuaciones” para sortear la ley y firmar el convenio. Tampoco, recalca el magistrado, “ consta que interviniera de manera directa o solapada”.

El auto ve la luz al día siguiente de que el diario Abc cuestionara la independencia judicial de Castro por haberse reunido por la tarde en un bar con la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, autora de la petición para abrir una pieza separada que conduciría a la imputación de Gallardón. Acompañada de varias fotos tomadas por una o varias personas, la información de Abc presentó aquella charla como un acto en que el juez y la letrada “intimaron”.

Revenga sigue imputado

El juez también ha rechazado las solicitudes de sobreseimiento formuladas por varios imputados, entre ellos Carlos García Revenga, secretario de las infantas y extesorero de Instituto Nóos.

El secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, ha solicitado ante el juez instructor del caso Nóos el archivo de su imputación ya que su inclusión en el Instituto obedeció a la presencia de la Infanta Cristina como vocal en la entidad y a la confianza que Iñaki Urdangarin tenía en él por cuestiones protocolarias, según el escrito que ha presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press.

García Revenga es empleado de la Casa del Rey desde septiembre de 1993. Compatibilizó durante 19 meses esa función con la de tesorero del Instituto Nóos que presidió Urdangarin y que está siendo investigado por la presunta comisión, entre otros, de delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación.

En su petición de doce páginas, García Revenga defiende que no es posible "predicar acto concreto" por su parte respecto a la gestión de Nóos, como tampoco en sus acuerdos, contratos o convenios, "en los que ninguna participación tuvo, ni tampoco beneficio económico".

Del mismo modo, Revenga, quien fue imputado en el marco de esta causa el pasado mes de enero por las gestiones que habría llevado a cabo dentro de Nóos y el conocimiento que pudiera tener de sus actividades, recalca que el hecho de que su nombre figurase en un folleto publicitario de la entidad como miembro de la misma "constituye una conducta de mero acompañamiento penalmente impune".

Revenga recuerda, de hecho, cómo la providencia dictada el pasado 29 de enero para citarle a declarar en calidad de imputado "no atribuía hechos concretos de carácter delictivo" contra él, más allá de su vinculación formal a Nóos, "que no material", entre el 23 de septiembre de 2003 y el 20 de marzo de 2006. Es más, asevera que tampoco existe informe policial, administrativo tributario o escrito de cualquiera de las acusaciones personadas que tengan carácter incriminatorio.

En esta misma línea, añade que ninguno de los correos incorporados a la causa evidencian que "tuviera intervención, control o dominio sobre la gestión y las actividades del Instituto Nóos". Sin embargo, lamenta que desde el pasado 23 de febrero, cuando compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, asume el estatus de imputado en el marco de estas actuaciones.

La defensa de García Revenga descarta en concreto su imputación por un delito contra la Hacienda Pública, pues "no existe dato alguno que justifique la imputación de irregularidad fiscal", como tampoco de un supuesto ilícito de tráfico de influencias.

En cuanto a un posible delito de prevaricación administrativa, apela a la imposibilidad de cometerlo por quien no tiene capacidad de resolver ni influir en la resolución de una autoridad competente, y también señala por último que tampoco concurren en su conducta presuntos delitos de malversación y de blanqueo de capitales, puesto que para ello la Sala Segunda ha apuntado a la necesidad de haberse manejado importantes sumas de dinero, a la inexistencia de negocios lícitos o a la conexión con una actividad delictiva.

Cabe recordar, no obstante, que el nombre del asesor personal de las Infantas figura en varios de los emails que el exsocio de Urdangarin Diego Torres ha entregado al juez, entre ellos un correo en el que el Duque le indicaba dónde debía ingresar su esposa, Doña Cristina, los ingresos correspondientes a sus honorarios de Zarzuela.

En un breve email se limitaba a señalar a García Revenga que "las transferencias que le ingresan a Doña Cristina correspondientes a sus honorarios de Zarzuela deberían ingresarse a partir de enero en esta cuenta", indicando a continuación el número de la cuenta bancaria.

Es más, en otra de las correspondencias, fechada el 7 de julio de 2003, el marido de la Infanta Cristina desplegaba la confianza que tenía en García Revenga con frases como "Qué tal Carlos, cómo te ha ido el finde... Nosotros bien, en Palma te puedes imaginar lo a gusto que hemos estado. Playa, piscina, heladito en Portals, parque... Vaya, que completito".

Acto seguido el Duque pasaba a explicarle de forma detallada sus planes sobre la forma de anunciar a Nóos como empresa, tras lo cual lo cual se despedía del asesor de la Casa Real con un "Agur. El Duque em...Palma...do".

“Comunicación Noos clientes.doc”. Fechado el 21 de febrero de 2003, cuando la trama Nóos daba sus primeros pasos, ese es el título del documento adjunto que Iñaki Urdangarin envió a una cincuentena de personas, entre las que figuraba el rey, y así consta en los nuevos correos electrónicos aportados por Diego Torres al juez del caso. En esas fechas, ni la empresa Nóos Consultoría Estratégica SL ni la pretendida ONG homónima Instituto Nóos habían logrado aún contratos públicos.

Un día antes, el 20 de febrero de 2003, y también ese dato quedó reflejado en un email, el duque había enviado dos versiones de ese documento a su mujer, cuya opinión previa quería conocer. La dirección del rey a la que llegó el mail de su yerno muestra el mismo nombre de usuario pero diferente dominio que aquel otro al que Urdangarin envió un año después una petición directa al monarca: que utilizara sus influencias para lograr financiación privada y presencias de altura en la Valencia Summit de 2004, el primer pelotazo de Instituto Nóos con dinero público.

¿Cambia la nueva serie epistolar algo para la infanta? Todas las fuentes consultadas en la investigación creen que no, que los correos resultan inocuos para el futuro procesal de Cristina de Borbón. Pero todas coinciden igualmente en que el riesgo de una imputación cercana persiste para la hija menor del jefe del Estado: el juez puede dar ese paso e imputarla sin solicitud previa de la Fiscalía, que continúa sin observar en su actuación indicios delictivos demostrables cuando llegue la hora de un juicio donde, salvo terremoto, Anticorrupción pedirá cárcel para Urdangarin y Torres.

La Fundación Laureus de Corinna y la caza del faisán

El monarca es penalmente inviolable. No lo son su hija ni su yerno, a quien los correos retratan esta vez a punto de viajar a Escocia en noviembre de 2004 para acudir a la “caza del faisán” en un acto relacionado de algún modo con la Fundación Laureus de Corinna Sayn Wittgenstein. En su recurso contra la fianza de 8,2 millones impuesta por el juez a Urdangarin y Torres, el abogado del duque considera excesiva y de carácter “punitivo”.

El primer correo de la serie que afecta a Cristina de Borbón empieza con un texto estrictamente personal y acaba así: “Léelo y dime que piensas, please ...”. Urdangarin quería que Cristina de Borbón, a quien en este y en otros correos del paquete se refiere como “Kid” –niña o chica en inglés- o “Mi Kid”, supervisara el documento que un día después fue objeto de envío masivo a una multitud de destinatarios. Es esa multitud donde aparecen el rey, alguien llamado “Sofía” y otra persona denominada solo “Elena”. Muy poco común pero sin signos evidentes de pertenecer a la Casa Real, el dominio de esas dos destinatarias  coincide con el que el propio monarca pasó a utilizar en 2004.

Hay otros tres correos dirigidos por el yerno del rey a su esposa: uno de junio de 2003, donde le informa de un contrato con Nissan –Nóos SL cobró 46.100 euros de esa empresa aquel año-; y los restantes, fechados el 5 de abril de 2004: en ellos –en el primero erró con el documento adjunto-, el duque manda a su mujer un artículo sobre un “seminario Nóos” relacionado con la Universidad de Harvard.

Un quinto correo, enviado el 26 de febrero de 2004 por Urdangarin al secretario de las infantas, el también imputado Carlos García Revenga, menciona a la infanta: “Dale una copia a Cristina de mi parte”, dice el sucinto texto, acompañado de un documento titulado “carta CIO.doc”. Es decir, carta al Comité Olímpico Internacional, organismo del que Urdangarin llegó a ser vicepresidente y cuya presidencia acariciaba como objetivo en aquella época.

Pero, aun tratándose del apartado más vistoso, el de Cristina de Borbón no es el único que ofrece interés para la causa. El fajo de 30 correos entregado ahora incluye varios cruzados entre Urdangarin y Carlos García Revenga, cuyo papel como productor de la trama Nóos se reafirma: lo mismo buscaba teléfonos y direcciones para los eventos del Instituto que ofrecía supervisión “protocolaria” al yerno del rey.Informe de "riesgos" con datos de la Policía

Pero, a diferencia de los correos anteriores, en esta serie hay uno en el que el secretario de las infantas envía a Urdangarin un informe de “evaluación de riesgos que pueden afectar a eventos extraordinarios a celebrar en las Islas Baleares”. Y la fuente que Revenga cita para sustentar el contenido del informe es nada menos que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. ¿Preparó la comisaría un estudio específico a la medida de los intereses empresariales de Urdangarin y que le proporcionó información privilegiada? Esa es una de las incógnitas. Resolverla dependerá de los pasos que den el juez y el fiscal.

Ese correo llegó a Urdangarin el 7 de julio de 2003 cuando, teóricamente, no había obtenido aún el visto bueno del Govern balear para ninguno de los eventos que desarrolló, primero, a través de Nóos Consultoría Estratégica SL –el patrocinio de un equipo ciclista- y, luego, a través de Instituto Nóos –las dos ediciones de Illes Balears Forum.

El primer correo de la nueva serie remitida ahora al juez está datado el 20 de febrero de 2003. Urdangarin lo escribe desde su dominio de Nóos. Y lo dirige a la dirección de Cristina de Borbón en la Fundación La Caixa. Tras una primera parte de índole personal que finaliza con la transcripción de un sonoro beso (“Muuuuuuuuuuuuaaa”), Urdangarin dice lo siguiente: “Aprovecho que estas conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colab y amigos y la otra para Octagon. ( No quiero sacar ampollas ... ) Léelo y dime que piensas, please ... Ciao”. El texto de esa comunicación no figura entre los nuevos documentos aportados al juez.

Un segundo correo, fechado el 17 de junio de 2003, sirve a Urdangarin para informar a su mujer de que Nissan ha elegido a la empresa Nóos (Nóos Consultoría Estratégica SL) para realizar el llamado Estudio de Notoriedad World Series by Nissan.

Cristina como "kid"

Al año siguiente, y ya con Instituto Nóos en pleno auge en lo que a captación de dinero público se refiere, el duque de Palma vuelve a escribir a su mujer, a la que ahora llama “Mi Kid”, y así consta en la dirección. En ese mail, enviado dos veces porque su remitente se equivocó con el documento adjunto la primera vez, Urdangarin hace llegar a su mujer un artículo sobre un seminario relacionado con la Universidad de Harvard. “Kid, Este es el artículo que trabajamos el día pasado en el seminario y un resumen del mismo. Me parece interesante. Un beso”. Ese es el texto de un seminario que había pasado inadvertido hasta la fecha.

La serie incluye de nuevo correos cursados por Urdangarin y con Carlos García Revenga como destinatario. Y refuerzan la idea de que el duque lo consultaba absolutamente todo con el secretario de las infantas.

La petición consta en uno de los nuevos correos aportados ayer por la defensa de Diego Torres al juez del caso y de uno de los cuales se reproducen varios párrafos. Anoche, un portavoz de la Zarzuela admitió que el correo electrónico existe pero que no hay constancia de que el rey hiciera “ninguna gestión”. En el sumario ya había correos incorporados alusivos a cómo el rey ayudó a Urdangarin en 2007 con un proyecto náutico, el Ayre, impulsado por la Fundación DCIS, la última de la serie creada por el duque y su socio de años, Diego Torres. Pero esta es la primera vez que aparecen mails dirigidos al monarca por su yerno.

Urdangarin pretendía que el jefe del Estado convenciese a varios prebostes internacionales de la empresa y el deporte para participar y financiar la Valencia Summit, iniciada apenas mes y medio más tarde, el 24 de octubre de 2004. También aspirababa a que el rey empujase al presidente de la firma de lujo LVMH, Bernard Arnault, a patrocinar esa cumbre. “Quizá con el impulso del Señor, el tiempo no correría tanto y el Sr. Arnaud (sic) decide con rapidez”. La propuesta ya había llegado a Arnault. Exactamente, "por medio de Marichalar", que entonces estaba casado con la infanta Elena y trabajaba para LVMH.

Los otros empresarios y líderes institucionales para los que Urdangarin reclamaba la mediación real eran Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula 1; Ernesto Bertarelli, de ACM (Copa América); y Joseph Blatter (FIFA) o Jacques Rogge (COI). "Podrían venir si el Señor les anima a aceptar la invitación", escribió Urdangarin invocando el poder de convicción del jefe del Estado. De tres días de duración, cada una de las tres ediciones de la Valencia Summit reportó a Instituto Nóos 1,04 millones de euros libres de gastos. Porque los gastos corrían a cargo de la Generalitat y de una fundación del Ayuntamiento de Valencia. 

A lo largo de dos folios, Urdangarin explica al rey en qué consistirá esa cumbre por la que su pretendida ONG cobró el "canon" descrito en el párrafo anterior. El exjugador de balonmano se explica extensamente y ofrece los detalles que se aportarían a quien ignorase las características del proyecto. Según Diego Torres, ese evento se fraguó en la Zarzuela durante una reunión que Urdangarin y él mismo mantuvieron con Francisco Camps y Rita Barberá en la Zarzuela. 

El encabezado de ese correo electrónico y de otro anterior remitido en junio, que no se reproducen por razones de seguridad, muestran una dirección inidentificable y huérfana de cualquier referencia a la Casa Real. 

El curriculum para Corinna

Urdangarin, claro, sí conocía la identidad del destinatario, a quien el 23 de junio de 2004 ya había cursado un correo para informarle de un asunto de muy diferente tenor. “Señor, le adjunto mi CV en español que fue enviado esta tarde a Corinna así como la respuesta que ha enviado ella misma después de su reunión con el Sr. Richmond (sic). Creo que son buenas noticias”. Se refiere a las gestiones ya conocidas que Corinna Sayn Wittgenstein, entonces amiga personal del rey, efectuó para colocar a Urdangarin en la Fundación Laureus con un “salario base” de 200.000 euros.

A renglón seguido, Urdangarin introduce un párrafo de significado desconocido hasta la fecha. “Paralelamente el señor Woodhead (Sotheby's) me ha dejado un recado telefónico para continuar con las conversaciones iniciadas en Londres. Le comentaré mañana en Madrid más detalles". El pasado 23 de febrero, durante su declaración judicial, el fiscal Pedro Horrach lanzó a Urdangarin esta pregunta: "Hay un listado de sus ingresos. En ellos aparece 'Londres, 300.000'. ¿Qué tiene usted en Londres?". El imputado respondió así: "No tengo nada en Londres".

El correo sobre la Valencia Summit que el marido de Cristina de Borbón mandó al rey está fechado un día después de que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, le remitiese varias direcciones de líderes empresariales y deportivos. La lista está integrada justamente por los nombres de aquellos para los que Urdangarin quería un "impulso" real. Revenga declaró como imputado el mismo día que el duque de Palma. Y, entre otras cosas, dijo que el rey ignoraba que su hija Cristina era vocal de Instituto Nóos.

En el nuevo repertorio de correos electrónicos hay otros cruzados entre Urdangarin y José Manuel Romero, conde de Fontao, el emisario del rey que supuestamente ordenó al duque marcharse de Instituto Nóos en marzo de 2006 y romper con Diego Torres. Los nuevos mailes refuerzan lo que ya indicaban los anteriores: que José Manuel Romero, asesor jurídico externo del rey, no solo estaba al tanto del vínculo de Urdangarin con Fundación DCIS, heredera de Instituto Nóos, sino que hizo gestiones para acelerar la puesta en marcha de esa ONG, utilizada en 2007 para sacar de España medio millón de euros. Fontao declarará como testigo en Madrid el próximo martes. Dada su condición de asesor real, la suya es una de las citaciones que más expectativas ha generado. 

El motivo formal por el que Diego Torres aporta estos nuevos correos a través de su abogado, Manuel González Peeters, es refutar el escrito en el que Urdangarin impugna los emails previamente entregados. Las misivas electrónicas se adjuntan en papel al extenso documento en el que Peeters aborda incluso la contratación por parte del abogado de Urdangarin de un hacker ligado al CNI, Matías Bevilacqua.

La remisión de los correos se produjo ayer, justo el día en que el juez del caso, José Castro, fijó para febrero sendas comparecencias de Urdangarin y Torres para que declaren sobre el presunto delito fiscal "medio millón evadido al fisco" detectado por Hacienda y sobre las cuentas localizadas en Suiza y Luxemburgo. Torres, que no ha declarado hasta ahora, está citado para el día 16, una semana antes que su antiguo socio. Y, salvo viraje drástico, todo apunta a que esta vez sí accederá a contar su versión de los hechos.

Varios de los emails aportados al juzgado para rebatir las tesis de Urdangarin hacen referencia a la organización de la Valencia Summit 2004, la primera de las cumbres turístico-deportivas que reportaron al Instituto Nóos seis millones de euros públicos. Sólo las de Valencia garantizaron a la ONG del duque más de tres millones pagados por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Relaciones con medios de comunicación

En esa cumbre, fue García Revenga quien diseñó al menos parte del plan de comunicación: concertó para Urdangarin entrevistas con directores de medios nacionales, el primero de ellos Julio Ariza, presidente de Intereconomía. Para ese grupo mediático, trabajó hasta agosto de 2012 Marcial Cuquerella, hermano de Julita Cuquerella, la fiel secretaria a quien Urdangarin dictó los dígitos de la cuenta suiza que supuestamente utilizó para cobrar casi 150.000 euros.

Y visó el argumentario preparado para responder las preguntas de los periodistas. En ese documento se lee esto: "¿Tiene el Instituto o la Cumbre [la Valencia Summit] algo que ver con la Casa Real? No. Absolutamente nada".

Sobre la participación activa de Revenga en la Valencia Summit de 2004, los correos no dejan un resquicio de duda. En uno remitido por Mario Sorribas, el hombre de confianza del duque de Palma y apoderado de Aizoon SL, en la que participa Cristina de Borbón, escribe lo siguiente: "Carlos Garcia Revenga me informa de que ya ha acordado algunas reuniones con directivos de los medios a nivel nacional. Así, el 30/9 a las 10h. lñaki debería desayunar con Julio Ariza, de Época, quien también tiene entrada en el grupo Planeta (y, por tanto, Antena 3 TV). El 30/9 a las 18.30h lñaki debería reunirse con Jaime Castellanos, del grupo Recoletos, que controla Expansión y Actualidad Económica. El 11/10, a las 11h lñaki deberla reunirse con Santiago Ybarra, de Vocento, grupo que controla Telecinco, asi como ABC".