"Le dije que quería abortar. Me aconsejó que si lo hacía no se lo contara a nadie. Tras la consulta tomé la decisión de no decírselo a nadie". Es uno de los testimonios que la periodista Ana Requena (Madrid/Albacete, 1984) recoge en su libro Provida. Un manifiesto a favor del aborto (Now Books, 2026). Las palabras pertenecen a una de las muchas mujeres atravesadas por el estigma tras tomar la decisión de interrumpir su embarazo y percatarse de que aquello que parecía un derecho consolidado está, en realidad, marcado por una suerte de clandestinidad anacrónica que se expresa en la discreción durante el procedimiento y en el sigilo posterior, en la negación de todo relato que se salga de los moldes. 

La autora disecciona los motivos por los que la reacción patriarcal no renuncia a dar la batalla contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, impugna el discurso esencialista que insiste en situar a la maternidad como único propósito vital de las mujeres y concede voz a quienes, sin saber muy bien por qué, han cargado con una vergüenza extraña pero aleccionadora tras haber abortado. 

Aunque el movimiento feminista evita deliberadamente llamarlas así, las organizaciones antiabortistas han conseguido calar en el debate público bajo el nombre de provida. ¿Es hora de reapropiarse del término?

Tenemos que reapropiarnos del término provida, algo que el feminismo ya lleva unas décadas intentando. Si miramos los folletos de las comisiones proderecho al aborto que las feministas hacían en los años 80, ya se puede ver cómo reclamaban el término provida para el feminismo y cómo impugnaban que los grupos ultra lo utilizaran y se escondieran detrás de él para promover posturas antiabortistas. Hay que recuperar ese activismo, señalar que detrás de términos que suenan aparentemente bien se esconden posturas muy reaccionarias que buscan que las mujeres no tengamos derechos sobre nuestros cuerpos. Provida debe ser un término que aluda en todo caso a quienes defienden vidas dignas, con derechos y en las que los sujetos que ya estamos aquí tengamos autonomía y capacidad de decisión sobre nuestros proyectos personales. 

¿Por qué la reacción patriarcal pone en el foco los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

En el marco de la ola reaccionaria, el derecho al aborto se identifica como una de las palancas estratégicas para intentar contestar a una efervescencia feminista y conquista de derechos. Atacar al aborto es cuestionar algo esencial: que las mujeres somos ciudadanas de primera, no seres sujetos a la validación y decisiones externas. La batalla sobre el aborto siempre vuelve porque es la base de la autonomía y la libertad de las mujeres, pero también porque tiene que ver con el modelo de sociedad en el que vivimos. Controlar los cuerpos de las mujeres implica también controlar de alguna manera los medios de producción, porque el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo, como dice Silvia Federici. El cuerpo y el útero de las mujeres son una maquinaria de reproducción de fuerza de trabajo, por lo que el hecho de que las mujeres tengamos autonomía implica que vamos a decidir sobre nuestras maternidades en nuestros propios términos y que hay un poder que pierde el control. Cuando decimos que las mujeres queremos tener derecho a abortar, estamos atacando también esa manera patriarcal y capitalista de organizar el mundo.

En el libro plantea precisamente eso: la idea de que la mujer como madre es funcional al sistema capitalista. Ese discurso se ha traducido últimamente en políticas pronatalistas por parte de gobiernos conservadores de todo el mundo. ¿Qué intencionalidad esconden estas políticas?

El relato con el que se ponen en marcha este tipo de políticas explota los estereotipos de género y la idea de que lo mejor que le puede suceder a una mujer es ser madre. Explotan ese relato porque es necesario para seguir situando a las mujeres como la parte de la población que sostiene los cuidados no remunerados, unos cuidados que son fundamentales para que el resto de la sociedad y de la economía siga en marcha. Por eso siempre sospechamos de este tipo de políticas cuando están sostenidas por estos relatos. Pero, además, son políticas muy contradictorias con el resto de la agenda de estos líderes. Si quieres fomentar la natalidad, pero al mismo tiempo estás en contra de la reducción de la jornada laboral para todo el mundo, o no pones en marcha prestaciones universales por crianza, o estás en contra de que haya más permisos remunerados para cuidar, o de regular el mercado de la vivienda, entonces no estás haciendo políticas pronatalistas, estás haciendo políticas que buscan explotar un ideal concreto de mujer que te interesa a ti para tu agenda política o para tu modelo de sociedad. Lo que sabemos es que si las mujeres en muchos lugares del mundo están dejando de tener hijos es, entre otras cosas, por la dificultad para conciliar y por la penalización que aún hoy implica tener un hijo.

Mucha de esa retórica antiabortista ha sido adoptada en España por Vox. ¿A la ultraderecha le sale rentable ese discurso en el contexto español?

En España ha habido bastante consenso respecto al derecho al aborto. Lo vimos hace años cuando [Alberto Ruiz] Gallardón, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, intentó llevar a cabo esa reforma tan regresiva. Pero precisamente porque existe ese consenso en nuestro país, Vox intenta minar el derecho al aborto de otras formas: no propone necesariamente reformas muy regresivas del aborto, sino que su línea de actuación principal tiene más que ver con lanzar una retórica y una serie de propuestas que vayan desplazando el foco del debate público a si el aborto es un hecho deseable y responsable. Es decir, a que la gente pueda dudar de las mujeres y sus motivos para abortar. Es una estrategia para tratar de limar el derecho al aborto, lanzando esa idea de que las mujeres son unas irresponsables. Creo que buscan preparar el terreno para lo que pueda venir después, aunque es una buena noticia que ante sus propuestas haya una respuesta masiva. 

Y en medio de todo esto, ¿dónde se sitúa el Partido Popular? Tradicionalmente se ha dicho que hay dos espíritus dentro del partido respecto al aborto. 

No sabemos ya cuántos espíritus hay en el Partido Popular, ni con ese tema, ni con la violencia de género, ni con el feminismo en general. El PP ha dado muchísimos bandazos en la manera en la que defendían o criticaban muchos de estos derechos. No hay un discurso claro, pero en esa confusión sí transmiten algunas ideas. El PP de [Alberto Núñez] Feijóo aceptó la sentencia del Constitucional que avala la ley del aborto, pero en su discurso lo sitúa como una prestación sanitaria y nunca como un derecho. Saben que tener una postura muy beligerante contra el aborto que implique proponer una reforma legal muy significativa no tendría mucha aceptación, pero siguen siendo muy comedidos y alguna de esas almas del PP sí se sitúa más cerca de Vox.

Las clínicas acreditadas se han erigido como las principales garantes del derecho al aborto, pero es un problema que el acceso al aborto esté hoy privatizado. ¿Cómo se reivindica el aborto en la red pública sin obviar la labor de las clínicas?

Hay que entender que cuando hablamos de las clínicas privadas, en el caso del aborto, no estamos hablando de Quirón ni de grandes grupos. Se trata de clínicas privadas que nacen en muchos casos de la militancia, vienen de profesionales y activistas que se preocuparon por formarse, por traer técnicas seguras y que con mucha convicción montaron las primeras clínicas donde las mujeres podían interrumpir voluntariamente su embarazo. Es gracias a ese activismo y a ese empeño que se abrieron muchos de estos centros. Así que no son grandes grupos que se lucran con esto, porque de hecho tienen grandes dificultades para cobrar por parte de las comunidades autónomas, algunas no son precisamente muy bien tratadas. Ese es el contexto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de aborto en la privada. Y desde luego reivindicar que la sanidad pública tiene que hacerse cargo de los abortos. ¿Habría sitio en ese contexto para las clínicas privadas? Yo creo que seguramente sí, lo que no es normal es que se encarguen del 90% de las interrupciones.

Otro de sus grandes problemas es el acoso frente a los centros. Existe un marco legal que lo castiga, pero sigue produciéndose. 

No parece que la reforma penal esté funcionando, porque tal y como está redactado ese artículo es necesaria una intimidación, una coacción o una violencia más explícita de la que normalmente sucede. Muchas veces no hay una agresión física explícita o nadie te está amenazando verbalmente, pero eso no significa que esas personas no estén interrumpiendo el normal funcionamiento de una clínica o no estén interceptando a mujeres y mandando un mensaje muy claro con su presencia, rezando o con fetos de juguete en las puertas de una clínica. Pasar por eso es desagradable y estigmatizante, no hace falta que exista violencia o intimidación explícita, pero los tribunales están pidiendo ese plus para que funcione el artículo del Código Penal. Lo que se pidió aquí ya en su momento fue que se pensara en esas zonas de seguridad que se han aprobado en otros países, áreas en las que no pueden ir estos grupos a rezar. Hay quien dice que eso sería más eficaz.

En la política se ha instalado la idea de introducir el aborto en la Constitución. ¿Es una medida simbólica o puede tener efectos materiales para las mujeres?

Me parece una medida más simbólica que efectiva a la hora de garantizar el derecho al aborto en el día a día. No la menosprecio, ese valor simbólico puede ser importante, pero creo que hay que rebajar expectativas respecto a lo que luego podría significar. En parte tiene que ver con la redacción y el capítulo que se ha elegido, porque no está entre los derechos fundamentales y eso hace que no tenga tanto rango. Pero lo que vemos es que los problemas son de aplicación de la ley. Podemos tener el aborto en la Constitución, pero si la ley no se cumple, si no acabamos con las barreras que existen, no servirá de mucho.

¿Cuáles son esas barreras?

Tienen que ver con la objeción de conciencia, con cómo se registra esa objeción, con cómo los hospitales públicos organizan sus recursos humanos, su logística y sus quirófanos. Pero también tienen que ver con la falta de información, con el estigma, con las dificultades en el acceso y con la falta de una educación sexual integral. Y todos esos asuntos ya están contemplados en la legislación, pero no están siendo plenamente desarrollados.

En uno de los capítulos del libro recoge una vivencia de una mujer que quería abortar y cuyo ginecólogo le aconsejó no decírselo a nadie. ¿Cómo opera todavía el estigma?

La inmensa mayoría de mujeres que me escribieron para compartir sus historias para el libro me pidieron que no compartiera sus nombres, se mostraban muy precavidas a la hora de que se mostrara algún tipo de información que las pudiera comprometer. Es como si el aborto aún fuera algo que nos fuera a definir, que fuera a cambiar la mirada que los demás tienen sobre nosotras. Eso es muy relevante, es muy significativo pensar que en una sociedad donde hace 40 años que el aborto es un derecho aún haya esa sensación. Y, sin embargo, todas esas mujeres tenían mucha necesidad de compartir sus vivencias y de expresarlo, hablar con normalidad de un episodio de sus vidas que significó una cosa distinta para cada una. Ese estigma es fundamental para entender por qué es en realidad un derecho muy clandestino. Y ese mismo estigma está diciendo a las mujeres que si abortan tienen que sentirse de una manera muy concreta. Solo permitimos el aborto si es un drama o un trauma, si acaso en determinadas situaciones de la vida: si la mujer es joven o si está en unas circunstancias personales malas o precarias. Cuando nada de eso sucede, entonces parece que el aborto pesa más. Pero el aborto es un derecho y no hay una manera de sentirse después de haber abortado, no hay una experiencia igual.

¿Y cómo se extiende el estigma a los profesionales? Isabel Díaz Ayuso habla de listas negras para referirse al registro de objetores, pero precisamente los señalados han sido siempre quienes se han prestado a realizar abortos.

Si tenemos un problema ahora mismo es con el estigma de los profesionales que sí están dispuestos a intervenir en un aborto y no con el de los profesionales que deciden no hacerlo. Si desde la carrera hay estigma, ese estigma se va a reproducir después durante tu práctica profesional. Puede haber profesionales de la medicina que salgan de la carrera sin apenas saber nada de la interrupción voluntaria del embarazo, algo que no pasa con ninguna otra práctica médica. Esa omisión y esa ocultación ya está generando estigma, ya está insinuando que hay algo indeseable.

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.

El Gobierno se mantiene firme en su propósito de blindar el aborto como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de reforma para introducir un nuevo precepto a la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". 

España no camina sola en su voluntad de alzarse como vanguardia global en la defensa del aborto, sino que tiene un espejo en el que mirarse. Francia aprobó, hace ahora dos años, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución de 1958. Lo hizo gracias al consenso social y con un objetivo claro: contener la ofensiva reaccionaria que entonces comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

Una ola regresiva que pone en la diana, principalmente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La mecha que dio lugar a la iniciativa francesa no prendió en el país galo, sino a miles de kilómetros. En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anulaba la sentencia Roe contra Wade, dictada hace cinco décadas y consagrada como la principal herramienta para garantizar el acceso al aborto. La decisión de los jueces hizo saltar las alarmas en todo el mundo. También en España: Carmen Calvo fue una de las primeras voces que a nivel público deslizaron la posibilidad de modificar la Constitución, una idea que ha ido tomando forma en los últimos años, hasta aterrizar este martes en el Consejo de Ministros.

Y en el país vecino, la reacción fue similar. La situación actual "exige tomar medidas en Francia" para no tener que pasar por "los retrocesos que puedan existir", expresó en junio de hace cuatro años la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación anunciaba entonces una propuesta de ley para "incluir el respeto al aborto" en su Constitución.

Algo menos de dos años después, Francia se convirtió en el primer país en dar el paso. El artículo 34 de la Constitución francesa así lo recoge: "La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". El encaje constitucional tuvo un impacto fundamentalmente simbólico: si bien quedó reforzada la protección del aborto, las condiciones concretas para ejercerlo dependen exclusivamente de la legislación ordinaria. Al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, el ejemplo francés se limita a blindar la libertad de las mujeres para abortar, pero evita entrar en detalles respecto a la prestación. 

Y las condiciones, dos años después, siguen presentando importantes deficiencias. El informe IVG: una ‘libertad garantizada’, pero un acceso frágil, publicado en octubre de 2024 por el Senado, ya advertía de que la garantía del acceso al aborto requiere de más pasos que su consagración constitucional, especialmente enfocados en paliar las diferencias territoriales, los desplazamientos forzosos y la desinformación.

En septiembre del año pasado, las estadísticas oficiales recogieron un total de 251.270 interrupciones del embarazo a lo largo de 2024 en Francia, pero el análisis de los datos permite afirmar que "persisten las disparidades territoriales", con tasas de acceso superiores en los territorios de ultramar en comparación con las áreas metropolitanas. Las diferencias desde un punto de vista geográfico propician, no en pocas ocasiones, el desplazamiento de aquellas mujeres que ven limitado su derecho. La presidenta de la Asociación Francesa de Planificación Familiar, Sarah Durocher, advierte en declaraciones a Le Parisien que a día de hoy "las mujeres se ven obligadas a viajar a un departamento distinto al suyo para abortar". Todo ello, a pesar del blindaje constitucional.

No es muy distinto a lo que sucede en suelo español. El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un total de doce provincias –Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cáceres– que no notificaron ni un solo aborto en 2024. Y, sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio, un total de 4.636 mujeres residentes en esas provincias sí abortaron ese año, por lo que tuvieron que desplazarse para hacerlo en otro territorio. En la última década, decenas de miles de mujeres se vieron obligadas a traspasar las fronteras de su provincia para poder abortar.

La investigadora Alexandra Pugh, experta en estudios franceses y de género, subraya en un artículo publicado en agosto del año pasado que, a pesar de la victoria simbólica que supuso constitucionalizar el aborto como una libertad fundamental, la realidad material de las mujeres que desean ejercer sus derechos reproductivos no da pie a celebraciones. La reforma constitucional, recuerda, no garantiza por sí sola mejoras prácticas, así que las grietas siguen bien presentes. 

"El acceso al aborto no se respeta de manera equitativa", escribe la autora, quien recuerda a renglón seguido que "una de cada cuatro personas tiene que salir de su departamento para abortar y, entre las que abortan en un centro sanitario, más de la mitad tiene que esperar siete días para conseguir una cita". El 54% de las mujeres que deciden abortar, según los datos oficiales, asumen un tiempo de espera superior a una semana para ser atendidas. 

En Francia, concluye la investigadora, "existe una gran disparidad entre la idea, respaldada por el Estado, de que las mujeres tienen un derecho firme y sin trabas a decidir, y la realidad de la desigualdad en el acceso a la atención reproductiva".

Una desigualdad estructural que impacta especialmente entre las mujeres más vulnerables. "El límite gestacional en Francia [catorce semanas] provoca que muchas personas se vean obligadas a viajar al extranjero", recoge el informe de Amnistía Internacional Cuando los derechos no son reales para todos: la lucha por el acceso al aborto en Europa. A España llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros países europeos para poder acceder a la interrupción del embarazo y las francesas son precisamente las que con mayor frecuencia se desplazan, por detrás de las portuguesas, con este propósito. También al Reino Unido, tal y como explica Camille Kumar, directora general de la organización inglesa Abortion Support Network: "Los límites gestacionales son barreras arbitrarias que afectan sobre todo a las personas vulnerables".

Algunas de las mujeres procedentes de suelo francés, prosigue la experta en declaraciones recogidas en el citado informe, se encuentran atravesadas por situaciones complejas, como contextos migratorios, violencia machista, consumo de sustancias o sinhogarismo. Más similitudes con la situación en España: en nuestro país, ocho comunidades incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes que deciden abortar.

A todos estos obstáculos les sigue el estigma. Una encuesta efectuada por Planificación Familiar en 2024 concluye que el 41% de las mujeres que habían abortado recientemente afirmaron sentir que el aborto seguía siendo considerado como un tabú, mientras que el 63% expresó temor ante la posibilidad de ser juzgadas por su entorno o por los profesionales sanitarios. Precisamente con el fin de combatir el estigma, el colegio francés de profesionales de la ginecología y obstetricia reclamó, en junio del año pasado, suprimir la cláusula de conciencia al aborto, si bien la objeción no constituye un debate tan candente como sucede en la política nacional.

La experiencia francesa sugiere que no basta con blindar constitucionalmente el aborto para enyesar las grietas preexistentes, si bien hacerlo es una declaración de intenciones a la hora de contener la ola reaccionaria que amenaza globalmente a las mujeres. A finales del pasado mes de marzo, Luxemburgo decidió seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en su Constitución. Si las pretensiones del Gobierno se cumplen, España se convertirá en el tercer país en hacerlo. Más allá del mensaje en un plano simbólico, los efectos reales solo podrán evaluarse con el tiempo.

El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta este añadido al artículo 43.3, para así establecer la obligación de todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo han ratificado tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve "constitucional" la propuesta del Ejecutivo.

Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco.

España, Eslovenia, Dinamarca, Suecia y Estonia han mostrado su apoyo público en Bruselas a la iniciativa My Voice, My Choice: for Safe and Accesible Abortion European Citizens Initiative, firmada por más de un millón de ciudadanos y a la que la Comisión Europea da la bienvenida al considerar que “los abortos inseguros son una cuestión de sanidad pública, que puede conducir a varios tipos de daño físico y severo estrés mental y por lo tanto poner en riesgo la vida de las mujeres”.

La demanda popular de 'Mi Voz, Mi Elección, en favor de un aborto seguro y accesible' es la duodécima iniciativa de este tipo gratificada con respuesta oficial de la Comisión desde el año 2012, una muestra del apoyo que el Ejecutivo comunitario ofrece a la propuesta frente a las exigencias recientes en el Parlamento Europeo por parte de la internacional ultraderechista en contra de regular y apoyar este derecho de las mujeres.

El Gobierno español ha trabajado para que cinco gobiernos europeos se uniesen en la carta liderada por Eslovenia con la que se buscaba respaldar en Bruselas la iniciativa ciudadana. Y la Comisión recoge el guante poniendo a disposición el Fondo Social Europeo, con una potencia de miles de millones en su cartera, para que los Estados miembros “mejoren el acceso igualitario a servicios sanitarios legalmente disponibles y accesibles”. De manera voluntaria, Bruselas permitirá a partir de ahora que cada país distribuya o redirija fondos de ese instrumento a garantizar el aborto.

Pese al apoyo financiero mostrado para un aborto incorporado a los sistemas de salud nacionales por las mujeres en condiciones de seguridad y legalidad, la Comisión está atada de pies y manos para imponer a los países la legalización del derecho. Según el propio artículo 168(7) del Tratado de Funcionamiento de la UE, cada capital tiene libertad para organizar su sanidad pública y, por lo tanto, la regularización del aborto es un área de responsabilidad estatal. Así que, como reconoce el Ejecutivo comunitario, cualquier “acción de la UE que impactase en la decisión de un Estado miembro sobre si permitir el acceso al aborto y en qué condiciones está excluida”.

España, explican fuentes diplomáticas sobre la disponibilidad de financiación comunitaria para garantizar el aborto, usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo a ese derecho. Pero no todos los Gobiernos de Estados miembros tienen este nivel de compromiso ni están dispuestos a legalizar el ejercicio de las libertades por parte de las mujeres. 

En un continente donde al año, según la Organización Mundial de la Salud, se practican cerca de 480.000 abortos y casi todos los Estados miembros de la UE lo han legalizado, Malta y Polonia son los únicos donde las leyes son abiertamente restrictivas. En la pequeña república mediterránea el aborto está completamente prohibido salvo si la vida de la mujer está en riesgo inmediato por complicaciones médicas, mientras que en Polonia el acceso de las mujeres a este derecho está restringido y sólo se permite si la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es resultado de una violación o existen severas anomalías en el feto.

Las últimas reformas legislativas en Malta datan de 2023 y declaran el aborto como ilegal en la mayoría de circunstancias, incluso en casos de violaciones o anomalías en el feto, con penas de cárcel de hasta tres años para la mujer y de entre 18 meses y cuatro años para quienes lo practiquen. La venta de la conocida como píldora del día después está, por supuesto, terminantemente prohibida. Debe ser un equipo de profesionales médicos el que apruebe la interrupción del embarazo sólo en caso de ese riesgo vital para la mujer.

La reforma legal del 2023 fue muy pequeña con la intención de incluir únicamente ese supuesto y sólo después de que una ciudadana estadounidense, Andrea Prudente, estuviese a punto de morir tras encontrarse de vacaciones en la isla y sufrir una complicación extrema en su embarazo. La imposibilidad legal de practicar una operación provocó que Prudente fuese evacuada a España, donde finalmente sí se le practicó un aborto. La ciudadana estadounidense denunció el código criminal de Malta por vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos y forzó el cambio normativo.

Muy diferente es la realidad para las mujeres en gran parte de la UE. En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia el aborto está garantizado a petición de la mujer embarazada. Son 24 países, una amplia mayoría de la Unión, donde este derecho con diferentes matices y una gradualidad de limitaciones sí está permitido.

En la mayoría, esta decisión debe tomarse durante el primer trimestre de la gestación, con límites que van entre las 18 y las 24 semanas, pero en circunstancias específicas como el riesgo para la salud o la vida de la mujer el aborto puede practicarse a posteriori. Y por supuesto en estos Estados, las mujeres, sean adultas, adolescentes o niñas, que se hayan quedado embarazadas fruto de una violación tienen garantizado el acceso a la interrupción.

Sin embargo, hay también sombras en países como Alemania, Bélgica, España, Hungría, Irlanda, Países Bajos o Portugal, donde existen plazos obligatorios de mayor o menor duración desde que la intervención es solicitada por la mujer hasta que es efectiva. “Estos periodos de espera”, según el Center for Reproductive Rights, “socavan el acceso a tiempo y asequible a la atención y restringen los derechos de los mujeres y sus autónomas decisiones”.

El último informe de este centro sobre la situación de Europa sitúa también a Polonia por mantener “leyes altamente restrictivas” al aborto, destaca “tendencias positivas” como la retirada de las prohibiciones desde 2018 en Chipre, Finlandia, Irlanda y, fuera del espacio comunitario, Islandia, Irlanda del Norte o San Marino, pero también advierte “amenazas regresivas” en Hungría, Italia y la citada Polonia.

Y en Alemania, principal potencia de la UE y abanderada en muchos frentes de los derechos civiles, técnicamente el aborto sigue siendo ilegal, regulado por una ley de 1871 que lo criminaliza hasta con penas de cárcel de cinco años, aunque se han ido introduciendo excepciones y enmiendas para permitirlo durante los primeros doce semanas de gestación. En la década de los 70  en ese país nació la campaña 'Mi vientre me pertenece' y cincuenta años después las iniciativas ciudadanas en la UE se imponen, aunque crece la contestación. La actual de 'Mi Voz, Mi Elección' recibió 358 votos a favor como resolución favorable en el Parlamento Europeo y 202 en contra. No sólo se opusieron los tres grupos de extrema derecha, también 68 eurodiputados del PP y hubo otras 30 abstenciones de ese grupo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a la idea del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, por lo que ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual "no se cumple" en su integridad al derivarse a clínicas privadas.

Durante el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León, organizado en Burgos este jueves, Sánchez ha ironizado con que la derecha y la ultraderecha le acusarán de nuevo de usar este tema como "cortina de humo", pero ha atribuido a la "casualidad" que el informe del Consejo de Estado haya llegado el mismo día.

Sánchez ha argumentado que en España ese derecho está legislado pero la ley "no se cumple" y ha puesto como ejemplo que en autonomías como Castilla y León solo el 15% de las interrupciones voluntarias de embarazos se practican en centros sanitarios públicos, mientras que el resto se deriva a clínicas privadas.

"Por eso es importante blindar este derecho", ha remarcado Sánchez, convencido de que no puede ser que el signo político que gobierne en una autonomía determinada pueda decidir si se respetan o no los derechos de las mujeres, porque "se respetan sí o sí" y ha asegurado que van a "blindar el derecho al aborto en la Constitución".

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros acordó pedir un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos a establecer un sistema púbico que lo garantice.

El Gobierno, a través de varios de sus departamentos, había advertido de que hay comunidades autónomas que incumplen la ley que regula el aborto, porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.

Además, la medida fue anunciada después de que el Ayuntamiento de Madrid apoyara una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto', sin evidencia científica según los expertos y como reconoció el alcalde de Madrid posteriormente. En el mismo polémico contexto, el Gobierno había reclamado a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Día Ayuso, crear el registro de médicos objetores.

En cualquier caso, la reforma constitucional promovida desde el Gobierno requiere mayorías parlamentarias amplias, incluso mayores que las que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. El PP anunció en su momento que no iba a apoyar la iniciativa.

Meses antes del anuncio del Gobierno, Francia había optado por esta vía para incluir el derecho al aborto en su Constitución.

Precisamente este jueves, se ha conocido que once países europeos, entre ellos España, estarían dispuestos a usar su asignación del Fondo Social Europeo para ayudar a abortar a mujeres que lo necesiten en cualquier otro Estado miembro, como aquellos donde es actualmente ilegal, según la iniciativa ciudadana 'My voice, My choice' ('Mi voz, mi elección').

Fuentes del Ministerio de Igualdad han explicado que la titular del departamento, Ana Redondo, "se siente respaldada" por este dictamen que "fortalece la seguridad jurídica y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante del sistema público de salud".

El dictamen favorable del Consejo de Estado supone "un respaldo jurídico clave a la propuesta de reforma constitucional que busca reforzar el derecho al aborto dentro del marco del artículo 43, relativo a la protección de la salud", subrayan las fuentes.

Es casi medianoche y en una de las míticas esquinas del barrio de la Viña se acaba de romper el silencio para que resuenen a la vez carcajadas, aplausos y vítores. Ha vuelto a surgir la magia. Su actuación, impregnada de humor, ironía, crítica social y feminismo, deja huella. Ella da las gracias y aprovecha para lanzar a los presentes: “Le pido al público, por favor, que también se implique, que si presencia algún insulto o ataque machista que lo diga, que lo señale”. El mensaje responde a la polémica surgida cuando la fiesta apenas acaba de empezar.

Ella es Ana Magallanes, pionera en el Carnaval de Cádiz, una de las primeras mujeres que, más allá del archiconocido concurso del Teatro Falla, sale a cantar directamente a la calle, sin pasar por el certamen oficial, con una de esas llamadas agrupaciones ‘ilegales’. Este año se ha bautizado como Esquimala de los nervios, en clara referencia a las pretensiones de Trump de hacerse con Groenlandia.

Lo suyo tiene aún más mérito porque va sola con su romancero, una modalidad heredada de los juglares de la Edad Media. Recita su repertorio con versos que buscan hacer reír y hacer pensar. Que el humor sirva para remover conciencias y señalar injusticias.

Entre ellas, la desigualdad. De ahí que la presencia femenina en el Carnaval gaditano sea cada vez más evidente. De ahí que cada año adquiera más relevancia. 

¿Y cuál ha sido la polémica? Al menos cuatro agrupaciones (dos romanceros, una comparsa y una chirigota) han denunciado agresiones machistas en los dos primeros días de la fiesta. Han recibido insultos o vivido situaciones intimidatorias. Por ello, el Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a emitir un comunicado oficial exigiendo “respeto”. “Especialmente para las mujeres, para que puedan cantar con libertad en las calles, porque precisamente es eso lo que ha caracterizado y ha dado identidad a nuestra fiesta a lo largo de su historia, y rechazamos cualquier situación que pueda atentar contra este derecho", reza el texto que han difundido, en el que instan a poner los hechos en conocimiento de los “cuerpos de seguridad presentes en la calle” o a través de los teléfonos 091 y 092.

En el escrito, se añade: «Cádiz está encantada de acoger a la gente que viene a disfrutar, pero con respeto y en convivencia. Ese es el público y el visitante que queremos en nuestra ciudad estos días».

Magallanes, que lleva 25 años siendo parte del Carnaval gaditano, lo explica así: “Esto nos ha pasado siempre, no es nada nuevo, pero cada vez somos más conscientes y por eso lo denunciamos”, asegura. Ella recuerda momentos en los que, por ejemplo, mientras estaba actuando “se ha acercado algún patoso a intentar ligar conmigo”. Y contextos más graves, “como un intento de violación que tuve una noche volviendo a casa después de cantar”.

Pero también es consciente de que hay “una reacción” a que la mujer, sus letras y sus reivindicaciones ocupen ahora más espacio público. “Nos acusan de querer protagonismo. Y bueno, lo típico de que el mismo chiste o la misma broma si la hacen ellos resulta graciosa y en nosotras es ordinaria”.

En este sentido, pone en valor el camino recorrido: “Cuando yo empecé, las mujeres que cantaban en la calle eran prácticamente las que pertenecían a agrupaciones familiares, y cuando los niños ya se tenían que ir a casa, eran ellas las que se los llevaban”, señala. 

En cuanto a los ataques machistas recibidos por compañeras, Magallanes destaca la presencia de público joven y de otras ciudades: “Esta fiesta también atrae a las manadas al botellón”.  

Ella habla de gente de fuera, de hecho, el Ayuntamiento de Cádiz también hace referencia al público visitante, pero los altercados no han sido solo con ellos. Le ha ocurrido a la comparsa La Camorra, una de las denunciantes. Marta Ortiz, encargada de la letra y la música de esta agrupación, cuenta que tuvieron un encontronazo con un vecino del barrio donde estaban actuando. “Empezó a gritarnos, me dijo que le daba igual que yo fuera mujer, un compañero tuvo que meterse en medio y se llevó un cabezazo”, afirma.

Esta carnavalera –y con ella coincide Magallanes– resalta cierto cambio en el público en general, con una actitud más a la contra cuando se aborda la reivindicación feminista en el repertorio. “Pero no vamos a dar ni un paso atrás, van a tener el plato lleno, porque lo que queremos es a los agresores fuera de nuestra fiesta”.

Hace cuatro años que, de manera oficial, su comparsa acude al Teatro Falla y después también canta en la calle. Este 2026 han ganado el II Premio Capitán Veneno por ofrecer la letra más transgresora en el concurso. Este galardón rinde homenaje al afamado carnavalero Juan Carlos Aragón –ya fallecido–, que convertía la crítica social en la esencia de sus coplas.

Este año, la comparsa de Marta Ortiz, en su popurrí, defiende el derecho al aborto y denuncia los vientres de alquiler (“incubadoras humanas”, cantan), mientras que ataca a la Iglesia, a la institución eclesiástica, por su trato a las mujeres.

La chirigota callejera Las Beduinas ha sido otra de las agrupaciones que ha sufrido insultos en una de sus actuaciones. Por ello, escribieron en sus redes sociales: “Un tipejo nos llamó guarras. La libertad y la alegría de cantar, disfrutar y decir lo que queramos no nos la van a quitar”.

Ante este contexto, Magallanes, que es experta en temas de igualdad y lleva dos décadas impartiendo talleres a alumnos de instituto, reflexiona: “Antes había desconocimiento entre los adolescentes, ahora lo que nos encontramos es un rechazo directo ante cualquier actividad que tenga que ver con la violencia machista. Llevan de base ese prejuicio”. Y agrega: “Les llega de todo a través de las redes sociales. Y ya sabemos cómo funciona la machosfera, cómo se alimenta la hostilidad hacia las mujeres”. 

Por eso, al igual que sus compañeras, considera que el Carnaval de Cádiz, como una forma más de libertad de expresión, debe potenciar su espíritu reivindicativo y feminista. En el teatro y en la calle.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que el Instituto de las Mujeres está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas abortivas para evitar la ubicación en sus inmediaciones de entidades y asociaciones antiabortistas, según recoge EFE.

Redondo ha hecho estas declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados, donde también se ha comprometido a garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.

"Me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres", ha concretado.

La semana pasada, Sumar ya presentó una proposición de ley para modificar el Código Penal que castiga el acuso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lograr que se prohíban las concentraciones o actos a 200 metros alrededor de estos centros médicos.

Hoy la ministra ha listado el establecimiento de este perímetro de seguridad como una de las medidas en las que Igualdad está trabajando para garantizar la prestación del aborto, y ha recordado que en la Cámara Baja son mayoría quienes defienden este derecho.

Redondo también ha aprovechado su intervención para criticar la posición sobre este tema de la derecha, a la que ha afeado que "tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto y ha recurrido su constitucionalidad ante los tribunales".

"Frente a quienes hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, vamos a seguir trabajando", ha aseverado Redondo, quien ha reivindicado que el Gobierno mantiene su voluntad de blindar el aborto en la Constitución.

Los Carnavales de Cádiz (COAC) pueden parecer, a simple vista, un folclore más, apolítico y amable. No obstante, tras siglos de censura y persecución, el evento se ha convertido en el altavoz de la lucha obrera andaluza. Son el resultado de la organización de un espacio combativo, dedicado a la denuncia social, donde la ira provocada por las injusticias se canaliza a través de una de las especialidades andaluzas: hacer reír y saber reírse de uno mismo.

A través de la ironía, el ingenio del disfraz y la composición de atrevidos versos, las agrupaciones carnavalescas muestran tanto lo cruda como ridícula que es la realidad en la que vive España. Una de las formas más divertidas, aunque también elegantes, de poner en jaque al poder.

Los COAC de 2026 han convertido el Teatro Falla en un escaparate para evidenciar cuestiones de talla estatal. Han defendido el feminismo, reivindicado el derecho a la vivienda y exigido un mejor futuro para los jóvenes. Los líderes políticos tampoco han quedado al margen del escarnio humorístico. Un ejemplo especialmente sonado fue la respuesta de la comparsa 'El Patriota', caracterizada como Blas Infante, a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del pasado diciembre, cuando afirmó que "los andaluces no saben contar". Los gaditanos le retaron a encontrar siete diferencias entre lo público y lo privado y a contar cuatro pilares que, según denunciaron, el PP está destruyendo: "Educación, empleo, sanidad y dependencia".

Naturalmente, los gaditanos barren para casa, por lo que hacen especial hincapié en problemáticas que afectan concretamente a la población andaluza. En esta edición, la sátira dirigida a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido una de las más recurrentes, especialmente a raíz de las negligencias en los cribados del cáncer de mama.

Asimismo, el escándalo del obispo de Cádiz y Ceuta, acusado de pederastia, ha provocado que múltiples actuaciones arremetan furiosamente contra la institución de la Iglesia. El bullying también ha sido una problemática especialmente denunciada este año, debido al reciente fallecimiento de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida a causa del acoso escolar que sufría.

Entre los gags más recurrentes, han sido frecuentes los chistes relacionados con el mal tiempo al que se ha enfrentado Andalucía. Por ejemplo, la chirigota 'Los Robins' cantó en semifinales unos versos en gallego por lo que "choveu" —ha llovido— en los últimos días, sufriendo un clima más similar al de la comunidad del noroeste que al andaluz.

La presentadora de televisión Sonsoles Onega también ha tenido que recibir los dardos de este humor a raíz del error que cometió en su programa de Antena 3, al confundir una carretera inundada por las intensas precipitaciones con la Bahía de Cádiz. La comparsa 'El jovencito Frankenstein' dedicó un cuplé entero al error de la periodista en semifinales, contraatacando a la ofensa mediante la burla: "Dice que ha sido una tragedia y que animales han perdido la vida, y lo que ha perdido su familia con ella ha sido una paguita".

La sátira por excelencia fue otorgada a Madrid y a su propuesta Madrilucía. Una cuestión que da mucho coraje a los andaluces pero que, además, pone en evidencia una realidad innegable: la apropiación cultural. La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' hizo, en cuartos de final, una dura crítica a la mercantilización de la identidad andaluza a través de un pasodoble. "Se anunció Madrilucía, una feria de Sevilla sin acento de podredumbre", cantaron con un fingido acento neutro, mientras acusaban a los madrileños de hacer "como el señorito hacía". Y sentenciaron: "Nos silencian, nos sacuden. Nuestra cultura y tradición de Andalucía para poder saquearla, sin andaluces".

Los COAC de 2026 han dedicado una enorme parte de sus letras a la reivindicación de la mujer, tanto para poner en valor su papel como para sumarse a la defensa del derecho al aborto y a la lucha contra la violencia de género y sexual. "Porque el hombre que soy hoy se lo debe todo a una mujer", explicó la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' en un pasodoble.

De lo más destacado, el desgarrador pasodoble que la comparsa 'Los Locos' llevó a cuartos de final. Cuenta la "doble violación" que sufre el personaje de María, como tantas otras mujeres, durante una fatídica noche. La joven volvía de fiesta a su casa, "con un dolor en el alma y un nudo en el pecho", cuando su padre le preguntó qué le había ocurrido. Ella, "con pudor, le cuenta que por sus caderas un cabrón se le arrojó sin compasión, como una fiera". A lo que el padre respondió con la misma poca compasión, iracundo: "Yo sabía que esto algún día te pasaría, no se puede ir siempre como una golfa así vestida". El hombre explicó que "feminismo y tonterías no hacen bien a la mujer".

La historia termina con María dirigiéndose a su cama, destrozada, sin estar segura de qué había ocurrido. Aquella noche, "dos hombres su alma arrancaron, se repite el dolor pero nadie ahora la ha tocado". 'Los locos' culminan la actuación sentenciando, furiosamente, que a la joven, al volver a casa, "otra vez la han violado".

La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' es otra de las agrupaciones que ha aprovechado el escenario para defender a las mujeres. En esta ocasión, volvió a traer a colación las ya archivadas denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes acusaron al cantante de violencia sexual. Los gaditanos señalaron que el artista cuenta "a su favor con el juez, la prensa y los medios".

El pasodoble termina con una firme denuncia: "Como Plácido Domingo, Julio Iglesias, la Manada, en este siglo es impune a la coartada de comprar a una mujer como una esclava".

Los roles se han alterado. En los Carnavales de Cádiz, la Iglesia se convirtió en víctima y el pueblo en verdugo.

La chirigota 'Los que la tienen de mármol', donde muertos en sus nichos cantan "que la vida es un teatro y tú tienes el guion", interpretaron un pasodoble como si fuera un rezo al 'Padre Nuestro'. A través de la oración, denunciaron los casos de pederastia en el clero. Así, contaron a Dios que "un siervo tuyo de este Reino se saltó tus mandamientos, mientras me robó la infancia". Hablaron del tormento que supone y las secuelas que los abusos dejan de por vida: "50 años han pasado y no hay día que no sienta por mi cuerpo esas manos pecadoras que en la tentación cayeron".

Los difuntos culminaron la actuación sentenciando que la infancia y la vida no "la devuelve un Dios ni un padrenuestro".

Entre las críticas al poder eclesiástico, también resultó destacable la comparsa femenina 'La Camorra'. Representaron al clero sobre las tablas, mientras cantaban una melodía con ecos de tarantela, en clara alusión a las mafias italianas. "Un lobby que tú pagas aunque no creas en nada", definieron las artistas a la Iglesia; o, como la vidriera del templo del decorado la denominó, la "Iglesia S.A."

En las semifinales, acusaron al clero de hacer "pervivir el franquismo con aromas del incienso", así como de, en nombre de Dios, haber "matado a cientos de miles republicanos". También aludieron al robo de bebés y a la codicia de bienes ajenos, señalando el uso de dinero público, la apropiación de espacios de culto y la posesión de miles de terrenos.

Los recortes sanitarios en Andalucía bajo la gestión de Juanma Moreno Bonilla, han provocado que el presidente de la Junta se convierta en el blanco del Teatro Falla. "La Sanidad en mi tierra nos la tomamos a pecho", advirtió la chirigota 'Ssshhhhh!', ganadora de esta edición. Durante la semifinal, los saeteros se dirigieron a Trump para corregir que no tendría que haber secuestrado a Maduro, sino al dirigente andaluz, quien mientras ha dejado "a las mujeres andaluzas olvidadas en una lista de espera, él se marca un blackface de Baltasar echando balones afuera".

"Con lo de los cribados, lo que hace literalmente es escurrir el bulto", añadieron. Y culminaron el pasodoble dirigiéndose a Moreno Bonilla de manera clara: "Y venga AMAMA y venga AMAMA, esta palabra tú estarás harto de escucharla, pues aplícatelo ya. ¡Y te vas pronto AMAMArla! ".

Y ha sido precisamente la crítica contundente de la comparsa ganadora, ‘DSAS3’, a la gestión de la Junta del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la que ha puesto el broche de oro a los COAC 2026, pasadas las seis de la mañana. Llamaron al presidente de la Junta "hijo bastardo de Andalucía", quien "le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre, enriqueciéndose con su agonía".

Los últimos minutos del certamen, iniciado desde el 11 de enero, fueron protagonizados por el fin del popurrí de la comparsa, un canto de agradecimiento por poder vivir la vida... "¡Con salud!"

Un año más, el Carnaval de Cádiz ha demostrado que el arte nunca dejará de ser un acto político.

Tiene 33 años de experiencia primero como profesor y después como catedrático de Derecho Procesal, puesto que ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Julio Banacloche, uno de los 12 candidatos a una plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reúne todos los requisitos legales para cubrir esa vacante. El candidato ha mostrado en diversos actos públicos y apariciones en medios un fuerte perfil religioso y conservador con opiniones contrarias a iniciativas bandera de la izquierda como la ley trans, el aborto o la eutanasia. También a la exhumación de Franco de Cuelgamuros. En febrero de 2025 participó en unas jornadas jurídicas organizadas por el PP en las que criticó al Constitucional por avalar todas las iniciativas del Gobierno: "Da igual lo que apruebe el Congreso porque va a pasar el filtro del TC". En 2012 llegó a afirmar que los católicos "pueden desobedecer leyes contrarias al Derecho Natural".

Además de Banacloche, al puesto concurren otros 11 aspirantes que ya han pasado el filtro de la comisión de calificación. Ahora será el Pleno el que tendrá que elegir al nuevo magistrado. Conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno en el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló, tendrán que pactar un nombre para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la cobertura de la plaza. El catedrático ya optó en 2019 a otra vacante en el Supremo –en la Sala de lo Civil– que finalmente no logró obtener y ha sonado en varias quinielas al Tribunal Constitucional en los últimos años.

El procesalista de la Complutense participó el pasado febrero en las jornadas denominadas Contra la impunidad, organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, a las que también acudieron otros juristas conservadores como el exmagistrado del Supremo y el Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, entre otros. La jornada, inaugurada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, y clausurada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sirvió para criticar las principales iniciativas del Gobierno y el PSOE en materia judicial.

La intervención de Banacloche (aquí el vídeo, tercera hora, minuto 10,39) se centró, sobre todo, en la proposición de ley del PSOE –presentada por esas fechas pero finalmente retirada– para limitar la acción popular. El profesor se mostró contrario a la iniciativa del grupo parlamentario socialista por considerar que estaba diseñada para acabar con los casos que afectan al Gobierno. El académico se refirió a esa figura como "el elemento que ha servido de contrapeso" a un Ministerio Fiscal con "un nivel de desprestigio muy grande". Banacloche también se mostró contrario a que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que instruyan las causas penales, como prevé el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del actual Gobierno, una iniciativa que también ha defendido el PP y fue propuesta en su momento por los Ejecutivos de Mariano Rajoy.

Por último, cargó contra el Tribunal Constitucional. "Algo hay que hacer", dijo, "porque esto es como el caso Negreira [el escándalo de los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros] pero en derechos y libertades". El profesor aseguró que cualquier cosa aprobada por el Congreso pasa el filtro del TC, algo que, aseguró "no ha pasado nunca en la historia del tribunal". En el turno de preguntas, cuando le preguntaron por las amenazas del Supremo a la mayoría progresista del órgano de garantías sobre la posibilidad de actuar contra sus magistrados por prevaricación, afirmó: "La propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional. Luego afirmó que sentía "cierta esperanza" porque la próxima renovación parcial del órgano corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además de esos planteamientos conservadores expuestos en el acto del PP, el aspirante a magistrado de lo penal del Supremo nunca ha ocultado sus principios ideológicos y religiosos. "Un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural", es decir, a su propia religión, dijo en una conferencia en el Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra en 2012. "Si una ley va en contra del derecho natural", un concepto filosófico que se refiere a un conjunto de supuestas normas y principios que los católicos identifican con los de la Iglesia, "un jurista católico no la puede reconocer como verdadera ley, aunque formalmente esté aprobada", añadió, según recogió entonces el sitio web de contenido religioso Catholic.net.

En 2023, en una entrevista en la revista católica Omnes, se refirió al anterior Gobierno de PSOE y Podemos como "factoría de ingeniería social" y criticó la ley trans como "una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales·. "Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo", añadió. En el coloquio también cargó contra el aborto, en el que, dijo, no importa nada "ni el padre, ni mucho menos el hijo que se aborta"; o la eutanasia, en la que no se tiene en cuenta a "los familiares" del que expresa su deseo de morir. En 2019, además, publicó un artículo en El Mundo en el que criticaba la exhumación de Franco.

La Sala de lo Penal del Supremo cuenta con 15 miembros, de los que solo tres son mujeres. Los criterios aprobados por la comisión de igualdad del CGPJ para aplicar la ley de paridad señalan que ese reparto equitativo entre sexos debe darse en cada sala, lo que indicaría que el puesto tendría que corresponder, en principio, a una magistrada. Los vocales conservadores, sin embargo, ya han avanzado que vetarán a una de las candidatas a la que señalan por su cercanía al PSOE y a Pedro Sánchez. Se trata de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Bacigalupo formó parte del equipo que asesoró a los socialistas para elaborar el programa con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

El Ministerio de Sanidad ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordene a la Comunidad de Madrid elaborar el registro de objetores al aborto, después de no haber respondido al requerimiento que le hizo en este sentido y ser la única autonomía que se ha negado a hacerlo.

"La Comunidad de Madrid es la única que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio", destaca el departamento que dirige Mónica García en su demanda, a la que ha tenido acceso EFE.

Por ello, solicita a la sala de lo contencioso del TSJM que, como medida cautelar, ordene a Madrid elaborar este registro no sólo porque así lo mandata la ley del aborto, también porque esta comunidad, junto con el resto, votó a su favor en un Consejo Interterritorial celebrado en 2024. 

Los 21 antiabortistas juzgados el pasado mes de noviembre por un delito de coacciones tras haberse concentrado en 2022 para rezar ante la clínica Askabide de Vitoria, que practica interrupciones voluntarias del embarazo, han sido absueltos, según recoge EFE.

La Fiscalía defendió durante el juicio que esas concentraciones diarias de grupos de unas cinco personas con pequeños carteles y rosarios supusieron un acoso e intimidación a los trabajadores y pacientes de la clínica. Las defensas argumentaron por contra que esos rezos se enmarcaban en el "legítimo derecho a expresar la fe".

La titular del juzgado de lo penal número 1 de Vitoria ha considerado que estos actos no eran constitutivos de delito y ha absuelto a todos los procesados, según han confirmado fuentes judiciales.

En concreto, la jueza considera que el comportamiento de los acusados no puede calificarse de coactivo porque "nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas" y sostiene también que se puede "descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza".

"No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes", señala la sentencia.

Los procesados se enfrentaban a una petición de cárcel de cinco meses por parte de la Fiscalía, con posible sustitución por 100 días de trabajos para la comunidad. La clínica, personada como acusación particular, solicitaba además 20.000 euros de indemnización. Por su parte, las defensas pedían la libre absolución de los acusados.

Las concentraciones que motivaron este proceso judicial tuvieron lugar entre el 28 de septiembre y el 7 de noviembre de 2022.

Según relató durante el juicio el gerente de la clínica, Igor Elberdin, los procesados acudían a diario frente al centro médico para rezar, con rosarios, con camisetas y con carteles. Esa "presencia constante" suponía para él una "coacción". También una trabajadora y una paciente declararon en el juicio haberse sentido "intimidadas" y "señaladas" por estas concentraciones.

Los 21 acusados defendieron ante la jueza que en ningún momento habían intimidado a pacientes y trabajadores y aseguraron que se limitaban a rezar en silencio o en voz baja. Señalaron también que no interactuaban con nadie al margen de su grupo, que no increpaban, insultaban o hacían gestos a las mujeres que pasaban por delante de ellos.

Tras escuchar las distintas versiones de lo ocurrido la jueza ha dado la razón a los antiabortistas y los ha absuelto del delito de coacciones.

La clínica recurrirá la absolución de los 21 antiabortistas. La letrada de la acusación particular, Beatriz Ilardia, ha anunciado a EFE que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Álava y que su intención es "agotar la vía judicial".

En su opinión, la jueza ha ponderado la ausencia de comportamientos violentos o insultos para absolver a los acusados pero no ha tenido en cuenta la modificación aprobada en 2022 del Código Penal, para introducir un nuevo artículo, el 172 quater, que busca precisamente castigar a quien "obstaculiza el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

La magistrada, ha argumentado la abogada de la acusación particular, ha hecho una lectura de los hechos basada en el concepto de orden público cuando el espíritu del 172 quater va más allá de esa visión y trata de que las mujeres puedan ejercer sus derechos "sin ser hostigadas".

Esta sentencia, añade Ilardia, "corre el riesgo de vaciar de contenido" el citado artículo, porque "no se ajusta a su espíritu" que es dar "un perímetro de seguridad" a las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Así consta negro sobre blanco en el artículo 47 de la Constitución Española el derecho a la vivienda. Y en este aniversario de los 47 años del texto es precisamente la vivienda el gran naufragio de la clase política, incapaz de ponerle freno a un mercado especulativo que no para de batir récords de ganancias y que está truncando las perspectivas personales de millones de ciudadanos, especialmente de los jóvenes. 

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el principal problema para el país (citada por el 40% de los ciudadanos), por encima de la situación política, la migración, la crisis económica y el empleo. Con unos niveles de preocupación muy altos principalmente entre los segmentos de población menores de 40 años.

A pesar de la aprobación de la ley de vivienda por parte del Gobierno de coalición en la pasada legislatura, el mercado no está controlado, sobre todo debido al bloqueo de las comunidades del Partido Popular a aplicar los topes de alquileres en las zonas especialmente tensionadas. Los socios del Gobierno, ante este panorama, presionan al PSOE para que tome medidas más valientes ante esa emergencia y han puesto en el centro de sus críticas a la titular del ramo, Isabel Rodríguez.

Algunos dirigentes de izquierdas llevan tiempo alertando, como es el caso de Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), de que el Gobierno puede caer por la vivienda más que por los casos de corrupción. La Moncloa ha querido lanzar una señal horas antes de la conmemoración de la Constitución en el Congreso con la presentación el jueves de la nueva empresa pública de vivienda, que en una primera fase se encargará de gestionar unas 40.000 viviendas en régimen de alquiler asequible.

El texto constitucional encara también esta efeméride con una propuesta de modificación puesta encima de la mesa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para blindar el derecho al aborto, siguiendo los pasos de la reforma aprobada en Francia en marzo del año pasado. 

La propuesta de reforma ya pasó una primera vuelta en el Consejo de Ministros con la idea, impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con Justicia, de incorporar un apartado cuatro en el artículo 43. El texto planteado es: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

Este apartado se incluiría en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica. Con esta reforma se quiere reforzar, a tenor del Ejecutivo, un sistema completo de protección, que recoge tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional, garantizando que este derecho se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país en un momento de cuestionamiento de este derechos por parte de la ultraderecha en connivencia con algunos sectores del Partido Popular. 

Ahora mismo el texto ha sido enviado al Consejo de Estado, que emitirá su informe a finales de este mes o a principios de enero, según fuentes de esta institución. El Gobierno tiene que esperar a todos los informes consultivos para unificarlos y aprobar en segunda vuelta esa propuesta de reforma. Por ello, calcula que esto no se producirá hasta, al menos, dentro de seis meses.

El Gobierno quiere tramitar esta reforma a través del procedimiento ordinario, que requeriría de una aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboraría un texto alternativo, sometido de nuevo a votación. Si de nuevo, no se alcanzase un acuerdo, la reforma podría aprobarse con una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

La Constitución sí ha visto esta legislatura un acuerdo histórico para la reforma del artículo 49 para eliminar la palabra disminuido y sustituirla por persona con discapacidad. El cambio en la Carta Magna contó con un abrumadora unanimidad en el Congreso y en el Senado, a excepción del voto contrario por parte de los parlamentarios de Vox.

De esta manera, el texto constitucional en ese apartado queda así: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

Con este segundo apartado: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Pero todavía hay que dotar de contenido esta reforma. Por eso, el Gobierno está reclamando el mismo consenso para aprobar los cambios de las leyes de dependencia y discapacidad que ya se tramitan en el Congreso. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha prometido desarrollar este artículo, pero ha criticado que el Ejecutivo no dote de memoria económica estas leyes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto, según informa EFE.

Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito en X. 

El presidente del Gobierno ha denunciado que la Comunidad de Madrid deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, algo que considera "un derecho esencial convertido en negocio". "No lo vamos a permitir", ha asegurado.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.

Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, no así Madrid.

"Constatado su rechazo a hacerlo", el Gobierno ha iniciado este lunes acciones legales "para hacer que se respete la ley".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. (...) La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones", ha subrayado Moncloa.

El Ejecutivo ha insistido en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público.

"El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública", ha advertido el Ejecutivo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales tras constatar que no ha elaborado el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto, ya que supone "una rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres", y se ha preguntado "qué le pasa a la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) contra las mujeres".

García participa este sábado en el acto político '2 años gobernando' de Más Madrid junto al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en el que han confirmado que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha elaborado el citado registro, una vez cumplido anoche el plazo dado por el Ministerio.

"Vamos a ir a los tribunales, iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo y la señora Ayuso tendrá que responder ante los tribunales sobre esa obstaculización, sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha dicho García a los periodistas.

La ministra ha explicado que lo primero que quería hacer era desear a Isabel Díaz Ayuso que se recupere de su estado de salud, ya que ha estado indispuesta, tras lo que ha arremetido contra ella políticamente por comportarse "al más puro estilo trumpista" y "declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto" y "obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

Ha incidido en que la decisión de la Comunidad de Madrid desoye lo dictado por el Tribunal Constitucional y va en contra de la ley de 2023, que ha advertido que se tiene que cumplir.

"Lo más grave es que está yendo contra el derecho de las mujeres. No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no se cuál es esta contienda, esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha añadido, haciendo hincapié en que "en este país la ley se cumple".

Mónica García también se ha referido a la manifestación convocada este sábado por los sindicatos CESM y SMA para protestar por la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, asegurando que el nuevo estatuto va a reflejar las reivindicaciones y el malestar que tienen los médicos desde hace años y mejorará sus condiciones.

Ha añadido que el nuevo marco "dejará atrás la precarización y la indefensión de los profesionales" y que "el mayor error" sería mantener el actual.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aseguró este viernes que la administración regional no iba a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y que había dejado la decisión en manos de los tribunales: "Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población".

Ante los medios de comunicación, Matute también declaró que la Comunidad de Madrid no iba "a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos".

No obstante, el registro de objetores es creado como una herramienta que, precisamente, organiza y garantiza la protección del derecho de los profesionales a objetar. Las razones para ello pueden ser religiosas, deontológicas o bioéticas; sin embargo, no deben ser reveladas y los datos de los profesionales sanitarios tendrán carácter confidencial.

A pesar de la naturaleza de dicho historial de profesionales, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reiteró en octubre  se negaba a hacer una "lista negra" de médicos objetores. Además, pidió a la izquierda que se fueran "a otro lado a abortar". "Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", respondió Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. Para la presidenta, tales datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.

Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados, con enormes disparidades entre comunidades. Mientras Cantabria realiza más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la administración regional no va a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y ha dejado la decisión en manos de los tribunales, informa EFE.

"En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos", ha dicho la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.

"Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha indicado Matute.

La consejera realizó estas declaraciones el mismo día en que vencía el plazo de un mes establecido por el Ministerio de Sanidad para que Aragón, Madrid y Baleares elaboraran el registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. Aragón y Baleares, también gobernadas por el PP, sí han accedido a poner en marcha la base de datos tras el requerimiento del Gobierno central.

Durante este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha intentado recordar la fecha límite al gobierno madrileño a través de sus redes sociales: “Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado su negativa en desarrollar una "lista negra" de médicos objetores. Sin embargo, la obligatoriedad de dicho registro forma parte del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, tal y como establece la Ley del Aborto de 2023. Los profesionales pueden acogerse a este derecho por motivos religiosos, deontológicos o bioéticos, aunque no deben revelarlos. Se trata de una herramienta interna de gestión para las comunidades autónomas que, precisamente, organiza y garantiza la protección del derecho a objetar.

La finalidad del registro es facilitar la planificación de recursos humanos para asegurar la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es un instrumento de uso autonómico y no tiene carácter público: los datos están catalogados como "categorías especiales", por lo que están "especialmente protegidos"

El procedimiento para incluir a un sanitario en el registro es muy sencillo. El profesional solicitará su inscripción a través de la sede electrónica de la comunidad que corresponda, que a su vez le emitirá un documento que acredite su inclusión o no. El solicitante podrá modificar o revocar la declaración en cualquier momento y mediante el mismo procedimiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reiteró en octubre que se negaba a hacer una "lista negra" de médicos objetores y pidió a la izquierda que se fueran "a otro lado a abortar".

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", respondió Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. Para la presidenta, tales datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.

La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, respondió a Ayuso que "aquí todo el mundo aborta", también las mujeres de derechas, y le preguntó Ayuso si solo querían que lo hicieran las que tienen el "privilegio" de poder pagarse un viaje a Londres.

Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados, con enormes disparidades entre comunidades. Mientras Cantabria realiza más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.

Después de un aborto, existen en la mujer todo tipo de síntomas provocados por el dolor de la culpa o de la religión y las hormonas de la preñez.

Necesita todos los medios que la ayuden a tragarse ese amargo cáliz: un lugar acogedor con personal sanitario. Y que alguien le explique que aquello que le van a extraer dista mucho de ser una persona. 

Las mujeres en edad fértil necesitan saber que, tengan o no dinero, si algún día les toca pasar por un aborto deben contar con todos los adelantos médicos. Las despectivas palabras de Ayuso --"¡Que vayan a abortar a otra parte!"--, debieron crear en las madrileñas pobres un enorme desconsuelo.

Contaré dos casos si me da tiempo. En uno, fui yo la que aborté. En otro,  a mis 17 años la que acompañé a abortar. 

Empezaré por este último.

Había llegado de Madrid y estudiaba Medicina en Barcelona.

—Ita!— oigo la voz de mi amiga al otro lado del teléfono— Mi prima Xx está en Barcelona (y me cuenta lo que ocurre) ¿la puedes acompañar?

La fui a ver. Xx estaba en cama con vómitos y se encontraba muy mal. No teníamos dinero para un taxi,  así que echamos a andar hacia las Ramblas hasta el carrer Hospital. 

Llegamos a un portal sucio y oscuro, subimos la escalera y tocamos el timbre del segundo. Abre una mujer en bata y nos acompaña al comedor.

—Pasad, lo haremos aquí mismo—. Xx se tienda sobre la mesa, las faldas levantadas y sin bragas, cada pierna sobre el respaldo de una silla, hasta que llega el médico. Su barriga es abultada.

El doctor la explora y empieza a renegar:

—¿Pero… de cuántos meses estás? Y, cagándose en todo le pone una mascarilla en la cara mientras su ayudante, le echa sobre la boca y la nariz una solución de éter.

Aguanto un rato y cuando el medicastro extrae a trozos pedazos de carne con la piel perfectamente blanca, me mareo y me dejo caer en un sillón. 

Pasa el tiempo. Noto que me zarandean y me despierto. Me impresionan las pupilas de Xx que giran en todas direcciones. Después de pagar me dan un inmenso paquete mientras dicen que nos vayamos.

—Tiradlo en una alcantarilla. El feto es enorme, os debiera haber cobrado más, cagüen dios!

Con una mano cojo el paquete, con la otra a Xx, que casi no puede caminar. 

Volvemos a las Ramblas a sabiendas de que si nos pillan vamos directas a la cárcel. Busco como loca alcantarillas mientras Xx sigue anestesiada sobre mi cuerpo. Encuentro una. Siento a Xx en una silla de hierro y corro a deshacerme del paquete. 

Respiro, seguimos andando hasta su casa y me quedo a su lado. Sobrevive, ha tenido suerte.

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Mercè Carandell es socia de infoLibre.

Querida ciudadanía española,

Treinta años después del histórico Plan de Acción de El Cairo, el derecho al aborto vuelve de cuando en cuando al debate de actualidad. Ahora, escuchamos al otro lado que España se plantea blindarlo en su Constitución, como consecuencia del falso debate recurrente sobre un derecho básico para las mujeres. 

Pero este debate no ocurre en el vacío. En los últimos años hemos visto cómo en distintos países —desde Estados Unidos hasta Polonia o El Salvador— se desmantelan protecciones que ha costado décadas conquistar. Detrás hay una ofensiva internacional bien organizada que busca recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. 

En muchos países, decidir interrumpir un embarazo sigue siendo motivo de cárcel o de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican unos 25 millones de abortos en condiciones inseguras, responsables de entre 22.000 y 39.000 muertes maternas evitables. No por abortar, sino por no poder hacerlo con garantías y seguridad. 

En Bolivia cada día comprobamos lo que ocurre cuando el derecho al aborto no existe o está restringido a unos pocos supuestos. Les escribimos no para hablar de teoría, sino de vidas concretas: las de miles de mujeres, niñas y adolescentes que ven negada su autonomía, su salud y su futuro.

Aquí, el aborto solo es legal en casos de violación o cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo. En la práctica, sin embargo, incluso esas excepciones son casi imposibles de ejercer. Los prejuicios, el miedo y la desinformación pesan más que la ley. Cada año se practican miles de abortos inseguros, y el resultado es devastador: mujeres encarceladas, hospitalizadas o muertas por no poder acceder a un servicio seguro.

Según datos oficiales, el 50,5 % de los embarazos en Bolivia son no intencionales, y más de 32.000 adolescentes se convierten en madres cada año. Detrás de muchas de esas cifras hay violencia sexual, matrimonios forzados y una profunda ausencia de educación afectivo-sexual. No se trata solo de estadísticas: se trata de oportunidades perdidas, de infancias interrumpidas, de sueños cancelados antes de comenzar.

Por eso, que ahora España se plantee blindarlo en la Constitución no es un gesto menor. Significa reconocer que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte esencial de la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

Por eso miramos con atención y esperanza. Blindar el aborto no es solo un avance para las mujeres españolas. Es también una señal para el mundo: una manera de decir que los derechos conquistados no son reversibles, que la igualdad y la dignidad no dependen del gobierno de turno.

España ha sido ejemplo de avances en igualdad y de compromiso con una política exterior feminista. Pero si de verdad quiere ser coherente con esa visión, necesita defender este derecho también fuera de sus fronteras. Porque lo que se defiende dentro inspira fuera, y lo que se protege en el Norte tiene eco en el Sur.

Cuando una mujer española pueda decidir libremente sobre su cuerpo, sin miedo ni culpa, supondrá también un paso adelante para que una mujer boliviana pueda hacerlo algún día en una sociedad que apoya el acceso al aborto libre y seguro. Cuando se blinda un derecho en un país, se fortalece en todos.

Legalizar el aborto salva vidas. Las protege del vaivén político. Significa confiar en las mujeres y reconocer su capacidad para tomar sus propias decisiones. 

Desde Bolivia, enviamos nuestro apoyo y solidaridad para que sigan avanzando. Que no den por sentados los derechos que aquí todavía estamos luchando por conquistar. Que escriban en su Constitución lo que tantas queremos poder escribir en la nuestra: que nuestros cuerpos no son campo de batalla, sino territorio de decisión.

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Magali Chávez es directora Alianza-ActionAid en Bolivia.

Lo que han demostrado la derecha y la ultraderecha con su iniciativa sobre el “síndrome postaborto”, que no existe, es la existencia del “síndrome preaborto”, que no es otro que la ideología conservadora y machista que no acepta que las mujeres puedan decidir llevar a cabo la interrupción de un embarazo no deseado.

Al machismo cultural de la derecha no le preocupa lo que pasa después de un aborto, y menos aún lo que ocurre con las mujeres que abortan, a las cuales se han referido como asesinas, pecadoras, feminazis… y otras referencias por el estilo. Si de verdad les importaran las mujeres en esas circunstancias, significaría reconocer que les importan las circunstancias que dan lugar a que toda esa situación relacionada con el aborto se pueda producir, algo de lo que no quieren ni oír hablar. Por eso rehúyen de todo lo que sea plantear cualquier iniciativa sobre educación sexual y reproductiva, y de cualquier actuación que ayude a prevenir los embarazos no deseados. La solución que proponen desde algunas de sus posiciones es la abstinencia sexual, la cual ya se ha visto fracasar a lo largo de toda la historia.

Con su actitud, lo que demuestran la derecha y ultraderecha es que no les importa la vida. La vida es mucho más que la constancia de estar vivo y, si tanto les preocupara, les importaría la de las mujeres con un embarazo no deseado, y les importarían los miles de embriones que hay congelados en clínicas de fertilidad, algunas de las más importantes en sus feudos de Madrid y Valencia, ante las que no dicen nada.

Según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en España hay unos 668.000 embriones congelados en bancos de conservación, de los cuales aproximadamente un 12% se consideran “abandonados” porque sus donantes dejaron de pagar la crioconservación, un 17-18% se dedicarán a investigación, y otro 18% serán destruidos por petición de sus “propietarios”. Es decir, cientos de miles de embriones nunca llegarán a ser implantados en un útero, sin que reclamen nada frente a esas “vidas”.

Lo que les importa no es la “vida” de los embriones, sino que las mujeres puedan tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Por eso sus ataques y críticas no van hacia cualquier vida embrionaria, sino solo a las que se encuentran en el útero de una mujer, y por ello tratan de presentar una decisión tan trascendente y difícil –como relatan las propias mujeres al referirse a la interrupción del embarazo– como un juego o un método anticonceptivo más, o inventan ahora el “síndrome postaborto” para asustarlas con argumentos clínicos, no sólo con la estigmatización social al llamarlas asesinas y malas mujeres.

Los estudios científicos demuestran que el “síndrome postaborto” no existe, y que los problemas de salud mental en las mujeres que abortan son similares a los de las mujeres que no abortan, y que en ambas situaciones están relacionados con los antecedentes de problemas de salud mental previos al embarazo y aborto, tal y como recogió hace años el informe de la Academia de Red de Colegios de Medicina del Reino Unido (2011).

Lo que sí demuestra la estrategia del “síndrome postaborto” de la derecha y ultraderecha, según hemos adelantado, es la existencia del “síndrome preaborto”. Por eso, mientras que intentan coaccionar a las mujeres tras su decisión, conviven con las circunstancias que dan lugar a los embarazos no deseados sin hacer nada contra ellas. Y por la misma razón, mientras dicen actuar en “defensa de la vida”, tampoco hacen nada sobre los embriones congelados que tantos beneficios económicos reparten.

Todo es un paso más en su estrategia de refundación machista, ante una realidad social que se le escapa de las manos conforme la transformación social, impulsada por el feminismo y las políticas de igualdad, ha ido poniendo de manifiesto las mentiras sobre las que se sustenta su modelo de sociedad, en el que la maternidad era el argumento fundamental para que las mujeres estuvieran donde, según ellos, tenían que estar: el hogar. Y mientras, los hombres han ocupado las posiciones de poder decidiéndolo todo, también si un embarazo no deseado se podía interrumpir o no.

No es casualidad que la invención del “síndrome postaborto” coincida con la reivindicación de la figura de las mujeres-esposas-madres tradicionales volcadas en el cuidado de sus maridos e hijos sin salir del “reino del hogar”, tal y como revindican las influencers denominadas trad-wives (“esposas tradicionales”). Quizás olvidan que la sociedad no está dispuesta a retroceder ante los derechos alcanzados, es cierto que un gobernante siempre podrá imponer sus leyes a través de los instrumentos existentes cuando lo que busca es someter a la sociedad a su modelo de convivencia, ideas y valores, como ha hecho DJ Trump en Estados Unidos con el aborto, pero no debemos olvidar lo que le ocurrió a Ruiz-Gallardón en España cuando intentó derogar la actual “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, y el derogado fue él.

Lo que sí ha demostrado la ciencia que produce problemas de salud mental en las mujeres que han abortado, según el informe citado de la Red de Colegios de Médicos del Reino Unido, es la presión que sufren las mujeres por parte de sus parejas (hombres) para que aborten, la actitud social e institucional contra el aborto y las críticas y ataques contra las mujeres que interrumpen el embarazo. Justo lo que hacen la derecha y ultraderecha con su “síndrome preaborto” ideológico, que no es otra cosa que su machismo cultural.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El Gobierno trabaja con la previsión de llevar a finales de diciembre o enero al Congreso la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. Pero, además de los trámites técnicos, el Ejecutivo quiere poner en primera línea el debate político en todas las instituciones con el fin principalmente de que se retrate el Partido Popular.

El blindaje del derecho al aborto se ha convertido en una de las líneas centrales del Palacio de La Moncloa y del PSOE en un momento de auge de la extrema derecha, que trata, como ha pasado en EEUU, de torpedear esta histórica conquista de las mujeres. Por eso, los socialistas quieren debates en cámaras nacionales, autonómicas y municipales que sirvan para defender su postura y quede clara la postura de cada formación ante los ciudadanos.

En las Cortes Generales, se pone sobre la mesa este miércoles una moción lanzada por el grupo parlamentario socialista para que la Cámara Alta apoye la propuesta de reforma de la Carta Magna del anteproyecto de ley que ha acordado el Ejecutivo de coalición, que ahora se encuentra en fase de estudio por parte del Consejo de Estado. 

El Senado está dominado por mayoría absoluta por el Partido Popular, que quiere evitar mojarse en este asunto y que argumenta que es una cortina de humo del Ejecutivo para tapar los casos de corrupción. Fuentes socialistas, en cambio, subrayan que ha sido el Partido Popular el que ha zarandeado esta cuestión a través del apoyo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres que vayan a abortar a recibir información de un supuesto trauma post-aborto, que no tiene ningún tipo de base científica. También ha puesto en primera línea este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al oponerse al registro de objetores mandatado por la actual ley de 2023.

En la exposición de motivos del texto presentado por el PSOE se describe: “Los avances legislativos, impulsados sistemáticamente por gobiernos socialistas, siempre han encontrado la oposición de grupos políticos y sociales conservadores, incluido el Partido Popular (PP). Han pasado cuarenta años desde la primera ley que despenalizó el aborto en España y aún cuesta reconocer la postura del principal partido de la oposición sobre este particular”.

Los socialistas consideran al hilo: “Sabemos que la ley, aunque imprescindible, no es suficiente. A la ola reaccionaria, nacional e internacional, a la que parece haberse subido el PP, se suma la persistencia de barreras que siguen limitando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia está regulada por ley, pero con un desarrollo y aplicación muy heterogéneo en las distintas comunidades autónomas. Además, las diferencias territoriales en los itinerarios de acceso y en los métodos disponibles, la insuficiencia de recursos en la sanidad pública y la persistencia del estigma social son algunas de las trabas que continúan condicionando la libertad de las mujeres”.

El texto pide al Gobierno actuar en varias direcciones, empezando por la reforma de la Constitución. También insta al Ejecutivo a articular mecanismos para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia individual del personal sanitario no suponga un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a dicho derecho. Quiere que se mejore la coordinación con las comunidades autónomas y las universidades y la formación en materia de incorporación de la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio de los grados y posgrados universitarios de Medicina y Enfermería.

La moción de los socialistas aboga asimismo por “establecer mecanismos para garantizar, tal y como establece la ley, que ninguna asociación u organización contraria al derecho al aborto pueda recibir ninguna subvención, concierto o convenio destinada a fines de oposición al aborto o desinformación sobre el mismo”.

Pero el PSOE quiere que esas votaciones se extiendan a lo largo y ancho de España en todas las comunidades autónomas. El partido presentará mociones en todos los territorios, según ha acordado el área de Igualdad del partido, liderada por Pilar Bernabé. Esta acción ha sido coordinada junto a dirigentes como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, que han estado en contacto con las responsables del área en cada federación.

Para esas mociones se están utilizando como bases las propuestas que el PSOE de Madrid ha puesto ya a circular en la Asamblea y en los ayuntamientos, al ser el epicentro del freno al aborto con los movimientos de Almeida y Ayuso. Los socialistas madrileños han registrado un texto en todos los municipios, recordando en la propuesta: “En la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido. Es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante”.

En el texto los socialistas instan a cada Pleno de ayuntamiento a “reafirmar la defensa” del aborto como “un derecho reconocido y protegido” e insta a los gobiernos municipales “ a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente ‘síndrome postaborto”. Además, exige a la Puerta del Sol que despliegue “plenamente” la ley vigente.

Por el momento, esa moción se ha debatido solo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero tenía especial importancia porque su alcaldesa, Judith Piquet (PP), es una persona de la máxima confianza de Ayuso y ocupa el cargo también de presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. El texto acaba de ser tumbado con los votos de los populares y de Vox. Fuentes socialistas sostienen que “No les ha dolido votar en contra. Lo han hecho de forma torticera y apenas le han dedicado tiempo a hablar en el Pleno. Las mujeres les importan un pimiento”.