Ana Redondo: “Puedes decidir abortar, pero si no tienes dónde acudir, ¿es eso libertad?"

Acaba de volver de Bruselas, donde se ha reunido con importantes asociaciones que luchan por el derecho al aborto. Ana Redondo (Valladolid, 1966) habla con infoLibre en una de las semanas más importantes desde que asumió el Ministerio de Igualdad. La deriva ultra del PP respecto a la interrupción voluntaria del embarazo ha hecho que el Gobierno mueva ficha para reformar la Constitución y garantizar que la prestación sanitaria está asegurada en la sanidad pública. Una propuesta no exenta de polémica: hay quien dice que de esta manera las mujeres quedan más desprotegidas. La ministra es tajante: "La libertad sobre el cuerpo de las mujeres no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cómo se presta ese servicio". Hace tan solo unas semanas, el Ministerio vivía su peor crisis, la de los fallos en las pulseras telemáticas. A día de hoy, asegura que los dispositivos funcionan con normalidad y que los protocolos nunca han fallado. Pero hay algo que lamenta todos los días: la inseguridad que han podido sentir las víctimas.

En el último Consejo de Ministros se aprobó el anteproyecto para reformar el artículo 43 de la Constitución y con ello blindar el aborto. ¿Por qué se han decantado por esta opción y no por introducirlo como un derecho fundamental? 

Los derechos constitucionales tienen dos dimensiones: una de libertad y otra prestacional. No creemos que la libertad en la interrupción voluntaria del embarazo esté en peligro. Los datos son claros: de los 107.000 abortos en 2024, el 80% se han producido en la sanidad privada. Hay diferencias abismales entre regiones. En Galicia o Cantabria casi el 60% de los abortos se producen en la sanidad pública, mientras en Madrid no llegan al 1%. Eso nos hizo pensar que lo problemático, donde no está garantizado el derecho, es en su incorporación a la cartera de servicios públicos. La libertad sobre el cuerpo de las mujeres no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cómo se presta ese servicio, por eso esta reforma. 

Pensamos que no es necesario introducirlo en el artículo 15 [el que establece el derecho a la integridad física y moral de las personas] porque es algo que ya reconoció el Tribunal Constitucional. Lo que pretendemos incorporar no significa borrar toda la jurisprudencia anterior, sino complementarla. Además, todas las modificaciones constitucionales hasta la fecha se han producido por la vía de la reforma ordinaria o puntual de la Constitución. La reforma tiene visos de prosperar siempre y cuando se deje libertad de voto dentro del Partido Popular. Es decir, que no se imponga un único criterio dentro de los populares, porque ya sabemos que dentro de ese partido hay distintas opiniones en torno a esta cuestión.  

Sin embargo, hay juristas de reconocido prestigio que aseguran que de esta manera se degrada la protección que tenían las mujeres… 

No es así. No es lo mismo incorporar un derecho exnovo en la Constitución que hacerlo 47 años después. Hay una jurisprudencia previa que ahora se refuerza con el artículo 43. Yo puedo decidir interrumpir voluntariamente mi embarazo dentro de las primeras 14 semanas, pero si no tengo dónde acudir, ¿dónde queda mi libertad? Esa libertad se reconoce a través de las sentencias del Constitucional, pero necesitamos que se pueda practicar, que se pueda ejercer en igualdad en todo el territorio nacional, y para ello hay que incorporarlo de manera obligatoria en la cartera de servicios de la sanidad pública. Lo otro es un debate académico, que es interesante, pero no responde a las preocupaciones reales de las mujeres. 

El PP con sus mayorías absolutas en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid nos ha demostrado que el derecho al aborto está en riesgo

Entre las voces que están a favor de incorporarlo como un derecho fundamental, está la de Carmen Calvo, la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno.

Creo que ha hecho esas declaraciones antes de recibir la propuesta del Gobierno. Yo hablé con Carmen Calvo, estaba muy interesada y quedamos en comentarlo tranquilamente. Estoy convencida de que cuando la lea se dará cuenta de que lo que está en riesgo y lo que la agenda feminista defiende es la dimensión prestacional porque la libertad está garantizada por el Tribunal Constitucional y las leyes orgánicas.

El Constitucional ha garantizado en dos sentencias de 2023 y 2024 que el del aborto era un derecho fundamental. Pero, ¿qué ocurre si el tribunal cambia de criterio?

El Constitucional no cambia de opinión de un día para otro sobre una jurisprudencia consagrada. Si lo hace es porque hay una mayor motivación jurídica. Me parece muy difícil cambiar la jurisprudencia de artículos tan potentes como el 10 o el 15. 

Hay quien asegura que reformando el artículo 43, una reforma ordinaria que no exige la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, lo que buscan es retratar al PP en un tema en el que no se siente cómodo y activistas feministas han denunciado el uso electoralista que se está haciendo con este tema.

Lo que hay es una ola reaccionaria que nos ha obligado a acelerar una reforma constitucional que, en otras circunstancias, quizá no habríamos llevado a cabo ahora. El PP con sus mayorías absolutas en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid nos ha demostrado que el derecho al aborto está en riesgo. Hay una voluntad política clara de mandar a las mujeres a abortar a otra parte como ha dicho de forma inconsciente e irresponsable Isabel Díaz Ayuso. O ese síndrome postaborto del que nos hemos enterado por el alcalde de Madrid y no por la ciencia. Por eso hay que blindar este derecho en la Constitución. Además, estoy convencida de que una amplia mayoría del PP, de los sectores más moderados, piensa igual. 

El PP es necesario para sacar adelante la reforma, ¿se van a reunir con ellos?

Por supuesto. Vamos a hablar con todos los grupos salvo con Vox. La ultraderecha es parte del problema y no de las soluciones, es el partido negacionista de los derechos de las mujeres y sería una pérdida de tiempo. Con el PP y con el resto de grupos hablaremos en el momento en el que el informe del Consejo de Estado sea favorable. Es un tema esencial.

Vamos a hablar con todos los grupos salvo con Vox. La ultraderecha es parte del problema y no de las soluciones y sería una pérdida de tiempo"

Han optado por una reforma ordinaria, pero existe la posibilidad de un referéndum si lo pide un 10% de diputados o senadores. De hecho el presidente del Gobierno en una entrevista reciente no lo descartó. ¿Cree que debería celebrarse?

Constitucionalmente está previsto y no es descabellado. Puede ser interesante. No vamos con miedo a este debate ni a esta reforma. Vamos seguros y seguras de lo que queremos. Necesitamos convencer y creo que la inmensa mayoría de la sociedad está convencida. 

Hablemos de plazos. La reforma está ahora en proceso de informe en el Consejo de Estado, ¿cuándo cree que estará listo y cuándo podría aprobarse en las Cortes?

En diciembre o enero estaremos en el camino de iniciar la tramitación parlamentaria. Sobre su aprobación en las Cortes, dependerá de si hay una única votación o si se necesita una segunda ronda. Si es así y hay discrepancias entre Congreso y Senado, iríamos a una Comisión Mixta que propondría un texto. No es fácil calcular los tiempos, pero menos de 2 o 3 meses es impensable.

¿Han hablado ya con sus socios? ¿Cuentan con el apoyo, por ejemplo, de Junts?

Hasta que el Consejo de Estado se pronuncie y acepte el informe que hemos presentado, creo que sería precipitado. Cuando tengamos su aval será el momento para hablar y testar a los grupos. Pero salvo el PP, el resto de socios están de acuerdo y no creo que tengan ningún problema en apoyar esta reforma constitucional. 

Respecto a Ayuso y a su negativa a elaborar el registro de médicos objetores, ¿qué ocurre si no contesta al requerimiento que le han mandado? ¿Cómo van a hacer que cumpla la ley? 

Para interponer un recurso contencioso administrativo es necesario que se produzca un acto administrativo contrario a la ley. La respuesta negativa a elaborar el registro de objetores sería ese acto administrativo que da pie al recurso. Si no hay respuesta de la Comunidad de Madrid, la interposición del recurso se complica. Eso es lo que parece apuntar sibilinamente la señora Ayuso cuando ha hecho declaraciones públicas al respecto. En tal caso habría que estudiar la respuesta y la fiscalía tendría que valorar qué acciones cabría emprender.

Hay otras cuatro comunidades que, de momento, no tienen en marcha el registro de objetores. Son Baleares, Aragón, Andalucía (que lo está poniendo en marcha) y el Principado de Asturias, esta última gobernada por el PSOE. ¿Qué opinión le merece?

Les pido que cumplan con la ley. Las otras comunidades a las que hemos enviado requerimientos nos han dicho que lo harán. Lo que no es de recibo es la desobediencia a la ley y que Ayuso se jacte de ello. Vamos a estar muy encima de todos.  

Los datos del Ministerio de Sanidad señalan que una de cada dos mujeres que se sometieron a un aborto no usaba ningún método anticonceptivo, ¿qué está fallando?

Esa es la clave fundamental. Tenemos que ser más proactivos e impulsores de todos los elementos de prevención. Eso pasa por dar información, poner a disposición métodos anticonceptivos y ofrecer una educación afectivo sexual, algo que ahora no se da. Y eso implica a las comunidades autónomas. 

Hace tan sólo unas semanas, el Ministerio vivió la peor crisis desde que llegó a la cartera por los fallos en las pulseras telemáticas, ¿por qué no sancionaron a la empresa cuando detectaron incumplimientos de contrato? 

No era tan fácil. Lo que hicimos desde el Ministerio fue mediar entre dos empresas adjudicatarias, una saliente que llevaba gestionando el servicio desde 2009 y una entrante que se enfrentaba por primera vez a una gestión compleja de 30 millones de geo localizaciones al día. Además, se estaba produciendo un cambio tecnológico del 2g al 5G y eso requiere una adaptación. Ahora mismo tenemos en marcha una auditoría interna, un informe exhaustivo sobre todo lo que ocurrió en la transición de las empresas, y eso nos va a permitir tomar decisiones sobre la sanción a la empresa. 

¿Entonces, sí van a sancionar a Telefónica o a Vodafone?

Siempre y cuando se demuestre que hay un incumplimiento de contrato derivado del informe que estamos haciendo.

¿Puede decir ahora el Ministerio que los fallos están totalmente resueltos? 

Ahora mismo el sistema funciona con normalidad. Quiero recalcar que en este asunto también ha habido una falta de información por nuestra parte, pero también se ha tergiversado lo que ocurría. Por un lado, están los fallos tecnológicos. Por desgracia, yo no conozco ninguna tecnología infalible. Por otro, se llegó a decir que hubo condenas absolutorias de maltratadores por incumplimiento de órdenes de alejamiento. Eso nunca pasó. Se decía que había maltratadores en la calle y no es cierto. 

En la gestión de la crisis, se acusó al Ministerio de opacidad respecto a la información que se daba, el Congreso la reprobó por su gestión. A día de hoy, ¿nos puede decir cuándo tuvieron conocimiento de estos fallos y a cuántas mujeres afectó?

Tuvimos conocimiento a finales del año pasado. Lo que monitorizábamos, sobre todo, eran fallos tecnológicos de exceso. Pero cuando se trata de víctimas de violencia machista y maltratadores que están cumpliendo órdenes de alejamiento hay que ser muy discreto. Estamos hablando de la seguridad de las mujeres, de sus vidas, de situaciones terribles. Por eso lamento tanto que con esta polémica hayan podido sentir miedo o se hayan sentido desprotegidas. Pero hay que recalcar que aunque haya fallado la tecnología, lo que nunca ha fallado han sido los protocolos. Y eso significa que ante un fallo en el que la pulsera suena sin que tenga que hacerlo o lo hace más de la cuenta, que es lo que ha pasado en muchos dispositivos, se ha puesto en marcha inmediatamente el protocolo. Lo público funciona, porque con independencia de la tecnología, la red que tenemos es muy potente. La seguridad y la vida de las mujeres no han corrido riesgo.

“Con las pulseras telemáticas, falló la tecnología, lo que nunca ha fallado han sido los protocolos"

La crisis por los fallos en los cribados del cáncer de mamá comenzó en Andalucía, pero hay otras comunidades, como la valenciana, en la que se están destapando casos parecidos, ¿cómo se ha llegado a esta situación?

Es una apuesta por hacer negocio con la sanidad. Donde gobierna el PP se dedica a desmantelar los servicios públicos y a hacer negocio con ellos. Externaliza lo que no se tiene que externalizar porque es de todos. Es nuestro patrimonio común, nuestros servicios públicos. La sanidad, la educación, el servicio de extinción de los incendios… Son elementos esenciales para solventar los problemas que tenemos como sociedad. Si se hace de eso un negocio, se descapitaliza y nos encontramos con situaciones dramáticas como lo que ocurre con los cribados en Andalucía. 

Ha sido una semana especialmente intensa para el Gobierno, pero finalmente ha conseguido esquivar la fotografía del ex ministro y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, entrando en la cárcel. ¿Cómo ve la legislatura ahora?

Es una legislatura a la que le queda mucho recorrido. Hasta 2027. El presidente del Gobierno está decidido a terminarla. Es necesario plantar cara a este modelo reaccionario que se extiende como una mancha de aceite desde Estados Unidos hasta Europa y es importante que haya modelos alternativos. El modelo de este Gobierno ha demostrado que económicamente es potente, estamos creciendo por encima del resto de países, somos punta de lanza económica y a la vez estamos reforzando lo público, los servicios y los derechos de la ciudadanía. Es un modelo imbatible.

Los sondeos dicen que el PSOE está recuperando el voto femenino después de los bochornosos audios entre Koldo y Ábalos, ¿cree que las mujeres les han perdonado?

Los audios eran lamentables, dan asco. Son actitudes intolerables que no tienen cabida en el PSOE. Lamentablemente, hay Koldos en la mayoría de los partidos. Pero la igualdad es nuestra bandera y no nos dan gato por liebre. Las mujeres sabemos quien ha estado defendiendo desde siempre nuestros derechos.