A principios del mes de mayo, salvo sorpresa mayúscula el jueves 7 al mediodía, la ciudad de Lugo va a tener una alcaldesa del PP: Elena Candia, gracias a los 12 votos de su grupo sumados a los de la exsocialista y ahora tránsfuga María Reigosa, quien obtuvo acta de concejala a finales de 2025 por la muerte de un compañero del PSdeG. Será la primera militante del Partido Popular en 27 años que alce el bastón de mando de una ciudad que en las dos primeras décadas de restauración democrática en los ayuntamientos había sido monocultivo de las derechas bajo varias siglas.

Fue en 1995 cuando el PP obtuvo la hasta ahora última mayoría electoral que le permitió gobernar en Lugo, la absoluta lograda por Joaquín García Díez. Aquel alcalde, con buen predicamento y obras destacables, como el inicio de la gran peatonalización del centro histórico, no pudo repetir en el cartel electoral en 1999 por causa de los enfrentamientos internos del propio PP que dirigía el férreo Francisco Cacharro Pardo, cuya memoria los populares lucenses han vuelto a reivindicar recientemente tras lustros renegando de ella. Desde entonces, cuando Ramón Arias no consiguió la alcaldía, chocaron contra la muralla de la izquierda lucense con hasta media docena de candidatos.

A todos ellos los reunió Candia en vísperas de las elecciones municipales de 2023, las de su desembarco en la política de la ciudad de Lugo procedente de Mondoñedo, donde había sido alcaldesa de 2015 a 2020. La imagen, leída en algunos foros como una apuesta de la mindoniense por tejer lazos con una ciudad en la que en muchos ámbitos era recibida como ajena —por su desconexión con la urbe, no por su lugar de nacimiento—, fue interpretada en otros como un retrato de los sucesivos fracasos municipales de los conservadores. Algunos por estrechísimo margen y otros, especialmente sonoros.

La primera apuesta del PP por intentar volver a gobernar en Lugo fue de alto nivel. Aún con Manuel Fraga en la Xunta, el fundador del partido se desprendió de una de sus conselleiras estrella, Manuela López Besteiro, para lanzarla como candidata contra el socialista Xosé López Orozco, alcalde en una coalición de buena sintonía con el BNG que lideraba Branca Rodríguez Pazos.

Incluso con la Xunta de Fraga y la Diputación de Cacharro a favor —con episodios especialmente recordados como una visita y concierto de Julio Iglesias a pocos meses de los comicios—, la operación López Besteiro fracasó. El PP pasó de 12 a 9 ediles y Orozco consiguió una histórica mayoría absoluta para el PSdeG.

Cuatro años después, en 2007, el PP recuperó a quien había descartado. En el cartel de los populares volvió a aparecer Joaquín García Díez, alcalde de grato recuerdo. Pero su lugar ya había sido ocupado con amplitud por Orozco en amplias capas del electorado lucense, que observaba claras transformaciones evidentes en la ciudad. Algunas decisiones y maneras del regidor socialista le habían causado cierto desgaste del que el PP no pudo beneficiarse: perdieron la absoluta al perder un concejal que ganó el BNG.

En los siguientes comicios, los de 2011, el PP lucense estuvo más cerca de ganar la alcaldía. Volvieron a estrenar candidato, Jaime Castiñeira, y en un contexto de crisis económica y de abierto y profundo deterioro del Gobierno de España que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, se quedaron a apenas medio millar de votos del concejal número 13, el que da acceso a la absoluta. Una absoluta que, aun así, volvieron a sumar las fuerzas de la izquierda: 11 socialistas y 2 nacionalistas.

Aquel mandato iniciado en 2011 fue especialmente turbulento en Lugo. Por el desgaste general de la gran recesión y, sobre todo, por el estallido de la operación Pokémon que, combinado con el caso Campeón, trajo consigo un fortísimo impacto en el PSdeG local. Sobre todo, por las imputaciones judiciales que pesaron sobre Orozco —que no quedarían archivadas hasta 2021— y que le implicaron un importante lastre en la siguiente cita con las urnas, la de 2015. Pero el PP tampoco sacó provecho: repitió con Castiñeira, perdió tantos ediles como el PSdeG y además le surgió competencia por la derecha con Ciudadanos.

Las citadas imputaciones fueron la causa esgrimida por las demás fuerzas de la izquierda municipal, que habían pasado de una a tres por la irrupción de Lugonovo y ACE, para exigir la marcha de Orozco a cambio de un apoyo en la investidura a un PSdeG debilitado, con 8 ediles. Los socialistas accedieron dando paso a Lara Méndez, primera alcaldesa de la historia del ayuntamiento que, tras un mandato en minoría, repetiría resultado y sumaría coalición con mayoría absoluta junto al BNG en 2019, cuando el PP lo intentó con Ramón Carballo, actualmente presidente local del partido.

Fue así como llegó la cita de 2023, la del debut de Elena Candia en la ciudad de la Muralla. En un proceso inverso al de 2015, los populares consiguieron absorber prácticamente todo el voto de la derecha local, propiciaron la desaparición de Ciudadanos e incluso crecieron un poco más. Como Castiñeira en 2011, Candia se quedó a unos pocos votos de una absoluta que retuvieron PSdeG y BNG, la misma que van a perder en pocos días al pasar a la cuenta del PP uno de los escaños del pleno que los votos de la vecindad colocaron en el PSdeG.

Esa mayoría absoluta de socialistas y nacionalistas invistió alcaldesa por tercera vez a Lara Méndez y, pocos meses después, a Paula Alvarellos tras la renuncia de la primera regidora para concurrir a las elecciones gallegas. Alvarellos falleció un año después y el nuevo alcalde fue Miguel Fernández, bajo cuyo mandato murió otro miembro del grupo del PSdeG, Pablo Permuy, dando lugar al corrimiento de lista por el que la ahora tránsfuga María Reigosa accedió a la corporación.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

Impulsa Galicia, la empresa creada por la Xunta a comienzos de 2021 para captar fondos europeos y promover proyectos industriales como la fábrica de Altri en Palas de Rei, ya es historia. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) acaba de publicar, el 29 de enero, el cese de su última responsable, la liquidadora encargada de cerrar la sociedad por encargo de sus socios: la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama.

Impulsa Galicia desaparece así definitivamente sin que se conozca el pacto que firmó con Altri para su desembarco en Galicia, que la Xunta viene negándose a desvelar con diversos argumentos. El último, desvelado por Praza.gal hace unos días, que desconoce su contenido pese a haberlo firmado el entonces vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde. Un pacto que el BNG reclama ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de admitir a trámite su petición, y que el PSdeG quiere investigar en el Parlamento.

La disolución de Impulsa Galicia —Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, según su nombre oficial— fue anunciada por la propia empresa el pasado 7 de agosto al considerar que ya había logrado “cumplir su propósito fundacional”. Entre ellos citaba la creación de una segunda sociedad —Recursos de Galicia, para la participación directa en proyectos energéticos o mineros concretos—, un centro de datos en Curtis o la fábrica de Altri en Palas, de la que decía que “prácticamente concluyó su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de la obtención de apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central”.

Sin embargo, finalmente la fábrica quedó sin conexión eléctrica y sigue a la espera de la autorización ambiental final de la Xunta sin concretar aún su financiación.

Tras esa decisión de cerrar Impulsa Galicia, adoptada por su junta general el 5 de agosto y anunciada el día 7, la fase de liquidación concluyó el 23 de diciembre en una nueva junta general extraordinaria, según reveló la pasada semana en el Parlamento el secretario general de la Consellería de Industria, Nicolás Vázquez. En esa nueva reunión se aprobó el proyecto de liquidación y se repartieron los activos de la empresa “en relación con el porcentaje de los socios”, según Vázquez, que no detalló cuánto de lo invertido recuperó cada uno.

Esa fase de liquidación la asumió María Posada Enríquez, secretaria de Xesgalicia, otra sociedad de la Xunta de capital riesgo para impulsar proyectos industriales. Y ahora, concluida esa liquidación, el BORME del 29 de enero publica el cese de Posada Enríquez como liquidadora de Impulsa Galicia.

Impulsa Galicia desaparece sin que se conozca el acuerdo que alcanzó el 1 de octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia. Ese acuerdo fue firmado por el entonces vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta esgrimió, para mantenerlo en secreto, que lo hizo no como cargo público sino como representante de Impulsa Galicia “en un negocio jurídico privado”. Pese a que Conde era presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro de Economía y ser la Xunta el principal accionista de la empresa, con el 48,2%, la Xunta también acaba de responder oficialmente que no posee el documento en el ejercicio de sus funciones de control de su propia participación en empresas. Incluso comunicó a la Comisión de la Transparencia de Galicia, ante un recurso de Praza.gal, que esa documentación “es desconocida para ella”.

Esa documentación tampoco pudo analizarla el Consello de Contas, que lleva varios años reclamando a la Xunta mayor transparencia sobre su participación en Impulsa Galicia y en su sucesora, Recursos de Galicia. Del mismo modo, tampoco tuvieron éxito las sucesivas reclamaciones en el Parlamento desde hace años de BNG y PSdeG.

Ahora el BNG acaba de recibir una primera respuesta positiva por parte de la justicia tras reclamar el acceso a la documentación ante el TSXG. El tribunal acaba de admitir a trámite el recurso presentado por los nacionalistas, pero su decisión definitiva aún puede tardar, como ocurrió hace unos años con una petición similar para conocer documentación sobre la fusión de las cajas.

Fue el diputado Antón Sánchez (AGE 2012-16 y En Marea/Común da Esquerda 2016-20) quien pidió desde 2013 en el Parlamento documentación sobre las gestiones de la Xunta para la fusión de las cajas y, ante la negativa reiterada del Gobierno gallego, recurrió a la justicia. Ya no era diputado cuando acabó obteniendo en 2020 la condena de la Xunta. El TSXG censuró el “escaso deber de diligencia” del Gobierno gallego y su vulneración del derecho de participación política del exdiputado. Esa documentación acabó revelando que la Xunta despachó en cinco páginas su aval a la fusión de las cajas.

También el PSdeG lleva años intentando acceder al pacto con Altri. Ahora, tras la revelación de Praza.gal de que la Xunta dice desconocer su contenido, los socialistas acaban de reclamar una investigación en el Parlamento y la comparecencia de Francisco Conde y del propio Alberto Núñez Feijóo.

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral, a través del canal interno de denuncias del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage, según ha informado EFE.

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto", tras recibir denuncias de acoso laboral contra ella. "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

Lo ha dicho en un comunicado remitido a los medios este jueves, tras ser conocedora de esta denuncia por parte de personas que formaron parte de su Gobierno y señala en esa nota que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

Entiende que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas". "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

Así, las ha invitado a ir "al juzgado", pues "se han confundido de medio", consta en el escrito en el que opina que si estas personas, con las que "hace años" no tiene relación, según ha concretado, "no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito".

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", ha insistido. Y ha asegurado que si lo que pretenden es que se calle, "no lo van a conseguir".

La alcaldesa de A Coruña es clara: "Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso". La dirección del PSdeG, consultada por EFE, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a los trabajos orgánicos del canal antiacoso del PSOE, que será quien actúe en la investigación pertinente.

Por el momento, aseguran, ningún militante ni cargo socialista se ha comunicado con la dirección del partido en Galicia para trasladar ninguna denuncia respecto a la alcaldesa coruñesa.

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este martes que el partido ha exigido al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral, según ha informado EFE.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Besteiro ha explicado que la militante interpuso “una doble denuncia” ya que trasladó este caso a la dirección provincial del PSOE de Ourense y también mediante el canal interno del partido.

En su denuncia, la mujer esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como “represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal” hace ya meses.

Besteiro ha explicado que, en la tarde de ayer la militante contactó con el secretario provincial del PSOE de Ourense, Álvaro Vila, y le trasladó lo sucedido. Además de eso, esta persona denunció mediante el canal antiacoso del partido, tras lo cual se activó el proceso, que “llegará hasta el final” para “depurar todas las responsabilidades”.

La dirección del partido en la provincia de Ourense se reunirá esta tarde con el regidor y le pedirá que “deje sus cargos institucionales y orgánicos”. Esta actuación, según Besteiro, sigue el mismo cauce que el partido utilizó en el caso de la denuncia interna registrada la semana pasada por acoso sexual contra José Tomé, exlíder del partido en Lugo.

“Tolerancia cero con el acoso”, ha reiterado un día más el líder de los socialistas gallegos, que ha insistido en que el PSOE es “el único partido que actúa con rapidez y contundencia” ante este tipo de denuncias.

El responsable del partido ha asegurado que presionarán para que Valcárcel entregue sus actas aunque “tal y como está el ordenamiento jurídico” estas corresponden a las personas elegidas y solamente ellos pueden renunciar a las mismas.

Por su parte, Valcárcel ha descartado dimitir, pero ha pedido la baja del PSOE y ha cargado duramente contra el partido. En declaraciones a los medios a las puertas de la sede provincial de la formación de Ourense, Valcárcel ha denunciado lo que entiende que es una operación en su contra que ha relacionado con el hecho de que sea, junto a centenares de cargos y militantes, uno de los firmantes de un manifiesto crítico con la cúpula socialista gallega.

En ese documento se piden responsabilidades a la dirección del PSdeG por su lenta actuación tras la denuncia por acoso sexual contra Tomé.

Por otro lado, el líder del PSdeG ha defendido la gestión en este caso y ha rechazado retirarse: “Dimitir tiene que dimitir el que acosa”.

En todo caso, ha dicho que respeta “muchísimo” los manifiestos divulgados por socialistas. Sin embargo, a su juicio, la gestión se hizo siguiendo los cauces adecuados.

“Con prudencia”, pero también “con rapidez” a la hora de exigir responsabilidades al denunciado y siempre evitando “poner en el foco a la propia víctima”, ha detallado. “Cumplimos los protocolos de manera absolutamente escrupulosa”, ha defendido Besteiro.

El dirigente socialista ha mostrado su rechazo a ofrecer datos sobre la identidad de la denunciante y ha asegurado que él nunca facilitará clave alguna ni dato alguno “que pueda llevar a identificar a ninguna víctima”. 

Unas 70 mujeres socialistas han firmado un manifiesto abierto "por el feminismo en el PSdeG-PSOE" y en apoyo de su compañera Silvia Fraga, que dimitió de su cargo como secretaria de Igualdad por discrepancias sobre como se gestionó el caso de la denuncia interna por acoso sexual contra José Tomé, exlíder del partido en Lugo.

"No tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo", concluyen en su manifiesto, que está apoyado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y otras regidoras municipales, entre varias decenas más de nombres.

Desde la "lealtad al partido", defienden la necesidad de esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y preservar la integridad de las instituciones, por lo que reclaman "una actuación firme, transparente y coherente" como la única que permitirá mantener la confianza ciudadana y demostrar que "no ha espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres".

En el texto destacan que los hechos conocidos de acoso y denuncias presentadas en el canal interno del partido "causan estupor, vergüenza y desafección" con un partido que "tiene el feminismo gravado en su alma" y advierten que ante la dimisión de Fraga no pueden estar "impasibles", después de el "trabajo ejemplar" que ha desarrollado.

Las firmantes, que se definen como "militantes y mujeres socialistas", se dirigen a sus compañeros y compañeras de militancia, así como a simpatizantes y ciudadanía en general para manifestar públicamente su apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual que denunciaron, por su "acto de valentía".

Reclaman "transparencia en la resolución de estas denuncias" y que se garanticen "procesos rigurosos centrados siempre en la protección de las víctimas", con una respuesta "rápida, clara y contundente" que se base en la "ejemplaridad y la responsabilidad política" sobre todo de quien ocupa cargos orgánicos.

"La tolerancia cero no es un lema, es una exigencia democrática que no admite excepciones ni matices, y forma parte de irrenunciable de los valores socialistas", advierten.

Aparte de lamentar la dimisión de Fraga, que califican como "un acto de compromiso feminista", defienden su trabajo y su trayectoria frente a lo que, aseguran, son "informaciones o interpretaciones que se pretenden deslizar y que no se corresponden con la verdad ni con la manera de Silvia de entender y vivir la política y el feminismo".

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo después de que conociera la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé Roca, según ha informado EFE.

Fuentes de la dirección del partido en Galicia han contado a los medios que la salida de Fraga se debe a un desacuerdo con una nota enviada el primer día en que estalló el caso, sobre cuya redacción no fue consultada y en la que tampoco se la nombraba, pues únicamente aparecía citada la responsable de Organización, Lara Méndez.

En ese escrito, se reclamaba a José Tomé sus actas de diputado y de concejal y se detallaba que no había "conocimiento" alguno de los hechos que se le atribuían "porque no podemos tenerlo al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido".

En su comparecencia de esta tarde -tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional-, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no se refirió a la decisión de Fraga, que trascendió después.

Fuentes socialistas han indicado que la secretaria de Igualdad del PSOE de Galicia llegó a la reunión de la Ejecutiva, comunicó de manera verbal su decisión y se fue, sin quedarse a la reunión.

Tampoco asistió Fraga a la convocatoria del PSOE, que ha reunido a sus secretarias de Igualdad de forma presencial en la sede central con el objeto, precisamente, de abordar la crisis abierta por las denuncias de acoso.

Silvia Fraga, que no ha contestado a los intentos de EFE de conocer su versión, sí fue la autora del comunicado enviado la pasada noche a la prensa gallega en el que anunciaba un manifiesto con un decálogo de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el machismo.

Besteiro, en sus declaraciones en un receso de la Ejecutiva, ha desvelado hoy que en octubre, a través de una tercera persona, conoció una acusación de supuesto acoso contra José Tomé, por la que le preguntó expresamente, pero él la negó.

Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja como militante del PSOE, formalizó a última hora de la mañana su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la comparecencia en la que el pasado miércoles anunció que dejaba este puesto, ya avisó de la intención de conservar su escaño y pasar por tanto a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial.

Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.

Por la salida de Tomé de la dirección provincial, el PSdeG ha propuesto a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora para dirigir el partido en la provincia de Lugo y que el que la encabece sea Luis Ángel Lago Lage, próximo a Besteiro. 

La crisis abierta por las denuncias de acoso sexual contra José Tomé sigue teniendo múltiples repercusiones en el PSdeG. Desde las más obvias e inmediatas, con el partido pendiente de la forma en que se produzca la salida de la presidencia de la Diputación y del resto de cargos de su hasta ahora líder provincial en Lugo, que este viernes registró la dimisión en la institución provincial, hasta las de mayor recorrido en términos políticos con la mirada puesta en el modo en que la formación aborda casos como este.

En esta segunda vertiente ha puesto el foco el Grupo de Igualdad del PSdeG, reunido este pasado jueves para abordar el caso de Tomé bajo la presidencia de la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Nacional, Silvia Fraga, y de la titular de Organización, Lara Méndez. Lo hizo a través de un manifiesto en el que advierten de que "los hechos conocidos no son incidentes aislados", sino "la expresión de dinámicas de poder profundamente enraizadas en la cultura patriarcal" que el PSdeG y el PSOE, creen, deben afrontar dotándose de más "garantías" frente a posibles agresiones.

Empezando por "activar de inmediato todos los procedimientos internos ante cualquier expresión de violencia machista en el seno del PSOE", el Grupo de Igualdad del PSdeG advierte de que casos como las denuncias sobre las conductas de Tomé requieren la "máxima transparencia" y "garantías procesales sólidas". Y eso implica desde no "dilatar" las pesquisas internas hasta "escuchar, acompañar y reparar a las víctimas", lo cual conlleva "expresar una disculpa pública" del partido.

La "perspectiva feminista", subrayan, debe ser "integral y transversal" en "toda la estructura orgánica" del partido y es preciso, resaltan, que incluya "formación obligatoria, periódica y certificada en igualdad, violencia machista y cultura democrática para toda la militancia, especialmente para cuadros orgánicos y públicos". Al mismo tiempo, consideran, deberían ganar peso "referentes de masculinidad positiva dentro del partido".

El llamamiento del Grupo de Igualdad del PSdeG llegaba casi al mismo tiempo que, en una carta a la militancia, el secretario general expresaba "indignación honda y repugnancia inevitable" por el caso de acoso sexual atribuido a Tomé. "Ya están activados todos los mecanismos internos para investigar con rigor y llegar hasta el final", sostiene José Ramón Gómez Besteiro.

En esa misiva, previa a la reunión de la Ejecutiva Nacional prevista para este viernes, Besteiro expresa "apoyo y solidaridad" a las víctimas y subraya que "José Tomé ya no forma parte" del partido tras solicitar la suspensión de militancia. En este sentido, reitera, además de "anunciar su dimisión como presidente de la Diputación" y "abandonar los grupos socialistas" en el ente provincial y en el Ayuntamiento de Monforte, debe "entregar las actas", es decir, dejar de ser diputado provincial y concejal y, por lo tanto, alcalde.

En la misma carta Besteiro subraya que la dirección del partido no tiene "acceso a ninguna denuncia" formulada a través del canal antiacoso del PSOE "porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto". En ese desconocimiento incidía este viernes Méndez, la secretaria de Organización, para anunciar en un comunicado una "querella por injurias contra el diario ABC", que en su edición de este viernes publica que "quiso convencer a una víctima de acoso" de Tomé "para que no denunciase" y ocultase la cuestión.

El modo en que Tomé está gestionando su propia dimisión contribuyó este viernes a tensar aún más la situación en el PSdeG y en la Diputación. En su sede, en el Pazo de San Marcos, presidió la Junta de Gobierno justo antes de registrar formalmente la dimisión como presidente.

Por este motivo los representantes del BNG, encabezados por el vicepresidente, Efrén Castro, no acudieron a la reunión y lo mismo hizo, según pudo confirmar el diario El Progreso, el alcalde socialista de Castroverde, Xosé María Arias, orgánicamente situado en el sector opuesto a Tomé. Castro exige la convocatoria inmediata del pleno para elegir una nueva presidencia y la dirección nacional del BNG, a través de Ana Pontón, reitera que "la única decisión posible desde un punto de vista ético y moral" es que el hasta ahora presidente "deje todas sus responsabilidades".

En plena controversia por esa última Junta de Gobierno llegaba, a través de los canales oficiales de la Diputación, la confirmación de que Tomé ya había registrado la dimisión. Lo hizo mediante un escrito en el que reafirma su intención de continuar como diputado provincial no adscrito porque, argumenta, lo que considera como "una campaña de imputaciones de conductas irregulares sin base fáctica alguna" implica "una perturbación grave del normal desarrollo de las funciones propias de la presidencia"; la condición de diputado "no tiene que encontrarse condicionada, limitada ni jurídicamente afectada por manifestaciones no sometidas a procedimiento legal alguno".

Este escrito, en el que Tomé reitera que está siendo objeto de "falsas acusaciones", activa el procedimiento formal para su relevo en la presidencia. Será en el pleno del día 30 —a falta de una sesión extraordinaria, que pueden reclamar formalmente un mínimo de 7 diputados— cuando se tome conocimiento de la renuncia y se ponga en marcha otro contador, el de los diez días hábiles para la sustitución, que se votará en otra sesión plenaria el 14 de enero.

De este modo, hasta el día 30 —o antes, si se forzase un pleno extraordinario— Tomé continuará como presidente en funciones. A partir de ahí y hasta la nueva elección, el cargo lo ejercerá temporalmente el vicepresidente, Efrén Castro.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este jueves al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de acoso sexual, que entregue sus actas como miembro de la corporación provincial y como alcalde de Monforte de Lemos porque es su "obligación ética".

Tomé, acusado de acoso en los canales internos del PSOE, pidió este miércoles la baja de militancia en el partido y anunció su dimisión como presidente de la Diputación, pero explicó que mantendría su acta como diputado provincial y la Alcaldía de Monforte.

"El PSdeG no entiende la ejemplaridad como un gesto retórico, sino como una obligación ética", dice el secretario general de los socialistas gallegos en una carta con fecha de este jueves enviada a la militancia y facilitada a la prensa por la organización política.

"Desde ayer, José Tomé ya no forma parte del Partido Socialista. Solicitó su suspensión de militancia y anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo -la cual formalizará este viernes- y el abandono de todos los grupos socialistas. Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y es también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas", explica Besteiro.

Sobre el presunto acoso, cuenta que no tiene acceso a las denuncias presentadas en el canal interno "porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto" pero que lo que ha trascendido le produce una "profunda tristeza", una "indignación honda" y también una "repugnancia inevitable".

Explica que se han activado todos los mecanismos para poder investigar "con rigor" y llegar hasta el final, para, a renglón seguido, solidarizarse con las víctimas porque en el PSOE "defender a las mujeres frente a cualquier forma de violencia no es una consigna, es una convicción que nos define". "Caiga quien caiga. Sin excepciones, Sin fisuras. Tolerancia cero", añade Besteiro.

Además, solicita en su escrito confianza en el Órgano contra el Acoso, que actuará "con independencia y garantías totales" y afirma que en los momentos difíciles es cuando un partido se retrata.

"No son días fáciles. Pero también son días en los que podemos sentir orgullo de una cosa: este partido no calla, no se esconde y no se amedrenta. Defendemos la igualdad porque es la razón misma de nuestra existencia. Porque es lo que somos", manifiesta.

Y confirma que por responsabilidad y para garantizar la estabilidad orgánica el PSdeG, propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una comisión gestora en la provincia de Lugo.

José Tomé se mantiene por ahora en su intención de retener sus actas y pasarse al grupo de no adscritos.

El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ha asegurado este miércoles que “todo lo que ha salido” sobre acusaciones de acoso sexual contra él a través de los canales internos del partido es “falso” y ha anunciado que adoptará "acciones legales", informa EFE.

“Es mentira”, ha dicho Tomé en una conferencia de prensa que había sido convocada previamente por el Ayuntamiento de Monforte de Lemos para presentar un nuevo servicio de bus en la zona rural del municipio.

“No voy a entrar en ningún tipo de especulación. En primer lugar, yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia, ni por vías internas del partido, ni denuncia judicial. No tengo conocimiento de nada eso”, ha asegurado para subrayar después: “Lo que ha salido publicado es totalmente falso y mentira”.

“Reitero, totalmente falso y mentira. Supongo que ante unas acusaciones tan graves, porque son unas acusaciones muy graves, sin pruebas, supongo que tendré la posibilidad de defenderme como cualquier ciudadano”, ha dicho.

Por ello, “evidentemente, después de hablar con mi abogado, dado que no hay ninguna prueba, ni la puede haber, porque no es verdad, tomaremos las acciones legales que procedan”, ha precisado en su intervención.

El presidente de la Diputación de Lugo ha apuntado que no va a entrar "en ninguna otra polémica”. “Supongo -ha dicho- que algún día se sabrá la verdad y a qué obedece todo esto”.

A la pregunta de si tiene pensado presentar la dimisión, ha manifestado: “Voy a seguir trabajando por el Ayuntamiento de Monforte y por la provincia de Lugo, y es lo que voy a decir”.

“No voy a especular nada, lo que se dice es falso. No tengo ninguna comunicación del partido ni del juzgado. No sé de lo que se me acusa, no lo sé. Por lo tanto, cuando sepa algo más podré decir algo pero de momento no sé nada”, ha insistido al ser preguntado por si había recibido alguna llamada de la dirección gallega o nacional del partido.

El también regidor ha hecho hincapié en que las acusaciones “son gravísimas” y, por lo tanto, tiene que “tomar medidas para restituir” su “honradez” y su “honor”.

“Esto hace muchísimo daño, no solo a mí, también a mi familia. Ese daño es muy difícil de reparar. Por mucho que sea mentira, miente que algo queda”, ha concluido.

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra José Tomé y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les "avergüenzan".

Respecto a la denuncia contra Tomé, han explicado que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro, por lo que piden margen para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas.

La corrupción, los migrantes y la identidad plurilingüe son asuntos que este viernes se han colado en la celebración del Día Nacional de Galicia y festividad del patrón de España, una jornada en la que siempre convergen actos políticos, varios festivos y algunos otros con acentuado carácter institucional, según recoge EFE.

La mayor manifestación de estos últimos es la ofrenda al Apóstol Santiago en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su condición de delegado regio, ha pedido en su invocación un "punto de equilibrio desde el que regular con acierto la inmigración" tras afear el pasado lunes, después de reunir a su equipo, el "indecente" cálculo del Gobierno central por los tres centenares de menores no acompañados solicitantes de asilo que quiere enviar a la Comunidad.

Convencido de que la intención es trasladar el problema a otras administraciones, al igual que hizo al inicio de esta semana cuando atacó el proceder del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerarlo un "estímulo para las mafias", ha pedido Alfonso Rueda concentrar los esfuerzos en terminar con ese negocio de los que se lucran "con el tráfico ilegal" de quienes procuran un futuro mejor.

El arzobispo, Francisco Prieto, ha censurado en la homilía, que ha seguido en las bancadas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el "inaceptable" empleo de esas personas como "arma política".

En la cercana Alameda, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, antes de la marcha por el 'Día da Patria Galega', ha ofrecido "brazos abiertos, manos tendidas y sonrisa en los labios", porque la suya es una "nación de acogida" que no tiene inconveniente alguno en sumar "más ciudadanía".

A cuarenta kilómetros, en Rianxo (A Coruña), tras una ofrenda floral ante el busto de Castelao, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra los problemas para acoger a quienes huyen de crisis humanitarias. La actitud de Rueda "nos deshumaniza", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo gallego ha pedido también inspiración, acierto y determinación para todos los gobernantes; para el papa, "conciencia moral de la humanidad", y para el rey y su familia, en este caso para desempeñar "con acierto y ejemplaridad las altas responsabilidades que les corresponden, especialmente en un momento como el actual en el que todos necesitamos de referentes de integridad personal e institucional".

Ha urgido Alfonso Rueda a "recuperar la credibilidad" de instituciones a menudo manchadas por "prácticas impropias de personas decentes", mientras que Ana Pontón ha atacado la "corrupción rampante del bipartidismo parasitario" de PP y PSOE y Gómez Besteiro ha responsabilizado de la "crispación política" a la "derecha dispuesta a destruir la convivencia democrática para llegar al Gobierno que creen suyo por derecho hereditario".

Ahondar en la "riqueza cultural, histórica y lingüística" ha sido otra de las reivindicaciones del máximo mandatario autonómico, que ha estado recibiendo críticas por no unirse a la carta enviada por el presidente catalán, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, en la que defienden la oficialidad de las tres lenguas en el Consejo de Asuntos Generales al entender Rueda que son otras las prioridades.

El BNG ha llamado a mantener en alto la bandera de una causa que entienden justa, y que los Veintisiete han vuelto a aplazar ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España, y el PSdeG ha denunciado la obstrucción a la identidad plurilingüe.

Besteiro cree que el "boicot" a la "dignidad lingüística" va a perseguir siempre a Rueda. "Si fuese por el presidente de la Xunta, hoy no se podría hablar (gallego) en el Congreso", ha apuntado, y "también en Europa el PP de Rueda repite patrón: se niega a situar el gallego al mismo nivel que el resto de lenguas oficiales", pese a ser "una parte esencial de lo que somos".

Más allá de la ofrenda, de los actos propios de PSdeG y BNG, y de los homenajes a Rosalía (también una ofrenda floral) y Castelao, la capital gallega sigue disfrutando de las atracciones, gastronomía y conciertos de las Fiestas del Apóstol.

La presencia multitudinaria de locales, visitantes y peregrinos, algunos llegados para la ocasión, deja la estampa de una Compostela al borde del colapso.

Ya han pasado más de dos años desde que se archivó la última causa contra José Ramón Gómez Besteiro. En una de las múltiples piezas en las que se dividió la llamada Operación Pulpo, el inmenso sumario por delitos de presunta corrupción que instruyó la después sancionada jueza Pilar de Lara, el juzgado concluyó que no había quedado "debidamente justificada" la "perpetración de ningún delito" por parte del político socialista en la contratación y desarrollo del programa turístico Lugo KM0 durante su etapa como presidente de la Diputación Provincial de Lugo.

Dentro de este caso, la juez De Lara llegó a atribuir a Besteiro media docena de delitos relacionados con la corrupción, imputaciones que le llevaron a dimitir en marzo de 2016 como secretario general del PSdeG, cargo al que regresó en 2024. Lo hizo en el marco de una causa en la que solo faltaba por cerrar la pieza original, la investigación al exjefe de protocolo de la Deputación de Lugo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, por la gestión del mismo programa turístico y por la adjudicación de una plaza de trabajo en el organismo provincial.

Este cierre también coincide con el archivo de todas las acusaciones. La decisión era más que esperada en los círculos políticos gallegos. Especialmente en la política lucense, en la que el cierre del caso Pulpo también reaviva su origen: dos denuncias presentadas anónimamente al PP provincial en 2013, que fueron entregadas a la Fiscalía por su presidenta, Elena Candia —entonces concejala de Mondoñedo y también jefa de la oposición en la Deputación, cargo que ahora ocupa en la corporación de Lugo—. A raíz de esta entrega, el Ministerio Público formuló una denuncia que dio pie a la apertura del caso por parte de la jueza De Lara.

En un auto de 29 páginas notificado el pasado 19 de junio, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo —en el que De Lara fue titular hasta su sanción—, Joaquín Brage, "descarta la existencia de indicios racionales de delito" en la asignación de una plaza a una trabajadora por un juzgado del que Pulpeiro formaba parte. De esta forma, desestima las acusaciones de testigos que dijeron que "tenían una mala relación previa con ambos" y que atribuyeron al entonces jefe de protocolo maniobras para beneficiar a una candidata en concreto por tener con ella una "presunta relación de pareja".

Asimismo, el magistrado considera que las irregularidades económicas imputadas a Pulpeiro en la gestión del programa turístico "no son más que meras sospechas de malversación" que se "expusieron o insinuaron en la denuncia". Pero, "no puede afirmarse (...) que se apropió o desvió cantidades de dinero que estuvo a su cargo". Esto lo corroboraron, indica, "las personas con competencia en materia de control de legalidad y control del gasto" de la propia Deputación y las investigaciones al patrimonio de Pulpeiro, cuyas explicaciones al respecto el juez consideró de "gran coherencia". Al no "haber responsabilidad penal alguna" sobre el principal investigado, "tampoco la hay respecto a las demás personas", entre ellas el empresario Raúl López y el personal de la Diputación.

Estas acusaciones de presuntas irregularidades económicas contra Pulpeiro se presentaron como denuncia administrativa por dos funcionarios de la propia Deputación. Sin embargo, el auto recuerda que una copia de dicho documento fue "deslizada misteriosamente, por una persona no identificada, por debajo de la puerta del despacho del Partido Popular en la Diputación". "La denuncia no era anónima como tal denuncia administrativa, pero sí lo era, de forma claramente buscada, en cuanto a la persona que entregó dicha copia, quien se cuidó de no dar la cara", destaca el magistrado.

Para el instructor, "ese anonimato no de quien narra los hechos que se denuncian por vía administrativa y no penal" pero "sí de quien hace llegar copia de tal denuncia" al PP "con la expectativa de poner en marcha (...) la maquinaria judicial penal" es "relevante" y "exige una consideración muy prudente" porque "es sabido que la denuncia anónima siempre ha de contemplarse con recelo y desconfianza". Porque, dice citando un antiguo aforismo jurídico: "Quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que acusa".

Aún "más problemático" le parece al magistrado el segundo documento que el PP entregó en su momento a la Fiscalía: "una denuncia por falta disciplinaria por acoso-mobbing presuntamente atribuida" a Pulpeiro y "supuestamente formulada" por tres trabajadores de la Diputación, que incluía la acusación de influir irregularmente en un proceso de selección de personal y de otras irregularidades económicas. Esa denuncia "nunca se presentó" por "ninguna vía oficial" en la institución lucense, ya que las autoras "decidieron no tramitarla" y "rompieron el borrador" que llegaron a firmar "dos de ellas". "No supieron explicar por qué apareció posteriormente ese escrito, pues afirmaron que lo rompieron", resume el auto.

Con el caso central de la Operación Pulpo archivado en este auto —contra la cual cabe recurso—, su origen vuelve a la pelea política. Para el PSdeG, este archivo "demuestra que Feijóo y Rueda orquestaron la Operación Pulpo para destruir políticamente a Besteiro", afirma la secretaria de Organización del partido, Lara Méndez, desde cuya perspectiva Candia debería asumir "responsabilidades políticas". Esta exigencia también cuenta con el apoyo del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y del presidente de la Diputación y secretario provincial de los socialistas, José Tomé, para quienes la líder provincial del PP queda retratada como "una mala política y una mala persona".

En una rueda de prensa conjunta, los dirigentes del PSdeG de Lugo anunciaron el pasado fin de semana que presentarán mociones en los ayuntamientos de la provincia y en la propia Deputación para "exigir las responsabilidades" que Candia "exige a otros por razones infundadas", incluso si esto le causa "un coste social y político irreparable". Para el regidor lucense, es necesario hablar de una "triple responsabilidad": el "daño personal a las personas investigadas, el deterioro de la imagen pública de Lugo y la paralización de iniciativas estratégicas" y por ello Candia "está deslegitimada para ser una alternativa política en el Ayuntamiento", incluso si su partido "la premia con la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento y la candidatura a la alcaldía".

Para el PP, la reacción del PSdeG al archivo definitivo del caso Pulpo es una "indecencia" para "intentar destruir la reputación" de Candia. Los populares lucenses atribuyen las acusaciones de los socialistas a la "desesperación" y la "tensión interna" y asegura que no se dejarán "intimidar por campañas de desprestigio".

Al mismo tiempo, en una reacción inusual a través de redes sociales, la jueza Pilar de Lara defendió su actuación en el caso y tachó al PSdeG de Lugo de "machista" por recordar que su marido ocupó cargos en el PP y vincular sus acusaciones contra líderes socialistas a este hecho.

Miles de personas han marchado en Santiago de Compostela para demandar "más recursos para que la sanidad pública gallega tenga la calidad" que merecen los pacientes, según informa EFE.

Manuel Martín, portavoz de la plataforma que ha promovido la manifestación, SOS Sanidade Pública, ha afirmado que la respuesta social refleja "el malestar y rechazo de la población a la situación de la sanidad pública" por una "atención primaria desmantelada, inaccesible y con tiempos de espera superiores a una media de siete días", así como una atención hospitalaria que "no funciona como debe".

Bajo el lema 'Máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública', la marcha ha transcurrido entre la Alameda y la Plaza del Obradoiro y los asistentes han coreado consignas para expresar su rechazo a las privatizaciones, pedir "más recursos y menos discursos", demandar más personal en los centros de salud y no dar "ni un paso atrás" en sus reivindicaciones. 

Ante la Catedral de Santiago han procedido a la lectura de un comunicado en el que han trasladado que "una vez más el pueblo gallego" ha respondido a su llamamiento para "manifestar masivamente el rechazo a la política de recortes, deterioro y desmantelamiento" del Sistema Sanitario Público de Galicia. 

En Atención Primaria exigen centros de salud dotados de personal suficiente de todas las categorías, bien equipados y accesibles en 24-48 horas como máximo.

Garantizar la presencia de especialistas de pediatría en esos centros y reforzar la capacidad de la Atención Primaria para dar respuesta a los problemas de salud mental, con la presencia de la psicología clínica, son otras de sus demandas. 

Sobre Atención Hospitalaria, han denunciado "la situación de precariedad" en los hospitales públicos.

Han criticado que "mientras se debilitan los recursos públicos, desde la Consellería de Sanidad se incrementa la derivación de pacientes a la sanidad privada, para pruebas o para operaciones, y se mantienen contratos con hospitales privados" como el Ribera-Povisa de Vigo. 

Asimismo han asegurado que la Xunta "oculta y manipula" las listas de espera y han reclamado "un verdadero plan de choque para hacerles frente con más recursos".

Desde la plataforma han hecho hincapié en la atención a los problemas de salud mental y han denunciado "la situación de abandono y marginación" que incrementa el "sufrimiento" de los pacientes, por lo que han instado a "reforzar las unidades de salud mental tanto de adultos como infanto-juvenil".

Han exigido además el incremento del presupuesto sanitario publico con la elaboración de un Plan Gallego de Salud que sea participativo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que en la manifestación han participado los del "sí a la sanidad pública frente al Partido Popular del no a la salud de los gallegos", que dice no a mejorar la atención primaria, a una reforma que permita tener equipos interdisciplinares, o a atender los problemas de salud mental.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha indicado que "con la gestión del Partido Popular, cada recorte que se hace en la sanidad pública va directamente al bolsillo de la sanidad privada".

Varios miles de personas se concentraron este sábado en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal para mostrar su rechazo a la macrocelulosa que la compañía portuguesa Altri quiere ubicar en Palas de Rei (Lugo) y para oponerse a la reapertura de la mina de cobre de Touro (A Coruña), según informa EFE.

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, convocante de la manifestación, sostiene que ambos proyectos comprometen el agua del río Ulla y de la ría de Arousa por ser altamente contaminantes, además de poner en peligro la viabilidad del sector agro-ganadero a muy largo plazo.

La manifestación por tierra ha transcurrido desde el puerto de la localidad hasta la playa de O Areal, mientras que embarcaciones pesqueras de distinto tamaño se han concentrado en la Ensenada do Caramiñal, en una jornada con una densa bruma en el mar.

La multitudinaria respuesta social a ambos proyectos se produce pocos días después de que el Gobierno gallego del Partido Popular haya dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental en el caso de la celulosa de Altri para ubicarse en la comarca lucense de A Ulloa.

La marcha partió de la lonja del puerto de A Pobra "en defensa de nuestro de mar y de nuestra tierra", como se podía leer en una de las pancartas. En otra, que abría la manifestación, se proclamaba la oposición social a ambos proyectos: "No a Altri, no a la mina de Touro-O Pino".

El presidente de la plataforma convocante de la manifestación, Xaquín Rubido, ha afirmado que la respuesta social de este sábado es una llamada de atención a las autoridades europeas y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez para que no facilite financiación pública a la iniciativa empresarial portuguesa.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, han acudido a esta movilización para, junto al movimiento social, mostrar su rechazo a este proyecto. 

Pontón ha pedido que se escuche a la "inmensa marea de dignidad que está diciendo Altri no, Galicia sí", mientras que Besteiro ha indicado que "no es un proyecto sostenible ni un proyecto de futuro; es simplemente una gran mentira".

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ha pedido la dimisiones del conselleiro del Mar y de las conselleiras de Medio Ambiente y de Industria del Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda.

"Pensamos que la Xunta tiene que cambiar de rumbo, y Rueda es el responsable", ha afirmado.

Rubido ha denunciado que la concesión a la macrocelulosa de Altri es de 75 años y de 90 años en el caso de la mina de cobre de Touro, además de alertar de que el enorme consumo de agua disminuye el caudal del río Ulla y aumenta el impacto de vertidos, comprometiendo su calidad.

La plataforma critica, además, que el Gobierno presidido por Rueda "no soluciona nuestros problemas, están generándonos más para echarnos de la ría y privatizar el mar".

La portavoz nacional del BNG, por su parte, ha acusado de "traición" al Gobierno de Alfonso Rueda, al que pidió que "escuche a esta marea de dignidad y que rectifique, porque el PP, cuando se trata de Galicia, sólo acierta cuando rectifica".

"Hay una pregunta que aún no nos respondió el señor Rueda. Altri es una empresa portuguesa, si la macrocelulosa es tan estupenda por qué no la quieren en Portugal", ha dicho Pontón.

"Rueda mira al franquismo industrial. En 1963 Franco impuso a golpe de bayoneta a Ence en Pontevedra y en 2025 el señor Rueda quiere imponernos a Altri en la comarca de A Ulloa contaminando la ría de Arousa. Ya deshicieron la ría de Pontevedra y no vamos a permitir que ese sea el futuro de la ría de Arousa; la ría más productiva del mundo", ha afirmado.

Goméz Besteiro, líder de los socialistas gallegos, ha denunciado "la gran mentira del Partido Popular" al referirse al proyecto de Altri, "que no es sostenible para Galicia y que no encaja en nuestro modelo productivo", ha destacado.

"Una gran mentira desde el principio, cuando se nos planteó como una factoría de fibras bioecológicas y donde al final lo que sabemos es que es una gran macrocelulosa", y con muchos menos empleos de los anunciados inicialmente, ha criticado Besteiro.

"El PP hizo de verdadero agente comercial de este proyecto y no veló por los intereses de los gallegos y de las gallegas. No es un proyecto sostenible, no es un proyecto de futuro y, por lo tanto, lo que queremos es denunciar la gran mentira de Altri y del Partido Popular", ha concluido el político socialista. 

Por su parte la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha acusado este sábado al BNG de movilizar a la ciudadanía para protestar contra la celulosa que Altri quiere implantar en Palas (Lugo) y al PSdeG de comprar el discurso y colaborar.

Sobre manifestaciones como la celebrada este sábado en A Pobra (A Coruña), esta representante autonómica ha dicho que son acciones reivindicativas "lideradas y animadas por parte del BNG". "Creo que nada nuevo bajo el sol; es comunismo del siglo XXI", ha asegurado en un audio facilitado a la prensa.

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, ha fallecido este sábado tras ser ingresada en el hospital por el infarto que sufrió este viernes, momentos antes de la lectura del pregón del Entroido en la ciudad, según han confirmado a EFE fuentes del PSdeG. 

Alvarellos (Ponteceso, 1963) había sido trasladada en las últimas horas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña desde el hospital lucense en el que fue atendida al sufrir un infarto antes del pregón del Entroido, acto que quedó suspendido.

La alcaldesa tuvo una especie de mareo antes del pregón, lo que hizo que se requiriese la presencia de los servicios sanitarios de urgencias, y fue evacuada al Hospital Universitario Lucus Augusti, donde los médicos que la atendieron confirmaron que lo que había sufrido era un infarto.

La política socialista fue nombrada alcaldesa de Lugo el 18 de enero de 2024, tras la renuncia de Lara Méndez, que dejó el cargo para presentarse a las elecciones al Parlamento de Galicia en la candidatura encabezada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Paula Alvarellos ejerció como abogada hasta que en 2019 dio el salto a la política para formar parte de la candidatura del Partido Socialista en las elecciones municipales que llevaron de nuevo a la Alcaldía de Lugo a Méndez.

En el Gobierno local presidido por Méndez ejerció como teniente de alcaldesa y delegada del Área de Gobernanza, Economía e Recursos Humanos y también de Sostibilidade Urbana e Recursos Internos, antes de pasar a ser alcaldesa hace un año.

La repentina muerte de la alcaldesa ha conmocionado y llenado de pesar al mundo de la política, nacional y gallega, y al ámbito del municipalismo en particular.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que se encuentra "conmocionado y profundamente triste" por una pérdida que, asegura, es "un tremendo golpe para la familia socialista".

En un mensaje en la red social X, lamenta el "repentino fallecimiento" de Alvarellos, a quien describe como "progresista, luchadora y comprometida con Lugo".

Otros miembros del Gobierno y del PSOE han mostrado su pesar, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha recordado que hace pocas semanas tuvo la oportunidad de reunirse con la alcaldesa lucense y "estaba ilusionada con su ciudad y todos los proyectos en marcha para Lugo".

Todos los grupos políticos e instituciones, así como entidades culturales y deportivas, se han sucedido durante la mañana las muestras de pésame y las condolencias por la muerte de quien era desde hace un año alcaldesa de la ciudad de Lugo, que ya ha suspendido los actos de su Entroido por este fallecimiento.

Los socialistas gallegos expresaron su "profundo dolor" por la muerte de una "compañera ejemplar", que "no solo fue una gran alcaldesa, siempre comprometida con los problemas de la ciudadanía y con el avance de la ciudad", sino también "una militante muy trabajadora, una persona próxima, leal y dispuesta a sumar en todo momento"

Su pérdida "es dura, injusta e inesperada", ha destacado el PSdeG, que asegura que "su huella quedará" tanto en Lugo como en el partido y que la mejor manera de honrar su memoria será "trabajando con responsabilidad y compromiso por la ciudad que tanto amó".

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado "roto de dolor" ante el fallecimiento de "una buena amiga" que considera "injusto, demasiado pronto, demasiado duro", y le ha expresado su agradecimiento por su "ejemplo, paso firme contra las injusticias y apoyo en los mejores y peores momentos".

El PSOE está "profundamente conmocionado" por la muerte de su compañera, "una alcaldesa que lo ha dado todo por su ciudad, progresista de bandera, valiente y luchadora".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido estar "aún en shock" por el fallecimiento de Alvarellos, y en un mensaje en X, ha destacado su "lealtad y dedicación" a la ciudad de Lugo, por la que "siempre trabajó por Lugo con lealtad y dedicación".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado su "profundo pesar" por esta muerte y ha enviado todo su "cariño y afecto" tanto para la familia y amigos de la alcaldesa de Lugo, como para sus "compañeros socialistas" en este momento "tan triste y tan duro".

Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), su presidente, Alberto Varela, ha manifestado el pésame "en nombre de todo el municipalismo gallego". Un pésame que han explicitado, igualmente, varios de los alcaldes de las principales ciudades de Galicia, a través de mensajes en redes sociales.

Especialmente los compañeros de partido, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; o la de A Coruña, Inés Rey; pero también los de Ferrrol, José Manuel Rey (PPdeG); Santiago de Compostela, Goretti Sanmartin (BNG); de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), entre otros.

Todos se han mostrado "conmocionados", "consternados" o "sin palabras" por este suceso, que igualmente han lamentado desde el PPdeG, el BNG, Esquerda Unida y otros partidos; así como desde los equipos deportivos de la ciudad de Lugo o asociaciones como Lugo Monumental.

La plataforma Queremos Galego ha logrado convocar esta mañana en Santiago de Compostela a miles de personas para poner de manifiesto la situación de "emergencia lingüística extrema" que atraviesa el gallego y su pérdida de espacio como lengua de comunicación habitual en Galicia, según informa EFE.

Bajo el lema de la declaración 'Unámonos polo galego', la multitud reunida en la compostelana Plaza de la Quintana a los pies de la catedral reclamó un cambio en el "rumbo" del uso social de la lengua propia de Galicia.

Al acto han asistido, entre otras personas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, recordó el informe del Instituto Galego de Estadística que revela, entre otros datos, que la población que habla siempre en castellano ya supera a la que lo hace en gallego, o que un tercio de los jóvenes menores de quince años no saben hablar la lengua de su tierra.

Maceira llamó la atención, en declaraciones a los periodistas, sobre el hecho de que cada vez que la sociedad gallega se movilizó para tratar de reponer la situación de su lengua se frenó el descenso en el número de personas que dejan de hablar gallego.

Criticó también el anuncio del Gobierno gallego sobre un gran Pacto pola Lingua y en el que el presidente de A Mesa dijo que "no podemos tener ninguna confianza". "Levan quince años actuando en contra de los acuerdos establecidos en el Parlamento gallego", afirmó.

Para revertir la difícil situación de la lengua gallega en la sociedad Maceira avanzó tres propuestas: constituir plenarios de Queremos Galego en toda la geografía gallega, "reafirmarse en el compromiso" de la sociedad con su lengua, y convocar de nuevo a la sociedad a un nuevo acto el 23 de febrero -Día de Rosalía de Castro- en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dijo que "hoy es un día para reivindicar el orgullo de tener lengua propia" pero también "para denunciar que la lengua gallega está en una situación crítica".

"Los quince años de políticas galegófobas, de políticas contra el gallego, están poniendo contra las cuerdas el futuro de nuestro idioma", dijo Pontón, si bien recalcó que "es posible cambiar el rumbo si cambia la política que está haciendo la Xunta, empezando por ese decreto -de plurilingüismo- de la vergüenza que convirtió al gallego en una lengua de segunda".

La política nacionalista recordó al Gobierno presidido por Alfonso Rueda que es más necesario que nunca "aplicar el gran acuerdo en torno a la lengua que ya tenemos en este país, que es el Plan Xeral de Normalización Lingüística".

Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, acusó al presidente nacional del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a su sucesor al frente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, de "llevar al gallego a la situación en que se encuentra ahora", como "lengua minoritaria".

"Tenemos que aliarnos todos para cambiar la situación de emergencia lingüística y hacer que el gallego vuelva a recobrar el impulso como una lengua que nos una a todos los gallegos y gallegas", afirmó.

El acto, celebrado esta mañana en la Plaza de la Quintana, estuvo conducido por el músico y activista Xurxo Souto y finalizó con la actuación del grupo Tanxugueiras.

Primero, un "revuelto de propaganda del PP". Segundo, "privatización crujiente con salsa de favores políticos". Y de postre, "una docena de mentiras financiadas con dinero público". Con este menú comenzó este miércoles la primera huelga indefinida en la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG).

Después de cuatro días, las huelgas de los lunes, miércoles y viernes por la mañana que lograron paralizar la retransmisión en directo de TVG pasan a ser indefinidas, exigiendo el fin de la subcontratación de contenidos como forma de "desmantelamiento" de los medios públicos y la "manipulación" de la información. La valoración interna de la huelga es muy positiva a pesar de la "situación insostenible" que transmiten los profesionales de la CRTVG. Diferentes profesionales de medios públicos gallegos consultados por Praza.gal señalan que la plantilla ya está "organizada" para poder llevar a cabo esta huelga, que auguran será "muy dura". "La sensación entre nosotros es que estamos en un punto de inflexión ", subrayan.

"No exigimos un aumento de nuestros salarios, de nuestras condiciones de trabajo ni del convenio colectivo. Esto va mucho más allá. Están utilizando los medios públicos como herramienta de propaganda del partido de gobierno, están externalizando programas que antes eran de elaboración propia y que se hacían con los medios de la CRTVG, y con índices de audiencia como los que dicen tener ahora", critican desde el comité de huelga.

Los sindicatos rechazan los argumentos de la CRTVG para defender la externalización, relacionados con el deber del organismo público de promocionar el audiovisual gallego en la contratación del programa O Termómetro y, además, señalan que la productora contratada "es una filial de una empresa con capital y sede en Madrid vinculada a personas que ocuparon cargos de responsabilidad en el Partido Popular". Para la representación de los trabajadores, resulta "inaceptable que se destinen 16.000 euros diarios a una empresa para producir lo mismo que antes producía el personal de la Corporación"; haciéndolo, a su vez, con "medios técnicos y documentales públicos".

Es por esto que uno de los objetivos de estos primeros cinco días de huelga fue la suspensión de la transmisión del programa O Termómetro. La huelga pasó a ser indefinida a partir de este miércoles también por la falta de diálogo por parte de la empresa, según explican desde el comité de huelga a Praza.gal, que tuvo información sobre una oferta del comité a la dirección de la CRTVG para que el programa que sustituye a A Revista por las mañanas completase la temporada y luego recuperase el espacio para la producción pública. Esta propuesta, según las mismas fuentes, fue rechazada por la Corporación.

Los trabajadores de la CRTVG vinculan la externalización de programas, que se inició en la Radio Galega en programas como Convivir (ahora, Seres), a un mayor "control" de los contenidos. "La empresa no sólo manipula donde lo ha hecho siempre, en las noticias y en dar los datos que le interesan, sino que también lo hace con los datos de seguimiento de la huelga: pudimos contar a la gente que fue a trabajar desde la madrugada y la mitad de las personas que estaban trabajando pararon en este quinto día”, trasladan desde el comité de huelga. La dirección de la CRTVG informó este miércoles que fue el 26,7% del personal el que secundó la huelga. 

Este miércoles, los trabajadores en huelga de la CRTVG se encomendaron al Apóstol Santiago de la Praza do Obradoiro con la intención de que "interceda" para que sus reivindicaciones sean escuchadas. Ya lanzaron un SOS desde la puerta principal de la sede de San Marcos este lunes, durante la concentración del cuarto día de protestas, para intentar llegar a la ciudadanía con su mensaje, que apuesta por "una CRTVG al servicio del pueblo".

En concreto, desde el comité de huelga destacan que han enviado "un SOS muy grande a toda la prensa para que inmediatamente se informe a esta de lo que está pasando con la externalización, con la manipulación y con esa nueva ley de medios que se está aprobando y que tiene ya en marcha una ILP de respuesta para la recogida de firmas: es necesario llevar al Parlamento una ley en la que el PP podrá nombrar al director general de los medios públicos sin el consenso que antes era en teoría necesario ( porque nunca se aplicó)".

Denuncian "el asedio que el sistema de mediático gallego afín al régimen está levantando para ocultar esta nueva movilización de personal de los medios públicos, empezando por la propia CRTVG". Durante estos cinco días de huelga, ni TVG ni Radio Galega informaron sobre la existencia de la protesta ni los motivos de la misma. Sólo un mensaje de solidaridad con los huelguistas se escuchó en un comentario de un colaborador en el programa matutino de Radio Galega, que se transmitió en vivo.

Los partidos de la oposición gallega mostraron su apoyo a la huelga acercándose a la sede de la CRTVG en San Marcos. Lo hizo la diputada Olalla Rodil en representación del BNG y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en representación de los socialistas gallegos. También desde los sindicatos, estos días participaron en las concentraciones Amelia Pérez de CCOO y Paulo Carril de CIG.

La privatización de la producción, el progresivo desmantelamiento de la redacción, los avances en la manipulación informativa y la falta de pluralidad vienen movilizando desde hace más de seis años a gran parte del personal de los medios públicos del país en el movimiento Defende A Galega, que esta semana llegará a 335 viernes negros'

"Vemos incluso a responsables de noticias de los medios públicos opinar abiertamente y publicar editoriales. Y tenemos ante nosotros un anteproyecto de ley para los medios públicos que es absolutamente regresivo, que refuerza el control político y no incluye contrapesos ni participación real de los trabajadores y que además atenta contra la principal razón de existencia de la CRTVG, la exclusiva uso de la lengua gallega", subrayan los profesionales, que ven esta huelga indefinida como "un paso más para transmitir a la sociedad gallega el peligro extremo al que nos enfrentamos". “Los trabajadores no podemos lograr el cambio solos, la sociedad gallega tiene que tomar conciencia y exigir medios públicos independientes, plurales y de calidad. Es una cuestión de salud democrática”, afirman.

Hace exactamente un año, el Consello de Contas (equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas) hizo público un informe en el que desvelaba que la Xunta está pagando de más por tres de las cinco autopistas con peaje en la sombra que proyectó o adjudicó Alberto Núñez Feijóo como conselleiro de Manuel Fraga o como presidente del Gobierno gallego. Ya entonces, el actual presidente, Alfonso Rueda, había avanzado que "lo ideal sería un rescate" de las autopistas y este lunes ha confirmado esa decisión para la AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión.

Por las cuatro autopistas, la Xunta tenía que pagar unos 625 millones de euros hasta el final de sus concesiones, que estaba previsto entre 2035 y 2040. Sin embargo, ahora va a pagar 297 millones a las cuatro concesionarias para rescatarlas y ahorrar así a las arcas públicas en los próximos años unos 330 millones, según calcula la conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que rechazó cuantificar la indemnización de las empresas por su lucro cesante y se limitó a asegurar que el rescate será "de mutuo acuerdo".

Las cuatro autopistas que ahora va a rescatar la Xunta se planificaron con peajes en la sombra cuando Feijóo era conselleiro de Fraga. Él mismo pasó a adjudicar en 2005 las de Santiago-Brión (a Dragados, Extraco y Francisco Gómez e Cía) y Salnés (a Copasa, Puentes y Caixanova), dejó licitada con esa fórmula la de Barbanza que acabaría adjudicando en 2006 el gobierno de PSdeG-BNG (a Sacyr e Caixagalicia) y adjudicó en 2008, ya como presidente, la de Celanova (a Copasa y Extraco).

Se trataba de unas infraestructuras cuya construcción material, acometida inicialmente por las concesionarias, costó unos 330 millones de euros, pero por las que la Xunta tiene que pagarles un cánon anual, que también incluye el mantenimiento, y que en este 2024 ascenderá a unos 45 millones de euros. Un modelo de contratación que "no era eficiente porque se podían conseguir resultados equivalentes a un coste menor", afirmó el Consello de Contas.

Una vez las autopistas entraron en servicio, fueron los gobiernos de Feijóo quienes gestionaron diversas incidencias que se estaban produciendo con las concesionarias y acordaron renegociar al alza con varias de las empresas sus condiciones económicas. Acuerdos que Contas consideró negativos para las arcas públicas porque la Xunta está pagando más de lo que debería por las infraestructuras.

El organismo supervisor puso el foco en la decisión de la Xunta, a mediados de la década pasada , con Feijóo como presidente y Agustín Hernández como conselleiro de Infraestructuras, de renegociar tres de las cinco concesiones (O Salnés, Barbanza y Celanova) "porque el tráfico estaba siendo inferior a lo previsto", lo que supuso que "los pagos realizados a las concesionarias aumentaron en 205 millones de euros". Contas llegó a considerar más beneficioso que la Xunta dejara quebrar, en aquel momento, las empresas que su decisión de renegociar al alza las concesiones.

Así, Contas recomendó a la Xunta revisar los acuerdos de reequilibrio con las concesionarias y limitar los pagos "a las cantidades indispensables para asegurar la viabilidad financiera de los contratos", ya que según sus cálculos "hay posibilidades de reducir las tarifas que paga la administración" y generar ahorros en los presupuestos públicos por valor de al menos 44 millones de euros".

Tras conocer hace un año las conclusiones del Consello de Contas, el propio Rueda valoró que "lo ideal sería poder llegar a un rescate de esas concesiones", pero lo condicionó a la "capacidad económica" de la Xunta. Y ahora su Gobierno está dando ese paso, asegurando que el rescate ahorrará al Gobierno 330 millones hasta el final de las concesiones, unos 30 millones al año. Una vez rescatadas, tendrá que ser la Xunta la que asuma el coste del mantenimiento de las infraestructuras que hasta ahora corre a cargo de las concesionarias.

En cambio, el rescate no llegará a la quinta autopista de peaje en sombra, la de Costa da Morte, la más cara de las cinco que tiene la Xunta. Aún sin terminar, el Gobierno gallego se ha comprometido en ella unos 30 millones anuales hasta 2038.

Puedes leer el artículo completo en Praza.gal

El Parlamento de Galicia realizará una investigación política de los contratos de la Xunta con empresas vinculadas al PP y a los familiares del expresidente Alberto Núñez Feijóo y del sobrecoste de 470 millones de euros del hospital de Vigo. No será a través de la vía ordinaria de creación de comisiones de investigación, apoyada por BNG y PSdeG pero rechazada este martes por la mayoría absoluta del PP, sino gracias a la única posibilidad extraordinaria que tiene el BNG en toda la legislatura de activar una investigación. Así lo anunció en el Parlamento la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. 

La petición ordinaria de investigación, tumbada por el PP, fue defendida en el pleno de este martes por Pontón, quien aseguró que "sólo quien tiene algo que ocultar tiene miedo de una comisión de investigación". La nacionalista criticó tanto el "multimillonario sobrecoste del hospital de Vigo" certificado por el Consello de Contas como las dudas existentes sobre la forma en que se tramitaron "miles de contratos adjudicados a dedo a familiares y empresas amigas vinculadas con el PP", especialmente durante la pandemia del covid-19.

En cuanto a los contratos, Pontón reclamó analizar las contrataciones millonarias de la administración gallega con Eulen, en la que Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta, es directora para el noroeste peninsular. En el ámbito sanitario, también puso el foco en que el principal adjudicatario de los contratos de emergencia durante la pandemia fue Soporte Universal, una empresa de telemarketing con la que la Xunta contrató durante meses los servicios de rastreo telefónico de contactos del covid-19. En esa empresa el director comercial es Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo. También recordó que la segunda empresa con mayor contratación de emergencia, Mape Asesores, compró parte del material que importaba de China a una empresa catalana, FCS, que tenía como intermediario a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La propia Pontón asumió en su intervención que la mayoría absoluta del PP tumbaría su petición ordinaria de investigación, por lo que ella misma anunció que activará con este asunto la única posibilidad que tiene en toda la legislatura de crear una comisión de investigación en solitario gracias a que el grupo parlamentario del BNG tiene 25 escaños, un tercio del hemiciclo. "Esta vez el final no lo escribirá el PP, los gallegos y gallegas tienen mi palabra de que habrá una comisión de investigación", dijo, para asegurar que "utilizaremos la fuerza de los votos que nos dieron 25 escaños para investigar los contratos". "Digan lo que digan hoy, habrá una comisión de investigación", sentenció Pontón. 

A la espera de esa vía extraordinaria, en el debate de este martes de la vía ordinaria la petición del BNG recibió el apoyo del PSdeG, cuya diputada Elena Espinosa criticó la fragmentación ilegal de los contratos por parte de la Xunta para poder adjudicarlos sin concursos públicos. Por el contrario, el PP desestimó cualquier irregularidad al asegurar que los contratos ya habían sido auditados por el Consello de Contas, pese a que este organismo sólo analizó una muestra de ellos y no todos.

Durante su intervención, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, utilizó referencias a la situación política en Venezuela y a supuestos recortes a los que tendría que recurrir el Gobierno de coalición PSdeG y BNG que gobernó entre 2005 y 2009 si no hiciese el hospital con el modelo concesional con sobrecoste elegido por el PP. Pazos Couñago también retó a Pontón a promover la vía extraordinaria para investigar los contratos y el hospital de Vigo, insinuando que sus conclusiones serán desfavorables para el BNG. Hacía ver así de forma implícita que, aunque el BNG pueda crear la comisión de investigación, será el PP y su mayoría absoluta quien pueda imponer las comparecencias, el ritmo de trabajo y las conclusiones.

Antes del debate de este martes, el BNG ya había solicitado en agosto, con el apoyo del PSdeG, la comparecencia del presidente Rueda en un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre el hospital de Vigo. También en ese momento, el PP tumbó la petición gracias a su mayoría absoluta argumentando que la Xunta "decidió priorizar la salud de los gallegos por encima de los costes financieros del proyecto". 

***

Puedes leer el artículo completo en Praza.gal

Micaela Núñez Feijóo trabaja en el grupo Eulen desde 2003 y desde 2016 es directora para el noroeste peninsular de ese conglomerado empresarial, presente en varios países con más de 75.000 empleados y 1.700 millones de euros de ventas en 2023. 

Eolína Núñez Masid, médica de carrera, comenzó a ocupar cargos directivos en el Sergas en 1996 y en 2009 fue nombrada gerente del complejo hospitalario de Ourense, del que pasaría a gestionar el de Santiago hasta el pasado mes de mayo. La Xunta acaba de recolocarla como subdirectora general en la Consellería de Política Social.

Eva María de Cárdenas Botas fue directora de Zara Home hasta 2018, cuando dejó el cargo para dedicarse al sector inmobiliario y ser durante un año y medio, entre finales de 2020 y el verano de 2022, asesora del Grupo Sargadelos.

Las tres son profesionales con trayectoria previa a la llegada de su hermano, primo o pareja, Alberto Núñez Feijóo, en 2009 a la presidencia de la Xunta. Pero la decisión de Feijóo de poner el foco en la familia de Pedro Sánchez, con la mujer o el hermano del presidente del Gobierno de España como supuestos beneficiarios de tratos de favor por parte de administraciones controladas por los socialistas, viene a situar también a la propia familia del expresidente gallego en el centro de la polémica.

BNG y PSdeG reclaman investigar en el Parlamento de Galicia numerosos contratos públicos, diversas relaciones y adjudicaciones que hasta ahora habían sido obviadas o habían pasado sin mayor análisis político o mediático al ser vistas como justificadas por trayectorias profesionales y empresariales anteriores. Pero, con la vara de medir del propio Feijóo, entran en la categoría de sospechosas. Dudas que al margen de cifras concretas ya están asentadas en el debate político y mediático a nivel equivalente a las sospechas sobre una familia de Sánchez.

El umbral de la sospecha lo subió Feijóo asegurando sucesivamente que su familia nunca haría lo que él atribuye a la familia de Sánchez. Como cuando el pasado mes de abril, en una entrevista en Onda Cero, fue preguntado sobre si le pediría a su pareja que él dejara de trabajar si él llega a ser presidente del Gobierno de España. "No, evidentemente, ahora bien, lo que le voy a pedir es que si tiene sponsors para hacer su trabajo, y resulta que esos sponsors luego los otorga la Administración Pública, eso no lo voy a permitir", dijo Feijóo, para añadir que su pareja "nunca lo haría, es una diferencia fundamental".

Con esta rigurosidad tratan ahora PSOE y BNG, también en las Cortes Generales, las relaciones de diversos familiares de Feijóo con la Xunta que él presidía. Una nueva lupa con la que quieren analizar como contrataciones de la administración gallega con Eulen, más de 54 millones de euros desde 2009, según contabilizó el diario Público. Contrataciones entre las que habría expedientes planificados desde la gerencia sanitaria de Santiago durante una época de Eloína Núñez. O más de 1.300 contratos de adjudicación directa que suman 4,8 millones de euros, según O Salto Galicia. Y eso solo a empresas del grupo con la denominación Eulen en el nombre, sin contar otras con otras denominaciones.

En el ámbito sanitario, también ponen el foco en que la principal adjudicataria de los contratos de emergencia durante la pandemia, con más de 11 millones de euros, fue Soporte Universal, una empresa de telemarketing con la que el Gobierno gallego contrató durante meses los servicios de rastreo telefónico de contactos del covid-19. En esa empresa el director comercial es Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo. La segunda empresa con mayor contrato de emergencia, Mape Asesores, compró parte del material que importaba de China a una empresa catalana, FCS, que tenía como intermediaria la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En aquellas contrataciones por la pandemia, el Consello de Contas no detectó ningún indicio de delito pero sí numerosas irregularidades. 

Por otra parte, la carrera profesional de Eva Cárdenas se desarrolló principalmente en Inditex , empresa que, por su importancia para la economía gallega, siempre ha sido bien tratada por los sucesivos gobiernos gallegos. Cuando dejó Zara Home, Eva Cárdenas fue asesora de Sargadelos durante un año y medio, tiempo durante el cual el Gobierno evitó especialmente tomar decisiones que pudieran interpretarse como una ayuda a esa empresa. De hecho, la misma Xunta que en octubre de 2020 decidió entrar en el patronato de la Fundación Sargadelos, vinculada a la empresa cerámica, con el argumento de que permitiría "reactivar el legado cultural de alto nivel de uno de los más simbólicos firmas del país", abandonaba la misma apenas dos meses después, coincidiendo con el ingreso de Cárdenas como asesora. 

Durante el tiempo que Cárdenas fue asesora de Sargadelos la Xunta escapó de la empresa y de su fundación, pero sí aprobó inversiones en el entorno histórico que ocupa su fábrica en Cervo, lo que indirectamente benefició la imagen de la empresa allí asentada contribuyendo a atraer visitantes y clientes: una urbanización del entorno por 48.000 euros y una musealización por 35.000 euros en 2021 y otros 35.000 en 2022.

En este contexto, con el inicio de año político, el BNG y el PSdeG en el Parlamento de Galicia y el PSOE en el estatal quieren virar el foco que Feijóo lleva poniendo sobre ellos desde hace años. Tras no auditar en su momento los contratos de la Xunta con Marcial Dorado, perdiendo parte de ellos en una supuesta inundación, ahora afirman poder analizar los relacionados con los familiares de Feijóo.

Para ello tienen varias posibilidades. El BNG podría aprobar por sí solo una comisión política de investigación en el Parlamento, ya que tiene suficientes escaños para poder hacerlo solo. Pero en una única ocasión en toda la legislatura que acaba de empezar, lo que le lleva a ser prudente a la hora de utilizar esa bala de plata sobre la que, en cualquier caso, el PP mantendría el control, ya que una vez aprobada la comisión, cada decisión que tome depende de la aprobación de la mayoría absoluta de los conservadores. Además, nacionalistas y socialistas cuentan con los habituales mecanismos parlamentarios en forma de preguntas o solicitudes de documentación.

Sea como fuere, esta misma semana los populares ya han ofrecido muestras de cuál será su respuesta al respecto. Retando al BNG a que constituya una comisión de investigación sobre lo que considere porque, afirma su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, no encontrarán irregularidades. O descalificar al viceportavoz del Bloque por "machista" por criticar que, desde esta semana, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta esté dirigida por María José Echevarría. Luís Bará censuró el nombramiento como "escandaloso" porque Echevarría es "la pareja del director de Ence para Galicia", lo que a su juicio demuestra la "connivencia" entre el Gobierno gallego y la empresa.

Según el PP, se trata de "asquerosas declaraciones machistas" porque implican "pensar en la sumisión y debida obediencia de las mujeres a los hombres" y "menospreciar la competencia y el currículum profesional" de la alto cargo y, por tanto, "no tienen significado en la sociedad actual". El umbral de sospecha de Feijóo, de este modo, no operaría en este caso.

****

Consulta el artículo original en gallego en Praza.gal