En España, los últimos vestigios de la red de beneficencia se integraron en el Sistema Nacional de Salud con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.

Por qué entonces hablar de beneficencia 40 años después. Sencillamente porque de manera sutil va tomando forma en el día a día de nuestro sistema de salud. La razón no es otra que el deterioro que este viene sufriendo, especialmente por su progresiva privatización.

Uno de los elementos principales en que se apoya esta dinámica privatizadora es el deterioro de la Atención Primaria, completamente abandonada a su suerte desde hace años, mientras que las inversiones se han centrado en los hospitales. Aumentos exponenciales de plantillas hospitalarias curiosamente han ido ligados a listas de espera cada vez más largas, tanto para consultas como para muchas de las pruebas diagnósticas, así como para cirugía.

Los pacientes tienen que tomar decisiones, si pueden permitírselo económicamente, y muchos optan por acudir a la privada para hacerse esas pruebas que se demoran. Un diagnóstico de una cierta gravedad pondrá en marcha vías preferentes que les permitirán adelantar a quienes no han tenido la posibilidad de pagarse sus pruebas. Se ha acabado la equidad en el sistema. Lo mismo sucede con las consultas de especialistas hospitalarios, muchos de los cuales trabajan también en el sector privado: si las citas se demoran, está la opción de acudir a estos profesionales en la privada para adelantar la asistencia en la pública.

De manera que hemos llegado a una situación en la que aquellos que se lo pueden permitir se pagan el acceso a pruebas o a consultas privadas, mientras quienes no pueden pagarlo tienen que esperar a que pase el tiempo, a veces años. Entre tanto solo tienen a su disposición los servicios de Atención Primaria (en los lugares en que sigue siendo accesible, porque algunas comunidades autónomas llevan mucha ventaja en su desmantelamiento). Así pues quedan bien definidas dos líneas asistenciales: la de los que ya están en la privada, de hecho, y la de quienes no pueden permitírselo y que en la práctica disponen de los limitados medios de la Atención Primaria, en lo que viene siendo un trasunto de la beneficencia pública.

Hay una tercera vía: acudir a las puertas de urgencias de los hospitales. La medicina privada es la principal interesada en que esa opción siga estando disponible para poder cargar a la sanidad pública los casos complejos y menos rentables económicamente.

La batalla por el negocio de la atención sanitaria está llegando probablemente a sus últimas escaramuzas. De hecho, en el pulso que el colegio y el sindicato médico mantienen en estos momentos con el Ministerio de Sanidad subyacen muchos de estos intereses.

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Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre.

En 2020 fue la Covid-19. Pero, si la sociedad no quiso aprender entonces, el hantavirus le da ahora otra oportunidad.

Esta vez el virus de los roedores ha demostrado, además, la hipocresía y la escasa compasión cristiana de la derecha de este país y sus medios de difusión. No viene al caso hacer una descripción de este virus –nuevo para algunos–; eso se lo dejamos a los científicos y a los medios que en estos días lo han descrito exageradamente.

No voy a entrar tampoco en el ridículo político que han hecho, tanto el Presidente de Canarias como el PP y Vox. Ese ridículo lo resaltan las felicitaciones y parabienes a nuestro Gobierno y a nuestro sistema sanitario. No ya de la OMS, sino de la ONU y otras instituciones nacionales e internacionales; es decir: prácticamente de todo el mundo, tanto de los países afectados como de los no afectados.

Y no se puede decir que esta crisis haya cogido desprevenida a la Oposición, ya que ésta tiene programado no sólo criticar al Gobierno, sino negar todo lo que pueda resultar ser un bien para los ciudadanos de cualquier ideología. No olvidemos que en el MV Hondius viajaban 14 españoles, sin que nadie les preguntase por sus simpatías políticas.

No sé qué hubiera pasado si hubiera estado gobernando el PP de Feijóo. O en vez de ser un crucero de ricos, hubiesen sido negros venidos en pateras.

A la “derechona” le da rabia –otra cosa puesta de manifiesto por la impecable gestión del hantavirus– que, después de haber “regado” entre sus constructores afines con el triple de lo presupuestado, el hospital Enfermera Isabel Zendal, el que iba a ser, según Ayuso, el mejor del mundo, no sirva ni para criar setas...

Y como ya he dicho, aunque brevemente, lo que pensaba sobre este asunto... aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.

En noviembre del año pasado, un colapso en el servicio de radiología del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) dejaba más de 5.000 TAC –una prueba médica de diagnóstico por imagen– pendientes de realizar. 500 de ellos eran oncológicos. Lo denunciaba el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a través de sus representantes en el centro, que pedían más personal para poder responder a la alta afluencia de pacientes. Una de aquellas pacientes era Cristina, una mujer de 60 años a la que, tras un tratamiento de quimioterapia por un cáncer gástrico comenzó con las consultas de seguimiento de la enfermedad. El problema es que los pacientes siguen denunciando que ese retraso en las pruebas aún persiste.

La afectada cuenta a infoLibre que su primera revisión estaba programada para el 20 de noviembre de 2025, aunque la cita para el TAC, con el que su oncóloga debía valorar su evolución, llegó el 21 de diciembre, es decir, un mes y un día tarde. En su siguiente revisión, programada el 26 de febrero de 2026, lejos de hacerle otra prueba, utilizaron el resultado de la anterior. Su próxima cita con la oncóloga es el 19 de mayo, cuenta, y por el momento, no ha recibido una citación para hacerse el TAC con el que su médico debe valorar la evolución de su salud. 

En noviembre del año pasado, el sindicato señalaba que en el hospital funcionaban "tres equipos de TAC, cada uno con su propio listado de pacientes. Sin embargo, desde hace más de un año se mantiene una cuarta lista de espera paralela, repartida entre las tres máquinas, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de actividad, acumulación de retrasos y un deterioro progresivo de la calidad asistencial". En ese momento, los afectados llegaron incluso a organizarse en la Asociación SOS Salud Andalucía para denunciar la situación.

El marido de Cristina, José Luis, cuenta que ante este escenario hablaron con su médico sobre la posibilidad de hacerse las pruebas necesarias en la sanidad privada y aportarlas al expediente. “Mi mujer pidió cita para hacerse el TAC por la privada porque estamos viendo que va a ocurrirnos lo mismo de nuevo”, apunta. De hecho, han pasado por el centro sanitario para recordarles su cita, aunque sin obtener una respuesta concreta.

Una de las representantes sindicales de CCOO en el hospital explica a infoLibre que en noviembre, y a raíz de varias quejas que habían ido recibiendo, pidieron explicaciones al centro sobre las listas de espera y solicitaron que se reforzasen las plantillas. “No queremos que este atasco en las listas de espera sirva como excusa para que se externalizase el servicio o se contratase a empresas privadas, sino para que se reforzase el personal del centro”, apunta. 

Este periódico ha pedido al Hospital de Jerez los datos actualizados sobre la situación de las listas de espera, pero a fecha de publicación de este artículo no ha recibido una respuesta.

Los tiempos de la sanidad pública y la acumulación de pacientes en las listas de espera se suelen utilizar para medir el desempeño de los sistemas sanitarios públicos. En el último dato ofrecido por el Ministerio de Sanidad, relativo a diciembre de 2025, las listas de espera en España acumulaban un dato récord de 853.509 pacientes. En el caso de Andalucía, las protestas en esta área han sido reiteradas y llamativas. Por un lado, los andaluces son los que más esperan, de media, para una operación (173 días) y los cuartos, después de Canarias, Navarra y Aragón, que más tardan en ser atendidos por un especialista (136 días), según datos de Sanidad. Por otro lado, los retrasos en el diagnóstico de más de 2.000 mujeres que desató el escándalo de los cribados del cáncer de mama a finales de 2025 pusieron aún más en cuestión la situación del sistema sanitario andaluz.

La sanidad es el punto débil de Juanma Moreno (PP) y un motor de protestas sociales. El pasado 12 de abril, miles de personas salieron a la calle en las ocho capitales de la comunidad para protestar por el deterioro del sistema sanitario. De hecho, el CIS andaluz lo sitúa como la primera preocupación de los ciudadanos, por encima del paro.

En esa sensación de deterioro inciden también los representantes sindicales del Hospital Universitario de Jerez: "Cada prueba retrasada implica un diagnóstico que no llega a tiempo, un tratamiento que se aplaza y, en muchos casos, una patología que se agrava por falta de respuesta sanitaria rápida [...] Esta situación representa un riesgo asistencial grave y una falla de gestión que está poniendo al límite tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud", exponían en su nota de prensa protestando por las largas listas de espera en los TAC.

En el debate entre los candidatos a la Junta celebrado este lunes, la sanidad acaparó gran parte de las intervenciones. Juanma Moreno defendió la actuación de su ejecutivo al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades" en el tema de los cribados del cáncer de mama. Sobre el deterioro del sistema y las listas de espera y la privatización, el actual presidente y candidato popular se acogió al argumento de que era una cuestión de gestión, argumentando que la Junta recurre a conciertos sanitarios con empresas externas para cubrir necesidades, como lo hacen otras comunidades.

“El Servicio Andaluz de Salud (SAS) nunca ha funcionado muy bien, pero últimamente se ha deteriorado. Además, en temas oncológicos, donde el tiempo de respuesta es clave. Ha tenido mucha repercusión el asunto de los cribados del cáncer de mama y se han propuesto solucionarlo, pero da la impresión de que han empezado a desvestir un santo para vestir a otro, porque cánceres de otro tipo no están siendo atendidos como deben”, concluye José Luis.

Hace ya tiempo que en España se ha instalado la zafiedad como marca. Hace ya tiempo que la sensatez se ha refugiado en algún rincón perdido, incapaz de doblegar a la zafiedad. Es lo que lamentablemente se llevará el Secretario General de la OMS de su presencia en España.

El máximo responsable del organismo que vela por la salud de los terrícolas (incluidos los españoles) que lleva sobre su mochila toda la información científica de cada rincón del mundo y de los recursos que poseen las autoridades de aquellos rincones, no dudó ni un segundo en señalar a España como el lugar con la capacidad necesaria para solventar los problemas sanitarios que, en torno al hantavirus, se habían producido en el barco crucero My Hondius procedente de Ushuaia (Argentina). “Estamos orgullosos de que haya sido la OMS quien haya elegido España para esta operación, dada la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema sanitario”, ha señalado la ministra de Sanidad. 

Pero lo que seguramente no lleva en su mochila es la zafiedad que lleva instalada en España desde hace más de 7 años. Que al presidente de Vox no se le ocurra otra estupidez que señalar al inquilino de La Moncloa como “el responsable de generar una epidemia en España” ya no aguanta ningún comentario. Pero que el responsable del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no permita el amarre del buque en el puerto tinerfeño y determine la distancia exigible para fondear (una milla) para evitar que las posibles ratas “se lancen al agua” para llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife (lo había consultado en IA) escapa a cualquier comentario dotado de sensatez. Supongo que Tedros Adhanom Ghebreyesus se estará meando de risa o llorando por los límites de la estupidez humana.

Más aún, según la Constitución es un asunto 100% competencia del Gobierno de España (AGE) al ser una alerta comunitaria (UE) e internacional (OMS).

Por ello, el Gobierno de Canarias es incompetente en Puertos y Aeropuertos (Transportes) y Sanidad Exterior con ciudadanos afectados de varias CC.AA. Sanidad delega ahora en un hospital militar (Defensa). Y el ministerio del Interior es la fuerza coercitiva vía Policía Nacional y Guardia Civil para asegurar la operación sanitaria.

A Clavijo le informan por cortesía, no por obligación legal, al tener 0 competencia en este asunto. Pero a este “gobierno dictatorial” no le queda más remedio que tragar el sapo y esconderse para que no salpiquen al resto de Europa las “aportaciones científicas” del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde la noche del lunes febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad y recoge EFE. 

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este positivo después de que el hombre presentase algunos síntomas durante la tarde noche del lunes.

Además, el Ministerio ha avanzado que, según le han transmitido las autoridades estadounidenses, el ciudadano de aquel país cuyo primer resultado de las pruebas que le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado en una rueda de prensa junto a Pedro Sánchez que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 10 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 21 de junio. En un primer momento, Sanidad anunció que la fecha sería el 6 de mayo.

"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

No obstante, ha asegurado que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación.

"Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas", ha reconocido el director, quien ha incidido en que ahora los países de origen son los que tienen la responsabilidad y los que están poniendo en marcha todas las medidas de control.

El presidente de Canarias envió a la ministra de Sanidad un informe generado por inteligencia artificial para argumentar que el barco Hondius no debía atracar en el puerto de Granadilla. El documento sostenía que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua hasta tres días. Fernando Clavijo lo reenvió a Mónica García a las 17.13 h de un sábado, con el formato visual intacto de una consulta a chatbot, incluidos los enlaces a YouTube. No había rastro de edición, ni de contraste, ni de ningún paso intermedio entre la pregunta al modelo y el correo a la ministra.

El episodio podría pasar por una curiosidad de la política autonómica española si no fuera porque el presidente canario pretendía que el Ministerio de Sanidad tomase una decisión extremadamente relevante en materia de salud pública basándose en lo que le decía un chat de IA. 

Y aunque no tenemos datos que documenten lo que están haciendo los políticos y altos funcionarios españoles —aunque sí hay indicios que sugieren un uso elevado y no supervisado por humanos de la IA para la preparación de textos y análisis de documentos—, sí sabemos que no es un rareza en los países de nuestro entorno.

Un estudio recientemente publicado por la organización europea AlgorithmWatch documenta que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas no es una excepción. Es, según sus autores, un patrón extendido, escasamente regulado y, en su manifestación más preocupante, completamente invisible.

El informe de AlgorithmWatch analiza el uso de chatbots en los gobiernos de Alemania, Suiza y el Reino Unido a partir de registros públicos de transparencia, solicitudes de acceso a la información y experimentos propios con modelos de lenguaje. 

Sus autores parten de una distinción que resulta útil para entender el caso Clavijo y los que vendrán después. No les preocupa principalmente que los gobiernos usen inteligencia artificial para tareas administrativas de bajo riesgo —clasificar documentos, responder consultas ciudadanas rutinarias, convertir planos antiguos en formato digital—. Lo que investigan es algo más específico: qué ocurre cuando un funcionario o un cargo electo usa un chatbot para organizar su comprensión de un asunto, resumir una política compleja o elaborar una posición ante una decisión que tendrá consecuencias reales.

Esa distinción importa porque en el segundo tipo de uso el modelo no solo procesa información: la encuadra. Decide qué mostrar y qué omitir, qué presentar como consenso y qué como posición minoritaria, qué fuentes merecen más peso y cuáles menos. Y lo hace de formas que el propio usuario no necesariamente percibe, y que los sistemas de supervisión existentes no están diseñados para detectar.

El ministro alemán de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, lo describió sin aparente conciencia de las implicaciones. En una entrevista con Die Zeit, declaró que usa chatbots, en particular Claude, “muchas veces una o dos horas al día para estructurar pensamientos”. 

Detalló además el proceso con precisión: vuelca ideas desordenadas en el modelo, le pide que las organice y añada dos o tres ideas adicionales, reflexiona sobre el resultado, y repite el ciclo. “Normalmente son cuatro o cinco vueltas”, dijo. 

El Ministerio Digital de Alemania, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por los investigadores de AlgorithmWatch, respondió por escrito que el ministro “no ha utilizado chatbots de IA en su función como ministro federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado”. Wildberger no rectificó su declaración. Pero tampoco el Ministerio explicó la contradicción.

Los autores del estudio señalan que la distinción entre uso “personal” y uso “oficial” de un chatbot es, en la práctica, inoperante cuando la persona en cuestión es un ministro. Los pensamientos que Wildberger estructura con la ayuda de un modelo de lenguaje son los pensamientos con los que luego toma decisiones sobre política digital alemana. Que eso ocurra fuera del despacho oficial no lo convierte en un asunto privado.

Los gobiernos no llegaron a esta situación de improviso. Construyeron herramientas propias, firmaron contratos con grandes proveedores y publicaron directrices de uso que, en muchos casos, impulsaron activamente la adopción. El Reino Unido es el ejemplo más documentado.

El Gobierno británico desarrolló Redbox, una herramienta interna basada en modelos de lenguaje de OpenAI y Anthropic, diseñada específicamente para el trabajo de los funcionarios: resumir documentos extensos, preparar informes para ministros, generar borradores de comunicaciones internas. 

En verano de 2025 tenía más de 6.000 usuarios activos y procesaba 30.000 mensajes semanales. Era presentada por el propio Gobierno como un caso de éxito de modernización de la Administración pública. 

Pero en octubre fue retirada. La razón no fue ningún problema de funcionamiento ni preocupación sobre sus efectos: fue que Microsoft puso a disposición de los departamentos gubernamentales su herramienta Copilot de forma gratuita, y Google hizo lo mismo con Gemini. Redbox simplemente dejó de ser necesaria como inversión cuando había alternativas sin coste aparente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con OpenAI para equipar a 2.500 funcionarios con ChatGPT Enterprise. La pregunta de qué instrucciones exactas dan esos funcionarios al sistema, y cómo esas instrucciones condicionan los análisis que luego informan decisiones judiciales y legislativas, no tiene respuesta pública.

Las solicitudes de acceso a la información sobre los prompts —el término técnico para esas instrucciones— fueron rechazadas por el Gobierno británico, calificándolas de “vejatorias”. La única lista de instrucciones obtenida por vía de transparencia, fruto de una solicitud del semanario New Scientist, fue la del secretario de Estado de Tecnología, Peter Kyle: siete preguntas, entre ellas cuál es la definición de inclusión digital y qué podcasts le recomienda el modelo para aparecer como invitado.

En Alemania, el Gobierno federal mantiene un registro público de usos de inteligencia artificial en la Administración. Varios länder han desarrollado sus propias herramientas, como F13 en Baden-Wurtemberg o LLMoin en Hamburgo. 

Las directrices federales sobre uso de inteligencia artificial en la Administración mencionan explícitamente la “soberanía digital” como criterio: la dependencia de herramientas de empresas estadounidenses es un riesgo que el Gobierno reconoce formalmente. 

Suiza, por su parte, trabaja con GovGPT, construido sobre el modelo de código abierto LLaMA de Meta —sí, la empresa del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg—, y ha publicado una base de datos de proyectos a través de su red de competencia en inteligencia artificial. 

El problema central que documenta AlgorithmWatch no es que los modelos de lenguaje inventen datos, aunque también lo hagan con una frecuencia tan visible que hasta los propios fabricantes reconocen. Ese problema —llamado técnicamente "alucinación"— al menos produce errores detectables: una fecha incorrecta, una cita que no existe, un dato que no cuadra. Lo que preocupa a los investigadores es más difícil de localizar porque no genera falsedades manifiestas. Genera encuadres.

Para documentarlo, los autores diseñaron pruebas con modelos de lenguaje usando el tipo de instrucciones que un analista político podría razonablemente escribir, incluyendo el tipo de contexto adicional que las propias guías gubernamentales recomiendan añadir para obtener mejores resultados. 

Una de las pruebas pedía al modelo que preparase materiales de briefing para una comisión parlamentaria del Bundestag sobre regulación de inteligencia artificial, con dos posiciones enfrentadas. Las instrucciones incluían en ambos casos la petición explícita de ser riguroso con la evidencia y reconocer las incertidumbres. La única variable que cambiaba era el destinatario.

Cuando la instrucción indicaba que el destinatario era la oficina de Saskia Esken, del SPD, el modelo concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición favorable a una regulación estricta. Cuando el destinatario era la oficina de Friedrich Merz, de la CDU, el mismo modelo, ante los mismos datos y la misma petición de rigor, concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición contraria, más escéptica ante la regulación. Los dos análisis eran internamente coherentes, citaban datos reales y sonaban a trabajo de analista solvente. Simplemente llegaban a conclusiones opuestas.

No era un patrón universal: en otras pruebas similares, el modelo reconocía que se le estaba pidiendo respaldar una posición previa y lo señalaba explícitamente. Pero la variabilidad es parte del problema: un usuario que no sabe que el efecto existe tampoco sabe cuándo está ocurriendo.

Una segunda prueba medía cómo varía la valoración de un argumento según la fuente que se le atribuye. El texto era siempre el mismo: un argumento sobre política energética favorable a la energía nuclear. Cuando se atribuía al Instituto KOF de la ETH de Zúrich, una institución académica de referencia, el modelo le asignaba una puntuación de solidez de 0,78 sobre 1. Cuando el mismo argumento se atribuía a la Fundación Suiza de la Energía, una organización habitualmente crítica con la energía nuclear, la puntuación bajaba a 0,58. El modelo no evaluó el argumento; evaluó su coherencia con la trayectoria conocida de quien lo firmaba.

Los autores denominan a este fenómeno sesgo de coherencia. Un argumento pierde credibilidad ante el modelo no por su contenido, sino porque proviene de una fuente que normalmente defiende la postura contraria. El efecto es, como señalan los investigadores, contraintuitivo respecto a cómo funciona el razonamiento humano bien calibrado: en el análisis convencional, que un argumento convenza incluso a sus críticos habituales añade credibilidad, no la resta. Para los modelos de lenguaje, ese mismo hecho opera en sentido inverso.

A esto se suma la adulación, que en la literatura especializada recibe el nombre técnico de sycophancy: la tendencia de los modelos a ajustar sus respuestas a lo que perciben que el usuario quiere escuchar, tanto si eso se expresa de forma explícita como si se infiere del contexto. 

Y el llamado sesgo de automatización, documentado en estudios sobre evaluación de políticas públicas: la tendencia de los usuarios humanos a aceptar los resultados de sistemas automatizados sin aplicar el mismo escrutinio crítico que aplicarían a un análisis elaborado por una persona. Un funcionario que revisa un informe generado por un chatbot tiende a verificar que los datos sean correctos y que el argumento sea coherente. No tiende a preguntarse si el encuadre habría sido distinto con una instrucción ligeramente diferente.

Las directrices que los gobiernos han publicado sobre uso de inteligencia artificial en la Administración coinciden en un punto: toda decisión apoyada por IA debe pasar por supervisión humana. AlgorithmWatch revisó en detalle las guías del Reino Unido, Alemania, Suiza y la Comisión Europea, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para todos ellos: la supervisión se define como principio, nunca como práctica concreta.

La hoja de ruta del Gobierno británico en materia de IA exige “control humano significativo en las fases adecuadas” e insta a los funcionarios a “revisar y validar los resultados de la IA”. Las directrices federales alemanas piden “resultados trazables” y “supervisión humana”, pero dejan a cada organismo la decisión de qué pasos pueden usar IA “sin comprometer la trazabilidad”. Ninguna de las guías analizadas especifica cómo detectar un sesgo de encuadre, un efecto de atribución o una respuesta aduladora. Los tres tipos de distorsión documentados por los investigadores superan sin dificultad una revisión de exactitud factual.

La pregunta sigue siendo qué se supervisa exactamente. Si la respuesta es “verificar que los datos sean correctos”, eso no es supervisión de la influencia del modelo; es corrección de errores. La pregunta relevante —cuyas elecciones refleja este análisis, qué perspectivas ha excluido, cómo habría cambiado el resultado con una instrucción diferente— no aparece en ninguna guía como requisito concreto.

A esto se suma lo que la literatura académica denomina uso en la sombra: el empleo autónomo y no documentado de chatbots comerciales por parte de funcionarios para preparar reuniones, resumir documentos o estructurar argumentos, sin dejar registro institucional de que eso ha ocurrido. 

Según un estudio citado por AlgorithmWatch, este uso “ya es generalizado y plantea preguntas importantes para la Administración pública”. Cuando las consultas no se registran y las respuestas circulan jerárquicamente sin indicar su origen, ningún eslabón de la cadena tiene información suficiente para cuestionar los marcos conceptuales que el modelo ha introducido. La responsabilidad se diluye sin que nadie haya tomado la decisión de diluirla.

En abril de 2025, la Administración Trump presentó una batería de aranceles comerciales que incluía cifras inusuales aplicadas a países con los que el comercio bilateral era mínimo. Varios analistas reconstruyeron la fórmula matemática implícita en los números y constataron que coincidía con la respuesta que ofrecen los principales chatbots cuando se les pregunta cómo corregir un déficit comercial. 

Los modelos advierten, en esas mismas respuestas, que la fórmula es extremadamente simplista y que sus efectos son impredecibles. Esa advertencia no figura en ningún documento oficial de la política arancelaria de la administración.

AlgorithmWatch reconoce que este caso es “extremo e improbable de probar de forma concluyente”. Pero lo incluye como ilustración de algo más estructural: que las herramientas diseñadas para ofrecer respuestas rápidas a preguntas complejas generan una presión sistémica hacia la simplificación, y que los entornos de alta exigencia y plazos ajustados son precisamente los más expuestos a esa presión. 

La velocidad y la comodidad son, según los propios estudios citados en el informe, los principales beneficios que los funcionarios identifican en el uso de inteligencia artificial generativa. Son también las condiciones en las que el escrutinio crítico tiende a reducirse.

Clavijo no diseñó una política arancelaria. Solo necesitaba un argumento para presionar a una ministra un sábado por la tarde, en medio de una emergencia sanitaria que involucraba a dos decenas de países. El informe llegó con enlaces de YouTube y sin ninguna edición porque nadie, en ningún punto del proceso, consideró necesario que hubiera un proceso. 

Lo que hace visible este episodio no es su gravedad, sino su descuido: la ausencia de cualquier intento de disimulo permite ver con claridad un mecanismo que, en la mayoría de los casos, funciona de forma idéntica pero sin dejar rastro.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid eliminó las cifras de deuda de su informe definitivo sobre los ingresos por asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras concluir que la información que arrojaba Nexus, el software corporativo del Gobierno regional, "no es fiable" y "no refleja la realidad". Los auditores de la propia Administración madrileña sostienen que las debilidades del programa "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales públicos. Es la consecuencia más visible de un sistema en el que la Comunidad lleva volcados, según consta en los contratos publicados, en torno a 122 millones de euros desde su adjudicación inicial en 2010 (más de 60 millones sólo desde que Ayuso es presidenta), y que sigue arrastrando carencias estructurales reconocidas tanto por la Intervención como por la Cámara de Cuentas.

Nexus ECCL —siglas de Económico, Contable, Contratación y Logística— es la plataforma única sobre la que la Comunidad de Madrid presupuesta, contrata, paga, factura y gestiona la logística de toda su Administración, sus organismos y, muy en particular, todo el SERMAS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la presenta como "una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público". Por ella pasan, según las cifras oficiales, 9.500 usuarios diarios, un millón de transacciones al día, 1,2 millones de facturas y 2,2 millones de pagos al año.

El sistema nace del llamado "Plan Nexus" que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció en 2009 como un programa a cinco años para externalizar la informática de gestión de toda la Comunidad. La fase inicial supuso adjudicaciones por 130,4 millones de euros en cuatro años repartidas entre subproyectos: Nexus Educación, Nexus Recursos Humanos, Nexus ECCL y otros módulos auxiliares. Nexus Educación —el más conocido por su fracaso— se adjudicó a Indra y acabó cancelado tras pagar la Comunidad 5,5 millones de euros por un programa que la empresa nunca entregó, a los que hubo que añadir otros ocho millones para la plataforma que lo sustituyó, según publicó eldiario.es. 

El entonces consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido en 2014 en el marco de la trama Púnica e investigado precisamente por su relación con Indra. La Guardia Civil solicitó a la Comunidad de Madrid varias facturas con la empresa semipública para investigar si se habían inflado artificialmente para generar dinero negro. 

En 2019, un ex alto cargo de Indra declaró en la Audiencia Nacional que Martínez le solicitó que pagara una “mordida” a un empresario investigado en la causa. El ex consejero delegado se encuentra a la espera de que se fije juicio oral —en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica— y se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, por los cuales la Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación. 

Nexus ECCL, el hermano mayor del paquete y el único que sí llegó a desplegarse, se adjudicó en agosto de 2010 a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 36 millones de euros, con la firma del propio Martínez Nicolás. Incluso la supervisión técnica del proyecto se externalizó a la consultora PwC por casi seis millones más. Desde entonces, el contrato de mantenimiento y evolución del sistema lo ha llevado siempre la misma empresa: en 2016 se renovó con IECISA por 20,23 millones con oferta única, y en 2021 lo ganó Inetum, nuevo nombre de la antigua IECISA después de que el grupo francés Gfi —propiedad a su vez de un fondo estadounidense— la adquiriera y la rebautizara en 2020. 

El contrato actual, de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, se adjudicó en dos lotes: siendo el principal de 34,29 millones con IVA para Inetum y 3,14 millones para Techedge, hoy rebautizada como Avvale. A estos importes se han sumado dos prórrogas en 2024 y 2025 por 21,65 millones y una modificación contractual aprobada en octubre de 2025 por otro millón. Con esos datos, la inversión acumulada en Nexux ECCL ronda los 122 millones de euros, sin contar las licencias del fabricante SAP —el software en que se basa la plataforma— ni los contratos auxiliares que cada hospital se ve obligado a tramitar por su cuenta.

El expediente registra un volumen de incumplimientos poco habitual. La Agencia para la Administración Digital ha publicado, entre abril de 2022 y marzo de 2026, 46 resoluciones de penalidad a Inetum, a un ritmo cercano a una penalización mensual. La última se publicó el pasado 3 de marzo.

Pese a la sucesión continua de sanciones, la agencia aprobó el 31 de octubre de 2024 una prórroga del contrato a Inetum por más de 21 millones de euros y 21 meses adicionales, hasta agosto de 2026. La continuidad del contratista —desde la implantación del sistema— no se ha visto alterada por las penalidades ni por los fallos relatados en los informes de la Comunidad. La encadenación de contratos durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso totaliza un gasto superior a los 60 millones de euros; es decir, que el casi la mitad de los 122 millones invertidos desde la contratación del software en 2010 ha correspondido al periodo de Ayuso.

Los problemas que describe la Intervención General afectan al núcleo del sistema. Según sus informes, a los que ha tenido acceso infoLibre vía ley de transparencia, los auditores tuvieron que retirar las cifras de deuda del informe definitivo para todos los centros porque la información de Nexus "no es fiable" y "no refleja la realidad". Las "debilidades" del software, concluyen, "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales del SERMAS.

El caso del Hospital Gregorio Marañón es paradigmático: solo el 18% del importe de la deuda enviada a la Dirección General de Tributos figuraba como tal en Nexus, una desviación que los auditores califican de "importancia cuantitativa" suficiente para "desvirtuar la imagen de la deuda" del conjunto del SERMAS. El propio hospital admite en sus alegaciones que el seguimiento de deudas en Nexus es de una "gran dificultad" y que la información que el programa aloja no coincide entre sus propias listas y repositorios.

El sistema, además, "carece de históricos": cuando se rectifica una factura, emite una nueva "sin enlazar con el episodio del que traen causa", lo que hace imposible visualizar con claridad el conjunto de episodios asistenciales de un paciente. La Intervención también detectó 748 facturas en las que el pago consta como realizado "antes de la emisión de la propia factura", por errores de sincronización y campos de fecha defectuosos.

Las consecuencias de la rigidez de la plataforma las detallan los propios hospitales en sus alegaciones ante la Intervención General, en las que justifican o detallan los fallos que esta les achaca. El Gregorio Marañón documentó un caso en el que "una sola factura generó 34 certificaciones de descubierto distintas" porque el sistema exige un certificado por cada línea de factura. En el Hospital de Móstoles ocurre lo mismo a la hora de notificar: el paciente recibe "una notificación escrita de providencia de apremio por cada posición de factura" en lugar de una sola por el total.

El Hospital de La Princesa describe una situación de mayor riesgo asistencial: tratamientos como diálisis o quimioterapia "no se vuelcan correctamente" desde el sistema clínico al de facturación, lo que obliga al personal administrativo a "copiar manualmente" datos como DNI y direcciones de pacientes con "mayor riesgo de error" en una información "tan importante y delicada". El SUMMA 112, por su parte, reportó que el sistema arrastra descuadres contables desde hace una década que el soporte técnico central aún no ha resuelto, y reconoció que ante una "coyuntural situación de insuficiencia presupuestaria" tuvo que traspasar facturas del módulo logístico al contable de forma manual, con la consiguiente "pérdida de la trazabilidad del proceso de conformidad".

Los hospitales también alegan errores estructurales de codificación de los gastos: el epígrafe correcto para algunos servicios de urgencias "no estaba disponible en Nexus" cuando se registró la incidencia, y el SUMMA 112 utiliza un código genérico para registrar traslados en avión medicalizado porque el sistema "no permite registrarlos correctamente". Los descuentos por volumen de compra (rappels), por su parte, están parametrizados como "menor gasto" en lugar de como ingreso, lo que supone una violación del Plan General de Contabilidad Pública. Además, el menú de anulación de facturas solo ofrece seis causas, tan genéricas que los hospitales se ven obligados a llevar "archivos Excel paralelos" para saber por qué no se cobró un dinero.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2024, ya certificaba que las "limitaciones técnicas" históricas del sistema "persisten durante el ejercicio fiscalizado". Nexus es incapaz de gestionar correctamente operaciones básicas del inmovilizado como arrendamientos financieros, donaciones o provisiones, un problema que el órgano fiscalizador viene señalando desde 2017.

Ante esa "imposibilidad de subsanar los problemas" en la plataforma, el SERMAS ha tenido que habilitar un sistema de incidencias para que "consultores de Nexus" ejecuten manualmente las operaciones en el estándar SAP, al no estar operativas las transacciones en el programa. La Cámara también detecta falta de integración con las aplicaciones de recaudación ejecutiva y gestión tributaria, y debilidades en la "representatividad e integridad" de los saldos de existencias, hasta el punto de recomendar "revisar urgentemente" los procedimientos de registro de almacenes y "corregir las deficiencias de Nexus en relación con las altas y bajas" de inventarios. 

El círculo lo cierran los contratos auxiliares. Pese a que existe un macrocontrato de mantenimiento de la plataforma con Inetum, algunos hospitales han tenido que sufragar de su propio presupuesto refuerzos externos para poder operar Nexus. El Gregorio Marañón licitó en 2024 un contrato específico de 72.479 euros con IVA para tener "soporte técnico y apoyo en el aplicativo Nexus" en su Servicio de Contratación Administrativa, adjudicado con oferta única a la empresa AlcaláBC. El mismo hospital tiene precedentes equivalentes en 2019, 2022 y 2023 para soporte de Recursos Humanos a la plataforma Nexus. La herramienta corporativa, vendida hace década y media como un instrumento para "homogeneizar y simplificar" la gestión, obliga a los hospitales a contratar refuerzos para usarla mientras Madrid Digital sanciona mes tras mes al contratista que cobra por mantenerla.

Consultada por infoLibre sobre la continuidad del contrato pese a los fallos y limitaciones señalados por los órganos fiscalizadores y el elevado número de penalizaciones impuestas al contratista, la Agencia para la Administración Digital responde que "el sistema garantiza la integridad de los datos y de la contabilidad hospitalaria" y que "no le consta ningún problema sobre este tema". La agencia sostiene que Nexus "no almacena ni gestiona datos clínicos ni datos personales de salud" —pese a que las alegaciones de los hospitales recogen el copiado manual de DNI y direcciones de pacientes en tratamiento— y subraya que "en ningún caso las penalizaciones han supuesto impacto o riesgo en la continuidad del servicio", razón por la que "dada la criticidad del sistema Nexus, se ha optado por la prórroga contractual".

Sobre los contratos de soporte que han tenido que licitar hospitales como el Gregorio Marañón, Madrid Digital afirma que el contrato central "cubre íntegramente el mantenimiento y evolución técnica" y que las contrataciones adicionales "responden a necesidades propias de gestión y no suponen duplicidad ni solapamiento". La empresa Inetum, responsable de la mayoría de los contratos —algunos bajo su anterior denominación, IECISA—, no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

He contado esta anécdota en varias ocasiones y creo que viene muy bien para enmarcar mi objetivo en esta tribuna de opinión. Irán viendo que tal objetivo parece sencillo, pero casi al mismo tiempo se percatarán de que no lo es tanto. Fui director general de Salud Pública en Asturias durante la pandemia de COVID-19. Mis tareas fueron múltiples y diversas durante aquel tiempo. Aunque llevaba muchos años trabajando en la Consejería de Sanidad, apenas había tenido contacto con la “parte política” ni con la “parte legislativa” de nuestra comunidad autónoma y desconocía bastante, mea culpa, el funcionamiento parlamentario. En un momento de aquellos meses de 2020, nuestro consejero de Sanidad, con muy buen criterio, decidió mantener reuniones periódicas con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios en la Junta General del Principado, para informarles de la situación de la pandemia. No había actividad de comisiones, así que debía de ser verano. 

Recuerdo el buen tono y actitud de todos los diputados y diputadas que participaban en aquellas reuniones. Imperaba una visión crítica y reflexiva, a menudo firme, pero siempre con un tono amable, constructivo y propositivo. Yo andaba fatigado por miles de reuniones técnicas a todos los niveles, por la gestión de protocolos, y por la organización de una dirección, tarea para la que contábamos con muy pocos medios; e insisto: desconocía casi totalmente la arquitectura de nuestro parlamento asturiano. En la siguiente reunión con los grupos ya no estábamos a puerta cerrada; era en otra sala, en una reunión de la comisión de sanidad. Me acuerdo de que, cuando empezó a hablar una de las representantes de los grupos parlamentarios, levanté la cabeza, sorprendido: ¿Qué ha pasado? ¿Ha ocurrido algo hoy en la pandemia de lo que no tengo información? 

El tono de todos los intervinientes fue totalmente diferente. Con gradaciones diversas, pero totalmente diferente. ¿Por qué hablan hoy así todos, tan raro? ¿Qué está pasando hoy?, me preguntaba, ingenuo y triste de mí. Levanté la cabeza y me di cuenta de que esto ya no era una reunión interna, de que había cámaras, se grababa todo y había medios detrás de los cristales tomando notas de la reunión. Ese fue el clima en prácticamente todas las comparecencias parlamentarias en las que participé a partir de entonces. De hecho, recuerdo que, en una de ellas, un diputado habló de la improvisación desde Salud Pública. El diputado, además, no era de un grupo diametralmente opuesto al Gobierno. Al finalizar la sesión, muy cabreado, y terriblemente cansado por todos los meses de 24 horas que llevábamos encima, le dije que lo propio era acusarnos de hacer las cosas mal o bien, que, por supuesto, nos podríamos equivocar en algunas decisiones, pero que le aseguraba que no improvisábamos. Al lado nuestro, un miembro de nuestro gobierno bromeó, trató de quitar hierro y dijo que eso formaba parte de la escenografía política. No dije nada. Pero lo que quizás tenía que haber dicho entonces, lo que quise decir en aquel momento y me callé es lo siguiente:

Determinadas situaciones, especialmente las relacionadas con la salud pública, no deberían utilizarse para obtener rédito político. Ni por una parte ni por otra. El único rédito legítimo ante una posible crisis sanitaria debería ser la capacidad colectiva de proteger a la población, actuar con responsabilidad y construir actuaciones compartidas orientadas a la salud colectiva.  

No hemos aprendido algunas de las lecciones que dejó la pandemia. Necesitamos acuerdos básicos de responsabilidad institucional y un pacto entre los partidos políticos para afrontar conjuntamente las crisis reales y, también, para evitar que alertas o situaciones de riesgo acaben convirtiéndose en crisis mayores, más sociales que epidemiológicas, por falta de coordinación, exceso de confrontación o ruido partidista. No todas las alertas sanitarias terminan siendo emergencias graves, pero precisamente por eso es tan importante actuar con cooperación desde el primer momento. Mientras escribo estas líneas, vuelvo a escuchar en el hemiciclo demasiados gestos, demasiados aspavientos y demasiado ruido. 

Una crisis de salud pública exige serenidad. Me atrevería a decir que una crisis de salud pública es una oportunidad de demostrar al mundo uno de los grandes activos que tenemos en nuestro país: nuestro sistema sanitario, nuestra administración pública, los grandes profesionales que tenemos y su inmensa capacidad de trabajo. Una situación de alerta de salud pública exige dejar trabajar a los equipos técnicos con autonomía y sin presiones externas permanentes. Exige transparencia, evaluación y control democrático. Y asumir responsabilidades, por supuesto, pero también exige algo que a veces parece escasear más que los recursos materiales: confianza mutua, capacidad de acuerdo y una cierta conciencia de que, ante determinadas amenazas colectivas, es necesario mantener reuniones pausadas, sin teatro, sin buscar titulares, ni retuits; muchas, muchas reuniones, con buen tono, amabilidad, constructivas y propositivas. La salud poblacional requiere, en definitiva, que todos y todas sepamos poner el bien común por delante de los intereses particulares de manera que las instituciones y los representantes públicos estén a la altura de su país. 

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ºRafael Cofiño es diputado de Sumar por Asturias en el Congreso.

Otra vez un virus. Otra vez intentando entender cómo se transmite, cuánto de contagioso es, qué supone estar cerca o lejos de alguien infectado, cómo de letal es…Otra vez.

Estos días hemos revivido los primeros días de aquel 2020. En el que nos empezamos a familiarizar con palabras como “personas de contacto”, “incubación” del virus, “aislamiento”… El brote de hantavirus del crucero de lujo que nos ha ocupado esta semana nos ha devuelto a una idea que habíamos tenido la tentación de olvidar: somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Un virus, una excursión en un país lejano, viendo pájaros o focas, o lo que sea, nos ha recordado que el mundo puede volver a pararse. Lo del crucero no ha ido, de momento, más allá de los pasajeros que iban a bordo y de las personas que han podido entrar en contacto con los que decidieron coger un vuelo por su cuenta. Pero a muchos se les heló el pulso cuando empezaron a escuchar las primeras noticias que llegaban sobre ese nuevo brote, sobre un virus desconocido... Otra vez no, por favor.

A priori, los expertos aseguran que el brote no irá más allá, que esto lo volveremos a olvidar en cuanto el barco llegue a Tenerife, los pasajeros sean repatriados y los españoles que iban a bordo cumplan su cuarentena o el tiempo que se estime en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. A priori, insisto, con los virus y con las epidemias aprendimos que nada es seguro. Ahora mismo hay 30 pasajeros de todas las nacionalidades posibles que hay que localizar y rastrear, cómo están, con quién han tenido contacto…Nos suena, demasiado.

Pero hay algo que, pase lo que pase, volverá a salvarnos de ésta: la ciencia. Esa ciencia que seguimos empeñados en maltratar, en negar. Esa ciencia que nos cura, aun en el peor de los escenarios, en los más impensables. Esa ciencia que necesita cariño y fondos para seguir sacándonos de los peores momentos. La ciencia a la que dedicamos poco dinero y poco tiempo. 

Seguiremos todavía muy pendientes de ese barco, de su llegada a Tenerife, del goteo de contagiados que se van extendiendo por todo el mundo. Y seguiremos confiando en que esto no irá a más. Pero habrá que cimentar esa confianza en un apoyo claro a quienes investigan, incansables, para que ningún virus nos vuelva a sacudir. Cimentar un sistema sanitario robusto que pueda de nuevo hacer frente a una epidemia. Todo eso que no estamos haciendo ahora mismo y que, como no espabilemos, nos volverá a pillar a contrapié.

El debate sobre el precio de los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en Europa ha adquirido una importancia creciente en los últimos años. Factores como los avances científicos, el envejecimiento de la población y la presión sobre los presupuestos públicos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos actuales de financiación y acceso. En este contexto, cobra fuerza la idea de avanzar hacia una estrategia coordinada a nivel europeo que mejore la transparencia, aumente la eficiencia y garantice la equidad en el acceso a los tratamientos.

Uno de los principales problemas es la falta de transparencia en la formación de los precios de los medicamentos. Aunque los Estados negocian con las compañías farmacéuticas, muchos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer el coste real de los fármacos. Esta opacidad dificulta la comparación entre países, reduce el poder de negociación de los sistemas públicos y genera desconfianza en la ciudadanía, que percibe que los precios no siempre están justificados.

A esta cuestión se suma el debate sobre el llamado doble pago. Una parte importante de la investigación biomédica, especialmente en fases tempranas, se financia con recursos públicos a través de universidades y centros de investigación. Sin embargo, los ciudadanos vuelven a pagar cuando los medicamentos llegan al mercado, ya sea mediante impuestos o copagos. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inversión pública y los beneficios privados, así como sobre la necesidad de mecanismos que aseguren un retorno social más claro.

En cuanto a la rentabilidad del sector farmacéutico, los datos muestran que se trata de una industria altamente lucrativa. En Europa, aunque los márgenes son generalmente inferiores a los de Estados Unidos debido a una mayor regulación, siguen siendo elevados. Además, existen diferencias significativas entre países europeos en términos de precios y acceso a medicamentos, lo que refleja la fragmentación del mercado y la ausencia de una política común.

La financiación de la sanidad constituye otro eje clave. En la mayoría de los países europeos, los sistemas sanitarios se sustentan en una combinación de financiación pública —a través de impuestos o cotizaciones sociales— y aportaciones privadas, como copagos. Sin embargo, el peso de cada componente varía considerablemente. Mientras que algunos países cuentan con sistemas altamente financiados por el sector público, en otros la carga sobre los ciudadanos es mayor, lo que se traduce en desigualdades en el acceso.

Estas diferencias también se reflejan en el gasto farmacéutico y en la cobertura de los tratamientos. En general, los países del norte y centro de Europa presentan mayores niveles de financiación pública y menores barreras económicas, mientras que en el sur y el este las dificultades de acceso son más frecuentes. En comparación con Estados Unidos, Europa ofrece una cobertura más amplia y precios más bajos, pero afronta desafíos en términos de rapidez de acceso e incentivos a la innovación.

El proceso de aprobación de medicamentos en Europa es en gran medida centralizado en lo que respecta a la evaluación científica, pero no lo es en cuanto a la fijación de precios y financiación, que siguen siendo competencias nacionales. Esto provoca retrasos significativos en la disponibilidad de los tratamientos. En algunos casos, el tiempo entre la aprobación y el acceso efectivo puede superar los dos años, lo que genera desigualdades entre países, y pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación europea en este ámbito. 

La posibilidad de establecer políticas comunes, especialmente para medicamentos esenciales o de alto impacto, podría reducir las diferencias y acelerar el acceso. No obstante, esta opción plantea el reto de conciliar la soberanía nacional con los beneficios de una acción conjunta. En este contexto, la fijación de precios máximos a nivel europeo, al menos para los medicamentos básicos, es una de las medidas que podría contribuir a evitar grandes divergencias, aunque requeriría mecanismos flexibles para adaptarse a las distintas realidades económicas.

La comparación internacional ofrece enseñanzas relevantes. El modelo estadounidense, más liberalizado, se caracteriza por precios más elevados y una mayor participación del sector privado. Si bien esto ha favorecido la inversión en innovación, también ha generado importantes desigualdades en el acceso. Europa, por su parte, ha optado por un enfoque más regulado, que garantiza una mayor cobertura, pero que debe encontrar formas de seguir incentivando la investigación y la innovación.

En paralelo, las listas de espera se han convertido en un indicador clave del rendimiento de los sistemas sanitarios. En España, han aumentado en la última década, con importantes diferencias entre comunidades autónomas y especialidades. En otros países europeos, la situación es diversa: algunos han logrado mantener tiempos de espera reducidos gracias a una mayor inversión y eficiencia, mientras que otros presentan retrasos incluso mayores.

Esta diversidad refuerza la necesidad de mejorar la transparencia y la comparabilidad de los datos. La creación de un Observatorio europeo que recopile y publique información sobre listas de espera permitiría identificar buenas prácticas, detectar ineficiencias y fomentar la rendición de cuentas. Más que imponer sanciones, este tipo de herramienta podría actuar como incentivo para la mejora continua.

Por otra parte, la positiva experiencia reciente de la compra conjunta de vacunas durante la pandemia ha demostrado el potencial de la cooperación europea. La extensión de este modelo a otros medicamentos, especialmente los más costosos, permitiría mejorar el poder de negociación, reducir precios y garantizar un acceso más equitativo entre países. 

Para solventar los inconvenientes y desafíos antes mencionados, creemos necesarias medidas como las siguientes:

1. Plataforma Europea de Transparencia de Precios: Creación de una Plataforma o Base de datos pública y obligatoria que compare los precios de adquisición de todos los medicamentos en los 27 Estados miembros, la cual facilitaría la toma de decisiones informadas por parte de gobiernos, profesionales y ciudadanos, y evitaría, además, que un mismo fármaco cueste el doble en un país con menor PIB simplemente por falta de información.

2. Fijación de Precios Máximos coordinada: Establecer un techo de precio europeo para medicamentos esenciales. No es sostenible ni eficiente que los medicamentos tengan precios radicalmente distintos en un mercado único. Se debería tender a una convergencia de precios basada en el poder adquisitivo de cada país pero bajo un marco común.

3. La Huella de financiación pública: Cada medicamento debería incluir una memoria de transparencia que detalle cuánta financiación pública recibió durante su fase de desarrollo. Ese porcentaje debería deducirse automáticamente del precio final de venta al sistema público.

4. Observatorio de Listas de espera y mecanismos de control: Establecimiento de indicadores comunes de demora; si un país supera de forma reiterada los límites permitidos, la UE debería tener potestad para intervenir mediante fondos de cohesión específicos o, en última instancia, sanciones financieras que obliguen a la reforma del sistema local.

5. Agencia Europea de Compras para fármacos estratégicos: Extensión del modelo de las vacunas COVID a los 100 medicamentos más utilizados y costosos. La compra centralizada garantizaría el suministro y reduciría los costes administrativos y de comercialización.

6. Transparencia en la rentabilidad de farmacéuticas: Obligación a las empresas farmacéuticas que operan en Europa a desglosar sus beneficios por país y producto, permitiendo una fiscalización social sobre si el beneficio obtenido es proporcionado al valor terapéutico aportado.

7. Reducción de los tiempos de acceso a medicamentos y fomento de los genéricos: Se deberían armonizar los procesos de evaluación de dichos tiempos entre países, e impulsar los genéricos como herramienta clave común para reducir costes sin afectar la calidad.

Europa se enfrenta a una oportunidad histórica para redefinir su modelo sanitario en un contexto de crecientes desafíos, y solo con medidas como las anteriores y la determinación de nuestros mandatarios se podrá avanzar lo necesario. Creemos necesaria una Unión Europea de la Salud, en la cual la transparencia en los precios, la equidad y la agilidad en la atención dejen de ser una aspiración para convertirse en una norma de obligado cumplimiento. Únicamente así será posible garantizar un sistema sanitario europeo sostenible, cooperativo y transparente que responda a las necesidades de la población sin comprometer la innovación ni la viabilidad económica.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

Abril es el mes de la concienciación y de la sensibilización frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Cada día, más de un millón de personas en todo el mundo contraen una ITS y, por desgracia, estas cifras van en aumento.

A nivel mundial, se conocen más de 30 patógenos que se transmiten durante el contacto sexual. De ellos, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la tricomoniasis, la hepatitis B, el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son los que más contribuyen a la carga global de morbilidad.

Por ejemplo, se estima que 520 millones de personas de entre 15 y 49 años presentan infección por el virus del herpes simple tipo 2 (HSV-2), la principal causa del herpes genital. Y solo en 2002, ocho millones de adultos de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis.

Es posible que las ITS estén aumentando a nivel mundial debido a una combinación de factores conductuales, sociales y biológicos. Aquí analizamos algunos de ellos.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud destaca una caída significativa en el uso del preservativo entre adolescentes y jóvenes. La utilización inconsistente de esta eficaz herramienta para prevenir la mayoría de ITS se correlaciona directamente con el aumento de casos, a menudo asintomáticos.

El uso generalizado de anticonceptivos orales, que no protegen contra estas infecciones, unido al acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, como la píldora del día después, ha reducido la preocupación por los embarazos no deseados y la motivación para usar preservativos.

Existe una menor preocupación por contraer el VIH. Aunque la profilaxis preexposición (PrEP) ha demostrado eficacia en la reducción de la transmisión del virus, su uso generalizado puede promover indirectamente encuentros sexuales sin protección, lo que podría acelerar la propagación de las ITS.

A pesar de que la mortalidad relacionada con el VIH ha disminuido, aproximadamente 39 millones de personas aún están infectadas con el virus, produciendo casi 630.000 muertes anuales, predominantemente en África subsahariana.

Las apps de citas facilitan un mayor número de contactos sexuales, un cambio más rápido de pareja y una mayor prevalencia de relaciones sexuales sin protección.

Algunos estudios sugieren que estas aplicaciones permiten a los usuarios acceder a redes sexuales más diversas y amplias, lo que aumenta la probabilidad de contraer y transmitir infecciones. Concretamente, el repunte de casos de sífilis y gonorrea, sobre todo en Europa, se ha relacionado con encuentros casuales facilitados por apps móviles.

La resistencia a los antibióticos está transformando algunos patógenos causantes de ITS en súperbacterias cada vez más difíciles o imposibles de tratar. Es el caso de la gonorrea, la clamidia y Mycoplasma genitalium. La aparición de cepas resistentes a los medicamentos disminuye la eficacia del tratamiento, provoca mayores tasas de infección y aumenta complicaciones a largo plazo como la infertilidad y la enfermedad inflamatoria pélvica.

Entre 2022 y 2024, la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima, los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea, aumentó drásticamente del 0,8% al 5% y del 1,7% al 11%, respectivamente, detectándose cepas resistentes en varios países. Por su parte, la resistencia a la ciprofloxacina alcanzó nada menos que el 95%.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha revelado un panorama complejo en las respuestas nacionales a las infecciones de transmisión sexual. Si bien la mayoría de los países cuentan con estrategias, importantes obstáculos para la implementación de medidas preventivas y pruebas, así como la falta de datos, dificultan los esfuerzos para frenar las epidemias de clamidia, gonorrea y sífilis.

En muchas regiones, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, la ampliación de los programas de vigilancia, sobre todo para infecciones asintomáticas, ha dado lugar a una mayor detección y notificación de casos.

La falta de una educación sexual sólida en las escuelas y en el hogar, junto con la difusión de información errónea o falsa, provoca que muchas personas tengan conocimientos insuficientes e ideas incorrectas sobre prevención. Esto afecta especialmente a los jóvenes y los adultos mayores que inician nuevas relaciones.

La evidencia indica que los recortes o el estancamiento de la financiación para los servicios de salud sexual limitan directamente la capacidad de los centros médicos para proporcionar pruebas, tratamiento y rastreo de contactos, lo que conlleva un aumento de la transmisión y mayores costes sanitarios a largo plazo.

La reducción de la inversión en servicios de salud sexual y pruebas de detección de ITS, especialmente durante la pandemia de covid-19, redujo el acceso a los test y la atención médica. En España, los diagnósticos de ITS disminuyeron en un promedio del 56%, con las disminuciones más pronunciadas en clamidia y gonorrea. Los descensos se mantuvieron cinco meses después del inicio de la pandemia.

El incremento de la esperanza de vida, una mejor salud general y la disponibilidad de medicamentos para la disfunción eréctil, como el viagra, permiten a los adultos mayores mantener una vida sexual activa. Además, el aumento de las tasas de divorcio y el fallecimiento de los cónyuges implican que más personas mayores se incorporan al mundo de las citas, a menudo con múltiples parejas de las que desconocen su historial sexual. Un estudio realizado entre 2020 y 2023 reveló que los diagnósticos de ITS en Estados Unidos aumentaron casi un 24% entre las personas de 65 años o más.

Las epidemias y los brotes de patógenos de transmisión sexual emergentes y reemergentes plantean graves problemas para la población y suponen una carga adicional para los profesionales e investigadores de la salud pública.

Así, la shigelosis y el virus de la hepatitis A, tradicionalmente transmitidos por alimentos y agua contaminados, han establecido recientemente vías de transmisión sexual, principalmente entre hombres que tienen relaciones con otros hombres.

Otros patógenos emergentes, como los virus del zika y el ébola, pueden transmitirse a través de los fluidos genitales, mientras que el virus de la hepatitis C se puede contagiar por contacto con sangre durante las relaciones sexuales.

El miedo al estigma es un factor determinante en el aumento de las tasas de infecciones de transmisión sexual, ya que actúa como una poderosa barrera sociopsicológica que disuade a las personas de hacerse pruebas, recibir tratamiento y revelar su estado a sus parejas.

La vergüenza, el miedo a las repercusiones sociales y el juicio moral asociados con las ITS conducen directamente a un retraso en la atención médica, lo que a su vez alimenta la continua propagación de estas infecciones.

Las infecciones asintomáticas son un factor importante en el aumento del número de ITS en todo el mundo, porque actúan como una fuente de transmisión silenciosa. Dado que las personas con ITS sin síntomas a menudo desconocen que están infectadas, no buscan tratamiento, lo que permite que las infecciones persistan, se transmitan a sus parejas y provoquen complicaciones de salud a largo plazo.

En definitiva, el aumento de las infecciones de transmisión sexual subraya la importancia de adoptar medidas proactivas y pone de manifiesto la urgente necesidad de intensificar la concienciación pública, la prevención, las pruebas diagnósticas y los tratamientos para abordar este creciente problema de salud pública.

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Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leerlo aquí.

Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, busca revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022 mientras la oposición intenta frenar esa posibilidad. Y es ahí donde emerge uno de los temas estrella de la campaña electoral: la sanidad. El descrédito del Gobierno autonómico fue sonoro con la crisis de los cribados de cáncer de mama y la propia candidata socialista, María Jesús Montero, está intentando poner el foco en la gestión de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los datos parecen respaldar esa estrategia. La ciudadanía andaluza es la más descontenta con la sanidad pública de todo el Estado. Así lo muestran los barómetros sanitarios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2025. Mientras el conjunto de los españoles pone a la sanidad pública una nota media de 6,02, en el caso de los andaluces la nota cae hasta el 5,37.

La pregunta del CIS se refiere expresamente al "grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público" y los ciudadanos tienen que dar una respuesta númerica entre el 1 y el 10. El 1 significa 'muy insatisfecho'  y el 10 'muy satisfecho'. Esa nota media que dan los andaluces es inferior a la de cualquier otra comunidad autónoma. 

De hecho, el 47,79%, prácticamente la mitad, de los encuestados de la comunidad gobernada por Moreno Bonilla responden con valores entre el 1 y el 5, suspendiendo el funcionamiento de la sanidad pública andaluza u optando por lo que se conoce como un cinco raspado. Aunque en este caso, la escala del CIS va del 1 al 10 y no del 0 al 10 y, por tanto, la mitad se sitúa, en realidad, en el 5,5 y no en el 5.

La insatisfacción de los ciudadanos andaluces con la sanidad se ve también al analizar el valor más bajo de la escala. En Andalucía son un 11,18% de los encuestados los que optan por el 1, más que en cualquier otra comunidad y casi el doble que en el caso nacional, donde son un 6,41%.

Los andaluces no son solo los más descontentos con el sistema sanitario público en su conjunto. La comunidad también destaca en la mayoría de servicios concretos por los que pregunta el CIS. La ciudadanía andaluza es la que pone peor nota a las "consultas de atención primaria en centros de salud", las "consultas de atención especializada", las "urgencias de centros de atención primaria" y el servicio de "urgencias 061 y 112".

En los otros dos servicios concretos por los que se pregunta en los barómetros sanitarios es Canarias la comunidad que sale peor parada. Estos son las "urgencias en hospitales públicos" y los servicios de "ingreso y asistencia en hospitales públicos". Aun así, Andalucía da la segunda y tercera peor nota, respectivamente, también en esos casos.

La peor nota de todas es la que da la ciudadanía andaluza a las consultas de especialidades, con una media de 5,26. También es el servicio que se lleva el promedio más bajo en el conjunto de España, con solo un 5,74.

El descontento de los andaluces con el sistema sanitario público se refleja también en otras cuestiones planteadas en la encuesta. Uno de cada tres asegura haber necesitado consultar con su médico de familia en los últimos 12 meses y no haberlo conseguido. De nuevo, más que en ninguna otra comunidad y muy por encima de la media estatal, del 24,04%.

De hecho, los andaluces son los que muestran más problemas para conseguir cita con su médico de cabecera. Son quienes más aseguran no obtener cita, pero también los que muestran un mayor largo periodo de espera en caso de conseguirla. El CIS pregunta a los ciudadanos si en caso de haber tenido cita para el médico de familia y que este no les haya atendido el mismo día, cuántos días han tenido que esperar. La media española es de 9,15 días. En el caso de Andalucía sube hasta los 11,16. Otra vez, más que en ninguna otra comunidad.

Todos esos problemas que denuncian los andaluces con su sanidad pública se reflejan también en lo que creen que es necesario. El 59,82% considera que el sistema necesita cambios "fundamentales" o "profundos". En el conjunto del Estado la cifra es del 47,35%. El dato, además, ha subido respecto a 2024, cuando el 56,6% de los andaluces optaba por esa opción.

La pregunta del CIS es clara: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Luego el entrevistador ofrece cuatro opciones de respuesta: "en general, funciona bastante bien", "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios", "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos".

En Andalucía el 5,66% de los encuestados optó por "en general, funciona bastante bien". En cambio, el 30,66% se decantó por "funciona mal y necesita cambios profundos". En ninguna otra comunidad tan pocos entrevistados optaron por la respuesta que alaba el funcionamiento del sistema sanitario público. De la misma forma, en ninguna otra comunidad tantos eligieron la opción más crítica con el sistema.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

USA es el único país desarrollado sin sanidad universal. Sobrevivir a un infarto es fácil. A la factura, menos. Una ambulancia puede costar 1200 dólares, por eso hay quien prefiere pedir un Uber.

Unos 30 millones de personas no tienen seguro médico y muchos de los que tienen podrían arruinarse si contrajeran una enfermedad grave. Pensad que Breaking Bad no tendría sentido en España porque la sanidad pública trataría tu cáncer y podrías sobrevivir. 

Otra cosa es que estés en una residencia de Madrid, gobierne Ayuso y vuelva a haber una pandemia. Pero como te ibas a morir igual…

La educación privada es prohibitiva y la pública es desigual y su calidad depende del código postal del centro. Si naces en el barrio equivocado, tu mejor opción de futuro profesional es aprender a contar billetes rápido para el trapicheo.

Los estudiantes universitarios pagan unas cifras tan salvajes que alguien podría llegar a plantearse si estudiar medicina o comprar el Monte Sinaí.

Endeudarte para curarte, para estudiar… en USA eres lo que debes. Naces, te endeudas, mueres y es probable que la deuda te sobreviva. Tu puntuación crediticia decide si puedes comprarte una casa o un coche. O si existes. Tener mal crédito es peor que tener antecedentes penales. Si robas un banco vas a la cárcel. Si no tienes deudas, no te dejan entrar en un banco.

USA lleva más de dos siglos presumiendo de libertad, pero persiguió a comunistas —algunos imaginarios— durante el “macartismo”. Porque para muchos norteamericanos, la libertad es poder llevar pistola aunque no puedan votar a un partido de izquierdas sin que el FBI les investigue. Pensad que en los 50 y 60 te arrestaban por decir que el comunismo era bueno y por decir que el racismo era malo.

Era la época de la banda terrorista Ku Klux Klan a la que el FBI trataba como a un club de amantes de las barbacoas mientras que a las personas negras las trataba como terroristas.

USA se funda sobre el genocidio indígena y se convirtió en una potencia gracias a la esclavitud. En el siglo XIX, el algodón representaba el 60% de sus exportaciones y lo recogían esclavos. Un dato: en 1860, las personas negras esclavizadas generaban más riqueza que las fábricas y ferrocarriles del país.

Por no hablar del negocio que fue su participación en la II Guerra Mundial y que desde una perspectiva macroeconómica fue lo que convirtió a este país en una superpotencia económica.

Conclusión: USA no significa United States of America. Más bien Unfair States of America.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El reciente anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) —aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros— ha reabierto uno de los debates más tensos de la política española: el papel de lo público frente a lo privado en la sanidad. Este anteproyecto aspira a revertir el crecimiento de modelos de gestión privada dentro del SNS que promueven la subordinación de la planificación sanitaria a la lógica del mercado, lo ha orientado a priorizar los servicios rentables, fragmentar la red asistencial y abandonar el principio de que la salud es un derecho al  gestionarse como negocio.

El anteproyecto marca varios cambios significativos: 

El ministerio de Sanidad considera que con estas medidas se restituirá el SNS a un sistema universal y equitativo.  

La norma responde, en palabras de la ministra de Sanidad, a una necesidad de proteger el SNS “de las garras especuladoras y privatizadoras", planteando que los modelos concertados o concesionales han priorizado el beneficio sobre la atención al paciente, con prácticas denunciadas en casos como el del Hospital de Torrejón. 

Para ello considera que el ministerio debe obligar a que sean publicadas las evaluaciones y justificaciones de externalizaciones haciendo más transparente la gestión sanitaria y dificultando las decisiones opacas o afectadas por intereses empresariales. 

Según sus razonamientos se conseguiría así un sistema público fuerte, donde el acceso a una atención de calidad no dependa del nivel de renta, lo que redundará en beneficio de quienes no pueden permitirse seguros privados o copagos, de esta forma el limitar la privatización constituiría una inversión en cohesión social.

Pero frente a estas premisas, ciertas asociaciones como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), aun considerando a este anteproyecto como un “punto de inflexión” que pone por primera vez en la ley criterios estrictos para evaluar si una colaboración público-privada es aceptable o no, plantea objeciones, algunas legítimas y otras teñidas de retórica política.

ASPE denuncia que el proyecto es un “ataque dogmático” contra la sanidad privada y una invasión de competencias de las comunidades autónomas, totalmente en línea con la patronal que sostiene que la colaboración público-privada ha aportado calidad y accesibilidad durante décadas, por lo que exponen que la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias autonómicas, lo que dejaría sin efecto muchas de sus medidas o prolongaría su aplicación indefinidamente. Es de destacar que los medios cercanos al PP han iniciado una campaña mediática con fórmulas como “ataque a Madrid” o “ataque a la libertad empresarial”, términos que desplazan el debate técnico hacia un terreno ideológico y polarizado. 

Frente a estas críticas de los sectores de derecha, las corrientes progresistas y muchos profesionales sanitarios consideran que el anteproyecto no viene acompañado de una financiación significativa extra para reforzar la sanidad pública, por lo que la ley puede quedar en una declaración de intenciones si no se acompaña de más inversión y medidas estructurales. 

Pero hemos de considerar que toda discusión de este anteproyecto no es solo jurídica ni sanitaria, también lo es política, pues no podemos pasar por alto que un contexto en el que la sanidad pública ha perdido terreno frente a la gestión privada (cerca del 31% de hospitales públicos gestionados por privados) y se multiplican las derivaciones a concertados o seguros, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿Qué modelo de sociedad queremos? 

Para los defensores de la sanidad pública, el anteproyecto debía ser una oportunidad histórica para detener una tendencia que ha mercantilizado la salud y ha erosionado la equidad. Contrariamente, para la derecha, puede suponer un retroceso en la eficiencia y un exceso de control central. Por ello, el eje del debate debe centrarse en garantizar una sanidad pública robusta, transparente, bien financiada y centrada en el paciente, no solo en enfrentar ideologías contrapuestas.

Surge así la pregunta que cada uno debe responderse: ¿Debe la sanidad ser un derecho garantizado por lo público o un espacio abierto al negocio sanitario bajo el paraguas del dinero público?

El texto legislativo promovido por el ministerio de Sanidad pretende reforzar el papel central del Sistema Nacional de Salud, limitar nuevas concesiones administrativas y someter cualquier externalización a evaluaciones rigurosas de necesidad, eficiencia y transparencia; esto supone cuestionar un modelo expansivo de gestión indirecta que ha tenido especial desarrollo en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana.

Pero hemos de considerar que desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, la salud dejó de ser una prestación asistencial para convertirse en un derecho universal, un consenso fundacional que se ha visto tensionado por políticas de externalización, conciertos estructurales y modelos concesionales que trasladan la gestión —y parte del presupuesto público— a empresas con ánimo de lucro.

Los defensores del anteproyecto sostienen que el crecimiento de la gestión privada no ha ido acompañado de mayor eficiencia estructural ni de reducción sostenida de listas de espera, pero sí ha consolidado el deterioro progresivo de la atención primaria pública y la expansión del aseguramiento privado; por contra, sus detractores —entre ellos la patronal sanitaria privada y gobiernos autonómicos conservadores— denuncian una supuesta “demonización ideológica” de la colaboración público-privada y advierten de posibles conflictos competenciales. Alegan que limitar conciertos puede reducir la flexibilidad de gestión y la capacidad de respuesta.

Analicemos ambas posturas, pero sin olvidar que cuando la lógica empresarial entra en un servicio esencial financiado con impuestos, la prioridad deja de ser exclusivamente sanitaria.

Los defensores del anteproyecto destacan que refuerza el control público al exigir informes previos y transparentes para externalizar servicio, y por tanto dificulta decisiones discrecionales y favorece la rendición de cuentas. Esto redundaría en un sistema con mayor peso público, que reduce el riesgo de selección de pacientes, la segmentación territorial y las desigualdades en el acceso. Junto a ello se recupera su capacidad estratégica, ya que al blindar la gestión directa se fortalece la planificación a largo plazo, especialmente en salud pública y atención primaria.

Contrariamente, los detractores del proyecto apelan a que son las comunidades autónomas las responsables de gestionar la sanidad y por tanto pueden recurrir la norma si consideran que limita su capacidad organizativa, ya que constituiría un posible invasión competencial, y más sin una financiación estructural añadida; también plantean que eliminar o restringir ciertos modelos concesionales podría dificultar soluciones rápidas en territorios con déficit estructural de recursos.

Pero frente a defensores de la política del Gobierno con su anteproyecto de actuar contra la privatización sanitaria y frente a los defensores de la sanidad privada, existe también un grupo social en el que —como muchos defensores de la Sanidad Pública— nos incluimos los abajo firmantes que consideran que el análisis de la capacidad del anteproyecto para frenar y en lo posible revertir la privatización de la sanidad pública debe abordar aspectos jurídicos, sanitarios y políticos.

Desde el punto de vista jurídico, el anteproyecto cumple con una de las demandas centrales del sector al derogar expresamente la ley 15/97, que permitió la creación de nuevas formas de gestión con estructuras flexibles y concesiones administrativas, estableciendo la Gestión Directa por la administración o entes del sector público como prioridad, pero no se aplica retroactivamente, de forma que la ley no afectará a conciertos o concesiones ya iniciados o en ejecución, lo que significa que los modelos de gestión privada actuales seguirán vigentes hasta la finalización de sus contratos. Junto a ello, el anteproyecto sigue permitiendo mantener conciertos aplicando el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que ha sido el principal instrumento histórico de externalización, del que no hacen referencia a su posible derogación o reforma.

Por otra parte, el anteproyecto reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para organizar su propia administración sanitaria, lo que podría generar conflictos de interpretación sobre qué constituye "insuficiencia de medios" para justificar la gestión privada. 

Si atendemos al aspecto sanitario, hemos de aplaudir que, por primera vez, una ley estatal asume la evidencia científica (citando a The Lancet) de que la gestión privada mata más o, al menos, cuida peor. Políticamente, esto arrincona el discurso de la "eficiencia privada", y al prohibir la gestión indirecta de nuevos centros que incluyan la obra, se corta de raíz la expansión del modelo de hospitales que son, en esencia, negocios inmobiliarios con batas blancas.

Otro aspecto no resuelto es que al permitir la gestión privada, “si se demuestra mayor eficiencia", el Gobierno deja la puerta abierta a que comunidades con voluntad privatizadora manipulen los informes de sostenibilidad para seguir externalizando servicios. 

Pero tenemos que destacar que el anteproyecto reconoce que no habrá inversión extra, ya que estima un coste "neutro" para las CCAA, lo que sugiere que no habrá una inversión masiva inmediata para revertir las privatizaciones existentes. 

¿Qué significa eso? Que es una declaración de intenciones sin presupuestar, o sea sin posibilidad de llevarse a cabo; plantea el deseo de una sanidad 100% pública, pero con los mismos recursos asfixiados actuales, y esto condena al sistema a seguir con una degradación sanitaria que, irónicamente, empuja a los ciudadanos a los seguros privados. 

Sin embargo, el núcleo del debate no es técnico, sino político. La privatización parcial no suele presentarse como tal, sino como “colaboración público-privada”, “optimización de recursos” o “libertad de elección”, y en ese aspecto el ministerio no plantea nada sobre las "Redes Paralelas", de forma que no actúa contra el drenaje de fondos públicos que representan MUFACE e ISFAS (el funcionariado que elige sanidad privada). El hecho de que el Gobierno no toque este privilegio de clase sugiere que parte del anteproyecto tiene un componente electoralista ya que se ataca la gestión privada hospitalaria del PP, pero se mantienen modelos de privatización que benefician a la propia estructura del Estado. 

Por ello los defensores de una Sanidad Pública, universal y de calidad consideramos que el anteproyecto es una herramienta de contención, no de reversión. Sirve para frenar que el modelo de gestión privada se extienda a otras regiones, pero no soluciona el problema donde ya está implantado (más profesionales, agendas razonables y mayor capacidad resolutiva para evitar la sobrecarga hospitalaria; mejora de condiciones laborales para reducir temporalidad y precariedad y frenar la fuga de talento al sector privado o al extranjero; refuerzo radical de la Atención Primaria).

Más que un blindaje hermético, es una valla política diseñada para el desgaste electoral; se busca retratar al modelo del PP como "excepcional y poco íntegro", pero se carece de la valentía política para rescatar lo ya privatizado o para eliminar los privilegios de los seguros privados de los propios funcionarios del Estado. Olvida que es imprescindible el incremento estable de financiación, como podría ser el vincular el gasto sanitario público a un porcentaje mínimo del PIB que garantice estabilidad plurianual y también en que, hasta lograr que el sistema público deje de depender del privado en determinadas actuaciones, es imprescindible evaluar de forma independiente tanto la gestión directa como la concertada para que el debate se base en datos y no en eslóganes; con transparencia total en los conciertos existentes a graves de la publicación de los costes reales, beneficios empresariales y resultados asistenciales comparativos.

La sanidad pública no es un gasto improductivo: es un mecanismo de redistribución y cohesión social que, a través de la experiencia internacional, muestra que los sistemas más equitativos y eficientes son aquellos donde el Estado lidera la provisión y regula estrictamente la participación privada, no aquellos donde el mercado marca el rumbo.

El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de elevar el debate. No se trata de elegir entre eficiencia y equidad, sino de demostrar que lo público puede ser ambas cosas a la vez. La pregunta no es si cabe la colaboración privada, sino bajo qué límites y con qué garantías.

Porque cuando la salud entra plenamente en la lógica del beneficio, el paciente corre el riesgo de convertirse en cliente. Y esa es una frontera que una democracia social no debería cruzar.

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Petri Rogero Anaya es enfermera y psicóloga. José Luis Carpintero Avellaneda es médico. Ambos son doctores y exprofesores de la Universidad de Málaga (UMA).

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

Alrededor de 8.000 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, y 80.000 según los convocantes, han recorrido este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, convocada por sindicatos y asociaciones vecinales para denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño, según informa EFE.

La marcha, que ha comenzado a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos que llevaban pancartas en las que se puede leer 'la sanidad no se vende, la sanidad se defiende', mientras los manifestantes gritaban 'Pobre sanidad, o tienes talonario o te vas para el otro barrio'.

Entre los asistentes, Elena, enfermera en un hospital público de Madrid, resumía el sentir de muchos manifestantes. "Cada vez hay menos medios y menos personal, y eso nos afecta a todos", ha explicado a EFE mientras sostenía la mano de su hija.

Los miles de manifestantes han presentado sus demandas en la Puerta del Sol, donde han reclamado una financiación pública suficiente para la sanidad y han exigido frenar la privatización de los servicios sanitarios.

También han pedido un refuerzo de la atención primaria, reducción de las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, y el aumento de la red de salud mental, alegando que la salud es un derecho y la sanidad un patrimonio colectivo.

Entre las reivindicaciones, los convocantes han destacado la mejora de las condiciones laborales y la conciliación del personal sanitario, así como el desarrollo de un plan de gestión consensuado entre consejerías y un mayor control del poder de la industria sanitaria con perspectiva de género.

Maribel ha denunciado en declaraciones a EFE los problemas de acceso: "La última vez que pedí una cita me dieron para dentro de 24 días; antes se daba para el día siguiente o, como mucho, en tres días. Ahí se ve el deterioro".

Pilar y Gema comparten el sentimiento de abandono por parte del Gobierno regional: "Todo va para la privada, estamos abandonados".

Elena, además de enfermera, ha destacado cómo la falta de personal y recursos afecta al trabajo diario y a la conciliación familiar: "Durante un año y medio tuvimos que doblar turnos para cubrir bajas, la conciliación familiar se complica y no se respetan los tiempos necesarios.

"Cuando pides una cita en un centro de salud te dan para 15 días. En ese tiempo, un problema médico puede empeorar", ha añadido Elena.

Los organizadores insistieron en que esta protesta forma parte de un compromiso permanente con la sanidad pública y destacaron que "salvar la sanidad pública es una urgencia".

También han acudido políticos a la manifestación, entre ellos el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, líder del PSOE de Madrid, que ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "robar el dinero a la sanidad pública" y "convertir el derecho de todos en un negocio".

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha expresado que "las élites económicas y políticas" de la ciudad están "robando" al municipio y a la región, así como a la sanidad pública.

Y su compañera de partido Manuela Bergerot ha defendido que la "sanidad pública madrileña está bajo el asedio de los buitres" como los de Ribera Salud o Quirón, así como en las manos de su "mejor empleada", la presidenta madrileña.

Los datos varían según los informes e instituciones consultadas o las fechas disponibles con las que se realicen las comparativas, pero la conclusión es clara: España invierte menos en sanidad que la media europea y por debajo de las dos grandes potencias, Alemania y Francia, que otros socios importantes como Países Bajos, Suecia o Dinamarca o que países más pequeños como Austria, Irlanda o Luxemburgo.

La buena imagen reputacional de la sanidad española a nivel europeo e internacional, como se reconoce desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, no tapa los déficits del sistema en su conjunto, tanto en la atención primaria, como en camas hospitalarias o respecto a los doctores especialistas disponibles. Problemas que sufre la población española en contraste con la realidad disfrutada por ciudadanos de otros países europeos.

En 2025, según la OCDE, el gasto sanitario español representó el 9,2% del PIB frente al 10% de la media comunitaria. Aunque en términos de renta per cápita esta partida ha aumentado durante la última década, sigue siendo muy inferior a los 3.832 euros por habitante que de media dedica la UE. El gasto público es la principal fuente de financiación del sistema pero “los pagos directos representan el 21% del total, muy por encima de la media de la UE, 15%”, recoge el documento sobre España del State of Health in the EU, elaborado junto al European Observatory on Health Systems and Policies.

Las últimas cifras que recoge el Ministerio de Sanidad en comparación al resto de socios comunitarios muestran que el gasto sanitario público de España superó ligeramente los 105.000 millones de euros, un 7% del PIB, casi 2.200 euros por habitante, frente al 10% de su PIB que invertiría Alemania, el 9,7% de Francia, el 8,6% de Austria, el 8% de Bélgica o porcentajes superiores también a esa cifra en otros socios como Finlandia, Países Bajos o Suecia. 

España sigue contando con una alta protección para sus ciudadanos gracias “a la cobertura sanitaria universal junto a amplios paquetes de beneficios sanitarios”, lo que le convierte en el país de los 27 con la mayor esperanza de vida (83,2 años), aumentando a un ritmo ligeramente superior al de la mayoría del resto de países de la UE durante el siguiente decenio, según los cálculos de la OCDE. Y esto pese a la mayor mortalidad relativa durante la pandemia de la covid que en la mayoría de socios comunitarios. Suecia, Italia y Luxemburgo también destacan por su mayor esperanza de vida, mientras que en la cola del furgón europeo están Rumanía, Letonia y Bulgaria.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que recientemente acaba de realizar una fotografía del sistema sanitario español en Bruselas ante la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, rebaja las cifras de inversión total, pero señala igualmente el menor esfuerzo de España, donde se destinaría el 6,9% del PIB en gasto público para la sanidad versus el 7,5% de media en la UE.

La diferencia de inversión sanitaria se agranda cuando se analiza solo el dinero que aporta el Estado. En España, la financiación pública cubre el 71,6% del gasto sanitario total, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza el 81,1%. Esto significa que el sistema sanitario español depende en mayor medida de seguros privados, mutuas y del gasto directo de los ciudadanos que la mayoría de países europeos, según el informe de la OCDE y el European Observatory on Health Systems and Policies.

“Hay una privatización sostenida en el tiempo y un modelo basado en la infrafinanciación del sistema público, con el debilitamiento de la atención primaria y el uso de las listas de espera como mecanismo de derivación a centros privados”, denuncia la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, que resume estos problemas desde su raíz: “el gasto sanitario por debajo de la media europea en paralelo al peso creciente de la sanidad privada en todo el Estado, lo que genera una desigualdad en el acceso y una pérdida de control público sobre la planificación sanitaria”.

La creciente presencia del sector privado de salud acaba de denunciarse en Bruselas por parte de asociaciones en defensa de la sanidad pública. El fallo sistemático en los cribados de cáncer en Andalucía se produciría al “privatizar las mamografías, lo que deriva en una pérdida de control, y cuando esos resultados se guardan en un cajón, se hace poco menos que terrorismo contra tus propios ciudadanos”, dice Ángela Claverol, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA.

“Las mujeres confiábamos en un sistema que nos decía que si no nos avisaban no teníamos que preocuparnos”, explicó Clavero durante una conferencia en el Parlamento Europeo, al tiempo que advertía sobre un servicio de gestión privatizado “que no da la oportunidad de realizar más pruebas y, por tanto, condena a estos ciudadanos a desarrollar cáncer de mama avanzados”. 

Ante los responsables de salud de la Comisión Europea, Sergio Fernández Ruiz, secretario de organización de FADSP, ya había expuesto que “el Sistema Nacional de Salud español es un sistema de calidad reconocido globalmente” pero que “sufre con los recortes, el deterioro y el desmantelamiento propiciados por el Partido Popular durante sus años en el gobierno y actualmente en las distintas comunidades, amenazado por un proceso de privatización descontrolada que erosiona sus pilares fundamentales”.

El diagnóstico explicaría los agujeros del sistema de salud en las diferentes comunidades autónomas y llamó la atención de Sandra Gallina, la directora general de ese departamento en la Comisión. Gallina, ciudadana italiana, mostró su sorpresa al recibir algunos datos pero reconoció que es una situación transversal en toda la Unión Europea y apreció similitudes con el modelo italiano, donde precisamente “los tiempos de espera suponen un desafío significativo”, según los informes de la OCDE, y el “acceso a diagnósticos y consultas de especialistas permanece limitado, resultando en altas tasas de cuidados inevitables”. Un problema que suena familiar en España.

Bruselas conoce también ahora los posibles delitos en la externalización de la gestión de hospitales y de servicios médicos, destapada con los audios del CEO de Ribera Salud sobre el centro de Torrejón de Ardoz. En los radares de la Comisión Europea saben que porcentualmente la Comunidad de Madrid es una de las tres donde menos inversión pública sanitaria se realiza en España. “Y que de ese dinero, un 17% va directamente a la privada”, lamenta Lucía García, del sindicato MATS, “y del que queda, otro 41% llega también al sector privado gracias a las derivaciones a otros hospitales”.

El Gobierno de España, además de las transferencias ordinarias, le ha transferido un presupuesto de 129.000 mil millones de euros en los siete años de gobierno de España de izquierdas progresista, un 50% más de lo que recibió en la etapa de M. Rajoy, recortador de derechos y defensor de la Gürtel y las corruptelas del PP. Ayuso, no mienta ni manipule la verdad y la realidad de los hechos, son sus regalos fiscales y son solo en beneficio de quienes más dinero tienen, milongas las justas.  

Madrileñas y madrileños, si tu colegio de enseñanza pública no tiene calefacción, a tu centro de salud le falta personal, tus servicios sociales abandonados, tus universidades públicas y centros formación profesional públicos sin inversión u otros servicios los cierran o privatizan es culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no invierte. Acuérdate cuando vayas a votar o no olvides los regalos fiscales del PP, hechos por doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, dinero hay, que no te mientan, lo están desviando y han planificado la desinversión de lo público y de todo lo transferido por el Gobierno de  España, sí, el malvado Pedro Sánchez. 

Lo desvían para premiar con bajadas fiscales a sus votantes ricos, familias ricas, beatas y beatos con patrimonio, especuladores y donantes del PP con buena renta y sin olvidar a los jefes de la banca privada y grandes empresas y sus directivos. Ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es hora de levantarse y gritar, gritemos no, con mis impuestos no, más dádivas a los ricos y poderosos con dinero y exigimos el cumplimiento de inversión de las transferencias y el artículo 31 de la Constitución española, sostenimiento del gasto público, los tributos son para lo público, el sector público, el Estado del bienestar y necesita urgentemente inversión, tal y como está regulado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la presidenta de las cañas y los vinos no está cumpliendo las leyes de financiación y la norma que regula las transferencias del Estado español a la comunidad, presupuestos finalistas, no son para capricho ni para regalos y menos para privatizar lo público, son en defensa de los servicios públicos de las madrileñas y madrileños de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios, que también existen. Ayuso, deje de robar y de desmantelar lo público para beneficiar lo privado.  

Trabajadoras y trabajadores; jubilados y pensionistas, que no te engañen ni embauquen los del PP y su banda de forajidos, las bajadas fiscales solo benefician a las rentas altas, los grandes patrimonios y que sepamos el nivel de renta de la Comunidad de Madrid, data más de siete millones de personas con rentas medias o  bajas, o sea, es a los ricos a quienes ayuda el desGobierno de Ayuso, unos miles de contribuyentes que no contribuirán por gracia de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso y luego donan al PP y les desgrava, el negocio perfecto del ayusismo, con nuestros impuestos benefician a sus donantes, colegas de vino y cañas, ricos poderos, accionistas y especuladores de lo público. 

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

El Ministerio de Sanidad ha arrancado un estudio piloto de vigilancia para evaluar durante tres años el impacto de la dana en la salud mental de los afectados, ya que catástrofes medioambientales como esta pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o estrés postraumático, según recoge EFE.

Se trata de un estudio de cohorte prospectiva en dos fases, una primera con una recogida de datos inicial aproximadamente al año de la dana, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años posteriores, según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. Es decir, el estudio seguirá a un grupo de individuos físicamente sanos durante estos tres años para observar los posibles efectos de la catástrofe. Con ello pretenden ayudar a la planificación de medidas de control y de servicios asistenciales adecuados tanto en esta dana como en futuras emergencias similares.

Más específicamente, también buscan desvelar la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación, ya que las catástrofes medioambientales pueden aumentar el riesgo de aparición de estos trastornos, e identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la dana asociados a la morbilidad psicológica.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas mayores de 5 años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe, distribuidas en 37 municipios y 4 pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia.

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo; así, se ha definido una muestra compuesta por al menos 8.153 adultos mayores de 18 años y 2.718 menores de entre 6 y 17, procedentes de los 23.318 hogares seleccionados invitados a participar.

Las personas seleccionadas recibirán la invitación mediante correo postal; lo que acepten, deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos, tras lo cual se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Todas las oleadas se realizarán a los mismos participantes.

Habrá dos tipos de cuestionario, uno dirigido a adultos y otro para los menores, en los que se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la dana.

Realizado a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental, junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y Salud Mental de la Conselleria de Sanidad valenciana, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, este trabajo permitirá identificar de forma específica el impacto en el bienestar emocional provocado por fenómenos climatológicos extremos como las inundaciones.

Asimismo, contribuirá a generar evidencia local sobre los determinantes del impacto emocional y psicológico en contextos de emergencia para establecer medidas preventivas y de atención más eficaces.