No es nada habitual ver un eclipse de Sol de esta magnitud en pleno mes de agosto. No me extraña el revuelo que se está formando en toda España.

Ver como la presidenta de Sol, la sede de la Comunidad de Madrid, va desapareciendo a plena luz del día hasta su ocaso es un espectáculo que sin duda recordaremos todas nuestras vidas.

Entre ganar el Mundial de fútbol y esto, ya tenemos dos hitos históricos en un solo verano. Ya son dos los acontecimientos históricos que rememoraremos en reuniones y charlas mucho tiempo después.

¿Dónde estabas tú cuando pasó?

Ya tenemos dos estrellas en la camiseta de España y ya son dos las presidentas de la Comunidad de Madrid estrelladas.

Hay algo primitivo en ver cómo astros de esa magnitud de repente son opacados; algo ancestral, atávico que nos hace mirar al cielo con temor, concretamente a los áticos de Madrid, para comprobar con nuestros propios ojos que es verdad, que está pasando algo tan inverosímil por mucho que nos hayan advertido. Una estrella desapareciendo en nuestros cielos.

Ver en directo a una estrella brillante que se transforma en un círculo muy negro. Normal, la expectación desmedida.

Cuando nos decían que la especulación salvaje iba a acabar con la carrera de muchos políticos, yo la verdad que no pensé que sería así, literalmente.

No pensaba que intentar conseguir tener un piso propio, aunque pagado por todos los contribuyentes madrileños -la famosa “colaboración público privada”, supongo- sería el fin de su meteórica carrera.

Y la caída desde un ático no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor, como diría M. Rajoy.

‘De Madrid al cielo’ a ‘De Madrid al cieno’.

Mucho tiempo llevábamos esperando este momento casi único en la vida y que debemos disfrutar adecuadamente porque no sabemos cuando volverá a pasar o si estaremos vivos cuando vuelva a ocurrir.

La verdad es que yo pensé que lo viviría antes, con los 7.291 ancianos dejados morir como perros sufriendo en sus residencias por la firma de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, pero parece ser que no se dieron las condiciones necesarias.

Son muchos los requisitos, políticos, mediáticos, judiciales… para poder ver un eclipse total de la inquilina de Sol en directo.

Este eclipse, y el anterior de Sol, que pudimos disfrutar en nuestro país, el de Cristina Cifuentes con la filtración de su ya famoso vídeo robando cremas y aquella mítica frase a cámara: “No me voy, me quedo” aún siguen clavados en nuestras retinas. Unas retinas que tenemos que proteger adecuadamente para este nuevo evento astronómico tan peculiar.

Yo para este eclipse ya hace mucho que tengo mis gafas polarizadas para disfrutarlo en condiciones.

No hay nada que me polarice más que ver cómo destruyen la Sanidad y la Educación pública para hacer negocios privados, ver cómo se miente, se manipula, se riega de dinero público a panfletos para lanzar bulos contra los adversarios políticos o alabar los looks de la presidenta al estilo de la revista adolescente 'Súper Pop’ o ver cómo una televisión que debería ser pública se convierte en ‘Aló Presidenta’.

Tengo las gafas ya polarizadísimas.

Y recordad que si, por lo que sea, no podéis disfrutar de este eclipse total de Sol siempre podéis acercaros a ver la sede del PP en la calle Génova de Madrid, siempre está en negro y a plena luz del día.

Feliz verano.

Existe una forma de hacer política que no necesita contenido para sobrevivir. Le basta con ocupar el espacio de la conversación pública, generar impacto inmediato y renovar cada semana el titular que sustituye al anterior. No gobierna para transformar la vida de quien administra: gobierna para las cámaras. El caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es hoy uno de los ejemplos más nítidos de ese modelo: una política vaciada de vocación de servicio público, sostenida en la excusa permanente, en la frase hueca calculada para el impacto emocional, y en la sistemática elusión de la rendición de cuentas.

Frente a ese modelo cabe otro, el que de verdad debería importar: el de una comunidad política entendida como ejercicio de ciudadanía, un lugar donde vivir sea ejemplo de integración y no de selección. Ayuso representa, con una precisión casi de manual, todo lo que ese segundo modelo no es.

Toda política dedicada al bienestar de la ciudadanía parte de una premisa mínima: quien administra recursos ajenos debe explicar cómo los administra. Ayuso ha construido, en cambio, una relación con la transparencia basada en el relato sucesivo antes que en la explicación. Cuando estalló la polémica por la compra de un ático en Chamberí a cargo del Gobierno regional, la respuesta no fue una comparecencia con datos, sino una narrativa que fue mutando según convenía: primero la operación se enmarcó en las obras de la Real Casa de Correos; después, ante la presión, el inmueble pasó a presentarse como un activo que se vendería para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. Dos justificaciones distintas para un mismo hecho no son transparencia: son gestión de daños reputacional.

El patrón no es nuevo. El Hospital Isabel Zendal, presentado como gran logro sanitario, fue señalado por sus sobrecostes y por funcionar más como plató de comunicación que como infraestructura al servicio de la población. Tras el temporal Filomena, las críticas por la falta de anticipación de su Ejecutivo se disolvieron sin que nadie asumiera responsabilidad política. La constante, en todos los casos, es la misma: ausencia de autocrítica institucional, sustituida por un relato que se acomoda a la conveniencia del momento.

Esa misma lógica de opacidad reaparece en las cuentas concretas. Cuando el Gobierno regional afirmó que la empresa pública Planifica Madrid disponía de cuatro inmuebles en Gran Vía pendientes de venta, las cuentas anuales de esa empresa, depositadas y auditadas en el Registro Mercantil, registraban un único inmueble en esa calle. No es una cuestión de matices: es una contradicción entre lo que se declara ante los medios y lo que consta en un registro público.

No se trata de un hecho aislado. Durante la pandemia, Ayuso defendió que Madrid contaba con una de las mejores capacidades diagnósticas de España mientras su propio Gobierno reconocía, meses antes, no disponer de medios propios suficientes para el rastreo de la enfermedad. Responsabilizó al aeropuerto de Barajas de ser la vía principal de entrada de contagios importados, cuando los datos oficiales indicaban lo contrario. Sostiene que la ley estatal de vivienda fomenta la okupación, una afirmación que los verificadores han desmontado de forma reiterada. Incluso su propio relato biográfico —la explicación que dio durante años sobre por qué abandonó un doctorado— se ha visto rebatido por un expediente académico que el PP se niega sistemáticamente a hacer público. Lo relevante no es que existan estos episodios sueltos sino que todos comparten la misma estructura —una afirmación categórica, contradicha por el dato oficial, sostenida después sin rectificación—. Eso es lo que distingue una política que rinde cuentas de una que administra excusas.

Una política de servicio público se mide por su capacidad de resolver problemas complejos con explicaciones honestas, aunque sean incómodas. La política escaparate hace justo lo contrario: sustituye el argumento por la frase que produce impacto inmediato, sin que le importe demasiado su relación con los hechos.

El ejemplo más claro es el uso de la inmigración como recurso retórico. El mismo día en que arreciaban las preguntas sobre el ático, Ayuso desplazó el debate hacia la llegada de migrantes a Ceuta, calificándola de "invasión intolerable" y sugiriendo que se trataba de una prueba de Marruecos de cara a movimientos futuros.

Días después, calificó la situación de reparto de menores migrantes como "lo más inhumano que hay" —una frase que jamás ha reservado para las listas de espera sanitarias; para la pobreza infantil; para los familiares de las personas muertas en las residencias durante la pandemia..., pero que sí despliega, con precisión cronométrica, cada vez que su gestión propia queda expuesta. No es un desliz retórico: es una elección de vocabulario —invasión, prueba, inhumano— que deshumaniza a quien migra y que funciona, sobre todo, como cortina de humo.

Ese mismo mecanismo de la frase hueca con vocación de titular reaparece en la política internacional. Tras conceder la Medalla Internacional de Madrid a Israel y a Javier Milei, este año le tocó a Estados Unidos, país al que Ayuso describe como "el principal faro del mundo libre". El anuncio no se hizo en Madrid, sino por vídeo desde la Hispanic Prosperity Gala, en Mar-a-Lago, la mansión de Trump. La paradoja es evidente: Estados Unidos es país invitado de la Fiesta de la Hispanidad madrileña el mismo año en que despliega deportaciones masivas contra población hispana.

Hay una canción mexicana, La maldición de Malinche, que describe exactamente este mal: convertir en ídolo al poderoso extranjero mientras se sacrifica a los propios. Entre reconocer a Trump o defender a los migrantes hispanos que huyen de sus políticas, Ayuso se quedó con el "faro", no con la gente —la misma lógica invertida que rige puertas adentro: fuera, admiración incondicional hacia quien tiene el poder; dentro, dureza sin matices hacia quien no tiene ninguno—. En ambos casos, la frase sustituye a la política, porque produce el aplauso sin necesidad de resolver nada.

Lo más grave de la política escaparate no es que mienta ni que dramatice: es que, mientras lo hace, deja de ocuparse de lo esencial. La sanidad pública madrileña es el ejemplo más claro. La Consejería presume cada mes de reducir los tiempos medios de espera y compara sus cifras con la media nacional para presentarse como la región mejor gestionada de España. Pero sus propios datos, analizados por verificadores, muestran algo más incómodo y es que mientras el tiempo medio de demora baja, el número total de pacientes en espera aumenta.

Presentar solo el indicador favorable es faltar a la verdad por omisión selectiva, y es también la prueba de que el objetivo no se dirige a resolver el problema, sino a administrar su relato. Profesionales sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública hablan de manipulación estadística, de derivación creciente al sector privado —donde Madrid tiene la mayor implantación de pólizas de España— y de infrafinanciación crónica de la atención primaria. Cuando la primera cita de salud mental para un adulto en Vallecas tarda más de seis meses, hablar de "liderazgo" exige, como mínimo, matizar mucho el titular.

Esa misma ausencia de vocación de servicio se manifiesta cuando lo que está en juego no es un dato, sino una persona. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una concejala del propio PP por presunto acoso sexual y laboral, retrata con crudeza qué prioriza realmente el aparato de Ayuso cuando tiene que elegir entre proteger a una institución y creer a quien denuncia. La respuesta no fue apartarlo cautelarmente: fue blindarlo. Ayuso acudió a inaugurar la sede del PP en Móstoles junto al alcalde denunciado; su número dos llegó a preguntarle a la denunciante cómo "ligaba". Desde el entorno de la presidenta se filtraron argumentarios para desacreditarla.

La concejala dejó la política. El alcalde sigue en su cargo, con una querella admitida a trámite también contra el PP como persona jurídica por "omisión y fracaso" de sus protocolos de protección. Cuando una institución antepone su propia imagen a la protección de quien denuncia, no hace falta una declaración explícita de desprecio: la jerarquía de lealtades ya lo dice todo, y esa jerarquía es incompatible con cualquier idea seria de servicio público.

Ningún modelo de política vacía se sostiene solo. Necesita un ecosistema que la recompense. Telemadrid, controlada con mano de hierro por los sucesivos gobiernos del PP, lleva años externalizando su programación a productoras privadas. Mientras tanto, la propia Comunidad arrastra infrafinanciación crónica en educación y atención primaria. En pantalla, un ecosistema de cobertura altamente complaciente: entrevistas a Ayuso amables, con formulación de preguntas de estructura abierta, dejando marcada la respuesta positiva, cordialidad que jamás dispensa al Gobierno central. No hace falta imaginar un pacto explícito: basta con observar el circuito que se retroalimenta —dinero público que sostiene beneficios privados, cobertura amable que sostiene el relato político— para entender por qué la política escaparate nunca paga ningún coste.

Queda, sin embargo, la pregunta más incómoda: si el patrón es tan reconocible, ¿por qué buena parte de la sociedad madrileña sigue respaldándola sin exigirle el mismo nivel de rendición de cuentas que reclama, con razón, al Gobierno central? No hay una única respuesta, pero sí varios mecanismos que se refuerzan entre sí.

El primero es institucional: Ayuso ha dedicado buena parte de su mandato a debilitar los contrapesos que deberían fiscalizarla. Reformó el control de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de auditar la gestión de las administraciones madrileñas, y ha ido reduciendo la pluralidad de Telemadrid hasta convertirla en altavoz institucional. Cuando el propio ente fiscalizador y el propio medio público dejan de hacer preguntas incómodas, la ciudadanía pierde buena parte de la información que necesitaría para exigir explicaciones: no es que no quiera preguntar, es que cada vez tiene menos canales institucionales que le hagan la pregunta a ella.

El segundo es la polarización convertida en coartada. Cada escándalo propio se responde, de forma automática, con una pregunta que especula sobre el PSOE: "¿Va a dimitir el hermano del presidente?", "¿va a dimitir su mujer?". Es una estrategia deliberada y eficaz: convierte cualquier exigencia de responsabilidad en munición partidista, de modo que criticar a Ayuso empieza a sentirse, para una parte del electorado, como hacerle un favor al adversario político, antes que como un ejercicio de ciudadanía. Cuando toda crítica se lee en clave de bando, deja de evaluarse el hecho concreto y empieza a estimarse solo la lealtad de quien pregunta.

El tercero es el propio relato de prosperidad. La bajada de impuestos y el discurso de libertad económica generan una lealtad que funciona casi como seguro frente a los escándalos de gestión: una parte de sus votantes está dispuesta a tolerar la opacidad si percibe, o le hacen percibir, que su bolsillo sale beneficiado. Es un intercambio implícito —menos control institucional a cambio de menos presión fiscal— que rara vez se verbaliza así, pero que opera con eficacia.

Y el cuarto es, simplemente, cansancio democrático: la acumulación de escándalos —ático, Móstoles, pandemia, contradicciones biográficas— es tan alta que termina generando saturación antes que indignación sostenida. Incluso dentro de su propio partido empieza a hablarse de hartazgo entre alcaldes y barones territoriales, aunque esa incomodidad interna todavía no se traduce en exigencia pública.

Ese adormecimiento no es apatía neutra: es el resultado directo de un ecosistema —institucional, mediático y emocional— diseñado para que exigir responsabilidades resulte más costoso socialmente que mirar hacia otro lado. Ahí es donde falla no solo un gobierno, sino la ciudadanía que debería sostenerlo en pie. Cuando el coste social de preguntar supera al coste político de no responder, la rendición de cuentas deja de ser una exigencia colectiva y pasa a depender, únicamente, de la buena voluntad de quien gobierna. Y esa nunca debería ser la base de una democracia sana.

Frente a todo esto, hace falta nombrar lo que sí sería una política con vocación de servicio público: aquella que entiende que gobernar una comunidad no es administrar un decorado, sino construir ciudadanía. Una Comunidad de Madrid que fuera de verdad ejemplo,tendría que medirse no por cuántas medallas entrega ni por cuántos titulares genera, sino por si el lugar donde se vive es un espacio de integración —de quien llega, de quien denuncia, de quien espera una cita médica— y no de selección entre quienes encajan en el relato oficial y quienes quedan fuera de él.

Integración significa que la sanidad pública no se mida en dos indicadores contradictorios sino en si la gente es atendida a tiempo; que una denuncia de acoso se resuelva protegiendo a quien denuncia, no a quien tiene poder dentro del partido; que la política exterior sirva a los ciudadanos hispanos, no al aplauso del poderoso de turno; que el dinero público financie servicios y no relatos amables en televisión.

La política escaparate no necesita resolver nada de eso porque ha aprendido que no hace falta: le basta con producir indignación o entusiasmo el tiempo suficiente para llegar a la siguiente semana sin rendir cuentas de la anterior. Ese es, precisamente, el problema de fondo: no es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar, mientras la vocación de servicio público, la que construye ciudadanía real en lugar de audiencia, queda relegada a nota a pie de página.

Reconocer ese patrón, nombrarlo y exigir su corrección no es un ejercicio de hostilidad partidista: es la condición mínima para que una comunidad política vuelva a merecer ese nombre.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

¿Cómo es posible que, durante varios años, Madrid, con la renta por habitante más alta de España, sea la comunidad que menos invierta o gaste en los dos capítulos más importantes para la sociedad: sanidad y educación? ¿Cómo es posible que Madrid, la más “rica”, sea también la que tenga el presupuesto más bajo de todo el país?

Pues sí, es posible si se recauda mucho menos que en las demás comunidades autónomas. Vean las realidades económicas citadas anteriormente. Euros por habitante en 2024 y posición entre las comunidades autónomas:

Para 2026 se dedicarán a sanidad en Madrid 1.537 euros por habitante. En Asturias, 2.506. Último y primero de España.

Puede comprobarse que educación y sanidad recogen más del 50% de los gastos de todas las comunidades. Ahora bien, hay enormes diferencias, que llaman mucho la atención, entre lo que se dedica en Madrid –la comunidad con renta individual más alta– y Extremadura, que es la penúltima en cuanto a renta por habitante. Resumo: Madrid ha dedicado 2.303 euros por persona a ambos capítulos, mientras que Extremadura consigue elevar esa cifra hasta 3.469 euros. “Solamente” 1.166 euros más que Madrid. Por habitante.

La explicación es bien sencilla; Extremadura, a pesar de su relativa pobreza, llega a tener 7.129 euros por persona en sus presupuestos, mientras Madrid se queda en unos míseros 4.294 (¡550 euros por persona menos que Andalucía, que es la penúltima, y 1.007 menos que Canarias, situada en el puesto 14!). ¿El secreto? Que Madrid recauda muchísimo dinero menos que cualquier otra región española, a pesar de contar con casi la mitad de las fortunas del Estado. Ejemplo sencillo de entender: las 208.500 personas que en Madrid declaran más de cien mil euros de ingresos anuales pagan en impuestos autonómicos 208.500.000 euros menos que si lo hicieran en la región limítrofe de Castilla y León, que es la que, tras Madrid, menos recauda por ese concepto. Muchas comunidades gravan a los declarantes de más de cien mil euros con cuatro puntos porcentuales más que Madrid, lo que supondría más de ochocientos millones de euros extra para las arcas madrileñas si imitara a esos territorios. Hay incluso algunas, como Canarias, Aragón, Asturias, Extremadura, La Rioja y Valencia, que pueden llegar a tarifas más altas. Otros capítulos de la recaudación autonómica, como los impuestos de sucesiones o de patrimonio no están reflejados aquí, pero también Madrid es la colista, la última de todas en ingresos por esos conceptos.

Teniendo en cuenta que tanto Navarra como el País Vasco no son homologables con el resto de comunidades por contar con un sistema tributario diferente, no cabe duda de que las que destacan sobre las demás son Extremadura, Asturias, Cantabria, Aragón y Castilla y León; acompañando a Madrid en el furgón de cola, pero a notable distancia, Cataluña y Andalucía. Si atendemos a la población total, vemos que Madrid, Cataluña y Andalucía albergan a casi la mitad de la población del país. Para la mayoría de los españoles sería mejor vivir en Extremadura o en Asturias que en Madrid, Andalucía o Cataluña: tendrían una sanidad y una educación mejores, sin ninguna duda.

Ahora bien, la presidenta de Madrid alardea siempre de que sus conciudadanos pagan menos impuestos que los de otras regiones. Y es cierto. Entre otros, su novio pagó muchísimo menos. Pero veamos “cuánto” menos, según los tramos de renta, y comparándolo con Asturias, comunidad que está situada en un punto medio en presión fiscal en relación a otras:

A partir de 60.000 euros Madrid “no discrimina”. Carga con un 20,5% a todas las rentas. En Asturias, desde 21,5% hasta 25,5% a rentas mayores de 200.000 euros. En estas cifras no se tienen en cuenta posibles deducciones previas.

Conclusión: las personas que ingresan más de 50.000 euros anuales, que en Madrid son muchos cientos de miles, tienen que cotizar un 20,5%, aunque sus ingresos sean de varios cientos de miles de euros o incluso de millones. 20,5%. Límite máximo. También Murcia, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha establecen topes máximos a partir de los sesenta mil euros, pero en casi todos los casos son un 2% superiores a los que aplica Madrid. Da lo mismo que ganen sesenta que seiscientos mil o seis millones de euros. No importa. En otras comunidades las tarifas llegan hasta casi el 30% en ingresos superiores a los trescientos mil euros.

Salta a la vista que los grandes beneficiados en Madrid son los ciudadanos con ingresos medio-altos o muy altos, y que los declarantes que ganan menos de sesenta mil euros al año “ahorran” un magro 1%-1,2% en relación a los asturianos. En euros: una persona que declare cincuenta mil euros al año pagará en Asturias, como máximo (porque puede haber otras deducciones), 10.750 euros y en Madrid, 10.250. En contraste a una que ingrese 300.000 euros: en Madrid pagaría 61.500 y en Asturias, 76.500 euros. En definitiva, las grandes beneficiadas en Madrid son las rentas altas o muy altas. A los que ingresan menos de cincuenta mil euros apenas les sirven los euros que dejan de pagar en Madrid para tomarse una cerveza diaria. Ni siquiera. Quizá una caña cada tres o cuatro días. El ejemplo más reciente: algún futbolista de la selección ganadora del Mundial pagará cuarenta mil euros menos que otros (de los más de 800.000 que recibirán) por tener su residencia en Madrid.

Dejen, pues, los gobernantes de Madrid de alardear de la bondad de su sistema tributario y digan la verdad: lo que les importa es que la clase más favorecida económicamente contribuya a las arcas colectivas lo menos posible. Y en Madrid reside, por el privilegio de ser capital del Estado y por esta realidad contributiva, gran número de altos directivos y ejecutivos que no lo harían si las condiciones tributarias fueran las que le corresponden a la primera economía del país. Vergonzoso. Termino con un dato “inocente”: una persona soltera que ingresara al año en los Estados Unidos –sí, en ese país tan comunista– un millón de dólares, tenía que pagar a Hacienda ochocientos treinta mil. Un 83%. Eso pasaba hace setenta años, no hoy. ¡Que alguien tome nota!

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Alejandro Villa Allande, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.

Un juzgado de Santiago acaba de ratificar una sanción de ocho años de suspensión de funciones dictada por la Consellería de Sanidade contra una médica especialista en ginecología y obstetricia por trato vejatorio a pacientes y enfermeras del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). En la sentencia, el juez dice no tener “ni un mínimo de dudas” sobre la realidad de los hechos relatados en el expediente abierto por Sanidade, que cita 34 reclamaciones en dos años contra la médica y refleja insultos y vejaciones a enfermeras y pacientes, a las que la sancionada no permitía hablar.

Según la sentencia, los hechos analizados sucedieron entre comienzos de 2022 y comienzos de 2024. Sanidade resolvió sancionar a la médica en mayo de 2024 por tres faltas disciplinarias graves y una muy grave con un total de 8 años de suspensión de funciones. La mujer recurrió, pero ahora un juzgado de Santiago, en una sentencia del pasado 1 de junio hecha pública en las últimas semanas, avala la sanción en todos sus extremos.

La sentencia dice que “de forma reiterada y mantenida en el tiempo la encartada tuvo un trato desconsiderado y vejatorio con las pacientes, llegando algunas a desarrollar cuadros de ansiedad que motivaron acudir al servicio de Urgencias”. “Esa situación generó que desde marzo de 2022 a febrero de 2024 se presentasen un total de 34 reclamaciones, todas ellas incluidas y valoradas prudentemente en el expediente disciplinario”, del que el juez también concluye actitudes como “desobedecer a sus superiores y actuaciones no diligentes, imprudentes o no apropiadas en el marco de su servicio”.

El magistrado considera que la mujer “ocasionó una repercusión en todo el servicio de Ginecología al existir una desconfianza en sus valoraciones, diagnósticos y/o tratamientos pautados tanto por parte de sus compañeros como por parte de las pacientes, a las que no permite expresarse o explicarse sobre su estado de salud, lo que supone la imposibilidad por parte de estas de exponer debidamente su situación”. “Todo ello generó una sobrecarga asistencial para el resto de facultativos tanto a nivel asistencial (repetición de consultas, cambio de especialista que solicitan las pacientes en sus reclamaciones) como docente por su nula participación en actividades con los residentes”, añade la sentencia.

“Igualmente se infieren conductas por las que la encartada no cumplió con la normativa vigente ni en materia de documentación clínica, al entregar a las pacientes copia del curso clínico realizado por diferentes profesionales, ni en materia de cumplimentación de recetas, ni en materia de confidencialidad de los datos clínicos”, profundiza el juez, que dice que tras el juicio “si este juzgador pudiese tener un mínimo de dudas respecto de la minoración o modulación de la pena impuesta [...] tras la lectura del expediente administrativo aquella posibilidad fue descartada de plano”.

Un expediente administrativo que señala que, además de las 34 quejas formales de las pacientes, un informe de la jefatura de servicio reflejó en diciembre de 2023 que “son incontables las quejas/reclamaciones verbales recibidas sobre la doctora desde el personal de enfermería, matronas, residentes y ginecólogos del servicio”. Así, el expediente recoge declaraciones de varias auxiliares de enfermería ratificando quejas de pacientes sobre que la doctora no las dejaba explicar sus dolencias.

También cita el caso de una auxiliar que cuando se presentó a la doctora esta le respondió: “me importa una mierda cómo te llames”. Cuando la auxiliar le dijo que era la primera vez que estaba en ese servicio, la nueva respuesta fue que estaba “hasta las narices o hasta los cojones de novatas gilipollas de mierda” y que en una ocasión “le tiró todos los papeles al suelo y le mandó recogerlos”.

La supervisora de urgencias de Ginecología también expuso que ya en abril de 2022 “comunicó a la Dirección de Enfermería y a la Dirección Médica del CHUO, mediante oficio, una relación del personal que sufrió trato vejatorio por parte de la facultativa” y que “en relación con las pacientes, la supervisora declara que tuvo que acudir en varias ocasiones a tratar de calmarlas por ataques de ansiedad e indicarles dónde tienen que hacer una reclamación debido a la incredulidad que muestran con el trato recibido en la consulta”.

En cuanto a las pacientes, el expediente citado en la sentencia relata el caso de una mujer a la que la doctora “comenzó a gritar y humillar, preguntándole: ¿Usted está bien de la cabeza?”. Al decirle la paciente que iba a presentar una reclamación, la doctora “ni se inmutó y en vez de facilitarle sus datos personales le imprimió su curso clínico de ginecología completo y se lo entregó”. En otro caso la doctora llamó en la sala de espera a una paciente “por su nombre y apellidos y su enfermedad”, lo que supuso una “vulneración del derecho a la intimidad”.

El juez concluye que “los hechos imputables a la demandante fueron tan reprochables y las penas impuestas tan ajustadas y ponderadas que en modo alguno pueden minorarse”. La sentencia, en todo caso, es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Nos advertía Simone de Beauvoir que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida”... e Isabel Díaz Ayuso no para de recordárnoslo.

En la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso ha abrazado los postulados de Vox hasta dejarles sin voz y sin espacio, se ha iniciado una auténtica batalla ideológica contra los derechos de las mujeres.

Solo así se entiende la aprobación de la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid, que lejos de apoyar a las familias es un auténtico ataque al derecho de las madrileñas a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Como dos noticias se entienden mejor juntas, este ataque ha venido acompañado de otro, la interrupción de la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia en nuestra Comunidad, riéndose de la justicia —y de la ciudadanía— al señalar que cumplen con las cautelares impuestas tan solo iniciando el proceso y dejándolo en pausa hasta que haya una sentencia firme.

Es decir, incumpliendo el acuerdo vinculante del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —que en diciembre de 2024 aprobó un protocolo para regular dicho registro—, expulsando así a las madrileñas del sistema público y obligándolas a acudir a centros privados.

Proteger la maternidad es garantizar que esta sea siempre deseada y para ello se hace imperativo desarrollar la colaboración del sistema sanitario con el sistema educativo para la educación sexual en población joven desde edades tempranas, medidas para el acceso y mantenimiento de las mujeres al empleo, garantizar servicios públicos de cuidado y la educación 0-3, entre otras medidas, pero, sobre estas cuestiones, Ayuso prefiere hacer oídos sordos.

Para combatir estas políticas, compañeras —lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero también lo que viene al conjunto del Estado—, para recordar que no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos... hoy, más que nunca, necesitamos unidad, porque ya hemos demostrado en anteriores ocasiones que juntas somos más fuertes.

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Lidia Fernández Montes es secretaria de las Mujeres CCOO Madrid.

Ahora que comenzamos el verano, si no es que lo tenemos totalmente encima, nos podemos liberar de los aires enfermizos que nos dejaban más que fríos por tantas tormentas que nos obligaban a ponernos a buen recaudo de los bulos que siempre nos atormentaban y atormentan a diario.

Ahora nos parece mentira poder disfrutar de una aparente estabilidad sin que funcionen los ventiladores políticos de la marca “Y tú más”, porque ya contamos con un aire acondicionado que nos ofrece mejor clima familiar y político.

Podemos descansar de malos vientos y ventoleras que nos asedian con bulos que nos rodean a diestra y siniestra, como también de silencios cómplices de escándalos que flotan intensamente o bucean para no ser vistos.

Podemos considerar que es hasta ventajoso que las noticias y tertulias se hayan abierto con un esfuerzo titánico para poner en la palestra fantasmas ocultos y meigas que desde Galicia no dan la cara, pero sí prestan su voz y sus misteriosas andanzas marítimas que han trocado el saberlo todo en no saber nada y hasta decir que no se acuerdan de nada y que desde el resentido dictador hasta sus paisanos de hoy siguen teniendo alergia a una saludable memoria democrática.

Podemos constatar, sin embargo, que buena parte de la libertad está administrada desde estancias privilegiadas del poder, no omnímodo, si queremos, pero sí ciertamente interesado para que la aparente democracia no sea total, no vaya a ser que tengamos que lamentarnos de movidas futuras, porque no aprendimos de aquellas tres penosas elecciones generales pasadas, que consiguieron meternos a Vox en el Parlamento.

Podemos, mientras tengamos tiempo, ver cómo corregimos los entuertos del pasado y que, aunque sea a regañadientes, se corrijan aquellas actitudes de desconfianza a quienes no engañan ni roban ni abandonan por más que hayan sido acusados de tantas cosas que sabemos quedaron orilladas, casi silenciosamente, por el peso de las punitivas miradas de gente de bien.

Podemos, a pesar de los dudosos avances, fijarnos en que no hay tanta claridad ni justicia aperturista cuando en los informativos oficiales, por sus horarios de posibles mayores audiencias, se nos impide que podamos escuchar todas las palabras de todas las opciones políticas, aunque se nos conceda el pastel informativo en un horario poco accesible al común, cuando la mayoría de la posible audiencia está trabajando y no tiene un democrático acceso a todas las opiniones, aclaraciones y propuestas alternativas que nos hablan claro de que la “prioridad nacional” es la vivienda de los españoles, y no la de los fondos buitres totalmente extranjeros y demás colaboradores nacionalistas que hasta desahucian a españoles —muy españoles y más españoles—.

Tampoco nos enteramos bien de que sean unas “prioridades nacionales” una educación y una sanidad públicas y sean ninguneadas cada vez más, como estamos viendo con los últimos pactos políticos, sin líneas rojas y sin ponerse, siquiera, colorados. Es que el personal es capaz de coger el “colorín” —sarampión— y ponerse verde, como el color de algunos billetes de curso normal.

Ya no basta con el abandono progresivo de la sanidad pública ni con las reformas de criterios para cambiar el sistema educativo. Ahora, sin quitar los conciertos con centros educativos que segregan por sexos y por “posibles” de las familias, se quiere, también, concertar el Bachillerato, que no es obligatorio, y ahondar en los cimientos de los viveros de votos a través de una educación elitista y adoctrinadora, que, para colmo, suele acusar de adoctrinamiento a la educación pública.

Sabemos, además, por experiencia, que en la educación pública hemos “convivido” con compañeros y compañeras de otras ideologías y creencias religiosas.

Es más, se están suprimiendo unidades educativas públicas, pero no concertadas, para mayor desconcierto, por supuesto, de la pública.

No tenemos más remedio que aclarar que en todo este “cotarro” del que algunos quieren apropiarse nos falta un verdadero sentir de no dejarnos llevar por el “ni más ni menos” corrupción y hacer votos, dar los firmes pasos y optar, de una vez por todas, por el “nada” de corrupción y engaño.

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Jose Maria Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

Noam Chomsky describió la técnica para privatizar servicios públicos. Son las mismas que usa el PP en aquellas comunidades autónomas donde gobierna para privatizar la Sanidad y la Enseñanza. Se trata de ir desfinanciándolas progresivamente hasta que colapsen. Esto produce frustración y quejas de los usuarios por el mal funcionamiento. En una segunda fase, se utiliza el deterioro como justificación, mientras, una parte sustancial de la sociedad, acepta el proceso como inevitable.

Se logra así acabar con unos derechos que tanto costó conseguir. Sanidad y Enseñanza han sido símbolos que definían a una sociedad decente. Por desgracia, es el futuro llamando a la puerta. Luego vendrán: la congelación de las pensiones y el aumento del gasto militar.

Con respecto a la Sanidad, cada vez más gente contrata pólizas baratas de seguros privados con cobertura limitada y letra pequeña interminable. Lo hacen obligados por el miedo a esperar meses para una prueba diagnóstica, o años para una intervención. Millones de familias pagarán cada mes su cuota para comprar cierta tranquilidad psicológica. La salud dejará así de ser un derecho para convertirse en un mercado segmentado donde convivirán una medicina para pobres y otra para privilegiados. Una asistencia masificada y lenta para el Servicio Público de Salud. Y una medicina VIP, inmediata, tecnológica y personalizada para quienes puedan pagarla. Habitaciones premium, especialistas exclusivos y tratamientos de última generación convivirán con pasillos saturados y profesionales exhaustos en hospitales públicos degradados.

Lo más perverso del proceso es que se presentará como una evolución “natural”. Consecuencia inevitable de la modernidad. Pero no será casualidad. Será una decisión política. Y se nos olvidará que fuimos nosotros los que la permitimos.

El sistema público, primero recortado, después desacreditado, para más tarde convencer a la población de que ya no funciona, y finalmente se privatiza parcialmente como supuesto remedio al problema que ellos mismos han creado. Con excusas como que “el Estado no puede sostenerlo”, “hay que racionalizar recursos” o que “la colaboración público-privada es imprescindible”. De este modo, el negocio de la enfermedad será sin duda uno de los sectores más rentables del siglo XXI.

Será la perfecta profecía autocumplida.

La Enseñanza seguirá exactamente el mismo camino. Los padres comprenderán que si desean garantizar oportunidades reales a sus hijos, deberán pagar por ellas. La enseñanza privada crecerá mientras la pública se deteriora lentamente en recursos, prestigio y expectativas. Los centros públicos acabarán concentrando pobreza y exclusión social, mientras las élites económicas blindarán a sus hijos en circuitos educativos cada vez más segregados. La igualdad de oportunidades, uno de los grandes consensos de la democracia moderna, se convertirá en una reliquia sentimental imponiéndose una falsa cultura “del esfuerzo”. En la lógica de este sistema: el que paga recibe y el que no pueda que aprenda a resignarse.

Pero el deterioro no termina ahí. El problema de la vivienda consolidará una nueva estructura social profundamente desigual. Comprar una casa será un privilegio reservado a herencias familiares, rentas altas o fondos de inversión. La mayoría de nuestros jóvenes vivirán encadenados al alquiler durante décadas, transfiriendo gran parte de sus salarios a propietarios cada vez más poderosos. La vivienda dejará de ser un derecho para convertirse en un mecanismo de extracción permanente de riqueza. «¡Haberte esforzado!» Se dirá a los pobres. 

Mientras tanto, Europa sigue instalada en una atmósfera de tensión geopolítica constante. La guerra ya no se percibe como una anomalía histórica, sino como una posibilidad estructural. El miedo colectivo justificará incrementos masivos del gasto en Defensa que se acercará al cinco por ciento del PIB. Y esos recursos deberán salir de alguna parte: Pensiones, dependencia, ayudas sociales e inversión pública. Con la excusa de la “seguridad nacional”.

El calentamiento global, el agotamiento de recursos naturales o las migraciones masivas exigirán una coordinación internacional sin precedentes. Pero los gobiernos sometidos al ciclo electoral permanente, con dirigentes atrapados en la lógica del titular inmediato y sociedades polarizadas hasta el agotamiento emocional, convertirán cualquier acuerdo estratégico en una misión imposible.

Están emergiendo nuevos poderes, son gigantes tecnológicos, fondos de inversión y corporaciones capaces de acumular cantidades inimaginables de información sobre nuestras vidas. Nunca en la historia de la humanidad tantos datos personales estuvieron concentrados en tan pocas manos. Nuestros hábitos de consumo, emociones, ideología, enfermedades, relaciones sentimentales, tendencias sexuales, desplazamientos y miedos, alimentan algoritmos diseñados no solo para predecir nuestro comportamiento, sino para condicionarlo. La inteligencia artificial es ya un formidable mecanismo de vigilancia, persuasión y control social.

Quien controle los algoritmos controlará la información, condicionará la percepción de la realidad y dominará el relato. Entonces, los más viejos recordarán que hubo un tiempo en el que la salud no dependía del nivel de renta y que el acceso a la educación no determinaba quién tendría futuro y quién no. 

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

En España, los últimos vestigios de la red de beneficencia se integraron en el Sistema Nacional de Salud con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986.

Por qué entonces hablar de beneficencia 40 años después. Sencillamente porque de manera sutil va tomando forma en el día a día de nuestro sistema de salud. La razón no es otra que el deterioro que este viene sufriendo, especialmente por su progresiva privatización.

Uno de los elementos principales en que se apoya esta dinámica privatizadora es el deterioro de la Atención Primaria, completamente abandonada a su suerte desde hace años, mientras que las inversiones se han centrado en los hospitales. Aumentos exponenciales de plantillas hospitalarias curiosamente han ido ligados a listas de espera cada vez más largas, tanto para consultas como para muchas de las pruebas diagnósticas, así como para cirugía.

Los pacientes tienen que tomar decisiones, si pueden permitírselo económicamente, y muchos optan por acudir a la privada para hacerse esas pruebas que se demoran. Un diagnóstico de una cierta gravedad pondrá en marcha vías preferentes que les permitirán adelantar a quienes no han tenido la posibilidad de pagarse sus pruebas. Se ha acabado la equidad en el sistema. Lo mismo sucede con las consultas de especialistas hospitalarios, muchos de los cuales trabajan también en el sector privado: si las citas se demoran, está la opción de acudir a estos profesionales en la privada para adelantar la asistencia en la pública.

De manera que hemos llegado a una situación en la que aquellos que se lo pueden permitir se pagan el acceso a pruebas o a consultas privadas, mientras quienes no pueden pagarlo tienen que esperar a que pase el tiempo, a veces años. Entre tanto solo tienen a su disposición los servicios de Atención Primaria (en los lugares en que sigue siendo accesible, porque algunas comunidades autónomas llevan mucha ventaja en su desmantelamiento). Así pues quedan bien definidas dos líneas asistenciales: la de los que ya están en la privada, de hecho, y la de quienes no pueden permitírselo y que en la práctica disponen de los limitados medios de la Atención Primaria, en lo que viene siendo un trasunto de la beneficencia pública.

Hay una tercera vía: acudir a las puertas de urgencias de los hospitales. La medicina privada es la principal interesada en que esa opción siga estando disponible para poder cargar a la sanidad pública los casos complejos y menos rentables económicamente.

La batalla por el negocio de la atención sanitaria está llegando probablemente a sus últimas escaramuzas. De hecho, en el pulso que el colegio y el sindicato médico mantienen en estos momentos con el Ministerio de Sanidad subyacen muchos de estos intereses.

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Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre.

En 2020 fue la Covid-19. Pero, si la sociedad no quiso aprender entonces, el hantavirus le da ahora otra oportunidad.

Esta vez el virus de los roedores ha demostrado, además, la hipocresía y la escasa compasión cristiana de la derecha de este país y sus medios de difusión. No viene al caso hacer una descripción de este virus –nuevo para algunos–; eso se lo dejamos a los científicos y a los medios que en estos días lo han descrito exageradamente.

No voy a entrar tampoco en el ridículo político que han hecho, tanto el Presidente de Canarias como el PP y Vox. Ese ridículo lo resaltan las felicitaciones y parabienes a nuestro Gobierno y a nuestro sistema sanitario. No ya de la OMS, sino de la ONU y otras instituciones nacionales e internacionales; es decir: prácticamente de todo el mundo, tanto de los países afectados como de los no afectados.

Y no se puede decir que esta crisis haya cogido desprevenida a la Oposición, ya que ésta tiene programado no sólo criticar al Gobierno, sino negar todo lo que pueda resultar ser un bien para los ciudadanos de cualquier ideología. No olvidemos que en el MV Hondius viajaban 14 españoles, sin que nadie les preguntase por sus simpatías políticas.

No sé qué hubiera pasado si hubiera estado gobernando el PP de Feijóo. O en vez de ser un crucero de ricos, hubiesen sido negros venidos en pateras.

A la “derechona” le da rabia –otra cosa puesta de manifiesto por la impecable gestión del hantavirus– que, después de haber “regado” entre sus constructores afines con el triple de lo presupuestado, el hospital Enfermera Isabel Zendal, el que iba a ser, según Ayuso, el mejor del mundo, no sirva ni para criar setas...

Y como ya he dicho, aunque brevemente, lo que pensaba sobre este asunto... aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.

En noviembre del año pasado, un colapso en el servicio de radiología del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) dejaba más de 5.000 TAC –una prueba médica de diagnóstico por imagen– pendientes de realizar. 500 de ellos eran oncológicos. Lo denunciaba el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a través de sus representantes en el centro, que pedían más personal para poder responder a la alta afluencia de pacientes. Una de aquellas pacientes era Cristina, una mujer de 60 años a la que, tras un tratamiento de quimioterapia por un cáncer gástrico comenzó con las consultas de seguimiento de la enfermedad. El problema es que los pacientes siguen denunciando que ese retraso en las pruebas aún persiste.

La afectada cuenta a infoLibre que su primera revisión estaba programada para el 20 de noviembre de 2025, aunque la cita para el TAC, con el que su oncóloga debía valorar su evolución, llegó el 21 de diciembre, es decir, un mes y un día tarde. En su siguiente revisión, programada el 26 de febrero de 2026, lejos de hacerle otra prueba, utilizaron el resultado de la anterior. Su próxima cita con la oncóloga es el 19 de mayo, cuenta, y por el momento, no ha recibido una citación para hacerse el TAC con el que su médico debe valorar la evolución de su salud. 

En noviembre del año pasado, el sindicato señalaba que en el hospital funcionaban "tres equipos de TAC, cada uno con su propio listado de pacientes. Sin embargo, desde hace más de un año se mantiene una cuarta lista de espera paralela, repartida entre las tres máquinas, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de actividad, acumulación de retrasos y un deterioro progresivo de la calidad asistencial". En ese momento, los afectados llegaron incluso a organizarse en la Asociación SOS Salud Andalucía para denunciar la situación.

El marido de Cristina, José Luis, cuenta que ante este escenario hablaron con su médico sobre la posibilidad de hacerse las pruebas necesarias en la sanidad privada y aportarlas al expediente. “Mi mujer pidió cita para hacerse el TAC por la privada porque estamos viendo que va a ocurrirnos lo mismo de nuevo”, apunta. De hecho, han pasado por el centro sanitario para recordarles su cita, aunque sin obtener una respuesta concreta.

Una de las representantes sindicales de CCOO en el hospital explica a infoLibre que en noviembre, y a raíz de varias quejas que habían ido recibiendo, pidieron explicaciones al centro sobre las listas de espera y solicitaron que se reforzasen las plantillas. “No queremos que este atasco en las listas de espera sirva como excusa para que se externalizase el servicio o se contratase a empresas privadas, sino para que se reforzase el personal del centro”, apunta. 

Este periódico ha pedido al Hospital de Jerez los datos actualizados sobre la situación de las listas de espera, pero a fecha de publicación de este artículo no ha recibido una respuesta.

Los tiempos de la sanidad pública y la acumulación de pacientes en las listas de espera se suelen utilizar para medir el desempeño de los sistemas sanitarios públicos. En el último dato ofrecido por el Ministerio de Sanidad, relativo a diciembre de 2025, las listas de espera en España acumulaban un dato récord de 853.509 pacientes. En el caso de Andalucía, las protestas en esta área han sido reiteradas y llamativas. Por un lado, los andaluces son los que más esperan, de media, para una operación (173 días) y los cuartos, después de Canarias, Navarra y Aragón, que más tardan en ser atendidos por un especialista (136 días), según datos de Sanidad. Por otro lado, los retrasos en el diagnóstico de más de 2.000 mujeres que desató el escándalo de los cribados del cáncer de mama a finales de 2025 pusieron aún más en cuestión la situación del sistema sanitario andaluz.

La sanidad es el punto débil de Juanma Moreno (PP) y un motor de protestas sociales. El pasado 12 de abril, miles de personas salieron a la calle en las ocho capitales de la comunidad para protestar por el deterioro del sistema sanitario. De hecho, el CIS andaluz lo sitúa como la primera preocupación de los ciudadanos, por encima del paro.

En esa sensación de deterioro inciden también los representantes sindicales del Hospital Universitario de Jerez: "Cada prueba retrasada implica un diagnóstico que no llega a tiempo, un tratamiento que se aplaza y, en muchos casos, una patología que se agrava por falta de respuesta sanitaria rápida [...] Esta situación representa un riesgo asistencial grave y una falla de gestión que está poniendo al límite tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud", exponían en su nota de prensa protestando por las largas listas de espera en los TAC.

En el debate entre los candidatos a la Junta celebrado este lunes, la sanidad acaparó gran parte de las intervenciones. Juanma Moreno defendió la actuación de su ejecutivo al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades" en el tema de los cribados del cáncer de mama. Sobre el deterioro del sistema y las listas de espera y la privatización, el actual presidente y candidato popular se acogió al argumento de que era una cuestión de gestión, argumentando que la Junta recurre a conciertos sanitarios con empresas externas para cubrir necesidades, como lo hacen otras comunidades.

“El Servicio Andaluz de Salud (SAS) nunca ha funcionado muy bien, pero últimamente se ha deteriorado. Además, en temas oncológicos, donde el tiempo de respuesta es clave. Ha tenido mucha repercusión el asunto de los cribados del cáncer de mama y se han propuesto solucionarlo, pero da la impresión de que han empezado a desvestir un santo para vestir a otro, porque cánceres de otro tipo no están siendo atendidos como deben”, concluye José Luis.

Hace ya tiempo que en España se ha instalado la zafiedad como marca. Hace ya tiempo que la sensatez se ha refugiado en algún rincón perdido, incapaz de doblegar a la zafiedad. Es lo que lamentablemente se llevará el Secretario General de la OMS de su presencia en España.

El máximo responsable del organismo que vela por la salud de los terrícolas (incluidos los españoles) que lleva sobre su mochila toda la información científica de cada rincón del mundo y de los recursos que poseen las autoridades de aquellos rincones, no dudó ni un segundo en señalar a España como el lugar con la capacidad necesaria para solventar los problemas sanitarios que, en torno al hantavirus, se habían producido en el barco crucero My Hondius procedente de Ushuaia (Argentina). “Estamos orgullosos de que haya sido la OMS quien haya elegido España para esta operación, dada la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema sanitario”, ha señalado la ministra de Sanidad. 

Pero lo que seguramente no lleva en su mochila es la zafiedad que lleva instalada en España desde hace más de 7 años. Que al presidente de Vox no se le ocurra otra estupidez que señalar al inquilino de La Moncloa como “el responsable de generar una epidemia en España” ya no aguanta ningún comentario. Pero que el responsable del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no permita el amarre del buque en el puerto tinerfeño y determine la distancia exigible para fondear (una milla) para evitar que las posibles ratas “se lancen al agua” para llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife (lo había consultado en IA) escapa a cualquier comentario dotado de sensatez. Supongo que Tedros Adhanom Ghebreyesus se estará meando de risa o llorando por los límites de la estupidez humana.

Más aún, según la Constitución es un asunto 100% competencia del Gobierno de España (AGE) al ser una alerta comunitaria (UE) e internacional (OMS).

Por ello, el Gobierno de Canarias es incompetente en Puertos y Aeropuertos (Transportes) y Sanidad Exterior con ciudadanos afectados de varias CC.AA. Sanidad delega ahora en un hospital militar (Defensa). Y el ministerio del Interior es la fuerza coercitiva vía Policía Nacional y Guardia Civil para asegurar la operación sanitaria.

A Clavijo le informan por cortesía, no por obligación legal, al tener 0 competencia en este asunto. Pero a este “gobierno dictatorial” no le queda más remedio que tragar el sapo y esconderse para que no salpiquen al resto de Europa las “aportaciones científicas” del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde la noche del lunes febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad y recoge EFE. 

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este positivo después de que el hombre presentase algunos síntomas durante la tarde noche del lunes.

Además, el Ministerio ha avanzado que, según le han transmitido las autoridades estadounidenses, el ciudadano de aquel país cuyo primer resultado de las pruebas que le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado en una rueda de prensa junto a Pedro Sánchez que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 10 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 21 de junio. En un primer momento, Sanidad anunció que la fecha sería el 6 de mayo.

"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

No obstante, ha asegurado que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación.

"Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas", ha reconocido el director, quien ha incidido en que ahora los países de origen son los que tienen la responsabilidad y los que están poniendo en marcha todas las medidas de control.

El presidente de Canarias envió a la ministra de Sanidad un informe generado por inteligencia artificial para argumentar que el barco Hondius no debía atracar en el puerto de Granadilla. El documento sostenía que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua hasta tres días. Fernando Clavijo lo reenvió a Mónica García a las 17.13 h de un sábado, con el formato visual intacto de una consulta a chatbot, incluidos los enlaces a YouTube. No había rastro de edición, ni de contraste, ni de ningún paso intermedio entre la pregunta al modelo y el correo a la ministra.

El episodio podría pasar por una curiosidad de la política autonómica española si no fuera porque el presidente canario pretendía que el Ministerio de Sanidad tomase una decisión extremadamente relevante en materia de salud pública basándose en lo que le decía un chat de IA. 

Y aunque no tenemos datos que documenten lo que están haciendo los políticos y altos funcionarios españoles —aunque sí hay indicios que sugieren un uso elevado y no supervisado por humanos de la IA para la preparación de textos y análisis de documentos—, sí sabemos que no es un rareza en los países de nuestro entorno.

Un estudio recientemente publicado por la organización europea AlgorithmWatch documenta que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas no es una excepción. Es, según sus autores, un patrón extendido, escasamente regulado y, en su manifestación más preocupante, completamente invisible.

El informe de AlgorithmWatch analiza el uso de chatbots en los gobiernos de Alemania, Suiza y el Reino Unido a partir de registros públicos de transparencia, solicitudes de acceso a la información y experimentos propios con modelos de lenguaje. 

Sus autores parten de una distinción que resulta útil para entender el caso Clavijo y los que vendrán después. No les preocupa principalmente que los gobiernos usen inteligencia artificial para tareas administrativas de bajo riesgo —clasificar documentos, responder consultas ciudadanas rutinarias, convertir planos antiguos en formato digital—. Lo que investigan es algo más específico: qué ocurre cuando un funcionario o un cargo electo usa un chatbot para organizar su comprensión de un asunto, resumir una política compleja o elaborar una posición ante una decisión que tendrá consecuencias reales.

Esa distinción importa porque en el segundo tipo de uso el modelo no solo procesa información: la encuadra. Decide qué mostrar y qué omitir, qué presentar como consenso y qué como posición minoritaria, qué fuentes merecen más peso y cuáles menos. Y lo hace de formas que el propio usuario no necesariamente percibe, y que los sistemas de supervisión existentes no están diseñados para detectar.

El ministro alemán de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, lo describió sin aparente conciencia de las implicaciones. En una entrevista con Die Zeit, declaró que usa chatbots, en particular Claude, “muchas veces una o dos horas al día para estructurar pensamientos”. 

Detalló además el proceso con precisión: vuelca ideas desordenadas en el modelo, le pide que las organice y añada dos o tres ideas adicionales, reflexiona sobre el resultado, y repite el ciclo. “Normalmente son cuatro o cinco vueltas”, dijo. 

El Ministerio Digital de Alemania, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por los investigadores de AlgorithmWatch, respondió por escrito que el ministro “no ha utilizado chatbots de IA en su función como ministro federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado”. Wildberger no rectificó su declaración. Pero tampoco el Ministerio explicó la contradicción.

Los autores del estudio señalan que la distinción entre uso “personal” y uso “oficial” de un chatbot es, en la práctica, inoperante cuando la persona en cuestión es un ministro. Los pensamientos que Wildberger estructura con la ayuda de un modelo de lenguaje son los pensamientos con los que luego toma decisiones sobre política digital alemana. Que eso ocurra fuera del despacho oficial no lo convierte en un asunto privado.

Los gobiernos no llegaron a esta situación de improviso. Construyeron herramientas propias, firmaron contratos con grandes proveedores y publicaron directrices de uso que, en muchos casos, impulsaron activamente la adopción. El Reino Unido es el ejemplo más documentado.

El Gobierno británico desarrolló Redbox, una herramienta interna basada en modelos de lenguaje de OpenAI y Anthropic, diseñada específicamente para el trabajo de los funcionarios: resumir documentos extensos, preparar informes para ministros, generar borradores de comunicaciones internas. 

En verano de 2025 tenía más de 6.000 usuarios activos y procesaba 30.000 mensajes semanales. Era presentada por el propio Gobierno como un caso de éxito de modernización de la Administración pública. 

Pero en octubre fue retirada. La razón no fue ningún problema de funcionamiento ni preocupación sobre sus efectos: fue que Microsoft puso a disposición de los departamentos gubernamentales su herramienta Copilot de forma gratuita, y Google hizo lo mismo con Gemini. Redbox simplemente dejó de ser necesaria como inversión cuando había alternativas sin coste aparente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con OpenAI para equipar a 2.500 funcionarios con ChatGPT Enterprise. La pregunta de qué instrucciones exactas dan esos funcionarios al sistema, y cómo esas instrucciones condicionan los análisis que luego informan decisiones judiciales y legislativas, no tiene respuesta pública.

Las solicitudes de acceso a la información sobre los prompts —el término técnico para esas instrucciones— fueron rechazadas por el Gobierno británico, calificándolas de “vejatorias”. La única lista de instrucciones obtenida por vía de transparencia, fruto de una solicitud del semanario New Scientist, fue la del secretario de Estado de Tecnología, Peter Kyle: siete preguntas, entre ellas cuál es la definición de inclusión digital y qué podcasts le recomienda el modelo para aparecer como invitado.

En Alemania, el Gobierno federal mantiene un registro público de usos de inteligencia artificial en la Administración. Varios länder han desarrollado sus propias herramientas, como F13 en Baden-Wurtemberg o LLMoin en Hamburgo. 

Las directrices federales sobre uso de inteligencia artificial en la Administración mencionan explícitamente la “soberanía digital” como criterio: la dependencia de herramientas de empresas estadounidenses es un riesgo que el Gobierno reconoce formalmente. 

Suiza, por su parte, trabaja con GovGPT, construido sobre el modelo de código abierto LLaMA de Meta —sí, la empresa del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg—, y ha publicado una base de datos de proyectos a través de su red de competencia en inteligencia artificial. 

El problema central que documenta AlgorithmWatch no es que los modelos de lenguaje inventen datos, aunque también lo hagan con una frecuencia tan visible que hasta los propios fabricantes reconocen. Ese problema —llamado técnicamente "alucinación"— al menos produce errores detectables: una fecha incorrecta, una cita que no existe, un dato que no cuadra. Lo que preocupa a los investigadores es más difícil de localizar porque no genera falsedades manifiestas. Genera encuadres.

Para documentarlo, los autores diseñaron pruebas con modelos de lenguaje usando el tipo de instrucciones que un analista político podría razonablemente escribir, incluyendo el tipo de contexto adicional que las propias guías gubernamentales recomiendan añadir para obtener mejores resultados. 

Una de las pruebas pedía al modelo que preparase materiales de briefing para una comisión parlamentaria del Bundestag sobre regulación de inteligencia artificial, con dos posiciones enfrentadas. Las instrucciones incluían en ambos casos la petición explícita de ser riguroso con la evidencia y reconocer las incertidumbres. La única variable que cambiaba era el destinatario.

Cuando la instrucción indicaba que el destinatario era la oficina de Saskia Esken, del SPD, el modelo concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición favorable a una regulación estricta. Cuando el destinatario era la oficina de Friedrich Merz, de la CDU, el mismo modelo, ante los mismos datos y la misma petición de rigor, concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición contraria, más escéptica ante la regulación. Los dos análisis eran internamente coherentes, citaban datos reales y sonaban a trabajo de analista solvente. Simplemente llegaban a conclusiones opuestas.

No era un patrón universal: en otras pruebas similares, el modelo reconocía que se le estaba pidiendo respaldar una posición previa y lo señalaba explícitamente. Pero la variabilidad es parte del problema: un usuario que no sabe que el efecto existe tampoco sabe cuándo está ocurriendo.

Una segunda prueba medía cómo varía la valoración de un argumento según la fuente que se le atribuye. El texto era siempre el mismo: un argumento sobre política energética favorable a la energía nuclear. Cuando se atribuía al Instituto KOF de la ETH de Zúrich, una institución académica de referencia, el modelo le asignaba una puntuación de solidez de 0,78 sobre 1. Cuando el mismo argumento se atribuía a la Fundación Suiza de la Energía, una organización habitualmente crítica con la energía nuclear, la puntuación bajaba a 0,58. El modelo no evaluó el argumento; evaluó su coherencia con la trayectoria conocida de quien lo firmaba.

Los autores denominan a este fenómeno sesgo de coherencia. Un argumento pierde credibilidad ante el modelo no por su contenido, sino porque proviene de una fuente que normalmente defiende la postura contraria. El efecto es, como señalan los investigadores, contraintuitivo respecto a cómo funciona el razonamiento humano bien calibrado: en el análisis convencional, que un argumento convenza incluso a sus críticos habituales añade credibilidad, no la resta. Para los modelos de lenguaje, ese mismo hecho opera en sentido inverso.

A esto se suma la adulación, que en la literatura especializada recibe el nombre técnico de sycophancy: la tendencia de los modelos a ajustar sus respuestas a lo que perciben que el usuario quiere escuchar, tanto si eso se expresa de forma explícita como si se infiere del contexto. 

Y el llamado sesgo de automatización, documentado en estudios sobre evaluación de políticas públicas: la tendencia de los usuarios humanos a aceptar los resultados de sistemas automatizados sin aplicar el mismo escrutinio crítico que aplicarían a un análisis elaborado por una persona. Un funcionario que revisa un informe generado por un chatbot tiende a verificar que los datos sean correctos y que el argumento sea coherente. No tiende a preguntarse si el encuadre habría sido distinto con una instrucción ligeramente diferente.

Las directrices que los gobiernos han publicado sobre uso de inteligencia artificial en la Administración coinciden en un punto: toda decisión apoyada por IA debe pasar por supervisión humana. AlgorithmWatch revisó en detalle las guías del Reino Unido, Alemania, Suiza y la Comisión Europea, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para todos ellos: la supervisión se define como principio, nunca como práctica concreta.

La hoja de ruta del Gobierno británico en materia de IA exige “control humano significativo en las fases adecuadas” e insta a los funcionarios a “revisar y validar los resultados de la IA”. Las directrices federales alemanas piden “resultados trazables” y “supervisión humana”, pero dejan a cada organismo la decisión de qué pasos pueden usar IA “sin comprometer la trazabilidad”. Ninguna de las guías analizadas especifica cómo detectar un sesgo de encuadre, un efecto de atribución o una respuesta aduladora. Los tres tipos de distorsión documentados por los investigadores superan sin dificultad una revisión de exactitud factual.

La pregunta sigue siendo qué se supervisa exactamente. Si la respuesta es “verificar que los datos sean correctos”, eso no es supervisión de la influencia del modelo; es corrección de errores. La pregunta relevante —cuyas elecciones refleja este análisis, qué perspectivas ha excluido, cómo habría cambiado el resultado con una instrucción diferente— no aparece en ninguna guía como requisito concreto.

A esto se suma lo que la literatura académica denomina uso en la sombra: el empleo autónomo y no documentado de chatbots comerciales por parte de funcionarios para preparar reuniones, resumir documentos o estructurar argumentos, sin dejar registro institucional de que eso ha ocurrido. 

Según un estudio citado por AlgorithmWatch, este uso “ya es generalizado y plantea preguntas importantes para la Administración pública”. Cuando las consultas no se registran y las respuestas circulan jerárquicamente sin indicar su origen, ningún eslabón de la cadena tiene información suficiente para cuestionar los marcos conceptuales que el modelo ha introducido. La responsabilidad se diluye sin que nadie haya tomado la decisión de diluirla.

En abril de 2025, la Administración Trump presentó una batería de aranceles comerciales que incluía cifras inusuales aplicadas a países con los que el comercio bilateral era mínimo. Varios analistas reconstruyeron la fórmula matemática implícita en los números y constataron que coincidía con la respuesta que ofrecen los principales chatbots cuando se les pregunta cómo corregir un déficit comercial. 

Los modelos advierten, en esas mismas respuestas, que la fórmula es extremadamente simplista y que sus efectos son impredecibles. Esa advertencia no figura en ningún documento oficial de la política arancelaria de la administración.

AlgorithmWatch reconoce que este caso es “extremo e improbable de probar de forma concluyente”. Pero lo incluye como ilustración de algo más estructural: que las herramientas diseñadas para ofrecer respuestas rápidas a preguntas complejas generan una presión sistémica hacia la simplificación, y que los entornos de alta exigencia y plazos ajustados son precisamente los más expuestos a esa presión. 

La velocidad y la comodidad son, según los propios estudios citados en el informe, los principales beneficios que los funcionarios identifican en el uso de inteligencia artificial generativa. Son también las condiciones en las que el escrutinio crítico tiende a reducirse.

Clavijo no diseñó una política arancelaria. Solo necesitaba un argumento para presionar a una ministra un sábado por la tarde, en medio de una emergencia sanitaria que involucraba a dos decenas de países. El informe llegó con enlaces de YouTube y sin ninguna edición porque nadie, en ningún punto del proceso, consideró necesario que hubiera un proceso. 

Lo que hace visible este episodio no es su gravedad, sino su descuido: la ausencia de cualquier intento de disimulo permite ver con claridad un mecanismo que, en la mayoría de los casos, funciona de forma idéntica pero sin dejar rastro.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid eliminó las cifras de deuda de su informe definitivo sobre los ingresos por asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras concluir que la información que arrojaba Nexus, el software corporativo del Gobierno regional, "no es fiable" y "no refleja la realidad". Los auditores de la propia Administración madrileña sostienen que las debilidades del programa "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales públicos. Es la consecuencia más visible de un sistema en el que la Comunidad lleva volcados, según consta en los contratos publicados, en torno a 122 millones de euros desde su adjudicación inicial en 2010 (más de 60 millones sólo desde que Ayuso es presidenta), y que sigue arrastrando carencias estructurales reconocidas tanto por la Intervención como por la Cámara de Cuentas.

Nexus ECCL —siglas de Económico, Contable, Contratación y Logística— es la plataforma única sobre la que la Comunidad de Madrid presupuesta, contrata, paga, factura y gestiona la logística de toda su Administración, sus organismos y, muy en particular, todo el SERMAS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la presenta como "una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público". Por ella pasan, según las cifras oficiales, 9.500 usuarios diarios, un millón de transacciones al día, 1,2 millones de facturas y 2,2 millones de pagos al año.

El sistema nace del llamado "Plan Nexus" que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció en 2009 como un programa a cinco años para externalizar la informática de gestión de toda la Comunidad. La fase inicial supuso adjudicaciones por 130,4 millones de euros en cuatro años repartidas entre subproyectos: Nexus Educación, Nexus Recursos Humanos, Nexus ECCL y otros módulos auxiliares. Nexus Educación —el más conocido por su fracaso— se adjudicó a Indra y acabó cancelado tras pagar la Comunidad 5,5 millones de euros por un programa que la empresa nunca entregó, a los que hubo que añadir otros ocho millones para la plataforma que lo sustituyó, según publicó eldiario.es. 

El entonces consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido en 2014 en el marco de la trama Púnica e investigado precisamente por su relación con Indra. La Guardia Civil solicitó a la Comunidad de Madrid varias facturas con la empresa semipública para investigar si se habían inflado artificialmente para generar dinero negro. 

En 2019, un ex alto cargo de Indra declaró en la Audiencia Nacional que Martínez le solicitó que pagara una “mordida” a un empresario investigado en la causa. El ex consejero delegado se encuentra a la espera de que se fije juicio oral —en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica— y se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, por los cuales la Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación. 

Nexus ECCL, el hermano mayor del paquete y el único que sí llegó a desplegarse, se adjudicó en agosto de 2010 a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 36 millones de euros, con la firma del propio Martínez Nicolás. Incluso la supervisión técnica del proyecto se externalizó a la consultora PwC por casi seis millones más. Desde entonces, el contrato de mantenimiento y evolución del sistema lo ha llevado siempre la misma empresa: en 2016 se renovó con IECISA por 20,23 millones con oferta única, y en 2021 lo ganó Inetum, nuevo nombre de la antigua IECISA después de que el grupo francés Gfi —propiedad a su vez de un fondo estadounidense— la adquiriera y la rebautizara en 2020. 

El contrato actual, de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, se adjudicó en dos lotes: siendo el principal de 34,29 millones con IVA para Inetum y 3,14 millones para Techedge, hoy rebautizada como Avvale. A estos importes se han sumado dos prórrogas en 2024 y 2025 por 21,65 millones y una modificación contractual aprobada en octubre de 2025 por otro millón. Con esos datos, la inversión acumulada en Nexux ECCL ronda los 122 millones de euros, sin contar las licencias del fabricante SAP —el software en que se basa la plataforma— ni los contratos auxiliares que cada hospital se ve obligado a tramitar por su cuenta.

El expediente registra un volumen de incumplimientos poco habitual. La Agencia para la Administración Digital ha publicado, entre abril de 2022 y marzo de 2026, 46 resoluciones de penalidad a Inetum, a un ritmo cercano a una penalización mensual. La última se publicó el pasado 3 de marzo.

Pese a la sucesión continua de sanciones, la agencia aprobó el 31 de octubre de 2024 una prórroga del contrato a Inetum por más de 21 millones de euros y 21 meses adicionales, hasta agosto de 2026. La continuidad del contratista —desde la implantación del sistema— no se ha visto alterada por las penalidades ni por los fallos relatados en los informes de la Comunidad. La encadenación de contratos durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso totaliza un gasto superior a los 60 millones de euros; es decir, que el casi la mitad de los 122 millones invertidos desde la contratación del software en 2010 ha correspondido al periodo de Ayuso.

Los problemas que describe la Intervención General afectan al núcleo del sistema. Según sus informes, a los que ha tenido acceso infoLibre vía ley de transparencia, los auditores tuvieron que retirar las cifras de deuda del informe definitivo para todos los centros porque la información de Nexus "no es fiable" y "no refleja la realidad". Las "debilidades" del software, concluyen, "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales del SERMAS.

El caso del Hospital Gregorio Marañón es paradigmático: solo el 18% del importe de la deuda enviada a la Dirección General de Tributos figuraba como tal en Nexus, una desviación que los auditores califican de "importancia cuantitativa" suficiente para "desvirtuar la imagen de la deuda" del conjunto del SERMAS. El propio hospital admite en sus alegaciones que el seguimiento de deudas en Nexus es de una "gran dificultad" y que la información que el programa aloja no coincide entre sus propias listas y repositorios.

El sistema, además, "carece de históricos": cuando se rectifica una factura, emite una nueva "sin enlazar con el episodio del que traen causa", lo que hace imposible visualizar con claridad el conjunto de episodios asistenciales de un paciente. La Intervención también detectó 748 facturas en las que el pago consta como realizado "antes de la emisión de la propia factura", por errores de sincronización y campos de fecha defectuosos.

Las consecuencias de la rigidez de la plataforma las detallan los propios hospitales en sus alegaciones ante la Intervención General, en las que justifican o detallan los fallos que esta les achaca. El Gregorio Marañón documentó un caso en el que "una sola factura generó 34 certificaciones de descubierto distintas" porque el sistema exige un certificado por cada línea de factura. En el Hospital de Móstoles ocurre lo mismo a la hora de notificar: el paciente recibe "una notificación escrita de providencia de apremio por cada posición de factura" en lugar de una sola por el total.

El Hospital de La Princesa describe una situación de mayor riesgo asistencial: tratamientos como diálisis o quimioterapia "no se vuelcan correctamente" desde el sistema clínico al de facturación, lo que obliga al personal administrativo a "copiar manualmente" datos como DNI y direcciones de pacientes con "mayor riesgo de error" en una información "tan importante y delicada". El SUMMA 112, por su parte, reportó que el sistema arrastra descuadres contables desde hace una década que el soporte técnico central aún no ha resuelto, y reconoció que ante una "coyuntural situación de insuficiencia presupuestaria" tuvo que traspasar facturas del módulo logístico al contable de forma manual, con la consiguiente "pérdida de la trazabilidad del proceso de conformidad".

Los hospitales también alegan errores estructurales de codificación de los gastos: el epígrafe correcto para algunos servicios de urgencias "no estaba disponible en Nexus" cuando se registró la incidencia, y el SUMMA 112 utiliza un código genérico para registrar traslados en avión medicalizado porque el sistema "no permite registrarlos correctamente". Los descuentos por volumen de compra (rappels), por su parte, están parametrizados como "menor gasto" en lugar de como ingreso, lo que supone una violación del Plan General de Contabilidad Pública. Además, el menú de anulación de facturas solo ofrece seis causas, tan genéricas que los hospitales se ven obligados a llevar "archivos Excel paralelos" para saber por qué no se cobró un dinero.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2024, ya certificaba que las "limitaciones técnicas" históricas del sistema "persisten durante el ejercicio fiscalizado". Nexus es incapaz de gestionar correctamente operaciones básicas del inmovilizado como arrendamientos financieros, donaciones o provisiones, un problema que el órgano fiscalizador viene señalando desde 2017.

Ante esa "imposibilidad de subsanar los problemas" en la plataforma, el SERMAS ha tenido que habilitar un sistema de incidencias para que "consultores de Nexus" ejecuten manualmente las operaciones en el estándar SAP, al no estar operativas las transacciones en el programa. La Cámara también detecta falta de integración con las aplicaciones de recaudación ejecutiva y gestión tributaria, y debilidades en la "representatividad e integridad" de los saldos de existencias, hasta el punto de recomendar "revisar urgentemente" los procedimientos de registro de almacenes y "corregir las deficiencias de Nexus en relación con las altas y bajas" de inventarios. 

El círculo lo cierran los contratos auxiliares. Pese a que existe un macrocontrato de mantenimiento de la plataforma con Inetum, algunos hospitales han tenido que sufragar de su propio presupuesto refuerzos externos para poder operar Nexus. El Gregorio Marañón licitó en 2024 un contrato específico de 72.479 euros con IVA para tener "soporte técnico y apoyo en el aplicativo Nexus" en su Servicio de Contratación Administrativa, adjudicado con oferta única a la empresa AlcaláBC. El mismo hospital tiene precedentes equivalentes en 2019, 2022 y 2023 para soporte de Recursos Humanos a la plataforma Nexus. La herramienta corporativa, vendida hace década y media como un instrumento para "homogeneizar y simplificar" la gestión, obliga a los hospitales a contratar refuerzos para usarla mientras Madrid Digital sanciona mes tras mes al contratista que cobra por mantenerla.

Consultada por infoLibre sobre la continuidad del contrato pese a los fallos y limitaciones señalados por los órganos fiscalizadores y el elevado número de penalizaciones impuestas al contratista, la Agencia para la Administración Digital responde que "el sistema garantiza la integridad de los datos y de la contabilidad hospitalaria" y que "no le consta ningún problema sobre este tema". La agencia sostiene que Nexus "no almacena ni gestiona datos clínicos ni datos personales de salud" —pese a que las alegaciones de los hospitales recogen el copiado manual de DNI y direcciones de pacientes en tratamiento— y subraya que "en ningún caso las penalizaciones han supuesto impacto o riesgo en la continuidad del servicio", razón por la que "dada la criticidad del sistema Nexus, se ha optado por la prórroga contractual".

Sobre los contratos de soporte que han tenido que licitar hospitales como el Gregorio Marañón, Madrid Digital afirma que el contrato central "cubre íntegramente el mantenimiento y evolución técnica" y que las contrataciones adicionales "responden a necesidades propias de gestión y no suponen duplicidad ni solapamiento". La empresa Inetum, responsable de la mayoría de los contratos —algunos bajo su anterior denominación, IECISA—, no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

He contado esta anécdota en varias ocasiones y creo que viene muy bien para enmarcar mi objetivo en esta tribuna de opinión. Irán viendo que tal objetivo parece sencillo, pero casi al mismo tiempo se percatarán de que no lo es tanto. Fui director general de Salud Pública en Asturias durante la pandemia de COVID-19. Mis tareas fueron múltiples y diversas durante aquel tiempo. Aunque llevaba muchos años trabajando en la Consejería de Sanidad, apenas había tenido contacto con la “parte política” ni con la “parte legislativa” de nuestra comunidad autónoma y desconocía bastante, mea culpa, el funcionamiento parlamentario. En un momento de aquellos meses de 2020, nuestro consejero de Sanidad, con muy buen criterio, decidió mantener reuniones periódicas con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios en la Junta General del Principado, para informarles de la situación de la pandemia. No había actividad de comisiones, así que debía de ser verano. 

Recuerdo el buen tono y actitud de todos los diputados y diputadas que participaban en aquellas reuniones. Imperaba una visión crítica y reflexiva, a menudo firme, pero siempre con un tono amable, constructivo y propositivo. Yo andaba fatigado por miles de reuniones técnicas a todos los niveles, por la gestión de protocolos, y por la organización de una dirección, tarea para la que contábamos con muy pocos medios; e insisto: desconocía casi totalmente la arquitectura de nuestro parlamento asturiano. En la siguiente reunión con los grupos ya no estábamos a puerta cerrada; era en otra sala, en una reunión de la comisión de sanidad. Me acuerdo de que, cuando empezó a hablar una de las representantes de los grupos parlamentarios, levanté la cabeza, sorprendido: ¿Qué ha pasado? ¿Ha ocurrido algo hoy en la pandemia de lo que no tengo información? 

El tono de todos los intervinientes fue totalmente diferente. Con gradaciones diversas, pero totalmente diferente. ¿Por qué hablan hoy así todos, tan raro? ¿Qué está pasando hoy?, me preguntaba, ingenuo y triste de mí. Levanté la cabeza y me di cuenta de que esto ya no era una reunión interna, de que había cámaras, se grababa todo y había medios detrás de los cristales tomando notas de la reunión. Ese fue el clima en prácticamente todas las comparecencias parlamentarias en las que participé a partir de entonces. De hecho, recuerdo que, en una de ellas, un diputado habló de la improvisación desde Salud Pública. El diputado, además, no era de un grupo diametralmente opuesto al Gobierno. Al finalizar la sesión, muy cabreado, y terriblemente cansado por todos los meses de 24 horas que llevábamos encima, le dije que lo propio era acusarnos de hacer las cosas mal o bien, que, por supuesto, nos podríamos equivocar en algunas decisiones, pero que le aseguraba que no improvisábamos. Al lado nuestro, un miembro de nuestro gobierno bromeó, trató de quitar hierro y dijo que eso formaba parte de la escenografía política. No dije nada. Pero lo que quizás tenía que haber dicho entonces, lo que quise decir en aquel momento y me callé es lo siguiente:

Determinadas situaciones, especialmente las relacionadas con la salud pública, no deberían utilizarse para obtener rédito político. Ni por una parte ni por otra. El único rédito legítimo ante una posible crisis sanitaria debería ser la capacidad colectiva de proteger a la población, actuar con responsabilidad y construir actuaciones compartidas orientadas a la salud colectiva.  

No hemos aprendido algunas de las lecciones que dejó la pandemia. Necesitamos acuerdos básicos de responsabilidad institucional y un pacto entre los partidos políticos para afrontar conjuntamente las crisis reales y, también, para evitar que alertas o situaciones de riesgo acaben convirtiéndose en crisis mayores, más sociales que epidemiológicas, por falta de coordinación, exceso de confrontación o ruido partidista. No todas las alertas sanitarias terminan siendo emergencias graves, pero precisamente por eso es tan importante actuar con cooperación desde el primer momento. Mientras escribo estas líneas, vuelvo a escuchar en el hemiciclo demasiados gestos, demasiados aspavientos y demasiado ruido. 

Una crisis de salud pública exige serenidad. Me atrevería a decir que una crisis de salud pública es una oportunidad de demostrar al mundo uno de los grandes activos que tenemos en nuestro país: nuestro sistema sanitario, nuestra administración pública, los grandes profesionales que tenemos y su inmensa capacidad de trabajo. Una situación de alerta de salud pública exige dejar trabajar a los equipos técnicos con autonomía y sin presiones externas permanentes. Exige transparencia, evaluación y control democrático. Y asumir responsabilidades, por supuesto, pero también exige algo que a veces parece escasear más que los recursos materiales: confianza mutua, capacidad de acuerdo y una cierta conciencia de que, ante determinadas amenazas colectivas, es necesario mantener reuniones pausadas, sin teatro, sin buscar titulares, ni retuits; muchas, muchas reuniones, con buen tono, amabilidad, constructivas y propositivas. La salud poblacional requiere, en definitiva, que todos y todas sepamos poner el bien común por delante de los intereses particulares de manera que las instituciones y los representantes públicos estén a la altura de su país. 

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ºRafael Cofiño es diputado de Sumar por Asturias en el Congreso.

Otra vez un virus. Otra vez intentando entender cómo se transmite, cuánto de contagioso es, qué supone estar cerca o lejos de alguien infectado, cómo de letal es…Otra vez.

Estos días hemos revivido los primeros días de aquel 2020. En el que nos empezamos a familiarizar con palabras como “personas de contacto”, “incubación” del virus, “aislamiento”… El brote de hantavirus del crucero de lujo que nos ha ocupado esta semana nos ha devuelto a una idea que habíamos tenido la tentación de olvidar: somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Un virus, una excursión en un país lejano, viendo pájaros o focas, o lo que sea, nos ha recordado que el mundo puede volver a pararse. Lo del crucero no ha ido, de momento, más allá de los pasajeros que iban a bordo y de las personas que han podido entrar en contacto con los que decidieron coger un vuelo por su cuenta. Pero a muchos se les heló el pulso cuando empezaron a escuchar las primeras noticias que llegaban sobre ese nuevo brote, sobre un virus desconocido... Otra vez no, por favor.

A priori, los expertos aseguran que el brote no irá más allá, que esto lo volveremos a olvidar en cuanto el barco llegue a Tenerife, los pasajeros sean repatriados y los españoles que iban a bordo cumplan su cuarentena o el tiempo que se estime en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. A priori, insisto, con los virus y con las epidemias aprendimos que nada es seguro. Ahora mismo hay 30 pasajeros de todas las nacionalidades posibles que hay que localizar y rastrear, cómo están, con quién han tenido contacto…Nos suena, demasiado.

Pero hay algo que, pase lo que pase, volverá a salvarnos de ésta: la ciencia. Esa ciencia que seguimos empeñados en maltratar, en negar. Esa ciencia que nos cura, aun en el peor de los escenarios, en los más impensables. Esa ciencia que necesita cariño y fondos para seguir sacándonos de los peores momentos. La ciencia a la que dedicamos poco dinero y poco tiempo. 

Seguiremos todavía muy pendientes de ese barco, de su llegada a Tenerife, del goteo de contagiados que se van extendiendo por todo el mundo. Y seguiremos confiando en que esto no irá a más. Pero habrá que cimentar esa confianza en un apoyo claro a quienes investigan, incansables, para que ningún virus nos vuelva a sacudir. Cimentar un sistema sanitario robusto que pueda de nuevo hacer frente a una epidemia. Todo eso que no estamos haciendo ahora mismo y que, como no espabilemos, nos volverá a pillar a contrapié.

El debate sobre el precio de los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en Europa ha adquirido una importancia creciente en los últimos años. Factores como los avances científicos, el envejecimiento de la población y la presión sobre los presupuestos públicos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos actuales de financiación y acceso. En este contexto, cobra fuerza la idea de avanzar hacia una estrategia coordinada a nivel europeo que mejore la transparencia, aumente la eficiencia y garantice la equidad en el acceso a los tratamientos.

Uno de los principales problemas es la falta de transparencia en la formación de los precios de los medicamentos. Aunque los Estados negocian con las compañías farmacéuticas, muchos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer el coste real de los fármacos. Esta opacidad dificulta la comparación entre países, reduce el poder de negociación de los sistemas públicos y genera desconfianza en la ciudadanía, que percibe que los precios no siempre están justificados.

A esta cuestión se suma el debate sobre el llamado doble pago. Una parte importante de la investigación biomédica, especialmente en fases tempranas, se financia con recursos públicos a través de universidades y centros de investigación. Sin embargo, los ciudadanos vuelven a pagar cuando los medicamentos llegan al mercado, ya sea mediante impuestos o copagos. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inversión pública y los beneficios privados, así como sobre la necesidad de mecanismos que aseguren un retorno social más claro.

En cuanto a la rentabilidad del sector farmacéutico, los datos muestran que se trata de una industria altamente lucrativa. En Europa, aunque los márgenes son generalmente inferiores a los de Estados Unidos debido a una mayor regulación, siguen siendo elevados. Además, existen diferencias significativas entre países europeos en términos de precios y acceso a medicamentos, lo que refleja la fragmentación del mercado y la ausencia de una política común.

La financiación de la sanidad constituye otro eje clave. En la mayoría de los países europeos, los sistemas sanitarios se sustentan en una combinación de financiación pública —a través de impuestos o cotizaciones sociales— y aportaciones privadas, como copagos. Sin embargo, el peso de cada componente varía considerablemente. Mientras que algunos países cuentan con sistemas altamente financiados por el sector público, en otros la carga sobre los ciudadanos es mayor, lo que se traduce en desigualdades en el acceso.

Estas diferencias también se reflejan en el gasto farmacéutico y en la cobertura de los tratamientos. En general, los países del norte y centro de Europa presentan mayores niveles de financiación pública y menores barreras económicas, mientras que en el sur y el este las dificultades de acceso son más frecuentes. En comparación con Estados Unidos, Europa ofrece una cobertura más amplia y precios más bajos, pero afronta desafíos en términos de rapidez de acceso e incentivos a la innovación.

El proceso de aprobación de medicamentos en Europa es en gran medida centralizado en lo que respecta a la evaluación científica, pero no lo es en cuanto a la fijación de precios y financiación, que siguen siendo competencias nacionales. Esto provoca retrasos significativos en la disponibilidad de los tratamientos. En algunos casos, el tiempo entre la aprobación y el acceso efectivo puede superar los dos años, lo que genera desigualdades entre países, y pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación europea en este ámbito. 

La posibilidad de establecer políticas comunes, especialmente para medicamentos esenciales o de alto impacto, podría reducir las diferencias y acelerar el acceso. No obstante, esta opción plantea el reto de conciliar la soberanía nacional con los beneficios de una acción conjunta. En este contexto, la fijación de precios máximos a nivel europeo, al menos para los medicamentos básicos, es una de las medidas que podría contribuir a evitar grandes divergencias, aunque requeriría mecanismos flexibles para adaptarse a las distintas realidades económicas.

La comparación internacional ofrece enseñanzas relevantes. El modelo estadounidense, más liberalizado, se caracteriza por precios más elevados y una mayor participación del sector privado. Si bien esto ha favorecido la inversión en innovación, también ha generado importantes desigualdades en el acceso. Europa, por su parte, ha optado por un enfoque más regulado, que garantiza una mayor cobertura, pero que debe encontrar formas de seguir incentivando la investigación y la innovación.

En paralelo, las listas de espera se han convertido en un indicador clave del rendimiento de los sistemas sanitarios. En España, han aumentado en la última década, con importantes diferencias entre comunidades autónomas y especialidades. En otros países europeos, la situación es diversa: algunos han logrado mantener tiempos de espera reducidos gracias a una mayor inversión y eficiencia, mientras que otros presentan retrasos incluso mayores.

Esta diversidad refuerza la necesidad de mejorar la transparencia y la comparabilidad de los datos. La creación de un Observatorio europeo que recopile y publique información sobre listas de espera permitiría identificar buenas prácticas, detectar ineficiencias y fomentar la rendición de cuentas. Más que imponer sanciones, este tipo de herramienta podría actuar como incentivo para la mejora continua.

Por otra parte, la positiva experiencia reciente de la compra conjunta de vacunas durante la pandemia ha demostrado el potencial de la cooperación europea. La extensión de este modelo a otros medicamentos, especialmente los más costosos, permitiría mejorar el poder de negociación, reducir precios y garantizar un acceso más equitativo entre países. 

Para solventar los inconvenientes y desafíos antes mencionados, creemos necesarias medidas como las siguientes:

1. Plataforma Europea de Transparencia de Precios: Creación de una Plataforma o Base de datos pública y obligatoria que compare los precios de adquisición de todos los medicamentos en los 27 Estados miembros, la cual facilitaría la toma de decisiones informadas por parte de gobiernos, profesionales y ciudadanos, y evitaría, además, que un mismo fármaco cueste el doble en un país con menor PIB simplemente por falta de información.

2. Fijación de Precios Máximos coordinada: Establecer un techo de precio europeo para medicamentos esenciales. No es sostenible ni eficiente que los medicamentos tengan precios radicalmente distintos en un mercado único. Se debería tender a una convergencia de precios basada en el poder adquisitivo de cada país pero bajo un marco común.

3. La Huella de financiación pública: Cada medicamento debería incluir una memoria de transparencia que detalle cuánta financiación pública recibió durante su fase de desarrollo. Ese porcentaje debería deducirse automáticamente del precio final de venta al sistema público.

4. Observatorio de Listas de espera y mecanismos de control: Establecimiento de indicadores comunes de demora; si un país supera de forma reiterada los límites permitidos, la UE debería tener potestad para intervenir mediante fondos de cohesión específicos o, en última instancia, sanciones financieras que obliguen a la reforma del sistema local.

5. Agencia Europea de Compras para fármacos estratégicos: Extensión del modelo de las vacunas COVID a los 100 medicamentos más utilizados y costosos. La compra centralizada garantizaría el suministro y reduciría los costes administrativos y de comercialización.

6. Transparencia en la rentabilidad de farmacéuticas: Obligación a las empresas farmacéuticas que operan en Europa a desglosar sus beneficios por país y producto, permitiendo una fiscalización social sobre si el beneficio obtenido es proporcionado al valor terapéutico aportado.

7. Reducción de los tiempos de acceso a medicamentos y fomento de los genéricos: Se deberían armonizar los procesos de evaluación de dichos tiempos entre países, e impulsar los genéricos como herramienta clave común para reducir costes sin afectar la calidad.

Europa se enfrenta a una oportunidad histórica para redefinir su modelo sanitario en un contexto de crecientes desafíos, y solo con medidas como las anteriores y la determinación de nuestros mandatarios se podrá avanzar lo necesario. Creemos necesaria una Unión Europea de la Salud, en la cual la transparencia en los precios, la equidad y la agilidad en la atención dejen de ser una aspiración para convertirse en una norma de obligado cumplimiento. Únicamente así será posible garantizar un sistema sanitario europeo sostenible, cooperativo y transparente que responda a las necesidades de la población sin comprometer la innovación ni la viabilidad económica.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

Abril es el mes de la concienciación y de la sensibilización frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Cada día, más de un millón de personas en todo el mundo contraen una ITS y, por desgracia, estas cifras van en aumento.

A nivel mundial, se conocen más de 30 patógenos que se transmiten durante el contacto sexual. De ellos, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la tricomoniasis, la hepatitis B, el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son los que más contribuyen a la carga global de morbilidad.

Por ejemplo, se estima que 520 millones de personas de entre 15 y 49 años presentan infección por el virus del herpes simple tipo 2 (HSV-2), la principal causa del herpes genital. Y solo en 2002, ocho millones de adultos de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis.

Es posible que las ITS estén aumentando a nivel mundial debido a una combinación de factores conductuales, sociales y biológicos. Aquí analizamos algunos de ellos.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud destaca una caída significativa en el uso del preservativo entre adolescentes y jóvenes. La utilización inconsistente de esta eficaz herramienta para prevenir la mayoría de ITS se correlaciona directamente con el aumento de casos, a menudo asintomáticos.

El uso generalizado de anticonceptivos orales, que no protegen contra estas infecciones, unido al acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, como la píldora del día después, ha reducido la preocupación por los embarazos no deseados y la motivación para usar preservativos.

Existe una menor preocupación por contraer el VIH. Aunque la profilaxis preexposición (PrEP) ha demostrado eficacia en la reducción de la transmisión del virus, su uso generalizado puede promover indirectamente encuentros sexuales sin protección, lo que podría acelerar la propagación de las ITS.

A pesar de que la mortalidad relacionada con el VIH ha disminuido, aproximadamente 39 millones de personas aún están infectadas con el virus, produciendo casi 630.000 muertes anuales, predominantemente en África subsahariana.

Las apps de citas facilitan un mayor número de contactos sexuales, un cambio más rápido de pareja y una mayor prevalencia de relaciones sexuales sin protección.

Algunos estudios sugieren que estas aplicaciones permiten a los usuarios acceder a redes sexuales más diversas y amplias, lo que aumenta la probabilidad de contraer y transmitir infecciones. Concretamente, el repunte de casos de sífilis y gonorrea, sobre todo en Europa, se ha relacionado con encuentros casuales facilitados por apps móviles.

La resistencia a los antibióticos está transformando algunos patógenos causantes de ITS en súperbacterias cada vez más difíciles o imposibles de tratar. Es el caso de la gonorrea, la clamidia y Mycoplasma genitalium. La aparición de cepas resistentes a los medicamentos disminuye la eficacia del tratamiento, provoca mayores tasas de infección y aumenta complicaciones a largo plazo como la infertilidad y la enfermedad inflamatoria pélvica.

Entre 2022 y 2024, la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima, los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea, aumentó drásticamente del 0,8% al 5% y del 1,7% al 11%, respectivamente, detectándose cepas resistentes en varios países. Por su parte, la resistencia a la ciprofloxacina alcanzó nada menos que el 95%.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha revelado un panorama complejo en las respuestas nacionales a las infecciones de transmisión sexual. Si bien la mayoría de los países cuentan con estrategias, importantes obstáculos para la implementación de medidas preventivas y pruebas, así como la falta de datos, dificultan los esfuerzos para frenar las epidemias de clamidia, gonorrea y sífilis.

En muchas regiones, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, la ampliación de los programas de vigilancia, sobre todo para infecciones asintomáticas, ha dado lugar a una mayor detección y notificación de casos.

La falta de una educación sexual sólida en las escuelas y en el hogar, junto con la difusión de información errónea o falsa, provoca que muchas personas tengan conocimientos insuficientes e ideas incorrectas sobre prevención. Esto afecta especialmente a los jóvenes y los adultos mayores que inician nuevas relaciones.

La evidencia indica que los recortes o el estancamiento de la financiación para los servicios de salud sexual limitan directamente la capacidad de los centros médicos para proporcionar pruebas, tratamiento y rastreo de contactos, lo que conlleva un aumento de la transmisión y mayores costes sanitarios a largo plazo.

La reducción de la inversión en servicios de salud sexual y pruebas de detección de ITS, especialmente durante la pandemia de covid-19, redujo el acceso a los test y la atención médica. En España, los diagnósticos de ITS disminuyeron en un promedio del 56%, con las disminuciones más pronunciadas en clamidia y gonorrea. Los descensos se mantuvieron cinco meses después del inicio de la pandemia.

El incremento de la esperanza de vida, una mejor salud general y la disponibilidad de medicamentos para la disfunción eréctil, como el viagra, permiten a los adultos mayores mantener una vida sexual activa. Además, el aumento de las tasas de divorcio y el fallecimiento de los cónyuges implican que más personas mayores se incorporan al mundo de las citas, a menudo con múltiples parejas de las que desconocen su historial sexual. Un estudio realizado entre 2020 y 2023 reveló que los diagnósticos de ITS en Estados Unidos aumentaron casi un 24% entre las personas de 65 años o más.

Las epidemias y los brotes de patógenos de transmisión sexual emergentes y reemergentes plantean graves problemas para la población y suponen una carga adicional para los profesionales e investigadores de la salud pública.

Así, la shigelosis y el virus de la hepatitis A, tradicionalmente transmitidos por alimentos y agua contaminados, han establecido recientemente vías de transmisión sexual, principalmente entre hombres que tienen relaciones con otros hombres.

Otros patógenos emergentes, como los virus del zika y el ébola, pueden transmitirse a través de los fluidos genitales, mientras que el virus de la hepatitis C se puede contagiar por contacto con sangre durante las relaciones sexuales.

El miedo al estigma es un factor determinante en el aumento de las tasas de infecciones de transmisión sexual, ya que actúa como una poderosa barrera sociopsicológica que disuade a las personas de hacerse pruebas, recibir tratamiento y revelar su estado a sus parejas.

La vergüenza, el miedo a las repercusiones sociales y el juicio moral asociados con las ITS conducen directamente a un retraso en la atención médica, lo que a su vez alimenta la continua propagación de estas infecciones.

Las infecciones asintomáticas son un factor importante en el aumento del número de ITS en todo el mundo, porque actúan como una fuente de transmisión silenciosa. Dado que las personas con ITS sin síntomas a menudo desconocen que están infectadas, no buscan tratamiento, lo que permite que las infecciones persistan, se transmitan a sus parejas y provoquen complicaciones de salud a largo plazo.

En definitiva, el aumento de las infecciones de transmisión sexual subraya la importancia de adoptar medidas proactivas y pone de manifiesto la urgente necesidad de intensificar la concienciación pública, la prevención, las pruebas diagnósticas y los tratamientos para abordar este creciente problema de salud pública.

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Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leerlo aquí.

Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, busca revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022 mientras la oposición intenta frenar esa posibilidad. Y es ahí donde emerge uno de los temas estrella de la campaña electoral: la sanidad. El descrédito del Gobierno autonómico fue sonoro con la crisis de los cribados de cáncer de mama y la propia candidata socialista, María Jesús Montero, está intentando poner el foco en la gestión de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los datos parecen respaldar esa estrategia. La ciudadanía andaluza es la más descontenta con la sanidad pública de todo el Estado. Así lo muestran los barómetros sanitarios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2025. Mientras el conjunto de los españoles pone a la sanidad pública una nota media de 6,02, en el caso de los andaluces la nota cae hasta el 5,37.

La pregunta del CIS se refiere expresamente al "grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público" y los ciudadanos tienen que dar una respuesta númerica entre el 1 y el 10. El 1 significa 'muy insatisfecho'  y el 10 'muy satisfecho'. Esa nota media que dan los andaluces es inferior a la de cualquier otra comunidad autónoma. 

De hecho, el 47,79%, prácticamente la mitad, de los encuestados de la comunidad gobernada por Moreno Bonilla responden con valores entre el 1 y el 5, suspendiendo el funcionamiento de la sanidad pública andaluza u optando por lo que se conoce como un cinco raspado. Aunque en este caso, la escala del CIS va del 1 al 10 y no del 0 al 10 y, por tanto, la mitad se sitúa, en realidad, en el 5,5 y no en el 5.

La insatisfacción de los ciudadanos andaluces con la sanidad se ve también al analizar el valor más bajo de la escala. En Andalucía son un 11,18% de los encuestados los que optan por el 1, más que en cualquier otra comunidad y casi el doble que en el caso nacional, donde son un 6,41%.

Los andaluces no son solo los más descontentos con el sistema sanitario público en su conjunto. La comunidad también destaca en la mayoría de servicios concretos por los que pregunta el CIS. La ciudadanía andaluza es la que pone peor nota a las "consultas de atención primaria en centros de salud", las "consultas de atención especializada", las "urgencias de centros de atención primaria" y el servicio de "urgencias 061 y 112".

En los otros dos servicios concretos por los que se pregunta en los barómetros sanitarios es Canarias la comunidad que sale peor parada. Estos son las "urgencias en hospitales públicos" y los servicios de "ingreso y asistencia en hospitales públicos". Aun así, Andalucía da la segunda y tercera peor nota, respectivamente, también en esos casos.

La peor nota de todas es la que da la ciudadanía andaluza a las consultas de especialidades, con una media de 5,26. También es el servicio que se lleva el promedio más bajo en el conjunto de España, con solo un 5,74.

El descontento de los andaluces con el sistema sanitario público se refleja también en otras cuestiones planteadas en la encuesta. Uno de cada tres asegura haber necesitado consultar con su médico de familia en los últimos 12 meses y no haberlo conseguido. De nuevo, más que en ninguna otra comunidad y muy por encima de la media estatal, del 24,04%.

De hecho, los andaluces son los que muestran más problemas para conseguir cita con su médico de cabecera. Son quienes más aseguran no obtener cita, pero también los que muestran un mayor largo periodo de espera en caso de conseguirla. El CIS pregunta a los ciudadanos si en caso de haber tenido cita para el médico de familia y que este no les haya atendido el mismo día, cuántos días han tenido que esperar. La media española es de 9,15 días. En el caso de Andalucía sube hasta los 11,16. Otra vez, más que en ninguna otra comunidad.

Todos esos problemas que denuncian los andaluces con su sanidad pública se reflejan también en lo que creen que es necesario. El 59,82% considera que el sistema necesita cambios "fundamentales" o "profundos". En el conjunto del Estado la cifra es del 47,35%. El dato, además, ha subido respecto a 2024, cuando el 56,6% de los andaluces optaba por esa opción.

La pregunta del CIS es clara: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Luego el entrevistador ofrece cuatro opciones de respuesta: "en general, funciona bastante bien", "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios", "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos".

En Andalucía el 5,66% de los encuestados optó por "en general, funciona bastante bien". En cambio, el 30,66% se decantó por "funciona mal y necesita cambios profundos". En ninguna otra comunidad tan pocos entrevistados optaron por la respuesta que alaba el funcionamiento del sistema sanitario público. De la misma forma, en ninguna otra comunidad tantos eligieron la opción más crítica con el sistema.