Marine Le Pen ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Casación con la misma naturalidad con la que los Men in Black apretarían el gatillo de su bolígrafo para borrar la memoria de testigos incómodos. De un solo golpe, su condena por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos dejaría de existir, a ojos de la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN).

Así fue cómo la líder de la extrema derecha francesa anunció en el telediario de las 20:00 horas de TF1, el martes 7 de julio, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Un poco antes ese mismo día, había sido declarada culpable, por segunda vez en un año, de haber supervisado un sistema creado para reducir las cargas del Frente Nacional (FN, que pasó a llamarse RN en 2018) mediante la remuneración de los empleados del partido a través de contratos ficticios como asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y condenada, en particular, a un año de prisión efectiva, que podrá cumplir en su domicilio y con una pulsera electrónica.

Aunque a las tropas lepenistas se les había prohibido hablar con la prensa antes de que su jefa se pronunciara, luego pudieron aparecer en todos los programas de radio y televisión para insistir en un argumento destinado a acallar cualquier crítica sobre la probidad de su candidata: al haberse presentado un recurso ante el Tribunal de Casación que suspende la pena dictada por el Tribunal de Apelación de París, Marine Le Pen vuelve a gozar de la presunción de inocencia. Se acabó la discusión.

La diputada de Pas-de-Calais tiene todas las razones para querer hacer olvidar esta resolución judicial. Es cierto que resulta sorprendentemente indulgente en cuanto a la pena impuesta, lo que vuelve a hacer a Marine Le Pen elegible en 2027. Pero es abrumadora en cuanto al fondo.

El Tribunal de Apelación ha insistido en la “especial gravedad” de la malversación de fondos europeos —2,8 millones de euros de dinero público— y ha considerado que este sistema fraudulento ocurrió “bajo el impulso determinante” de la expresidenta del FN y luego de RN y se prolongó “durante más de once años” (de 2004 a 2016). Y todo ello a costa de una “violación de la confianza en la que se basan los electores y que depositan en cada uno de sus representantes”.

El recurso de casación anunciado por Marine Le Pen “no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos”, consideró oportuno recordar Ludovic Friat, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), el sindicato mayoritario, el miércoles 8 de julio en la cadena BFMTV-RMC.

Pero con este recurso, la hija de Jean-Marie Le Pen gana un tiempo precioso que le permitiría eludir una posible condena definitiva antes de las elecciones presidenciales.

La apuesta es arriesgada. Sobre el papel, su destino judicial podría decidirse ya a principios de 2027. De hecho, un alto cargo del Tribunal de Casación asegura a Mediapart que el máximo órgano judicial se ha puesto ya en marcha para poder pronunciarse antes de la primera vuelta de las elecciones, el 18 de abril. Para ello, habrá que dar prioridad absoluta al examen de los recursos que presentará RN ante la Sala de lo Penal, cuyos plazos habituales suelen oscilar entre uno y dos años.

Si su recurso es desestimado a tiempo, la candidata se vería entonces obligada a llevar una pulsera electrónica y tendría restringidos sus desplazamientos durante los últimos meses de su campaña. No será fácil para el juez de ejecución de penas designado arriesgarse a imponer tales obligaciones a la líder de un partido a las puertas del poder, pero la sentencia del Tribunal de Apelación obliga a cumplir la parte firme de la pena de prisión bajo vigilancia electrónica.

El miércoles, los dirigentes del partido de Le Pen multiplicaron las señales indicando que RN haría todo lo posible para impedir tal escenario y retrasar el plazo más allá de la segunda vuelta. Con un plan en mente: si Marine Le Pen se instala en el Elíseo, estará protegida por su inmunidad presidencial.

“Si se desestimara el recurso, la decisión del Tribunal de Apelación de París pasaría a ser ejecutiva y, por lo tanto, se ejecutaría. Pero durante el mandato presidencial, quedará en cierto modo suspendida por la inmunidad presidencial y solo podrá ejecutarse una vez finalizado dicho mandato”, explicó el 8 de julio, en el plató de TF1, Marie-Suzanne Le Quéau, fiscal general adjunta del Tribunal de Apelación de París.

Las filas lepenistas quieren, por tanto, ganar tiempo. “En cuanto Marine Le Pen pueda presentarse, ya no habrá urgencia para que se pronuncie el Tribunal de Casación. Se entra en un procedimiento normal de casación”, opinó el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de RN, Louis Aliot, en BFMTV-RMC. “El caso que se plantea hoy no entra dentro de los procedimientos acelerados”, coincidió el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, en France Inter.

“Tiene un pie en el acelerador para las presidenciales, quiere llegar lo antes posible, y otro en el freno en lo judicial”, dijo a modo de ilustración Ludovic Friat en BFMTV-RMC. “Es probable que sus abogados presenten múltiples solicitudes en el marco de este recurso de casación.”

Para ralentizar el proceso, la candidata de RN podría, entre otras cosas, presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que tendría como efecto retrasar el examen de los recursos.

“No estoy jugando una contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, dijo Marine Le Pen el miércoles por la mañana en La Flèche (Sarthe), durante un acto destinado a demostrar la unidad del “binomio” que forma con su posible primer ministro, Jordan Bardella.

La líder ultra está hoy dispuesta a enzarzarse en un pulso con la justicia, aun a riesgo de ejercer presión sobre las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, afirmó el martes por la noche en TF1.

Para el mundo RN, “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como afirmó el diputado Jean-Philippe Tanguy en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

La que fuera número uno del partido, que en el pasado había hecho de su supuesta probidad un argumento de campaña, no considera en absoluto que una condena en apelación por malversación de fondos públicos la inhabilite para 2027. Enfrentando a los magistrados con el pueblo en una retórica trumpista, llega incluso a considerar que “los franceses” serían los únicos “jueces” si esta resolución judicial fuera confirmada como definitiva por el Tribunal de Casación antes de las presidenciales. Todo ello mientras se esfuerza por evitar la etiqueta de “candidata presidencial con antecedentes penales”.

Si Marine Le Pen quiere ganar tiempo, puede presentar en primer lugar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que retrasaría el examen de los recursos de casación. Si el Tribunal de Casación la considera admisible, la QPC se remite al Consejo Constitucional para su examen, lo que lleva varios meses. Los abogados de RN también pueden tomarse su tiempo para presentar sus escritos ante el Tribunal de Casación una vez interpuestos los recursos de casación. En ambos casos, se trata de una forma hábil de posponer una resolución judicial definitiva hasta después de las elecciones presidenciales y de eludir una posible condena penal.

Con o sin QPC, una vez que se le haya sometido el fondo del asunto, la Sala Penal del Tribunal de Casación puede dictar varios tipos de resoluciones. Si los recursos son admisibles, puede examinarlos y, a continuación, desestimarlos sin más. En tal caso, la resolución del Tribunal de Apelación se aplicaría de inmediato, lo que supondría que Marine Le Pen, definitivamente condenada, tendría que llevar una pulsera electrónica durante un período de varios meses a un año. Podría impugnar la ejecución de su pena, pero con posibilidades inciertas de éxito.

En caso contrario, aún quedan varias posibilidades. En caso de casación total con devolución, el expediente de los asistentes parlamentarios europeos de RN sería juzgado de nuevo por otro tribunal de apelación (o por el tribunal de apelación de París con una composición diferente), y todos los acusados gozarían de la presunción de inocencia (contrariamente a lo que se haya podido decir aquí o allá, no se volvería a la sentencia de primera instancia).

En su defecto, la Sala de lo Penal podría dictar una casación parcial, con o sin remisión a otro tribunal de apelación. En teoría, podría, por ejemplo, anular únicamente una disposición relativa a las penas impuestas si considera que carece de fundamento jurídico.

Dado que el Tribunal de Apelación de París se ha esmerado en redactar meticulosamente su sentencia, el escenario de una casación total o parcial no es el más probable. De hecho, el Tribunal de Casación solo juzga el derecho.

Traducción de Miguel López

La tarea del fiscal en un proceso no siempre es acusar. Su trabajo esencial consiste, según el estatuto que regula su funcionamiento, en "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos". También "velar por la independencia de los tribunales". Esta es la función que está ejerciendo José Manuel San Baldomero, el fiscal del caso Begoña Gómez. Sus dos últimos recursos –contra el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno y la retirada de su pasaporte por supuesto riesgo de fuga–, desde la imparcialidad que se supone a la institución que representa, se han convertido en las enmiendas más importante a los excesos y excentricidades del juez Juan Carlos Peinado y su estrambótico proceso contra la pareja de Pedro Sánchez. El escrito contra las medidas cautelares adoptadas contra Gómez recoge una más: la comparación que hace Peinado de este caso con el de una banda de narcos.

Lo que las acusaciones populares de Vox y los también ultraconservadores, ultrarreligiosos y conspiranóicos Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España, así como el pseudosindicato ultra Manos Limpias reclamaban era lo que finalmente se adoptó, la retirada del pasaporte de Begoña Gómez (también de su asistente Cristina Álvarez), y la comparecencia en el juzgado de ambas dos veces al mes. La razón principal que dio Peinado para acordarlo fue que los policías que garantizan la seguridad de Gómez y su esposo Pedro Sánchez o sus superiores, podrían auxiliarla a huir, lo que para el fiscal San Baldomero, "extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones tanto a nivel de mandos como a nivel de funcionario de base". Para el representante del Ministerio Público no es fácil "imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor".

Pero para justificar ese imposible riesgo de fuga en una persona que vive rodeada de agentes tanto en su residencia, como en sus desplazamientos, Peinado recurrió, además, a una sola resolución de la sección 16 de la Audiencia de Madrid de 2024 que no tiene nada que ver con el caso de la esposa de Sánchez. Se trataba de una banda de narcos que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Colombia, en el que el peligro de que los investigados pudieran escaparse era mucho más elevado, y quien había mandado a prisión incondicional a sus miembros era el propio Peinado. "Se ha podido conocer la existencia de una organización dedicada al tráfico e importación de cocaína hasta España en grandes cantidades, figurando como mercancía transportada bajo la membresía de café tostado", decía la resolución de la Audiencia. A diferencia del caso de Begoña Gómez, en el de los narcos era el fiscal quien reclamaba su encarcelamiento. En el de la esposa de Sánchez nadie ha reclamado una medida similar.

Por eso, el fiscal considera que "citar una sola resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avala una medida cautelar de prisión provisional en un delito contra la salud pública es no decir nada". "No se indican las circunstancias personales concretas de los afectados que le guiarían a efectuar ese paralelismo", prosigue. "La comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y de tráfico de grandes cantidades a que se refiere esa resolución no es sino el exponente del escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión", añade.

Otro de los excesos que ve el fiscal en el auto que impide a Gómez salir de España, es el hecho de que Peinado sostenga que, en caso de que esta y su asistente fueran juzgadas y condenadas, esas condenas no podrían ser suspendidas al ser en todo caso superiores a dos años de prisión. El recurso del Ministerio Público reprocha al instructor su desconocimiento del Código Penal, que permite suspender el ingreso en prisión cuando cada una de las penas que se imponen no superen los dos años y todas en su conjunto no lleguen a los cinco. "Es otro ejemplo del rigor extremo con el que se contempla la situación de las investigadas, ahora acusadas, al punto de obviar instituciones penales más beneficiosas", sostiene San Baldomero, que, en sus últimos escritos ha demostrado haberse convertido en un auténtico experto en la mentalidad del instructor.

El recurso también acusa al instructor de actuar a toda velocidad "sin la prudencia más elemental aconsejada". Y pone algunos ejemplos de cómo ha llegado a su valoración "acelerada" de los delitos que imputa a Gómez y su asesora: "Sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial". El escrito enumera las circunstancias que los jueces suelen valorar a la hora de imponer estas cautelas y que el polémico juez ni siquiera ha estudiado. Como la ausencia de antecedentes, el arraigo, la actividad laboral en España, los vínculos familiares y personales y la ausencia de nexos mínimos con terceros países que presupongan facilitada para desplazarse a ellos e instalarse o la posesión de bienes, dinero o activos en el extranjero.

"Desde un punto de vista positivo, las investigadas [Gómez y su asesora] tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas (...); ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", recuerda San Baldomero. "Desde un punto de vista negativo, carecen de nexos con el extranjero; desconocemos a dónde se supone que huirán porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga", prosigue el recurso, que recuerda: "No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado, que descartaron las sospechas infundadas". La instrucción de Peinado, pese a sus esfuerzos, no ha logrado acreditar que Gómez se hubiera llevado un solo euro que no le correspondiera.

La gravedad de los excesos de Peinado también se deduce de la acusación que le lanza el juez de difundir bulos o insistir en su propagación. "Resulta llamativa la expresión de 'la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático", sostiene el recurso que añade: "Desconnocemos a qué puede referirse con esa expresión (...) salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza".

Las comparecencias cada 15 días en el juzgado, según la Fiscalía, carecen de sentido, salvo que lo que pretenda el juez con ellas sea "una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública", algo de todo punto ilegal. "Resulta llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo: imputación de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetición de las mismas", dice San Baldomero, que pone un ejemplo reciente. Peinado obligó a Gómez a acudir a su juzgado bajo amenaza de ser detenida para asistir a la vista en que las acusaciones pidieron las medidas cautelares contra ella. Pero el instructor no las decidió acto seguido, sino seis días más tarde. Cuando por fin decidió, la obligó a un nuevo paseíllo para comunicarle su acuerdo.

José María de Pablo, el abogado que defiende a Cristina Álvarez, resumió la absoluta incongruencia del instructor en su perfil de X el pasado 20 de junio: "Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares". Su post en la red social ha sido leído por 82.000 personas y 450 lo han retuiteado. Ahora todas las miradas están puestas en la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que empezará a estudiar las impugnaciones presentadas a partir del próximo lunes.

Un juez de Madrid ha abierto sumario para juzgar, en su caso, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González como presunto autor de un delito de agresión sexual por el que fue denunciado por una inspectora de este Cuerpo.

Así lo acuerda el juez de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, David Maman, en un auto -fechado el 11 de junio y conocido este jueves- en el que da traslado a la Fiscalía y a las demás partes para que en el plazo de cinco días soliciten aquellas diligencias adicionales que estimen oportuno practicar.

El magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la querella presentada por la inspectora de Policía por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual.

Ahora el juez comunica la incoación del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, competente para celebrar el juicio, si así se determinase finalmente.

El instructor ha adoptado esta decisión tras la práctica de diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular ejercida por la inspectora de Policía, según ha informado esta parte.

Las mismas consistieron en la incorporación de una prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la inspectora así como de audios para tratar de demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado y reforzar la verosimilitud de la denunciante.

El letrado ha anunciado que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación "para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima".

Por su parte la defensa del exDAO ha solicitado, en un escrito presentado dentro del plazo dado por el magistrado al incoar procedimiento de sumario, que se concluya el mismo sin procesamiento, al no desprenderse de la investigación "la existencia de indicios racionales de criminalidad que permitan sostener mínimamente la imputación dirigida frente a don José Ángel González".

Incide en que no se precisan diligencias complementarias para llegar a esta conclusión, en un escrito -al que ha tenido acceso EFE- en el que primero expone el "daño irreparable" causado al investigado tras una querella "sin fundamento jurídico ni base probatoria que sustenten los hechos relatados".

La defensa, ejercida por el despacho Fúster-Fabra, concluye que la prueba principal contra el exDAO, que es una grabación de la presunta agresión sexual del 23 de abril de 2025, no corrobora el delito, sino al contrario, y que el testimonio de la denunciante no es constante, ni verosímil, e incurre en contradicciones, de modo que no reúne los requisitos exigidos "para entender que la sola declaración de la presunta víctima basta por sí sola".

"La principal prueba objetiva aportada por la querellante no refuerza su versión, sino que la rechaza de plano", añade la defensa, que incide en que la conversación grabada durante la presunta agresión sexual lo que se aprecia son celos y "un interés de carácter profesional" de la denunciante hacia el entonces DAO.

Y descartan que otras pruebas aportadas, como otras conversaciones e informes médicos, apuntalen el presunto delito.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno en la conducta de los acusados y porque no han obtenido "ningún tipo de retribución o beneficio adicional".

En el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal recuerda que la esposa del presidente del Gobierno estuvo vinculada a la Universidad Complutense a través de una cátedra de la que fue codirectora y "por la que percibió 0 euros".

También señala que ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado.

"Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", subraya el fiscal.

También destaca que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas.

Así, la Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que solicita la libre absolución de los acusados.

Y propone interrogar a una treintena de testigos entre los que hay empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense. 

La Fiscalía de Madrid ha recurrido también la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez.

En el escrito, la Fiscalía subraya que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional", son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España.

El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España".

"Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", añade.

A la Fiscalía le resulta "llamativa" la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer", salvo —apunta— que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, "dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios".

Critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que "carece de sentido" porque no existe riesgo de fuga, y ve "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga.

Cree que este argumento carece de justificación y base racional y "extiende una sombra de sospecha infundada" sobre esas instituciones. "No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor", por otro lado, planteada sin mayor justificación.

Los jueces han decidido retirar el pasaporte a Begoña Gómez. La resolución habla de un posible "riesgo de fuga". Una expresión solemne, casi cinematográfica. Uno imagina aeropuertos, identidades falsas, maletas con doble fondo y vuelos nocturnos hacia algún país sin tratado de extradición. ¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez bajando del Falcon de regreso España sin Begoña Gómez? y respondiendo como Caín cuando Dios le preguntó por el paradero de su hermano Abel, contestara "¿soy yo acaso su guardián?" Pero quizá hemos entendido mal el auto y prejuzgado a los jueces.

Porque la palabra "fuga" tiene en español una extraordinaria riqueza de significados. La publicidad nos recuerda cada día que millones de personas sufren “pequeñas fugas” de orina al reír, al toser o al hacer ejercicio. Para todo hay solución, dicen los anuncios. Salvo, al parecer, cuando interviene la justicia.

Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido.

Durante meses, Begoña Gómez ha sido objeto de una colección de bulos tan grotescos que harían sonrojar a un guionista de comedia. Uno de los más persistentes sostenía que la esposa del presidente del Gobierno era en realidad un transexual llamado Begoño con persistentes problemas de próstata, posiblemente una hipertrofia benigna que requirió, aseguraban, algunos días de baja laboral. El tal Begoño recibió subvenciones cuyas cantidades eran ocultadas por el Gobierno para montar una red de prostíbulos encubiertos como alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías o saunas. Además de los ingresos que recibiría como narcotraficante en el norte de Marruecos. Delirios, por supuesto, pero difundidos con entusiasmo por quienes convierten la mentira en una forma de militancia.

Incluso los tribunales han terminado pronunciándose sobre uno de esos disparates al considerar que llamarla "Begoño" no constituye delito. Curiosa época la nuestra, en la que la justicia acaba dedicando tiempo a determinar los límites penales de un chiste de patio de colegio.

De modo que quizá el famoso "riesgo de fuga" no era el que imaginábamos. Tal vez los jueces estaban preocupados por otro tipo de fugas. Las de los anuncios de televisión. Las que se solucionan con un “Tena Lady Ultra” y no con la retirada de un pasaporte.

Quién sabe. A lo mejor todo este procedimiento podría haberse resuelto con un buen bragapañal.

Resulta difícil no percibir en determinadas decisiones una voluntad de escenificación. No basta con investigar; parece necesario exhibir. No basta con instruir; hay que representar. Los jueces saben —porque algunos incluso han aprobado las oposiciones— que cuando la persona investigada es la esposa del presidente del Gobierno, cada medida cautelar adquiere inevitablemente una dimensión simbólica que trasciende lo estrictamente jurídico.

No afirmo que exista una voluntad deliberada de humillarla —Dios me libre—. Digo que, vista desde fuera, la escena produce exactamente ese efecto. Y en política, como en justicia, los efectos también importan.

A la pobre Begoña —o Begoño, puesto que ya sabemos que esa licencia cuenta con respaldo judicial— solo le faltaría completar el repertorio de las viejas ceremonias de escarnio público: raparla al cero, obligarla a beber aceite de ricino y pasearla por las calles con un cartel infamante colgado del cuello.

La imagen pertenece a otros tiempos, sí. A una España que creíamos archivada junto con sus fotografías en blanco y negro. Pero hay decisiones que despiertan ecos incómodos, porque parecen inspiradas por la misma intención: la de convertir la investigación de la mujer del presidente en espectáculo antes que en ciudadana con derechos.

Tal vez los jueces tengan excelentes razones jurídicas para retirar un pasaporte. Tal vez. Lo que cuesta entender es por qué, tratándose de una persona que ha comparecido siempre ante los tribunales y cuya notoriedad hace prácticamente imposible cualquier desaparición, la medida termina pareciendo menos una cautela procesal que una escena cuidadosamente iluminada.

Y mientras discutimos sobre el riesgo de fuga, las que de verdad se están fugando son: la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la prudencia institucional. Esas hace tiempo que abandonaron discretamente el escenario.

Qué desconfiados hemos sido algunos. Pensábamos que los jueces hablaban de evasiones internacionales cuando, quizá, solo estaban preocupados por las otras “pequeñas fugas” de las que nos advertía la inmortal Concha Velasco.

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

El grado de profundidad en la investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provoca la primera gran ruptura entre el Ministerio Público y el instructor del caso, dos figuras que hasta ahora habían ido de la mano. El rechazo del titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, a autorizar que se recabe información tributaria en la investigación contra el empresario Alberto González Amador ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid. Será la Sección Tercera de este órgano, por tanto, la que determine hasta dónde llegar en las pesquisas. Una sala que, hasta ahora, ha avalado mayoritariamente las decisiones adoptadas por quien ha llevado la batuta de las pesquisas.

En el marco de la pieza en la que se investiga si la compra de una sociedad por el empresario esconde el pago de una comisión a un directivo de Quirón, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó el pasado mes de diciembre a Viejo –que asumió el caso tras la jubilación de la magistrada María Inmaculada Iglesias– acceso a determinada información sobre movimientos bancarios de los principales investigados, así como otra de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tres ámbitos de actuación, culminaban los investigadores, "determinantes para el esclarecimiento de los hechos". El instructor tardó seis meses en pronunciarse sobre la petición. Y cuando lo hizo, solo aceptó que se indagara a nivel financiero.

La UCO envió entonces un nuevo oficio al magistrado reiterando la necesidad de acceder a la información tributaria, ya que no contar con esos datos dificultaría la investigación. "Para llevar a cabo un análisis de la operativa económica, se considera indispensable contar con ambas vertientes de una misma información: bancaria y tributaria. Esto debido a que se trata de informaciones complementarias, cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos", argumentaban los investigadores.

El magistrado, pese a ello, no rectificó. "No cabe descartar que del análisis de la información requerida a las entidades bancarias pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a las fines indagatorios de este proceso", respondió a finales de junio en un nuevo auto. Una resolución que ahora ha recurrido en apelación el fiscal Anticorrupción Diego Lucas. En su escrito, recuerda que el instructor ya ha autorizado "la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica" –el examen de los movimientos bancarios–, por lo que no entiende los motivos que le llevan a rechazar las peticiones a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, que son "mucho menos invasivas". Y adopta como suyas las alegaciones de los investigadores.

El representante del Ministerio Público, además, señala que retrasar a un "momento posterior" ese requerimiento de información "genera un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento". Unas pesquisas que, de hecho, avanzan a paso lento desde la jubilación de la anterior instructora. "La presente instrucción se encuentra prácticamente paralizada desde hace ya un año", denunciaba este lunes la acusación de PSOE y Más Madrid en su escrito de adhesión al recurso de Anticorrupción. Una petición a la que también se suma la defensa de González Amador, que ha pedido al juez que dé acceso a toda la información solicitada para "poner fin" cuanto antes a la causa.

Es el primer gran choque entre fiscal e instructor, dos figuras que hasta ahora habían ido de la mano. Si se activó a la Guardia Civil en la causa fue porque la anterior magistrada aceptó la petición que le hizo el Ministerio Público tras la declaración como investigados de la pareja de Ayuso y de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del directivo de Quirón a quien González Amador compró una sociedad llamada Círculo Belleza sin aparente valor por medio millón de euros. Un fiscal que también ha bendecido, con su rechazo a los distintos recursos interpuestos por los investigados, la mayor parte de las resoluciones judiciales dictadas en este procedimiento. Incluyendo aquella que supuso la apertura de esta pieza, una carpeta por corrupción en los negocios y administración desleal separada de la del fraude fiscal del empresario.

Tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, la pelota se sitúa ahora sobre el tejado de la Audiencia Provincial de Madrid, que será la que tendrá la última palabra sobre el alcance de las diligencias a adoptar. Y, en concreto, sobre su Sección Tercera, de la que forman parte cinco magistrados: Eduardo Bermúdez Ochoa –presidente–, Juan José Escalonilla, Eduardo González del Campillo, Agustín Morales Pérez-Roldán y Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo. De todos ellos, el más mediático es el segundo, cuyo nombre estuvo durante años en todos los periódicos por su papel como juez instructor del llamado caso Neurona, aquella macrocausa que algunos medios vendieron como la Gürtel de Podemos y que terminó en nada.

La Sección Tercera, por el momento, ha avalado en buena medida las decisiones judiciales adoptadas en el marco del procedimiento contra González Amador. En septiembre de 2024, por ejemplo, dio el visto bueno a que se admitiese la personación tanto del PSOE como de Más Madrid como acusación popular, aunque excluyendo de dicha legitimación el delito contra la Hacienda Pública. "El potencial aprovechamiento abusivo a que se refiere el recurso como eventualmente dirigido a obtener datos de carácter personal con objeto de su ulterior difusión con finalidad claramente política, de un lado es una consideración meramente hipotética que como tal no puede fundar una exclusión de la acción popular", resaltaron los magistrados.

La misma sección ratificó el pasado mes de noviembre el auto de procesamiento que la anterior instructora dictó contra González Amador en la pieza del fraude fiscal. Y avaló en su día que se abriese una pieza separada para investigar si la adquisición de Círculo Belleza escondía, realmente, el pago de una comisión al directivo de Quirón Prevención Fernando Camino, ya sea por la operación de compraventa de mascarillas que hizo ganar 1,97 millones de euros a la pareja de Ayuso o por el incremento de la facturación que González Amador a la filial del gigante sanitario. "Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", apuntaron.

En materia de seguridad vial, existe un fenómeno muy conocido: el efecto túnel. Se refiere a un estrechamiento del campo de percepción en situaciones de estrés, lo que conlleva el riesgo de volverse ciego ante el peligro, que ya no lo ves. Y, pum, el accidente.

El efecto túnel ha golpeado de lleno en las últimas horas a gran parte del mundo político y mediático, que en ocasiones parecían alimentarse mutuamente en una discusión digna de Catherine y Liliane (populares sketchs de humor satírico de dos secretarias que comentan la actualidad, ndt) en torno al caso de los puestos de trabajo ficticios de la Agrupación Nacional (RN). En un primer momento se centraron en la inelegibilidad de Marine Le Pen —había sido condenada a cinco años en primera instancia, lo que la inhabilitaba para presentarse a las elecciones de 2027— y, posteriormente, en el uso de la pulsera electrónica a la que finalmente ha sido condenada.

Ahora ya lo sabemos: a diferencia de la primera sentencia dictada en marzo de 2025, la líder de la extrema derecha se libra esta vez de una pena de inelegibilidad que le habría impedido presentarse a las próximas presidenciales, pero el tribunal confirma al mismo tiempo una pena de prisión que deberá cumplir en su domicilio y con vigilancia electrónica. Y, de repente, se arma el revuelo: la única pregunta que se ha planteado durante todo el día del juicio ha sido si podría hacer campaña con una pulsera. ¿Sí? ¿No?

Lo esencial ha quedado relegado a un segundo plano. Por segunda vez en un año, Marine Le Pen ha sido declarada culpable de haber supervisado un sistema de malversación de fondos públicos, que consistió en desviar 2,8 millones de euros de las arcas del Parlamento Europeo para financiar puestos de trabajo ficticios de asistentes parlamentarios.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, resumió someramente la situación en una pregunta que en realidad no lo era: “¿Se puede ser candidato a las presidenciales con una condena en firme por malversación de fondos públicos?”

No todos compartían la misma opinión, a juzgar, por ejemplo, por la declaración en X del exdiputado de RN y mediático abogado Gilbert Collard: “¡Marine Le Pen puede presentarse como candidata! ¡La pulsera electrónica no se lo debe impedir, todo lo contrario!”

Hubo que esperar a la intervención de la propia interesada en el telediario de las 20:00 horas de TF1 para conocer su decisión. Al anunciar que presentaría un recurso ante el Tribunal de Casación —lo que suspende la ejecución de su pena—, Marine Le Pen declaró que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales, a pesar de su condena en primera instancia y en apelación. Y a pesar de que el calendario judicial corre el riesgo de impactar violentamente en la campaña electoral.

Así que ahí estamos. El debate público parece tan degradado que no queda claro, en una parte del espacio mediático y político francés, pero también en el seno de RN, que el doble reconocimiento de culpabilidad de una responsable política de primer orden en un escándalo tan grave no sea, en sí mismo, sinónimo de inhabilitación para las elecciones más importantes.

De hecho, muchos comentaristas han preferido ver más bien una muestra de habilidad en la decisión del Tribunal de Apelación de París que, para no ser tachado de “República de los jueces”, ha devuelto la patata caliente al campo RN.

Pero hay otra forma de abordar la situación. ¿No sería eso ya una forma de renuncia de la justicia si llegara a delegar las consecuencias de lo que constata en el delincuente a quien condena? La cuestión se plantea aún con mayor razón cuando el Tribunal de Apelación ha explicado, en un comunicado enviado a la prensa, que la pena de inelegibilidad impuesta a Marine Le Pen se ha reducido drásticamente, en comparación con la sentencia de primera instancia, por respeto a “la libertad de candidaturas, pero también a la libertad de elección del votante”. En su sentencia de 341 páginas, el tribunal justifica la medida invocando la “condición esencial para una expresión verdaderamente democrática del sufragio universal”.

Cabe preguntarse entonces para qué sirve una pena de inelegibilidad, cuya función misma es obstaculizar la libertad de presentarse a unas elecciones, a fortiori al término de un caso que el propio tribunal de apelación ha considerado de “especial gravedad”.

Y es que la inelegibilidad no es un capricho de los magistrados, sino fruto de la voluntad de quienes elaboraron la ley (spoiler: los políticos) para poder neutralizar a quienes han utilizado su mandato para cometer delitos cuya víctima es toda la sociedad.

Eso es precisamente lo que el tribunal de primera instancia había estimado en su sentencia: “La propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida sobre una hipotética sanción en las urnas equivale a reivindicar un privilegio o una inmunidad que se derivaría de la condición de elegido o candidato, violando el principio de igualdad ante la ley.”

Pues el tribunal de apelación ha decidido lo contrario. Esto es válido para Marine Le Pen, que acapara toda la atención, pero también para su expareja, Louis Aliot, actual alcalde de Perpiñán, también declarado culpable, pero que podrá continuar con su vida como político como si nada hubiera pasado, ya que se le ha impuesto una pena de inelegibilidad condicional.

¿Qué tipo de delincuencia, aparte de la de los “cuellos blancos”, se beneficia de hecho de tal privilegio? Todos los días, en todos los tribunales de Francia, a las personas que se han aprovechado de su profesión para cometer delitos se les impide ejercerla, y eso no escandaliza a nadie.

Por el contrario, un político procesado tiene fácil acceso a los platós de televisión y radio para intentar hacer creer que los magistrados que juzgan a los políticos son jueces políticos. Y si estos jueces tienen el descaro de dictar penas de inelegibilidad, es una prueba fehaciente de que actúan en contra de la soberanía popular.

Es absurdo: juzgan a personas que podrían haber cometido un delito y utilizan los instrumentos que la ley (que ellos no votan) les ofrece para reprimir las infracciones constatadas. Pero resulta que en los casos de atentados contra la probidad cometidos en el ámbito político, no es raro que los sospechosos sean… políticos. ¡Vaya sorpresa!

A nadie se le ocurriría preguntarse si un juez que condena a un carnicero acusado de estafa es vegano. Entonces, ¿por qué se razona de forma tan estúpida cuando se trata de delitos de cuello blanco? Quizá porque, en estos casos, no se tienen en cuenta los hechos, sino cómo viven la sanción los encausados. La pasión sustituye a la razón.

Hoy en día resulta difícil no preguntarse si la aparente clemencia de la sentencia de apelación en el caso RN —y los motivos para no impedir que Marine Le Pen se presente como candidata— no es, al menos en parte, el resultado de la inmensa presión que se ejerció sobre los jueces tras la furia política y mediática que siguió a la sentencia de primera instancia.

Conviene recordar la increíble violencia contra los jueces que se desató en 2025, un año marcado también por la condena a Nicolas Sarkozy en el caso libio, lo que suscitó manifestaciones de preocupación por parte de los dos máximos magistrados del país.

Y hay que leer lo que se ha podido escribir aquí y allá estos últimos días a la espera de la sentencia sobre Le Pen. Le Journal du dimanche, propiedad del grupo Bolloré, por ejemplo, ha hablado de la “trampa judicial” tendida a RN, sin prestar mucha atención a los hechos juzgados.

Pero sin duda quien se llevó la palma fue el director del semanario Marianne, Frédéric Taddeï, que comenzó expresando su preocupación por el “poder que se ha conferido a esos jueces”. Antes de expresar su nostalgia por la época del general de Gaulle, cuando “esas famosas violaciones de la probidad se consideraban peccata minuta, aunque solo fuera porque nuestros políticos recurrían a ellas a menudo; pero luego se les ha rebautizado con nombres terribles: corrupción, tráfico de influencias, favoritismo, concusión, conflicto de intereses, asociación ilícita, estafa, malversación de fondos públicos…”.

Nada más lejos de la realidad. La corrupción ya figuraba en el Código Penal de 1810, al igual que la obtención ilícita de beneficios (bajo el nombre de “delito de injerencia”), la asociación ilícita, la estafa o la malversación de fondos públicos, esta última inspirada directamente en el derecho romano. En cuanto al tráfico de influencias, se creó en 1889 para colmar un vacío legal tras la dimisión del presidente Jules Grévy, arrastrado por un caso de tráfico de condecoraciones dos años antes. En la lista de Frédéric Taddeï, solo el favoritismo data de los años noventa.

¿Son peccata minuta las violaciones de la probidad? Leamos más bien al filósofo británico Thomas Paine, que logró la hazaña de ser a la vez una figura de la Revolución Americana de 1776 y diputado de la Convención Nacional en Francia, entre 1792 y 1795: “Es fácil ver que, allá donde faltan las virtudes republicanas, comienza la esclavitud”. Lo escribió en una obra titulada Common Sense (El sentido común). Justo lo que le falta al debate público francés sobre los “escándalos”.

Traducción de Miguel López

La Audiencia Nacional rechaza que la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace se siga investigando como delitos de ciberterrorismo o contra las altas instituciones del Estado. En un auto fechado el pasado 17 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del tribunal ha concluido que los hechos bajo la lupa podrían encajar, como mucho, en una revelación de secretos "en su modalidad agravada". Por eso, da orden de remitir las actuaciones al órgano competente, esto es, los juzgados y tribunales de Gran Canaria, donde residen los dos jóvenes que se encuentran investigados en esta causa.

Hace justo un año, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro varón, un par de semanas después en la isla canaria.

Con las primeras diligencias de investigación realizadas, la Fiscalía pidió que el caso se enviara a un juzgado ordinario al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo, cuya investigación corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº1, Francisco de Jorge, lo rechazó. En su auto, el magistrado instructor resaltaba la "afectación directa" de la filtración "a altas instituciones del Estado y sus personalidades". Y calificaba como "ilustrativa" la "declaración" de uno de los investigados, que actuaba con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recogía la resolución, que sostenía que la "calificación de terrorismo" derivaba del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" para "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación".

La fiscal encargada del caso, Ángel Gómez, interpuso recurso de apelación, al que se adhirieron las defensas. Y la Sala de lo Penal acaba de darles la razón. "De estas investigaciones no existen datos de carácter objetivo que permita afirmar que nos encontramos ante la posible comisión de un delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades, amenazas, coacciones, o cometido a través de medios informáticos", resaltan los magistrados. En este sentido, defienden que el hecho de que "se exprese claramente" una "animadversión hacia una determinada clase política" o se esté "en contra" de una "serie de políticos" por la corrupción y se divulguen por ello "datos de carácter personal" no implica "de manera automática" que la "intención" de los filtradores sea "desestabilizar el sistema político o las instituciones del Estado".

La Sala de lo Penal, del mismo modo, rechaza que los hechos puedan tener encaje en los delitos contra la Constitución y, en concreto, contra las altas instituciones del Estado porque "no constan ataques informáticos a las mismas". Como mucho, los magistrados consideran que podría haberse cometido una revelación de secretos "en su modalidad agravada", que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión –tres en caso de que no se haya tomado parte en el descubrimiento pero sí en la difusión de los datos–. Al no ser este delito de competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal ordena enviar las actuaciones a un juzgado ordinario de Gran Canaria para que continúen allí las pesquisas.

No es la primera vez que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordena sacar de la Audiencia Nacional una filtración de datos de políticos. Ya lo hizo el pasado mes de febrero, cuando revocó la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº3, que dirige la magistrada María Tardón, de asumir las pesquisas por dos publicaciones sensibles en un foro en las que se recogían desde documentos de identidad hasta correos electrónicos, números de teléfono, direcciones o cuentas bancarias. En aquella resolución, de la que informó este diario y que ahora recuperan los magistrados en el caso Akkaspace, se negaba que los hechos encajasen en delitos de terrorismo o contra las instituciones del Estado.

Lázaro Chico, abogado del despacho Anverso que ha llevado la defensa de uno de los jóvenes canarios imputados, celebra la decisión de la Audiencia Nacional. "No había ni terrorismo ni nada", apunta el letrado, que explica que lo único que hicieron los investigados fue acceder en la Deep Web –esa parte de Internet a la que no puede llegarse a través de los motores de búsqueda tradicionales– a un paquete de datos personales que luego recopilaron en una "lista" e intentaron vender por la red. "Como mucho, estaríamos ante un delito de revelación de secretos", desliza el letrado al otro lado del teléfono. Un delito cuyas penas nada tienen que ver con las que llevan aparejados aquellos tipos que, hasta ahora, se estaban investigando en la Audiencia Nacional.

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) vuelve a amenazar con convertirse en un campo de batalla institucional. Tras las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular mantiene sus reticencias a pactar el relevo de los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado, reproduciendo una estrategia que ya aplicó durante años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes de Génova citadas por El Confidencial, “no se dan las condiciones” para renovar el órgano de garantías. Preguntados por infoLibre, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo evitan responder.

El Constitucional tiene 12 magistrados y se renueva por tercios. Cuatro los elige el Congreso, otros cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el CGPJ.  El mandato del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ya ha cumplido nueve años, venció el pasado 10 de marzo, al igual que los de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos en 2017. El Senado debería renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó dicha posición por motivos de salud dos años antes.

Sin que la Cámara Alta tramite y vote esos cuatro nombres, no hay renovación posible de ese bloque del Constitucional. Pero los candidatos no salen directamente de los grupos parlamentarios, sino que deben ser propuestos primero por los parlamentos autonómicos. Después, la Cámara Alta examina esas candidaturas y los grupos negocian los cuatro nombres finales, que necesitan una mayoría de tres quintos. El presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha amparado hasta ahora en los procesos electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León y Andalucía para no poner en marcha esta renovación.

Sin embargo, los conservadores nunca han escondido sus críticas hacia un Tribunal Constitucional que, aseguran, está alineado con el Gobierno y cuyas resoluciones reflejan una mayoría ideológica progresista, lamentan. La consecuencia práctica de retrasar la renovación es tratar de influir en la futura composición del órgano tras las próximas generales, a la espera de una mayoría más beneficiosa para los conservadores. Una estrategia similar a la que el PP aplicó durante muchos años con la renovación del CPGJ, que tardó cinco años en pactar.

Preguntada por esta cuestión en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, señaló el pasado martes que su formación no había “podido” iniciar los trámites para la renovación porque había “incertidumbre” por los procesos electorales y, por tanto, tocaba “esperar”. Pero Muñoz también dejó meridianamente claro que la actual mayoría del Constitucional no le gusta, pese a que el PP de Pablo Casado participó en su renovación en octubre de 2021 y eligió a magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

“Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto. Han existido tribunales constitucionales así, con magistrados del Supremo propuestos por fuerzas de izquierdas que no hicieron lo que la izquierda pensaba que iban a hacer… y la derecha. Eso es positivo. Aspiramos a tener un Tribunal Constitucional independiente y que se ocupe de lo importante”, zanjó Muñoz. 

Los precedentes no dejan a la mayoría conservadora en buen lugar. En 2022 el Constitucional, todavía con mayoría conservadora, aceptó un recurso del PP y paralizó por primera vez una iniciativa legislativa en curso, concretamente las enmiendas que reformaban la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para desbloquear la renovación del propio Tribunal. La decisión salió adelante por seis votos contra cinco. Dos magistrados directamente afectados por esa renovación, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, ambos conservadores, se negaron a apartarse. El tribunal rechazó las recusaciones y ambos participaron en la decisión, reforzando la mayoría conservadora que permitió suspender la reforma.

La situación, además, presenta una paradoja evidente. El PP ha denunciado reiteradamente que el Gobierno incumple su obligación constitucional de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, hasta el punto de haber llevado la cuestión ante el propio Constitucional. Pero ahora se enfrenta a un escenario en el que será precisamente el presidente del Senado quien deba cumplir con una obligación institucional ineludible: poner en marcha el procedimiento para la renovación de los magistrados cuya elección corresponde a la Cámara Alta. Desde su equipo deslizan a este periódico que esperará a septiembre, como mínimo.

¿Y cuál es la excusa? La justificación inicial de las elecciones autonómicas ya no sirve, porque esas elecciones ya se han celebrado y los nuevos parlamentos están constituidos. La última prórroga se ha renovado hasta septiembre y ahora el motivo es la festividad cántabra de la Virgen de la Bien Aparecida. Así lo decidió la Mesa del Parlamento de Cantabria –ya que el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración–, y se recoge esa decisión tanto en las actas del Parlamento cántabro como en las del Senado. Las quejas de la oposición cayeron en saco roto.

Políticamente, la razón que apuntan fuentes de distintos partidos es otra. La de que el PP no tiene ningún incentivo para acelerar una renovación que daría como resultado la continuidad de la mayoría progresista del TC, y sí lo tiene para esperar a un escenario parlamentario más favorable a sus intereses, especialmente si unas futuras elecciones generales le permitieran alcanzar, junto a Vox, los tres quintos del Senado necesarios para cambiar el equilibrio del Tribunal. Esa es la misma lógica que durante años aplicó al CGPJ.

El margen de maniobra existe, pero es limitado. Rollán está obligado a iniciar el procedimiento para que los parlamentos autonómicos remitan sus propuestas de candidatos. Una vez recibidas estas, comienza la negociación política, y es ahí donde el PP dispone de capacidad para alargar los tiempos. La práctica habitual ha sido un reparto de dos magistrados para cada bloque político, un equilibrio que ha permitido renovar el Tribunal sin alterar bruscamente las mayorías.

Sin embargo, el escenario podría complicarse si el PP intentara imponer un reparto de tres magistrados frente a uno para la izquierda. Incluso en esa hipótesis, el bloque progresista conservaría previsiblemente la mayoría del Constitucional, aunque mucho más ajustada, gracias al voto de calidad de la presidencia. Y si la elección del nuevo presidente tampoco lograra consenso, todo apunta a que asumiría provisionalmente el cargo el magistrado de mayor antigüedad, previsiblemente Inmaculada Montalbán o Ramón Sáez Valcárcel, ambos pertenecientes al sector progresista.

La hipótesis de que el PP plantee ese escenario explica en parte la falta de incentivos del PSOE para acelerar la negociación. A corto plazo, los socialistas mantienen una mayoría favorable dentro del Tribunal y saben que el paso del tiempo no les perjudica necesariamente. La incógnita reside en el medio plazo. Un cambio de mayorías parlamentarias podría alterar por completo el equilibrio institucional y modificar también el interés de cada partido por negociar.

El PP, que tiene la mayoría absoluta en esa Cámara, hace cuentas sobre cómo lograr los 11 senadores más que necesita para alcanzar los tres quintos y poder nombrar, por sí mismo o con los ultras, a cuatro magistrados conservadores. Si lo consigue, daría un vuelco a la mayoría progresista con la que cuenta el órgano desde 2023. Si tras unas futuras elecciones el PP y sus aliados no alcanzaran esos tres quintos, sería entonces el PSOE quien tendría incentivos para retrasar un acuerdo hasta forzar un reparto de dos magistrados para cada bloque, el reparto que ha imperado hasta la fecha.

El problema es que esta dinámica alimenta una creciente desconfianza ciudadana hacia la independencia judicial. La última encuesta de 40dB. refleja un deterioro significativo de la percepción pública: el 75,5% de los ciudadanos considera que los partidos políticos influyen en las decisiones de los jueces y únicamente un 32% cree que las resoluciones judiciales en asuntos políticos son imparciales. Ese dato ayuda a explicar por qué cada episodio de bloqueo institucional tiene un coste que va mucho más allá de la composición concreta del Tribunal Constitucional. La impresión que recibe una parte importante de la ciudadanía es que las instituciones dependen de cálculos partidistas más que del cumplimiento de las reglas.

Se organizaron en cuanto la lucha de las víctimas logró rasgar el manto de silencio y olvido impuesto durante la Transición. Y avisaron de que harían todo lo posible para mantener intacto el mayor símbolo –y homenaje– de aquella sangrienta dictadura que robó casi cuatro décadas de libertad a los españoles. Lo han intentado de todas las maneras, con todo tipo de artimañas. Pero la ofensiva ultra no ha conseguido dinamitar la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Aunque han provocado algunos retrasos, lo cierto es que las múltiples maniobras de este tipo de colectivos en los tribunales no han conseguido tumbar, al menos por el momento, ni las exhumaciones ni los trabajos en el complejo monumental. Y las presiones a la jerarquía eclesiástica para intentar que ponga pie en pared han caído en saco roto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzó esta semana la paralización cautelar de los trabajos previos a las obras de resignificación del complejo monumental, que contará con un centro de interpretación. "El mantenimiento de la medida podría generar perjuicios a los intereses generales", apuntan los magistrados, que recuerdan que la Ley de Memoria Democrática recoge "expresamente" entre sus "fines" este proceso de democratización del mausoleo. La suspensión fue acordada a mediados de junio a petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su auto, compraban por error el relato a los recurrentes y sostenían que "el elemento arquitectónico" sobre el que se realizaban los trabajos goza de la "máxima protección" al tratarse de Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero lo cierto es que el complejo no ostenta dicha distinción. Y así se lo ha hecho ver la Abogacía del Estado a los magistrados, que aún deben resolver sobre el fondo–si estos primeros trabajos, cuyas máquinas han sido vandalizadas, cuentan con las autorizaciones precisas–. Los movimientos de los ultras en busca de la máxima protección para el mausoleo han sido todo un fracaso. En 2022, el Gobierno rechazó declarar Bien de Interés Cultural el complejo monumental porque sus "aportaciones arquitectónicas" no tenían "suficiente relevancia". Tras esto, los colectivos antimemoria tocaron la puerta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. De nuevo, sin éxito. "La cuestión queda totalmente al margen de mis competencias", respondió la presidenta madrileña. Meses antes, su Administración había declarado "patrimonio inmaterial" la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Las entidades ultras –Fundación Nacional Francisco Franco, Abogados Cristianos, Asociación en Defensa del Valle de los Caídos o Asociación por la Recuperación y la Verdad Histórica– llevan años manteniendo el pulso en los tribunales. Primero, con la salida de los restos del dictador, primera piedra en el largo proceso de resignificación de un complejo monumental convertido en punto de peregrinación fascista. "No es un lugar de homenajes políticos, ni de exaltación de nada, sino un lugar de culto religioso y su traslado", llegaba a decir una de estas asociaciones en un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo, que pocos meses después daría el visto bueno definitivo a la exhumación de Francisco Franco.

Tras esa primera derrota, la ofensiva se dirigió contra aquellas familias que trataban de recuperar los restos de sus seres queridos de las criptas de Cuelgamuros. A finales de 2022, un particular, representado por un abogado vinculado a la Fundación Franco y a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, interpuso una demanda contra la nieta y sobrina nieta de Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, los dos primeros represaliados por el franquismo cuya búsqueda y recuperación fue ordenada judicialmente. Se negaba a que los "restos mortales de sus antecesores", que se encontraban también allí enterrados, fueran manipulados. Y por ello pedía la paralización de las exhumaciones. El caso, al final, fue archivado por el fallecimiento del demandante. Una muerte que el abogado tardó siete meses en comunicar al juzgado.

No es el único caso en el que se han denunciado malas artes por parte de colectivos ultras. En diciembre de 2023, otra mujer, nieta de una persona inhumada en Cuelgamuros y representada por Abogados Cristianos, logró con su recurso que la Audiencia Nacional paralizase de manera cautelarísima las labores de exhumación. Una medida que, sin embargo, se levantó en cuanto el Gobierno informó a los magistrados que el lugar en el que se encontraban los restos de la abuela de la demandante era distinto a aquel en el que se estaban realizando los trabajos y de que no había "previsión" de ninguna "operación forense" en esa zona. En el auto de archivo, la Audiencia Nacional resaltó que al esconder esa información la mujer actuó con mala fe.

Tampoco las llamadas de auxilio a la cúpula de la Iglesia han resultado del todo efectivas. La jerarquía eclesiástica no se opuso en su día a la exhumación de los restos del dictador de la Basílica de Cuelgamuros. Y no lo ha hecho ahora con la resignificación del complejo monumental. El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano para democratizar el mausoleo se sustanció durante una reunión que mantuvieron en Roma en febrero de 2025 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Y quedó sellado en un posterior encuentro con el cardenal José Cobo, quien trasladó por carta "el deseo de contribuir" en el proceso "con los valores del diálogo, el respeto, la cultura del encuentro, la convivencia y la paz".

Pese a su carácter descafeinado –no contempla ni la desacralización de la Basílica ni la expulsión de la comunidad benedictina, algo que defendió durante mucho tiempo el propio Gobierno–, lo cierto es que el acuerdo ha soliviantado a los sectores más ultras. Solo el hecho de la resignificación y del pacto no escrito para la salida de Santiago Cantera, el prior con pasado falangista que se opuso ferozmente a la exhumación de Franco, del complejo monumental es considerado una traición. Colectivos como Hazte Oír han organizado en los últimos meses concentraciones frente a la Conferencia Episcopal en las que se ha llegado a llamar "judas" y "profanadores" a los obispos. Protestas que también se trasladaron a las puertas de la Nunciatura Apostólica, embajada del Vaticano, durante la visita del papa León XIV a España.

En 2006, Cándido Conde Pumpido, por aquel entonces fiscal general del Estado, comentó que el “vuelo de las togas de los fiscales no eludiría el contacto con el polvo del camino”, e indicaba que la ley debía aplicarse de forma directa y cercana a la realidad de la calle. Hoy se ha cambiado el orden del encuentro y no hace falta que se acerquen al polvo del camino, porque la sociedad es una polvareda levantada por la polarización que lo impregna todo, y eso influye en la forma de aplicar la ley. Ya lo hemos explicado en el anterior artículo (Percepción, presunción y justicia), sin que ese resultado tenga que ser una prevaricación, puesto que la aplicación de la ley se lleva a cabo sobre una realidad social cargada de significado, que es la que condiciona la percepción sobre los hechos y la que condiciona la respuesta que se entiende como más adecuada.

Un ejemplo cercano lo tenemos en lo ocurrido durante la pandemia. Si en ese momento una persona llegaba a urgencias con síntomas de catarro y fiebre, el diagnóstico inicial más probable que se daba era el de COVID-19. Hoy, cuando la realidad social es muy distinta, es difícil que la percepción clínica lleve a esa idea como predicción inicial, al margen de los análisis que se inicien y de la conclusión que se alcance al final.

Las decisiones judiciales no están al margen de los procesos que influyen en la percepción. Los trabajos de John T. Jost, de la Universidad de Nueva York, sobre la ideología política y la cognición social pusieron de manifiesto que cuando se crea incertidumbre y la realidad se presenta como una amenaza o ataque al orden establecido, la sociedad se vuelve más conservadora en defensa del orden existente.

Y en una situación de este tipo, el Derecho se presenta como el principal elemento formal en defensa del modelo ante ese ataque o desorden percibido, de manera que la aplicación del Derecho a través de la Administración de Justicia se hace con el objeto de mantener lo que tenemos y somos frente a lo que lo cuestiona. Lo cual, en sí mismo, es una aproximación conservadora en términos sociales.

Y ese es el riesgo que existe en el momento actual con la polarización social y política, y con la instrumentalización que algunos medios están haciendo de ella para imponer su percepción, es decir, el significado que ellos dan a los acontecimientos para condicionar el significado general y las consecuencias.

No se trata de que haya una “conspiración” contra el PSOE, Rodríguez Zapatero y la familia del presidente del Gobierno, pero sí de una estrategia para crear el contexto que dé significado a los hechos en un determinado sentido.

Y el objetivo es doble:

Los casos más graves que se han conocido, alguno ya con sentencia, no estaban al principio cuando la estrategia de ataque al Gobierno se puso en marcha y se hablaba de “Gobierno ilegítimo” y “Gobierno traidor”, ni cuando los ataques personales al presidente del Gobierno lo llamaban “perro Sánchez”, “me gusta la fruta” o se quemaba en la vía pública su muñeco, pero sí estaba la estrategia comentada. Una planificación tan preparada que desde el principio colocaron a determinados periodistas dentro del Congreso para intensificar todo el proceso.

Que en realidad existe una estrategia para influir en ese sentido se comprueba por el hecho de que las mismas posiciones que dicen defender a la Justicia, al Derecho y a todos sus principios, entre ellos el de la “presunción de inocencia”, son las que a través de la desinformación influyen sobre la sociedad y la polarización para crear una percepción en la que la presunción de inocencia se devalúe o incluso se pierda a nivel social y profesional. Si se respeta la presunción de inocencia se ha de actuar en consecuencia, por supuesto con libertad para opinar y expresarse, pero en los términos de lo que significan los indicios encontrados en una investigación y los principios del derecho.

Si la idea creada, y bastante generalizada y repetida cada día en algunos medios, es que tenemos un Gobierno ilegítimo, traidor, corrupto, que amplía la corrupción a los entornos familiares, que el propio referente moral y político del mismo forma parte de esa trama, y que ahora actúan para alterar el resultado de las próximas elecciones por medio de la regularización de personas extranjeras, la consecuencia será que hay que actuar desde todos los frentes para evitar esa situación. Y es lo que lleva pasando desde hace años. Lo de ahora solo es el resultado de esa estrategia a la que cada día suman más argumentos sin que nadie sea capaz de decir basta.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Desde que el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por no filtrar un no secreto, las filtraciones se han multiplicado, o a mí me lo parece, en una especie de ósmosis arbitraria a través de las membranas parcialmente permeables de los juzgados. A la vez, se han disparado los disparates, si se me permite la cacofonía intencionada, que yo calificaría de epidemia de marcianadas, palabra ya ratificada por la RAE, o sea, "raetificada".

Las acusaciones populares, una ocurrencia muy española, se han cebado con Zapatero. Vox a gritos; Hazte Oír, pero mejor no escuchar; Manos nada Limpias; Ciudadano, porque ya solo queda uno, y el PPatriótico, autoproclamado con impudor paradigma del moderantismo, y algún otro querellante de similar jaez que ahora no recuerdo y no me voy a poner a buscar, la han tomado con el expresidente, ya digo. Hasta desde Yanquilandia colaboran para tumbar a ZP, aunque con metodología de dudosa legalidad, cuyo análisis dejo a los expertos.

Para mofa y escarnio del encausado y del público circunspecto en general, se ha llegado a evaluar la técnica que utilizan para el arqueo de las cejas en la peluquería que frecuenta; si fue a consulta médica por inflamación almorranienta de tanto como le están sodomizando —en el sentido emocional de la jodienda, o sea, asexual— o por dolor del alma por el mismo motivo; si una noche fue a cenar con fulanito solomillo de ternera en su punto perfeccionado por la reacción de Maillard; o si le regaló a su mujer un perfume de fragancia aloe vera, sirope de arce o bergamota. O cuestiones parecidas, que no sé si las he transcrito de forma correcta. La pregunta que procede es para qué tanto detalle privado e irrelevante para la causa investigada por el TOP —perdón, por la Audiencia Nacional, que me he liado—.

Las burradas del juez Peinado dan para un tratado completo sobre despropósitos judiciales. La penúltima, retirar el pasaporte a Begoña Gómez, su obsesión, por la que se encuentra desmelenado de continuo, y asegurar que su escolta podría contribuir a la fuga de la esposa del presidente.

A MAR le ha disgustado la revelación de que Alberto González Amador, novio de su jefa, IDA 7291, facturara 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. El curdela de los p’alante ha asegurado que la Agencia Tributaria "debería ser dinamitada". Recuerden a Héctor de Miguel cuando hizo unas bromitas sobre dinamitar el Valle de los Caídos: acabó en el juzgado.

Aldama es un "mangui" engañamundos infiltrado en la sociedad —colaborador de la Justicia, si prefieren el eufemismo— para descubrir culpables de algo, de lo que sea, en las izquierdas. Paseante de los platós de la chinchorrería, se dedica a realizar afirmaciones grotescas sin ninguna credibilidad que, en todo caso, aplauden a rabiar las derechas. Las malas lenguas sospechan que Feijóo y Abascal ya traman, si llegan a gobernar, crear para él un Ministerio de Desregulación de todo lo que se nos ocurra y Colaboración con la Justicia para que siga tuerta.

Es inédito que este pillo acabe pillado, sentenciado, libre y se quede con un botín de más de tres millones de euros mientras Ábalos y Koldo se pudrirán en la cárcel.

La justicia no es igual para todos, o sea.

Entre tanto disparate, un consejo final: Si tomas el camino del choriceo elige el método de Aldama y no el de Ábalos-Koldo.

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José Félix Sánchez-Satrústegui es socio de infoLibre.

La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos.

La Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana han enviado sendos escritos al juez que investiga el caso Plus Ultra para indicar que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.

Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.

En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe.

En ampliación

Los vocales conservadores de la Comisión Permanente del CGPJ estaban en contra de abrir un expediente sancionador al juez Peinado, los vocales progresistas a favor. El juez Peinado se aleja de las peticiones del resto de las partes del proceso sobre Begoña Gómez, y asume las propuestas de la acusación popular de la que forman parte organizaciones de ultraderecha, es decir, con la misma ideología que el sindicato que interpuso la denuncia que abrió el proceso. Y estas situaciones son solo dos ejemplos.

Con frecuencia se tiende a creer que la respuesta profesional es una medida técnica ajena a la realidad que genera el problema sobre el que se actúa. Y no es así en ninguna profesión, menos aún en las que tienen que abordar cuestiones surgidas de la propia organización social y sus dinámicas, como ocurre con el Derecho y la Administración de Justicia.

Quienes analizan los elementos que forman parte de los hechos están bajo las mismas influencias y referencias que el resto de la sociedad, y como cualquier persona cuentan con ideas, valores y creencias integradas en dicha realidad social. La diferencia está en que, además, tienen una serie de conocimientos profesionales para contrarrestar lo que desde el punto de vista general se presenta con un determinado significado, y una responsabilidad para aplicar dicho conocimiento de forma que se alcancen los objetivos de justicia.

Sin embargo, todo ello está sometido a multitud de factores y elementos que sin desvirtuar el proceso lo pueden condicionar de manera significativa.

La justicia se alcanza sobre una serie de hechos probados en el juicio a partir de los indicios y evidencias que la investigación ha obtenido. Para ello ha tenido que adoptar una serie de “presunciones” en sentido de “inocencia o culpabilidad” para avanzar en la investigación o detener algunas de las líneas planteadas. Y la presunción, como referencia formada a partir de indicios y pruebas, antes se basa en la percepción obtenida a partir de los indicios con un determinado significado.

Si con los primeros elementos que se ponen en conocimiento de un juzgado no se percibe un delito o su posibilidad, la denuncia se archiva. Si por el contrario se percibe tal delito o la posibilidad de que se haya cometido, se inicia una investigación que irá arrojando resultados. Cuando se alcanza una presunción de inocencia la investigación se archiva, o avanza hasta llegar al juicio si se percibe que se ha cometido un delito. En el juicio es donde las presunciones se convierten en hechos probados para que la justicia culmine su proceso en el sentido que sea.

Este proceso que puede parecer muy obvio no es tan simple cuando las circunstancias sociales presentan una realidad polarizada, y dotada de un significado que amenaza la propia convivencia y el orden establecido.

Los trabajos sobre la percepción de Anil Seth, profesor de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Sussex, Reino Unido, entre otros muchos, son muy interesantes para entender cómo se le da significado a la realidad para posicionarnos ante ella y actuar en consecuencia.

En sus trabajos insiste en que la conciencia de una persona es una experiencia subjetiva, y que como tal está condicionada por factores sociales y culturales. Una idea que ya en los años 50 del siglo XX fue enfatizada por la corriente psicológica de la Nueva Mirada, al destacar que la percepción es influenciada por los factores sociales, culturales y contextuales.

Desde el punto de vista práctico, lo que nos indican los estudios sobre la percepción es que el ser humano, en cuanto recibe el estímulo o una información rápidamente le da un significado. A partir de ese significado inicial desarrolla toda una serie de actuaciones para confirmar o descartar esa primera predicción, en lo que se denomina “minimización del error de predicción”. Al final de ese proceso se alcanza una conclusión basada en la mejor conjetura, es decir, en lo que mejor encaja sobre las predicciones realizadas y las correcciones aplicadas a través de las iniciativas adoptadas para confirmarlas o descartarlas. Por eso Anil Seth habla gráficamente del cerebro como una “máquina de predicción” basada en la “mejor conjetura”.

El problema de todo ese proceso de percepción reside en que no es un cálculo ajeno a la subjetividad de la persona que valora los hechos, ni al contexto social y cultural en el que suceden. Los estudios indican que, por un lado, influye más lo que encaja en el orden establecido, pues se tiende a percibir una realidad estructurada, por otro, que hay una serie de jerarquías perceptivas, o sea, de elementos que le dan más valor a lo percibido de un modo que de otro, y, en tercer lugar, que la influencia es mayor a partir de lo que se presenta más útil o práctico para la posición de quien lo percibe.

Es decir, la percepción no es neutral, y lo será mucho menos conforme los elementos de interés para que todo encaje en la manera de entender los hechos, y en la forma de alcanzar los objetivos deseados sea mayor. Esa es la razón por la que dos personas ante unos acontecimientos pueden alcanzar conclusiones completamente distintas a partir de los mismos elementos, como con tanta frecuencia vemos, por ejemplo, en los votos particulares de las sentencias.

La ciencia y la propia profesionalidad de quien la aplica lo que hace en gran medida es limitar el espacio de la subjetividad, pero no lo impide, menos aún cuando el contexto social acompaña la valoración individual en un sentido determinado, y cuando ese individualismo ha conducido a poner el grupo propio por delante del compromiso público. De esa manera se crean las circunstancias para que haya un enfrentamiento de la justicia con la política, de la política con la sociedad, y de la sociedad consigo misma entre quienes no comparten ideas y valores.

La presunción ante unos hechos, por lo tanto, es consecuencia de dos elementos fundamentales, como lo demuestran los estudios sobre la percepción:

1. El contexto sociocultural y su influencia en la subjetividad de quien decide sobre el significado de los hechos y el resultado de las investigaciones.

2. El grado de conocimiento y profesionalidad para aplicar esos elementos desde las referencias profesionales, no desde las sociales ni desde las posiciones individuales.

El nivel de conocimiento puede mejorar con el estudio y la experiencia, pero su variación es mínima a corto plazo. Lo que realmente ha cambiado es el contexto sociocultural debido a la polarización social y política que existe. Este cambio influye en la manera de percibir y entender la realidad, y en las decisiones que se adoptan sobre ella. Los ejemplos son claros, los pactos del PP y Vox hablan de “prioridad nacional” y de “desregulación” como medidas de acción política, algo que hace unos años habría sido imposible.

Lo que se ha conseguido con la polarización es crear más incertidumbre sobre el orden social que nos hemos dado, y darle un significado a la realidad para que se actúe en consecuencia. Este contexto de significado conservador y androcéntrico es parte de una estrategia, y sus consecuencias son más graves que un posible caso de lawfare aislado.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha archivado la causa en su contra por enviar el nombre y los apellidos de dos informadores de El País, al no ver indicios de un delito de revelación de secretos.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta causa, en la que Rodríguez fue denunciado por enviar el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras" y adjuntando una foto.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada apunta a que Rodríguez no envió en su mensaje datos de carácter reservado y que no ha quedado acreditado que estos datos o la imagen de los informadores fueran obtenidos de forma ilícita, como sospechaban y denunciaron el PSOE y El País, ya que la información no fue obtenida por los agentes policiales que identificaron a los periodistas, sino por la foto enviada por un vecino.

La magistrada archiva la causa después de que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ratificase el pasado martes, en su declaración como testigo, la versión que dio Rodríguez: que fue el novio de la presidenta madrileña quien le envió una foto que le mandó un vecino, a quien identificó. También aportó más imágenes que recibió aquel día.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el juez ha citado a ambos a declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Pedraz ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que solicitara la imputación de Mercedes González y de Manuel Llamas por esos mismos delitos.

Fuentes de Interior aseguran que el ministro Marlaska "mantiene su confianza" en ambos y que "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

La acusación popular unificada en esta causa, que encabeza el PP, pidió ayer la imputación de ambos y del ex director general del instituto armado, Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.

Estas nuevas imputaciones se producen tras las declaraciones que prestaron como testigos la semana pasada varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.

Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Según la investigación, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

En sus informes la UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díaz y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicados en el diario El Mundo.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala el informe.

I.- En el año de 2015, es decir hace casi doce años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) fue modificada en el sentido de cambiar el concepto de imputado por el de investigado, en la fase de instrucción del procedimiento penal. La razón de ello fue que imputado, del latín “imputare”, significa “atribuir a otro una culpa, delito o acción”, de evidente sentido peyorativo e inculpatorio, que no se corresponde con la fase del procedimiento en la que el juez no imputa nada a nadie. En esta fase el juez se limita a investigar si realmente hay indicios razonables de criminalidad o no. Por ese motivo se sustituyó lo de imputado por el más preciso, aunque menos escandaloso, de investigado, es decir, del verbo investigar o “hacer diligencias para descubrir una cosa”, en este caso una falta o un delito. Es exactamente lo que hace el juez cuando recibe una denuncia o una querella, con algún viso de realidad: someter a la persona o entidad a investigación formal. Además, la figura de investigado se creó con una finalidad garantista, pues permite al afectado o afectada conocer los supuestos cargos, acceder al expediente, solicitar pruebas, no declarar o hacerlo y acudir al juzgado asistido de abogado. Cuando concluye el procedimiento de instrucción tampoco se trata, en su caso, de imputado, sino de encausado o acusado, así que no sé de dónde se han sacado algunos lo de “imputado”, pues no existe esa figura en la Lecrim. Yo comprendo que suena más escandaloso e impactante lo de imputado que lo de investigado y, por eso mismo, se modificó el término, pues parecía que ya desde el principio el sujeto afectado aparecía como culpable de algo cuando no era cierto. Por eso mismo, no es igual que se diga que un juez te imputa de un delito —el que sea— que se informe de que te está investigando, por si hubieras podido incurrir en actividad delictiva.

II.- La diferencia es tan evidente que en España, cuando aparece en todos los medios de información o redes sociales que fulano o mengana han sido imputados de uno o varios delitos, la persona concernida ya se puede dar por condenada, por lo menos ante la opinión pública. Mientras que si se dice que está siendo investigada no significa, en principio, nada, pues los jueces o magistrados cuando reciben una denuncia o querella, sobre la posibilidad de que se haya cometido un delito, lo lógico es que indaguen, previa audiencia del interpelado, si tiene o no visos de realidad la acusación denunciada.

El otro día, sin ir más lejos, se dio un caso realmente notable de tergiversación del lenguaje. Todos los medios de comunicación anunciaron, a bombo y platillo, que el juez Calama había citado como “imputadas” a las hijas del expresidente Zapatero y, curiosamente, a continuación se decía “aunque el juez no las acusa de nada”. Entonces, ¿por qué se dice como imputadas si no se les imputa nada? ¿No sería más veraz decir que el juez las citó en condición de investigadas, precisamente para que pudieran defenderse mejor? Mi impresión es que como en esta importante confusión, entre ambos conceptos, incurren todos los medios de difusión, ya sean de derechas o de izquierdas, sólo concibo dos explicaciones: unos lo hacen por mala leche, porque es más sensacional y atractivo, vende más, hace más daño, publicitariamente, lo de que un juez imputa que el más neutro de que un juez investiga. Pero en otros medios, más serios y objetivos, con periodistas de gran calidad, no encuentro explicación que no sea la costumbre —más difícil de cambiar que las leyes—, el olvido, la ignorancia o quizá porque entienden que es lo mismo utilizar una palabra u otra. Reconozco que a veces he dado la batalla por perdida, pues quizá hay intereses comerciales de por medio —en términos de audiencias, etc.—, pero no me resigno, pues el daño que se hace es considerable.

La importancia de esta cuestión está relacionada con un tema que es realmente trascendente. He sostenido, en más de una ocasión, que lo que diferencia, entre otras cuestiones, una dictadura de una democracia es el respeto a la presunción de inocencia. En la dictadura regía el principio de la presunción de culpabilidad, pues era el empapelado quien debía demostrar su inocencia y, aun en estos casos, era igualmente condenado por “analogía”, preventivamente o porque a la autoridad gubernativa o judicial le salía de los 'telenguendengues'.

Pues bien, ahora este derecho fundamental de la democracia está siendo laminado a nivel de opinión publicada y, por supuesto, en el debate político. Un solo ejemplo, sólo existe hoy en día una sola condena firme a personas relacionadas con el PSOE —caso Ábalos— y, sin embargo, la mayoría de los medios y las derechas acusan todos los días al Gobierno de que es el más corrupto de la historia y su sede una cueva de ladrones y una banda de criminales. ¿Qué se podría decir entonces del PP, que tiene varias condenas firmes que han afectado al propio partido, a un vicepresidente del gobierno de Aznar o a varios ministros? Se trata, en mi opinión, de una de las violaciones más graves de la democracia, de nuestra Constitución, y supone regresar, si no se remedia, a lo que estaba vigente durante la dictadura.

Además, me es igual que el encartado o encartada sea de izquierdas, de derechas o de centro. Para mí, los señores Zapatero, Montoro, Fernández Díaz, la pareja de la Sra. Ayuso o cualquier otra persona que esté en este momento investigada o acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en todos estos casos ya no interesan los que afectan a la derecha, aunque sean mayoría los que están todavía pendientes de juzgar y sentenciar, pues en España ser inocente o culpable, ante la opinión pública, no está en manos de jueces y magistrados, sino de los medios y las redes sociales, que en su inmensa mayoría están controlados por la derecha y la ultraderecha. Casi todos los días, unos y otros se tiran la Constitución a la cabeza, e incluso el PP acusa al Gobierno de que ya está fuera de la ley y de todo, pero se sigue conculcando la presunción de inocencia como si fuera una costumbre. Si esto pasa ahora, qué ocurrirá si gobiernan PP/VOX en el futuro. El Altísimo nos coja confesados.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, abogado y escritor, su último libro es 'La Democracia Expansiva' (Anagrama)

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató Plus Ultra en 2021 —junto a otras compañías—, Vox convirtió esa decisión en una ofensiva total contra la supuesta corrupción del Ejecutivo, llegando incluso a personarse como acusación popular en la causa. Pero la formación ultra la dejó morir años después y no recurrió el archivo. Un contraste entre su estrategia política —que también ha ido variando— y su actuación procesal que resulta aún más llamativo a la luz de las nuevas revelaciones de infoLibre sobre las gestiones realizadas por el empresario de medios Julio Ariza y el exjuez Manuel García-Castellón para evitar que el partido siguiera perjudicando a la compañía.

Así, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, acudió a Ariza en la recta final de la instrucción para que el partido de Santiago Abascal no recurriera el archivo de la causa. La gestión, según se deduce de las conversaciones entre los directivos de la compañía a las que ha tenido acceso infoLibre, dio sus frutos. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció en ese grupo de WhatsApp Julio Martínez Sola el 12 de enero de 2023, seis días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. De ahí se desprende que el empresario contactó con algún miembro de la cúpula de Vox que le indicó que no iban a dar más pasos judiciales.

Tal y como publicó este periódico, el juez Manuel García-Castellón también se postuló para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir en ese encuentro del entonces juez en activo de la Audiencia Nacional con el dirigente de Vox era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no intentara reabrirla. Y, según esos chats internos, la presión de ambos surtió efecto.

Así, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el archivo de la investigación sobre la legalidad del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vox hizo el amago de presentar recurso aunque al final desistió —el PP tampoco recurrió— y la causa quedó definitivamente archivada. Las nuevas informaciones reveladas por infoLibre aportan ahora un contexto nuevo en el que se enmarcaría aquella decisión, aunque la formación de Abascal niega de manera rotunda que se produjera tanto esa reunión con García-Castellón en marzo de 2022 como que Ariza intercediera para tratar de convencerle de que Vox no recurriera el archivo.

Más allá de las gestiones que se desprenden de esos chats en los que figuran referenciados tanto García-Castellón como Ariza, lo cierto es que sí se produjo un cambio en el discurso y la estrategia de la formación ultra a partir de 2023. El rescate a Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La operación, que se saldó con un coste de 53 millones de euros, tenía origen en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de auxiliar a sociedades con dificultades por la crisis económica desatada por la pandemia. El fondo, a su vez, dependía de la SEPI y tenía como misión inyectar liquidez a empresas que fueran viables pero que, por el impacto de la crisis, se vieran en una situación comprometida.

Rápidamente tanto Vox como el PP situaron el foco sobre la propia operación de rescate, cuestionando la solvencia de Plus Ultra y reclamando solicitudes de información al Gobierno sobre el expediente del rescate, además de registrar preguntas parlamentarias sobre por qué Plus Ultra había sido considerada empresa estratégica y alimentar la duda de una intencionalidad política en la operación a través de entrevistas y comparecencias públicas. 

Es más, la formación de Abascal presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la SEPI, criticaron sus informes y denunciaron la vinculación de los accionistas de la compañía con Venezuela. “Han concedido soporte financiero a sociedades que difícilmente cabe calificar de estratégicas conforme a sus criterios”, denunciaba ante el Congreso el diputado de Vox Víctor González. “¿Por qué se ayuda a empresas amigas que no reúnen los requisitos y al tendero de la esquina del barrio no?”, planteaba.

Sin embargo, con el archivo de la causa en 2023, las prioridades políticas de la formación cambiaron. Y, tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional en diciembre del pasado año, el eje del discurso ya no se situó en la compañía. Plus Ultra dejó de ser el objeto principal de la crítica para convertirse en el escenario sobre el que Vox construyó un relato centrado casi exclusivamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Venezuela y una supuesta trama de influencias políticas encabezada por Pedro Sánchez. 

Las iniciativas parlamentarias impulsadas por la formación durante los últimos meses reflejan ese desplazamiento. La mayoría de las comparecencias solicitadas y de las preguntas registradas se dirigen a esclarecer el papel del expresidente del Gobierno, de responsables de la SEPI o del Ejecutivo actual, mucho más que la actuación de la propia compañía o de sus administradores. Es más, el propio Abascal trató de restarle peso a la trama en una reciente entrevista con NTN24, un canal de televisión colombiano dirigido a la comunidad de América Latina.

“Hemos pedido la prisión preventiva y la retirada del pasaporte para que Zapatero no pueda huir de España ni destruir pruebas. Creemos que la gravedad de las acusaciones es extraordinaria, que la contundencia del auto del juez Calama es evidente y que todo apunta a la comisión de gravísimos delitos. Y, además, pensamos algo que todavía es más importante: que el caso Plus Ultra es solo la punta del iceberg. Es, probablemente, el caso pequeño dentro de los casos de corrupción que podrían afectar a Zapatero y al Gobierno”, señala el líder de Vox, que insiste antes de finalizar la pregunta en que “el caso de Hidrocarburos de Venezuela” es más grave. “Algunos han estado enriqueciéndose y aprovechándose del sufrimiento de los venezolanos”.

Ese cambio de foco coincide con otro hecho llamativo. Mientras que, en un primer momento, el partido había mantenido una intensa ofensiva política sobre qué había detrás de ese rescate, ahora su líder lo reduce a un “caso pequeño” dentro de la corrupción del Ejecutivo. Los ultraderechistas no entran tampoco a valorar la estrecha relación entre Manuel García-Castellón y Julio Martínez Sola, la utilización de la sede de Plus Ultra como dirección profesional del exmagistrado tras su jubilación ni la entrevista concedida desde esas oficinas a Telemadrid, tal y como ha ido publicando este periódico. Tampoco han emitido ninguna explicación pública sobre la decisión de no recurrir el archivo de la causa, como reclamaban los directivos, y las fuentes del partido consultadas simplemente señalan que “están personados” en la misma.

La información revelada por infoLibre también apunta a la posición de Julio Ariza dentro del ecosistema político y mediático de Vox. Aunque nunca ha ocupado responsabilidades orgánicas en el partido, distintos exdirigentes de la formación han descrito reiteradamente a la familia Ariza como uno de los principales centros de influencia alrededor de Santiago Abascal. En los últimos meses, antiguos cargos de Vox han denunciado públicamente el peso que, a su juicio, ejercen tanto Ariza como su entorno familiar sobre las decisiones estratégicas del partido y su aparato mediático.

Julio Ariza fue diputado del PP en Cataluña entre 1993 y 1997, jefe supremo de Intereconomía, candidato de cierre por Vox en Barcelona en las generales de 2019, “hombre del Opus” según la exdirigente de Vox Macarena Olona, ligado a la secta integrista El Yunque según el exdirector de La Gaceta Carlos Dávila y muy críticos con las vacunas durante la pandemia del covid. Lo que se conoce de él y su familia apunta a que su expansión en el aparato de Santiago Abascal no se ha detenido. Abascal –opina Olona en su libro– es el “director de orquesta de las almas de Vox, juguete en manos de las tinieblas que empiezan en Ariza y acaban no sé si en El Yunque, en Miami o en Irán”.

La relación entre Vox y el grupo Intereconomía ha sido, además, especialmente estrecha desde los primeros años de la formación. Ariza impulsó posteriormente el relanzamiento de La Gaceta, convertida hoy en uno de los principales altavoces del partido. Además, una de las empresas de su hijo Gabriel Ariza, Tizona Comunicación SL, fue la que registró la marca del Instituto Issep, el laboratorio de ideas y cursos que es una sucursal del de Marion Maréchal Le Pen y cuyo domicilio se localiza en la antigua sede de Vox; un local alquilado por la misma Tizona Comunicación a una empresa vinculada a un dirigente del partido. Es también Gabriel Ariza el que ubicó la sede en la misma dirección donde hoy aparece alojado el denominado Sindicato Solidaridad impulsado por Vox, cuya web también consta aún a su nombre como persona física.

La posición de Vox respecto a Manuel García-Castellón constituye otro elemento relevante del contexto. Durante años, la formación defendió públicamente al magistrado frente a las críticas recibidas por algunas de sus resoluciones e hizo suyo el relato según el cual era objeto de ataques por investigar asuntos incómodos para la izquierda, especialmente para Podemos. El juez no dudó en abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular del partido en base a las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Y cuando los varapalos de sus superiores le obligaron a decretar el archivo de la misma, puso en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero, también archivada.

Por el juzgado de García-Castellón también pasaron algunos de los procedimientos judiciales que han marcado con mayor intensidad la agenda política nacional de los últimos años: desde Púnica y Lezo hasta Tándem, la macrocausa de corrupción construida alrededor del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, Tsunami, que García-Castellón convirtió en uno de los principales obstáculos para la amnistía defendiendo la existencia de un delito de terrorismo en las protestas derivadas de la sentencia del procés. 

Hasta su jubilación en septiembre de 2024, Vox presentó públicamente a García-Castellón como un magistrado atacado por el Gobierno de Sánchez y sus socios por investigar causas incómodas para el independentismo y manifestó que todas las críticas formaban parte de una “campaña orquestada” por el Ejecutivo para “blanquear” a los separatistas catalanes y defender la amnistía”. Es más, los de Abascal pidieron la reprobación de la entonces ministra Teresa Ribera y llevaron el caso a Bruselas en defensa de la independencia judicial.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo, el plató del canal digital EDA TV, para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.