El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan a ese partido y al Gobierno, según ha informado la Audiencia Nacional en un comunicado. El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Díez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. Igualmente, el juez 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional considera que de los hechos investigados aparece descrita indiciariamente la responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Respecto del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el diputado socialista Juan Francisco Serrano, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su plan, aunque Pedraz considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos, además de al PSOE, a otras personas físicas y sociedades, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

Santiago Pedraz sitúa en los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el inicio de las actividades de esta presunta "estructura criminal" que lideraría el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que Santos Cerdán encargó en abril de 2024 a la entonces militante del PSOE Leire Díez actuaciones para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, "gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia" de Sánchez.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, Pedraz sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en una reunión mantenida en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de la carta que Sánchez había mandado a la ciudadanía diciendo que iba a tomarse unos días de reflexión, tras la investigación a su mujer, Begoña Gómez, en un juzgado madrileño, como recuerda el juez en su auto.

En esa reunión participaron Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el diputado Juan Manuel Serrano, el entonces director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y varios miembros de la estructura orgánica del PSOE.

A partir de aquel encuentro, según el magistrado, Santos Cerdán pasó presuntamente a liderar un grupo coordinado por Leire Díez, del que formaban parte el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Pérez Dolset, que empezó a desarrollar acciones para desestabilizar "causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno", en una actividad continuada y estructurada.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

Por ello, Pedraz ha ampliado la investigación que ya tenía abierta por presuntas mordidas contra Leire Díez y ha pasado a investigar en este procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes, al sospechar de pagos irregulares a la exmilitante socialista por sus supuestas maniobras, entre otros.

Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han salido a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro con seis mochilas, dos maletas y dos cajas que han introducido en tres vehículos que estaban aparcados en la entrada de la vivienda.

Los agentes han registrado la casa familiar del exdirigente socialista desde primera hora de este miércoles y en presencia del propio Santos Cerdán. Al salir, portaban seis mochilas negras, dos maletas del mismo color y dos cajas de cartón.

La casa ha permanecido en todo momento con las persianas bajadas salvo un instante, a media mañana, cuando ha habido un pequeño movimiento de una de las persianas que daban a la fachada ante la que se congregaban los medios de comunicación.

Los miembros de la UCO han salido de la casa a las 15:00 horas, en el momento de más calor del día, cuando el termómetro marcaba 33 grados en la localidad.

Diez minutos después de la salida de los agentes, la puerta del garaje de la vivienda se ha abierto y Cerdán ha salido solo en su vehículo.

El análisis de los teléfonos, dispositivos de almacenamiento y documentación incautada en los registros que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el martes de la pasada semana puede que lo haya aclarado ya. Pero hasta que el instructor del caso Plus Ultra acordó esas actuaciones, la UDEF desconocía si el contacto denominado "Z" que encontraron en el teléfono de Julio Martínez Martínez, el amigo y compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía exactamente a la identidad del expresidente. Demostrarlo constituiría una prueba de cargo y directa contra el exjefe de Gobierno que, hasta ese momento, no habían obtenido, como se expone en el último informe policial del sumario enviado a Calama antes de que el instructor lanzara la operación. Con esos registros, la Policía trata de conocer también los canales de comunicación del expresidente con la trama de altas influencias que le acusa de liderar. Porque ese liderazgo se le atribuía hasta la pasada semana únicamente por conversaciones de terceras personas en las que él no intervino.

La necesidad de acreditar que "Z" es Zapatero se recoge en el último informe de la UDEF, que la unidad policial mandó a Calama el jueves 14 de mayo, solo cinco días antes de que el instructor levantara el secreto, imputara al expresidente y diera luz verde a los registros. En ese documento, que expone al magistrado las diligencias a ordenar con la imputación del expresidente. Los agentes explican en él que la "localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos" que se incauten en los registros son necesarios para confirmar, en primer lugar, "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada, como se constata en las conversaciones mantenidas entre Julio Martínez Martínez y el mayor general [militar Venezolano] Juan Manuel Teixeira", presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, "respecto de los vuelos de Plus Ultra".

Los agentes se refieren a una de las dos ramas de supuesto tráfico de influencias que la investigación atribuye a la estructura presuntamente liderada por Zapatero. Por un lado se encuentran las presuntas gestiones con las autoridades españolas, en concreto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, o el Gobierno, para lograr el rescate de Plus Ultra, concedido el 9 de marzo de 2021 mediante dos préstamos por valor de 53 millones de euros. Por otro lado, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal, investigan las supuestas gestiones que la trama, a través de Martínez Martínez, habría realizado con las autoridades aeronáuticas venezolanas para sortear las prohibiciones de vuelo y engrasar autorizaciones en favor de la compañía aérea.

Esta segunda rama es fundamental en la investigación contra el exlíder del PSOE, porque en las pesquisas aparece lo que los agentes, la Fiscalía y el juez sospechan que puede ser la única intervención directa de Zapatero que hasta la semana pasada constaba en los autos. El auto con el que Calama imputa al expresidente se refiere a una conversación entre Martínez Martínez y el mayor general Teixeira, jefe del INAC, mantenida a partir del 5 de marzo de 2021. Después de que el mayor general venezolano le enviara un convenio de pago entre Plus Ultra y ese organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela en el que le recordaba que la compañía tenía una deuda con ellos de 258.618 euros. El amigo de Zapatero ejerce desde entonces, según el juez, un papel de intermediario con Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea.

Las gestiones con Teixeira se repiten desde marzo hasta julio, cuando el director del INAC reprocha al empresario amigo de Zapatero que Plus Ultra esté culpando a las autoridades venezolanas de la falta de autorización de dos vuelos de la compañía. El 30 de julio de 2021 Martínez Martínez le comunica al militar venezolano que la aerolínea le pide que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS [Caracas]-Madrid del sábado". Teixeira le responde con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y se entiende que finalmente los autoriza: "Esos son los vuelos. No hay más", le dice.

El auto refleja cómo al día siguiente, Martínez Martínez recibe una felicitación. "El 31 de julio de 2021 una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez, le envía el siguiente mensaje: 'En tiempo y forma. Exitosa gestión...'". Acto seguido, el compañero de running del expresidente socialista se dirige de nuevo al mayor general Teixeira y le agradece el favor, "señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados". "Muchas gracias por su ayuda", le dice Martínez Martínez al militar venezolano. La UDEF deduce que ese "Z" sería José Luis Rodríguez Zapatero y en algún otro informe lo da por sentado. Sin embargo, a la espera de los resultados que dé el análisis de la documentación incautada en los registros, hasta la operación policial de la semana pasada ni el juez ni los agentes lo consideraban aún probado.

Otra de las evidencias que, hasta el pasado 19 de mayo los agentes no habían podido acreditar son "los canales de comunicación a través de los cuales, José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes (correos electrónicos, telefonía y otros medios de los que dispusiera)", según recoge el último informe de la UDEF. El auto de Calama y los distintos informes de la Policía deducen su implicación de conversaciones entre terceras personas y con su amigo Julio Martínez, de su supuesta participación en la creación de la principal empresa de este último para la que Zapatero trabajaba como consultor, Análisis Relevante, y del rastro del dinero desde Plus Ultra y otras compañías pantalla que habrían sido creadas ad hoc para canalizar dinero hacia el entramado societario de Martínez Martínez y de ahí al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav SL. Sin embargo, hasta la semana pasada no había aparecido un solo mensaje que partiera directamente de Zapatero de manera indubitada.

La ausencia de comunicaciones registradas en la causa que permitan acreditar las órdenes e instrucciones del exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la organización se extiende también a Whathefav SL. Siguiendo el rastro de los fondos de Análisis Relevante y de otras sociedades tapadera como Inteligencia Prospectiva –cuyos administradores, los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, actuarían como captadores de clientes para el entramado de influencias– los investigadores definen a la empresa de las hijas de Zapatero, en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado el expresidente, como "elemento finalista del entramado investigado", ya que, según la UDEF, "percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".

Sin embargo, según se deduce de su último informe antes del levantamiento del secreto del sumario, se desconocen las comunicaciones mantenidas a través de los correos electrónicos de sus empleados y administradoras bajo el dominio @whathefav.com. Los agentes esperan, además, conocer si existe una correspondencia entre "la actividad declarada y la actividad real de Whathefav SL, lo que además permitiría determinar "el grado de participación y su integración en la red organizada".

El sumario del caso Plus Ultra refleja, entre otras cosas, cómo una investigación sobre blanqueo de capitales que se estaba llevando a cabo en suelo francés y suizo acabó llegando al faro político y moral de la izquierda española. La primera vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional puso el foco claramente sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas fue a comienzos de febrero. Entonces, lo hacía tomando como base la documentación intervenida en los registros contra su amigo Julio Martínez. Sin embargo, los mensajes clave con los que el magistrado José Luis Calama ha atado su imputación, los que llegaron de Estados Unidos, no fueron introducidos por los investigadores hasta abril, cuando la causa estaba ya en la Audiencia Nacional.

El origen de todo se encuentra en unas diligencias centradas en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra que se llevaron en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En 2023, se dictó el sobreseimiento provisional de las mismas. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción reactivó el caso a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, agentes de la UDEF detuvieron a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, administrador único de la sociedad Análisis Relevante.

Un par de meses después, el 3 de febrero, los investigadores remitieron a la entonces jueza instructora del nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, un informe de avance en el que solicitaba nuevas diligencias de investigación. En él, los policías recogían la relación de Zapatero y la agencia de sus hijas –WhaTheFav– con la consultora de Martínez y los pagos percibidos. Y también hacían referencia a una noticia sobre una captura de pantalla contenida en el móvil del empresario Víctor de Aldama referida a una reunión el 7 de septiembre del 2020 entre el expresidente y el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que el periódico vinculaba al rescate de Plus Ultra.

"Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero", lanza la UDEF. El amigo del expresidente, completa, "actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra”.

Veinte días después, y ante la dimensión que había adquirido el caso, el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decide enviar el asunto a la Audiencia Nacional. En el auto de inhibición, Collazos apunta de nuevo hacia Zapatero y sus hijas. Lo hace mencionando los pagos de Análisis Relevante. Y añade un nuevo elemento que unos días antes le ha trasladado la Fiscalía Anticorrupción: un chat llamado "Danilo-España" que fue intervenido en el despacho del abogado Miguel Palomero. De él, apunta la magistrada, se extrae que el empresario venezolano Danilo Diazgranados mantiene una relación "personal y económica" con alguien denominado "Zorro", "Z" o "ZZZZ", "quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero".

Cuando Calama acepta hacerse cargo del caso, lo hace a través de un auto en el que se hace mención al chat entre Palomero y Diazgranados pero sin aludir en ningún momento al exlíder del Ejecutivo. Algo que tampoco hizo el pasado martes en el auto de imputación de Zapatero, donde no consta ni una alusión a "Zorro" o "ZZZZ". Aquella resolución, más bien, ataba la imputación con, entre otros, una serie de mensajes intervenidos a Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera uno de los principales accionistas de Plus Ultra. "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", rezaba uno de ellos. "Acaba de hacerse puente con ZP", dice otro.

Todas esas comunicaciones fueron remitidas por la Homeland Security Investigations de Estados Unidos. El brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional realizó en el año 2021 una "extracción telefónica" de un dispositivo perteneciente al empresario hispanovenezolano, contra quien se ha dictado una orden de detención internacional. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y relevante para la presentación de cargos, la agencia "obtuvo las autorizaciones necesarias" y compartió "dicha extracción".

Se desconoce en qué momento llegó esa información a nuestro país. Sin embargo, sí se sabe que los agentes de la UDEF empezaron a incluirla en sus informes a partir de abril, cuando el caso ya se encontraba en la Audiencia Nacional. "El presente informe [...] tiene por objeto poner en su conocimiento que través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la [...] Homeland Security Investigations ha puesto a disposición de esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue", apuntaban los investigadores en su oficio del 22 de abril.

Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.

La investigación no nació en la Audiencia Nacional. Sus raíces están en unas diligencias abiertas en 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que la relanzó fueron dos peticiones de cooperación internacional llegadas en septiembre de 2024: una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y una comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra, en las que aparecía Plus Ultra como presunta cliente de una organización de blanqueo. La magistrada Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado nº 15 de Madrid, envió el caso a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 por su dimensión transnacional.

A eso se sumó el hallazgo, en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero en octubre de 2024, de un chat denominado "Danilo-España" con conversaciones entre el venezolano Danilo Diazgranados y alguien al que la investigación identifica como Zapatero, que acabó de inclinar la balanza hacia la Audiencia Nacional.

La acusación de Calama contra Zapatero se apoya en indicios de distinta naturaleza, pero ninguno de ellos procedente de comunicaciones en las que aparezca directamente el expresidente.

Los investigadores le atribuyen haber enviado a su supuesto lugarteniente, Julio Martínez Martínez, dos archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante —la sociedad del entramado que más fondos recibió y que a su vez pagaba a Zapatero y a sus hijas— y haber convocado desde el correo de su oficina —y previa mediación de uno de sus escoltas— la reunión en el restaurante Portonovo donde, según el juez, se impartieron las instrucciones para crear una sociedad en Dubái, cuyo fin, según la investigación, era cobrar el 1% del rescate a Plus Ultra, en virtud de un contrato firmado entre la aerolínea y Julio Martínez. La empresa, como informó infoLibre en exclusiva, fue registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros— bajo uno de los dos nombres recogidos en el auto —el único permitido por la legislación dubaití—. Lo que no puede verificarse, de momento, son los titulares de esta sociedad ni, por tanto, su relación con Martínez ni con Zapatero. 

Hay también un mensaje recibido el 31 de julio de 2021 por Martínez Martínez desde un contacto guardado como "Z" en su teléfono: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", enviado tras la aprobación de los vuelos de Plus Ultra por las autoridades venezolanas. La UDEF sí atribuye este mensaje a Zapatero, pero el juez lo recoge en el auto sin asignárselo de forma explícita.

A eso se suman los flujos financieros: los investigadores documentan 490.780 euros transferidos desde Análisis Relevante a una cuenta del matrimonio Zapatero-Espinosa, y otros 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, en cuya cuenta bancaria consta el expresidente como firma autorizada. El resto del cuadro indiciario son referencias a su figura en conversaciones intervenidas a terceros —"nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Julio habló con ZP 11 min"— y la carta de intención de un grupo estatal chino dirigida a su oficina en octubre de 2023, incorporada a los informes policiales.

La Fiscalía Anticorrupción, en su informe del 18 de mayo, se muestra favorable a todas las medidas solicitadas por la UDEF salvo al registro del domicilio particular de Zapatero, al que se opone no por falta de indicios sino por razones de eficacia: los meses de cobertura mediática de la investigación y su comparecencia en el Senado, argumenta, habrían generado "la lógica alerta en su entorno más íntimo", restando utilidad a la medida.

Los elementos sobre Zapatero que aparecen en el sumario pero no estaban en el auto de Calama proceden del auto de inhibición de Collazos. La magistrada detalla el contenido del chat "Danilo-España": conversaciones en las que el empresario venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado al régimen chavista, mantiene una relación económica con alguien identificado como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" —Zapatero, según la investigación— con indicios de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios “a lo largo de varios años”. Como hecho separado, Collazos recoge que Zapatero habría influido ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía española en Venezuela, conducta que califica indiciariamente como posible corrupción en los negocios. Ninguno de los dos elementos es desarrollado por Calama cuando el caso llega a la Audiencia Nacional.

El informe de la UDEF en la que se propone al juez autorizar los registros a —entre otros lugares— la oficina y el despacho de Zapatero, recoge que, en el momento de solicitar esas inspecciones, la investigación no había determinado "el modo y la transmisión de las instrucciones" del expresidente, y que estas podrían producirse "mediante comunicaciones electrónicas, telefónicas o a través de otros canales". Esa es la justificación que los investigadores utilizan para que se les permita buscar, entre otras cosas, "los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes". Una circunstancia necesaria para la investigación porque en todo el material que tenían hasta el momento no se habían detectado apenas conversaciones directas entre el expresidente y otros investigados o implicados.

El pasado 19 de mayo los agentes practicaron cuatro registros simultáneos. En la oficina de Ferraz 35, según el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, se descargaron el correo electrónico de Zapatero y los correos de su secretaria Gertrudis Alcázar, que incluían acceso a carpetas compartidas mediante VPN del PSOE. Una segunda empleada, Judith Wells, tenía en su ordenador correos corporativos del partido y acceso a un grupo compartido denominado "Portal Corporativo PSOE". 

Los agentes se llevaron también siete agendas físicas de Zapatero correspondientes a los años 2019 a 2025, siete agendas con inicial, carpetas con facturas y documentos de Análisis Relevante, Gate, Thinking Heads, ChinaLink, Kreab y Focus Social Research —empresas que según los informes policiales figuran entre los pagadores del expresidente—, dos pen drives y los teléfonos de ambas empleadas.

En la caja fuerte del despacho del jefe de gabinete se hallaron joyas que Alcázar identificó como pertenecientes a Zapatero y su esposa, cuyo valor se desconoce —a pesar de las especulaciones publicadas en algunos medios—, y que el entorno del expresidente valora entre los 30.000 y los 50.000 euros, situando su origen en “herencias y regalos”. El despacho personal de Zapatero, según el acta, no contenía nada de interés para la investigación.

En la sede de Whathefav, donde se personaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa, los agentes recogieron facturas, contratos, nueve buzones de correo corporativo y, entre otros documentos, un contrato entre Huawei Technologies España y Whathefav fechado en octubre de 2020.

Todo el material está ahora pendiente de análisis. Mientras tanto, Zapatero tendrá ocasión de dar su versión: convocado inicialmente para el 2 de junio, su declaración como investigado ha sido aplazada al 18 de junio para darle tiempo a leer el extenso sumario.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Plus Ultra.

Calama ha dictado una providencia este martes en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia debido a la extensión de la causa, a la que no tuvo acceso hasta ayer, lunes.

En la resolución de la pasada semana en la que el juez destacaba el presunto "liderazgo" de Zapatero en la supuesta red de influencias, Calama le citaba como investigado para el próximo 2 de junio, en lo que era la primera vez que un juez acordaba investigar a un expresidente del Gobierno.

Ahora, en la providencia en la que acepta la petición de su defensa, el juez fija dos fechas para su declaración, los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional.

El juez Calama sitúa a Zapatero a la cabeza de una presunta red de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, y "cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados" hacia el expresidente y su "entorno más próximo".

Según la tesis del juez, el expresidente aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

En torno a esta estructura el juez sostiene que se construyó todo un entramado de empresas -algunas instrumentales y sin actividad real- para canalizar los supuestos beneficios a través de una simulación de servicios de asesoramiento.

En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.

Los requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emitidos por la primera instructora de caso, la jueza madrileña Esperanza Collazos, y después por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el que imputó al expresidente Zapatero el pasado martes, fueron taxativos. Solicitaban "la entrega de toda la información relacionada con la ayuda pública temporal otorgada por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA por importe de 53 millones de euros". Sin embargo, ambas peticiones no fueron atendidas con la debida diligencia por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. "Algunas de las carpetas se encuentran vacías y no tienen documentación", sostuvieron en un informe los agentes de la UDEF que investigan el caso. "Otros no pueden ser abiertos [...]. En relación con las comunicaciones [...] se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía Plus Ultra relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante", advertía la Policía.

La información incompleta enviada a ambos jueces por la SEPI casa con la política de comunicación y transparencia sobre el rescate defendida por el organismo heredero del Instituto Nacional de Industria, que agrupaba el sector público empresarial español. El consejo rector del FASEE, integrado en ese organismo, batalla desde 2022 con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no facilitar a los medios de comunicación el expediente de la concesión del rescate. Inicialmente, el litigio se falló en enero de 2025 a favor de Transparencia y los periodistas que solicitaron la información, pero la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia, ha llevado la sentencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los magistrados del alto tribunal ya han admitido a trámite dos recursos de casación de los servicios jurídicos del Gobierno que están pendientes de resolución definitiva.

Tanto el consejo rector del FASEE (el fondo que aprobó el rescate) como la Abogacía del Estado se apoyan para negar la información solicitada en el Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de ese año, en pleno estado de alarma por la pandemia de la covid. Se trata de la norma que crea el mecanismo de reflote para empresas estratégicas al que se acogió Plus Ultra, en cuyo artículo 2.17 se establece que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

Ese mismo apartado establece que "quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas". A lo que añade: "Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón en 2025 a una periodista que solicitó el expediente completo del rescate de la compañía aérea "con la anonimización de aquellos datos especialmente protegidos si fuera necesario, del expediente administrativo [...], del acuerdo de concesión con los informes presentados para ello". El consejo rector del fondo denegó la petición en vía administrativa asegurando que al divulgar esa información, podría generar un "daño real y efectivo" a la empresa "respecto de la que se solicita la información". Además, el organismo dependiente de la SEPI y por extensión del Ministerio de Hacienda, afirmaba que el medio que solicitó el expediente no había justificado "la existencia de un interés público" para acceder a él.

Sin embargo la sección tercera de lo Contencioso de la Audiencia, en una sentencia muy disputada –con dos votos particulares discrepantes–, terminó dando la razón a la redactora. "Existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada", decía la resolución dictada el 22 de enero de 2025. "Dicho conocimiento entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información", añadía. La actuación del FASEE, continuaba, vulneraba ese derecho reconocido por la Ley de Transparencia. El último razonamiento era, tal vez, el más dañino para el organismo estatal: "No resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación".

En la causa penal que instruye el juez Calama, que investiga si el importe del rescate sirvió a cargos venezolanos para blanquear dinero y en la que el pasado martes citó como imputado al expresidente Zapatero, la UDEF no ha conseguido tampoco que la SEPI le facilite todos los mensajes que intercambió con Plus Ultra. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín (Director de Participadas IV de la SEPI) al menos en esa fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF", dicen los policías en uno de sus informes. Los agentes aseguran que la SEPI tampoco les ha facilitado el acceso a la documentación aportada por Plus Ultra a la auditora Deloitte o la contratación de asesores externos. "Existen documentos que, aun constando en fuentes abiertas, no figuran entre la documentación aportada", añaden. "En concreto se trataría de al menos, las actas de la SEPI del período de concesión de la ayuda", que sí fueron publicadas por El Mundo o Vozpópuli.

Además del intercambio de mensajes de terceros, algunos de ellos procedentes de un dispositivo móvil incautado en 2021 por las autoridades de EEUU al accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, otro de los pilares fundamentales de los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha derivado en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es el financiero. Los investigadores dedican más de medio centenar de páginas en uno de ellos a seguir el rastro del dinero a través de toda la red societaria que se encuentra bajo la lupa del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y a identificar a los beneficiarios finales de los fondos, entre los que se encuentra el exlíder del Ejecutivo y sus hijas.

El documento policial bebe de los datos tributarios contenidos en un documento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de información de inteligencia financiera y de un análisis bancario. En base a esto, los investigadores identifican a lo largo de seis años (de 2020 a 2025) ingresos en las cuentas de la familia Zapatero por 4,079 millones de euros. El 61% de esos abonos, 2,51 millones de euros, procedían de empresas sobre las que ponen la lupa los investigadores. Y el 39% restante, 1,569 millones, de otras sociedades que los inspectores jefes de la UDEF mencionan en su informe pero que, al menos por el momento, no quedan incluidas dentro de ese entramado bajo sospecha que se analiza en la Audiencia Nacional.

Dentro del primer grupo destaca, fundamentalmente, Análisis Relevante, cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Esta empresa, que tiene entre sus clientes a la aerolínea Plus Ultra –cuyo rescate de 53 millones pone en cuestión ahora el instructor–, transfirió fondos tanto a Zapatero como a la empresa de sus hijas: WhaThaFav. Al primero, 490.780 euros. Y a la sociedad, 239.755 euros. En ambos casos, en seis años. Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado, el expresidente del Gobierno dijo que esos cobros eran por su papel como consultor –realizaba informes tanto orales como escritos–. Y que cuando le plantearon ese desempeño, él propuso que la agencia de sus hijas "hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y de apoyo a mí como consultor".

Según los informes policiales, WhaTheFav y Análisis Relevante firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por el cual la primera se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de la segunda o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos". Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes ya elaborados a los clientes de Análisis Relevante por parte de la agencia. Tareas de "escasa entidad técnica" que hacen sospechar a los investigadores de que la empresa de las hijas "pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica".

Esa dinámica de ingresos en una doble dirección se aprecia también con otras dos sociedades que el instructor tiene bajo la lupa: el think tank The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center –más conocido como Gate Center– y las sociedades de la consultora Thinking Heads, ambos vinculados a Daniel Romero-Abreu Kaup. El laboratorio de ideas, cuyo consejo asesor lidera el expresidente, abonó 352.980 euros a Zapatero –entre abril de 2022 y agosto de 2025– y 171.727 euros a la agencia de las hijas entre 2022 y 2024. En cuanto a la consultora, los investigadores reflejan pagos por 681.318 al expresidente –entre mayo de 2021 y diciembre de 2025– y por 12.297 euros a WhaTheFav en el periodo comprendido entre 2022 y 2023. En un comunicado, Thinking Heads aseguró que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014.

La agencia, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón y que también tiene como proveedores a Análisis Relevante y Gate Center. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Entre 2020 y 2025 registró un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a 2,6 millones, algo "incongruente" con las nulas o bajas cifras de negocio que manejó en ese periodo. Además, no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del IVA, algo "reseñable" dado el volumen de gastos "declarados" en dicho impuesto y "la situación financiera de la mercantil". 

El informe de la UDEF, además, hace referencia a otras 98 transferencias recibidas en una cuenta bancaria titulada por el matrimonio Zapatero-Sonsoles Espinosa. Entre todas suman 1,569 millones. Constan abonos de la consultora Kreab –procedentes de Kreab Iberia y Kreab Worldwide AB– por 956.180 euros y de Focus Social Research, una sociedad peruana, por 200.000 euros. También 159.034,45 euros de ChinaLink Asia Holdings Ltd., fondo hongkonés montado por un español; 104.410 euros de la consultora Mimo Advisors; o 53.000 euros de Bright Digital Solutions. Y, por último, los investigadores hacen referencia a dos transferencias de 49.758,34 euros y 47.120,27 euros procedentes de Yuewee International Trade –empresa de importación y exportación de Hong Kong– y Zayed Award for Human Fraternity, respectivamente.

Transferencias que, sin embargo, los investigadores vinculan a la actividad profesional del expresidente. "Procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico", recoge la UDEF. En el registro que efectuaron en la oficina de Zapatero, los agentes se llevaron, entre otras cosas, carpetas sobre Chinalink, Kreab o Focus Social.

La UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe de 317 páginas con varios anexos, al que ha tenido acceso EFE, sobre la creación de la cátedra y una plataforma de medición de impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de Gómez.

Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están a la espera de conocer el futuro de sus recursos contra el auto en el que el juez propuso juzgarles por un jurado popular.

Los agentes han concluido que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de Begoña Gómez, y respecto a la cátedra afirman que "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común".

Ahora bien, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar la mencionada plataforma: Deloitte Consulting y Making Science Group.

La contratación de Deloitte, una de las empresas patrocinadoras de la plataforma, se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa", dice el informe.

Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que afirma que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".

Añaden los investigadores que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que los requisitos y condiciones exigidos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio".

Y deducen que "se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", con "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

La contratación de Making Science Group, por su parte, se realizó "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto", si bien al detectarse "esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

Sobre la propiedad intelectual del software, el informe no aprecia que los responsables del proyecto siguieran el protocolo establecido por la Universidad para el registro de productos que pueden generar propiedad intelectual.

Y respecto a otros trámites como el registro de la marca y el alta del dominio para dar acceso público a la herramienta, tampoco dispone de "elementos" que "desprendan" que los responsables de la gestión, entre ellos Begoña Gómez, cumpliesen el protocolo interno. Estos dos procesos se cubrieron con fondos privados, en concreto, los costes de los que han comprobado su origen, por "la esfera personal" de Gómez.

Los agentes ven "vinculación" de Begoña Gómez con el software al haber participado "en los talleres promocionales de la herramienta", y sostienen que esta plataforma es de "carácter gratuito" y que los colaboradores afirman que es propiedad de la UCM.

Tras analizar las cuentas de Gómez entre 2019 hasta 2024, la UCO concluye que hay concordancia con sus actividades profesionales, y destaca abonos de la Universidad Complutense o su Fundación a una cuenta suya del BBVA.

Desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022, recibió 17.037 euros; en octubre de 2021, 10.157 euros; en diciembre de 2022, 5.090 euros; desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023, cuatro pagos de 9.605 euros por parte de la Fundación de la universidad, que también transfirió el 18 de julio de 2023 170 euros. En total, 42.059 euros.

También incluye la UCO 37 abonos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, con la que Gómez "tuvo vinculación profesional", y el ingreso de un cheque de 8.800 euros a su nombre por el grupo empresarial Inmark, con la que también estuvo relacionada profesionalmente.

"Mención aparte" tiene, según la UCO, "determinados ingresos" de una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, que fue administrada por Gómez.

El informe recoge que una de esas cuentas fue abierta en diciembre de 2023 y cancelada en febrero de 2024, con "una entrada y posterior salida" de 6 euros; la otra tiene 26 movimientos desde abril hasta noviembre de 2024, y cuatro abonos, dos de ellos procedentes de cuentas propias por 600 euros y otros dos el mismo día (14 de marzo) por 6.687,85 euros, procedentes de la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO encuentra "analogías" entre esta sociedad Transforma TSC (ya inactiva) y la plataforma, si bien cree que no hay "elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra", y pese a su "corto periodo de vida" (de noviembre de 2023 a junio de 2024), sostiene que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

Los informes de la UDEF sobre el rescate de 53 millones a Plus Ultra mencionan a decenas de personas con papeles muy distintos en una supuesta red de tráfico de influencias cuyo liderazgo es atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero: accionistas, directivos, abogados, cargos públicos, banqueros, empresarios, familiares del expresidente... Este glosario ordena esos nombres, separa las relaciones directas de las meramente contextuales y explica qué atribuye exactamente la Policía a cada uno.

Alba Rodríguez Espinosa

Hija de José Luis Rodríguez Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana Laura Rodríguez Espinosa. La UDEF vincula WHATHEFAV con la recepción de pagos procedentes de sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Alejandro Casado Vega

Participante en chats internos relacionados con contratos de Plus Ultra. La UDEF no le atribuye una relación directa con Zapatero; aparece en el contexto documental de la aerolínea y de la discusión sobre el contrato con el “tocayo”, Julio Martínez Martínez.

Alejandro Delgado Crego

Directivo de Plus Ultra. Participa en comunicaciones sobre la ayuda pública a la aerolínea y, según la UDEF, estaba integrado en la estrategia de canalización de fondos y en la protección del liderazgo "no visible" de Zapatero en la estructura formal.

Álvaro Gutiérrez Molano

La UDEF le sitúa como un colaborador operativo de Santiago Fernández Lena, asumiendo facultades de representación (apoderamientos) en sociedades de la red utilizadas, según los investigadores, para la canalización de fondos.

Antonio Caldeiro Téllez

Administrador único de ALVA SKIES AND WINGS S.L., accionista minoritaria de Plus Ultra. La UDEF lo cita por sus reticencias internas a aprobar el plan de viabilidad necesario para que la aerolínea obtuviera el rescate. Roberto Roselli (CFO de Plus Ultra) relató en un audio que Zapatero hablaría directamente con Caldeiro para que "se calle la boca y diga a todo que sí". La UDEF concluye que la oposición de Caldeiro fue doblegada gracias a la "capacidad de influencia de la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero", pero en los informes no hay constancia alguna de que finalmente Caldeiro hablara con Zapatero o su entorno.

Antonio Fernández

Presidente de ALDESA S.A., sociedad identificada por la UDEF como una de las mercantiles que nutría económicamente a empresas de la red. Se registran abonos a favor de Análisis Relevante por un importe de 127.050 euros en concepto de elaboración de informes mensuales, que eran maquetados por la sociedad de las hijas de Zapatero (Whathefav) antes de ser enviados a los clientes finales. Aparece en listados remitidos por Zapatero a Julio Martínez Martínez para la distribución de informes.

Antonio Fernández Poyato

Su nombre figura en la agenda de Koldo García (asesor del ministro Ábalos) en relación con una reunión agendada para el 15 de marzo de 2021. En dicha reunión estaba prevista la asistencia del propio José Luis Rodríguez Zapatero y de quien fue su jefe de gabinete, José Andrés Torres Mora. La convocatoria fue gestionada a través de la secretaría de Fomento y trasladada al grupo de mensajería "AGENDA FOMENTO", donde participaban el exministro Ábalos y Koldo García. No obstante, no consta acta de dicha reunión ni confirmación de que se celebrara.

Basiliso Gil Carrasquero

Es el administrador único de CALETÓN CONSULTORES S.L., nombrado el 20/01/2021. La UDEF sitúa a Caletón como una mercantil que habría actuado de forma interpuesta para canalizar fondos desde Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez. La UDEF le atribuye a Gil un papel meramente formal o de testaferro: en un documento hallado en un disco duro de Santiago Fernández Lena se indica que el administrador de esas sociedades cobraba 600 euros mensuales, pagados en efectivo cuando viajaba desde Venezuela a España. El informe añade que Gil y su esposa viajaban desde Caracas a Madrid y que Santiago Fernández Lena proponía “tener algún detalle” con ellos porque estaban “echando una mano con Caletón”.

Camilo Ibrahim Issa

Accionista de Plus Ultra a través de SNIP AVIATION. En una conversación del 06/02/2021, Rodolfo Reyes dice a Julio Martínez Sola que Camilo “estuvo hoy con ZP” y que Zapatero le habría dicho que “todo va viento en popa”. En esa misma secuencia, Julio Martínez Sola responde que Julio Martínez Martínez –el “tocayo”– estaba con Zapatero y preguntó qué participación tenía Camilo en Plus Ultra. Días después, Julio Martínez Martínez le felicita anticipadamente por la obtención del préstamo SEPI y Camilo agradece su “asesoría y guía”. La UDEF usa esos mensajes como indicio de la capacidad de la red vinculada a Zapatero para conocer o influir en el expediente. 

Carlos Alberto Parra Delgado

Administrador único y socio mayoritario de SOFTGESTOR S.L. La UDEF vincula SOFTGESTOR con pagos a ANÁLISIS RELEVANTE por cuenta de Francisco Flores, dentro de la canalización de fondos hacia la estructura societaria. La ONIF señala pagos de SOFTGESTOR a ANÁLISIS RELEVANTE por 72.600 euros en 2020 y 72.600 euros en 2021, un total de 145.200 euros. La UDEF añade que esos pagos podrían haberse hecho por cuenta de Francisco Flores, sin que quede clara la relación de este con SOFTGESTOR. Parra también figura como administrador único de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad que aparece en un contrato de prestación de servicios con ANÁLISIS RELEVANTE. Ese contrato, fechado el 30/07/2020, preveía honorarios de 120.000 euros, aunque la UDEF indica que no detecta transferencias desde APAMATE a ANÁLISIS RELEVANTE.

Cristóbal Cano Quiles

Director de administración o gestor operativo del entorno societario de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo sitúa en el tercer nivel de la red, con papel equivalente al de Gertrudis Alcázar en la oficina de Zapatero, y como contacto para facturación y coordinación documental.

Daniel Lapera

Persona del entorno asesor/jurídico o documental de Plus Ultra que aparece en el chat “CONTRATOS”, pero los informes no le atribuyen una relación directa con Zapatero ni un papel propio dentro de la red. Su conexión es indirecta, por estar presente en conversaciones donde se tratan contratos, honorarios y documentación vinculada a la ayuda pública y al contrato con Julio Martínez Martínez.

Daniel Romero-Abreu Kaup

Administrador de THINKING HEADS y fundador y presidente de GATE CENTER. La UDEF lo vincula indirectamente con Zapatero por la canalización de pagos hacia el expresidente, su entorno familiar o entidades conectadas, bajo conceptos como conferencias, asesoría o actividad de GATE CENTER. Según inteligencia financiera recogida por la UDEF, el grupo THINKING HEADS habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, mientras que GATE CENTER le habría abonado 352.980 euros. Además, GATE CENTER habría remitido 171.727 euros a WHATHEFAV, sociedad de las hijas de Zapatero, y THINKING HEADS GROUP otros 12.297 euros.

Danilo Diazgranados / Danilo Diazgranados Manglano

Es un contacto o cliente de alto nivel del circuito de ANÁLISIS RELEVANTE, relacionado con la red que describe la UDEF por dos vías: su inclusión en listados que los investigadores atribuyen a la dirección de Zapatero y una transferencia directa a WHATHEFAV. Su frase sobre Julio Martínez como “el banco del jefe” es la pieza que la UDEF usa para reforzar la tesis de que Martínez Martínez actuaría como pantalla o canal económico de Zapatero.

Delcy Rodríguez

Aparece en conversaciones como posible vía política para llegar a Ábalos. La UDEF no la sitúa como miembro de la red de Zapatero; su mención sirve para mostrar que Plus Ultra exploró varias vías de influencia política.

Domingo Amaro Chacón / Domingo Arnaldo Amaro Chacón

Administrador solidario de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L./ALASKA ILIMITADA junto a su hermano Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Cliente de ANÁLISIS RELEVANTE; la UDEF lo vincula a pagos a ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER, y a mensajes dirigidos al “Presidente”.

Eudoro González / Eudoro González Dellán

Abogado y político venezolano. La UDEF lo menciona en conversaciones con fórmulas dirigidas al “Presidente” y lo sitúa como posible puente comunicativo en Venezuela para asuntos de interés de Zapatero.

Federico Lledó Soria

Aparece vinculado a SUMMER WIND S.L., sociedad que la UDEF considera una de las mercantiles usadas para la canalización indirecta de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura societaria de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo identifica como “Fede” en varias conversaciones. En 2023, Julio Martínez Sola dice que “Fede” estaba “contentísimo con lo del tocayo”, en referencia a Julio Martínez Martínez. En 2024, Lledó interviene en conversaciones sobre una factura de AFITTA S.L. –sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez– por 213.202 euros, emitida a SUMMER WIND, y pregunta si ya había sido presentada a efectos de IVA para poder cambiar el concepto. La UDEF interpreta esto como indicio de que se estaban adaptando facturas y conceptos con posterioridad a su emisión.  

Felipe Baca / Luis Felipe Baca Arbulu

Interlocutor de Miguel Palomero en conversaciones sobre entregas de dinero en efectivo, incluidas cantidades a Rodolfo Reyes, Jesica y Alejandra. La UDEF lo conecta con la vía Palomero/Ábalos, no directamente con Zapatero.

Fernando García Manso

Presidente de Plus Ultra, informado por Rodolfo Reyes de las gestiones de influencia que, según la UDEF, combinaban la vía Ábalos/Palomero y la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez. Aparece en una captura relativa a reuniones conseguidas para Plus Ultra, incluida la reunión con Pedro Saura. La UDEF lo menciona en el contexto de contactos y reuniones.

Francisco Ferrer

Jefe de gabinete de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Aparece en el contexto de una reunión celebrada el 22/07/2020 en el Ministerio de Transportes con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, directivos de Plus Ultra. En el mensaje reenviado tras la reunión se dice: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer”, y se añade que la reunión fue “agradable, distendida” y que “se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. La UDEF encuadra esa reunión dentro de la vía Ábalos/Palomero, porque previamente Miguel Palomero habría agilizado el acceso al Ministerio, y la secretaria de Pedro Saura habría llamado “de parte del ministro” para fijar la reunión.

Francisco Flores / Francisco Enrique Flores Suárez

Empresario venezolano relacionado por la UDEF con SOFTGESTOR S.L. y pagos a ANÁLISIS RELEVANTE. Aparece en el informe 1907 como un contacto de Julio Martínez Martínez, guardado en su agenda como “FCO FLORES”; la UDEF indica que podría tratarse de Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano, aunque formula esa identificación con cautela. Su relevancia está en los pagos vinculados a SOFTGESTOR S.L. La UDEF localiza una conversación en la que Julio Martínez Martínez le envía un contrato de ANÁLISIS RELEVANTE inicialmente sin datos del receptor. Después, Francisco Flores devuelve el contrato ya cumplimentado con los datos de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado. Días más tarde, remite otro contrato idéntico, pero esta vez con SOFTGESTOR como receptora del servicio. La UDEF señala que SOFTGESTOR pagó a ANÁLISIS RELEVANTE 145.200 euros: dos transferencias de 72.600 euros, una en 2020 y otra en 2021. El informe añade que hay indicios de que esos pagos serían por cuenta de Francisco Flores, aunque su relación con SOFTGESTOR no queda aclarada.

Francisco Javier García Varela

Representante de banca de empresas de La Caixa en gestiones de financiación ICO de Plus Ultra. Su papel es puramente bancario e instrumental: aparece como uno de los interlocutores financieros tanteados por Plus Ultra en la fase inicial de búsqueda de financiación ICO.

Francisco Manuel Fajardo Palarea

Senador del PSOE por Lanzarote en la XIV Legislatura. La UDEF lo identifica como padre de Manuel Aarón Fajardo García, el contacto que Julio Martínez Sola utiliza para acceder al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF lo menciona para contextualizar los vínculos de Manuel Fajardo con el entorno de Zapatero y referencias a su amistad personal con el expresidente.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru”

Secretaria de la oficina de Zapatero. La UDEF la sitúa en el tercer nivel operativo de la red, en contacto con Cristóbal Cano, ejecutando gestiones, soporte documental y coordinación vinculada a pagos y sociedades.

Guillermo Alfredo Amaro Chacón

Hermano de Domingo Arnaldo Amaro Chacón y administrador solidario/socio de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L. La UDEF lo conecta indirectamente con la red por las aportaciones, pagos y relaciones de esa sociedad con ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER.

Jaime Ribes

Ejecutivo/director de agencia del Banco Santander en gestiones de financiación de Plus Ultra. Su papel es bancario e instrumental: aparece como interlocutor de Santander en la fase en la que la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez intentaba mover, según la UDEF, la financiación ICO para la aerolínea.

Jesica Rodríguez García

Titular del teléfono asociado a “Jess/Jessica”, conocida por su vinculación con José Luis Ábalos. Aparece en conversaciones sobre entrega de 2.000 euros. Su relación atribuida es con la vía Ábalos, no con la vía Zapatero.

José Andrés Torres Mora

Exjefe de gabinete de Zapatero. Citado en una comida o reunión con Zapatero, Ábalos y Antonio Fernández Poyato. La UDEF lo menciona en contexto de agenda política, no como operador de la supuesta red.

José Ángel Partearroyo Martín

Director de Participadas IV de la SEPI e interlocutor de Plus Ultra durante la tramitación de la ayuda pública de 53 millones de euros. La UDEF destaca que existió un flujo de comunicaciones entre directivos de Plus Ultra y Partearroyo durante la fase de concesión. El 02/12/2020 Roberto Roselli le comunica que Plus Ultra ha presentado información en la SEPI y Partearroyo responde: “En breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan”. El informe añade que Partearroyo formaliza la memoria justificativa de la contratación por procedimiento de emergencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El 13/01/2021, Roselli informa a Julio Martínez Martínez de que Plus Ultra ha tenido su primera reunión formal con la SEPI y asesores financieros y legales, y añade que Partearroyo había pedido a los asesores que acelerasen el proceso. El 02/03/2021, el Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta favorable y Partearroyo comunica a Julio Martínez Sola que estaba “todo ok ya aprobado”, condicionado al visto bueno a los contratos y al Consejo de Ministros, y pide que no haya prensa hasta el Consejo del 09/03/2021. Esa conversación se reenvía a Rodolfo Reyes y se comparte solo con un círculo reducido, incluido Julio Martínez Martínez. 

José Javier Castellanos

Responsable de área del Banco Santander mencionado en reuniones o gestiones sobre financiación. Aparece como interlocutor bancario en la vía ICO.

José Luis Ábalos Meco

Ministro de Transportes. La UDEF identifica una vía paralela a la de Zapatero: Rodolfo Reyes intenta acceder a Ábalos mediante Miguel Palomero y Koldo García. Ambas vías, según la UDEF, coexistieron para favorecer a Plus Ultra.

José Luis Escrivá Belmonte

Entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La UDEF menciona una reunión con Zapatero el 07/09/2020. Su aparición se vincula al contexto de Seguridad Social y Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente del Gobierno. La UDEF le atribuye liderazgo "no visible" de una red de influencia, con Julio Martínez Martínez como figura formal, validación de clientes, instrucciones operativas y canalización de fondos hacia estructuras vinculadas a su entorno familiar.

Juan Manuel Cendoya

Vicepresidente del Banco Santander. Destinatario de una carta de Plus Ultra en la que se afirmaba actuar "por instrucciones" de Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Su papel en la investigación se limita a la fase inicial en la que Plus Ultra intentaba obtener financiación.

Juan Manuel Teixeira Díaz

Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). Era el interlocutor institucional de Julio Martínez Martínez para autorizaciones de vuelos y deudas de Plus Ultra en Venezuela. En julio de 2021, Teixeira aparece en la investigación de la UDEF por un problema de vuelos de Plus Ultra no autorizados. Advierte a Julio Martínez Martínez de que la aerolínea estaba comercializando vuelos sin autorización venezolana y pide corregir la información dada a los pasajeros. Al día siguiente, Julio Martínez Martínez le dice que Plus Ultra le pide interceder ante el INAC por el vuelo Caracas-Madrid. El 31/07/2021, tras esas gestiones, una persona registrada como “Z”, identificada por la UDEF como José Luis Rodríguez Zapatero, escribe a Julio Martínez Martínez: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. Acto seguido, Julio agradece a Teixeira porque Plus Ultra le indica que los vuelos están oficialmente aprobados. 

Judith Laure Wells Sutton

Es citada por la UDEF como empleada administrativa del entorno de Zapatero, integrada en el mismo nivel funcional que “Gertru” para tareas de soporte documental y dinámicas operativas, aunque el informe aporta menos detalle específico sobre ella que sobre Gertrudis Alcázar.

Julio Martínez Martínez

La UDEF lo presenta como lugarteniente o persona de confianza de Zapatero: contacto de Plus Ultra, intermediario en gestiones ante bancos y SEPI, titular formal de sociedades de la “boutique” y canalizador de cobros que, según el informe, terminarían beneficiando al entorno de Zapatero. Aparte, el expresidente y él eran compañeros de running.

Julio Martínez Sola / Julio Miguel Martínez Sola

Vicepresidente de Plus Ultra. Canalizó buena parte de la interlocución con la vía Zapatero, primero a través de Fajardo y después mediante Julio Martínez Martínez. Para la UDEF, su relación con Zapatero es directa en al menos una llamada e indirecta y continuada a través del “tocayo” Julio Martínez Martínez.

Julián Mateos

Directivo de la SEPI. En concreto, los informes lo mencionan a partir de una noticia de prensa reenviada el 17/08/2021 por Julio Martínez Martínez a Rodolfo Reyes, cuyo titular era: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”. El informe 1908 precisa que la noticia aludía a su nombramiento como director del FASEE de la SEPI. La UDEF considera relevante esa mención porque, tras el reenvío de la noticia, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez Martínez si lo conoce y, minutos después, Reyes escribe “10k done”. El informe interpreta esto último como la confirmación de un pago de 10.000, aunque el informe 1907 de la UDEF matiza que no se especifica la divisa. 

Koldo García Izaguirre

Persona de confianza de José Luis Ábalos. La UDEF lo identifica como “el amigo” de Miguel Palomero en la vía Ábalos. Su conexión con Zapatero es indirecta: forma parte de una vía paralela que coexiste con la vía Zapatero.

Laura Rodríguez Espinosa

Hija de Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana, Alba Rodríguez Espinosa. La UDEF la vincula al entorno familiar beneficiario por pagos recibidos por WHATHEFAV desde sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

M

Manuel Aarón Fajardo García

Identificado por la UDEF como miembro del “equipo del amigo”, es decir, del entorno de Zapatero. Facilita a Plus Ultra el contacto con Julio Martínez Martínez y se le atribuye el papel de lugarteniente o pieza de Zapatero en Venezuela.

María Aurora López López

Esposa de Rodolfo Reyes y accionista de Plus Ultra a través de la cual Reyes sería principal accionista, según la UDEF. No se le atribuye relación directa con Zapatero; su relevancia es societaria respecto de Plus Ultra.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru” (ver Gertrudis)

María Jesús García Hernández

Madre de Manuel Aarón Fajardo García y titular registral del teléfono asociado a este, según consulta citada por la UDEF. Su relación con Zapatero es indirecta y solo identificativa, por su vínculo familiar con Manuel Fajardo.

María Sonsoles Espinosa Díaz

Cónyuge de Zapatero y cotitular de cuentas bancarias que según la UDEF son receptoras o redistribuidoras de fondos de la trama.

María Ysabel Pestana Rojas

Su papel es societario y contextual: aparece como administradora sustituta en una sociedad vinculada al entorno de Plus Ultra en un momento en que, según la UDEF, los directivos buscaban ajustar su posición “con vista a la SEPI”.

Miguel Ángel Franco

Mencionado como coordinador de área en Banco Santander en conversaciones sobre financiación ICO. Su papel es bancario e instrumental.

Miguel Palomero de Juan

Abogado que articula la vía Ábalos mediante Koldo García para Plus Ultra. La UDEF lo sitúa como intermediario de Rodolfo Reyes para acceder al ministro de Transportes. Su conexión con Zapatero es indirecta, se le presenta como una vía paralela que llega a confluir con la de Julio Martínez Martínez.

Néstor Esteban

Representante de banca de empresas de La Caixa en reuniones sobre financiación de Plus Ultra. No se le atribuye relación con Zapatero; aparece como interlocutor financiero.

Óscar Mendoza Guerra

Representante de banca de empresas de La Caixa en conversaciones sobre financiación. No se le atribuye vínculo con Zapatero.

Pablo 'Legal'

Parece ser un contacto jurídico o asesor integrado en los chats de trabajo de Plus Ultra, pero los informes no lo identifican plenamente ni le atribuyen relación directa con Zapatero. Su conexión es indirecta y contextual, por estar presente en conversaciones sobre contratos y honorarios relacionados con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Pedro Saura García

En aquel momento, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La UDEF lo cita por la reunión del 22/07/2020 con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. Aparece en la vía institucional/Ábalos.

Philippe Apikian

Presidente de Swissoil Trading S.A., citado en conversaciones de Domingo Amaro con Julio Martínez Martínez sobre operaciones internacionales. Uno de los actores empresariales interesados en una operación petrolera en Venezuela, junto a compradores chinos. 

Raif El Arigie / Raif El Arigie Harbie

Consejero de Plus Ultra. La UDEF lo cita como participante en chats internos de la aerolínea junto a Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Alejandro Delgado. Aparece, por ejemplo, el 22/07/2020, cuando reenvía a Rodolfo Reyes el mensaje sobre la reunión de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli con Pedro Saura y Francisco Ferrer. En ese mensaje se dice que se notaba que les habían recibido por “altas recomendaciones” y que el papel de Transportes sería “hablar bien” de Plus Ultra; Reyes contesta: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. También figura en el chat “SALA SITUACIONAL PULA”. El 01/09/2020, tras presentarse la solicitud de ayuda ante la SEPI, participa en la conversación en la que Roberto Roselli dice que ahora toca “meterle chola al Zapa” y hablar con “el tocayo”, es decir, Julio Martínez Martínez, para acelerar el expediente. La UDEF lo menciona además por un pago de 40.000 euros que aparecía en el listado de deuda que se iba a presentar a la SEPI. Santiago Fernández Lena advierte a Roberto Roselli de que Raif era una “persona vinculada por Consejero” y pregunta si ese cobro podía canalizarse a través de una sociedad para evitar contingencias ante la SEPI. Roselli propone hacerlo vía AEROVIP.

Ramón Antonio Gordils Montes

Contacto venezolano que facilita el acceso inicial al entorno de Zapatero. Rodolfo Reyes le pide ayuda para llegar a “ZP” y Gordils busca la ruta que desemboca en Manuel Fajardo. Es el arranque de la vía Zapatero, según la UDEF.

Raúl Medina Caballero

Director General de Aviación Civil (DGAC) citado como posible asistente o referencia en la reunión del Ministerio de Transportes. Su papel es institucional y técnico, como responsable de la DGAC cuyo informe forma parte del expediente de la ayuda pública.

Roberto Roselli Miele

Director financiero (CFO) de Plus Ultra. Uno de los interlocutores principales de la aerolínea en las gestiones para obtener financiación pública. La UDEF lo sitúa junto a Julio Martínez Sola como uno de los directivos de Plus Ultra que mantenían contactos frecuentes con Julio Martínez Martínez. Ambos, Sola y Roselli, informaban después a Rodolfo Reyes de los avances de esas gestiones. Es en su ordenador donde se encuentra la carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander, en la que Plus Ultra decía contactar por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Roselli es además quien explicita en una conversación con Rodolfo Reyes que no habla directamente con Zapatero, sino con un “lacallo”, identificado por la UDEF como Julio Martínez Martínez, y añade que por esa estructura “vendrá la mordida”. 

Rodolfo José Reyes Rojas / Rodolfo Reyes Rojas

Principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa, según la UDEF. Activa las vías de influencia Ábalos y Zapatero, acepta la posibilidad de pagos o comisiones y sigue los avances del rescate público de la aerolínea.

Rubén Eladio López Martínez

Director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. La UDEF lo cita en una cadena informativa sobre una reunión de Zapatero con Escrivá que llega a Koldo y Ábalos.

Santiago Fernández Lena

Abogado/asesor vinculado a Plus Ultra y a Rodolfo Reyes. Su papel más relevante, según la UDEF, es el de dar cobertura formal o jurídica a pagos relacionados con Julio Martínez Martínez –el “tocayo”–. El 11/03/2021, justo después de aprobarse la ayuda de 53 millones, Rodolfo Reyes le plantea que le acompañe a comer con Julio Martínez Martínez “por si vamos a hablar de los honorarios” y porque era bueno tener clara “la vía” y “cómo lo van a documentar”. Santiago responde: “Creo que lo tenemos claro”. También aparece en abril de 2021 en relación con un contrato entre ANÁLISIS RELEVANTE y CORPOESTRUCTURA, rubricado por Rodolfo Reyes, por 40 meses y honorarios de 10.000 euros mensuales más IVA –un total de 484.000 euros–. La UDEF recoge que Julio Martínez Martínez insistía en tener el contrato firmado y que Fernández Lena advertía que todavía no se había resuelto el segundo tramo de la SEPI y que quizá necesitarían “un empujón”. En el informe 1907, su papel se amplía con CALETÓN CONSULTORES. La UDEF recoge conversaciones en las que Fernández Lena advierte que CALETÓN “no tiene programas” y propone buscar “otro concepto” para una factura, lo que el informe interpreta como creación de facturación ad hoc para justificar pagos. Además, en un archivo hallado en un disco duro de su propiedad, Fernández Lena explica que CALETÓN se estaba utilizando para darle “contenido” y que no pareciera solo receptora de facturas de Plus Ultra y pagadora de esas facturas. La UDEF interpreta ese documento como refuerzo de la hipótesis de que CALETÓN era una sociedad instrumental para canalizar pagos desde Plus Ultra.

Sergio Sánchez Benítez

Elaboraba informes para ANÁLISIS RELEVANTE. La UDEF lo integra en la operativa de informes: él los redactaría, WHATHEFAV los maquetaría y se distribuirían a clientes validados, según los investigadores, por Zapatero y supervisados por Julio Martínez Martínez.

Tomás Guerrero Blanco

Según uno de los informes de la UDEF, pudiera tratarse de Tomás Víctor Guerrero Blanco, identificado como fundador de HALAL INTERNATIONAL TOURISM S.L., HALAL GLOBAL SERVICES S.L. y STATECRAFT GLOBAL ADVISOR S.L.U., constando como administrador único de esta última. La UDEF indica que, un día después de una reunión concertada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que debían acudir Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, este envió un correo a Julio “según lo conversado ayer” detallando la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái y poniéndole en contacto con los responsables de la zona franca. Después, Tomás Guerrero vuelve a remitir otro correo con datos más concretos sobre el posible nombre de la sociedad dubaití, dirección de contacto y otros detalles. Finalmente, Cristóbal Cano escribe a Tomás Guerrero indicando que la sociedad en Dubái se denominaría LANDSIDE DUBAI FZCO y estaría participada al 100% por IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA S.L. La sociedad quedaría registrada ocho días después de la firma del rescate de Plus Ultra, según adelantó infoLibre. La UDEF conecta esta operación con el contrato entre Plus Ultra e IDELLA de 19/01/2021, por el que IDELLA cobraría el 1% del rescate público. El informe apunta la posibilidad de que la estructura de Dubái se hubiera creado para que ese pago no se realizara en España. 

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Este glosario se ha elaborado con apoyo de dos modelos de inteligencia artificial, pero ha sido supervisado, cotejado y completado nombre a nombre por un periodista de infoLibre

Martes, 19 de mayo. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personan a primera hora de la mañana en un despacho ubicado frente a la sede socialista de Ferraz que funciona como oficina José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hacen, al igual que sus compañeros desplegados en la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, con una orden de entrada y registro bajo el brazo. La firma el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien también acuerda poner en conocimiento del exlíder del PSOE tanto el extenso auto por el que se acuerda su imputación como dos de los informes policiales sobre los que se apoya: UDEF-BBCA 1907/2026 –acompañado de cuatro anexos– y 1908/2026 –que se presenta con otro par de anexos–.

Ambos documentos, firmados por los jefes del Grupo 14 y 15 de la UDEF, están fechados el pasado 22 de abril. El primero de ellos es una suerte de radiografía de la trama, con un análisis del rescate de 53 millones de Plus Ultra –cuya concesión, fiscalizada en su día por el Tribunal de Cuentas, levanta sospechas en los investigadores– y del movimiento de fondos entre la compleja estructura societaria de la que, dicen los investigadores, se valía la red. El segundo, una compilación de las comunicaciones hasta ahora intervenidas en la causa. Dos informes de los que afloran indicios y, también, cuestiones que aún deben ser clarificadas en el marco de la investigación, que se está desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.

1– ¿Participó el expresidente Zapatero en la creación de una offshore en Dubái?

El informe de la UDEF hace mención a la puesta en marcha por parte de la trama de sociedades en territorios opacos. Una de ellas es Landside Middle East FZCO. Se trata de una offshore registrada en Dubái, tal como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, justo ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra. Los investigadores sostienen que la misma estaba controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Y que se puso en marcha para cobrar "en territorio extranjero" una comisión del 1% que habrían pactado Plus Ultra e Idella por el rescate y que figura en un contrato intervenido.

Los investigadores sostienen que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de la offshore apoyándose, fundamentalmente, en dos elementos:

–En primer lugar, un correo electrónico que el 27 de enero de 2021 envía Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, a Martínez con indicaciones sobre documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Emiratos Árabes Unidos. "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer", arranca el mail.

–El día de antes, ambos se habrían reunido en el restaurante Portonovo. Una comida que, sostienen los investigadores, organizó el expresidente del Gobierno. Se apoyan en un correo que su secretaria, María Gertrudis Alcázar, envía a Cristóbal Cano, gestor de Martínez: "[En el restaurante] tienen un problema con los teléfonos y al final se ha acercado un escolta. La reserva de hoy ya está a las 14.30h. para dos a nombre de Julio". "Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero", lanza el informe policial.

2– Gertrudis y la supuesta manipulación de facturas

Los investigadores sostienen que ni Alcázar ni Cano eran "ajenos a un conocimiento general de la operativa" de una red de influencias que lideraría el propio expresidente. Al fin y al cabo, sostienen en sus informes, este "tercer nivel jerárquico" era el que se encargaba de llevar a cabo las gestiones diarias. Por ejemplo, en lo relativo a las facturas emitidas. "Tengo que emitir una factura a Análisis Relevante –empresa administrada por Martínez– por un importe de 20.000 euros. Por favor, puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto", escribe Alcázar a Cano, quien dos días después precisa los conceptos.

Los investigadores resaltan, en base a los correos intercambiados, la "transmisión de instrucciones" sobre cómo debe realizarse "la facturación": "conceptos a incluir, trimestre en curso en el que deben encuadrarse y el importe correspondiente a cada una de las facturas emitidas". "Ok o tengo que poner más importe", reza uno de los mails enviados por la secretaria de Zapatero. "Lo anterior pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, dirigida a generar un soporte documental", sostiene el informe, que recoge pagos de Análisis Relevante –que entre sus clientes tiene a Plus Ultra– a Zapatero por importe de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

Pedir aclaraciones ordinarias sobre una factura –como si debe emitirse en uno o dos documentos, qué concepto describe correctamente el servicio o si faltan datos fiscales– no constituye por sí mismo una conducta ilícita. Distinto es solicitar instrucciones para modificar el importe, el concepto, la fecha, el destinatario o el desglose de modo que la factura no refleje una operación real. La Ley General Tributaria tipifica como infracción muy grave la expedición de facturas con datos falsos o falseados y el uso de justificantes falsos puede agravar otras infracciones tributarias.

3– ¿Prestó Whathefav (la empresa de las hijas de Zapatero) servicios reales de marketing?

Además de los pagos al expresidente del Gobierno, las cuentas de Análisis Relevante reflejan abonos a Whathefav, la empresa administrada por las hijas de Zapatero, por 239.755 euros. Según los informes policiales, ambas mercantiles firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por la cual la segunda sociedad se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de Análisis Relevante o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos".

Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes a los clientes de Análisis Relevante. "Lo anterior pondría de manifiesto, atendiendo a la escasa entidad técnica de las tareas asumidas por Whathefav –a priori meros ajustes o labores de maquetación sobre informes ya elaborados–, que pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica. Máxime cuando, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios, Whathefav tiene por objeto la promoción y posicionamiento de la imagen de Análisis Relevante en el mercado de empresa, finalidad que difícilmente podría alcanzar la propia sociedad, en la medida que ni tan siquiera interviene en la remisión de los informes a sus propios clientes”, sostiene la UDEF.

La empresa de las hijas de Zapatero, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva –antes llamada Beren Europe y Alaska Ilimitada–, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El informe del organismo de inteligencia financiera refleja un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a los 2,6 millones entre 2020 y 2025 que resulta "incongruente" –en palabras de la UDEF– con la "cifra de negocio nula" de 2020 y 2021 o inferior a 35.000 euros entre 2022 y 2024. Además, la empresa no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del Impuesto sobre el Valor Añadido, "circunstancia reseñable dado el volumen de gastos declarados" en el IVA y dada "la situación financiera de la mercantil". 

4– Referencias a Zapatero en conversaciones de terceros

Los investigadores describen a Zapatero como el jefe en la sombra de la trama. Una conclusión a la que llegan apoyándose, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas, algunas de las cuales fueron facilitadas por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). En algunas ocasiones, al expresidente se le identifica en las conversaciones como "Z". Letra con la que Martínez tenía guardado en su agenda el contacto del expresidente. Desde ese número de teléfono recibe Martínez el 31 de julio de 2021, en plenas conversaciones con las autoridades venezolanas sobre la autorización de vuelos de Plus Ultra, el siguiente mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

En otras ocasiones, se menciona al exlíder del Ejecutivo directamente por su nombre: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero", "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" o "Que me llama Zapatero". Y en otros casos, las referencias que hay son más indirectas. Por ejemplo, cuando los investigados hablan de que Martínez es "el banco del jefe" o de cuando hacen referencia al "amigo". "Me pregunta el amigo que cómo van los avales", escribía en mayo de 2020 Manuel Fajardo —considerado hombre de Zapatero en Venezuela— al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

En un informe de noviembre, los investigadores identificaron como "el amigo" a Julio Martínez. Sin embargo, ahora explican que en esos momentos solo manejaban una posible línea de influencia en relación a Plus Ultra, no las dos actuales –la vía Ábalos y la vía Zapatero–. Con el nuevo dibujo sobre la mesa, sostienen que hay casos en los que "el amigo" es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes, y otros en los que consideran que es Zapatero.

5–Los chinos, el petróleo y una carta de intenciones

En el informe de la UDEF aparece incorporada una carta de intenciones (Letter of Intent) con fecha de 30 de octubre de 2023 y dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero por China International Cultural Technology Resources Group (CICTR). Según los agentes, esta carta forma parte de una mecánica establecida por la que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, estos clientes han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigirse mediante la preceptiva LOI (Letter Of Intent)".

La misiva fue enviada, según consta en el documento, apenas dos semanas después del viaje de Zapatero a Pekín, entre el 16 y el 18 de octubre de 2023, donde participó en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y mantuvo reuniones públicas con responsables del Partido Comunista Chino.

1– Cancelación anticipada de una hipoteca

En sus informes, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal recoge que el matrimonio José Luis Rodríguez Zapatero-Sonsoles Espinosa adquirió en febrero de 2024 una vivienda en la zona norte de Madrid por un precio de compraventa de 580.000 euros. Para esta operación, el Banco Santander concedió un préstamo hipotecario de 500.000 euros, el cual se canceló anticipadamente once meses después mediante transferencia de 498.000 euros. En contacto con el expresidente, el periodista de Vozpópuli Gabriel Sanz aseguró en RTVE que esa deuda se saldó con la venta de la casa que el matrimonio tenía en Aravaca.

2– ¿Conocía Zapatero a los clientes de Análisis Relevante?

Hace apenas un mes, Zapatero concedió una entrevista a Onda Cero. En ella, aseguró desconocer "quiénes eran" los clientes de Análisis Relevante. Sin embargo, el informe de la UDEF recoge que el exlíder del Ejecutivo envió a su amigo Martínez dos archivos Excel el 6 de julio de 2021: "LISTA AR OK" y "DIRECCIONES EMAIL JM". Y que los mismos contenían "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos". En ambos, figuran destinatarios que son, a fecha de envío, clientes de Análisis Relevante. Y en eso se apoyan los investigadores para atar la supuesta "posición directiva" de Zapatero, que también fue incluido, dos meses después de la creación de la empresa, en el chat grupal "AR".

En su auto de imputación, el instructor da por hecho que ambos archivos contienen la lista de clientes de la consultora. Pero los investigadores en sus informes reconocen que en los listados también figuran "otras personas con las que, en este momento de la investigación y con la información disponible en esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, no han sido hallados vínculos contractuales con la sociedad Análisis Relevante".

3– Una offshore en Islas Vírgenes Británicas

Los investigadores también sostienen que la "red de influencia" dispondría de, al menos, otra offshore ubicada en Islas Vírgenes Británicas, si bien en este caso, a diferencia de lo que sucede con la de Dubái, no se coloca a Zapatero en el origen de dicha sociedad. Se trata de Landside Holding Ltd, presidida y representada por Julio Martínez y cuya cartera de inversión la gestionaría un broker americano que operaría a través de Mora WM Securities. La offshore no parece nueva. Según los investigadores, en uno de los documentos intervenidos "constan las posiciones del año 2016 respecto de los activos de la mercantil". Análisis Relevante echó a andar en 2020.

Llama la atención la coincidencia en la denominación de las sociedades de Islas Vírgenes y Dubái: Landside. Habrá que ver si se trata de una marca con la que Martínez hace sus negocios y si la recuperó –y si lo hizo por indicación del expresidente o no– para canalizar hacia Emiratos Árabes la supuesta comisión por el rescate de Plus Ultra. Por el momento, en los informes de los investigadores no se confirma que los 530.000 euros fueran transferidos, efectivamente, hacia Dubái.

El caso que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una historia procesal larga y compleja. La Fiscalía Anticorrupción lo inició tras recibir comunicaciones internacionales sobre una presunta red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos en la que aparecía Plus Ultra. La querella que el colectivo ultraderechista Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 —de siete páginas, construida sobre recortes de prensa y con errores— llegó después. La Audiencia Nacional explicó el pasado 19 de mayo que el caso acabó en ese tribunal por la dimensión internacional —con pesquisas abiertas en Francia y Suiza— que había adquirido la investigación, una secuencia que deja poco espacio al papel impulsor de la querella ultra.

El auto de 85 páginas que el juez José Luis Calama dictó el pasado 18 de mayo y que ha supuesto la imputación de Zapatero se apoya en varios pilares, como las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los dispositivos electrónicos incautados en la operación de diciembre de 2025 o la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Sin embargo, la parte contable del auto se estructura a través de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) —dependiente de la Agencia Tributaria— fechado el 25 de febrero de 2026. Este documento es el que le pone cifras exactas a la presunta trama de tráfico de influencias.

El informe analiza el entramado societario bajo control de Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino identificado por el juez como lugarteniente principal de la red y administrador único de Análisis Relevante SL, la consultora que, según el juez, actuó como nodo central de distribución de fondos. 

La ONIF concluye que Martínez Martínez controló en el periodo de 2020 a 2024 un total de 39 mercantiles, la mayoría inactivas o sin actividad económica real acreditada. Buena parte de esas empresas figuran dadas de baja en la Agencia Tributaria, no presentan declaración del Impuesto de Sociedades o tienen una cifra de negocio nula, y varias de las que sí declaran actividad carecen de empleados o acumulan retribuciones por debajo de los 10.000 euros en todo el periodo. 

Tres de ellas, sin embargo, —Afitta Capital SLU, Rentas Emeritenses SL y Zenzap SL— combinan esa aparente inactividad con movimientos bancarios significativos. La estructura, concluye el informe, no responde a una lógica empresarial real sino instrumental.

Uno de los hallazgos más llamativos es el análisis de Inteligencia Prospectiva SL —antes denominada Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada—, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La ONIF concluye que entre 2020 y 2025 esta sociedad, cuyos ingresos declarados son nulos o inferiores a 35.000 euros anuales, movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, una cifra que el auto califica de "absolutamente incongruente" con su actividad declarada. 

El organismo concluye que “Inteligencia Prospectiva carece de actividad económica efectiva y funciona como punto de entrada de fondos del extranjero, simulados como ampliaciones de capital, para redistribuirlos hacia otras sociedades del entramado mediante contratos ficticios de asesoría”. Los principales destinatarios: Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros).

El informe de la ONIF cuantifica los flujos que parten directamente de Plus Ultra hacia el entramado. El volumen total declarado asciende a 598.910 euros, distribuidos entre tres receptoras —todas ellas sociedades de Julio Martínez Martínez—: Análisis Relevante (301.290 euros), Voli Analítica SL (141.773 euros) e Iot Domotic Europe (155.847 euros). Sin embargo, las cuentas bancarias de dos de estas mercantiles reflejan discrepancias con los importes declarados: las transferencias reales desde Plus Ultra a Voli Analítica ascendieron a 119.993 euros, y a Iot Domotic a 126.807 euros. Todas estas sociedades carecían de trabajadores en los ejercicios en que perciben los ingresos.

Los contratos que justifican formalmente esos pagos reproducen, en los tres casos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra en 2020, 2023 y 2025, un objeto prácticamente idéntico: informes mensuales sobre la situación política, económica y social del mundo, asesoramiento sobre países y organizaciones internacionales, y apoyo a la preparación de discursos. La retribución pactada oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros mensuales más IVA. Durante su comparecencia en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado 430.000 euros de Análisis Relevante en seis años por asesorías e informes —que en ocasiones eran “orales”—, según el expresidente. 

Los informes, según el auto, los redactaba Sergio Sánchez, propietario al 25% de Análisis Relevante. Whathefav SL —la sociedad de las hijas del expresidente— se encargaba de su maquetación y distribución, “sin aportar un valor técnico propio”, según el juez.

Más allá de los flujos directos desde la aerolínea, la ONIF analiza también los pagos que llegan al entramado desde entidades sin vinculación aparente con Plus Ultra. Dos concentran especial atención. Gate Center —think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, también al frente de la consultora Thinking Heads, y del que Zapatero es presidente del consejo asesor— recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva y habría transferido 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. El grupo Thinking Heads —Thinking Heads Group SL y su sucursal estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado por su parte 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas a través de Whathefav. 

La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no la vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. Cabe señalar también que Thinking Heads actúa como agencia de conferenciantes (speakers bureau) de los también expresidentes Felipe González y José María Aznar, gestionando su contratación para eventos, conferencias corporativas y actos públicos.

Sumados todos los flujos identificados por la ONIF y recogidos en el auto, el destino final apunta al entorno del expresidente. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Gate Center, otros 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. Thinking Heads, 681.318 euros adicionales a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. 

Las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa habrían recibido 247.191 euros de Whathefav entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y las de Alba Rodríguez Espinosa, 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado el propio expresidente. En conjunto, el auto contabiliza casi dos millones de euros canalizados hacia el entorno directo de Zapatero entre 2020 y 2025.

La ONIF no es la única fuente de Hacienda que alimenta el auto. La propia Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, certifica que, a fecha de febrero de 2026, no consta en España ningún pago en ejecución del contrato por el que Idella Consulenza Strategica —sociedad de Julio Martínez Martínez— pactó cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Esa ausencia de trazabilidad en territorio español es uno de los elementos que llevan a Calama a concluir que la sociedad offshore constituida en la zona franca del aeropuerto de Dubái ocho días después de la aprobación del rescate —cuya existencia verificaron infoLibre y OCCRP— habría sido creada para recibir ese pago fuera del alcance del fisco español. El patrón, razona el auto, encaja con las modalidades de blanqueo mediante “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia”.

La ONIF existe desde 1998, cuando la presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la creó para coordinar los esfuerzos de la inspección tributaria frente al fraude organizado. Depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y su función no es perseguir el fraude fiscal menor sino actuar allí donde la complejidad societaria o la presencia de estructuras criminales organizadas lo exigen. Tiene capacidad para elaborar informes técnicos a petición de la fiscalía o de los juzgados y actuar como auxiliar de la jurisdicción penal, suministrando al proceso la radiografía financiera que los investigadores policiales no siempre pueden construir con la misma precisión. 

A diferencia de unidades investigativas de la policía o la Guardia Civil, como la UDEF o la UCO, la ONIF no ejecuta registros, ni intercepta comunicaciones ni detiene a los investigados. La unidad de la AEAT no actúa en la calle sino sobre los balances, los registros mercantiles, las declaraciones tributarias y los movimientos bancarios, explican a infoLibre fuentes jurídicas. 

El 3 de julio de 2020, cuando el coronavirus azotaba con fuerza a todo el mundo, el Gobierno dio luz verde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, el instrumento financiero estaba pensado para evitar el hundimiento de compañías clave para la economía. Una treintena de solicitudes recibieron el visto bueno. Media decena procedían de aerolíneas. Entre las beneficiarias, Plus Ultra. Una ayuda que fue auditada, junto con el resto de las concedidas, por el Tribunal de Cuentas. Y cuya concesión se encuentra ahora bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La aerolínea, que estuvo controlada por empresarios venezolanos considerados cercanos al régimen chavista, recibió 53 millones de euros de ayuda pública: 34 millones en forma de préstamo participativo y 19 millones de préstamo ordinario. El rescate recibió luz verde a comienzos de marzo de 2021. Cinco años después, la aerolínea ha pagado, según datos del propio Gobierno, 12 millones en intereses. Según el calendario fijado, la devolución debería completarse, como tarde, en 2028. Los 19 millones del principal deberían haberse reintegrado hace un par de meses, pero se acordó un aplazamiento "debido a la subida del coste del queroseno" y los cierres provocados tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año.

El rescate ya estuvo bajo la lupa de un juzgado madrileño. Pero un error en la prórroga de la instrucción que dejó a la magistrada sin margen para nuevas diligencias provocó el sobreseimiento provisional de la causa. Unos meses más tarde, sin embargo, llegaron a la Fiscalía Anticorrupción unas órdenes europeas de investigación remitidas por Francia y Suiza. Y eso provocó la reactivación de un caso que ha terminado llegando a la Audiencia Nacional. Las autoridades galas y suizas alertaron de la posibilidad de que el rescate se hubiera usado en una trama de lavado de dinero venezolano. Plus Ultra aseguró que había destinado un 40% de la misma a pagar a acreedores, un 22% a gastos operativos –nóminas, impuestos o seguros sociales–, un 19% a reembolsos de pasajeros y otro 19% a "capital de trabajo".

El Gobierno, que siempre ha sido reacio a facilitar información sobre el rescate aludiendo al "carácter reservado" de la misma, insiste en que el rescate se ajustó a la legalidad. Y en que, hasta ahora, ni un solo organismo lo había puesto en duda. El Tribunal de Cuentas publicó en septiembre de 2024 su informe sobre la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el procedimiento de aprobación de las operaciones del fondo de apoyo. Tras analizar toda la documentación, el órgano fiscalizador concluye que los "órganos de gestión y decisión" aplicaron "un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige", dispusieron de información para "tomar una decisión fundada" y que la aplicaron "de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales".

El documento también resalta que la concesión de la ayuda "no se apartó, en ningún caso, de la opinión emitida por los asesores externos en sus informes sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad". Porque el procedimiento, en este caso, se apoyaba en el llamado principio de los cuatro ojos, por el cual una decisión debe ser validada por, al menos, dos personas: "En el proceso de la decisión sobre las ayudas el procedimiento contempla una intervención de los servicios de SEPI, que fueron reforzados por personal temporal contratado, y de los asesores externos –contratados específicamente para esta labor–, de forma que en la propuesta que llegara al Consejo Rector, aparecieran los resultados de los informes de los asesores, a su vez verificados por los servicios de SEPI en cada una de sus áreas".

El documento también refleja cómo la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda consultaba a la Abogacía del Estado cada vez que había dudas interpretativas sobre los criterios de elegibilidad. O que, en todos los casos, remitió peticiones de subsanación a los solicitantes. Y también dio respuesta a la oposición, que desde el primer momento había puesto en duda el carácter "estratégico" de una aerolínea que operaba "menos de un 1% de las conexiones aéreas". "El Fondo se basó en informes de entidades públicas o privadas de solvencia y aplicó los criterios interpretativos derivados del Marco Temporal, de los criterios de la Comisión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, al tener como base de la declaración de 'estratégica' la importancia del sector en el que la empresa opera y no considerar como criterio de exclusión el tamaño de la empresa", apuntaba.

La duración media de tramitación de los expedientes fue de 355 días. O 285 días si se pone el foco solo en las ayudas a las aerolíneas. En el caso de Plus Ultra, el asunto se resolvió en 182 días, frente a los 214 días en el caso de Volotea, 403 de Air Nostrum o 456 de Wamos. No fue, sin embargo, la resolución más rápida. Apenas 70 días se tardó, por ejemplo, en dar luz verde al rescate de 475 millones de euros de Air Europa. La normativa aplicable al fondo le confería una "potestad reglada". Es decir, si se cumplían las condiciones de elegibilidad "se debía proceder a la concesión". "Ello implica la concesión de ayudas a empresas que, aun cumpliendo los requisitos de elegibilidad, presentan una situación de debilidad económica y financiera", completaba el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno defiende que hasta cinco informes avalaron que la aerolínea no era una empresa que estuviera en crisis –era una condición fundamental para recibir la ayuda–: del auditor de Plus Ultra, de Price Waterhouse Coopers, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de DC Advisory y de Deloitte –estas dos últimas, como asesoras externas del fondo–. Esto contrasta, sin embargo, con un informe pericial independiente que fue elaborado a petición de la magistrada Esperanza Collazos en el marco de la inicial investigación que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En él, el perito Pedro Martín Molina hablaba de la existencia de un "préstamo participativo", de la falta de registro de "provisiones derivadas de ciertas contingencias" y de la "posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Y ponía en duda, en definitiva, que la aerolínea no estuviera en crisis a cierre de 2019.

Aquella pericial no fue determinante entonces para la magistrada. Sin embargo, sí le da relevancia el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. "El análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar. [...] Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", recoge el auto de imputación de Zapatero.

Otro requisito para acceder a la ayuda era encontrarse al corriente de las deudas con la Seguridad Social. Cuando presentó su solicitud para el rescate en septiembre de 2020, la aerolínea adjuntó dos certificados de estar al corriente de sus obligaciones. Sin embargo, Deloitte, en su informe técnico, indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, fechada un mes después de la solicitud, sobre el aplazamiento de una deuda preexistente de 451.954,79 euros contraída con la Seguridad Social. En el Gobierno, sin embargo, se defienden alegando que se puede "estar al corriente de las obligaciones" tanto cuando las deudas están pagadas como cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas.

El instructor sospecha que la red de "tráfico de influencias" al frente de la cual pone a Zapatero habría cobrado una comisión por el rescate de la aerolínea a través de una sociedad offshore. El punto de partida se encuentra en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. "La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea", apunta el magistrado. Como remuneración, se establece el 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, casi un mes después de aquello, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. En su auto, el juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de dicha offshore. Una afirmación que, por el momento, se apoya en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, envió a Martínez un correo con indicaciones para crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos un día después de que ambos comieran con el expresidente. "Según lo conversado ayer", rezaba el mail.

Aún está por ver, del mismo modo, si el expresidente intercedió de alguna manera a favor de Plus Ultra. El instructor sostiene en su resolución que los directivos de la aerolínea intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". Esto, por el momento, se apoya en mensajes de terceras personas. "Yo busco cómo llegarle a ZP", reza un mensaje que Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, traslada a Julio Martínez Sola, presidente de la misma. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", responde este último.

El juez, del mismo modo, pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Un encuentro del que se tiene constancia porque un director envió un mensaje a Koldo García, entonces mano derecha del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Comunicación que este último reenvía a su jefe, quien también habría almorzado con el expresidente del Gobierno –según las evidencias extraídas de la agenda de García–, extremos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de confirmar a través de las agendas de Zapatero.

Sábado, 6 de febrero de 2021. En medio de las gestiones de Plus Ultra para hacerse con la millonaria ayuda estatal, Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra, y Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, hablan sobre la posibilidad de organizar una comida con, entre otros, Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero y pieza central de la trama por la que acaba de ser imputado el expresidente del Gobierno. "Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo. Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", señala el primero. "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus", responde el segundo. Se refieren, en concreto, a Camilo Ibrahim Issa, otro de los nombres propios alrededor de un rescate cuya validez pone ahora en duda el instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama.

El préstamo de 53 millones de euros que se concedió a la aerolínea tras la primera ola de la pandemia, y por el que el magistrado cree que se habría pagado una comisión del 1% a través de una sociedad offshore en Dubái, ya estuvo en el pasado bajo la lupa del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. De aquellas primeras pesquisas, el instructor recupera ahora un informe pericial que pone en entredicho la concesión. "Aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar", recoge la resolución.

El instructor relata que "para evitar" que las cuentas bancarias reflejaran "pérdidas" que obligaran a la disolución de la misma, la compañía "habría recurrido" a "herramientas contables". "Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", continúa. La resolución habla de "provisiones ajustadas", de "canje de bonistas mediante el embargo de un avión" o un "supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp" de 6,3 millones de euros que, además, "obligaba a inmovilizar fondos" en un banco de Dominica. "Se contabiliza como pasivo a largo plazo pero se cuenta como si fueran fondos propios", señalaba este miércoles en el Senado el auditor de las cuentas de Plus Ultra.

El 17 de diciembre de 2020, tres días después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) requiriese más información a la aerolínea, Roberto Roselli, consejero delegado de la aerolínea, hace referencia en un audio remitido a Reyes a este préstamo. "Mira tipo por cierto dos cositas de la SEPI con respecto a lo de Panacorp. Los tipos están diciendo si hay posibilidad de que el participativo se quede durante los cinco años, yo voy a decir que sí. Preguntaron sobre qué va a pasar con los fondos retenidos, yo les voy a decir que siguen retenidos, porque eso fue un cambio de garantía de dos aviones a eso y no lo podemos tocar", resalta el consejero delegado, quien concluye diciendo que redactaran unos documentos, que "un poco más de maquillaje" y que luego ya verán cómo lo hacen para mover el dinero.

Reyes Rojas, su mujer y un magnate venezolano

Panacorp Casa de Valores –ahora Avanza Casa de Valores– es una entidad financiera panameña que ha estado vinculada a los accionistas venezolanos de Plus Ultra. Según la documentación que consta en el Registro Público de Panamá, en 2021 figuraban con cargos en la misma María Aurora López López o Mohamed Ibrahim Ibrahim. La primera es, según consta en el auto de Calama, cónyuge de Reyes Rojas, empresario hispanovenezolano cuyo móvil volcó y compartió con los investigadores españoles la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Y quien llegó a controlar, a través de FlySpain y Snip Aviation, más de la mitad del accionariado de Plus Utra.

El segundo ha tenido también negocios con Reyes Rojas –ambos figuraban como directivos en la panameña SFCO Properties SA–. Y es, según el medio de comunicación venezolano Armando.info, familiar de Camilo Ibrahim Issa. El nombre de este magnate venezolano de origen árabe, que ha estado muy vinculado a los negocios de Inditex en el país latinoamericano, aflora varias veces en el auto de imputación del expresidente del Gobierno. El 26 de febrero de 2021, cuando aún no era oficial la aprobación del rescate a Plus Ultra, Martínez comunica a Ibrahim la obtención de la ayuda, agradeciéndole a este último la "asesoría y guía al equipo": "Por lo demás, las felicitaciones por la obtención del préstamo SEPI, sin duda son mutuas y el mayor agradecimiento a ti, tu asesoría y tu guía al equipo que sin duda se nutrió infinito para poder hacer la labor que han hecho".

Fue el 2 de marzo, cuatro días después, cuando el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI elevó la propuesta para el apoyo financiero público con cargo al fondo de apoyo de la solvencia de las empresas estratégicas a favor de la sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas, que sería finalmente aprobada en el Consejo de Ministros del 9 de marzo.

En mayo del 2010 tomé una de las decisiones más duras en mis quehaceres relacionados con la política. Abandoné mi larga trayectoria de militancia en el PSOE (después de 32 años). ¿Razones? La decisión que tomó Rodríguez Zapatero, tras su vuelta de Bruselas de acatar las resoluciones que la Comisión Europea había tomado de manos de Ángela Merkel sobre los recortes brutales que había que aplicar al sector público como consecuencia de la crisis mundial del 2008 provocada por mundo financiero.

En una larga carta enviada a Zapatero (como Secretario General del PSOE) le expresaba mi opinión al respecto y le sugería que desde la izquierda había que dar una respuesta a la crisis sin que cayera todo el peso en los más vulnerables y que si desde Bruselas se apuntaba a lo más “quirúrgico”, siempre quedaba la opción de dimitir y convocar elecciones generales. El resultado ya sabemos el que fue.

Conocí a Zapatero en León en 1991 y desde entonces aposté por él. Irradiaba frescura, credibilidad, capacidad de diálogo infinita, cercanía… Y sobre todo honradez, una profunda convicción por ejercer la política desde la honradez. Sus ocho años de gobierno han estado marcados por ese principio y ha pasado a la historia de la democracia española sin escándalos de corrupción (la palma de oro se la llevan Aznar, Rajoy y Felipe González).

Hoy la Audiencia Nacional lo ha imputado, como en su día pidió el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, sobre la base, por ejemplo, de las declaraciones de un delincuente confeso como Víctor Aldama. El juez, José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ni siquiera ha respetado sus derechos y ha ordenado el registro de su despacho sin que esté el imputado presente ni su abogado.

Escucho en la radio que lo procedente, ante el impacto de la noticia, es la mesura y la tranquilidad en las opiniones. Petición que como siempre cae en saco roto porque ya el PP y Vox y su mundo mediático no sólo han dictado sentencia, sino que ya tiene pólvora para rato. Ya tienen una pólvora letal que la propagarán hasta las elecciones generales, conocedores de los tiempos judiciales. Lo de menos es si, finalmente, Zapatero demuestra su inocencia, lo importante es difundir que es un corrupto. Al igual que lo siguen haciendo con Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez) o igual que lo han hecho con el Fiscal General del Estado. Mientras Cospedal y Rajoy con todas las pruebas acumuladas (informes, documentos, audios, testigos…) sobre uno de los casos más detestable y funesto para la democracia, como ha sido la Operación Kitchen, jamás han sido llamados como imputados.

“El que pueda hacer que haga” (Aznar dixit), ha llegado a los oídos de algunos magistrados que ya no les cabe ninguna duda de que hay “manga ancha” en la cúpula del poder judicial para devolver el poder a quienes son sus legítimos propietarios: PP y Vox.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era el tiro de gracia que le faltaba al Gobierno. Tiro de gracia o la traca final que se inició hace siete años.

No me arrepiento, si se me permite, de mi decisión de dimitir hace 16 años por razones políticas, pero la honradez de José Luis Rodríguez Zapatero llevada a los tribunales es absolutamente insoportable. El lawfare en su toda su expresión.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El objetivo que los directivos de Plus Ultra buscaban al "contratar" los supuestos servicios de la red presuntamente dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, era el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana por un importe de 53 millones de euros, una finalidad que se logró. Pero, aunque el consejo rector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Consejo de Ministros no lo hubiese aprobado, el delito de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente socialista podría haberse producido igualmente. Porque, como recoge el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto por el que acordó su imputación y el registro de su oficina, la empresa de sus hijas y otras sociedades de la trama, la principal infracción penal que se le imputa no exige un resultado concreto. Tampoco que se produzca un beneficio para el perpetrador.

Para que el tráfico de influencias –que se castiga con penas de hasta dos años de prisión– se consuma basta con que el autor haya intentado influir para lograr su objetivo. Que prospere la imputación de Zapatero depende de que se pruebe que ejerció su ascendencia sobre responsables de la SEPI, funcionarios o cargos del Ministerio de Hacienda –del que depende esa entidad–, su entonces titular, María Jesús Montero, o cualquier otro miembro del Consejo de Ministros –el órgano encargado de tomar la decisión definitiva– incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Es lo que el propio instructor del caso y otros expertos penalistas llaman "delito de mera actividad". En su auto, Calama cita la Operación Avispa –el caso por el que se condenó en 2021 al exsubdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por dar permisos de residencia a miembros de la mafia georgiana– o el caso Palma Arena –en el que fue condenado el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP)– para explicar que "basta con que el sujeto activo intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse".

El juez de la Audiencia Nacional aclara también que, para que se produzca el delito, tampoco es necesario "que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria". En el caso que investiga, el magistrado sí considera, sin embargo, que el rescate de Plus Ultra se produjo sin que la aerolínea cumpliera los requisitos legales para ello, algo que en cualquier caso sería indiferente para la consumación de la infracción. "Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada", escribe Calama en su resolución.

"La conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico directo o indirecto", prosigue. "Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado", añade. "Lo imprescindible es que quede acreditada la intención del autor de obtener tanto la resolución como el beneficio, sea para sí o para un tercero". En resumen: "El delito se consuma con el acto de influir, siendo irrelevante el resultado final de la gestión".

"Si todo esto es cierto, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero", escribe Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo publicado este miércoles en El País. "No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración Pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente (...), también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello", añade el experto penalista en su tribuna.

El auto de Calama no refleja una pistola humeante como sería, por ejemplo, una conversación, un intercambio de mensajes o una cadena de correos electrónicos entre el expresidente del Gobierno, por ejemplo, con María Jesús Montero —máxima responsable de la SEPI en el momento de los hechos—, algún cargo de esa sociedad pública, otro ministro o el propio presidente Sánchez realizando la gestión. En la resolución no aparece una prueba directa del tráfico de influencias, pero sí tres grupos de indicios que apuntan a que Zapatero, o la estructura que presuntamente lideraba, realizó las gestiones prohibidas por el Código Penal.

El primero incluiría "los contactos personales" del expresidente y "su capacidad de acceso a altos cargos de la administración", algo que el juez supone a quien ha ocupado la más alta responsabilidad gubernamental del Estado. También la intervención de Manuel Aarón Fajardo –al quien los directivos de Plus Ultra se refieren como la persona de Zapatero en Venezuela– o Julio Martínez Martínez, su excompañero de carreras y empresario, "como intermediarios con los clientes". Esa intervención se deduce de las conversaciones de los directivos de la aerolínea, que llegan a referirse a Martínez como "el lacayo" o "el banco del jefe".

En segundo lugar, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones" indicaría que "la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia" del que salieron los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea. El hecho de que, antes de su aprobación, varios de los investigados ya conocieran que el desembolso se fuera a producir, también indica, según el magistrado, "el acceso anticipado a información privilegiada".

Por último, el juez encuentra también "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido", otro de los elementos del delito. Se refiere a "la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez [el amigo de Zapatero], mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas". "La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos", describe el juez.

Calama observa, con más claridad si cabe, los mismos elementos del delito de tráfico de influencias en las gestiones de Martínez Martínez, el empresario amigo de Zapatero, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Se trata, según el instructor, "de una pluralidad de gestiones reiteradas, realizadas en unidad de propósito y aprovechando la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz". El auto resalta en negrita que, tras las conversaciones de Martínez con Teixeira que dieron lugar a la autorización de un vuelo Caracas-Madrid de Plus Ultra, el compañero de carreras del expresidente del Gobierno recibió un mensaje de una persona registrada como "Z" en la agenda de su teléfono que decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

Acto seguido, el empresario amigo de Zapatero envió otro mensaje al militar venezolano en el que le agradecía el apoyo y le indicaba que los vuelos habían sido aprobados: "Muchas gracias por su ayuda", le dijo Martínez Martínez al mayor general Teixeira. Además de tráfico de influencias, el juez imputa al expresidente el delito de blanqueo de capitales —por la supuesta constitución de una sociedad off-shore en Dubái—, así como el de organización criminal.

Julio Martínez Martínez constituyó una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos cuya función, según la investigación judicial en curso, era recibir fuera de España la comisión pactada a cambio de las gestiones realizadas para obtener el rescate público de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021. 

La empresa se llama Landside Middle East FZCO e infoLibre ha podido comprobar su existencia en el registro de Dubái, con la colaboración de OCCRP, consorcio de investigación periodística del que es socio este medio. Pertenece a DAFZ, la zona económica especial del aeropuerto de Dubái, y quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing.

La Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, gestionada por la Dubai Airport Freezone Authority y ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, es una de las más de 20 “zonas especiales” que ofrecen los Emiratos Árabes a sus empresas. Entre sus ventajas se incluye la posibilidad de que la propiedad sea extranjera al 100% —sin necesidad de un socio emiratí—, la exención de impuestos corporativos, la repatriación total de beneficios y un proceso de constitución que puede completarse íntegramente de forma telemática. La DAFZ cuenta con más de 3.300 empresas registradas, a las que les exige un capital mínimo de un dírham —equivalente a algo más de 20 céntimos de euro—. Solo es necesario un accionista para la constitución, y se permite un máximo de 50.

Lo que DAFZ no ofrece, ni ningún otro registro público de Dubái, es información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella. El registro de accionistas, administradores o cuentas anuales no es público. La sigla FZCO responde a "Free Zone Company", la denominación estándar para empresas constituidas en una zona franca emiratí, diseñadas para operar internacionalmente y no en el mercado local de los Emiratos.

En los correos intervenidos por la investigación judicial, la empresa aparece referenciada de dos formas distintas: "Landside Dubai Fzco" y "Landside Middle East Fzco". El auto reproduce ambas denominaciones tal como figuran en las comunicaciones internas de la red. El nombre con el que la sociedad acabó siendo registrada es el segundo, y no es casualidad: las zonas francas emiratíes prohíben explícitamente el uso del término "Dubai" —junto a otros como "UAE", "Emirates" o nombres de la familia real— en la denominación de empresas privadas, por considerarlos términos protegidos. 

El auto del juez Calama reconstruye el origen de la sociedad a partir de los correos y mensajes intervenidos. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL —controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por el juez como lugarteniente principal de la red— había suscrito con Plus Ultra un contrato por el que percibiría el 1% más IVA de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate de la SEPI: con el rescate fijado en 53 millones de euros, esa comisión ascendía a 530.000 euros. 

En algún momento entre la firma del contrato y la aprobación del rescate, Zapatero convocó una reunión en el restaurante Portonovo de Madrid, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre, que se describe como un “centro de desarrollo de negocios global” centrado en la economía de productos halal. El centro está registrado en la Dubai Airport Freezone.

Al día siguiente de esta reunión, Guerrero Blanco envió a Julio Martínez Martínez la documentación para constituir la sociedad en los Emiratos, "según lo conversado ayer". El 3 de marzo, cuando el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) ya había aprobado internamente el rescate —la supuesta trama tuvo conocimiento de esta aprobación antes de que se decidiera formalmente, según se desprende del auto—, Cristóbal Cano (gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez) enviaba a este un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan", un plan de negocio que preveía ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Según el auto, esto “permite inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente la ayuda el 9 de marzo de 2021. La sociedad quedó constituida ocho días después, el 17 de marzo, participada al 100% por Idella Consultanza Strategica, según las comunicaciones intervenidas por la UDEF. Idella no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde 2018 —tres años antes de la constitución de la offshore— por lo que no se puede comprobar si esta aparece en sus documentos financieros. 

De estos hechos, el juez concluye que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recogidos en el auto con fecha de febrero de 2026, no consta que se haya efectuado en España pago alguno en ejecución del contrato con Plus Ultra. El auto señala que el patrón detectado "encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo", en particular en lo relativo a la "creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia" para impedir el rastreo de los fondos.

En la cúspide, José Luis Rodríguez Zapatero, el "presunto líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Esa supuesta estructura, que ha servido al juez número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para imputar por primera vez en España a un expresidente del Gobierno, tendría, según la información facilitada desde el tribunal y auto del instructor, tres niveles. El comunicado difundido desde la Audiencia no lo explica en detalle, pero el entramado liderado por Zapatero no solo habría tenido a Plus Ultra Líneas Aéreas entre sus clientes, sino que en su nómina habría algunos más. Del contacto y las gestiones con todos ellos se encargaría el segundo nivel de la estructura, en el que el juez sitúa al compañero de carreras del expresidente, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez. El nivel más bajo de la supuesta red corrupta, en la gestión diaria del entramado, el instructor coloca a otras dos personas. A un lado María Gertrudis Alcázar, la secretaria de la oficina del ex jefe del Ejecutivo y con relación directa y supuestamente bajo las instrucciones de este. Al otro, Cristóbal Cabo Quiles, al que el juez otorga el rol de gestor diario del entorno societario de Martínez.

Zapatero, como el jefe de todo, mantendría, según Calama, el control total de las operaciones corruptas del entramado. A la red, el expresidente aportaba sus contactos personales forjados durante los siete años que ocupó el Palacio de la Moncloa. Esos contactos junto con la capacidad de acceso que un exlíder del Ejecutivo tiene a los altos cargos de la administración, se ponían a disposición de los clientes de la estructura, que recurrían a ella, según el resumen de la resolución facilitado por la Audiencia, para "obtener decisiones favorables" a cambio de contraprestaciones económicas. Desde su posición de liderazgo, no solo se habría dedicado a ejercer la influencia objeto de investigación, el expresidente se ocuparía desde el máximo puesto jerárquico de la selección de clientes, pero también del mecanismo para que sus pagos quedaran fuera del radar, impartiendo instrucciones "para crear sociedades off-shore" –la información facilitada por la AN cita una con sede en Dubai–. También adoptaría estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. Los detalles en los que se basa el juez para hacer esa durísima acusación no aparecen en el auto.

El expresidente del Gobierno, tras conocerse su imputación, ha señalado, como ya hizo el pasado 2 de marzo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que él no ha tenido ninguna relación Plus Ultra ni realizó gestión alguna a su favor para que el Gobierno aprobara su rescate. Su relación con Julio Martínez, según ha asegurado en repetidas ocasiones, se limitaba a elaborar informes de consultoría "a precios de mercado".

Por debajo del exjefe del Ejecutivo y directamente a sus órdenes se encontraría Julio Martínez Martínez, su compañero de sesiones de running. Martínez era quien trataba con los clientes como "interlocutor habitual". También actuaba, según el instructor, "como receptor y ejecutor de las instrucciones directas de Rodríguez Zapatero". Fue supuestamente a sus órdenes que puso al servicio del entramado su estructura societaria para canalizar los cobros de los clientes. Martínez formalizaba esas entregas de dinero a sus empresas mediante contratos de asesoría o consultoría que, según Calama, serían ficticios y que solo se usarían "como mera justificación documental frente a terceros". En realidad esos fondos acababan en poder del expresidente o en la caja de Whathefav, la empresa de sus hijas. Durante su declaración en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado en total en seis años 430.000 euros de Análisis Relevante, otra de las empresas de Martínez, por asesorías. La sociedad de sus hijas se habría encargado de la maquetación y el envío de sus informes, según su versión.

En el caso de los servicios prestados por la supuesta estructura corrupta a Plus Ultra, Martínez Martínez, "siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", señala el instructor, creó al menos una sociedad en el extranjero denominada "Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco". Esas firmas estaban participadas al 100% por otra de las sociedades del compañero de carreras del exlíder de Gobierno, Idella Consulenza Strategica, con sede en Alicante. Esta última, cuyo único administrador y propietario es Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra por el que cobraría un 1% de los 53 millones desembolsados para el rescate de la aerolínea hispanovenezolana. El instructor cree que la sociedad con sede en Dubai estaba pensada para canalizar esos fondos porque se creó solo siete días después del acuerdo con la compañía de aviación.

Fue a través de otra de las sociedades de Martínez, Análisis Relevante, con la que Zapatero sí ha reconocido una relación profesional, la que remitió un total de 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a la empresa de sus hijas. Esos fondos, según el auto, procedían de Plus Ultra y otras empresas interpuestas. "La mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante", sostiene Calama, "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero". En este segundo escalón de la trama, el instructor también coloca a Manuel Aarón Fajardo García, a los que los gestores de Plus Ultra denominan "el hombre de Zapatero en Venezuela". El auto asegura que fue Fajardo con quien se pusieron en contacto los directivos de la compañía aérea para gestionar el rescate y que este les dirigió a Martínez, con el que siguieron tratando.

En el último escalón se encuentra Gertrudis Alcázar, la secretaria personal de Zapatero, que continúa con la misma función en la actual oficina del expresidente, situada justo en frente de la sede central del PSOE. Alcázar, según el auto, se encargaría de "la gestión cotidiana" de la red corrupta, ejecutando las órdenes del expresidente. Junto a ella, en ese tercer nivel, se encontraría Cristóbal Cano Quiles, el "gestor diario del entorno societario" controlado por Martínez, que tenía una fluida relación con la asistente administrativa del ex secretario general del partido. De varios correos intercambiados entre ambos, el juez deduce que, tras una comida en un restaurante entre Zapatero y Martínez, ambos habrían acordado la constitución de la sociedad off-shore con sede en Dubai.

La noche del 2 de marzo de 2021, tres hombres cenaron en la terraza de un restaurante de Madrid para celebrar que el rescate de Plus Ultra estaba prácticamente en el bolsillo. Eran Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; Roberto Roselli, su consejero delegado; y Julio Martínez Martínez, el empresario de Elda que salía a correr con Zapatero por El Pardo. Cuando llegó la cuenta, Martínez Martínez preguntó en el chat grupal si la SEPI aprobaba esos gastos. Roselli contestó con una frase que ahora duerme en el sumario: "Tranquilo, eso sale del 1%". Martínez Martínez cerró el debate: "Entonces, aprobado". 

Ese porcentaje correspondía al contrato que su sociedad, Idella Consulenza Strategica, había firmado con Plus Ultra semanas antes: si se materializaba la inyección pública de 53 millones de euros, él se embolsaba una comisión de 530.000 euros. Una semana después de aquella cena, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda.

José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en ese restaurante. El expresidente rara vez aparece en las escenas más comprometedoras. Según el juez José Luis Calama, —titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional pero a cargo de esta instrucción el el número 2 tras la abstención de Ismael Moreno— su liderazgo "no se manifestaba de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".

Sin embargo, la instrucción le sitúa indiciariamente en la cúspide de la pirámide como el "principal beneficiario final y supervisor último de la operativa". A ojos del juez, el exjefe del Ejecutivo no solo validaba presuntamente los listados de clientes de la firma matriz, Análisis Relevante SL, sino que llegó a convocar la reunión clave para diseñar una estructura offshore en Dubái, enviando a un escolta para gestionar la reserva del restaurante.

El rastro documental acumulado por la UDEF sitúa el peso de su influencia en los momentos más críticos de la pandemia. Una carta intervenida con membrete de Plus Ultra, fechada el 25 de mayo de 2020 y dirigida al vicepresidente del Banco Santander España, arrancaba sin ambages: "Siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía". En los mensajes interceptados, el expresidente era "ZP", "el amigo" o "nuestro pana". Para Roberto Roselli, con quien según el auto no existía interlocución directa, la etiqueta era más explícita: "No hablo con él directo, hablo con un lacayo [sic]", le explicaba a Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra. Bajo esa supuesta arquitectura de asesorías y conferencias cruzadas, la investigación judicial estima que Zapatero percibió al menos 1,5 millones de euros.

El encargado de canalizar y distribuir esa corriente financiera era Julio Martínez Martínez, apodado 'Julito'. Su detención se produjo apenas cuatro días después de ser fotografiado junto al expresidente en el monte de El Pardo. Con un control formal de hasta 39 mercantiles bajo la lupa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el auto le asigna el papel de lugarteniente principal: el engranaje que asimilaba las órdenes superiores, movía los hilos del dinero y trataba con los clientes. Su ascendencia sobre la aerolínea era tal que, en un audio de abril de 2021, un Roselli asfixiado por las deudas le afeaba un supuesto distanciamiento: "Me tienes abandonado. Claro, como ahora te la pasas en la república de nuestros amigos viajando en aviones privados, ya un pobre como yo que sale vapuleado en las noticias ya ni quieres hablar". Lo que subyacía tras el reproche, según sospecha el instructor, era una reclamación urgente de fondos.

El segundo pilar de la estructura en el exterior era Manuel Aarón Fajardo García. Hijo de un exsenador socialista por Lanzarote, su radio de acción se concentraba en Caracas. "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela", explicaba Reyes en una conversación intervenida. Experto en análisis matemático de mercados, Fajardo ya arrastraba un historial en el país caribeño; en 2018 impulsó Interbanex, una plataforma de divisas bendecida por el Banco Central venezolano y clausurada poco después de su nacimiento. Fajardo también fundó y presidió la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).

El día a día de la red corría a cargo de un tercer escalón puramente administrativo, ocupado por María Gertrudis Alcázar Jiménez y Cristóbal Cano Quiles. Alcázar, secretaria de la oficina de Zapatero en la madrileña calle Ferraz —objeto de entrada y registro de la UDEF este martes—, presuntamente confeccionaba la cobertura documental necesaria para justificar el tránsito de capitales. Las comunicaciones intervenidas por la UDEF la muestran en constante comunicación con Cano, el encargado de la burocracia en las empresas de 'Julito', pactando los conceptos de las facturas sobre servicios inexistentes o valorando si correspondía inflar los cobros: "Con lo que me digas el lunes te envío la firmada", contestaba Cano en un correo de marzo de 2022. Una fábrica de papel mercantil diseñada, según el juez Calama, para simular contraprestaciones comerciales legítimas.

En el extremo receptor, los mandos de Plus Ultra operaban con la misma urgencia. Julio Martínez Sola —que fundó la aerolínea en 2011 junto a Fernando González Enfedaque tras la ruidosa quiebra de Air Madrid en 2006— asumió la tarea de activar los resortes de influencia política nada más declararse el estado de alarma. A su lado, Roberto Roselli pilotaba la tesorería refiriéndose al sistema de comisiones como una "finance boutique". 

La prisa por blindar la supervivencia de una compañía que jamás había registrado beneficios —y cuyo peso en el transporte aéreo el año de su rescate correspondía a tres pasajeros de cada 10.000— unió a la trama con Rodolfo José Reyes Rojas, el accionista venezolano que espoleaba las gestiones políticas. Fue él quien planteó desde el primer momento la necesidad de "pedirle ayuda a ZP". Las conversaciones intervenidas muestran el tono crudo de esa mediación: cuando Martínez Sola asume en un mensaje que deben "entrarle" a los intermediarios asumiendo que el fin justifica los medios, Reyes Rojas responde sin tapujos: "Vamos a follar aunque sea pagando un poquitín”.

Celebrada la aprobación del rescate, el inversor lo atribuyó de inmediato a su principal activo en Madrid: "Nuestro pana Zapatero detrás". Las pesquisas reflejan, además, cómo fluía esa información privilegiada: Camilo Ibrahim Issa, empresario hispanovenezolano y entonces accionista de la compañía, recibió la confirmación de la ayuda de manos de Martínez Martínez con más de diez días de antelación respecto a la deliberación formal del Gobierno.

Para canalizar el dinero sin levantar las alarmas del sistema financiero, la organización levantó un sistema de “ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal y uso de testaferros”, según el auto. El corazón del esquema era Análisis Relevante SL, una firma sin empleados ni actividad comercial identificable que absorbió 959.799 euros entre 2020 y 2025 procedentes de los clientes de la red. La mercantil justificaba los ingresos vendiendo informes de consultoría que en realidad redactaba un tercero. El producto final era maquetado por Whathefav SL, la agencia de marketing digital y eSports fundada en 2019 por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El auto sitúa a Whathefav como la estación final del circuito: una sociedad receptora de fondos de la red que terminaban transferidos a las cuentas personales de las hermanas, donde el propio Zapatero constaba como firma autorizada.

La vertiente internacional del patrimonio se estructuró a partir de Idella Consulenza Strategica, la sociedad que blindó el cobro del 1% del rescate aéreo y que sirvió de matriz para constituir Landside Middle East Fzco en Dubái, una filial offshore creada solo una semana después de la firma del acuerdo. Por debajo de este esquema operaban Caletón Consultores y Summer Wind, utilizadas presuntamente como empresas “instrumentales” para fragmentar los pagos y difuminar su origen. El administrador de Caletón era un ciudadano venezolano que, según la documentación intervenida, actuaba como un testaferro retribuido con 600 euros en efectivo por cada viaje a España, bajo la supervisión directa del abogado Santiago Fernández Lena. En paralelo, Summer Wind llegó a mover casi cuatro millones de euros en un solo ejercicio recurriendo a facturas emitidas a la carta: "Facturo por donde quieras", le garantizaba Martínez Martínez a la dirección de la aerolínea en una conversación pinchada.

El capital que nutría esta malla societaria procedía de un grupo de clientes corporativos con intereses muy específicos. Aldesa Construcciones, constructora española integrada en 2020 en el conglomerado estatal China Railway Construction Corporation, sancionada en Estados Unidos por sus vínculos al Ejército chino, abonó 127.000 euros a Análisis Relevante. De forma simultánea, firmó un acuerdo con Idella para la localización de negocios en España —como el macrocomplejo recreativo Hard Rock en Tarragona— fijando una comisión del 3%. 

Al preparar los borradores, Martínez Martínez ordenó explícitamente a Fernández Lena que borrara el término "comisión", un patrón que para el instructor evidencia la voluntad de enmascarar la naturaleza de los pagos mientras el holding asiático recibía adjudicaciones públicas del Gobierno por valor de 50 millones de euros.

El flanco venezolano de la financiación se sostenía a través de Inteligencia Prospectiva SL, capitaneada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, y Softgestor SL. Pese a carecer de ingresos ordinarios, desde sus cuentas salieron 380.000 euros hacia Análisis Relevante, 561.000 hacia Whathefav y 266.000 hacia el Gate Center, “lo que resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021”, según el auto. 

Este último nodo, el think tank fundado en 2022 por Zapatero y el presidente de la consultora Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu Kaup, cierra el perímetro de la investigación judicial. El Gate Center operaba en la calle Velázquez, 24 de Madrid, un inmueble que conectaba a la red con ramificaciones geopolíticas bajo sospecha: allí estuvieron domiciliadas las empresas de Fangyong Du, un empresario chino al que el CNI recomendó denegar la nacionalidad por presuntos vínculos con el espionaje de Pekín, y que aportó fondos al lobby. El auto destaca un último cruce de caminos: el 11 de marzo de 2021, solo dos días después de que el Consejo de Ministros rescatara a Plus Ultra, Du cenó con el entonces ministro José Luis Ábalos y Koldo García en un céntrico restaurante madrileño, acompañados de seis prostitutas.

Dentro de este mismo esquema de relaciones, el análisis bancario del magistrado apunta a transferencias emitidas por el grupo Thinking Heads que suman 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no los vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. 

Era algo que se venía rumiando desde hacía semanas. Y, al final, el caso Plus Ultra ha terminado alcanzando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco meses después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera a su amigo Julio Martínez, la Audiencia Nacional ha imputado este martes al exlíder del Ejecutivo en el marco de una causa que pone el foco, entre otras cosas, en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno acordó para la aerolínea. Y no como una pieza cualquiera. El magistrado José Luis Calama lo coloca en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos". Y recoge abonos al expresidente y su entorno por cerca de dos millones.

Este asunto lleva años enredado en los tribunales. Pero recibió el impulso definitivo hace algunos meses, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. En diciembre, agentes de la UDEF detuvieron, entre otros, a Julio Martínez Sola y a Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra, respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. El caso, entonces, adoptó una nueva dimensión. Y el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decidió enviarlo a la Audiencia Nacional.

La investigación, desde entonces, la está liderando el Juzgado Central de Instrucción nº2 a través del magistrado Calama, quien sustituye a su compañero Ismael Moreno –que decidió abstenerse–. Una causa que este martes ha escalado con la imputación de Zapatero, que se convierte así en el primer expresidente imputado por la justicia española por delitos de corrupción. En su auto, al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sitúa al exlíder del Ejecutivo en la cúspide de una trama orientada al "ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros". Es él, apunta, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

"Desde su oficina de Ferraz –centro de coordinación de la red– se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria", sostiene el magistrado. Un rol de liderazgo que, continúa, "no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión". Para situar a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red", el instructor se apoya, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas. De hecho, destaca que el expresidente evitaba "en lo posible" la "ejecución directa de las gestiones más comprometidas". "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana" o "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" son algunos de los mensajes incorporados al auto de imputación.

Una "posición preeminente" que también ve el magistrado en el hecho de que sea el propio expresidente quien envíe a Julio Martínez "los archivos Excel con los clientes" de Análisis Relevante, la consultora que administra su amigo: "No constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística". Del mismo modo, le señala como la persona que da las instrucciones, durante una reunión celebrada en un restaurante, para la constitución de una sociedad en el extranjero. "[En aquel encuentro] se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside", apunta el magistrado.

Calama llega a esta conclusión porque un día después de aquella comida, de la que se tiene constancia por un intercambio de correos de la secretaria de Zapatero, uno de los participantes a la misma, Tomás Guerrero, envía a Martínez, que también estuvo presente, un correo en el que le detalla la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái con un "según lo conversado ayer". Las gestiones para constituir Landside Middle East Fzco, una empresa radicada en la principal ciudad de Emiratos Árabes Unidos y participada al 100% por Idella Consulenza Strategica –administrada también por Martínez–, arrancaron poco tiempo después de que esta última sociedad suscribiera un contrato con Plus Ultra vinculado, precisamente, al rescate de la aerolínea.

La duración del mismo venía determinada, precisamente, por el tiempo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tardase en emitir resolución relativa a la concesión del rescate. Y se estipulaba como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada", es decir, 530.000 euros. Una cifra que se recoge, con cierta sorna, en algunos mensajes intercambiados por los investigados: "Tranquilo, eso sale del 1%", escribía uno de ellos cuando otro decía con ironía que "la SEPI" no aprobaba los gastos de una comida que estaban celebrando. "Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero", apunta el instructor.

El rescate de la aerolínea centra, precisamente, buena parte de la resolución judicial. El instructor resalta que directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". El instructor también destaca la capacidad de la red para acceder a información privilegiada, como demuestra el hecho de que celebraran la concesión del rescate antes incluso de su aprobación definitiva.

La resolución también detalla el movimiento de dinero entre las empresas de la trama. Así, sostiene que "la mayor parte de los fondos" que recibió Análisis Relevante de empresas como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa "terminaron en el entorno" de Zapatero, a quien el magistrado atribuye blanqueo de capitales o tráfico de influencias. La consultora habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, cuyas administradoras y socias son las hijas del expresidente. El auto, además, recoge pagos de Gate Center y de las sociedades del grupo Thinking Heads, quienes señalan en un comunicado que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014. Sumando estos últimos, los pagos recogidos por el instructor se sitúan en cerca de los dos millones.

El auto también llega a mencionar la "intervención directa" del expresidente del Gobierno "en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [subproducto derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas". Y le sitúa como puerta de entrada al negocio del crudo. "De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir –que precisarán con posterioridad–, al señalar que "necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención".

En este caso, el instructor se apoya en una serie de conversaciones halladas en el teléfono de Martínez en las que se identifica a Delcy Rodríguez (La Dama) como la persona que controla "la asignación de los buques". "Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de José y la dirección postal designada para su envío. Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", recoge el auto de imputación, que también pone el foco sobre una carta enviada el 30 de octubre de 2023 por "China International Cultural Technology Resources Group CO LTD" a la "Oficina del Presidente Zapatero".

La nota de prensa llegó a las siete menos diez de la tarde. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en la mañana del pasado miércoles, acordó, por mayoría, dar amparo a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, una las que participaron en el caso Juana Rivas, frente a unas declaraciones del abogado de esta. La resolución, apoyada por la presidenta, Isabel Perelló, y los 10 vocales conservadores, establecía, como “medida de restauración”, “la difusión institucional” del acuerdo. “La crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional”, añadía. La nota aseguraba que se habían excluido “las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego”, a las que se dirigió también la queja de la jueza, por considerar que mostraron “un tono respetuoso”. Sin embargo, la literalidad de la resolución, según las fuentes consultadas, censura sus palabras y ordena que se les notifique el acuerdo.

La nota se distribuyó después de que varios medios, entre ellos infoLibre, hubieran publicado informaciones en las que se aseguraba que el amparo a la jueza de violencia granadina –que se inhibió de decidir sobre si debía enviar o no al hijo menor de Rivas con su expareja, el italiano Francesco Arcuri, investigado por maltrato– no se otorgaba únicamente frente a unas declaraciones del abogado de esta que la señalaban directamente. También, según se deduce de su literalidad, frente a las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Juventud e Infancia, Sira Rego, además de otros exmiembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias (Podemos), la eurodiputada de esa misma formación y exministra Irene Montero y la magistrada y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell. El comunicado obligó a este medio a rectificar su versión inicial en el sentido del texto de la nota, procedente de fuentes oficiales del Consejo y así se recogió en la propia información.

Sin embargo, el contenido de la nota en realidad no refleja lo que el Consejo aprobó el miércoles sobre la jueza del caso Juana Rivas –como también apreciaron los vocales que votaron en contra– por lo que infoLibre no debió haber rectificado. La resolución se refiere, aunque sin recoger sus nombres ni sus cargos, a las dos ministras y al resto de exmiembros del Ejecutivo contra los que la jueza granadina dirigió su queja, a los que acusaba de ejercer presión sobre la magistrada orientando a la opinión pública para forzarla a tomar una decisión sobre el menor en un sentido concreto. Todos los políticos a los que se refería la queja, según la fundamentación jurídica del acuerdo, afectaron a la independencia de la magistrada y la atacaron personalmente, sobrepasando la libertad de crítica a las resoluciones judiciales. Las ministras y el resto de figuras, según el acuerdo, habrían desacreditado la profesionalidad de la jueza extendiendo una sospecha sobre su actuación en el caso.

Pero, además de esas apreciaciones que parecen censurar a dos miembros del Gobierno actualmente en el cargo, la parte dispositiva del acuerdo ordena que se notifique, no solo al abogado de Juana Rivas, sino también a ambas ministras, al ex número dos del Gobierno, la eurodiputada de Podemos y la magistrada en ejercicio y ex delegada del Gobierno contra la violencia machista. Esa notificación debe comunicar a todos ellos que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la que dirime todas las impugnaciones contra las decisiones y actos del Consejo.

Fuentes oficiales del CGPJ aseguran que esta orden de enviar a las ministras –y no solo al abogado de Juana Rivas– la resolución se justifica porque sus declaraciones fueron objeto de la queja presentada por la magistrada ante el órgano de gobierno de los jueces. Respecto a los párrafos de censura a las manifestaciones de “personas que ostentan o han ostentado responsabilidades públicas” que recoge el documento, esas fuentes aseguran que deben entenderse referidas únicamente al resto de cargos –Pablo Iglesias, Irene Montero y Victoria Rosell– pero no a las dos ministras. Sobre por qué no hay en la resolución –pero sí en la nota– ninguna referencia a que las declaraciones de Redondo y Rego queden efectivamente exentas de la reprobación, desde la institución afirman que el texto “podría ser mejorable”.

Sin embargo, los nueve vocales del sector progresista que votaron en contra del amparo entendieron que la resolución censuraba a todos los representantes políticos –ministras incluidas– en contra de lo que se recogió horas después en el texto de la nota de prensa, y así lo hicieron saber a sus compañeros durante el Pleno del miércoles en el que anunciaron que formularían por escrito su opinión discrepante. El voto particular de todos ellos plasma una posición contraria al amparo. Pero además, asegura que el texto de la resolución que sacó adelante la mayoría "pone de manifiesto las imprecisiones e inconcreciones en cuanto a los hechos y el fundamento del amparo solicitado". "La trascendencia de ese conjunto de imprecisiones e inconcreciones es aún mayor si se tiene en cuenta su reflejo en el plano institucional y de la comunicación pública". En definitiva, que la resolución del amparo concedido, cuyo único efecto era ser publicado en una nota del Consejo para el conocimiento de todos los ciudadanos, no aclaraba si se refería a las ministras, como negó el comunicado oficial posterior, en contra de lo que entendieron los medios que se hicieron eco de la decisión del Consejo.

"Aunque durante la deliberación se acordó la supresión de un concreto párrafo del texto debatido", el que hacía referencia a las dos integrantes del Ejecutivo, "permanecen inalterados los antecedentes de hecho, buena parte de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva, incluida la decisión de difundir institucionalmente el acuerdo y notificarlo no solo al letrado [de Juana Rivas], sino también a la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García; a la ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Rego; a doña Irene Montero Gil; a don Pablo Iglesias Turrión [y] a doña Victoria Rosell Aguilar". "La permanencia de tales referencias", prosigue el texto discrepante, "impide apreciar una plena congruencia interna entre la fundamentación [de la resolución], la parte dispositiva finalmente aprobada y su posterior difusión y comunicación institucional", añade.

Las manifestaciones de Ana Redondo de las que la jueza se quejó se recogieron en una nota del Ministerio de Igualdad difundida el 10 de enero de 2025 en la que se advertía de que “varias normas internacionales” establecían que “se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión a fin de garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador". Como aseguró la propia ministra en sus alegaciones durante el procedimiento de amparo, el comunicado hacía una referencia expresa “al respeto a la independencia del Poder Judicial” y enmarcaba su contenido en una crítica “respetuosa y admisible”, sin referirse a ninguna actuación concreta de la jueza.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, escribió un tuit el 7 de enero de 2025 en el que decía literalmente: “He escuchado a [el nombre del menor], hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Ese mismo día, se publicó una noticia en la que se aseguraba que Juventud e Infancia había trasladado al fiscal “la urgencia de que se escuche al hijo menor de Juana Rivas para que se garanticen sus derechos”. En sus alegaciones, Rego recuerda que sus declaraciones se efectuaron mostrando absoluto respeto a la independencia e imparcialidad judicial.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, apareció en redes sociales calificando la decisión de la jueza de inhibirse de la decisión sobre el hijo de Rivas de "violencia institucional insoportable", manifestando que la magistrada estaba "fuera de la ley". "Lo que está haciendo esta jueza al inhibirse es negar que este caso sea un caso relacionado con violencia machista. Hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y de la infancia". Al dar su versión al Consejo, Montero alegó que sus críticas "se insertan en un debate público sobre los contornos y la naturaleza de la violencia vicaria (...) en un caso ya de por sí relevante mediáticamente".

El exvicepresidente Pablo Iglesias escribió un tuit con una foto de la jueza y el texto: "Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas. En 2016 Angulo archivó la denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri. En 2024 se supo que la fiscalía italiana investiga a Arcuri por maltrato a su hijo menor". Iglesias ha mantenido ante el CGPJ que se limitó "a retuitear una información publicada por el medio de comunicación que dirige, respecto al que no se ha interesado ninguna medida específica".

La magistrada canaria y ex delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, fue entrevistada en diario-red.com, medio en el que afirmó que "si un niño manifiesta miedo a uno de sus progenitores, hay que saber por qué" y señaló que se atendiera a la fiscalía, que pedía que la jueza escuchara al menor. También escribió un tuit en su perfil de X en el que recordaba que la Guardia Civil había apreciado "riesgo alto de especial relevancia" si el hijo de Rivas volvía con su padre. Según dijo la magistrada al órgano de gobierno, sus manifestaciones "no guardan relación con el juzgado de Granada, sino con la campaña de solidaridad con un niño español víctima de violencia de género sometido a la jurisdicción italiana". También sostuvo que no se dirigió a la jueza ni tuvo intención de darle ninguna recomendación, "ni mucho menos obviamente una presión de ninguna clase, lo cual, además, sería constitutivo de infracción disciplinaria".