la trama de la ultraderecha

El sindicato de Vox declara una "sede social" fantasma en un edificio de una zona vip de Madrid

Rodrigo Alonso, a la derecha, y miembros de Solidaridad durante la presentación del sindicato en el polígono industrial de Coslada el 15 de septiembre.

El denominado sindicato Solidaridad, brazo con que Vox busca abrirse espacio en el mundo laboral en guerra abierta con los llamados sindicatos de clase y un mensaje abiertamente antiinmigración, hizo constar en sus estatutos oficiales un "domicilio social" que posee todos los visos de ser un auténtico fantasma. Creado por tres cofundadores el 25 de junio, el Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (Spdste) registró como "sede social" un edificio encajado en una de las calles más selectas del barrio madrileño de Los Jerónimos, entre el Retiro y el Paseo del Prado. Y allí, en el número 20 de la madrileña calle Antonio Maura, ni hay ni ha habido rastro del nuevo sindicato, dirigido por Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía.

Esa dirección aparece tanto en los estatutos depositados el 28 de julio en el registro público del Ministerio de Trabajo como en el acta fundacional del 25 de junio. Y también, en el apartado que dedica a "privacidad" su página web, cuyo dominio ya había sido dado de alta el 6 de mayo. Es decir, un mes y medio antes del acto de constitución, en el que participaron tres personas como cofundadores.  Uno de esos tres cofundadores admite que jamás pisó el edificio. Es decir, que no ha acudido nunca al supuesto escenario donde nació su sindicato. Una vez informados los portavoces de Solidaridad de que ese reconocimiento había existido, el departamento de prensa cortó toda comunicación. 

El inmueble que con cinco plantas y un semisótano se alza en Antonio Maura 20 suma en sus 14 viviendas y oficinas más de 60 compañías mercantiles. Es decir, tienen allí su domicilio social, y en algún caso el fiscal, 60 empresas cuya actividad práctica no siempre se desarrolla allí. ¿Permitió alguna de ellas que la nueva organización sindical tomase prestada su propia residencia mercantil a efectos de inscripción en el registro público del Ministerio de Trabajo? Este periódico lo ignora. En lo que concierne a un sindicato o un partido que persigue captar socios o afiliados, esa acción sería un fenómeno por completo extraño, según juristas expertos en legislación asociativa a los que ha consultado este periódico. Entre ellos figura el laboralista Manuel de la Rocha, vinculado desde hace años al sindicato UGT. "Que haya un domicilio social ficticio –opinó el letrado tras el relato de hechos que le trasladó infoLibre– indica que no es un sindicato sino una ficción lanzada por Vox en contra de los trabajadores". Un inspector de Hacienda que pidió expresamente mantenerse en el anonimato recalcó que en lo que a las sociedades instrumentales se refiere, utilizar un bufete o una gestoría como "domicilio social" es una práctica corriente. E inusual por completo en entidades sin ánimo de lucro.

Imagen del artículo de los estatutos depositados en el Registro Público del Ministerio de Trabajo donde como sede social aparece tan solo Antonio Maura 20 sin que el texto precise piso ni puerta.

En una breve conversación mantenida este martes, el cofundador citado –Ángel García– reconoció que nunca había pisado el edificio de Antonio Maura. A la pregunta de si cabía la posibilidad de que algún propietario o inquilino hubiese puesto su espacio a disposición del sindicato para que lo inscribiese como sede social, García dijo que no lo cree. A la pregunta de si entonces Solidaridad había elegido aquella dirección como podía haber optado por hacer que los estatutos identificaran como domicilio oficial Castellana 90 o 33 o cualquier otra, el interlocutor contestó que entendía que así era: "Había que poner una dirección", fueron sus palabras.

La charla con García, con quien este medio contactó en su teléfono particular tras localizar el número en una base de datos pública, comenzó con la pregunta de cómo enviar documentos escritos a Solidaridad en Antonio Maura 20 si el edificio dispone de cinco plantas, 14 unidades y ninguna de las personas allí consultadas asegura conocer nada sobre el sindicato ni se especifica en qué piso y puerta se encuentra. Una carta dirigida al nuevo sindicato sería devuelta de inmediato dado que no hay forma de saber a quién debería ser entregada, fue la respuesta que este periódico llegó a recabar en una de sus visitas al edificio. Tras informársele de que la llamada que estaba sosteniendo procedía de infoLibre, Ángel García recomendó contactar con el departamento de prensa de Solidaridad. 

Diputado, no liberado sindical

Empresario autónomo, exconcejal de Hacienda por el PP en Antas (Almería) hasta que el partido lo relegó en 2015 a un puesto de suplente en la lista municipal, Rodrigo Alonso saltó ya a la fama en su comunidad cuando arrancó en el tablón de anuncios de la Cámara autonómica carteles del sindicato CGT. Con un salario neto mensual de 3.016 euros (4.263,73 brutos) como diputado autonómico, Alonso afirmó hace una semana lo siguiente en una entrevista con el diario La Razón: "No voy a ser liberado sindical. Yo le quito tiempo a mi familia para trabajar en el sindicato".  La legislación española garantiza un sueldo a todos los diputados para que puedan representar a los electores con independencia de su situación económica personal. El escaño nunca se solapa con el cargo de liberado sindical.

Pese a la insistencia de este periódico, que le informó de todos los datos que había ido recabando, el sindicato se negó a dar explicaciones el lunes salvo para admitir que aún no existe sede real. Así lo expusieron sus portavoces tras la concentración de protesta contra el presidente del Gobierno a cuya asistencia animó desde su cuenta oficial de Twitter el sindicato y que se convirtió en su primera y virulenta entrada en la escena política. El martes, el sindicato promovido por el partido de Santiago Abascal tampoco accedió a aclarar el misterio del domicilio social ni su porqué. Ahora, aunque este medio no ha logrado verificar desde cuándo con exactitud ni mediante qué procedimiento fue elegido o designado, el sindicato tiene como secretario general a alguien que no participó en su constitución: Rodrigo Alonso Fernández, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz.

Según La Voz de Almería, dos militantes de su partido acusan a Alonso de haberles robado la idea que sustenta este nuevo sindicato de quien eldiario El Mundo publicó hace una semana que ya ha recibido 5.700 solicitudes de afiliación. Este periódico también ha conseguido saber desde qué espacio físico se tramita, con qué cuenta opera la organización, qué trabajadores tienen encomendada la gestión o cómo abordan sus servicios jurídicos –el departamento de prensa tampoco accedió a revelar quiénes lo conforman– las consultas de los nuevos afiliados.

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