Medios aéreos y terrestres combaten este jueves un incendio forestal que se ha declarado en el término municipal de Méntrida (Toledo), según informa EFE. 

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha decretado el nivel 2 de operatividad para el incendio forestal que se ha declarado este jueves en Méntrida (Toledo), cuyo humo afecta a varias poblaciones de Toledo y Madrid, y en el trabaja un dispositivo de 24 medios aéreos y terrestres y 112 personas.

El incendio, que a sido detectado por un vigilante fijo a las 15.02 horas, ha hecho necesario confinar la urbanización Calypo Fado, perteneciente a la localidad de Casarrubios del Monte, por el intenso humo que se está generando, mientras que el servicio de emergencias 112 de Madrid ha recomendado a los vecinos de Navalcarnero que en la medida de lo posible permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas y eviten desplazamientos a la zona en la que se localiza el fuego.

Según se indica en el sistema Fidias de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, debido a su intensidad se ha elevado la operatividad del incendio a nivel 2.

La declaración de nivel 2 implica una situación de gravedad moderada que requiere una respuesta coordinada de los servicios de extinción, con la posible incorporación de medios adicionales a los ya desplegados en un ataque ampliado. Además, este puede afectar a vegetación de mayor tamaño, como arbustos grandes y árboles jóvenes, y tiene potencial para propagarse rápidamente.  

De hecho, en las labores de extinción no solo están trabajando medios del Infocam, sino también del plan contra incendios de la Comunidad de Madrid (Infoma) que a su vez ha establecido el nivel 1 de operatividad.

También está participando la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BRIF) con base en La Iglesuela del Tietar (Toledo).

En estos momentos trabajan en las labores de extinción un total de 12 medios aéreos, 12 medios terrestres y tres medios de coordinación y dirección, con un total de 112 personas, indica el sistema Fidias.

El humo que ha generado el incendio de la localidad toledana de Méntrida ha obligado a cortar la autovía A5 en el punto kilométrico 37, en sentido entrada a Madrid, y en el punto kilométrico 32, en sentido salida, debido a la baja visibildad, según ha informado Emergencias 112 este jueves.

Para ayudar a combatir el fuego la Comunidad de Madrid ha enviado de momento 6 autobombas, 4 helicópteros, 2 nodrizas, 3 vehículos de mando y 2 bulldozer.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, a petición de la Comunidad de Madrid, ha enviado un dispositivo de bomberos compuesto por un suboficial y una bomba.

Municipios, como Alcorcón, han trasladado recomendaciones a sus vecinos, como extremar la precaución en los desplazamientos por carretera si hay baja visibilidad, cerrar ventanas, evitar realizar actividad física al aire libre o intentar no utilizar sistemas de ventilación que introduzcan aire del exterior dentro de las viviendas.

El alcalde de Méntrida (Toledo), Alfonso Arriero, ha dicho que el incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal se ha desplazado a las localidades próximas de Casarrubios del Monte (Toledo) y Villamanta y Navalcarnero (Madrid), y ha señalado que en Méntrida no hay ninguna zona confinada aunque siguen "preocupados" por si se reaviva.

El alcalde de Méntrida ha dicho a EFE que "ahora mismo solo tenemos retenes para evitar que se reavive el incendio" y ha añadido que "afortunadamente no están afectando al núcleo de población ni el humo ni las cenizas".

Ha señalado que el fuego se ha originado "muy cerca" de la carretera que une Méntrida y Valmojado, en la provincia de Toledo, pero ha apuntado que desconoce las causas.

"Estamos con todos los medios activados por si cambia la dirección del viento o se reaviva algún foco. Pero ahora mismo estamos tranquilos en ese sentido pero a la vez bastante preocupados por lo que está pasando y que no vuelva a reavivarse", ha manifestado Arriero.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves toda su solidaridad con los vecinos afectados por el incendio que comenzó en Méntrida (Toledo) y que se extiende por municipios limítrofes de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, y ha ofrecido "todos los recursos" para su extinción.

Lo ha expresado a través de su cuenta de la red x, en la que ha pedido "mucha precaución" y ha indicado que el Gobierno sigue la evolución del incendio. 

"La UME ya está activada y ponemos a disposición todos los recursos del Gobierno para colaborar en su extinción", ha añadido.

El Gobierno regional ha desactivado a las 10:30 horas de este sábado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), tras la favorable evolución del incendio originado el viernes 4 de julio en una empresa de reciclaje de baterías de litio ubicada en el polígono Ródano de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

El Platecam se activó ese mismo día, a las 20:15 horas, en fase de alerta para la provincia de Guadalajara, ha indicado el 112 de Castilla-La Mancha en una nota de prensa.

Tras un continuo seguimiento del incendio, motivado por las especiales características del material almacenado en la planta, y gracias al trabajo de los bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento (CEIS) de la provincia de Guadalajara, se logró dar por controlado el fuego una semana después, este viernes a las 19:30 horas. 

En los próximos días y hasta que se declare su extinción, personal de la propia empresa y bomberos del CEIS mantendrán la vigilancia de las instalaciones. 

Durante los días en los que ha permanecido activado el plan de emergencia, además de bomberos del CEIS de Guadalajara, han intervenido bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Comunidad de Madrid, Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), técnicos del Plan Infocam, personal de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam), voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja y técnicos del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y del Servicio de Protección Ciudadana de la provincia de Guadalajara.

Cuando el Grupo Sanchiz abrió su macroexplotación porcina en Balsa de Ves, un pueblo de 150 habitantes en Albacete, los responsables de la empresa preguntaron cuántos parados había en el municipio. “Diecisiete”, le contestaron. “Pues me comprometo por escrito a contratarlos a todos”, fue la oferta que quedó negro sobre blanco en las actas de un pleno municipal. Trece años después, del pueblo sólo trabajan allí cinco personas, asegura su alcaldesa, Natividad Pérez García.

Uno de los argumentos más utilizados para defender la apertura de macrogranjas es el empleo que crean en zonas deshabitadas y con escasas oportunidades laborales. Pero en Balsa de Ves las expectativas quedaron lejos de cumplirse. Granja de Ves abrió sus puertas en 2008 y tiene una producción de 100.000 lechones al año, según consta en la página web de Grupo Sanchiz. Sin embargo, su presencia no ha servido como dinamizador del empleo o para fijar población, se queja la regidora socialista. Por el contrario, el pueblo ha perdido al 40% de sus habitantes, resalta. Natividad Pérez no culpa a la explotación porcina de la huida de sus convecinos, pero deja claro que tampoco les ha ayudado en nada. En 2008 no había escuela, y sigue sin haberla; entonces tenían un restaurante, un hostal y una tienda que ya han desaparecido. Ni empleos directos, ni indirectos.

“Los técnicos, el ingeniero, el veterinario, vienen de fuera, y el resto de los que trabajan allí vienen de otros pueblos más grandes”, protesta la alcaldesa. Además, esos trabajadores “se traen el bocadillo de casa, aquí no pagan ni un café”, continúa. Y ello pese a que, además de las propias naves donde nacen, crecen y engordan los cerdos, la instalación cuenta con una planta de biogás e incluso un centro de formación. De esa actividad nada repercute en el municipio, advierte Pérez García, porque la empresa “no paga nada”, ni siquiera la recogida de residuos. “Antes pagaban 55 euros al año, y ahora ni eso”, lamenta.

Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, a fecha de diciembre de 2021 había en España un total de 2.179 explotaciones de ganado porcino de gran tamaño, con hasta 7.200 cerdos de cebo, el máximo permitido. Su número ha aumentado casi un 30% desde 2013, mientras que el número de las más pequeñas –menos de 1.000 cerdos de cebo– ha caído casi un 40% desde 2007. Al mismo tiempo, la producción de carne porcina ha crecido hasta alcanzar en 2020 los 56,4 millones de animales sacrificados y los cinco millones de toneladas de carne. De forma que desde 2015 España supera a Alemania en número de cerdos y se ha convertido en el tercer exportador mundial sólo detrás de China y Estados Unidos.

Otro tipo de macrogranja es la avícola, aunque el Ministerio de Agricultura no publica datos de las explotaciones por su tamaño. España cuenta con 20.754 instalaciones avícolas, lo que la convierte en el tercer productor europeo de huevos, sólo superada por Alemania y Francia. Según explica el coordinador del sindicato agrario COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, apenas un centenar de explotaciones tienen más de 40.000 pollos.

Por lo que respecta al vacuno, un portavoz de la interprofesional que agrupa a productores e industria de la carne, Provacuno, niega que existan macroexplotaciones. A tenor de los datos del Ministerio de Agricultura, el tamaño medio de las ganaderías era de 26,46 nodrizas por explotación en agosto de 2020. De las 87.274 explotaciones de vacuno de carne existentes, el 66% tiene menos de 25 nodrizas y sólo el 5,4% supera las 100.

Con las explotaciones lácteas, de las que hay 13.697, sólo 113 poseen más de 626 vacas. La mayoría están en el tramo de 26 a 65 vacas.

En cualquier caso, Agricultura ha elaborado un proyecto de ordenación de las granjas bovinas que se encuentra en fase consulta pública y que por primera vez establecerá un límite máximo de capacidad productiva en este sector: 850 UGM (Unidad Ganadera Mayor, que equivale a una vaca lechera o a un macho de dos o más años). Es decir, 850 animales.

Pero, por muy grandes que sean estas explotaciones ganaderas y por muy intensiva que sea su producción, no lo son ni de lejos en creación de empleo. Icpor, una de las principales empresas del porcino español, proveedor de Mercadona, asegura en su página web que sus instalaciones dan trabajo a unas “60 personas entre empleos directos e indirectos”. Tanto COAG como Ecologistas en Acción discuten la cifra. “En este tipo de explotaciones todo está automatizado”, explica Lorenzo Rivera. Las tareas que realizan los operarios se limitan a la limpieza, ocuparse del pienso, eliminar los animales muertos… Como máximo, dice Rivera, hacen falta 10 trabajadores. “Y puede que algunos de ellos roten por varias granjas”, añade. Daniel González, coordinador de la campaña #StopGanaderíaIndustrial de Ecologistas en Acción, apunta que en las granjas avícolas basta a veces con un par de personas.

En el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, deben inscribirse todos los complejos industriales que superen determinados umbrales de emisiones nocivas al aire, agua o suelo y produzcan residuos. Incluidas las explotaciones ganaderas. Entre la información que consta en algunas de ellas se encuentran las plantillas. Avícolas Sales, una instalación con 200.000 gallinas de puesta situada en Les Useres (Castellón), tiene 14 empleados. Pero Granja Boveral, otra explotación avícola de Castellón ubicada en Vinarós y con 73.000 animales, comunica un único operario. También dice tener sólo un trabajador la explotación porcina de Bartolomé Parra Zurano en Huércal-Overa (Almería), para atender a 25.777 cerdos en dos instalaciones. Porcisan, en el mismo municipio, tiene 18 personas contratadas para cuidar de casi 72.000 animales. Granja La Frajana, en Illora (Granada), dice contar con tres empleados para nueve instalaciones y 28.000 cerdos. Granja San Timoteo, de Cheste (Valencia), paga a cuatro personas para atender a 26.000 gallinas ponedoras –22.000 en jaulas y 4.000 en suelo–.

infoLibre también ha preguntado a las interprofesionales Interporc y Avianza por el número medio de empleos necesarios para atender este tipo de instalaciones, pero al cierre de esta edición no han respondido.

En Noviercas, otro pueblo de 150 habitantes pero situado en Soria, apareció un día de hace ya más de cinco años un proyecto de macroexplotación ganadera que prometía crear 253 empleos, 147 directos y 106 indirectos. Más que duplicaría, por tanto, la población actual del municipio. La sociedad Valle de Odieta SL quiere instalar en allí la que sería la mayor explotación láctea de Europa, con 23.500 vacas. “Casi las mismas que hay en toda la provincia de León”, compara Lorenzo Rivera. Pese a que la empresa cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y ya ha adquirido las 900 hectáreas necesarias para construir las instalaciones, el plan está paralizado desde que el pasado abril la Confederación Hidrográfica del Duero le denegó el permiso para acceder a las aguas subterráneas de la zona. El responsable de COAG cifra en casi cuatro millones de metros cúbicos diarios el agua que necesitaría una explotación del tamaño de la proyectada en Noviercas, lo que equivale al consumo de toda la ciudad de Soria. Rivera explica que Valle de Odieta ha recurrido la decisión de la cuenca hidrográfica. La empresa sitúa en septiembre de este año el plazo límite para poner en marcha el proyecto o abandonarlo.

No obstante, y pese a los obstáculos, el gerente de Valle de Odieta, Alberto Guerendiain, firmó en noviembre un convenio con el alcalde de Noviercas, Pedro José Millán, para rehabilitar y construir 50 viviendas destinadas a los futuros trabajadores de la macrogranja. Según publicó Europa Press, la empresa planea ofrecer las casas a sus operarios “a precios módicos y ventajosos de alquiler social”, lo que permitirá “la fijación de nuevas familias, el establecimiento de más servicios públicos y el impulso a nuevas iniciativas privadas”.

COAG no lo ve tan claro. Según sus cálculos, las 23.500 vacas de Noviercas producirían unos 180 millones de litros de leche al año, que equivalen a la producción de 432 explotaciones, un tercio de la que existen en toda Castilla y León. Y se destruirían 726 puestos de trabajo directos. Lorenzo Rivera destaca, además, que la entrada de semejante volumen de leche en el mercado hundiría los precios. En un sector donde ya de por sí es crónica la depresión de los pagos que hace la industria a los ganaderos.

“Este tipo de iniciativas se acercan a los pueblos contando cuentos”, critica la alcaldesa de Balsa de Ves. Porque la realidad puede terminar resultando muy poco idílica. En otro pueblo de Soria, Garray, abrió en 2016 Aleia Roses, el mayor invernadero de rosas de Europa. Catorce hectáreas que dieron trabajo a 300 personas en un pueblo de sólo 700 habitantes tras recibir 10 millones de euros en subvenciones de la Junta de Castilla y León. Hasta que entró en concurso de acreedores en enero de 2020. La plantilla pasó primero por un ERTE durante la pandemia. En junio la empresa fue adquirida por Full Moon, una firma estadounidense que quiere utilizar los enormes invernaderos para cultivar cannabis de uso medicinal. Finalmente, el pasado noviembre, la nueva empresa, Ondara, anunció el despido de 151 trabajadores a partir del 1 de enero. Según denunció entonces el sindicato CGT, la plantilla llevaba mucho tiempo “con unas pésimas condiciones laborales, despidos continuos y retrasos en el cobro de las nóminas”.

Natividad Pérez García encadena uno tras otro los perjuicios medioambientales que la macrogranja porcina del Grupo Sanchiz ha causado en Balsa de Ves: ni paga por ocupar los montes públicos ni los desocupa pese a haber perdido un contencioso con el ayuntamiento en los tribunales, ni arregla los caminos vecinales que ha destrozado, ni cumple las normas sobre purines –“No fertilizan, abren una zanja y allí tiran la porquería”, denuncia–… “Toda mi relación con ellos es por vía judicial”, se lamenta. La alcaldesa incluso mantiene abiertos varios contenciosos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, también gobernado por el PSOE, por culpa de la explotación porcina. No entiende cómo es posible que el ayuntamiento sea sancionado “todos los años” por carecer de depuradora de aguas residuales, pero a la macrogranja no le caiga ni una multa. “¿La mierda de 150 vecinos contamina, pero la de 100.000 cerdos no?”, se pregunta.

La regidora municipal está convencida de que las empresas saben muy bien dónde pueden instalarse. “Vienen a pueblos pequeños donde los ayuntamientos carecen de técnicos que puedan hacer un seguimiento de su actividad y los alcaldes no son expertos en temas medioambientales, donde no existe un tejido asociativo que les pueda presionar y donde no llega el turismo”, enumera. Pero donde dos de los que sí consiguieron un trabajo en la macrogranja, revela, fueron la entonces alcaldesa y su marido.

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sancionó al menos en dos ocasiones a la empresa de Juan Francisco Robles Descalzo, el ex número dos de Vox por Albacete, y ordenó también dos veces su cierre, durante dos años en el primer expediente que le abrió y durante un año en el segundo. Los motivos fueron casi idénticos en ambos casos: irregularidades y falsedades en la documentación y los registros de la compañía, que impedían “determinar ni siquiera mínimamente, la trazabilidad” del producto que fabricaba así como “realizar un seguimiento de su actividad”. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

La primera sanción, por importe de 165.000 euros, le fue impuesta en 2016 a la empresa CRA Juice SLU, tras inspeccionar las instalaciones, situadas en el polígono de El Villarejo en Madrigueras (Albacete), en 2013. Además, la consejería decretó la clausura de la fábrica durante dos años. Le imputaba siete infracciones graves contra la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y contra la Ley de Calidad Agroalimentaria de esa comunidad autónoma. En 2018, Agricultura sancionó con 197.000 euros y el cierre durante un año a CRA Bodegas SLU, que en abril de 2017 había trasladado su domicilio social de Albacete a Alicante. Ambas sociedades tenían el mismo administrador único, Juan Francisco Robles Descalzo, y entre ellas se desarrollaba un tráfico continuo de concentrado de mosto, el producto que compraban, transformaban en zumo de uva y posteriormente vendían a otras empresas de España y el resto de Europa.

Robles Descalzo renunció el pasado 6 de noviembre a su puesto en la listas de Vox por Albacete una vez se hizo público que el 20 de marzo del próximo año será juzgado en esa ciudad por seis delitos contra Hacienda. La Fiscalía pide para él 24 años de cárcel por haber defraudado un total de 1,78 millones de euros en el impuesto sobre sociedades y en el IVA entre 2007 y 2009. Lo hizo creando un entramado de empresas instrumentales a cuyo frente situó a testaferros y que generaban facturas falsas. Tal como ha desvelado infoLibre, al menos dos de ellos eran ciudadanos rumanos: Mihai O. y Cristian L. C.

Según el informe que elaboró en 2013 la Agencia Tributaria, esa red de empresas le servía de “tapadera” para un “rentable negocio” consistente en la venta como “mosto genuino, a precio de tal”, de un producto “adulterado, mucho más barato”, a base de añadir isoglucosas o fructosas al concentrado deshidratado de zumo de uva. La transformación se realizaba en las instalaciones de Bodegas Unidas La Mancha SL. La Fiscalía señala en su escrito de acusación, fechado en 2017, que CRA Bodegas SLU es la “heredera” desde 2009 de Bodegas Unidas La Mancha SL, pues ambas tienen “las mismas operaciones, idénticos clientes, las mismas instalaciones, el mismo negocio, el mismo administrador y el mismo apoderado”.

En los dos expedientes sancionadores, Agricultura revela la operativa que utilizaba Juan Francisco Robles con estas empresas, donde entraban y salían los concentrados de mosto, y otros productos, sin registros fiables de esos movimientos: “No se anota el depósito o depósitos donde entra el producto, ni las manipulaciones que hacen, ni las cantidades utilizadas”, señala el primer informe, donde se describen los transportes de concentrado de mosto entre CRA Juice y CRA Bodegas, entonces con instalaciones en Casillas de Ranera (Cuenca). Los inspectores de Agricultura dictaminaron que la empresa intentaba “ocultar” que manipulaba y vendía productos vitivinícolas –“mosto de uva con destino a vinificación”– no identificándolos “ni en los depósitos de almacenamiento ni en los libros de registro” y “omitiendo toda referencia a las entradas y salidas desde y hacia CRA Bodegas”.

También descubrieron que los documentos donde se consignaban los transportes en camiones cisterna del mosto entre CRA Bodegas y CRA Juice eran falsos: de ser ciertos, algunos de ellos habían hecho en un solo día hasta 11 viajes. La distancia ente Madrigueras y Casillas de Ranera es de 112 kilómetros, una hora y cuarto de trayecto.

En total, los inspectores calculan que entre la contabilidad que presentó la empresa y la cantidad real de producto manipulado la diferencia ascendía a 10,58 millones de litros de mosto.

Juan Francisco Robles Descalzo explica a infoLibre que recurrió la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en una sentencia de noviembre de 2017 dio la razón a la Consejería de Agricultura y ratificó la multa. Sin embargo, no se llegó a ejecutar el cierre de las instalaciones. Según el ex número dos de Vox, porque los jueces reconocieron que “la empresa llevaba funcionando cinco o seis años con total normalidad” y la medida era “desproporcionada”. Según fuentes del Gobierno castellanomanchego, se suspendió el cierre porque el empresario pagó la multa.

Segundo expediente

En 2017, la Consejería de Agricultura abrió expediente a la otra empresa de Robles Descalzo, CRA Bodegas SLU, y por idéntico motivo. Le sancionó de nuevo, esta vez por un total de 11 infracciones contra las leyes autonómicas de la Viña y el Vino y de Calidad Agroalimentaria: nueve graves y dos leves. Los inspectores escudriñaron facturas, contratos, libros de registro, documentos de acompañamiento y declaraciones de CRA Bodegas, y encontraron anomalías y falsedades similares a las anteriores. El expediente sancionador, al que ha tenido acceso este periódico, destapa la “total incoherencia de los balances de salida y entrada del producto” y la existencia de “documentación inexacta o falsa”, por lo que resultaba imposible seguir “el origen, la transformación y la manipulación” del mosto que la empresa elaboraba.

En concreto, los inspectores descubrieron una diferencia entre compras y ventas superior a 1,5 millones de litros de concentrado que, una vez transformado, equivalen a 6,17 millones de litros de mosto, con un valor de mercado de 1,6 millones de euros. Los inspectores destacan que de esa cantidad de concentrado “se desconoce de dónde entra, dónde se transforma y adónde sale realmente”.

Los inspectores explican que en los documentos –contratos y facturas– aportados por la empresa, ésta aseguraba que el mosto concentrado adquirido a cooperativas, industrias y bodegas de Castilla-La Mancha lo enviaba a las instalaciones que CRA Bodegas SLU tenía en Beneixama (Alicante), arrendadas a la cooperativa Divina Aurora. Y que allí se transformaban en mosto concentrado, mosto concentrado rectificado ecológico, zumo concentrado rectificado de uva y zumo de uva desionizado. Esos productos se vendían luego al por mayor a otras empresas de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Grecia, Suiza y Hungría, además de España. CRA Bodegas también compraba, continúan los inspectores, azúcares invertidos –producto de la separación de la sacarosa en fructosa y glucosa– en Bélgica y Valencia, además de mosto de uva de mesa de Vinalopó (Alicante) para convertir en concentrado.

Sin embargo, según consta en el expediente, en las instalaciones de Beneixama no entró “ni un solo litro-kilo de mosto azufrado ni mosto concentrado de uva” desde el inicio del contrato de arrendamiento de servicios, con fecha de 11 de agosto de 2015, que CRA Bodegas SLU firmó con la cooperativa Divina Aurora. Los depósitos “están vacíos”, concluyen los inspectores tan comprobarlos. De hecho, resultaron ser falsos los documentos que acreditaban el transporte y la descarga de mosto concentrado en Beneixama. En realidad, donde se enviaba y transformaba el producto era en CRA Juice SLU, situada en el polígono industrial Los Villarejos, en Madrigueras (Albacete), como se ha dicho más arriba, y también administrada por Juan Francisco Robles Descalzo. En esta segunda empresa las anomalías vuelven a ser múltiples y similares a las encontradas en CRU Bodegas SLU: “283.578 litros de mosto azufrado ecológico y 5.388.269 litros de mosto azufrado entran en las instalaciones de Madrigueras sin ninguna anotación en los libros de registro de movimientos de vino, ni entradas ni salidas ni cuál es el tipo de producto”, resalta el informe de Agricultura.

“No es una bodega, sino una fábrica de zumos”

Los inspectores también constataron otras irregularidades: al no poder garantizarse la trazabilidad de los productos que manipula es imposible saber si el mosto que la empresa vende como ecológico realmente lo es; o se menciona la compra de un producto denominado “concentrado rectificado blended”, que resulta ser una categoría “no acorde con ninguna reglamentación”.

Esta segunda sanción también ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, que aún no ha resuelto. Juan Francisco Robles asegura a infoLibre que toda la argumentación de Agricultura se basa en el hecho de considerar a su empresa “una bodega, cuando no lo es, sino una fábrica de concentrado de zumos de fruta”, y de exigirle, a su juicio equivocadamente, la trazabilidad de la producción vinícola. Por el contrario, los inspectores de la consejería indican en su informe que CRA Bodegas sí “procesa en sus instalaciones productos de origen vitícola”, como es el mosto, y no sólo transforma zumos y concentrados como alega el empresario.

A diferencia de la Agencia Tributaria, que en su informe señaló como un “producto adulterado” el que elabora la empresa, el ex número dos de Vox por Albacete sostiene que la adición de isoglucosas es “totalmente legal”. “A las bodegas no les está permitido hacerlo, pero nosotros somos una fábrica de zumos”, insiste.

Tuberías de vertidos precintadas

El 5 de noviembre, un día antes de que se hiciera pública la acusación contra el ex número dos de Vox por Albacete, el Ayuntamiento de Madrigueras precintó las tuberías de vertidos de la fábrica al detectar en unos análisis rutinarios que las aguas que evacuaba en la red de alcantarillado municipal sobrepasaban los parámetros legales. Según ha confirmado a este diario el alcalde, Juan Carlos Talavera Utiel, es la segunda vez que ordena el precinto. La incidencia, además, ha sido comunicada al Seprona, por si fuera constitutiva de delito.

Preguntado al respecto, Juan Francisco Robles responde que la empresa del polígono de Los Villarejos, que primero figuraba a nombre de Bodegas Unidas de La Mancha, después al de CRA Bodegas y más tarde al de CRA Juice, ya no es suya. Ahora es su mujer, Gema Arribas Palencia la socia y administradora única. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, repite, “ni la dirijo, ni la administro ni trabajo en ella”.

En efecto, las instalaciones ahora aparecen a nombre de CRA Holding Spain, una sociedad creada en 2010, en la que se presentan Gema Arribas como administradora y socia única, y su padre, José Damián Arribas Aroca, como apoderado. Este último también será juzgado en marzo por el fraude a Hacienda de Bodegas Unidas de Castilla-La Mancha. Gema Arribas es además administradora única de GAP Process in the World, creada en enero de este año y ubicada en el Polígono de Los Villarejos, en la misma parcela de CRA Juice SLU. Aunque consta como objeto social “minorista de alimentos/medicamentos”, en su página web ofrece los mismos productos que antes CRA Juice: zumos concentrados y no concentrados de uva, además de ecológicos. La palabra “mosto” no aparece por ninguna parte.

El número dos de la lista de Vox en Albacete y secretario de la gestora del partido en esa provincia, Juan Francisco Robles Descalzo, renunció a ambos puestos sólo unos días antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre, cuando se hizo público que el 20 de marzo de 2020 será juzgado por cuatro delitos contra Hacienda, por los que la Fiscalía pide 24 años de cárcel. La base de la acusación del ministerio público es el informe que la Agencia Tributaria elaboró tras inspeccionar una de las empresas de Robles Descalzo, Bodegas Unidas de La Mancha, que eludió el pago de 1,78 millones de euros en el impuesto de sociedades y el IVA entre 2007 y 2009. Para conseguirlo, el ex número dos de Vox se valió de un entramado de empresas a cuyo frente situó a testaferros, según explican los inspectores.

El informe de la Agencia Tributaria detalla los nombres de algunas de esas empresas, que confeccionaban facturas falsas. El discurso xenófobo de Vox no fue óbice para que uno de sus candidatos electorales utilizara a dos inmigrantes como administradores de al menos dos de ellas, según ha podido averiguar infoLibre. En concreto, a dos ciudadanos rumanos. Se trata de Sinfonía de Inversiones SL, administrada por Mihai O. y Bodegas y Vinos Corinto, SL, administrada por Cristian L.C.

Este periódico ha preguntado a Robles Descalzo por ambas personas y por su relación con ellas, pero ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Los inspectores constatan que las relaciones comerciales que Bodegas Unidas La Mancha mantenía a finales de 2009 eran con “entidades aparentemente carentes de medios y estructura empresarial”, que el informe no duda en calificar de “instrumentales” y cuyo único objetivo consistía en “proporcionar gastos falsos a las receptoras de sus facturas”. Es el caso de las dos empresas citadas. La primera fue creada por Ramón Cerdá Sanjuán, un abogado conocido por haber creado hasta 10.000 sociedades –www.sociedadesurgentes.com– que luego vendía a terceros. Algunas de ellas terminaron formando parte de las mayores redes de corrupción de los últimos tiempos, desde Gürtel hasta Nóos. En 2017 fue condenado dos veces por la Audiencia Nacional. La primera sentencia le imponía una pena de 13 años de prisión y la segunda, de 14 años, por dos tramas que utilizaban sus sociedades pantalla para eludir el pago del IVA.

En este caso, Cerdá Sanjuán vendió Sinfonía de Inversiones SL, creada el 9 de diciembre de 2005, con sede en Bilbao y un capital de 3.600 euros, a Mihai O., quien pasó a ser su administrador único, en septiembre de 2006. En ese momento el domicilio social de Sinfonía de Inversiones SL se trasladó a San Sebastián. El 22 de marzo de 2013, a la compañía se le revocó su NIF.

Bodegas e inmobiliaria

Bodegas y Vinos Corinto SL ni siquiera llegó a poseer un NIF definitivo. El provisional lo concede la Agencia Tributaria hasta el momento en que la sociedad aporta copia de la escritura pública de constitución y de los Estatutos sociales, así como certificación de su inscripción en el Registro. Tiene un mes para cumplir con este requisito desde que se le adjudica el NIF provisional. La sociedad de Cristian L.C. no lo hizo.

La fecha de constitución de Bodegas y Vinos Corinto SL es el 20 de agosto de 2007, la misma en que Cristian L.C. creó Bodegas Agazos SL y Bodegas y Vinos El Hollejo SL. Aunque tampoco llegaron a tener NIF definitivo, sí que contaban con una cuenta bancaria abierta, en la que estaba autorizado a operar Robles Descalzo, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre.

El mismo Cristian L.C. había creado un año antes una cuarta empresa: Bodegas Oraza SL, con domicilio social en Pinoso (Alicante). También en 2006 aparece en el Registro Mercantil como fundador de una empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia que anuncia “financiación inmobiliaria” en Coslada, una ciudad dormitorio del Este de Madrid. Su dirección es la misma que Mihai O. facilitó ante el notario cuando fue nombrado administrador único de Sinfonía de Inversiones, la otra sociedad pantalla, en septiembre de 2006.

Bodegas Unidas La Mancha se dedicaba a la compra de concentrado de mosto de uva a distintos proveedores, que luego hidrataba y vendía como mosto a otras empresas. La Agencia Tributaria asegura en su informe que vendía como mosto genuino un “producto adulterado” que resultaba de la adicción de isoglucosas –jarabe de maíz– al concentrado. 

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

  RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

  GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

  SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

  PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

  EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

  MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador.

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

  GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

  NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

  ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

  CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El AlcázarEl Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja EspañaSegoviaÁvilaCaja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sussueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

El PSOE sería el vencedor de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha y conseguiría un total de entre 15 y 18 escaños -la mayoría absoluta está marcada en 17 parlamentarios-, mientras que el PP sería la segunda fuerza con entre 11 y 14 diputados, según la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que recoge Europa Press. Asimismo, según este sondeo, Unidas Podemos y Ciudadanos competirían por el tercer lugar con entre 2 y 3 representantes para cada una de estas formaciones. Además, el barómetro publicado este jueves por el centro dirigido por José Félix Tezanos refleja que Vox podría no conseguir entrar en el Parlamento autonómico, al tener una previsión de entre 0 y 1 diputados.

En concreto, la encuesta colocaría al PSOE como la formación que más apoyo lograría el 26 de mayo, al conseguir el 29,5% en voto directo y el 40,3% en estimación de voto.

El segundo partido más votado sería el PP, que obtiene, según este sondeo, el 17,3% del voto directo de los castellano-manchegos y el 29,8% en estimación de voto. Hace cuatro años, la lista encabezada por María Dolores de Cospedal se impuso con el 37% de los votos y 16 escaños.

Tras ellos, Unidas Podemos sería la tercera fuerza en la Comunidad Autónoma, con un 5,4% de voto directo y un 10,9% como estimación de voto. Por su parte, Ciudadanos se situaría como cuarta formación con un 3,7% de voto directo y 8,6% de estimación de voto.

De su lado, el barómetro deja a Vox sin representación en las Cortes, ya que, a pesar de tener una previsión de voto directo del 3,8%, superior a la de Ciudadanos, su estimación de voto alcanza el 6,8%, siendo la más baja de estos cinco partidos.

El sondeo también refleja que Pacma no entraría en el Convento de San Gil, ya que únicamente tiene un 1% de voto directo en la encuesta, que cae a un 0,9% en estimación de voto.

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha informado este sábado de que el Tribunal Supremo ha anulado el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Esta sentencia, emitida el pasado 11 de marzo, resuelve el recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016.

El recurso fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, según ha indicado la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo en nota de prensa.

El Alto Tribunal, añade la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, declara la nulidad de varios artículos de la normativa del Plan, en concreto el artículo 9 en sus apartados 1, 3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3, así como el artículo 10.2 en lo relativo al inciso que afirma que los de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo "no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan". La sentencia entiende, según la Plataforma, que estos artículos suponen "el incumplimiento" de la obligación que tiene la Administración del Estado de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo (con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca, con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).

De igual manera se critica en la sentencia –añade la Plataforma– el que no se hayan fijado caudales ecológicos expresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente unos caudales "legales" (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), "contraviniendo" así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010 (10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/s en Talavera de la Reina). Dicho caudal ecológico debe establecerse, según el Tribunal, para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera.

La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahora establecer estos regímenes de caudales ecológicos en el Tajo y resto de ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que "ha incumplido", advierte la Plataforma.

Embalses de la cabecera

De igual manera, la sentencia insiste –asegura la Plataforma– en que los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, Buendía y Bolarque) deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos.

"Estas demandas se anteponen a las del trasvase Tajo-Segura, por lo que, una vez fijados según esta sentencia los caudales ecológicos con todos sus componentes, el régimen de explotación del trasvase tendrá que adaptarse, limitándose los volúmenes a derivar y su garantía de disposición", añade.

Al reconocer que los embalses reguladores de cabecera tienen la función de garantizar las demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo, "será también necesario aumentar los umbrales de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera por encima de los insuficientes 400 hm3 establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo". Aunque la sentencia no estima otros puntos de la demanda, la argumentación que traslada ofrece "una visión muy optimista de cara al futuro", dice la Plataforma, "garantizando la prioridad de las necesidades reales del propio Tajo, los usos del río y del mantenimiento de reservas adecuadas para los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía".

Desde las plataformas y asociaciones ciudadanas que interpusieron la demanda valoran "muy positivamente" esta sentencia, y la consideran "un hito" en la conservación y recuperación ambiental del Tajo y sus ríos, pues "la fijación de un régimen de caudales ecológicos completo y adecuado, constituye el factor clave para que el Tajo vuelva a fluir". "Queda aún mucho por hacer, pero el Tribunal Supremo obliga a revisar en profundidad el vigente Plan de cuenca del Tajo y ha empezado a deshacer el nudo gordiano con el que durante cuarenta años se ha amordazado a nuestro río", concluye la nota de prensa.

El Gobierno respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado en un comunicado que respeta las decisiones judiciales, y acatará la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

El Gobierno ha destacado que trabaja "con el máximo respeto a la legalidad" y en particular a la Directiva Marco del Agua y que "se encontró" en junio con unos caudales legales fijados que "está costando deshacer". Por ello, ha apuntado que trabaja para que las decisiones en materia de agua "se tomen en base a los caudales ecológicos. La definición de temas de importancia en la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo, actualmente en tramitación, ya incluye en el caso del Tajo, la dotación de caudales ambientales. "Esta sentencia confirma que la nueva política del agua en la que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica va en dirección correcta", concluye el comunicado.

Page: "La mejor noticia de mi vida política"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por alcanzar "un gran acuerdo" en materia de agua, y ha matizado que este "consenso" en materia de política hidrológica "no debe ser ficticio, sino un acuerdo real", afirmaciones realizadas tras conocerse que el Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo. A preguntas de los medios antes de participar en un acto en Albacete, García-Page ha subrayado que ese gran acuerdo hídrico "es buscado y defendido por el PSOE, tanto en el centro de España como en el Levante".

García-Page ha asegurado que esta ha sido "la mejor noticia" de toda su vida política. "Después de tanto aguantar, Castilla-La Mancha acaba de ganar su mayor batalla con el agua. El Supremo da la razón a la región". "Hoy el Tribunal Supremo nos da la razón cuando estábamos en contra de este atropello ecológico", ha celebrado García-Page. "Hoy hemos empezado a ganar una batalla que, os advierto, tiene que acabar bien para toda España. No se trata de ganarle ni a Murcia ni al Levante, sólo decirle que no a la mala política de Rajoy y Cospedal y echar por tierra la traición que hicieron en toda regla". En todo caso, ha defendido el "planteamiento solidario" del PSOE, avisando de que esta carrera tiene que acabar "con un acuerdo".

Reacciones de Comunitat Valenciana y Murcia

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha instado a evitar "hacer otra vez un ejercicio de confrontación que no lleva a ningún sitio" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo y ha agregado: "Puede abrir paso incluso a mejorar la regulación del Tajo-Segura". "Aún no hemos visto la sentencia, y hay que hablar con rigor, pero quiero insistir en que la Generalitat Valenciana siempre estará al lado de los regantes, y más concretamente los de la Plataforma de Alicante, sin ningún lugar a dudas", ha manifestado. Así se ha pronunciado el líder del ejecutivo valenciano en el balcón del Ayuntamiento de València antes de la mascletà de este sábado.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que se trata de una sentencia "que alude a unos artículos específicos de ese plan, una sentencia que no tenemos y que ya hemos solicitado para poder estudiarla".Aunque ha adelantado que, tanto él como presidente como el gobierno regional "va a estar siempre al lado de la Región de Murcia, que es lo mismo que decir, que vamos a estar al lado de los regantes y los agricultores".

Tras estudiar la sentencia, López Miras añade "nos plantearemos todo tipo de acciones sin límite, evidentemente dentro del ordenamiento jurídico". En este sentido, se ha preguntado que, "si en España hay agua, una reserva hídrica suficiente, ¿cuál es el problema para que todos los españoles tengamos el agua que necesitamos? ¿España se ha construido rompiéndola o sin ayudarse unas comunidades a otras? ¿La Región de Murcia no exporta también parte de su potencial y recursos naturales?".

Plataforma del Tajo de Talavera insta a paralizar el trasvase para fijar caudales ecológicos

En declaraciones a los medios, los portavoces de la Plataforma, Soledad de la Llama y Miguel Ángel Sánchez, han calificado dicha sentencia de "histórica" pues el Supremo exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el eje del río Tajo y en todos los ríos de la cuenca, por lo que supone "un triunfo del movimiento ciudadano por el Tajo". "Es una labor conjunta que ha costado dinero y mucho esfuerzo ciudadano el pagar este recurso", ha señalado De la Llama.

También Miguel Ángel Sánchez ha destacado que es una sentencia que "cambia la historia del Tajo de los últimos 40 años" ya que, a su juicio, el Supremo le dice al Gobierno central que "ha hecho trampas para mantener unos excedentes que no existen y que tiene que fijar caudales ecológicos en todo el río Tajo".

En su opinión, el Supremo "ha liquidado" todo lo que había establecido de caudales en el Tajo y el Gobierno "debería urgentemente paralizar el trasvase hasta que se fijen esos caudales ecológicos". Establecer dichos caudales, ha manifestado el portavoz, no es solo "muy importante" para Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Almoguera, donde lo dice explícitamente la sentencia, sino para toda la cuenca. "El Gobierno de España ha hecho dos Planes de Cuenca olvidando que el Tajo necesita agua, lo cual va a hacer que caiga como piezas de dominó toda la política hidrológica, no solo del Tajo sino también de otros ríos de España", ha puntualizado. Para el portavoz, es una sentencia "muy importante porque no es normal que el Tribunal Supremo se pronuncie con tanta contundencia en un tema ambiental y en un asunto como es el río Tajo tan conflictivo".

Sánchez ha recordado que la primera denuncia se presentó en el año 2014, lo cual ha supuesto una espera de cinco años para una sentencia que es, en su opinión, "un triunfo de los ciudadanos de Talavera, Toledo, Aranjuez, municipios muy pequeños como Mantiel en el Alto Tajo y de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía".

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha presentado este lunes el borrador del documento de posición en defensa del agua en la región, en el que, ha señalado, la postura es la de que no se destine "ni una sola gota de agua para regadío en el Levante", ya que "el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha".

Martínez Arroyo ha comentado, durante la rueda de prensa en la que ha presentado el borrador, que el documento, que ha sido acordado con organizaciones sindicales, agrarias, económicas y medioambientales de la región y que se enviará "en los próximos días" a las fuerzas políticas castellano-manchegas, plantea que únicamente se favorecerá el trasvase de agua "cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano" en la cuenca receptora y "siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente". "Es de sentido común", ha afirmado.

"Lo que planteamos en el documento es la necesidad de apostar por otras fórmulas de abastecimiento de agua en el Levante, priorizando la desalación frente a cualquier otra fórmula para abastecer de agua a regantes y limitando el trasvase a las necesidades imperiosas y reales de abastecimiento humano, cuestión que no ha ocurrido durante toda la legislatura mientras se aprobaba trasvase tras trasvase en una situación de sequía extrema y con las desaladoras no funcionando al cien por cien", ha explicado el consejero, que ha insistido en que "nadie puede dar lecciones a Castilla-La Mancha en materia de agua y solidaridad, porque ocupa el primer puesto del ránking desde hace muchos años".

Francisco Martínez Arroyo ha detallado que el borrador de este documento de posición ha sido tratado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; la Federación de Municipios y Provincias, todas las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana, la Junta Central de Regantes Mancha Oriental del Júcar, la Plataforma de Regantes de la Cuenca del Segura, comunidades de regantes de la cuenca del río Tajo, las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF, además del sector vitivinícola de la región y la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Puig expresa su "absoluto desacuerdo"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha expresado su "absoluto desacuerdo" con el borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha. Puig se ha pronunciado de este modo antes de participar en el acto en el que se han firmado los acuerdos del plan de ayudas de los Fondos Feder para la rehabilitación de patrimonio en municipios de la provincia de Valencia.

"Tengo que decir que estamos en absoluto desacuerdo y que el trasvase Tajo-Segura en estos momentos y en estas condiciones para nosotros es absolutamente irrenunciable", ha respondido el responsable autonómico, que ha subrayado que "hay que abordar esta cuestión no desde la confrontación sino desde el acuerdo".

Ximo Puig ha reiterado que "hay una ley en estos momentos que permite el trasvase" y ha afirmado que los valencianos quieren que "ese trasvase dé seguridad" y "estabilidad a lo que es la huerta de Europa".

Por su parte, la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha indicado respecto al borrador del documento de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha, la necesidad de "abrir el debate" a la planificación hídrica del Estado. Y ha mostrado su voluntad para abordar el asunto: ha afirmado que se está a "la espera" de poder tener un diálogo con el Ministerio de Agricultura, el departamento que "tiene la competencia fundamental de la planificación de los recursos hídricos del agua".

La responsable autonómica ha añadido que "hay que ir hacia un uso más racional de los recursos hídricos que tenemos", al tiempo que ha resaltado que es "más preocupante el escenario de cambio climático al que nos dirigimos", en el que "las dotaciones de la Comunitat Valenciana pueden verse afectadas".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado formalmente mediante una carta remitida al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el cese del delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, por sus declaraciones en el Parlamento Autonómico tras la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, en las que acusaba a García-Page de pedir "a gritos" el artículo 155 para Castilla-La Mancha y que el "Estado corrija los problemas" en la región.

Así lo ha avanzado el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, este viernes en Cuenca preguntado por los medios, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado en numerosas ocasiones su lealtad institucional hacia el Gobierno de España.

Por ello, ha dicho Martínez Guijarro, "no podemos consentir que se falte el respeto al máximo representante del Estado en Castilla-La Mancha, que en este caso es el presidente regional", ha informado la Junta en nota de prensa.

El propio jefe del Ejecutivo autonómico pidió, durante una de sus intervenciones en el Debate del Estado de la Región, el cese del representante político del Gobierno de España después de este pidiera que se aplicara el artículo 155 de la Constitución Española en Castilla-La Mancha.

El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico ha insistido en que Gregorio es "la persona menos indicada" para hacer estas declaraciones por ser precisamente el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, se ha reiterado a la hora de calificar de "pederastas" a los integrantes de Podemos, a pesar de la demanda que secretaria de Organización y diputada de la formación morada María Díaz va a interponer contra ella, y ha remitido al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados registrado en la sesión en la que se debatió la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En este sentido, Guarinos ha enumerado a diversos cargos del partido de Pablo Iglesias y las condenas que, según ha afirmado, han tenido, así como otras "irregularidades". Por ello, ha nombrado al exdiputado de Podemos Pedro de Palacio, "condenado por pederastía" para justificar su calificación hacia la formación morada.

Asimismo, preguntada sobre si considera que Podemos tiene argumentos jurídicos para presentar esta demanda, Guarinos se ha vuelto a reiterar en la citación que ha hecho del Diario de Sesiones y ha criticado que la Televisión Pública de Castilla-La Mancha Media (CMMedia) haya publicado el vídeo compartido en Facebook por María Díaz en el que anunciaba la presentación de esta demanda contra ella.

"Espero que si yo publico un vídeo en Facebook –se ha referido a unos de los periodistas de CMMedia presente en la rueda de prensa– hagan lo mismo que han hecho con el vídeo de Díaz. Espero que lo hagan también", ha aseverado Guarinos.

Fue el pasado día 11 de agosto, durante la Comisión de Economía y Presupuestos celebrada en el Parlamento regional, cuando la presidenta del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP en la provincia de Guadalajara acusó en varias ocasiones al presidente regional, Emiliano García-Page, de entregar la región a los "extremistas y radicales" de Podemos, un partido que, a su entender, está "lleno de delincuentes", entre ellos hasta "pederastas".

Tras estos calificativos, que le valieron las críticas tanto de los diputados de Podemos como del PSOE presentes en la Comisión, la secretaria de Organización de la formación morada anunciaba este jueves, a través de Facebook, el inicio de un proceso de interposición de demanda contra la diputada y presidenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular.

La Audiencia Nacional ha vuelto a anular el convenio colectivo de una empresa de seguridad low cost. Después de que el Tribunal Supremo tumbara dos convenios de Marsegur y el descuelgue del convenio estatal del sector que aplicó Seguridad Integral Canaria, le ha tocado el turno a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Todas ellas, mercantiles vinculadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

Sólo desde 2016 las administraciones públicas han adjudicado 15 contratos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por importe de 13 millones de euros. Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, la Agencia Tributaria le encomendó la vigilancia de sus instalaciones en Canarias; el Ministerio de Cultura, la de la Filmoteca Nacional; el de Fomento, la seguridad de las oficinas del Fogasa y de cuatro Centros de Acogida de Refugiados, y el de Sanidad, la de las oficinas del Imserso. También las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha le adjudicaron contratos a esta empresa en el último año. Sinergias paga a sus trabajadores salarios un 40% por debajo del convenio estatal del sector aplicando el convenio colectivo que acaba de ser anulado.

Los motivos de la Audiencia Nacional para declarar la “nulidad total” de los convenios colectivos de estas empresas son idénticos: se negociaron de forma ilegal. En el caso de Sinergias, a la mesa se sentaron el empresario y los delegados de cinco centros de trabajo situados en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Pero el ámbito de la norma, tal y como quedaba establecido en el texto, era todo el territorio nacional. De forma que el pasado mes de enero la empresa extendió el convenio a los trabajadores de cuatro nuevos centros de trabajo, situados en Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla.

Como señala la sentencia, los delegados de personal y los representantes de Sinergias sólo necesitaron dos reuniones para llegar a un acuerdo sobre el texto. Hubo otras dos citas después de aprobado, pero para subsanar los errores que había encontrado en el convenio el Ministerio de Empleo y que impedían su registro y publicación. Fue entonces cuando las partes ampliaron el ámbito de aplicación del convenio a “todos los trabajadores del territorio nacional español”. Además, fue impugnado por el sindicato USO. El juicio no llegó a celebrarse porque las partes llegaron a un acuerdo previamente y suspendieron siete artículos.

Para anular el convenio, la Audiencia Nacional acude a la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual debe existir una correspondencia entre el ámbito de representación de los trabajadores y el ámbito de aplicación de la norma. Es decir, “los delegados de personal de cinco centros de trabajo no pueden atribuirse la representación de todos los centros de trabajo” de la empresa, ni siquiera de los que “se creen con posterioridad” a la aprobación del convenio. Por tanto, los delegados que firmaron el convenio de Sinergias “carecían de legitimidad” para negociar un convenio colectivo que podía “extender su ámbito de aplicación fuera del límite geográfico que se correspondía con su propia representatividad”. La comisión negociadora, destaca la sentencia, se excedió en sus competencias al atribuir un ámbito geográfico nacional al convenio.

Esa ruptura del principio de correspondencia “ponía en peligro” la participación en la negociación de los trabajadores que fueron contratados después en otros centros: se les impuso a futuro un convenio en cuya negociación no pudieron intervenir, argumenta la sentencia. La Audiencia Nacional entiende, como también el fiscal, que esa ruptura es un “vicio esencial” que no puede subsanarse ni corregirse, por lo que el convenio colectivo debe ser anulado.

Con mandos intermedios y sin casi negociar

En la sentencia que anuló el descuelgue –no aplicar algunos de los artículos del convenio colectivo, como los referidos al salario o la jornada– de Seguridad Integral Canaria, el Tribunal Supremo describe el mecanismo utilizado por estas empresas para rebajar al mínimo las condiciones laborales de las plantillas. Los representantes de los trabajadores, mandos intermedios, fueron “simples receptores” de los documentos que les entregó la empresa para justificar las causas económicas de la medida. En ninguna de las reuniones pidieron a la compañía “explicaciones sobre los motivos” por los que ésta quería recortar el salario a la plantilla. Por el contrario, añade la sentencia, se limitaron a “aceptar las proposiciones impulsadas y promovidas por la empresa”.

Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Anulado pero se sigue aplicando

También el convenio de Marsegur fue anulado por la Audiencia Nacional. Pero la empresa lo sigue aplicando a sus trabajadores mientras recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia deja claro que las sentencias que anulan convenio son inmediatamente ejecutivas, aunque hayan sido recurridas. El hecho de que se siga aplicando no es sólo una cuestión legal. El convenio de Marsegur establece salarios y conceptos retributivos un 30% inferiores a los incluidos en el convenio estatal del sector.

El convenio de Sinergias fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio tenía una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco eran de congelación salarial.

Los sindicatos de los vigilantes privados han emprendido una fuerte campaña contra estas empresas, a las que califican de “piratas”. No sólo por las cuantiosas rebajas que imponen a los salarios, sino también porque algunas de ellas retrasan el pago de las nóminas o directamente se las adeudan a sus plantillas.

Es el caso de Seguridad Integral Canaria, que aún no ha pagado los finiquitos de los 500 trabajadores que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España y acumula retrasos con los asignados para el Metro de Madrid. El contrato de Defensa con esta empresa finalizó el pasado mes de abril. Los guardias jurados no han ingresado aún el finiquito de Seguridad Integral Canaria y ya cobran sus nóminas de la empresa que acaba de ganar el contrato para los próximos dos años: Marsegur. Por tanto, ahora perciben casi 400 euros menos al mes por hacer el mismo trabajo que hace dos meses. Así que este mes de julio los vigilantes han convocado huelgas, en Defensa y también en el Metro de Madrid.

Contratos rescindidos

Las protestas de los trabajadores han empezado a calar en algunas administraciones. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido cláusulas sociales en las licitaciones de sus contratos, que incluyen el respeto por parte de las empresas candidatas a los convenios sectoriales. La Junta de Castilla-La Mancha rescindió a Sinergias el pasado junio, sólo un mes después de la adjudicación, el contrato para vigilar sus edificios administrativos y los del Servicio de Salud en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, tras comprobar que la empresa pagaba por debajo del convenio estatal.

Y el Ayuntamiento de Barcelona ha cancelado el contrato que tenía con Marsegur para vigilar los centros municipales de servicios sociales. En este caso, el motivo no es sólo el pago de salario por debajo del convenio, sino también las denuncias de malas prácticas y abusos hechas por los trabajadores, así como las deficiencias en el servicio que la empresa debía prestar. Por el contrario, ni Defensa ni Empleo, los dos ministerios que más contratos ha adjudicado a estas tres empresas, se han pronunciado sobre las condiciones laborales y los impagos de quienes vigilan sus instalaciones.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se refirió al reciente pacto suscrito entre el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha y la formación morada por el cual Emiliano García-Page ofreció dos sillones en el Ejecutivo a su partido, rechazando que esta maniobra pueda servir de "laboratorio" a un posible acercamiento entre ambas fuerzas a nivel nacional, informa Europa Press.

A preguntas de los medios tras participar en Carranque (Toledo) en el Consejo Ciudadano Estatal de su partido, Iglesias dijo que con la posible entrada en el Gobierno castellano-manchego de Podemos –a falta de que la militancia se pronuncie al respecto– puede servir para hacer que el PSOE "pierda la tentación de gobernar con el PP", teniendo en cuenta que el escenario en la región podría haber necesitado del apoyo conservador para desbloquear la negociación presupuestaria.

El hecho de que Podemos vaya a gobernar sirve a juicio de Iglesias para que se lleven a efecto aquellas políticas sociales que, si bien habían sido pactadas con el Gobierno de García-Page, éstas "se quedaban en el papel".

Tras defender que Podemos es una fuerza que está "llamada a gobernar", recordó que ya rigen en "los principales ayuntamientos" de España. "Y lo estamos haciendo bien". "Hay que ser prudente y respetar a Castilla-La Mancha. No es un laboratorio, es una región con unos ciudadanos que tienen derecho a unas políticas públicas", afirmó.

La situación, desbloqueada desde Madrid

Pablo Iglesias reconoció que la negociación y el desbloqueo a la "parálisis" institucional que se vivía en Castilla-La Mancha contó con la participación tanto del líder socialista, Pedro Sánchez, como la suya propia.

"Conversamos con frecuencia y hablamos de la situación que hay en diferentes territorios. Estábamos informados, y ambos estábamos interesados en que hubiera un acuerdo entre las fuerzas políticas", aseveró.

Lo que sí quiso dejar claro es que ambos dirigentes respetan la autonomía de los órganos castellano-manchegos, y si bien intercedieron para desbloquear la situación, la solución fue impuesta desde Madrid, al tiempo que dijo que no hay que desconfiar de la palabra dada con respecto a García-Page.

En la reunión de este Consejo Ciudadano Estatal hubo notables ausencias como las de Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, de la corriente Anticapitalista dentro de Podemos. Preguntado por si tiene que ver con el desacuerdo mostrado por este ala a la decisión de formar Gobierno en Castilla-La Mancha, dijo que en Podemos "no sobra nadie". "Hay diferentes opiniones. Hay que debatir y ponerlas todas encima de la mesa y que decida la militancia".

García Molina defiende su posición

De su lado, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, defendió ante las críticas de su compañero de bancada, David Llorente, y de la corriente de Anticapitalistas en la formación, que los documentos con los que se revalidó su cargo orgánico hace dos meses recogían que la formación debería estar "preparada para gobernar".

"Eso dijeron los inscritos cuando me votaron y ese es el camino que vamos a seguir. Nos gusta debatir sobre la pluralidad. Una cosa es tener distintas visiones, pero yo sólo aplico los documentos que nos hemos dado", afirmó.

García Molina reconoció que hubo una situación de "parálisis" institucional en Castilla-La Mancha, tras lo que recalcó que hay muchos proyectos de ley a la espera del desbloqueo como el de Participación Ciudadana, de Modificación del Gobierno incluso el cambio del reglamento de las Cortes. "Hemos perdido tiempo, pero ahora hay que ponerse a trabajar".

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, se ha pronunciado sobre la posible entrada de la formación al Gobierno regional propuesta por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, movimiento ante el que ha mostrado sus discrepancias.

En un mensaje en su perfil oficial de Twitter, recogido por Europa Press, el compañero de bancada del líder de la formación, José García Molina, asegura que si Podemos movió "ficha" fue "para impulsar una alternativa de cambio a favor de la mayoría social, no para conseguir sillones".

Además, Llorente ha retuiteado otro mensaje del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, líder de la corriente anticapitalista dentro del partido con la que el propio Llorente está alineado, en el que recuerda que en la Asamblea Estatal de Vistalegre 2 se decidió "colectivamente" que "no había que subalternizarse al PSOE". "Podemos vino para cambiar las cosas. Decidirán las y los inscritos", sentencia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el secretario general de Podemos en la región, José García Molina, han puesto punto y final a la crisis institucional surgida tras el fracaso del último Proyecto de Ley de Presupuestos regionales el pasado mes de abril.

Ambos han acordado así renovar el pacto de investidura que otorgó al PSOE el Gobierno, roto unilateralmente por Podemos hace 10 meses, pactando unos nuevos presupuestos para este año y para el próximo ejercicio y ofreciendo dar entrada al Ejecutivo a la formación en forma de dos puestos en el Consejo de Gobierno, entre ellos una Vicepresidencia.

Así lo han puesto de manifiesto ambos dirigentes en una rueda de prensa conjunta tras una reunión de más de tres horas en el Palacio de Fuensalida, donde ambos se han mostrado de acuerdo en "mirar hacia el futuro" a partir de ahora.

García-Page ha considerado que, tras la "papeleta" vivida en las últimas semanas, la solución no podía pasar por "un acuerdo coyuntural", lo cual le ha llevado a la decisión de "ofrecer a Podemos que se incorpore a las responsabilidades de Gobierno".

Según el presidente autonómico, dando entrada en el Ejecutivo a la formación morada pretende que "las cosas prioritarias" para Podemos sobre las que hayan tenido "dudas" en cuanto a la gestión "puedan salir adelante" con algún miembro del partido de García Molina en la toma de decisiones.

En todo caso, ha querido dejar claro que no habría habido acuerdo en este aspecto si antes no se hubiera alcanzado el pacto presupuestario.

Y, otro acuerdo más, el acuerdo de investidura "queda renovado". "Hemos acordado las políticas, ahora queremos su participación en un proyecto que tiene que ser conjunto", ha dicho Page.

Entrada supeditada a la militancia

El líder de Podemos, José García Molina, ha manifestado en todo caso que la decisión de entrar en el Gobierno se someterá a la militancia, y en breves fechas se pondrá en marcha un proceso participativo para que sean los inscritos los que decidan.

Ha dicho además que en los dos años de legislatura ha habido "luces y sombras", subrayando que "lo importante es no quedarse enredados en lo que pasó, sino en lo que tiene que pasar" y ver qué extremos se pueden unir en el futuro.

Sobre la entrada en el Gobierno, ha indicado que la región "merece esas garantías y esa confianza" de que a partir de ahora habrá "una estabilidad que se tiene que traducir en medidas concretas que signifiquen que los acuerdos se van a cumplir desde la lógica".

El Tribunal Supremo ha anulado el convenio colectivo de Marsegur en la Comunidad de Madrid, la empresa de seguridad low cost a la que el Ministerio de Defensa ha adjudicado su megacontrato –16 millones de euros– para vigilar todas sus instalaciones en España. Es el tercer varapalo judicial que recibe Marsegur, después de que la Audiencia Nacional declarase nulos los dos convenios de ámbito estatal que la empresa ha intentado en vano aplicar a sus trabajadores. 

En todos los casos, el vicio es el mismo: Marsegur negocia de forma ilegal los convenios, utilizando para ello como representantes de la plantilla a mandos intermedios de sólo una parte de sus centros de trabajo. Además, en este caso, intentó hacer pasar como convenio de empresa un pacto firmado por una delegada de personal elegida por 12 trabajadores de algunos centros de Madrid, cuando la empresa en esos momentos contaba en la Comunidad de Madrid con 113 empleados. Al mismo tiempo, Marsegur había negociado y firmado otro convenio de empresa, pero éste de ámbito estatal, que fue luego anulado por la Audiencia Nacional.

Por tanto, el Supremo anula el convenio madrileño de Marsegur porque no es un convenio de empresa –existen otros centros de trabajo en otras comunidades autónomas que quedan fuera– y, en consecuencia, carece de la prioridad aplicativa que el Estatuto de los Trabajadores, desde la reforma laboral de 2012, concede a los convenios de ese ámbito sobre los sectoriales en determinadas materiales –salario, jornada, clasificación profesional–.

El convenio ahora anulado tenía en principio una duración inusual, 10 años, hasta 2024, de los cuales cinco eran de congelación salarial. Este punto fue rectificado, tras una advertencia de la Comunidad de Madrid, y su vigencia reducida a cuatros años prorrogables por otros dos.

El convenio había sido impugnado por UGT, CCOO, USO y la patronal del sector Aproser. Alegaban que la delegada de personal carecía de legitimación para negociar el convenio, que éste había sido suscrito en fraude de ley y que concurría con el convenio estatal del sector. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las dos primeras causas de nulidad, pero invalidó 10 artículos del convenio porque invadía las competencias del convenio estatal de empresas de seguridad. Ese fallo es el que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo.

Marsegur, ligada al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria, llevan años aplicando condiciones salariales y laborales inferiores a las establecidas por el convenio estatal del sector. Sólo el año pasado, el Gobierno adjudicó a las tres empresas contratos por un importe total de 22 millones de euros. Para imponer esos salarios mínimos, Seguridad Integral Canaria firmó –con una representación de la plantilla integrada sólo por los mandos intermedios– un descuelgue del convenio que fue también anulado por el Tribunal Supremo. Marsegur y Sinergias, por su parte, negociaron convenios de empresa que han tumbado la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respectivamente.

Pese a que la ley establece que estas sentencias deben ejecutarse inmediatamente, aunque hayan sido recurridas al Tribunal Supremo, Marsegur está aplicando las condiciones mínimas de los convenios anulados a sus trabajadores del Ministerio de Defensa desde el pasado 1 de mayo. En esa fecha la empresa canaria comenzó a prestar sus servicios en las instalaciones de este departamento repartidas por toda España. En total, unos 500 vigilantes, subrogados cada vez que cambia el adjudicatario del servicio, han cobrado ya en su primera nómina con Marsegur hasta un 40% menos que con Seguridad Integral Canaria, el anterior concesionario.

Demandas judiciales de los trabajadores

Los sindicatos han empezado a instar a los vigilantes a presentar demandas en los juzgados de lo social para reclamar sus salarios. Según el Estatuto de los Trabajadores, los empleados deben mantener sus condiciones laborales tras ser subrogados, por lo que el recorte salarial aplicado por Marsegur es una “modificación sustancial de las condiciones de trabajo” que requiere una negociación previa con el comité de empresa.

Como puede verse en las nóminas que infoLibre publica junto a estas líneas, el sueldo de un vigilante con arma de un centro de Defensa en Zaragoza era de 1.435,25 euros con el anterior adjudicatario. Con Marsegur, ha pasado a ser de sólo 840,27 euros. En ambos casos, la retención del IRPF es del 0%. La ley permite no hacer retención algunaen los casos en que el contrato sea superior al año y por circunstancias propias del trabajador.

Castilla-La Mancha resuelve el contrato con Sinergias

Precisamente este viernes la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha ha decidido resolver el contrato que firmó con la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Cyrasa Seguridad para que vigilara los edificios de la administración de la Junta y del Servicio de Salud en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. El motivo es que ambas empresas han desoído la advertencia que la consejería les envió el pasado martes para que en el plazo de dos días comenzaran a aplicar a 130 vigilantes las condiciones del convenio estatal del sector, entre ellas los sueldos. 

La UTE llevaba sólo un mes prestando el servicio tras haber ganado el correspondiente concurso público. La Consejería de Hacienda considera que estas dos empresas incumplían tanto los pliegos del citado concurso como el convenio estatal, al pagar sueldos 300 euros inferiores a los del resto del sector.

El convenio de Sinergias –también impugnado en los tribunales– fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

La Comunidad de Madrid ha concedido un total de 1,54 millones de euros en subvenciones para cursos de formación a Consultora San Román, la empresa cuyas oficinas de agencia de colocación fueron cerradas por el Gobierno de Castilla-La Mancha porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral.

Consultora San Román y Consulta Formación, Soluciones de Aprendizaje, Evaluación y Empleo pertenecen a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector. También preside la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

En la última convocatoria madrileña de ayudas para programas de formación destinados a ocupados y desempleados, ambas empresas consiguieron un total de nueve subvenciones: seis Consultora San Román y tres Consulta Formación. Los importes van desde 70.200 hasta 379.770 euros. La convocatoria, resuelta el pasado 31 de diciembre, repartió 22,29 millones de euros con cargo a los fondos que la Comunidad de Madrid recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así se financian cursos de formación para el empleo de carácter sectorial e intersectorial, para autónomos y para obtener certificados de profesional, tanto presenciales como mediante teleformación. Los subvencionados a estas dos empresas incluyen desde clases de cocina internacional y contabilidad hasta interiorismo o certificación energética de edificios.

Consultora San Román fue creada en 1990 y dice contar con una plantilla de 800 trabajadores e impartir 400.000 horas de formación al año. Consulta Formación nació más tarde, en 2002, y su presidente ejecutivo también es Fernández Ramos. Además de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, funciona desde el pasado año como sede de exámenes en la capital de la Universidad Isabel I, una universidad privada on line con domicilio en Burgos.

Agencia de colocación con problemas

Al igual que muchas otras empresas del sector de la formación para el empleo, San Román también se constituyó como agencia privada de colocación. El SEPE le adjudicó uno de los lotes del concurso para encontrar empleo a los beneficiarios del Plan Prepara. Le correspondieron las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. El pasado 6 de marzo el Gobierno castellano-manchego ordenó el cierre de 13 oficinas de San Román en esa comunidad, que carecían de actividad. Sólo estaban operativos, explicó entonces la Consejería de Empleo, siete locales.

Ese departamento asegura a infoLibre que informó al SEPE de la existencia de los locales “fantasma” el año pasado. Además, según publicó este periódico, la Inspección de Trabajo elaboró un informe sobre la actividad de San Román en la provincia de Albacete. Tras visitar sus oficinas, los inspectores concluyeron que la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación.

De los cuatro locales que poseía San Román en Albacete, sólo uno estaba abierto, pero se trataba de una asesoría donde la consultora había alquilado un despacho, que carecía de personal propio. Allí sólo se recogían currículos. Un empleado de San Román, según explicó a los inspectores el personal de la asesoría, venía de Murcia o de Madrid para llevárselos dos o tres veces a la semana. Después, a preguntas de la Inspección, la consultora reconoció que únicamente había conseguido empleo a seis personas en todo 2016.

Poco después, el sindicato CCOO visitó buena parte de los 24 centros que San Román declaraba tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado de sus indagaciones no difirió mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete: unos centros estaban cerrados y otros sólo recogían currículos, tanto en Ciudad Real como en Toledo, Cuenca y Guadalajara.

El SEPE no sabe, pero cerró las oficinas

En ese momento, el SEPE respondió a infoLibre que desconocía el informe de la Inspección. Y que tampoco le había llegado ninguna otra denuncia sobre la falta de desempeño o alguna negligencia por parte de esta agencia privada.

Sin embargo, ANAC, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas agencias de colocación, envió en 2014 a la mesa de contratación del concurso, antes de ser adjudicado, escritos y pruebas sobre la precariedad de la red que San Román, y otras empresas, habían creado a toda prisa para presentarse a la convocatoria.

El pasado 22 de febrero, CCOO interpeló a los responsables del SEPE en la Comisión Ejecutiva Central de este organismo no sólo sobre el informe de la Inspección, sino también sobre el que había enviado Castilla-La Mancha. Sus responsables respondieron al sindicato que no habían “recibido” ninguno de los dos documentos. Sí pidieron un informe a la propia consultora y hablaron con sus dueños, que dijeron tener un total de 137 locales en Madrid y Castilla-La Mancha, 60 propios y 77 subcontratados con otras entidades. Si habían cerrado alguno, había sido por iniciativa propia, añadieron. El SEPE también dio por buena la afirmación de los responsables de San Román de que el número de personas que había atendido en 2016 era “correcto y similar al de otras agencias de colocación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, insiste en que mandó a comienzos de 2016 un informe que examinaba a todas las agencias privadas de la comunidad autónoma. De hecho, el SEPE lo pide cada año. La Consejería de Empleo es la encargada de comprobar si éstas cumplen los requisitos que acreditaron en las declaraciones responsables que se les exige para operar. En ese documento, asegura Rueda, se incluían los incumplimientos de San Román: “A algunos demandantes de empleo los atendían en la plaza del pueblo”. Además, destaca el número dos de la consejería, las 13 oficinas señaladas no las ha cerrado, en realidad, el Gobierno manchego, sino el propio SEPE, que fue el que las autorizó. Rueda dice que a San Román sólo le quedan los locales situados en las capitales de provincia y teme por la calidad de la atención que está prestando a los desempleados residentes en los pueblos. “¿Tendrán que desplazarse a su propio coste los parados del Plan Prepara que cobran 426 euros?”, se pregunta.

Castilla-La Mancha renunció al acuerdo marco poco después de enviar ese informe, en junio de 2016. Ha prescindido de las agencias privadas y optado por “reforzar los servicios públicos”, explica Francisco Rueda. De momento, ha aumentado en 122 personas el personal de las oficinas públicas de empleo.

Un problema antiguo

La endeblez con que algunas de estas empresas montaron sus redes de oficinas se reveló nada más tramitarse el primer concurso del SEPE. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las firmas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no necesitaban acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de centros. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esos locales. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hasta una treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Prorrogados hasta 2018

El año pasado el SEPE prorrogó hasta 2018 no sólo este primer contrato para los parados el Plan Prepara sino también el que suscribió más adelante con las cuatro grandes ETT. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

No obstante, el Ministerio de Empleo elogia el trabajo de las agencias de colocación, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Como esas cifras superan el índice de inserción de los servicios públicos de empleo, el ministerio lo considera un éxito. El recurso a las agencias privadas es una de las principales apuestas del departamento de Fátima Báñez. Pero ha tenido que superar múltiples problemas antes de ponerse en marcha, según las propias agencias por culpa de la mala redacción de los pliegos de condiciones de los contratos. Los recursos que suspendieron el primer concurso obligaron a rehacer hasta cuatro veces la lista de adjudicatarios, retrasando dos años la resolución definitiva, y forzaron al SEPE a utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para la siguiente convocatoria.

Después, cuando comenzaron a funcionar, las agencias de colocación se encontraron con que las listas de desempleados que les enviaba el SEPE estaban plagadas de errores. Así, por ejemplo, tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de los parados a los que debían atender. Los listados estaban tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

Pero no es sólo San Román sobre la que se han multiplicado las denuncias. También la Fundación Sócrates, adjudicataria del concurso convocado por la Junta de Castilla y León, fue denunciada por atender a los desempleados en gasolineras, a falta de mejores oficinas. Al tiempo, sus trabajadores en Andalucía, todos ellos profesionales del programa Andalucía Orienta, denunciaban en julio de 2015 que llevaban seis meses sin cobrar.

Mariano Rajoy ha dado órdenes a las direcciones regionales del Partido Popular para que antes de semana santa –a partir del lunes 10 de abril– estén resueltos todos los congresos regionales. Es en estos, y en los provinciales, en los que se espera un mayor grado de renovación del que el jefe de los conservadores imprimió a la dirección nacional. Este lunes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, puso en el foco el cónclave que le afecta, del de Castilla-La Mancha, al dejar en el aire su candidatura a seguir presidiendo en partido.

Fue en una entrevista concedida a la cadena Ser donde la también ministra de Defensa no quiso dar por sentada su candidatura para un congreso que será convocado esta misma semana. "Ahora empezamos los congresos regionales y tenemos que iniciar una nueva etapa en toda España. En muchos sitios habrá una renovación completa; en otros sitios será menos completa", dijo antes de señalar que ella hará "lo que crea más importante para el PP de Castilla-La Mancha" y para el PP nacional.

La número dos rechazó también aclarar si se había marcado plazos. "Los plazos personales se los pone una misma", dijo.

Estas respuestas llegan pocas horas después de que su acumulación de cargos haya sido uno de los asuntos más comentados en el 18 Congreso Nacional del PP, celebrado este fin de semana en Madrid. Por 25 votos no se aprobó una enmienda que le hubiese impedido ser ministra de Defensa y secretaria general.

La enmienda de la acumulación de cargos

Un día después de esta ajustada votación, Mariano RajoyMariano Rajoy renovaba su confianza en ella manteniéndola como secretaria general pero restando su poder y el peso de la gestión del día a día nombrando a Fernando Martínez-MailloFernando Martínez-Maillocoordinador y vicesecretario de Organización y Electoral.

El anuncio estuvo precedido de momentos de tensión entre el PP de Castilla-La Mancha, en manos de María Dolores de Cospedal y la dirección nacional. Cargos afines a la ministra de Defensa llegaron a culpar en privado a los coordinadores de la ponencia Política y Estatutos, liderados por Martínez-Maillo, de haber organizado una "encerrona" a Cospedal.

Mientras, en la dirección del PP achacaban la polémica a sectores enfrentados de los conservadores castellanomanchegos. La enmienda había llegado a Génova procediente de Francisco Risueño, un militante del PP de Cuenca que ha exigido al partido que revise el vídeo de la votación para demostrar si ha habido "pucherazo".

¿Un pacto con Rajoy?

Las fuentes consultadas han recibido con sorpresa la actitud de Cospedal respecto a su futuro. Hay quienes creen que su respuesta se enmarca en la prudencia que no tuvo cuando el día que asumió el cargo de ministra de Defensa ya dio por hecho que iba a seguir en la Secretaría General. "Es un proceso en el que se anuncian candidaturas y votan los militantes y está siendo respetuosa con los plazos. Cristina Cifuentes no ha anunciado nada todavía [se espera que lo haga este martes] y hay muchos presidentes que no han adelantado nada. Es normal", señala una diputada.

Otras fuentes interpretan que, con el debate sobre su acumulación de cargos tan reciente, quiere "dejarlo pasar". En las últimas semanas, se instaló la idea de que Cospedal habría acordado con Rajoy dejar vacante la presidencia del PP de Castilla-La Mancha para continuar en Génova y en el ministerio. En el entorno de la secretaria general negaron en su día ese extremo.

Las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha se celebrarán en 2019. La tendencia en el PP es que los presidentes del partido sean también candidatos, pero siempre hay excepciones. Algunas fuentes apuntan que Cospedal podría seguir al frente de la formación y no ser candidata. Y viceversa. "Queda mucho para las elecciones. Todo lo que se diga ahora hasta que no se pronuncie ella es hablar por hablar", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. No obstante, la Ley Electoral establece que "nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de diputado al Congreso".

A las puertas del 18 Congreso Nacional del PP,  la portavoz del PP en la región, Carmen Riolobos, se mostró convencida de que sí va a continuar.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no cumplió ninguna de las medidas para aumentar los ingresos que debían servir para cumplir el objetivo de déficit en 2014, cuando lo presidía María Dolores de Cospedal. Como la comunidad autónoma había incumplido el objetivo para 2013, cerrando el ejercicio con un 2,13% –en lugar del 1,3% previsto–, debía presentar un Plan Económico Financiero para 2014 y 2015, que la obligaba a tomar medidas para estimular los ingresos por importe de 50,38 millones de euros y un recorte de gastos de 239 millones. Sin embargo, el Gobierno de Cospedal, en lugar de aumentar los ingresos, los redujo en 517.000 euros, según revela el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización del Ejecutivo castellano-manchego.De las medidas para reducir el gasto ejecutó el 77,6%.

La actual ministra de Defensa hizo de la reducción del déficit su prioridad política. Los tijeretazos que aplicó a los servicios públicos la convirtieron en la campeona autonómica del recorte presupuestario. Ahora el Tribunal de Cuentas le reprocha que no fuera igual de diligente con los ingresos.

Para dar fuelle a esa partida, el 41,7% de las medidas del Plan Económico Financiero eran acciones tributarias. Gracias al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales el objetivo era aumentar la recaudación en 20 millones de euros. Por el contrario, los ingresos por este concepto cayeron en 258.000 euros, una “ejecución negativa del 1,3%”, indica el Tribunal de Cuentas. Con los impuestos al juego y las apuestas, el Gobierno de Castilla-La Mancha debería haber conseguido 940.000 euros más, pero la recaudación real sufrió un descenso de 1,07 millones de euros, una ejecución negativa del 114,3%.

El motivo que aduce el Ejecutivo de Cospedal en sus alegaciones al informe del tribunal fue que, en lugar de subir los impuestos, los bajó. “El Gobierno regional decidió no incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes castellano-manchegos”, resume.

El resto de las medidas sobre ingresos incluían la “enajenación de inversiones reales” por importe de 24,79 millones de euros, que fueron ejecutadas al 100%. Así, Castilla-La Mancha cerró 2014 con un déficit del 1,8%, ocho décimas por encima del déficit previsto.

El Tribunal de Cuentas también critica al Ejecutivo de Cospedal por haber tramitado ampliaciones de crédito por importe de 290 millones de euros en 2014, pese a que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma prohíbe aprobar modificaciones de crédito que supongan un aumento en las necesidades de financiación. El órgano fiscalizador advierte de que el “desequilibrio” causado por estos aumentos de créditos sin financiación puede generar “déficit presupuestarios”.

En sus alegaciones, el Gobierno de Cospedal destaca las “medidas de disciplina presupuestaria y reestructuración financiera” que aplicó, entre ellas “la reducción de los supuestos para ampliar créditos” establecidas en las leyes anuales de presupuestos, así como la “intensificación del control del gasto público y la contención de los gastos de personal”.

Contratos temporales fraudulentos

El caso es que el Tribunal de Cuentas saca los colores al Ejecutivo manchego también por su política de personal. En concreto, critica el aumento de plantilla y de gasto por este concepto descubierto tanto en el Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, la radio y la televisión autonómicas, como en el Servicio de Salud (Sescam).

Pese a que la plantilla óptima del Sescam se fijó en 20.037 trabajadores, en 2014 la integraban 27.388 personas. Ese año se registraron 7.027 altas de personal, de las cuales 6.892 eran de carácter temporal: eventuales, interinos y sustitutos. Éstos corresponden a 1.079 contratos, casi el doble de los firmados un año anterior –687–. Además, el tribunal revela que se acumulan para un mismo trabajador contratos durante 12 meses o más en un periodo de dos años; es decir, advierte, pueden estar tapando necesidades estructurales de plantilla. Al tiempo, se mantienen 647 vacantes sin cubrir.

Este personal, contratado en teoría para atender necesidades coyunturales, se utiliza “de manera recurrente”, destaca el informe, “además de ser coincidente, en gran parte, con quien realiza también funciones eventuales”. El Tribunal de Cuentas constata así “una mala práctica de contratación” que los tribunales ya han declarado “fraudulenta” y que ha costado a las arcas públicas castellano-manchegas 139.000 euros en 2014.

La contratación de trabajadores temporales requiere un informe previo de la Dirección General de Presupuestos autonómica, “preceptivo y vinculante”, que el Gobierno de Cospedal obvió en todos los casos. También en el de los 29 temporales empleados en el ente público de la radio y televisión autonómicas. Con una plantilla de 456 trabajadores, el ente superó el gasto de personal presupuestado inicialmente en un total de 1,039 millones de euros.

Pero no es el único aspecto de la política de personal que critica el órgano fiscalizador. La gerencia del Sescam aprobó para 2014 un complemento de productividad de carácter mensual para los equipos directivos del Servicio de Salud. Según las propias leyes autonómicas, esa retribución variable debe ser remunerada con periodicidad anual y sólo si se cumplen totalmente los objetivos fijados para su percepción. En cambio, según el Tribunal de Cuentas, en 2014 “se reconocieron obligaciones en concepto de incentivos al rendimiento por importe de 131,56 millones de euros”, pese a que “sólo una gerencia [del Sescam] cumplió con el objetivo financiero del contrato de gestión –gasto real inferior al asignado–”. Por ello, sus altos cargos recibieron 7.000 euros como complemento de productividad.

El Gobierno de Cospedal contestó al tribunal que la ley le permite retribuir con este bonus no sólo el cumplimiento de objetivos, sino también “el especial rendimiento, el interés o la iniciativa, y la participación en programas o actuaciones concretas”.

Contratos irregulares convalidados 'a posteriori'

El Tribunal de Cuentas fiscaliza igualmente los sistemas de control interno de la comunidad autónoma. Y encuentra numerosas deficiencias. Por ejemplo, cifra en 4,56 millones de euros el importe de los actos de contenido económico que debió convalidar el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a posteriori por no haber sido fiscalizados en su momento. De esa cantidad, casi un millón son gastos anteriores a 2014 pero que no habían sido registrados a 1 de enero de ese año. Además, se trata de contratos fraccionados, por importe de 216.000 euros; de servicios prestados sin contrato –652.000 euros– e incluso de un contrato verbal por valor de medio millón de euros.

El patrocinio de clubes deportivos manchegos para difundir la imagen CLM+Activa fue encargado “verbalmente”, explica el informe, pese a que ese tipo de contratos están prohibidos por la Ley de Contratos del Sector Público, salvo si tienen carácter de emergencia. Es más, el patrocinio a los clubes comenzó antes de que abriera siquiera el procedimiento de contratación.

Entre los contratos fraccionados, otra práctica prohibida por la ley, figuran también algunos referidos a campañas de publicidad institucional, valorados en 307.000 euros.

El informe de fiscalización dedica un apartado a vigilar las cuentas bancarias a nombre de la comunidad autónoma y descubre que 21 de ellas tenían en 2014 “firmas autorizadas de carácter indistinto”, lo que incumple la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: exige al menos dos firmas conjuntas. Siete de ellas pertenecían al Sescam. Otras tres de este mismo servicio eran unipersonales, lo que tampoco es legal. En el caso del Servicio Público de Empleo autonómico, que Cospedal suprimió en enero de 2012, el Tribunal de Cuentas constató que aún mantenía en cuentas operativas a su nombre, dos años después, un saldo de 843.000 euros.

Convenios con hospitales privados de otras comunidades

El Sescam reúne una buena parte de las críticas del informe a la gestión del Gobierno castellano-manchego. Le recrimina que recurra al “convenio singular de vinculación”, una figura que excede el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público y que debería ser excepcional, para prestar la “asistencia sanitaria con medios ajenos”, a través de hospitales privados. En 2014 Castilla-La Mancha mantenía en vigor un total de 40 convenios. Según el tribunal, este instrumento no garantiza la “aplicación de los principios básicos de concurrencia, publicidad y libertad de acceso a las licitaciones”. Además, cada año los convenios “incorporan nuevas prestaciones de servicio”, distintas a las estipuladas inicialmente, sin estar motivadas de forma adecuada.

De esos 40 convenios, 15 fueron suscritos con centros sanitarios privados ubicados en otras comunidades autónomas ubicados en otras comunidades autónomas limítrofes y en aquéllos firmados para reducir las listas de espera quirúrgicas no se crearon comisiones de seguimiento, “lo que dificulta el control de las derivaciones a la sanidad privada”, destaca el informe.

Éste es el tercer informe que el Tribunal de Cuentas elabora sobre los gobiernos de Cospedal. El órgano fiscalizador no deja de señalar que, un año más, el Ejecutivo autonómico no ha aplicado ninguna de las recomendaciones incluidas en sus informes anterioresinformes anteriores.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, ha denegado a la empresa Quantum Minería –impulsora del proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel– el plazo adicional solicitado para elaborar un estudio de impacto ambiental que consiga la calificación de favorable para refrendar su idoneidad, informa Europa Press.

De esta manera, el plazo de tres meses concedido por el Gobierno autonómico a la empresa para cumplimentar este estudio el pasado 18 de noviembre culminará a mediados del mes de febrero, y no en abril como pretendía Quantum.

En la resolución que justifica esta denegación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno castellano-manchego esgrime como justificaciones que el proyecto "ha generado alarma social en la comarca", por lo cual "procede agilizar, en la medida de lo posible, la tramitación ambiental del mismo".

Añade la Junta que en los contactos mantenidos con el promotor previamente al envío del Documento de Alcance emitido por la Consejería de Agricultura el pasado 8 de noviembre ya se había acordado remitirle "informes y sugerencias relevantes" de entidades como la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Instituto de Salud de la Universidad Carlos III, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Agricultura o del Servicio de Política Forestal de Ciudad Real.

Aprovecha la Administración regional para recordar que toda vez que transcurra el plazo máximo de tres meses desde la fecha de acuse de recibo del Documento de Alcance, se dará por desistida la petición de puesta en marcha del proyecto, y previa resolución se procederá al archivo del expediente.

Todo ello, según se recalca, a efectos previstos de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Documento de alcance

Fue el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien el 8 de noviembre informó del Documento de Alcance enviado a la empresa por el cual el Gobierno regional consideraba que el proyecto de minería de tierras raras resultaría "inviable medioambientalmente"tierras raras, por lo que vaticinó que esta iniciativa no saldría adelante.

Este documento estaba elaborado por 22 organismo públicos y 44 colectivos y adjuntaba las firmas de 7.500 ciudadanos en contra del proyecto.

Entre los extremos expuestos por estos organismos que hacían desaconsejable la puesta en marcha del proyecto, afecta a zonas de hábitat del lince ibérico y del águila real; carece de recursos hídricos; o se presentan enormes riesgos para la biodiversidad de la zona.

El estudio de impacto ambiental que ha de preparar Quantum y para el que solo le restan unas seis semanas toda vez que la Junta le ha denegado ampliar este plazo en otras seis más debe de resolver todas estas cuestiones, según recordó el consejero.

Días antes de la intervención del consejero, el propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, avanzó desde Puertollano la intención de su Ejecutivo de "impedir" que vengan empresas a la Comunidad Autónoma a "destrozar el medioambiente", por lo que avanzó que el Consejo de Gobierno pondría medidas con el citado Documento de Alcance para conseguir que no siguiera adelante.