Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos.

Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base.

Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal". Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal.

Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones. Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales. Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia.

Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ, así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés. Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras", que no corresponderían a estos profesores.

Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello". La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".

La creación de 500 nuevas plazas judiciales por el Gobierno fue un anuncio histórico. Porque respondía a una demanda generalizada en la judicatura de derechas y de izquierdas. Pese a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Isabel Perelló, recibió de uñas la propuesta del departamento que dirige Félix Bolaños, con el que mantiene una tormentosa relación. Esa medida, según sostuvo Perelló el 3 de febrero, "no aborda ni resuelve el problema de fondo", que situó en "el grave déficit de jueces", como si para dar entrada a nuevos efectivos que superen esa carencia no fuera preciso darles previamente el puesto a ocupar. Casi mes y medio después, el Consejo ha enmendado la posición inicial de su presidenta y ha aprobado un informe que, como no podía ser de otra manera, valora muy positivamente la medida del Ejecutivo, que el propio órgano reclamó.

El informe, preceptivo para la aprobación final del decreto con la creación de las nuevas plazas, salió adelante en el Pleno del pasado jueves. Ese incremento que Perelló consideraba insuficiente en febrero, se estima en el estudio del Consejo "imprescindible". "La totalidad de las 500 plazas judiciales cuya creación está prevista en el proyecto de real decreto merecen informe favorable, al estimarse (...) que la creación de todas y cada una de estas plazas tiene carácter imprescindible en orden a lograr los objetivos de mejora perseguidos", dice su texto. "La creación de nuevas unidades judiciales", continúa, "con el déficit actualmente existente, redunda en una mejor prestación del servicio, reduciendo la pendencia y acortando los plazos de resolución y contribuye a garantizar a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos".

Pese a las pegas planteadas por la presidenta nada más hacerse pública la medida, el documento subraya –como hizo Bolaños al anunciarla– que las nuevas plazas obedecen "a una necesidad que el Pleno del CGPJ, en su acuerdo de 9 de julio de 2025 ya evidenció". La enmienda a la totalidad expuesta por Perelló aquel 3 de febrero generó sorpresa en el Ejecutivo, que solo estaba planteando lo que el órgano del gobierno de los jueces le había pedido. Tras el acto, Bolaños recurrió a la ironía: “Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda, y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, dijo el ministro.

La primera autocorrección de Perelló a su inicial oposición a la histórica medida se produjo solo dos semanas después de su sorprendente discurso. El 18 de febrero, el CGPJ acordó con el Ministerio la convocatoria para este año de 375 plazas para juez entre opositores y otras 125 para magistrado escogidos por concurso entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia profesional (el "cuarto turno"), para dar cobertura a las 500 nuevas plazas.

Las nuevas vacantes se cubrirán por concurso de traslado, pero claro, dejarán su correspondiente hueco en la base de la pirámide judicial. Con estas nuevas convocatorias de ingreso, el Gobierno consigue que se cumpla el cálculo legal de que una de cada cuatro nuevas plazas se cubra con juristas. Esa previsión ha sido sistemáticamente postergada por el órgano de gobierno de los jueces (el único que puede convocar "el cuarto turno"), hasta el punto de que en la plantilla total, los seleccionados por esa vía no llegan al 10%.

El documento informa a favor de todos y cada uno de los nuevos puestos, aunque plantea otros nuevos. En el Supremo, por ejemplo, reitera la necesidad de dos nuevas plazas en la Sala de lo Social –la que se encarga de los asuntos laborales y de la Seguridad Social–. También en la Audiencia Nacional, en la que "se valoran e informan positivamente" las cuatro nuevas plazas a crear en la Sala de lo Penal y los dos nuevos puestos para la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia (los antiguos juzgados centrales de instrucción), pero se reclaman tres plazas más para su Sala de lo Contencioso-Administrativo "por la elevada carga de trabajo, pendencia y complejidad de las materias que llegan a su conocimiento".

Y lo mismo con otros tribunales inferiores. Pero el Consejo no quiere que se sustituyan por las propuestas, sino que se sumen. Es decir, "que las previstas en el proyecto de real decreto se mantengan y se incluyan las que se han sugerido". El ministerio tiene previsto un nuevo decreto en 2027 a través del que se crearán otras 500 unidades judiciales más, según informaron a infoLibre fuentes de Justicia. Serán 1.000 las nuevas plazas en solo dos años, lo que pondrá a España a nivel de la media europea en la ratio de jueces por habitante.

La desautorización de la posición planteada por Perelló el pasado 3 de febrero –durante la entrega de despachos de la nueva promoción de la Escuela Judicial– es aún más patente si a la opinión del Consejo se suma la del resto de órganos judiciales consultados. Para la elaboración del informe, el órgano de gobierno de los jueces pidió la opinión de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. "La valoración general en todos estos informes es muy positiva en cuanto que la creación de plazas era una acuciante necesidad que (...) venían reclamando reiteradamente".

Era pues, una reclamación de toda la judicatura que, inexplicablemente, la presidenta del Consejo no quiso o no supo ver cuando el Ejecutivo la comunicó.

La oposición y desconfianza que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, manifiesta públicamente contra las reformas y propuestas en materia judicial del Gobierno cada vez que tiene ocasión se percibe también en sus iniciativas en el órgano de gobierno de los jueces. Perelló, que llegó al cargo con la etiqueta de progresista, maniobra con los 10 vocales del sector conservador y con el díscolo propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, para colocar a personas afines al grupo de consejeros propuesto por el PP en cargos clave para iniciativas del Ejecutivo como la próxima creación de 500 plazas judiciales –anunciada por el ministro Félix Bolaños en enero– o el actual proceso de implantación de los tribunales de instancia que han sustituido a todos los juzgados unipersonales un año después de la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Se trata, este último, de un proceso complejo en el que, además del Consejo y el Ministerio, participan 12 Comunidades Autónomas que deben dotar de medios a esos tribunales en sus respectivos territorios.

El sector progresista ha conseguido parar la última jugada de este tipo de la presidenta. La máxima responsable del órgano se alineó otra vez con los conservadores y Preciado para excluir al vocal progresista Luis Martín Contreras de la copresidencia (que ostenta junto al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo) del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Se trata de un organismo en el que están representados, además del Consejo y el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades con competencias transferidas en materia de justicia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana) y que es fundamental para asegurar la implantación de los tribunales de instancia, los que sustituyen a los juzgados unipersonales, por aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, en vigor desde enero de 2025.

El CTEAJE que copreside Martín Contreras es un órgano fundamental para la total transformación de la estructura judicial española que impone esa ley. Esta reordenación pasa por despojar los órganos unipersonales de sus respectivas oficinas judiciales para unirlos en un solo tribunal y así centrar a los jueces en su labor de juzgar, favorecer su especialización, y facilitar las sustituciones y la creación de nuevas plazas cuando sea necesario (que ya no tienen que ir acompañadas de toda la estructura burocrática de un juzgado con la consiguiente inversión). El CTEAJE es quien tiene que homologar y asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de todas las herramientas informáticas en los nuevos tribunales de instancia, así como de las que sirven a los ciudadanos y otros operadores jurídicos como los abogados, fiscales o procuradores para comunicarse con ellos a través de internet. El órgano es esencial para la coordinación de todas las Administraciones competentes en la materia, al estar todas representadas: CGPJ, Gobierno, Fiscalía y Comunidades competentes.

Los progresistas rechazan la salida de Luis Martín Contreras, pero Perelló les ha adelantado ya que los conservadores quieren cambiarlo y que ella y Preciado están de acuerdo con los vocales a propuesta del PP, y les ha conminado a llegar a un acuerdo con ellos. La apuesta implica dejar otra vez al sector progresista en minoría mediante el alineamiento de la presidenta y el vocal de Sumar con los 10 consejeros conservadores (12 votos contra nueve). Se trata de la misma mayoría que dio el control del órgano de gobierno de los jueces a los conservadores el pasado octubre, otorgándoles mayoría en las comisiones más importantes del órgano, lo que provocó una profunda crisis entre los dos sectores de la institución. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar que se mantienen en el sector progresista (todos menos Preciado) han rechazado la maniobra y han conseguido, momentáneamente, que, en el Pleno de este jueves, la propuesta salte del orden del día.

La presidenta, junto a Preciado, ya formó mayoría con los conservadores en la designación de otro cargo clave para las propuestas del departamento de Bolaños. Fue en el último Pleno del pasado enero cuando volvió a votar con los consejeros propuestos por el PP para poner a una jueza de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) al frente de la Sección de Planta Judicial del Consejo. Ese departamento de los órganos técnicos del CGPJ ha adquirido un peso determinante desde que el ministro de Presidencia y Justicia anunciara la creación de 500 plazas judiciales nuevas este año –la mayor disposición de nuevos puestos de la historia–, a las que se sumarán otras 500 en 2027, según fuentes del Ejecutivo.

Pese a que la decisión del Ministerio de crear esas nuevas plazas se adoptó a petición del Consejo y en los tribunales que este propuso hace apenas unos meses, la iniciativa, ampliamente demandada por la judicatura, no gustó en principio a Perelló, que aseguró que la medida "no abordaba ni resolvía" el problema. Al final ha acordado con Bolaños que las nuevas vacantes se cubran mediante la convocatoria por el Ministerio de 375 puestos para opositores y otras 125 para juristas de reconocida competencia que debe sacar el CGPJ. Los nuevos puestos cuya creación ha avanzado el Ministerio suponen un incremento del 16% en solo dos años. La medida dará cumplimiento a una reclamación secular de la judicatura –tanto de derechas como de izquierdas– que equipara la ratio de jueces por habitantes a la media europea.

El alineamiento de Perelló con Preciado y los conservadores volvió a repetirse en el Pleno del 11 de febrero. En esta ocasión, esa mayoría de 12 votos propiciada por ambos sirvió para designar a los vocales que se encargan de las relaciones del Consejo con las asociaciones judiciales. Los progresistas propusieron que la persona que les tocaba por reparto fuera la fiscala Inés Herrero, vocal a propuesta de Sumar, para ejercer esa función junto al conservador José Antonio Montero. Pero la jugada sirvió para que la cuota progresista fuera finalmente cubierta por el propio Preciado al que, a pesar de haber sido propuesto también por Sumar, el resto de progresistas no consideran de su grupo.

Desde la última renovación del CGPJ, en junio de 2024, el bloque conservador no ha tenido ni una sola fisura en su seno a la hora de afrontar las decisiones más importantes lo que ha provocado que, con el apoyo de la presidenta y el vocal progresista disidente, el primer órgano de gobierno de los jueces designado bajo la presidencia de Pedro Sánchez haya basculado a la derecha.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció el pasado jueves un acuerdo con el Gobierno por el que, además de las 91 nuevas plazas judiciales para ese territorio –500 para todo el Estado– que creará en los próximos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se aprobarán otras 90 más a lo largo de 2027. Ese incremento adicional de la planta catalana, que según los republicanos será una herramienta más para luchar contra la multirreincidencia, se enmarca en otro aumento de un total de 500 plazas más el año que viene en todo el Estado. Si lo consigue, el Estado habrá sacado adelante en solo dos años el mayor aumento de puestos para jueces y magistrados de la democracia, con mil plazas más, dando cumplimiento a una reclamación histórica de la judicatura. En un bienio se pasaría de aproximadamente 5.900 plazas a 6.900, un 17% más.

La nota sobre el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC difundida por los republicanos explicaba que tanto el incremento previsto para este año (91 plazas en Cataluña, 500 en todo el Estado) como el logrado con el pacto alcanzado el jueves "se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la ley de eficiencia". Fuentes del Gobierno confirman que ese crecimiento de la planta judicial al que se refieren los republicanos no abarca únicamente el real decreto que aprobará el de este año. Los planes del Ministerio de Presidencia y Justicia pasan por elaborar una nueva disposición en 2027 con la que se creen 500 plazas más, entre las que se encuentran las 90 acordadas con la formación que preside Oriol Junqueras, según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

El ministerio trabaja ya en la elaboración del real decreto correspondiente a las nuevas 500 plazas a crear este año. El borrador de la norma ha sido enviado al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia –es decir, todas salvo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla– para que elaboren sus informes. Pese a que el incremento de plazas judiciales es una reclamación histórica de los jueces españoles –tanto de izquierdas como de derechas–, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, criticó la creación de los 500 nuevos puestos asegurando que "no aborda ni resuelve el problema de fondo". La queja del máximo cargo judicial español se produjo pese a que las plazas se crearán a petición expresa del Consejo que dirige –las reclamó el pasado julio– y en los órganos señalados por esa misma institución.

Crear estos nuevos destinos –tanto los 500 de este año como los 500 más del que viene– es el primer paso para incrementar la plantilla de jueces, secularmente reducida en España en proporción a la población. El Gobierno, al tener los presupuestos prorrogados, asegura que solo podrá sacar 200 plazas para opositores, como el año pasado y el anterior, y reclama al CGPJ –el único con capacidad para hacerlo– que apruebe una convocatoria de lo que en jerga judicial se denomina "cuarto turno", el sistema de acceso por concurso previsto para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Pese a que según establece la ley, el 25% de los jueces españoles debería ingresar por este sistema, el Consejo se resiste a iniciar el proceso. La última vez que lo hizo fue en 2023. El resultado es que los jueces del "cuarto turno", que deberían ser uno de cada cuatro, no alcanzan el 10% del personal.

En su discurso del 3 de febrero, en el que se quejó del incremento de plazas que había pedido, la presidenta del CGPJ avanzó que no cooperaría para cubrir los nuevos puestos creados a demanda de su órgano, con sus propios medios, es decir, con convocatorias para seleccionar magistrados a través del "cuarto turno". Fuentes del Ejecutivo aseguran que, al contrario que el ministerio, el gobierno de los jueces cuenta con presupuesto propio que le permite sacar las plazas que sean necesarias, además de tener la obligación de llenar ese déficit de jueces procedentes de otras profesiones jurídicas con 10 años de experiencia hasta llegar a ese 25%. Perelló se alinea así de nuevo con los vocales a propuesta del PP que reclaman al Ejecutivo que convoque más plazas para opositores. Este último método, dar entrada a opositores jóvenes y sin ningún tipo de trayectoria previa, es el sistema favorito de la derecha judicial al constituir el vivero de las principales asociaciones conservadoras.

Pese a la escenificación pública por parte de Perelló de su nuevo choque con el Ejecutivo, el Ministerio y el Consejo continúan con las negociaciones para decidir cómo se cubrirán finalmente las nuevas plazas una vez que estén creadas. Si el Consejo, como anunció Perelló, se niega a colaborar en este paso histórico necesario para poner el sistema judicial español a la altura del resto de Europa, los puestos tendrán que proveerse con sustituciones ordinarias (jueces que acepten cubrir varias plazas con un incremento salarial), magistrados suplentes (seleccionados entre juristas por las salas de gobierno de los tribunales superiores de cada comunidad) y jueces en expectativa de destino recién salidos de la Escuela Judicial y que, al no haber plaza para ellos, quedan a disposición del CGPJ.

Pese a las resistencias y las críticas de Perelló y los vocales conservadores, tanto el Gobierno como el sector progresista del Consejo dan por seguro que el informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces será favorable. Lo contrario sería oponerse a una medida que trata de solucionar una necesidad estructural de la judicatura española y ampliamente demandada por el cuerpo y todas las asociaciones corporativas conservadoras y progresistas. Rechazar un real decreto que atiende una reclamación secular como esa y hecho a petición y a medida del propio Consejo, sería una posición difícilmente explicable.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en su cuenta de X que se querellará contra Víctor de Aldama, el empresario investigado por el caso de las mascarillas junto a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Aldama fue entrevistado la noche del pasado miércoles en el programa El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid. Allí, aseguró sin aportar ningún tipo de prueba que el ministro intentó sobornarle. "El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara", recalcó.

Bolaños confirmó su querella en una respuesta en redes a un mensaje de la cuenta oficial del Partido Popular que le preguntaba al ministro si era verdad que conocía a Víctor de Aldama. "No conozco a este señor ni a su Dircom", aseguró Bolaños que aprovechó para preguntar al PP si le iban a pedir perdón por "propagar este bulo".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "discurso político" las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que ayer denunció "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha expresado su respeto "a los discursos políticos que se leen" tras ser preguntado por las críticas ayer de Perelló en Barcelona, en la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

La presidenta del CGPJ afirmó que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y pidió protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".

El ministro de Justicia se ha mostrado, además, sorprendido por "el lugar" en el que se hicieron estas críticas, en presencia del rey.

"Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso. No hay que perder la paciencia", ha bromeado.

El ministro ha advertido, no obstante, de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.

"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha concluido.

Dirige un órgano constitucional y es la sexta autoridad del Estado. Pero desde que Isabel Perelló accedió a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no ha dado una sola entrevista en medios de comunicación. Sin embargo, aprovecha cada discurso en sus actos protocolarios para meter el dedo en el ojo al Gobierno. Este martes, el escenario ha sido la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. La presidenta ha asegurado que la creación de 500 plazas judiciales –la mayor de la historia– anunciada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a petición del propio CGPJ, "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Perelló ha alertado del "grave déficit de jueces", pero se queja de que el Ejecutivo cree los puestos necesarios para paliarlo y anuncia que su organismo carece de competencias para colaborar en el proceso en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las palabras de la presidenta del Consejo han causado un profundo impacto en el sector progresista del Poder Judicial y también en el Gobierno, presente en el acto. El déficit de jueces por habitante en España respecto a los países europeos de nuestro entorno es una queja secular de la judicatura. De la de derechas y de la de izquierdas. Para paliarlo, en primer lugar, hay que crear las plazas judiciales necesarias para que después se puedan cubrir con nuevos jueces. El propio CGPJ reclamó al Gobierno el año pasado 507 nuevas plazas y señaló los tribunales concretos en los que había que crearlas. El Ejecutivo anunció hace dos semanas la creación de 500 nuevos puestos en lo que supone el mayor incremento jamás aprobado. El departamento de Bolaños siguió, además, el criterio del Consejo y los situó en los destinos en los que el órgano de gobierno de los jueces se lo reclamaba. A Perelló, ahora, le parece, sin embargo, una mala idea.

"El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", ha dicho Perelló ante el rey y Bolaños. "Aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no incrementa el número real de jueces disponibles. Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando". Es decir, que si antes el problema era que no había suficientes plazas judiciales, ahora el obstáculo va a ser cómo cubrirlas, porque de no hacerlo, el atasco judicial no irá más que en aumento –por culpa del Gobierno, según la presidenta– con más puestos a cubrir con la misma plantilla. Lo dijo como si el organismo que dirige no tuviera herramientas para el ingreso de más plantilla para los nuevos puestos.

En España existen dos métodos principales para ingresar en la judicatura. El primero es el turno libre, la oposición pura y dura, cuatro o cinco años recitando de memoria como un papagayo, desconectado de la sociedad y pagando los servicios de un preparador que normalmente es un juez o fiscal que completa así sus ingresos mensuales. El segundo es el denominado "cuarto turno", por el que, en teoría, deberían cubrirse una de cada cuatro plazas mediante un concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia (abogados, catedráticos, fiscales, letrados de la administración de justicia, registradores, abogados del Estado...) con más de 10 años de experiencia.

Esta segunda vía ha sido sistemáticamente postergada por los sucesivos Consejos que se han negado a convocar esas plazas como impone la ley. El 25% de la judicatura debería estar formada por juristas con experiencia previa en otros campos, pero la resistencia del CGPJ a facilitar su entrada hace que no lleguen al 10%. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las plazas que el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método de ingreso superan las 700 desde la aprobación de la reforma legal que lo introdujo en 1985. La institución que dirige Perelló es la única que puede garantizar que exista ese porcentaje de magistrados procedente de otras profesiones jurídicas, porque es la única competente para convocar los concursos con los que acceden a la carrera. Mientras que las plazas de juez previstas para opositores se ofertan cada año –las convoca conjuntamente el Gobierno y el Consejo– , las previstas para juristas con más de 10 años de ejercicio profesional –que convoca exclusivamente el Consejo– salieron por última vez en 2023.

La coyuntura parlamentaria actual del Gobierno le impide cubrir mediante opositores las 500 plazas que va a sacar. El problema es la falta de apoyo para aprobar los Presupuestos, que ha obligado a prorrogar los de 2023, en los que solo se previó una convocatoria para 200 aspirantes. El proyecto de ley de las nuevas cuentas del Estado que, por el momento permanece paralizado, prevé la convocatoria, en 2026, de 400 plazas por ese método, pero mientras no se apruebe, se quedarán en la mitad. El CGPJ, sin embargo, carece de esas restricciones financieras al ser un órgano constitucional con presupuesto propio, por lo que, según fuentes del Gobierno, del propio Consejo y de las asociaciones judiciales, podría perfectamente aprobar una nueva convocatoria del cuarto turno. Solo el Consejo puede conseguir que un cuarto de los jueces procedan de otras profesiones jurídicas como establece la ley, pero se niega a hacerlo.

Sin embargo, Perelló, en su discurso de este martes, ha anunciado lo contrario. Que el Consejo que preside no tiene la menor intención de paliar esta falta de jueces que denuncia mediante los mecanismos a su alcance. "El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces", ha afirmado. Después ha lanzado un dardo al ministerio que atendió su petición de crear 500 plazas: "Es necesaria una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional". Es decir, que, según la presidenta, pese a que los nuevos puestos se crean a petición del Consejo, todo se ha hecho mal. La preferencia de Perelló por los opositores en lugar de por los juristas de reconocida competencia casa con la de la derecha judicial. Una gran parte de los que ingresan en la carrera por oposición acaba en las asociaciones profesionales más conservadoras y corporativas.

La presidenta del CGPJ es consciente de que una convocatoria de cuarto turno es, actualmente, la vía más rápida para cubrir las nuevas plazas creadas por el Gobierno con magistrados estables y de carrera. Si no se sacan esas plazas habrá que recurrir a las sustituciones ordinarias –que el titular de una plaza ejerza las funciones de otra por un salario mayor–, los jueces recién salidos de la Escuela Judicial y en expectativa de destino o los jueces sustitutos. Así se lo transmitió el departamento de Bolaños al Consejo en una reunión que mantuvieron el pasado 27 de enero. Los dos vocales conservadores que asistieron al encuentro, como parece hacer ahora Perelló, reclamaron que el Gobierno convocara oposiciones, algo que, con presupuestos prorrogados, asegura que no puede hacer.

En esas conversaciones el Ejecutivo explicó que sus intenciones son convocar en los próximos tres años un total de 2.600 plazas que, teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para ese período (1.000), supondrían un aumento de la plantilla judicial de 1.600 personas (de los 5.900 actuales se pasaría a 7.500). La idea es convocar cada año 360 plazas para opositores y 120 para juristas de reconocida competencia. Otras mil plazas serían cubiertas por los jueces sustitutos que se acojan a un proceso de regularización de su situación laboral. El problema es que, para que esos planes se conviertan en realidad tendría que aprobarse el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal –el que reforma el sistema de acceso a ambos cuerpos– que, sin embargo, como los Presupuestos, se encuentra paralizado ante la falta de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento.

La actividad memorialista del Ejecutivo continúa a pleno rendimiento. Sólo un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, en el seno del Gobierno ya se han puesto manos a la obra para diseñar el nuevo armazón jurídico sobre el que se apoyará el futuro próximo de Cuelgamuros. Los trabajos, de los que ahora mismo se está encargando la Secretaría de Estado de Memoria, buscan desmontar y sustituir el excepcional régimen sobre el que se ha asentado durante décadas el complejo monumental. Un marco normativo, construido en pleno franquismo, que ha permitido la continuidad hasta la actualidad en el enclave de una orden benedictina que se ha opuesto con firmeza a la exhumación de Francisco Franco y que nunca ha tenido reparos en celebrar misas en recuerdo del dictador y del golpe de Estado.

La denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha sido quien ha tenido asignada, a través de un decreto-ley de 1957, la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que ha mantenido un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que ha estado dirigiendo "transitoriamente" el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional desde hace cuatro décadas. Y lo ha hecho porque ningún Gobierno era capaz de regular la situación jurídica del complejo monumental levantado por presos políticos en plena sierra de Guadarrama, a pesar de que resultaba una obligación legal desde hace ya cuatro décadas.

La nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor a finales de octubre, busca justamente poner todo esto en orden. De ahí que declare, en su artículo 54, extinguida la opaca Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Lo hace, fundamentalmente, por "resultar incompatibles" sus fines con "los principios y valores constitucionales". Al fin y al cabo, el objeto de esta entidad, según la norma de finales de los cincuenta rubricada por el propio Franco, es "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana". Todo un anacronismo en un régimen democrático que había logrado pervivir hasta nuestros días.

La extinción, no obstante, no producirá efectos hasta la entrada en vigor de un nuevo real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros "que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial". En este sentido, la norma no fija un plazo para su elaboración. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Memoria ya están "trabajando" en ello, según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio de Presidencia, que no aclaran cuándo podrá estar listo el nuevo armazón jurídico. Mientras se construye el nuevo marco jurídico, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional seguirá ejerciendo las funciones de patronato y representación de la Fundación, determinando sus "inventarios, presupuesto y cuentas" de cara a la liquidación final de la misma.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ya planteó en su día por dónde tendrían que ir los cambios normativos. Así, proponían convertir la fundación en un Real Patronato, lo que colocaría la institución "bajo la estricta dependencia del Gobierno sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas".

El decreto franquista fue también el que terminó abriendo las puertas de Cuelgamuros a los monjes. Aquella norma fijó el establecimiento en el mausoleo de una Abadía Benedictina. Y sus funciones quedaron definidas en un convenio suscrito entre la Fundación de la Santa Cruz y el Monasterio de Santo Domingo de Silos: oficiar misa en fechas señaladas para los golpistas –1 de abril, 17 de julio o 20 de noviembre–, dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), mantener una Escolanía o administrar una Hospedería. Los religiosos no han cumplido siempre con sus obligaciones. De hecho, como reveló una investigación de infoLibre, el CES dejó de tener "actividad continuada" en 1983. Pero el Estado nunca ha procedido a la expulsión de los monjes a pesar de que el convenio lo permite cuando se producen incumplimientos.

La construcción de un nuevo marco jurídico afectará, por tanto, a los benedictinos. Aunque desde Presidencia mantienen silencio en relación a los trabajos en este punto concreto, lo cierto es que la expulsión de los religiosos de Cuelgamuros es algo que lleva años dándose por hecho. Su salida ya se dejó caer durante la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia. Y en la Secretaría de Estado de Memoria creen que "tiene poco sentido" la continuidad de los mismos en el complejo monumental dependiente de Patrimonio Nacional. "Evidentemente, su función no ha estado dentro del marco de los valores democráticos y los principios constitucionales", afirmó antes del verano en una entrevista con El País el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, ya analizó hace más de una década la presencia de los monjes en Cuelgamuros. Y concluyeron que el "tiempo transcurrido", la Constitución y la "nueva realidad social" hacían necesaria una adaptación de las "actuaciones civiles y religiosas" al "espíritu" de la "nueva resignificación" que se pretendía dar al complejo. No se rechazaba que hubiera una comunidad religiosa, siempre que fuera respetuosa con el nuevo espíritu. "Lo que teníamos clarísimo es que esta comunidad benedictina no se ajustaba a eso, tanto por sus declaraciones como por la hostilidad manifiesta", dice a infoLibre uno de los miembros de aquel grupo de expertos.

La sombra de la dictadura siempre ha estado presente sobre la cúpula de la comunidad benedictina. Su primer abad, Justo Pérez de Urbel, estuvo muy ligado al movimiento falangista –colaboró en materia religiosa con la Sección Femenina–. El siguiente, Luis María de Lojendio, fue el primer responsable de la Oficina de Información Diplomática (OID) franquista, encargada de combatir las informaciones críticas que se publicaban sobre el régimen en el exterior. Un tufo que continuó en democracia. El abad Anselmo Álvarez saltó a la fama por sus polémicas declaraciones en un reportaje de la televisión sueca. Y el actual prior, Santiago Cantera Montenegro, quien fuera en su pasado candidato de Falange Española Independiente, por su férrea oposición a la exhumación de Franco, un rechazo que la comunidad benedictina llevó incluso a los tribunales.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya anunció a comienzos de octubre que el complejo monumental tendrá una parte que no se va a desacralizar y que "seguirá siendo lugar de culto". "A partir de ahí, quién ejerza el culto en nombre de la Iglesia es una decisión que tenemos que compartir con la Iglesia", afirmó en una entrevista televisiva. Sobre la mesa, según publicó El Confidencial, hay varias opciones. Una posibilidad sería delegar esa función al propio Arzobispado de Madrid. Otra, buscar una nueva comunidad religiosa. Y una tercera vía sería dejarlo en manos de la Comunidad de Sant Egidio, una organización católica que ha estado presente en procesos de paz y reconciliación.

El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como Ley de Secretos Oficiales que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.

La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.

De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.

La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada, está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.

Este anteproyecto de ley ha sido revisado por la ministra Robles que dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias. Es más, según las fuentes consultadas, Robles le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva norma le gustaba.

Con todo, en Moncloa consideran "lógico" que esta tarea quede en manos de un ministerio "transversal" y de "coordinación interministerial" como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos que van más allá de la defensa, como la industria y la economía, según indican. Así ocurre, apuntan, en la mayoría de países de la UE y de la OTAN.

Asimismo, argumentan la necesidad de reformar esta ley. La normativa vigente es de 1968 y, por tanto, "predemocrática" y debe ser adaptada al ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe recordar que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.

En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional –que ahora recae en Presidencia– para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial "corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".

Y en el artículo séptimo explicita que "la cancelación de cualquiera de las calificaciones" previstas en la citada ley "será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración".

El presidente Sánchez anunció que llevaría a cabo una reforma de esta ley el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención para dar cuenta del caso Pegasus de espionaje, que afectaba, entre otros, a líderes independentistas catalanes. Ese día también aseguró que llevaría a cabo una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para aumentar su control. Solo unos días antes había cesado a la directora del centro, Paz Esteban.

Ya en el mes de julio, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, Sánchez se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley en el mes en curso. Hizo el anuncio durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Precisamente el PNV es el autor de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68 que el Congreso aceptó tramitar al principio de la legislatura con el apoyo del PSOE. Sin embargo, la ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno decidió darla por enterrada e impulsar la reforma a través de un proyecto de ley.

Cuando el Gobierno anunció su iniciativa para luchar contra la desinformación, en noviembre de 2020, la prensa conservadora y las formaciones de la derecha alzaron la voz denunciando un supuesto intento de censurar a los medios. “Moncloa amenaza a la prensa con un ‘Comité de la Verdad”. “La Moncloa activa un plan para vigilar a los medios en Internet”. “El Gobierno crea un ‘Ministerio de la verdad’ para vigilar a los medios”. 

La realidad era mucho más simple. Se trataba de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Unión Europea y poner en funcionamiento, con ayuda de la sociedad civil, iniciativas para luchar contra la desinformación que trata de modificar comportamientos sociales sesgando y polarizando a la opinión pública en determinados temas. Algo de lo que existen numerosos ejemplos en Reino Unido, Estados Unidos y otros países en los que se ha llegado a comprometer el resultado de las elecciones o de consultas tan relevantes como la del Brexit.

Nada más anunciar su iniciativa, el departamento de Seguridad Nacional puso en marcha un foro informal con participación de sectores relacionados con la desinformación, desde el mundo de la comunicación audiovisual a las organizaciones de periodistas, pasando por los principales verificadores privados y públicos de las llamadas noticias falsas.

Ahora el Gobierno avanza con un paso más y, como ha podido confirmar infoLibre. da estabilidad a esa mesa de trabajo mediante una decisión adoptada en el Consejo de Ministros del pasado martes por la que se acaba de crear un foro estable contra las campañas de desinformación en al ámbito de la Seguridad Nacional. Un espacio destinado a canalizar la colaboración público-privada y a través del cual plantear iniciativas “para fomentar el conocimiento de la amenaza de las campañas de desinformación y la realización de actividades conjuntas y participativas”. El foro ha quedado adscrito al Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia subrayaron a infoLibre que el Gobierno de España está en este asunto “perfectamente alineado” con la Comisión Europea. En opinión del Ejecutivo, ”lo mejor es ir de la mano de los expertos que conocen el sector, de ahí la composición del grupo”.

El Gobierno quiere que el foro, que tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios pero que aún no ha comenzado a trabajar, le ayude a promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan, directa o indirectamente, aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación susceptibles de comprometer la Seguridad Nacional, así como sobre el esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas.

En la nueva entidad tendrán asiento seis representantes de la administración y diez de la sociedad civil bajo la presidencia del responsable del Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de Comunicación de Moncloa nombrará un vicepresidente y habrá vocales en representación de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Defensa, Interior y Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La parte de la sociedad civil representará a las asociaciones del sector de la comunicación audiovisual, a las asociaciones de periodistas, a propuesta de la que tenga “mayor representación a nivel nacional”, y de las organizaciones independientes de verificación —también a propuesta de la asociación de periodistas que el Gobierno decida que tiene “mayor representación a nivel nacional”— . 

También tendrán asiento las universidades, el sector industrial digital, los publicistas, el Consejo de Consumidores y Usuarios y varios expertos: uno en inteligencia artificial, a propuesta del CSIC, otro en análisis sociopolítico a iniciativa del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y un tercero con conocimientos en análisis estratégico en materia de seguridad nacional que será designado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El foro podrá crear grupos de trabajo con el objetivo de llevar a cabo el estudio y análisis de temas específicos a los que se podrán incorporar, a su vez, expertos en la materia.

Por desinformación, lo que popularmente se conoce como fake news o noticias falsas, el Gobierno entiende lo mismo que la Unión Europea: la difusión de “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Lo que significa que se trata no sólo de información falsa sino que “deliberadamente” se difunde para lucrarse o “engañar” a la población.

De hecho, la iniciativa española no es más que una trasposición de las recomendaciones de la Unión Europea para luchar contra la desinformación, cuyo origen se remonta a 2018, cuando encargó a los Estados miembros la creación de “un sistema de alerta rápida para avisar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica”. Respetando “estrictamente la libertad de expresión” e incluyendo “controles preventivos que eviten su uso indebido” para, por ejemplo, censurar “contenidos críticos, satíricos, discrepantes o escandalosos”.

Y adoptando medidas “para la identificación, mitigación y gestión de los riesgos que suponen para los procesos electorales los ciberataques y la desinformación” que sirvan también para fomentar “la educación y de la alfabetización mediática”, así como a apoyar “un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática”. Pero también para desarrollar “actividades de difusión adecuadas” capaces de “contrarrestar las falsas narrativas”.

Ha sido un contacto breve, casi protocolario. "Llamadas de cortesía", resumen en Moncloa. El nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inició este jueves con una ronda de llamadas telefónicas sus primeros contactos con los portavoces de los partidos de la oposición para tantear su disposición a alcanzar acuerdos a partir del mes de septiembre, cuando se reanude el período de sesiones en el Congreso de los Diputados. Constató lo que ya sabía.

De un lado, el muro de la derecha. El PP está dispuesto a hablar pero no habrá acuerdos, sobre todo en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo retraso ya es motivo de preocupación en Europa, a menos que se haga según sus reglas y no de acuerdo con la legislación vigente. Vox, por su parte, llevó su discrepancia al extremo: su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ni siquiera descolgó el teléfono para atender la llamada del ministro. La derecha extrema califica de “circo mediático” la interlocución con el Gobierno de España, con el que no tiene intención de mantener el más mínimo contacto más allá de exigirle la “dimisión y la convocatoria de elecciones” anticipadas.

“No hay nada nuevo”, según fuentes del PP. “Nuestra posición es la trasladada por el presidente” del partido: renovación sí, pero no como marca la ley, sino como desea Pablo Casado. Es decir, negando al Congreso y al Senado su derecho a participar en la designación de una parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces a partir de las propuestas que les planteen las asociaciones judiciales, como lleva ocurriendo desde hace décadas, con gobiernos del PP y del PSOE.

El mecanismo de elección del CGPJ que el PP discute está regulado parcialmente en la Constitución Española. El artículo 122 establece que este órgano estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años. De estos, ocho serán juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado —cuatro en cada una de las Cámaras—. Los doce restantes serán jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica” correspondiente.

"Designados por las Cortes"

Y la Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica del Poder Judicial vigente recoge en su artículo 567 que los 20 vocales “serán designados por las Cortes Generales” según el siguiente procedimiento: “Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”.

El PP, en cambio, quiere incumplir esta ley, que ahora no le gusta pero que aplicó sin problema los años que gobernó España. Su objetivo es que el CGPJ no tenga una mayoría de vocales en consonancia con la composición actual las Cortes, sino que, dejando la designación en manos de los jueces —mayoritariamente conservadores— el Consejo siga teniendo una representación que le sea mayoritariamente afín.

El asunto, en todo caso, no volverá a abordarse hasta septiembre, esta vez con el estímulo de la Unión Europea, que acaba de urgir a nuestro país, por segunda vez en año y medio, a renovar los órganos constitucionales pendientes, como el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Bruselas también ha recordado, y es a eso a lo que se aferra el PP, que el Consejo de Europa, el mismo órgano cuya legitimidad discute la derecha española por pedir la anulación de los procedimientos judiciales contra los independentistas, defiende “que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial". En la actualidad los jueces proponen a través de sus asociaciones a medio centenar de aspirantes para que las Cortes puedan elegir a doce de ellos.

A la presión de la Unión Europea se ha sumado en las últimas horas la de varias asociaciones judiciales. La conservadora APM trasladó a infoLibre que no está de acuerdo con el planteamiento del PP de reformar primero la ley para cambiar el sistema de elección de vocales antes de acometer la renovación, pendiente desde diciembre de 2018. El largo periodo que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones, además de la modificación legal que le impide realizar nombramientos discrecionales, hace necesario, en su opinión, “renovar ya” y, una vez desbloqueada la situación, intentar las reformas que plantea el partido conservador.

Peticiones de dimisión

La progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha llegado incluso a pedir a presidente del Supremo y del CGPJ que dimita para forzar la renovación del Consejo.

La asociación Francisco de Vitoria, en cambio, trasladó este jueves a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que es partidaria de la reforma de la ley, tal y como plantean PP, Vox y Cs, para que sean los jueces los que elijan directamente a doce de los 20 vocales.

Según datos del propio CGPJ, las asociaciones de jueces consideradas en la órbita del centro derecha (APM, AFV y FJI) representan al 46,3% de la judicatura y la única progresista (JJD), a no más del 8,5%. Casi un 45% de los jueces y magistrados no pertenecen a ninguna asociación y por tanto no tiene capacidad de proponer candidatos.

A pesar de la nula disposición del PP a desbloquear la situación y cumplir la ley, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a pedir al principal partido de la oposición una “reflexión”, que deje de “entorpecer” y que se siente a cerrar de una vez por todas un acuerdo que ponga fin a la interinidad de del CGPJ. Lo hizo en un encuentro informal con los periodistas que siguen si gira de estos días por Estados Unidos.

Sánchez insistió en que es el partido de Pablo Casado el responsable del bloqueo y que son ellos por lo tanto los que deben moverse. No obstante, de momento no tiene previsto llamar al líder del PP para pedírselo personalmente. En su opinión, la negociación debe realizarse entre los grupos parlamentarios del Congreso.

Contactos

Los contactos del ministro Bolaños comenzaron con Gamarra y la conversación, como suele ser habitual, transcurrió “en un tono cordial y dialogante”. 15 minutos según fuentes del ministerio. Apenas diez según el PP.

Vox no respondió a la llamada del Gobierno de España, pero sí lo hicieron ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu y PDeCAT. Todas las conversaciones, siempre según el ministerio, se celebraron “en tono cordial, con una duración de entre 10 y 30 minutos y en todas ellas se han emplazado a mantener una reunión presencial al inicio de las sesiones plenarias, ya en septiembre”. Bolaños tiene intención de completar este viernes la ronda de llamadas con los temas portavoces parlamentarios. Para el final ha dejado a los de Unidas Podemos y PSOE, los dos grupos que forman el Gobierno de coalición.

El número dos de Cs, Edmundo Bal, declaró por la mañana, antes de hablar con el ministro, que le plantearía su negativa a participar en la designación de vocales para el CGPJ. Su grupo es uno de los que más firmemente defienden que la renovación de este órgano dependa —al menos en la parte que no está obligada por la Constitución— de los propio jueces.

Los demás grupos con lo que habló el ministro este jueves, que forman parte de la mayoría que suele respaldar la iniciativas del Gobierno, plantearon a Bolaños su preocupación, reiteradamente expresada en el Congreso, por la tendencia del Ejecutivo a no negociar sus propuestas hasta el último minuto.

La más explícita fue la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Más allá del “tono cordial y respetuoso” de la conversación, en la que según este grupo el ministro compartió “las líneas generales que el Gobierno pretende llevar a cabo en los dos años de legislatura que restan”, EH Bildu le trasladó su “ preocupación por los métodos de negociación a contrarreloj del Ejecutivo durante los últimos meses. Aizpurua pidió a Bolaños que el Gobierno refuerce “el diálogo con las fuerzas de izquierdas” y trabaje “con suficiente antelación los consensos para ganarse los apoyos y afianzar la mayoría progresista”.

El nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha agradecido este lunes al presidente Pedro Sánchez su confianza en él para pasar de la "sombra" a la primera línea en el Ejecutivo, asumiendo la cartera que hasta ahora llevaba Carmen Calvo, y ha asegurado que "estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar".

La frase fue inmediatamente interpretada como una referencia velada al ex jefe de gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, que según fuentes al corriente de la crisis de gobierno aspiró a esa misma cartera ministerial.

"Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas", ha bromeado, tras recibir de manos de Calvo su nueva responsabilidad, en la que ha sido, según la ya exvicepresidenta primera, el traspaso de carteras "más amoroso" de la historia.

En su breve intervención durante el acto que se ha celebrado en Moncloa, en la sede del Ministerio de la Presidencia, Bolaños ha agradecido personalmente a Calvo el trabajo que han realizado juntos estos tres años de Gobierno, en su caso, como secretario general de la Presidencia.

"Carmen, compañera, amiga, alguna misión nos ha encargado el presidente; alguna era fácil, incluso no demasiado", ha vuelto a bromear, antes de ponerse serio y defender que en su nuevo cargo, va a seguir trabajando para "transformar España" y no dejar "a nadie atrás", como quiere el presidente Sánchez.

Arropado por las vicepresidentas, siete ministros, Zapatero y Lastra 

Bolaños ha comenzado su intervención confesando sentirse "abrumado" por la respuesta que ha tenido su nombramiento, en un acto en el que ha estado acompañado por las tres vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz, y Teresa Ribera y el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Sanidad, Carolina Darias; la de Industria, Reyes Marotos; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; y el de Consumo, Alberto Garzón.

También han querido asistir al acto el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el nuevo jefe de Gabinete del presidente Sánchez, Óscar López.

Ante todos ellos ha afirmado que es un honor pasar a ser ministro, aunque ha reconocido que como secretario general de la Presidencia ya había compartido con muchos de los presentes "problemas, sonrisas y alegrías". "Os llamo compañeros, me incorporo al Consejo de Ministros, pero algunas cosas hemos hecho juntos en este tiempo", ha apostillado.

Y tras bromear con el hecho de haberse alegrado "muchas veces" de no ser él ministro, ha añadido, no obstante, que cuando una cosa así se le ofrece a uno, "ni se debe pedir ni se puede rechazar". Posteriormente, en una conversación informal con periodistas, ha querido dejar claro que no se trataba en absoluto de un mensaje velado al exjefe de gabinete del presidente Sánchez, Iván Redondo, y le ha deseado lo mejor.

"El presidente ha decidido que asuma esta cartera y lo hago con honor y enorme responsabilidad y me impresiona hacerlo en esta sala, con estas personas, y estos retratos de mucha altura intelectual, sentido de Estado, y espero estar a la altura de lo que se espera y de los ciudadanos de este país", ha ahondado Bolaños en su intervención durante el traspaso de carteras.

El nuevo ministro también ha tenido palabras de cariño para su "amiga" y antecesora, con quien se ha fundido en un fuerte abrazo tras la entrega de la cartera. "Tú estabas en la sombra y yo te ayudaba en todo lo que podía", ha destacado.

Calvo dice que Bolaños "no llega", sino que "continúa"

Por su parte, Calvo se ha referido también de forma muy cariñosa a su "amigo" y "querido Félix", y ha reivindicado que ambos sabían que en estos años de gobierno "tenían que ser el pilar sobre el que se sujetara el presidente".

"Félix lo tiene todo, no va a necesitar ni suerte ni nada, tiene todo el conocimiento, no llega, continúa", ha ensalzado, tras destacar que el nuevo ministro tiene además los únicos dos elementos que se necesitan: "capacidad y lealtad probadísimas". "Debo ser la ministra que se va más tranquila por este relevo", ha ahondado.

Además, ha asegurado que deja su cargo con la convicción de "haber cumplido" con su país y le ha trasladado su agradecimiento "infinito" a Sánchez por haber confiado en ella estos años y a todos los ministros por su trabajo este tiempo, a los que se ha encargado de coordinar.

En su despedida, Calvo también ha querido hacer mención a su ley estrella, la de memoria democrática, que finalmente no ha podido llevar al Consejo de Ministros como proyecto de ley, porque estaba prevista para este martes. "Me sigue teniendo a cualquier hora y en cualquier momento. Tienes que sacar adelante un tesoro, verdad presidente Zapatero, nuestra ley de memoria democrática. Él lo hará estupendamente", ha garantizado, antes de destacar que aunque tanto ella como Bolaños son "pequeños", ambos son "resistentes".

Así, ha asegurado que Sánchez deja el Ministerio de la Presidencia, "que tiene tareas de coordinación muy importantes, en las mejores manos". "Yo me voy agradecida y tranquila", ha apostillado, antes de hacer mención también a la ayuda que ha recibido de "muchas mujeres". "Me voy con una etapa cubierta, y dispuesta para seguir con mi país haciendo lo que haga falta", ha zanjado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia en la que declara nulo el despido, en diciembre de 2019, de 38 trabajadores que prestaban servicios de restauración en el complejo de La Moncloa y condena al Ministerio de la Presidencia a abonar los salarios de tramitación a los trabajadores afectados, reconociéndoles además el derecho a ser readmitidos, según informa Europa Press. 

El fallo responde a una demanda de impugnación de despido formulada por CCOO contra la decisión del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de poner fin, el pasado 11 de diciembre de 2019, al contrato que había adjudicado a la empresa Dulcinea Nutrición para la prestación del servicio de restaurante y bar-cafetería en comedor-autoservicio y cafeterías del Ministerio de la Presidencia y atención y limpieza de dichas dependencias y offices en el complejo de La Moncloa.

Presidencia adjudicó este contrato en julio de 2017 a la empresa Dulcinea Nutrición por importe de 1,9 millones de euros. Dos años y medio más tarde, el 10 de diciembre de 2019, el Ministerio dictó una resolución por la que resolvía el contrato con esta empresa por sus deudas con la Seguridad Social y procedía al cierre de las instalaciones donde se prestaban estos servicios, de forma que el 11 de diciembre los trabajadores no pudieron acceder a sus puestos de trabajo.

Sólo cinco días después, Presidencia licitó el contrato para prestar servicio de catering en el complejo de La Moncloa por un valor estimado de casi 35.000 euros, adjudicándose dicho contrato al grupo Nazábal Restauración, que sólo se encargaba de llevar los menús, confeccionados fuera de las instalaciones de La Moncloa, empleando para ello a tres trabajadores.

En el fallo, ante el que cabe presentar recurso de casación en el Tribunal Supremo, se establece que el Ministerio de la Presidencia tenía el deber de subrogarse en las relaciones laborales de los trabajadores de Dulcinea Restauración.

Así, el TSJM entiende que en este caso se debía cumplir con la concurrencia de sucesión empresarial recogida en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores entre la compañía adjudicataria y el Ministerio de la Presidencia, de forma que este último "debió subrogarse a las relaciones laborales de los trabajadores que prestaban servicios en la actividad en su día adjudicada".

"De no haberlo hecho así, debe condenarse al Ministerio de la Presidencia a soportar las consecuencias jurídicas del despido colectivo nulo que se declara", reza el fallo.

En opinión del TSJM, el hecho de que Presidencia no quisiera continuar con la actividad adjudicada a Dulcinea Nutrición por sí mismo y procediera a licitarlo nuevamente, "no excluye el deber del Ministerio de la Presidencia de subrogarse en las relaciones laborales de los trabajadores que realizaban dicha actividad".

Presidencia argumentó en su día que la compañía Dulcinea Nutrición llevaba cuatro meses sin pagar a sus empleados y acumulaba una deuda cercana a los 100.000 euros con la Seguridad Social por no pagar las cuotas respectivas por cada uno de los empleados.

Según CCOO, algunos de los trabajadores despedidos llevaban más de 35 años trabajando en La Moncloa.

El fallo del TSJM absuelve de responsabilidad a Dulcinea Nutrición, actualmente en situación concursal, y al Grupo Nazábal Restauración, pues entiende que éste no tenía por qué subrogarse en los contratos de trabajo de su antecesora dado que su actividad laboral (confección y transporte de menús elaborados fuera de La Moncloa) no era "en absoluto equiparable" a la que realizaba Dulcinea Nutrición, que sí utilizaba las cocinas del complejo.

La Fundación Civio ha denunciado este jueves la "marcha atrás en transparencia" en la que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que sólo cinco de los 17 Ministerios informan acerca de la identidad, cargo, currículo y retribuciones de todo su personal eventual, informa Europa Press.

Este tipo de personal, a diferencia de los funcionarios que deben demostrar sus méritos o capacidad en un concurso público, es contratado por los altos cargos de forma discrecional –a dedo– para funciones de asesoramiento o especial confianza, explica esta organización independiente que presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones.

Entre los peores casos están los Ministerios de Interior y de Defensa, dirigidos por dos magistrados, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que no dieron respuesta a la petición de Civio para que revelaran la identidad de todo su personal eventual.

Presidencia del Gobierno, que depende de forma directa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es otro caso negativo, ya que solo facilita el número de personas que ha contratado como asesores, pero no identifica a ninguna de ellas, se queja Civio en un comunicado, donde lamenta que tanto Presidencia como Interior y Defensa hayan ignorado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les instaban a entregar esta información.

La mayoría de carteras solo identifican entre su personal eventual a los asesores de niveles 28, 29 y 30, los de mayor rango. Ministerios como los de Justicia, Hacienda, Transición Ecológica, Educación, Economía o Ciencia, entre otros, han seguido esta limitación. Otros, como Fomento o Vicepresidencia han aceptado la oposición de los asesores que no quisieron que su nombre fuera público, sin razonar por qué prima el interés a su privacidad frente al interés público.

Solo Asuntos Exteriores, Industria, Trabajo, Sanidad y Política Territorial y Función Pública han identificado sin matices a sus asesores. Como es habitual, muchos de ellos mantenían una relación previa de cercanía con el partido en el poder.

Transparentes no sólo con los funcionarios

"Si existe transparencia con el personal funcionario, desde su concurso de méritos hasta su nombramiento, ¿por qué no cuando se trata de cargos de confianza y asesores especiales que son nombrados discrecionalmente?", se preguntan los responsables de la Fundación Civio. "No solo se trata de una cuestión de transparencia formal, sino que es imprescindible para comprobar si están cualificados para ejercer su función, muchas veces de alta responsabilidad. Por eso, si los distintos gobiernos no los publican, lo haremos nosotros", advierten.

De hecho, la Fundación Civio ha publicado los nombres y cargos de 298 asesores eventuales correspondientes a los años 2017 y 2018. Se trata nombres correspondientes tanto al Ejecutivo de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez. La organización anuncia que va a seguir solicitando este tipo de información de forma continua, ocupe quien ocupe la Moncloa, hasta que sea de conocimiento público. De cara a las elecciones generales del 28 de abril, se está reuniendo con los responsables de programas de los principales partidos para exigir, entre otras medidas, que se comprometan a dar a conocer el nombre, currículum completo, sueldo y cargo, fecha de nombramiento y cese de todo el personal eventual, independientemente de su nivel y de si son o no funcionarios de carrera.

La creación de un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que dependerá funcional y orgánicamente del recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue recibida con "ilusión" y "alegría" por las organizaciones y expertos que, especialmente en los últimos años, vienen advirtiendo de que la infancia encarna la cara más amarga de la exclusión social en España y de que son las familias con hijos las que de forma más desproporcionada han sufrido las consecuencias del paro y los recortes de los años de crisis.

Las cifras de Eurostat apuntan en esa dirección. El riesgo de pobreza o exclusión social, que es el principal indicador utilizado en Europa para medir el peso de las personas menos favorecidas en una sociedad, alcanzaba en 2016 (últimos datos disponibles) al 32,9 % de la población infantil, cinco puntos por encima del resto de la población (27,9%). El término –también denominado Arope, del inglés, at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa. En términos absolutos son 2.749.000 los menores que están en esta situación, según una estimación de la ONG Save the Children. 

Otro indicador relevante es el de la tasa de riesgo de pobreza, que es uno de los tres indicadores de Arope y mide la desigualdad, es decir, cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. 2.461.008 menores, el 29,7%, padece una situación de pobreza relativa al vivir en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, unos 1.436 euros al mes para toda la familia (dos adultos y dos niños). La situación de 1.329.510 de ellos todavía es peor, pues los ingresos totales de su familia (dos adultos y dos niños) apenas alcanzan los 930 euros al mes. Esto último se conoce como pobreza severa y afecta al 15,9% de los menores residentes en España. Todos los datos citados corresponden a 2016, que son últimos publicados, y han sido recopilados por Save the Children a partir del INE. 

En todo caso, este no es un problema que haya emergido únicamente con la crisis. De hecho, entre 2009 y 2013, la tasa Arope en la infancia se mantuvo en torno al 32%, entre cinco y siete puntos porcentuales por encima de la del resto de la población. En 2014 experimentó el mayor aumento de todos los grupos de edad, llegando al 35,8%. Y en 2015 y 2016 se observó una suave reducción, aunque se ha seguido manteniendo en cotas altas. 

La propuesta, adelantada por la Cadena Ser, ha sido la primera en conocerse del nuevo Gobierno. Gabriela Jorquera, técnica del departamento Sensibilización y Políticas de Infancia de esta Save the Children, confía en que la creación de este alto comisionado contribuya a "sacar del olvido" a la pobreza infantil y logre posicionarla "en un lugar prioritario en la agenda política". "Se está lanzando un mensaje muy potente al incluir esta política entre las que dependerán directamente del presidente del Gobierno", asevera.

"No queremos aventurarnos más allá de la cuenta hasta que veamos en qué consiste, pero en principio es un anuncio estupendo que muestra como algunas de las prioridades que hemos venido poniendo encima de la mesa se han tomado como algo absolutamente prioritario", señala, por su parte, Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España. 

Aunque admiten la imposibilidad de llevar a cabo nuevos desembolsos económicos dado que Sánchez anunció el pasado viernes que mantendrá unos Presupuestos que apenas consagran 346 millones de euros para esta política, las ONG especializadas en la protección a la infancia ya ponen deberes al nuevo Ejecutivo. Ven indispensable aumentar tanto la cobertura como la cuantía de la prestación por hijo a cargo, que actualmente es de 24,25 euros al mes. Tanto Save the Children como Unicef consideran que debería aumentarse hasta los 100 euros al mes y priorizar a las familias que están en situación de pobreza severa. "Las más pobres de entre las pobres", en palabras de Jorquera. 

Pacheco, de Unicef, asegura que según los cálculos de su organización esta medida costaría un 0,22% del PIB. Actualmente, España invierte en el conjunto de medidas dedicadas a la protección social a la familia y a la infancia apenas el 1,3% de su riqueza, un porcentaje que está bastante lejos de la media europea, situada en el 2,4%. "Con estos fondos podríamos sacar de la pobreza a 2,5 millones de niños", asegura. 

Asimismo, desde Save the Children piden a Sánchez que ponga en marcha una certificación a nivel estatal que garantice la protección y seguridad jurídica de las familias monoparentales, en su gran mayoría formadas por mujeres solas que tienen que sacar adelante a sus hijos. "Las tendencias demográficas nos muestran que este tipo de familia está en auge. Habría que empezar con las que tiene perfiles de especial riesgo: las que están en situación de pobreza severa, las que tienen dos o más hijos...", explica Jorquera. Su propuesta es crear un título oficial similar al del que se benefician las familias numerosas y que abre la puerta a descuentos públicos y fiscales. 

Además, incluso en el corto plazo y bajo el paraguas de los Presupuestos de 2018, las ONG consideran que hay políticas que puede ir impregnándose de la "coherencia" de este alto comisionado. "Por ejemplo, si está previsto invertir cierto dinero en la educación de 0 a 3 años, pues sería interesante focalizarlo en los más vulnerables. Ya se puede empezar a dar algunos pasos aunque sea cruzando políticas parciales y buscando la mayor eficacia", señala Pacheco. 

Diagnóstico previo 

Antes de poner en marcha medidas concretas, el sociólogo Pau Marí-Klose, que esexperto en desigualdad e infancia, cree que la principal prioridad es "lograr un diagnóstico compartido sobre la situación y las recetas que mejor pueden ayudar a combatir el problema" en el que estén implicados distintos agentes políticos y sociales, incluyendo entidades y organizaciones de representación sectorial y muy especialmente el mundo académico que, a su juicio, debe jugar un papel destacado. Asegura que este es el camino se siguió en el Reino Unido, donde bajo los mandatos de los laboristas Tony Blair y Gordon Brown se logró avanzar mucho en este terreno. 

De hecho, Marí-Klose sostiene que un organismo de este tipo "no puede nacer con la vocación de resolver el problema en unos meses". "Es un proyecto a medio y largo plazo, pues debe ayudar a impulsar políticas y luego contribuir a evaluar su impacto", señala. "Un proyecto de estas características debe nacer con la vocación de aunar esfuerzos colectivos de diferentes sensibilidades políticas y sociales. En una primera etapa solo puede contribuir a meter el tema sólidamente en la agenda política, tejiendo complicidades. Las necesidades presupuestarias aparecen en años posteriores", añade. 

Y recupera el ejemplo del Reino Unido, donde Blair proclamó en 1999 que la intención era erradicar la pobreza infantil en una generación. "Estuvo diez años en el gobierno para comprobar que sus políticas habían propiciado una mejora sensible en la lucha contra la pobreza y la exclusión infantil, pero evidentemente su objetivo quedó inacabado. Gordon Brown recogió el testigo e incluso hoy, los Gobiernos conservadores han mantenido en buena medida esas políticas", subraya. 

Las fuentes consultadas ven con buenos ojos que el nuevo Ejecutivo vaya articular esta política a través de un organismo que va a depender directamente del presidente. "Si funciona como creemos, lo preferimos a una secretaría de Estado o una dirección general. Entendemos que este organismo tendrá capacidad para generar una coherencia de políticas entre los diferentes ministerios. El hecho de que dependa de Presidencia también indica un cierto nivel de voluntad política y de priorización", dice Pacheco, de Unicef. 

Marí-Klose, que también es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que es una figura "interesante" que, a su juicio, busca desplegar una política trasversal, que requiere la implicación y compromiso de muchos ministerios y diálogo con la sociedad civil. "Representa una nueva forma de hacer política que persigue impulsar iniciativas públicas ambiciosas  superando trabas institucionales derivadas de la compartimentalización de la política en espacios estancos que corresponden estrictamente a jurisdicciones ministeriales. El hecho de alojarlo en Presidencia le otorga una preeminencia institucional evidente, al comprometer directamente al presidente en su éxito", subraya. 

También coinciden los expertos consultados en la importancia de afrontar con "urgencia" esta situación también por la repercusión que tiene en el futuro. "No es algo coyuntural, lo niños que ahora se quedan atrás siempre irán rezagados, lo que se traducirá en menos oportunidades cuando sean adultos", señala Pacheco. 

Marí-Klose, por su parte, recuerda que "existe evidencia que demuestra que los recursos que se invierten en infancia, particularmente la más vulnerable, además de equitativas al beneficiar más a los colectivos más desfavorecidos, resultan rentables porque permiten capitalizar el talento natural de niños pobres, que de otra manera se hubiera echado a perder". "Los niños que han podido desarrollar todo su potencial gracias a la protección pública terminan convirtiéndose en adultos productivos que realizan contribuciones a su sociedad en forma de mayores cotizaciones, que permiten sostener el gasto público, y mayor potencial para innovar y aportar creatividad en la economía", sentencia.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que la Presidencia del Gobierno albergará un Comisionado contra la Pobreza Infantil que dependerá así de forma directa de Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado en declaraciones a la Ser, que había avanzado esta información, recogidas por Europa Press. Según ha dicho, "lo previsible" es que el miércoles esté ya el Gobierno conformado y el viernes se celebre la primera reunión del Consejo de Ministros.

Según ha afirmado, "se trata de lanzar un gobierno más equilibrado", que esté integrado no sólo por dirigentes socialistas, sino también por personas "próximas" al partido "aunque no tengan carné" de militancia." El gobierno estará en esa intersección de rigor, serenidad y fortaleza que la sociedad está pidiendo", ha sentenciado.

Sobre esas personas, Ábalos ha incidido en que Sánchez "lo tiene todo claro, pero es muy reservado", razón por la que se mantienen las incógnitas en torno a quiénes serán los elegidos y elegidas y cuál será la estructura por carteras del futuro Gobierno.

Este 29 de mayo, recibí de Presidencia del Gobierno, un correo electrónico dirigido en general a los ciudadanos/ciudadanas en la que se me agradecía la confianza depositada en el presidente del Gobierno al trasladarle mis inquietudes, y se explicaba en un larguísimo texto las distintas medidas legislativas, tratados y acuerdos internacionales que el Gobierno ha firmado en relación con la materia de la petición. A continuación incluyo la respuesta que he enviado este miércoles 30 de mayo, mediante un formulario que se adjunta al final de la misiva oficial para poder escribir al presidente del Gobierno. Mi carta dice como sigue:

"Señor Presidente del Gobierno de España:

Con todo el respeto que debe tener un ciudadano hacia el presidente del Gobierno de su país, le hago saber que, después de muchos años de seguir sus comunicaciones y contrastarlos con los hechos que usted realiza como presidente del Gobierno de España, no me merecen ninguna credibilidad sus manifestaciones públicas ni sus cartas explicativas sobre los hechos que comenta y, concretamente, sobre la carta recibida en su nombre desde la Presidencia de Gobierno sobre el cambio climático y sus cuestiones asociadas.

Lamento tener que decirle que a pesar de sus palabras, mi familia, compuesta de mi esposa y cuatro hijos mayores, todos ellos con formación universitaria y los mayores con años de experiencia laboral, penden en gran medida de mi alta pensión y del trabajo, de seguridad inestable, de mi esposa, doctora cum laude en Historia.

No temo por mi futuro, pero sí por el de mi esposa y el de mis hijos, además de por su presente en el caso de que yo fallezca.

Si mi caso y el de mi familia fuera excepcional, pensaría que tal vez mis hijos no han tenido suerte en la vida, o no ponen la voluntad necesaria para mantenerse dignamente; pero resulta que no solo mi caso no es excepcional, sino que incluso me doy cuenta de que somos afortunados en un mar de familias pobres y desamparadas que no ven futuro digno alguno ni esperanza.

Desde que usted ha tomado las riendas del Gobierno, las cosas para la gente de mi alrededor han empeorado profundamente, hasta tal límite que observo en los comportamientos de mis conocidos una manera refleja del sálvese quien pueda, una apatía desesperanzada de creer en la sociedad como vía para tener una vida digna.

Por ello, agradeciendo su carta, pero temiendo que el motivo de su respuesta no sea otro que una forma cínica de cortesía, debo insistir en que no creo en absoluto en que sus explicaciones sean reales. Y mucho menos en que lo que propone como acciones de futuro no sean más que brindis al sol, pura demagogia.

Con todo el respeto, le saluda atentamente.

Demetrio Vert". ______________

Demetrio Vert es socio de infoLibre

El presupuesto que plantea el Gobierno este año para el ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, crece en 2018 un 6,2 por ciento y asciende a 1.284 millones de euros, con incrementos en casi todos los departamentos y especialmente en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos gastos previstos aumentarán el ocho por ciento, hasta los 282 millones, informa Europa Press.

Sáenz de Santamaría es la responsable de un departamento con menor presupuesto de gasto que el resto de ministerios porque no tiene asignadas inversiones. El capítulo que más dinero absorbe es el CNI, que en personal gasta el grueso de su presupuesto, 186,3 millones de euros. Incluye también un capítulo de gastos reservados por 19,8 millones de euros, idéntica cifra de ejercicios anteriores, otros 54 millones en gastos corrientes y 41, en inversiones.

La administración periférica del Estado, las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, a cargo de la vicepresidenta, son el segundo capítulo en gasto del Ministerio, con 262,5 millones de euros para 2018, casi idéntica cifra que en 2017. Crece de cuatro a 13 millones el gasto previsto para organización territorial y colaboración entre territorios.

La tercera pata en gasto de Presidencia es Patrimonio del Estado, también a cargo de Santamaría, con un presupuesto para 2018 de 117,4 millones de euros. Se recupera algo con respecto al año pasado, pero sigue por debajo de ejercicios precedentes (126 millones en 2016).

Más gasto en personal

En este ministerio se incluye el coste de la oficina del presidente del Gobierno. El departamento costará este año 35,94 millones, 700.000 euros más del gasto previsto para 2017 al subir ligeramente todos los apartados; el de personal, que incluye altos cargos, funcionarios, personal eventual, laborales, costes sociales, asciende en 400.000 euros. En el caso de los altos cargos, se mantiene casi igual el coste, 758.000 euros, 12.000 euros más que el año pasado.

El que se mantiene sin cambios es el coste de la dotación a los expresidentes del Gobierno, un gasto que no se ha movido en los últimos años de los 223,47 millones de euros.

También gestiona este ministerio la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, cuyo presupuesto crece un millón, hasta los 31 millones de euros y recupera algo del gasto perdido en el ejercicio pasado, sin llegar al que se previó en 2016 (32 millones).

Por otro lado, se mantiene casi idéntico el gasto previsto para el Centro de Investigaciones Sociológicas y para el Centro de Estudios Constitucionales, 12 millones de euros, y en otros capítulos se producen pequeñas variaciones. Sube por ejemplo de 6 a 1,18 millones de euros el apoyo a la administración de la Jefatura del Estado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido este jueves al PSOE, partido que dirigió durante 12 años, de que para volver a gobernar necesita, primero, "la máxima unidad" interna, objetivo al que deben contribuir "todos los socialistas".

Así se ha expresado en la apertura de la Escuela de Buen Gobierno organizada por el actual líder, Pedro Sánchez, y que ha arrancado con destacadas ausencias, entre ellas las de los exsecretarios generales Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, que rechazaron la invitación, mientras sigue pendiente de confirmación la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a la que Zapatero apoyó en las primarias.

Pero Zapatero también ha enviado un recado directo a Sánchez, que le escuchaba desde la primera fila de un auditorio de 450 personas450 personas. El líder del partido debe trabajar por esa unidad interna "queriendo a todos, dejando espacio a todos", le ha pedido.

La Ejecutiva que diseñó Sánchez tras ganar las primarias de mayo pasado que le devolvieron a los mandos de Ferraz se caracterizó por su falta de integración de las diferentes corrientes del partido. Tan sólo Guillermo Fernández Vara y Patxi López fueron admitidos en la nueva dirección del partido.

Junto a la cohesión interna, la segunda condición que se precisa para regresar a La Moncloa es, a juicio de Zapatero, que gobernó dos legislaturas, "tener la convicción de ganar" y ha confiado en que la celebración de esta serie de conferencias y talleres hasta el domingo, contribuya a estos dos objetivos.

"Si el PSOE está convencido, convence, y si está decidido, la gente se decide con él", ha resumido, admitiendo que acudía a esta escuela con el propósito de "cargarles las pilas" al partido.

Defender la unidad de España no perjudica al PSOE

Zapatero ha respaldado la posición que ha mantenido su partido en la crisis independentista en Cataluña. A quienes piensan que respaldar el 155 ha sido una decisión difícil para el partido, les ha indicado que al PSOE "nunca le va a ir mal" apoyando la unidad de España porque eso es lo que "hay que hacer" con "convicción".

También ha apoyado la iniciativa socialista de iniciar en el Congreso de los Diputados el debate sobre la reforma del modelo territorial y se ha mostrado convencido de que llegará un momento en que se entable un "diálogo" entre el Gobierno de España y la Generalitat.

Alcanzar un acuerdo "desde el diálogo y el entendimiento" que permita "refundar" el modelo de convivencia entre españoles y abra un nuevo periodo de estabilidad es, a juicio de Zapatero, la "primera prioridad" que tiene España como país.

Zapatero ha culpado a los partidos independentistas catalanes de cometer el "gravísimo error" de interpretar erróneamente los sentimientos de los catalanes, un fallo que retrasará probablemente "el momento del diálogo". "Pero llegará y lo hará el PSOE", ha asegurado.

El expresidente no admite como posibilidad la ruptura de España, pues supondría un "fracaso colectivo, primero de quienes la promueven y segundo, de quienes la llegan a aceptar por activa o por pasiva". "La España democrática no puede aceptar un fracaso colectivo, por eso el PSOE tiene la responsabilidad de convertir el conflicto catalán en una nueva etapa de reformas y unidad de España en su gran diversidad y pluralidad", ha advertido.

Plantarle cara a la prostitución

En el turno de preguntas, un miembro del público se interesó por saber si Zapatero se arrepentía de algún aspecto de su gestión. El expresidente reveló que se había quedado "con las ganas de hacer algo contundente, definitivo, contra la prostitución". "Y me gustaría ver al partido encabezando esa batalla con toda decisión y determinación", ha añadido después de afirmar que "el socialismo o es feminismo o no es nada".

Esta Escuela de Buen Gobierno es una iniciativa del líder del partido, Pedro Sánchez, que la presentó como el acontecimiento que permitiría escenificar la unidad interna del partido, pues reuniría a todos los exsecretarios generales.

Sin embargo, el anuncio de Sánchez llegó antes de tener cerradas todas esas asistencias. El antecesor de Sánchez en los mandos de Ferraz, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se mantiene muy distanciado y enfrentado a la dirección actual de la formación fue el primero en descolgarse. Días después, el expresidente del Gobierno Felipe González excusaría asistencia por un viaje privado a Portugal.

Con González, Pedro Sánchez inició un acercamiento hace unas semanas con una comida en Madrid. El expresidente del Gobierno llegó a decir en 2016 que se sentía engañado por Sánchez, porque le había prometido que se abstendría en la investidura de Mariano Rajoy con tal de evitar unas terceras elecciones. Pero Sánchez se resistió a hacer presidente a Rajoy y terminó dimitiendo como líder del partido, al perder el pulso ante sus críticos, donde se integraba el grueso de los dirigentes territoriales.

Faltarán también a la Escuela de Buen Gobierno los presidentes de Asturias, Javier Fernández, —como Rubalcaba muy alejado de Sánchez— y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pues la celebración de la escuela coincide con los días grandes de las Fallas. La presidenta andaluza, Susana Díaz, aún no ha confirmado su participación en una mesa de debate el sábado con el resto de presidentes autonómicos socialistas para hablar del Estado autonómico.

Aunque en ocasiones anteriores el partido ha organizado jornadas de formación similares, ésta es la primera vez en los últimos años que se le ha querido dar tanta entidad buscando involucrar a todos los exsecretarios generales y presidentes autonómicos.